Magnífica noticia: la Asamblea de Portugal ha aprobado con mínimos cambios (referidos a los menores de 16 a 18 años) la nueva ley de identidad de género, que el presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había vetado en mayo. El voto positivo del Partido Comunista, que cuando se votó el proyecto por primera vez se abstuvo, permite además que el texto cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, lo que asegura su aprobación en caso de que el presidente insista en bloquearla.

La nueva ley elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la primera versión de la ley fue aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El presidente de la República Portuguesa, sin embargo, decidió vetar la ley (en nuestra anterior entrada lo explicamos con detalle) y pidió a la Asamblea que introdujese como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. La situación se complicaba por el hecho de que la abstención comunista dejaba la ley sin mayoría absoluta, necesaria para levantar el veto presidencial.

Finalmente, Partido Socialista, Bloque de Izquierda PAN acordaban presentar una enmienda al artículo 7 del proyecto que introduce, en el caso de los menores, el requisito de un informe médico o psicológico, pero no para certificar ningún diagnóstico, sino para acreditar que el menor que hace la petición lo hace de forma libre e informada y cuenta con su consentimiento expreso. La enmienda señala expresamente que dicho informe no podrá incluir referencias a ningún tipo de diagnóstico relacionado con la identidad de género. Se trata de una solución «intermedia» que ha sido además apoyada por Verdes, Partido Comunista y por la diputada Teresa Leal Coelho, del PSD, lo que permite que la redacción final de la ley cuente, en este caso sí, con mayoría absoluta. En caso de nuevo veto presidencial, por tanto, la Asamblea podría levantarlo sin necesidad de cambiar el texto.

Esperemos que en esta ocasión Marcelo Rebelo de Sousa sancione la ley, que colocará a Portugal en el grupo de países más avanzados de Europa por lo que al reconocimiento de la autodeterminación de género se refiere.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Portugal sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega,  que también han actualizado en los últimos años sus leyes para adaptarlas al principio de autodeterminación de género. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 no ha sido todavía actualizada, por lo que sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en julio, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa

El presidente de Portugal veta la ley de autodetermintación de género aprobada por el parlamento hace unas semanas porque cree “razonable” pedir un informe médico a las personas trans menores de edad.

El presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha decidido vetar la ley de identidad de género recientemente aprobada por la Asamblea de su país. El veto supone que el texto debe ser votado de nuevo y conseguir la mayoría absoluta de la cámara, fijada en 116 diputados. En la anterior votación la ley recibió 109 votos a favor y 106 en contra. Los 15 votos del Partido Comunista Portugués, que en su momento decidió abstenerse, serán decisivos a la hora de que el proyecto salga adelante. Los grupos que apoyaron la ley, por su parte, buscan posibles alternativas que permitan sortear el veto.

Hace unas semanas celebrábamos que el parlamento de Portugal había aprobado con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley para garantizar el derecho a la autodeterminación de la identidad y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona.

Es una ley que garantiza que las personas trans puedan cambiar legalmente su nombre y género en el registro sin necesidad de un informe médico y, además, rebaja la ley edad mínima para hacer ese cambio de los 18 a los 16 años. La ley, como comentamos hace meses, también prohibirá la cirugía en bebés intersexo.

Pero el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha bloqueado temporalmente la ley y la ha devuelto al parlamento solicitando que le añadan una enmienda para firmarla. Y es que a Rebelo de Sousa no le hace gracia que los menores trans puedan realizar ese cambio de forma tan fácil y cree que es “razonable” pedir que haya un “examen médico”. Porque claro, lo que necesitan los menores trans es que un señor les diga que vayan a un médico a asegurarse de que son trans.

Ésa es la mala noticia. La buena noticia es que, según la Constitución de Portugal, el Parlamento puede o bien añadir ese cambio a la ley o pasar por encima del presidente aprobándola con mayoría absoluta. “Creemos que el parlamento portugués tiene la capacidad de superar este veto“, han declarado desde ILGA Portugal, “Es necesario que se tome este camino para garantizar los derechos humanos de todas las personas trans“.

Marcelo Rebelo de Sousa besa la mano del papa Francisco al recibirloe en Fátima

Como decimos, la nueva ley portuguesa de identidad de género elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se pueden solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la ley fue finalmente aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.El sistema político portugués, sin embargo, permite al presidente de la República (elegido por sufragio universal directo en unas elecciones que se celebran cada 5 años) un considerable grado de intervención política. Puede vetar leyes aprobadas por la Asamblea de Portugal (veto que requiere de mayoría absoluta para ser levantado) y puede pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas antes de rubricarlas. De hecho, la presidencia portuguesa, ocupada desde 2006 por un conservador del PSD (Aníbal Cavaco Silva hasta 2016, Marcelo Rebelo de Sousa desde entonces) cuenta con un largo historial de obstrucción a leyes en favor de los derechos LGTB. Cavaco Silva, por ejemplo, forzó en 2010 la revisión de la ley de matrimonio igualitario por el Tribunal Constitucional (que le dio por cierto su visto bueno) y vetó al final de su mandato la ley que permite a las parejas del mismo sexo adoptar hijos (veto que la Asamblea levantó poco después y tuvo que dale su visto bueno y promulgarla).

Ahora es Rebelo da Sousa el que decide vetar una ley tan necesaria para las personas trans y pide directamente a la Asamblea que introduzca como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. El presidente portugués (católico practicante) argumenta que si en el futuro la persona desea someterse a cirugía de reasignación de sexo «parece razonable que exista un parecer clínico más temprano, en el momento inicial de la decisión de elección de género [sic]» y se escuda además en que el denominado Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida también se opuso a la modificación legal y en que esta carece de suficiente «consenso» social y político.

Veremos qué sucede finalmente, aunque a la vista de la composición de la Asamblea portuguesa y del resultado de la votación anterior será fundamental la posición de los diputados del Partido Comunista, que en la votación de abril decidieron abstenerse. Algo que no causa especial extrañeza, ya que los comunistas portugueses nunca se han caracterizado precisamente por estar a la vanguardia de los derechos LGTB. Cuando se discutía por ejemplo la ley de matrimonio igualitario (aprobado en enero de 2010), los comunistas no apoyaron a Bloque de Izquierda y Verdes en su demanda de que incluyera la adopción (y que el Gobierno socialista de la época había decidido dejar fuera). Dos años más tarde, de hecho, los comunistas se alinearon con la derecha para votar contra una iniciativa que buscaba aprobar expresamente la adopción homoparental. Su entonces líder parlamentario se amparó en la «prudencia constructiva» en un asunto que según afirmó «no está suficientemente debatido y sedimentado en la sociedad». Bien es cierto que con el paso de los años han acabado por aceptarla.

Por otra parte, según informa el diario portugués Público las fuerzas políticas que han impulsado la ley estarían dispuestas a aceptar una solución intermedia, que pasaría por introducir como alternativa al informe médico (que rechazan de plano) la figura de los «testigos». Se trataría de personas que, de la misma forma que hacen los testigos de una boda civil, darían testimonio de que la solicitud por parte de una persona trans de entre 16 y 18 años esta fundamentada. Según Sandra Cunha, diputada del Bloque de Izquierda, dicha solución debería ser consensuada en cualquier caso entre los grupos parlamentarios y los activistas trans…

Habrá que esperar entonces a ver si Portugal se convierte definitivamente en el sexto país europeo en adoptar una ley de autodetermintación de género junto a Malta, Noruega, Dinamarca, Irlanda y Bélgica. Estaremos muy atentos a la evolución de los acontecimientos.

En España el PSOE registró una propuesta para actualizar la Ley de Identidad de Género aprobada en 2007 para recoger, entre otras cosas, la posibilidad de que las personas mayores de 16 años puedan acceder al cambio registral sin necesidad de haberse sometido a ningún tipo de tratamiento médico.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Con la incorporación del principio de autodeterminación de género a su ordenamiento jurídico, Portugal seguía el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente | Pink News, víaEstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Ley de Identidad de Género, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal, PSOE

La ley estará permitida para las mujeres con problemas de infertilidad o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas.

La madre gestante no recibirá ningún tipo de pago más allá de los gastos médicos.

La ley que legaliza el acceso a la gestación subrogada para las mujeres estériles en Portugal entra en vigor este martes, después de que el decreto que regula su aplicación fuese publicado este lunes en el Diario de la República.

La norma permite el acceso ala gestación subrogada a las mujeres con problemas de infertilidad, que hayan nacido sin útero o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas.

La pareja que quiera acceder a este procedimiento deberán acudir a un centro de reproducción asistida, público o privado, para que sea probada la infertilidad de la madre genética y la situación psicológica de la madre gestante, que no recibirá ningún pago a excepción de los gastos médicos.

La ley limita el contacto de la madre gestante con el bebé al “mínimo indispensable” tras su nacimiento, debido a los “potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación supone, sin perjuicio de las situaciones en las que la gestante de sustitución es un familiar próximo”.

En todo caso privilegiará la relación con la madre genética y establece que los intereses del niño deben prevalecer por encima del resto.

En su momento, la norma generó polémica porque fue vetada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al considerar que existían “vacíos legales” sobre la salvaguarda de los derechos del niño al nacer y de la mujer gestante.

El Parlamento aprobó una nueva versión para subsanar estos vacíos y la norma fue finalmente decretada por Rebelo de Sousa el 31 de julio de 2016

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal, Vientres de alquiler

El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha promulgado finalmente la ley que permite la adopción homoparental, después de que el Parlamento levantara el veto que él mismo le había impuesto. Cavaco Silvia ha esperado hasta el último día del plazo establecido por la ley para cumplir con su obligación constitucional, permitiendo de esta manera que Portugal deje de ser el único país que había otorgado a sus ciudadanos el derecho al matrimonio igualitario, pero impedía la adopción a las parejas del mismo sexo.

Después de que el pasado 10 de febrero la Asamblea de la República de Portugal levantara el veto presidencial a la ley que permite la adopción homoparental, el jefe de Estado en funciones y responsable del veto, el presidente Aníbal Cavaco Silva, disponía de un plazo de ocho días para promulgarla. En esos ocho días, el gabinete de prensa del presidente se negó reiteradamente a dar información alguna al respecto.

Dado que el ordenamiento jurídico portugués no contempla sanción alguna para el “veto de cajón” (el hecho de dejar aparcada indefinidamente una ley aprobada sin promulgarla), se temía un último acto de insumisión y de LGTBfobia por parte de Cavaco Silva, y que dejara que quien cumpliera con el deber constitucional de la promulgación fuera el presidente electo, Marcelo Rebelo de Sousa, que tomará posesión del cargo el próximo 9 de marzo.

Sin embargo, el pasado viernes, el gabinete de Presidencia comunicaba que “la ley ha sido promulgada el jueves 18 de febrero, dentro de los plazos constitucionales, como siempre ocurre”. Cavaco Silva se ha visto obligado, por tanto, a respaldar con su firma como jefe de Estado una ley que vetó el pasado 23 enero, tras ser aprobada por el Parlamento el 20 de diciembre de 2015. Se trataba, además, de su última decisión como presidente de Portugal, en un acto que simbolizaba a la perfección la profunda LGTBfobia de que ha hecho gala durante toda su carrera política.

Isabel Fiadeiro Advirta, presidenta de ILGA-Portugal, se ha congratulado de la promulgación, y ha declarado que “Cavaco ha demorado, pospuesto y aplazado todo lo que ha podido, haciendo esperar a las familias, a los niños, pero la promulgación era inevitable. Pero ya está. Las parejas casadas del mismo sexo que tienen niños a la espera de la coadopción, ya pueden hacerlo; y también se podrá adoptar. Son buenas noticias”. Portugal deja así de ser el único país que había legalizado el matrimonio igualitario pero impedía la adopción homoparental.

Un largo periplo hasta la aprobación

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. De esa manera, Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista (PS) contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centroderecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes.

En mayo de 2013 el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, de tendencia centroderechista) permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia. El PSD acabó haciendo suya la iniciativa de referéndum, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta), aunque la estratagema se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no podía preguntarse al mismo tiempo sobre coadopción y sobre adopción conjunta, puesto que generaba confusión y la respuesta a una de las preguntas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra. La iniciativa del PS volvió al Parlamento, donde fue derrotada por tan solo cuatro votos.

Sin embargo, el LGTBfobo presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, decidió concluir su mandato presidencial poniendo un obstáculo más a la ley, e interpuso su veto el 23 de enero de 2016. Apenas unas semanas después, el 10 de febrero, el Parlamento decidía mayoritariamente levantar el veto presidencial, por que lo que ley tan solo quedaba a la espera de ser definitivamente promulgada, lo que ha ocurrido, finalmente este 18 de febrero de 2016.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Aníbal Cavaco Silva, CDS-PP (Portugal), Discriminación, Homoparentalidad, Marcelo Rebelo de Sousa, Partido Comunista (Portugal), Partido Socialista (Portugal), Portugal, PSD (Portugal), Verdes (Portugal)

La Asamblea de la República portuguesa ha levantado el veto presidencial a la ley que permite la adopción homoparental, con el apoyo de 137 diputados de los 230 que componen la única cámara del Parlamento. Aníbal Cavaco Silva, jefe de Estado en funciones hasta ser relevado el próximo 9 de marzo, deberá promulgar en el plazo de ocho días la misma ley a la que interpuso su veto. Portugal dejará de ser, de esta manera, el único país europeo que garantizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no permitía la adopción homoparental.

Este miércoles 10 de febrero se ha celebrado en la Asamblea de la República de Portugal una votación para levantar los dos últimos vetos interpuestos por el, ahora en funciones, jefe de Estado, el presidente Aníbal Cavaco Silva. Uno de ellos afectaba a la ley que permite la adopción a las parejas del mismo sexo, aprobada por el Parlamento portugués el pasado 20 de diciembre de 2015 y vetada por el presidente Cavaco Silva el 23 de enero de este año, concluyendo así su mandato haciendo gala una vez más de su inveterada LGTBfobia.

Un total de 137 diputados, de los 230 que componen la Asamblea de la República, ha votado a favor del levantamiento del veto. Al esperado apoyo de los diputados del Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN), se ha sumado el de algunos diputados del centroderechista Partido Socialdemócrata (PSD), ahora en la oposición, y al que pertenece Cavaco Silva. En contra del levantamiento han votado el resto de los representantes del PSD y los del derechista Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP).

La cifra de votos favorables al levantamiento del veto ha superado ampliamente los 116 requeridos, por lo que la ley de adopción homoparental deberá ser promulgada obligatoriamente. La normativa portuguesa establece un plazo de ocho días desde la decisión de la Asamblea de la República para que se efectúe la promulgación, por lo que, de cumplirse el calendario, sería el propio Aníbal Cavaco Silva quien debería promulgarla, pues continuará como jefe de Estado en funciones hasta ser relevado el próximo 9 de marzo por el vencedor en las pasadas elecciones presidenciales, Marcelo Rebelo de Sousa.

Sin embargo, la ley no contempla sanción alguna para el jefe de Estado si no efectúa la promulgación en el plazo establecido, por lo que, conociendo la historia del personaje político, pudiera darse el caso de que Cavaco Silva hiciera un acto de pura insumisión negándose a cumplir con sus deberes. En todo caso, únicamente supondría una leve demora, pues el presidente de la República entrante, el anteriormente citado Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha declarado que no tendría ningún inconveniente en promulgar la ley.

Cuando el acto de la promulgación definitiva tenga lugar, Portugal dejará de ser el único país europeo donde estaba permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no la adopción homoparental.

Un largo periplo hasta la aprobación

General, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Aníbal Cavaco Silva, Bloque de Izquierda (Portugal), CDS-PP (Portugal), Discriminación, Homoparentalidad, Marcelo Rebelo de Sousa, PAN (Portugal), Partido Comunista (Portugal), Partido Socialista (Portugal), Portugal, PSD (Portugal), Verdes (Portugal)

El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha bloqueado ley de adopción homoparental aprobada por amplia mayoría en el Parlamento de Portugal. Un movimiento que reafirma su oposición al derecho y que puede ser una de sus últimas actividades como jefe de Estado del país luso.

Aníbal Cavaco Silva, presidente de la república de Portugal, ha decidido concluir su mandato con el veto a la ley que permitiría la adopción de menores a las parejas del mismo sexo, una medida largamente esperada por los defensores de los derechos LGTB, pues Portugal era el único país europeo con matrimonio igualitario, pero sin adopción homoparental. Sin embargo, la decisión de Cavaco Silva tan solo conseguirá retrasar la promulgación de la ley, pues las fuerzas de izquierda, mayoritarias en el Parlamento, ya han comunicado que votarán para levantar el veto. De cumplirse los plazos establecidos reglamentariamente, sería el propio Cavaco Silva quien debería promulgar la ley tras el levantamiento del veto, pues permanecerá como jefe de Estado en funciones hasta que ceda su cargo al ganador en las últimas elecciones presidenciales, Marcelo Rebelo de Sousa. Sea como sea, Aníbal Cavaco Silva ha querido finalizar su cometido como jefe de Estado haciendo gala una vez más de su inveterada LGTBfobia.

Portugal dio inicio el domingo a sus Elecciones Presidenciales, unos comicios que en su primera vuelta apuntan al ascenso de Rebelo de Sousa (PSD) como sustituto de Aníbal Cavaco Silva.

No obstante, a pesar de que el proyecto legislativo que pretende llevar la adopción homoparental a la república ibérica ha sido ampliamente apoyado por el Parlamento, Cavaco Silva ha aprovechado sus últimos días en el Palacio de Belém para bloquearla junto a la reforma de su ley del aborto. Este veto se debe a la orientación izquierdista de la nueva mayoría en la Cámara, que se opone frontalmente a las políticas de corte conservador y ultrarreligioso que el presidente Caravaco Silva ha impulsado durante la última legislatura.

El pasado 20 de noviembre de 2015, el Parlamento portugués aprobaba un conjunto de proyectos de ley para permitir la adopción homoparental, presentados por el Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN). Las iniciativas recibieron el voto favorable de prácticamente toda la izquierda (se abstuvo Isabel Oneto, una diputada socialista) e incluso recibió 19 votos favorables de las filas del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), que en esa ocasión había dado libertad de voto a sus diputados.

Las iniciativas legislativas aprobadas fueron sometidas al dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que consensuó un texto unificado de todas ellas, al que dio su aprobación con fecha 16 de diciembre. Tan solo dos días después, el 18 de diciembre, el texto definitivo fue puesto de nuevo a consideración del Parlamento, que lo aprobó con los votos favorables de los todos los representantes de los partidos de izquierda (exceptuando la abstención del socialista António Cardoso) y de 17 diputados del PSD.

La redacción definitiva de la ley regresó a la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que le dio su visto bueno el 23 de diciembre y ordenó su publicación. Tan solo faltaba el trámite de su promulgación por parte del jefe del Estado, el presidente de la república Aníbal Cavaco Silva.

Según ha manifestado Cavaco Silva, la legislación que iguala los derechos de adopción entre parejas hetero y homosexuales es ”un cambio radical que requiere la consulta pública más amplia”. De la misma manera ha afirmado que el Parlamento no ha demostrado que respalda suficientemente ”el interés superior del menor’‘

A su vez, el jefe de Estado Portugués también ha vetado la decisión del Parlamento de eliminar la consejería obligatoria para mujeres que quieren interrumpir su embarazo, alegando que el asesoramiento es un requisito común en otros países europeos y su eliminación merma el derecho a la información.

Después de este movimiento, se espera que el voto de dos tercios de la Cámara obligue a la Presidencia de la República a aprobar ambas leyes. No obstante, en vez de Cavaco Silva, puede ser el presidente entrante, Rebelo de Sousa, quien finalmente la ejecute.

El veto presidencial como recurso al pataleo

Pero Cavaco Silva tenía pensado terminar su mandato presidencial evidenciando una vez más su inveterada LGTBfobia, que ya se puso de manifiesto durante la aprobación del matrimonio igualitario en 2010, para cuya promulgación puso todo tipo de objecciones y cortapisas. Así, una de sus últimas decisiones como presidente ha sido la de vetar la ley de adopción homoparental y devolverla al Parlamento, lo que hizo oficialmente el pasado 23 de enero.

Su excusa para el veto ha sido que, para él, “es importante que no se introduzca un cambio tan grande en un asunto social sin que haya un debate público”, insinuando así la celebración de una consulta popular. También declaraba que había prevalecido en su criterio “el interés de los niños sobre la igualdad entre las parejas del mismo y distinto sexo”. Además, sabiendo que la mayoría parlamentaria de las fuerzas de izquierdas es suficiente para levantar su veto, advertía sibilinamente de que Portugal tiene problemas económicos y sociales más graves que la adopción homoparental.

A pesar de la advertencia, las fuerzas de izquierda han comunicado que procederán al levantamiento del veto a la mayor brevedad, posibilidad que se podría dar incluso esta misma semana. En todo caso, aunque la votación tuviera lugar al término de los quince de plazo establecidos legalmente, sería el propio Cavaco Silva quien tendría que promulgar la ley. El reglamento indica que la promulgación debe efectuarse dentro de los ochos días posteriores al levantamiento del veto, y la investidura como presidente de la república de Marcelo Rebelo de Sousa, ganador en las recientes elecciones presidenciales, no tendrá lugar hasta el 9 de marzo, por lo que Cavaco Silva sería aún el jefe de Estado en funciones. En caso de no hacerlo, estaría violando la Constitución portuguesa, aunque no hay sanción establecida para un caso semejante. Aún así, la ley podría ser promulgada una vez que tomara posesión de su cargo el nuevo presidente, Rebelo de Sousa, que ya ha declarado que no tendría ningún inconveniente en hacerlo.

Cabe recordar que la ley de adopción homoparental fue aprobada por el Parlamento, por iniciativa de los partidos de izquierda, antes de que se formara gobierno tras las elecciones generales del 4 de octubre, pues Cavaco Silva rehusaba nombrar otro primer ministro que no fuera su correligionario Pedro Passos Coelho, del PSD. Sin embargo, su nombramiento fue objeto de una victoriosa moción de censura por parte de la mayoría parlamentaria de izquierdas. Aun así, no fue hasta el 24 de noviembre cuando finalmente Cavaco Silva tomó la decisión de nombrar al socialista António Costa como nuevo primer ministro, tras casi dos meses de incertidumbre y con la amenaza persistente de una nueva convocatoria de elecciones.

Un largo periplo hasta la aprobación

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. De esa manera, Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes.

En mayo de 2013 el gobernante PSD permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia.

Los partidos de izquierda no renunciaron a dar la batalla y en enero de 2015 presentaron tres proyectos para permitir la adopción de menores por parte de las parejas casadas del mismo sexo. Las propuestas fueron derrotadas con los votos del PSD y de sus socios del CDS-PP, situados aún más a la derecha. La novedad, en este caso, fue el voto favorable del Partido Comunista, que en el pasado se había abstenido en las votaciones sobre la materia. Por parte de los dos grandes partidos hubo varios diputados que se saltaron las directrices de su formación: siete representantes del PSD apoyaron la iniciativa del PS y, en sentido contrario, tres socialistas se opusieron a la adopción homoparental.

Finalmente, tras las últimas elecciones, en las que las fuerzas de izquierda lograron superar a la coalición formada por el PSD y el CDS-PP, se logró aprobar un texto de consenso que permitía la adopción a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que a las parejas heterosexuales. Ahora tan solo resta que la mayoría parlamentaria de izquierdas logre levantar el veto a la ley del presidente Cavaco Silva.

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