Cuenta Dosmanzanas que ha sido Registrado por fin en el Parlamento andaluz el proyecto de ley integral de transexualidad. Un proyecto que, tras un largo y complicado proceso, integra reivindicaciones históricas de los colectivos trans y aspira a convertirse en una ley pionera en el ámbito de la Unión Europea por lo que se refiere al principio de autodeterminación de género y al respeto a la identidad de los menores transexuales. Aspecto este último especialmente necesario a la luz de episodios de discriminación como el que está viviendo una menor en un colegio de Málaga.

Los portavoces parlamentarios de las dos formaciones que gobiernan la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz e IULV-CA, registraron el proyecto este jueves. Lo hicieron acompañados de la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, que dejando atras las críticas a versiones anteriores del proyecto se felicitó de que se hubiera alcanzado un consenso entre las formaciones políticas y los colectivos trans. “No se trata de una ley de privilegios, sino de una normativa que garantiza la no discriminación y la igualdad. Ole Andalucía y ole el Gobierno andaluz”, declaró. Cambrollé ha pedido al PP andaluz que se sume al consenso durante el proceso de tramitación parlamentaria si no quiere quedar “retratado” como un partido que antepone la ideología a los derechos humanos.

La futura ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad autónoma, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Ello se articulará a través de la creación de una tarjeta identificativa que se podrá presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo la educativa y la sanitaria. Dicha tarjeta no entrará en competencia con el Documento Nacional de Identidad, cuya emisión es competencia estatal, en el que para modificar los datos deben seguirse los trámites que marca la ley nacional de identidad de género (que data de 2007, y que aunque sigue por delante de buena parte de las legislaciones europeas mantiene la patologización de las identidades trans al exigir un diagnóstico de “disforia de género”). Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi.

Satisfacción de los partidos

El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, quiso reconocer el trabajo llevado a cabo por los dos grupos que sustentan al Gobierno andaluz, y especialmente por las diputadas Alba Doblas (IULV-CA) y Soledad Pérez (PSOE-A). Jiménez ha destacado especialmente el avance que supone el proyecto en materia de derechos de los menores transexuales. El diputado socialista ha lamentado el retraso en la presentación de proyecto, aunque también ha defendido que ahora el texto cuenta con suficientes garantías jurídicas como para resistir un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

También IULV-CA ha mostrado su “enorme satisfacción”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, ha destacado que Andalucía se convierte en un territorio puntero en Europa con esta normativa. “Ante una ola de demolición de derechos por parte del Gobierno del PP, Andalucía da diez pasos adelante en su defensa”, ha señalado. Desde ALEAS Andalucía (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA), que ha colaborado estrechamente con los colectivos trans para impulsar el proyecto, se ha insistido no obstante en la necesidad de “redoblar los esfuerzos” de diálogo durante la tramitación parlamentaria para que la ley se apruebe con el mayor consenso posible.

Un proyecto imprescindible, a la vista del caso de Málaga

La casualidad ha querido que la noticia prácticamente coincida en el tiempo con la decisión de  fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

Habrá que estar muy atento a los pasos que sigue ahora el contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto. La asociación de madres y padres del centro, que apoya su postura discriminatoria, ha asegurado sin embargo que por el momento ni el centro ni la fundación han recibido notificación del expediente administrativo.

Puedes descargar el proyecto en su integridad, ya sea desde la web del PSOE-A (pinchando aquí) o de ALEAS Andalucía (pinchando aquí).

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Que todavía sigan manejando a su antojo… Leemos en Dosmanzanas que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido un comunicado en el que denuncia el “intento de injerencia” del obispo de Málaga en la actuación de la Fiscalía después de que este reconociera expresamente haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, en el caso del colegio religioso de Málaga que se niega a reconocer la identidad de género de una niña transexual. Según el obispo, la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual archivó las diligencias por orden de la Fiscalía General del Estado.

El caso es bien conocido. Hace menos de tres semanas la fiscal Flor Torres hacía pública su decisión de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

El archivo no supone que se ponga punto final al contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto.

Es en este contexto en el que el obispo de Málaga, Jesús Catalá, sin duda envalentonado por el paso atrás de la Fiscalía, utilizaba un acto con periodistas para acusar a la Junta de Andalucía de “abuso de poder”. “La Junta tiene un poder administrativo y hace una amenaza al colegio acerca de ‘como no hagas lo que yo te digo, que no tiene nada que ver con la educación, te quito el concierto’”, declaraba Catalá, asegurando que “hemos cumplido las condiciones del concierto no al cien por cien, sino al 110 por ciento”.

Aún más grave, Jesús Catalá reconocía expresamente haber mantenido hilo directo con la Fiscalía General del Estado (órgano dependiente del Gobierno central) que incluso les comunicó -siempre según el obispo- dos semanas antes de que lo hiciera la fiscal andaluza que la investigación sería archivada. “Fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias”, declaraba el obispo.

¿Manda la Iglesia católica sobre la Fiscalía General de Estado?

Ciertas o no, las palabras del obispo han indignado a la UPF, la organización que agrupa a los fiscales españoles de sensibilidad progresista. “La UPF (…) quiere manifestar su contundente condena y rechazo por las palabras pronunciadas por el prelado en relación a  la actuación de la Fiscalía, al manifestar que ‘fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias’ reconociendo a continuación que el obispado había presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado solicitando expresamente que la Fiscal encargada de la investigación fuera apartada del caso. Entendemos que tales manifestaciones suponen, de una parte, el expreso reconocimiento por parte del máximo responsable de la Iglesia en Málaga, de su intento de injerencia en la actuación del Ministerio público que siempre tiene que estar presidida por los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad  y, por otra, un trato desconsiderado e incluso insultante hacía la compañera encargada del caso, de reconocido merito por su trayectoria profesional y por su trabajo en defensa de los derechos de colectivos sociales especialmente vulnerables, a la que llega a insultar llamándola ‘torpe’, poniendo dicho adjetivo en boca del Fiscal General del Estado”. La UPF ha pedido también a la Fiscalía General del Estado que responda con contundencia a las manifestaciones del obispo.

En opinión de dosmanzanas, lo que dejan traslucir las palabras del obispo de Málaga lleva como poco a preguntarse si el grado de infiltración de los sectores más conservadores en las principales instituciones del Estado ha alcanzado límites intolerables en una sociedad democrática. ¿Acaso debe la Fiscalía General del Estado actuar como eje de transmisión de las peticiones de la iglesia católica? Ojalá nos equivoquemos.

La actuación del obispo también pone de manifiesto la necesidad de aprobar cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía y de que la Junta transmita un mensaje de contudencia anulando el concierto al mencionado colegio si persiste en su actitud.

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