Estos políticos están cambiando el juego para las personas trans.

Por Mira Lazine, viernes 8 de noviembre de 2024

Si bien muchos ojos estaban puestos en la carrera entre Donald Trump y Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024, se estaban produciendo bastantes otras carreras en todo el país para cargos en el Congreso, estatales y locales donde ganaron personas trans y no binarias.

Según datos del LGBTQ+ Victory Fund (Fondo de Victoria LGBTQ+), la proporción de candidatos transgénero, no binarios y no conformes con el género a cargos políticos aumentó casi a la mitad desde 2020, hasta el 15,2%. En estas elecciones no sólo se eligieron nuevos candidatos transgénero sino también la reelección de los que actualmente están en el cargo.

La siguiente es una lista de candidatos/as/es, así como una medida electoral inclusiva para personas trans, que ganó la noche de las elecciones.

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Sarah McBride – Cámara de Representantes de Estados Unidos (Delaware) 

Sarah McBride está lista para hacer historia como la primera persona transgénero en ser elegida para el Congreso.

Se postuló prácticamente sin oposición en su carrera de Delaware después de ganar las primarias demócratas y recibió un gran apoyo del Partido Demócrata y de organizaciones nacionales de derechos LGBTQ+.

Una parte importante de su plataforma era proteger los derechos de las personas transgénero en los Estados Unidos.

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Leslie Blackburn – Fideicomisaria del municipio de Lodi, Michigan

Leslie Blackburn se postuló con éxito para el puesto de administrador del municipio de Lodi, Michigan.

Blackburn se postuló en una plataforma para proteger el medio ambiente local e impulsar la transparencia en el gobierno local.

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 Precious Brady-Davis – Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua del Gran Chicago, Illinois

Brady-Davis hizo historia como la primera mujer trans negra elegida para un cargo en el condado de Cook, Illinois.

Su objetivo es luchar contra las inundaciones en la ciudad, proporcionando agua potable sostenible para todos los residentes y al mismo tiempo apuntando a aumentar la eficiencia energética de los sistemas de agua de Chicago.

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Brian Cina – Cámara de Representantes de Vermont

Brian Cina fue reelegido miembro de la Cámara de Representantes de Vermont durante la noche de las elecciones.

Candidato de género queer/no binario, anteriormente trabajó en servicios humanos, brindando asistencia a familias marginadas y al mismo tiempo protegiendo a los jóvenes dentro del estado.

Obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad de Vermont. Es un organizador y activista comunitario. Cina también es músico y artista escénico.

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Mari Cordes – Cámara de Representantes de Vermont

Mari Codes es una miembro de la Cámara de Representantes de Vermont que se postuló exitosamente para la reelección el 5 de noviembre.

Trabajó en ayuda humanitaria en Haití, dirigió iniciativas políticas para el estado y ayudó a fundar su sindicato de enfermeras antes de ser elegida para el cargo.

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 Brion Curran – Cámara de Representantes de Minnesota

Brion Curran era miembro titular del Partido Demócrata-Campesino-Laborista que ganó con éxito la reelección en su distrito.

Es un candidato no binario/queer que tiene como objetivo defender a las personas discapacitadas, los derechos reproductivos, la justicia ambiental y muchas más áreas de la justicia civil.

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 Emma Curtis – Lexington-Fayette, Consejo urbano del condado de Kentucky

Curtis, una mujer trans, se postuló con éxito para el consejo de Lexington-Fayette, Kentucky.

Ella dijo sobre su victoria en una declaración a la radio local: “Creo que eso es significativo porque hay muchos niños trans jóvenes en Lexington y muchos niños trans jóvenes en Kentucky y, francamente, muchos niños trans jóvenes en los Estados Unidos que necesitan ver a personas como ellos ocupando un lugar en la mesa”.

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 Amber Fellows– Ypsilanti, Ayuntamiento de Michigan

Amber Fellows es una candidata no binaria/genderqueer al concejo municipal de Ypsilanti, Michigan.

En On Your Ballot la describen como “japoestadounidense de primera generación, lgbtqia+, propietaria de una vivienda durante tres años, funcionaria municipal en tres ocasiones, directora de un programa regional de voluntariado, músico, jardinero y organizador político”.

Se postuló con una plataforma de justicia habitacional, liberación palestina y reparaciones para los pueblos negros e indígenas de color.

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Leigh Finke – Cámara de Representantes de Minnesota

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Xavier Johnson – Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley, California

Xavier Johnson, junto con Alfred Twu, fue elegido miembro de la Junta de Estabilización de Alquileres en Berkeley, California.

Johnson, un político queer/no binario, tiene como objetivo proporcionar viviendas justas, asequibles y seguras para todos los residentes de Berkeley, especialmente aquellos que están marginados de alguna manera.

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 Alicia “Liish” Kozlowski – Cámara de Representantes de Minnesota

Alicia “Liish” Kozlowski acaba de ser reelegida para la Cámara de Representantes de Minnesota, en representación del área de Duluth.

Es un candidato indígena no binario que ayudó a crear el Queer Caucus en el Partido Demócrata-Campesino-Laborista, la filial de Minnesota del Partido Demócrata.

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 Jo Miller – Woodbury, Ayuntamiento de Nueva Jersey

El titular Jo Miller se postuló con éxito para la reelección al Concejo Municipal de Woodbury, Nueva Jersey.

Es el primer candidato demócrata transgénero y no binario electo en el sur de Nueva Jersey.

“¿Qué puedes hacer por otras personas mientras estás aquí? Mi intención siempre fue hacer algo para hacer el mundo un poco mejor”, dijeron a Philadelphia Gay News.

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DeShanna Neal – Cámara de Representantes de Delaware

DeShanna Neal es miembro titular de la Cámara de Representantes de Delaware y ganó con éxito la reelección para su distrito.

Fue el primer miembro no binario de la Cámara de Representantes de Delaware y anteriormente aumentó el salario de los educadores en el estado, proporcionó almuerzos gratuitos para los estudiantes y luchó para implementar políticas de control de alquileres.

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Ambureen Rana – Cámara de Representantes de Maine

Rana es una representante no binaria/sexual de Maine que ganó la reelección en su distrito.

Musulmana y LGBTQ+, se centra en la justicia económica para las personas marginadas, abordando necesidades como la inestabilidad económica y la inseguridad habitacional.

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Emily Randall, la primera mujer latina lesbiana en el Congreso de Estados Unidos: “Hicimos más que ganar esta elección: hicimos historia”, dijo Emily Randall en un comunicado, tras ganar su elección para el Congreso, representando a Washington. La demócrata obtuvo el 57% de los votos frente al 43% de su oponente, el senador estatal republicano Drew MacEwen. “Juntos, derribamos tres techos de cristal. Cuando asuma el cargo en enero, seré la primera congresista y la primera persona de color en ocupar este puesto, la primera persona abiertamente LGTB en representar al estado de Washington en el Congreso y la primera latina lesbiana en el Congreso”.

Randall, ex recaudadora de fondos de Planned Parenthood y miembro del Comité de Educación Superior y Desarrollo de la Fuerza Laboral del Senado de su estado, hizo de los derechos de las mujeres y las cuestiones económicas un tema central en su campaña. “Lo que aprendí en ese trabajo es que es muy importante que seamos firmes en nuestro compromiso con la libertad reproductiva porque no son solo las demócratas de izquierda las que se preocupan por el derecho al aborto”, dijo Randall a LGBTQ Nation en mayo sobre su tiempo en Planned Parenthood. “Son las votantes indecisas en Arizona y Nevada. Son las republicanas en muchas comunidades. Son personas que entienden que nuestra autonomía corporal y nuestra capacidad de tomar decisiones sobre nuestras familias y nuestros maestros es muy importante. Y eso me lo han confirmado una y otra vez en mis elecciones aquí en mi distrito morado».

Emily está casada desde hace un año con su esposa, Alison.

Evelyn Ríos Stafford – Juez de Paz del Condado de Washington, Arkansas

Evelyn Ríos Stafford es una mujer trans que se postuló para Juez de Paz del condado de Washington en Arkansas.

Se postuló con una plataforma de ayuda por el COVID-19, proporcionando viviendas seguras y asequibles para personas marginadas y justicia penal y gastando sabiamente el dinero del condado para atender mejor a sus residentes.

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 Abigail Salisbury – Cámara de Representantes de Pensilvania

Abigail Salisbury se postuló sin oposición para un escaño en la Cámara de Representantes de Pensilvania de un distrito del condado de Allegheny, Pensilvania.

Ella es judía, autista y bisexual.

Salisbury se postuló con una plataforma progresista de derechos LGBTQ+, la legalización del cannabis y la psilocibina y el derecho al aborto.

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Brianna Titone – Cámara de Representantes de Colorado

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Alfred Twu – Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley, California

Alfred Twu consiguió con éxito el último puesto vacante en la Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley, California.

Twu se postuló en una plataforma de derechos de los inquilinos, defendiendo a quienes se encuentran en viviendas en riesgo mientras planeaba hacerlas más asequibles y seguras.

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Aime Wichtendahl – Cámara de Representantes de Iowa

Aime Wichtendahl hizo historia como la primera legisladora trans en la historia de Iowa.

Es una mujer transgénero que se postuló con una plataforma de derechos civiles, apoyo sindical, derecho al aborto y legalización del cannabis.

Ella dijo de su victoria en una cita a The Gazette: “Me siento honrada de hacer historia esta noche. Demuestra que los habitantes de Iowa y los estadounidenses en general están cansados de la política de guerra cultural y la legislación anti-trans y votarán por líderes que prioricen su bienestar y trabajen para que ellos salgan adelante”.

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 Zooey Zephyr – Cámara de Representantes de Montana

Zooey Zephyr fue reelegida para la Cámara de Representantes de Montana con una victoria arrolladora.

Es la primera mujer trans elegida para un cargo público en Montana y ha trabajado incansablemente para defender no sólo los derechos de las personas transgénero dentro del estado sino también en todo el país.

Es la prometida de la periodista y activista trans Erin Reed.

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 Bono: Propuesta 1 – Nueva York

La Proposición 1, también conocida como Enmienda de Igualdad de Derechos, codificó la protección de las personas transgénero en la Constitución estatal al agregar una enmienda que detalla grupos marginados específicos a quienes se les garantizan derechos y representación dentro del estado. Esto protegerá a las personas trans en el estado durante las próximas décadas y superó enormes obstáculos con los republicanos que intentaban derogar la enmienda.

Fuente LGBTQNation

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La escuela dijo que incluso hablar sobre las personas LGBTQ+ es “divisivo”. Los estados dicen que el silencio solo alienta el acoso escolar.

Por Mira Lazine viernes 30 de agosto de 2024

En una acción poco común, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales estatales más el Distrito de Columbia presentaron dos escritos amicus curiae en apoyo de una maestra de Georgia que fue despedida de una escuela pública por leer un libro con temas LGBTQ+ en su clase.

“La participación del Departamento de Justicia y los estados refleja el impacto significativo de este caso en el futuro de la educación pública en todo el país”, dijo el subdirector legal interino del Southern Poverty Law Center, Michael J. Tafelski a LGBTQNation. “Todos los estudiantes merecen la libertad de aprender en escuelas donde se afirme su identidad, y claramente el Departamento de Justicia y los estados de todo el país están de acuerdo”.

El caso es Rinderle v. Cobb County School District. (Rinderle contra el Distrito Escolar del Condado de Cobb), una demanda presentada en febrero de este año después de que la maestra de quinto grado Katherine Rinderle fuera despedida del Distrito Escolar del Condado de Cobb después de leer el libro My Shadow is Purple (Mi sombra es morada) a su clase en la Due West Elementary School (escuela primaria Due West) en marzo de 2023. El libro estuvo en la Feria del Libro Scholastic de la escuela y trata sobre un niño que busca aceptación por su no conformidad de género.

Rinderly está demandando en virtud del Título IX, la ley que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en la educación. La administración Biden ha interpretado que esto incluye la prohibición de la educación anti-LGBTQ+, ya que es imposible discriminar a las personas LGBTQ+ sin tener en cuenta el sexo. Una maestra y un estudiante también son demandantes en el caso que alega que su despido es indicativo de un entorno hostil plagado de discriminación por motivos de sexo contra personas no conformes con su género.

El escrito del Departamento de Justicia establece que Estados Unidos “no toma posición sobre los méritos del reclamo del Título IX de los demandantes, ni sobre la exactitud de las alegaciones que respaldan ese reclamo” y, en cambio, quiere que el tribunal considere los efectos de las políticas de la escuela sobre los estudiantes.

El Departamento de Justicia sostiene que el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta, que tiene jurisdicción en este caso, tiene que evaluar el mérito de las reclamaciones basándose en la totalidad de las pruebas, con especial atención a las políticas de la escuela. Además, el Departamento de Justicia dijo que su interés en el caso es que los maestros – “quienes a menudo poseen un conocimiento único y directo de la discriminación que sufren los estudiantes en sus escuelas” – puedan hablar sin enfrentar represalias.

El distrito escolar invocó una interpretación de sus políticas de “Conceptos divisivos” que prohíben el contenido LGBTQ+ en el aula. Un correo electrónico de un padre que se quejó de la lectura del libro decía que “cualquier cosa en el género ‘LGBTQ’ y ‘queer’” cuenta como “divisivo”. El director reenvió ese correo electrónico a la oficina central del distrito, y Rinderle fue suspendida varios días después y despedida unos meses después.

El Departamento de Justicia sostiene que la afirmación de los acusados de que el Título IX no se aplica porque se trata de un caso de discriminación contra las personas LGBTQ+ es válida. En respuesta, el Departamento de Justicia hace referencia a las decisiones del Departamento de Educación, la Corte Suprema y tres tribunales de apelaciones para respaldar la legitimidad de citar el Título IX para las políticas de no discriminación contra las personas LGBTQ+.

También citaron acusaciones de acoso e intimidación anti-LGBTQ+ dentro del distrito escolar, que el Departamento de Justicia cree que las políticas escolares han permitido.

El escrito concluye: “Por lo tanto, al evaluar, a los efectos del reclamo por represalias del Título IX de Rinderle, si la Demanda alega de manera plausible que ella razonablemente y de buena fe creía que existía un ambiente hostil basado en el sexo para los estudiantes LGBTQ y no conformes con su género, este Tribunal debe considerar, como parte de la totalidad de las circunstancias, los supuestos efectos de la interpretación y aplicación por parte del Distrito de sus Políticas de “Conceptos Divisionarios”.

El escrito de los estados y del Distrito de Columbia incluye a los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Vermont. Todos ellos afirman que las políticas del distrito escolar que censuran el contenido LGBTQ+, denominadas “políticas de censura”, son de “’carácter inusual’ –únicas en su amplitud y en su incapacidad para promover de manera significativa objetivos pedagógicos legítimos–, lo que proporciona una indicación adicional de que las políticas son constitucionalmente sospechosas”.

El argumento central del escrito es que las políticas dentro del distrito escolar perjudican a los jóvenes LGBTQ+. El escrito cita investigaciones sobre el tema.

Argumentan que los estados representados en el escrito amicus tienen políticas educativas más legítimas ya que sirven para proteger a los jóvenes LGBTQ+ con el objetivo de promover su educación.

“Los Estados Amici también reconocen el hecho indiscutible de que las personas LGBTQ son parte de la vida estadounidense y, por lo tanto, incluyen las experiencias y contribuciones LGBTQ en la educación en historia y estudios sociales”, escriben los estados. “Por estatuto, siete Estados Amici han promulgado requisitos curriculares de historia o estudios sociales relacionados con los estadounidenses LGBTQ. Otros Estados Amici han emprendido esfuerzos similares para actualizar los estándares curriculares para incluir a las personas LGBTQ”.

La investigación en la que se basan, que incluye datos de los Centers for Disease Control and Prevention, (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), una revisión sistemática de la Cornell University, (Universidad de Cornell) el Michigan Department of Education, (Departamento de Educación de Michigan) y una encuesta de investigación GLSEN, entre otras publicaciones, sugiere que los jóvenes LGBTQ+ tienen más probabilidades de sufrir acoso que sus pares cisgénero y heterosexuales, lo que conduce a efectos más negativos en la salud mental de la población.

Concluyen argumentando que el escrito amicus curiae indica que podría ser necesario gastar costos adicionales para abordar los posibles efectos negativos de Georgia debido a la afluencia de jóvenes LGBTQ+ y sus familias que se mudan a sus estados.

Los escritos se oponen a los demandados: el Distrito Escolar del Condado de Cobb, el superintendente del distrito, la Junta de Educación del condado y Chris Dowd, un ex oficial del Departamento de Policía de Atlanta y actual empleado del distrito que fue demandado por actuar ilegalmente en una redada en un bar gay en 2009. Los demandantes están representados por Goodmark Law Firm, las Oficinas Legales de Gerry Weber, el Southern Poverty Law Center, la Asociación Nacional de Educación y la Fundación de Educación del Sur.

Fuente LGBTQNation

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito educativo, Amicus curiae, Atlanta, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Escolar del Condado de Cobb, EE.UU., Estados Amici, Georgia, Hawai, Homofobia/Transfobia, Illinois, Katherine Rinderle, Maine, Maryland, Massachusetts, Michael J. Tafelski, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Personas LGTBIQ, Rinderle v. Cobb County School District, Southern Poverty Law Center, Título IX, Vermont

Así es como las legislaturas estatales han estado atacando –y también ayudando– en lo que respecta a las personas trans y sus derechos.

1.- Avanzó un proyecto de ley que exige que los planes de atención médica cubran la atención de afirmación de género en Minnesota. (Legislatura de Minnesota Legislature)

2.- Los legisladores de Alabama están considerando un proyecto de ley que ampliaría la prohibición estatal de hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas (llamada “No digas gay o trans” por sus opositores) para incluir a los estudiantes de secundaria. (Alabama Political Reporter)

3.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, le dijo al condado de Nassau que dejara de prohibir a las niñas trans practicar deportes, y el ejecutivo del condado presentó una demanda. (LGBTQ Nation)

4.- Una pluralidad de habitantes de Iowa se opone a una propuesta republicana que exige que a las personas trans se les asigne tanto su sexo al nacer como su identidad de género en sus certificados de nacimiento. (Des Moines Register)

5.- Un proyecto de ley que prohíbe la atención con afirmación de género para menores trans en Wyoming fue aprobado por votación del comité del Senado estatal, así como por votación en la Cámara de Representantes estatal. (WyoFile)

6.- Un comité de la Cámara de Representantes del estado de Idaho aprobó una prohibición para que Medicaid reembolse a las personas transgénero por cuidados de afirmación de género tanto para adultos como para niños. Pasó según las líneas del partido. (Idaho Capital Sun)

7.- El Senado de Maryland aprobó un proyecto de ley para proteger a los proveedores de atención de afirmación de género de acciones civiles y penales iniciadas por otros estados. (WJZ News)

8.- Un proyecto de ley en Maine protegería el acceso al aborto y a la atención que afirma el género. (News Center Maine)

9.- La legislatura de Hawái está considerando un proyecto de ley para permitir la atención de afirmación de género a través de telesalud. (KITV)

10.- La ACLU demandó a Nebraska por su prohibición de los cuidados que afirman el género, y la corte suprema del estado escuchó el caso esta semana. (WOWT)

Fuente LGBTQNation

General, Historia LGTBI Cirugía de afirmación de género, Hawai, IDAHO, Iowa, Legislación, Maine, Maryland, Minnesota, Nebraska, Personas LGBTIQ+, Personas trans, Personas transgénero, Wyoming

Buenas noticias desde Canadá: la Cámara de los Comunes ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para prohibir la práctica de las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de sus pretendidos pacientes. Se trata de una iniciativa que el Gobierno liberal de Justin Trudeau ya promovió en la anterior legislatura. Se espera que el Senado ratifique el texto aprobado por la cámara baja, con lo que Canadá se uniría al reducido grupo de países que han vetado estos infames procedimientos.

La campaña contra las «terapias» de conversión en Canadá comenzó en septiembre de 2018. Se recogieron más de 18.000 firmas por su prohibición, pero en marzo de 2019 el Gobierno federal rechazó legislar sobre el asunto, alegando que se trata de una competencia de los territorios y las provincias. Las de Manitoba, Ontario y Nueva Escocia, así como la ciudad de Vancouver, ya habían aprobado normas para penalizar estas peligrosas prácticas. A ellos se unirían posteriormente Prince Edward Island, Quebec, Yukon y las ciudades de Edmonton y Calgary. A pesar del varapalo inicial que supuso la negativa del Gobierno de Justin Trudeau, los activistas siguieron presionando por una prohibición a nivel nacional.

En abril de 2019, un senador liberal (el partido de Trudeau) presentó una proposición de ley para vetar las «terapias» reparativas. La iniciativa de Serge Joyal no llegó a aprobarse antes de que acabara esa legislatura en otoño de ese mismo año. Mientras tanto, el colegio de abogados hizo un llamamiento al Gobierno para que analizara sus competencias para prohibir las pseudoterapias o, al menos, eliminar los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos que las llevan a cabo. La administración de Trudeau reaccionó enviando una carta a todas las provincias y territorios para pedirles que vetaran estas prácticas.

Durante la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2019, los liberales del primer ministro prometieron finalmente hacerse cargo del asunto. El partido de Trudeau se mantuvo como primera fuerza política, aunque perdiendo la mayoría. El nuevo Gobierno, entonces sí, declaró como prioritaria la prohibición a nivel federal de las «terapias» de conversión. En marzo de 2020, el ministro de Justicia David Lametti presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal para tipificar como delito la publicidad y la práctica de estas pseudoterapias en menores de edad. La Cámara de los Comunes aprobó la medida en junio de este año, con los votos en contra de 62 diputados conservadores (de un total de 119). La iniciativa, sin embargo, entró en vía muerta antes de su tramitación en el Senado, debido a la disolución del Parlamento que precedió a las elecciones anticipadas del pasado mes de septiembre.

Tras la nueva victoria, aunque sin mayoría absoluta, de los liberales de Trudeau, el Gobierno reactivó la propuesta con una importante novedad: el veto será total y no solo se aplicará a menores de edad. El pasado miércoles, la Cámara de los Comunes le dio su visto bueno, esta vez por unanimidad. Un apoyo generalizado que sorprendió a muchos diputados liberales, algunos de los cuales se abrazaron a sus rivales conservadores en agradecimiento por su apoyo a la medida. Ahora pasará al Senado, donde no se espera tampoco una importante oposición. Todo indica que, esta vez sí, se convertirá en una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite.

La situación en otros países

Cuando entre en vigor la nueva norma, Canadá se unirá al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad.

En el vecino Estados Unidos la primera en hacerlo fue California En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Senado del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, ha aprobado un proyecto de ley, procedente de la Cámara de Representantes, para prohibir la alegación de «pánico gay» o trans como atenuante de un delito. Se trata de una de las estrategias de defensa legal más utilizadas por los asesinos de personas LGTBI, que argumentan haber cometido el crimen cegados por un miedo insuperable tras el acercamiento de una persona de la que supuestamente descubren en ese momento que es homosexual o trans. La iniciativa lleva el nombre de Nikki Kuhnhausen (en la foto), una adolescente trans asesinada con 17 años en 2019. Nueve estados de Estados Unidos ya han introducido leyes para acabar con estos casos.

El caso de Nikki Kuhnhausen conmocionó a la sociedad del estado de Washington. La joven de 17 años desapareció en junio del año pasado, pero sus restos mortales no se localizaron hasta diciembre, en un bosque cercano a la localidad de Vancouver junto a Portland. La investigación reveló que Kuhnhausen fue estrangulada por un hombre de 25 años que presuntamente pretendía mantener relaciones sexuales con ella. El acusado declaró a la policía que al saber que la adolescente era una mujer trans, se sintió «realmente incómodo» y que la revelación lo «trastornó».

Un ejemplo más de la estrategia de defensa legal de «pánico trans» o gay, según el caso, que los asesinos de personas LGTBI utilizan con frecuencia. Aunque en esta ocasión, gracias a la iniciativa de la madre de la víctima, el terrible suceso tendrá consecuencias. Al conocer la declaración del presunto homicida, Lisa Kuhnhausen-Woods comenzó a hacer campaña por la prohibición de los atenuantes por miedo insuperable, y sus esfuerzos han cristalizado en un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del legislativo estatal y que ya solo aguarda la firma del gobernador.

La norma, que lleva el nombre de Nikki, fue discutida y aprobada en la Cámara de Representantes el pasado 12 de febrero por 90 votos a favor y solo cinco en contra. En el Senado, el apoyo ha sido igual de abrumador y bipartito. El pasado miércoles, 46 senadores respaldaron la medida frente a tres que se opusieron. El proyecto solo aguarda ya la firma en las próximas semanas del gobernador demócrata Jay Inslee.

Washington se convertirá, previsiblemente, en el décimo estado en aprobar una ley de este tipo. El primero fue California, en 2014, seguido por Illinois, Rhode Island, Connecticut, Hawái, Maine, Nevada, Nueva York y Nueva Jersey. Además, otros cinco estados debaten actualmente normas similares. Fuera de Estados Unidos, Nueva Zelanda adoptó la prohibición de la defensa por «provocación» en 2009 y en Australia, todos los territorios ya han aprobado leyes contra las defensas por «insinuación homosexual» salvo Australia Meridional, donde actualmente se discute el asunto.

«Pánico gay»: un largo historial de uso

La defensa por «pánico gay», en sus diferentes variantes, ha sido y sigue siendo muy utilizada. En España, sin ir más lejos, permitió que Jacobo Piñeiro, asesino de dos chicos gais en Vigo en 2006 (a los que asestó 57 puñaladas, para luego prender fuego a su casa) fuera absuelto por un jurado popular en 2009. Por fortuna la justicia obligó a repetir el juicio con un nuevo jurado, y Piñeiro fue finalmente declarado culpable de doble asesinato y condenado a una pena de 58 años de cárcel, una sentencia que fue luego confirmada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal estimó, tal y como ya había resuelto antes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el recurso de Piñeiro se hallaba «completamente huérfano de fundamentación», tanto por las atenuantes invocadas de «miedo insuperable, trastorno mental transitorio y superación de una situación límite que le hacía temer por su vida» como porque los motivos formulados carecían «de amparo procesal».

En Estados Unidos, la defensa por «pánico gay» ha sido utilizada en muy diversas ocasiones, empezando por el terrible asesinato de Matthew Shepard en 1998, cuya brutalidad ocasionó un fuerte movimiento de protesta. Este movimiento culminó en 2009 con la ley que lleva su nombre, por la que se incluye la orientación sexual de las víctimas en la lista de delitos de odio. La misma defensa fue utilizada por los abogados de Brandon McInerney, un muchacho de 14 años que asesinó su compañero de instituto Lawrence King, aunque al final, tras un acuerdo, fue condenado a 21 años de cárcel. Y también ha sido usada por la defensa de Lawrence Reed, acusado en marzo de 2013 del asesinato de Marco McMillian, primer candidato abiertamente gay a la alcaldía de Clarksdale, Misisipi.

En junio de 2013, la sección de justicia criminal de la Asociación Americana de la Abogacía (American Bar Association) propuso precisamente a sus miembros una serie de medidas contra el uso de esta estrategia, incluyendo la recomendación de medidas legislativas como la aprobada ahora en Washington. La propuesta fue aprobada de forma unánime en agosto de 2013 por la asamblea de dicha organización, a la que están afiliados más de 400.000 abogados.

Fuente Dosmanzanas

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Gobernador Gary Herbert

La lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad suma un nuevo miembro. El gobernador de Utah, bastión del mormonismo, firmó el martes pasado una orden ejecutiva para prohibir estas peligrosas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género. La medida sale adelante por el empeño del mandatario republicano, después de que las cámaras legislativas la rechazaran. Utah se convierte en el 19º estado de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos, si bien la prohibición solo se aplicará a profesionales médicos. El siguiente podría ser Virginia.

Ya en febrero del año pasado se presentó un proyecto de ley en el legislativo estatal que acabó fracasando por falta de apoyos. En noviembre, el gobernador republicano Gary Herbert propuso un texto alternativo que usaría la vía administrativa, en lugar de la penal, para perseguir estas pseudoterapias. Herbert consiguió el apoyo de la iglesia mormona, que ejerce una gran influencia en Utah y a la que él mismo pertenece, a cambio de que la norma solo se aplicara a profesionales de la salud mental.

El texto, aprobado el pasado martes como orden ejecutiva, clasifica las «terapias» de conversión como «conductas antiprofesionales» y prevé la suspensión o revocación de la licencia médica para los especialistas que las pongan en práctica en menores de edad. Los sacerdotes y terapeutas religiosos están expresamente exentos del veto, siempre que no estén en posesión de una licencia profesional. A pesar de esta importante limitación, los activistas LGTBI han saludado la medida y esperan que sirva de acicate para que se aprueben otras similares en estados conservadores como Utah.

California fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad en 2012, no sin gran controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después) y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014). Más tarde se sumaron Oregón, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware, New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts. El próximo estado podría ser Virginia, cuyo Senado aprobó el pasado martes un proyecto de ley que ahora pasará a la Cámara de Delegados.

En abril del año pasado se les unió Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) "Terapias" reparadoras o de conversión, Alemania, Austria, Colorado, Connecticut, Delaware, Denver, Discriminación, Elena Lorenzo, Estados Unidos, Gary Herbert, Hawai, Homofobia, Iglesia Mormona, Illinois, Irlanda, Janet Mills, Jokin de Irala, Judith Glasshold, LGTBfobia, Maine, Malta, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Partido Demócrata, Partido Republicano, Puerto Rico, Reino Unido, Rhode Island, Ricardo Rosselló, Richard Cohen, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Washington D.C.

La ley que prohíbe en Nueva York las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, tiene los días contados. Sus propios promotores han anunciado que la derogarán, en una maniobra para evitar que una demanda acabe por reforzar, si prospera, el estatus de estas peligrosas prácticas. El Gobierno local teme que el Tribunal Supremo, en manos de los conservadores, emita una sentencia que blinde estas intervenciones a nivel federal. La ciudad de Nueva York había sido pionera en vetar su aplicación en todas las personas y no solo en menores.

En noviembre de 2017, el consejo municipal de Nueva York aprobaba por la abrumadora mayoría de 43 votos a 2 la norma que prohibía la oferta comercial de «servicios que pretendan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona». La ciudad fue pionera en vetar las «terapias» de conversión con independencia de la edad, ya que el resto de jurisdicciones que han aprobado leyes similares solo prohíben estas intervenciones en menores.

Sin embargo, la presentación de una demanda federal contra la medida ha hecho que el consejo opte por derogarla para evitar males mayores. Los propios promotores de la norma original son los que han decidido dar marcha atrás, ante el temor de que el Tribunal Supremo falle a favor de los demandantes. Una sentencia así podría anular los vetos que se han aprobado en dieciocho estados, además de los territorios de Washington D.C. y Puerto Rico y numerosos condados y municipios.

Los miembros del Consejo que apoyan ahora la derogación califican este movimiento estratégico como lamentable pero necesario. El portavoz Corey Johnson, que es abiertamente gay, recordó que el Supremo tiene una clara mayoría conservadora después de los dos nombramientos de la administración Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh). También la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, al que pertenece el estado de Nueva York, está dominada por jueces conservadores.

La ley de derogación se votará a finales de mes. Si sale adelante, como se prevé, en la ciudad de Nueva York volverán a estar permitidas las «terapias» reparadoras en adultos, pero no en menores, que seguirán protegidos por la norma estatal. La ley local permite también que los adultos que se sientan estafados por este tipo de peligrosas prácticas puedan reclamar una indemnización.

No es la primera vez que una administración decide dar marcha atrás en este asunto por miedo a las consecuencias judiciales. Hace un año, en California, el representante demócrata Evan Low retiró un avanzado proyecto de ley de prohibición total (en menores y adultos) de las «terapias» de conversión tras reunirse con representantes de grupos religiosos. Low rechazó enviar la propuesta al gobernador para que la firmara, último trámite para su entrada en vigor después de que fuera aprobada por ambas cámaras del estado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Alemania, Brett Kavanaugh, Colorado, Connecticut, Corey Johnson, Corte de Apelaciones del 2º Circuito, Delaware, Discriminación, Donald Trump, Elena Lorenzo, España, Estados Unidos, Evan Low, Francia, Hawai, Homofobia, Illinois, Jokin de Irala, LGTBfobia, Maine, Malta, Maryland, Massachusetts, Neil Gorsuch, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nueva York (estado), Nuevo México, Oregón, Puerto Rico, Reino Unido, Rhode Island, Richard Cohen, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Vermont, Washington (estado), Washington D.C.

Crece la lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. La gobernadora de Maine ha ratificado con su firma un proyecto de ley, previamente aprobado por ambas cámaras legislativas del estado, que lo convierte en el 18º de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos.

El pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Se trataba de la segunda vez que el legislativo del estado aprobaba una iniciativa en este sentido. Pero en la anterior ocasión, en junio de 2018, el entonces gobernador republicano Paul LePage vetó el proyecto aprobado por las cámaras, que no consiguieron la mayoría necesaria para anular el veto. Su sucesora, la demócrata Janet Mills, sí que ha ratificado la medida, que entrará en vigor en septiembre de este año. Mills, de hecho, ha apoyado de forma entusiasta la prohibición de unas prácticas «dañinas y ampliamente desacreditadas que no tienen cabida en Maine».

California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado.

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

La situación en Europa

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Historia LGTBI "Terapias" reparadoras o de conversión, Alemania, Charlie Baker, Colorado, Connecticut, Delaware, Denver, Elena Lorenzo, Estados Unidos, Hawai, Illinois, Irlanda, Janet Mills, Jokin de Irala, Judith Glasshold, Maine, Malta, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Partido Demócrata, Partido Republicano, Puerto Rico, Reino Unido, Rhode Island, Ricardo Rosselló, Richard Cohen, Vermont, Washington, Washington D.C.

Nuevo avance en el reconocimiento de las identidades de género no binarias. La Administración del estado norteamericano de Nevada aprobó este lunes la emisión de documentos de identidad y permisos de conducción con una tercera opción de sexo legal. La categoría «X» se añadirá a las existentes de «M» y «F» y estará a disposición de quien la solicite, sin que se requiera una autorización judicial. Nevada se convierte en el décimo estado de Estados Unidos, además de Washington D. C., en implementar esta medida.

Según el departamento de Vehículos de Motor, el cambio viene precedido de años de preparación. La iniciativa surgió en junio del año pasado, cuando se decidió eliminar el requisito de una orden judicial, certificado médico o partida de nacimiento para el cambio del sexo legal en los documentos de identidad que emite el estado. Posteriormente se acordó añadir la categoría «X» como alternativa a las binarias de «M» y «F».

Nevada es un estado pionero en el reconocimiento de la diversidad de género. En 2016 se aprobó una ley para la modificación registral del género en las partidas de nacimiento sin tutela judicial ni intervención quirúrgica, solo con una declaración jurada. Con la medida introducida esta semana, el activista Ray Mcfarlane espera sentar un precedente para el resto del país y que las personas trans o de género no binario puedan obtener sus nuevos documentos sin necesidad de invertir tiempo y dinero en procesos judiciales. Jane Heenan, de Gender Justice Nevada, abogó por eliminar por completo la mención al género en estos papeles, pero desde la Administración del estado se escudaron en las normas de nivel federal, que exigen el registro del sexo legal.

El estado se une a Arkansas, California, Colorado, Indiana, Maine, Minnesota, Oregon, Utah y Vermont, además de Washington D. C., en introducir una tercera opción de género en los carnés de identidad y permisos de conducción. Sin embargo, tan solo Oregón y la capital federal han consagrado, como ha hecho ahora Nevada, el principio de autodeterminación de género. En el resto del mundo, países como Australia en 2011,  Canadá en 2017,  California, y Malta en 2017 o Alemania el año pasado han dado pasos en el reconocimiento legal de las personas intersexuales y de género no binario. La posibilidad de registrarse bajo un tercer sexo legal o de dejar en blanco el campo correspondiente ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal . Tribunales de Austria y Holanda también han abierto la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género este mismo año.

Fuente Dosmanzanas

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Terribles datos: un tercio de los estudiantes TRANS ha intentado suicidarse en 2018.

Un tercio de los estudiantes trans han intentado suicidarse el año pasado, según las cifras publicadas el jueves (24 de enero).

Por primera vez, la Encuesta sobre Conductas de Riesgo en la Juventud (YRBS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) incluyó una pregunta opcional en la que los estudiantes podrían expresar su identidad de género.

Diez estados (Colorado, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Rhode Island, Vermont, Wisconsin) y nueve grandes distritos escolares urbanos (Boston, Condado de Broward, Cleveland, Detroit, Distrito de Columbia, Los Angeles, Ciudad de Nueva York, San Diego, San Francisco) acordaron incluir la pregunta en la encuesta de 2017.

Casi el 2 por ciento (1.8 por ciento) de los 131,901 estudiantes de secundaria encuestados se identificaron como transexuales y, entre estos estudiantes transexuales, el 34.6 por ciento informó haber intentado suicidarse el año pasado.

El mismo porcentaje (34.6 por ciento) reportó haber sido intimidado en la escuela.

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Esta histórica decisión permitirá también que los padres de nenes intersesuales o que simplemente no quieren influir en el género de sus hijos los registren con el género X.

El consejo municipal de Nueva York aprobó el pasado miércoles un proyecto de ley para reconocer la identidad de género de las personas intersexuales y no binarias. A partir del 1 de enero de 2019, se podrá modificar el registro del género en las partidas de nacimiento con una tercera categoría, «X», que se unirá a las ya existentes de «masculino» y «femenino». Para ello no será necesaria la presentación de ningún tipo de certificado médico. La ciudad se unirá a otros territorios de Estados Unidos que ya ofrecen esta posibilidad.

La ciudad de Nueva York sigue marcando la senda de la inclusión. Este miércoles el Concejo Municipal aprobó una ley con 41 votos a favor y 6 en contra (se registraron cuatro ausencias) que permitirá a los padres elegir la designación “X” para sus recién nacidos y que los adultos que no se sienten identificado como masculino ni femenino cambien el género de sus actas de nacimiento, sin que exista como requisito una declaración jurada de un médico o profesional de la salud metal. Es decir, de ahora en adelante las personas nacidas en Nueva York tienen la posibilidad de incluir el “Gender X” en sus actas de nacimiento.

La medida la había propuesto el presidente del Consejo, Corey Johnson, en junio de este año. Tres meses después, el legislativo de la ciudad y el departamento de Salud le han dado su visto bueno. En el Consejo Municipal obtuvo 40 votos a favor y seis en contra (se registraron cuatro ausencias). Johnson ha expresado su satisfacción y agradeció a la comunidad LGTBI su trabajo para conseguir la aprobación del proyecto.  “Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial de la inclusión y la igualdad“, afirmó Corey Johnson, presidente del Concejo Municipal y representante del partido Demócrata. “Los neoyorquinos ya no necesitarán una nota de su médico para cambiar su género en sus actas de nacimiento y ya no serán tratados como si su identidad fuera un problema médico”, ha destacado.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también se ha felicitado por la próxima entrada en vigor de una normativa para que las personas de género no binario puedan «vivir con la dignidad y el respeto que se merecen».

Por su parte, Carrie Davis, una activista transgénero que presidió una junta de asesores para el cambio de género, dijo que la ley es “excepcionalmente crucial durante esta época de peligro e incertidumbre con respecto a la atención médica y los derechos humanos para los estadounidenses transgénero en todo el país”.

La ciudad de Nueva York se une así a otras jurisdicciones de Estados Unidos que han aprobado medidas similares que permiten a sus ciudadanos que cambien el género en sus actas de nacimiento sin una nota de su médico. Sin embargo, es menos común la posibilidad de que los padres elijan una opción neutra para su recién nacidos en sus actas de nacimiento, Así, los estados de California, Washington y Nueva Jersey. Un tribunal de Oregón también sentenció a favor del derecho a registrarse con un género no binario, y el legislativo de este estado aprobó el año pasado una ley para introducir la opción de género «X» en los permisos de conducción. Normas parecidas están en vigor en Maine y en Washington D.C. Cabe destacar que en Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad, y se suele utilizar el permiso de conducción con función identificativa.

Ahora en Nueva York los padres con hijos intersexuales o por padres que quieren que sus hijos elijan su género más adelante podrán hacer uso de este recurso y de esta forma respetar el derecho a su identidad autopercibida.

Esta ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2019 y se espera que el alcalde demócrata Bill Blasio apruebe próximamente la propuesta de ley.

Hasta 2014 los ciudadanos de Nueva York que deseaban cambiar el género en sus actas de nacimiento debían someterse previamente a una cirugía de cambio de sexo.

Posteriormente, vino la ley Johnson la cual permitía que las personas cambiaran sus actas de nacimiento sin la cirugía, pero seguía siendo necesario que un médico emitiera un documento. Este nuevo instrumento legal obvia ese requisito.

En el resto del mundo, varios países han adoptado medidas de reconocimiento legal de las personas intersexuales y de género no binario, como Australia en 2011 o Canadá y Malta el año pasado. El Gobierno alemán introdujo recientemente un proyecto de ley para añadir «diverso» como nueva categoría de género legal. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género ha sido regulada de diferentes formas en países como  Pakistán, la India o Nepal. Tribunales de Austria y Holanda también han abierto la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género este mismo año.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Texas encabeza la demanda contra el presidente de EE UU. después de que la administración Obama emitiera una directiva mediante la que se autoriza a alumnos transexuales a usar los baños y vestuarios del sexo con el que se sientan identificados en sus respectivos colegios.

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El pasado martes Estados Unidos celebró de nuevo elecciones legislativas. Como cada dos años, los electores renovaron la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado. Tuvieron lugar además elecciones locales de diversa índole en numerosos estados. El resultado, una victoria global republicana, que obviamente no puede interpretarse como una buena noticia en clave LGTB, pero cuyo análisis en profundidad arroja también algunos aspectos que pueden considerarse positivos.

Una reflexión general, en primer lugar. Curiosamente, pese a la acumulación de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario, se ha tratado de la primera vez en muchos años que el tema ha quedado fuera del debate político a nivel nacional. Entre otras razones, por la propia voluntad de los republicanos de evitar una oposición frontal. Una decisión que parece haberles beneficiado electoralmente, y cuya lectura resulta positiva: los republicanos ya no necesitan hacer bandera de la oposición al matrimonio igualitario para ganar elecciones. De hecho, entre los analistas cada vez está más extendido el convencimiento de que el establishment republicano da por hecho que la vía judicial acabará por extender el matrimonio igualitario a todo el país y ha decidido pasar página. Otra cosa, por supuesto, es lo que opinen sus bases más extremistas.

Buen ejemplo de que la oposición al matrimonio igualitario y a otros derechos LGTB ya no es necesariamente definitoria de lo que significa ser republicano es que -como ha destacado los medios LGTB estadounidenses- por primera vez en la historia una legisladora republicana que durante su último mandato se ha mostrado abiertamente favorable al matrimonio igualitario y ha actuado en favor de los derechos LGTB ha sido reelegida. Se trata de Susan Collins, senadora por Maine, cuya participación fue decisiva en la derogación del “Don’ ask, don’ tell”, la ley que prohibía a los militares homo y bisexuales hacer visible su orientación sexual.

Otro dato interesante es que pese a la victoria republicana por primera vez en la historia las encuestas a pie de urna muestran que entre los que acudieron a votar hubo más partidarios del matrimonio igualitario (49 %) que opositores al mismo (48 %). Hace cuatro años, en las últimas elecciones legislativas de “medio término” (aquellas que no coinciden con elecciones presidenciales) los porcentajes fueron del 41 % (favorables) frente al 53 % (opositores). Este tipo de encuestas sobre preferencias paralelas de los votantes son habituales en Estados Unidos y permiten hacerse una idea ajustada de hasta qué punto cambia la importancia que los votantes dan a unos aspectos sobre otros. En este caso, parece confirmarse la idea de que el matrimonio igualitario ha dejado de marcar una línea divisoria clara entre los votantes demócratas y republicanos.

La misma encuesta muestra otro dato ya conocido: las nuevas generaciones han pasado ya la página de esta discusión. El 66 % de los votantes de menos de 30 años son ya favorables al matrimonio igualitario. Hace cuatro años este porcentaje, aunque ya mayoritario, solo llegaba al 52 %.

Lo malo…

El pleno control republicano del Congreso impedirá casi con total seguridad que durante los próximos dos años tengan lugar avances en materia LGTB por vía legislativa a nivel federal. En la práctica, sin embargo, la situación no será muy distinta a la de los últimos cuatro años, durante los cuales los republicanos ya han controlado la Cámara de Representantes y bloqueado iniciativas como la ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo), aprobada por el Senado hace ahora un año.

El nuevo Congreso contará además con varios legisladores republicanos fuertemente homófobos, como Glenn Grothman (nuevo representante por Wisconsin) o Jody Hice (nuevo representante por Georgia), que se unirán a otros ya presentes en Washington. En cualquier caso, parece previsible que durante los próximos dos años los republicanos dediquen su esfuerzo a horadar los logros legislativos de la presidencia Obama, y en este terreno -el estrictamente legislativo- lo cierto es  en materia LGTB poca marcha atrás puede haber porque pocos avances han tenido lugar. Y no parece probable que a estas alturas logros como la derogación del “Don’t ask, don’t tell” o la ”Matthew Shepard Act”, la ley que permitió la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en las categorías contempladas por la legislación federal de crímenes de odio, puedan tener marcha atrás (las dos contaron además con apoyo de una parte de los republicanos).

Más probable parece que, en el actual escenario político, la lucha contra los derechos LGTB se repliegue de nuevo al escenario de los estados, donde los republicanos más conservadores pueden considerarse más legitimados para promover “exenciones” de tipo discriminatorio.

El nombre propio: Maura Healey

Desde el punto de vista LGTB, si debe destacarse un nombre propio, y para bien, es el de la abogada demócrata Maura Healey, elegida nueva fiscal general del estado de Massachusetts con el 63 % de los votos. Healey, abiertamente lesbiana, se convierte en la primera persona LGTB en ocupar este cargo en cualquiera de los 50 estados del país.

Healey, que durante los últimos años ha trabajado como asistente de la anterior fiscal general, Martha Coakley, fue de hecho la persona que lideró el primer desafío legal de un estado (Massachusetts) contra la sección tercera de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Fue en 2009. El desafío dio lugar a la que fue primera sentencia de inconstitucionalidad de la DOMA emitida por un juez federal.

Fuente Dosmanzanas

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32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Corte Suprema Federal, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, EE. UU., Georgia, Hawai, IDAHO, Illinois, Iowa, Luisiana, Maine, Martha Coakley, Maryland, Massachusetts, Matrimonio igualitario, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Washington, Wisconsin

El gobernador de Pensilvania Tom Corbett ha comunicado que no presentará apelación contra la sentencia del tribunal federal que ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. Con la confirmación de que la administración de Oregón tampoco recurrirá la sentencia del mismo sentido del juez federal Michael McShane, Oregón y Pensilvania se han convertido, respectivamente, en los estados decimoctavo y decimonoveno en permitir el matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Desde la página web de la oficina del gobernador de Pensilvania, se comunicaba la decisión de no apelar la sentencia favorable a los derechos LGTB del juez John E. Jones en los siguientes términos:

He revisado a fondo las consideraciones del juez Jones en el caso Whitewood. Dado el alto umbral legal establecido por el juez Jones en este caso, es altamente improbable que una apelación tenga éxito. Por lo tanto, después de esta revisión y con el asesoramiento del equipo jurídico del  estado, he decidido no apelar la decisión del juez Jones.

Como católico romano, no ha vacilado la enseñanza tradicional de mi fe. Sigo manteniendo la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mi deber como gobernador requiere que acate las leyes según la interpretación de los tribunales y juzgar la probabilidad de éxito de una apelación.

A lo largo del debate sobre este importante y significativo asunto, he sostenido que los funcionarios y organismos del estado seguirían las disposiciones de la ley de matrimonio de Pensilvania, al menos hasta que un tribunal dijera lo contrario. El tribunal ha hablado, y me aseguraré de que mi administración cumpla las disposiciones de la orden del juez Jones con respeto para todas las partes.

Tengo la esperanza de que mientras la importante cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo continúe siendo abordada en nuestra sociedad, todos los involucrados se traten con respeto.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, ya han indicado que tampoco apelarán la sentencia del juez McShane que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en su estado, aunque en este caso su motivación ha sido su pleno acuerdo con la sentencia, ya que incluso no defendieron el ordenamiento jurídico de Oregón sobre este asunto ante el tribunal federal.

La igualdad matrimonial alcanza al 43,5 % de la población

De esta manera, se amplía a diecinueve el número de estados de los Estados Unidos que permiten el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales. Como curiosidad, con la inclusión de Pensilvania, la igualdad matrimonial ya es plena en todos los estados de la región del Noreste. Con la de Oregón, lo es en todos los estados de la división del Pacífico, excepto Alaska.

Esto supone que, a día de hoy, aproximadamente el 43,5 % de la población estadounidense vive en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Estas cifras aumentarían considerablemente si se tomaran en cuenta los estados donde se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichos dictámenes se encuentran en suspenso en espera de que se decida su apelación. De hecho, en algunos de ellos, como Utah, Michigan o Arkansas, ya se han celebrado legalmente matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que se suspendieran las sentencias.

Así pues, si añadimos a la lista a Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho,  el  total de estados alcanzaría los 26, más de la mitad de los 50 que conforman los Estados Unidos. Sumando su población, obtendríamos que un 61,2 % de los estadounidenses vive en estados donde se permite el matrimonio igualitario o se ha declarado en primera instancia la inconstitucionalidad de su prohibición.

Fuente Dosmanzanas

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Crece el apoyo al matrimonio igualitario en EEUU

La polémica ley que iba a permitir a los negocios de Arizona discriminar a los clientes LGBT no era la única de este tipo que estaba en consideración en Estados Unidos. Otros doce estados también han estudiado propuestas similares: Dakota del Sur, Georgia, Hawaii, Idaho, Kansas, Maine, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Ohio, Oregon, y Tennessee. Además de que el gobernador de Florida, el Republicano Rick Scott, no había descartado implantar una legislación similar. Pero la presión social en Arizona y el veto final de la gobernadora, la también Republicana Jan Brewer, ya ha tenido su efecto y por lo pronto Georgia y Mississippi han parado la tramitación de sus textos mientras en Oklahoma y Ohio las propuestas se van a reescribir. Scott también anunció, antes que Brewer, que él vetaría una propuesta similar si se aprobara en el Congreso del estado.

En el caso de Georgia, la propuesta del senador Republicano Joshua McKoon iba a ser debatida por el Comité de Reglas este lunes, pero por lo pronto se ha caído del calendario y no tiene una fecha prevista. “Me dijeron que todavía está en entredicho si se incluirá en el calendario. Así que tu suposición es tan buena como la mía de si al final van a dejar que haya un voto de base. Pero tal y como está hoy, no va a ser considerada el lunes”, explicó el político al Huffington Post. McKoon asegura además que su propuesta no es discriminatoria y que solo quiere defender las creencias religiosas de los individuos. Además habla de “histeria y desinformación” en torno a la medida.

En el caso de Missouri, la ley llegó a ser debatida en el Comité Judicial del Congreso, pero están pensando en reescribir la medida para que no resulte discriminatoria a la población LGBT. Un cuidado similar se está teniendo en Oklahoma y Ohio. En el primer caso el senador Tom Newell ya ha confirmado que están reescribiendo la norma para evitar “fiascos”. En Ohio los tres senadores detrás de la propuesta también han decidido retirarla tras el veto en Arizona y el aumento de las presiones de grupos por los derechos civiles. También en este caso quieren reescribir la norma y también se amparan en la protección religiosa. “Pensamos que sería una buena idea para proteger a gente que quiera vestir su Yarmulke (un sombrero típico judío) en el trabajo, o poner su Biblia sobre el escritorio y no ser castigados de ninguna forma por ello”, ha señalado el senador Bill Patmon.

En el caso de Florida, el Gobernador Rick Scott acabó por pronunciarse poco antes de que lo hiciera Brewer, ante la presión de los Demócratas y de los grupos por los derechos civiles. “Desde mi entendimiento, estoy muy opuesto a obligar a nadie a violar su conciencia o sus creencias religiosas, y por supuesto, estoy muy opuesto a la discriminación. Como sociedad necesitamos pasar más tiempo aprendiendo a amarnos y tolerarnos unos a otros y pasar menos tiempo intentando ganar discusiones en las cortes de justicia”, ha señalado. En el resto de estados las leyes tampoco han pasado por el momento de los comités parlamentarios encargados de su estudio y no es seguro que puedan continuar su tramitación hasta votarse efectivamente en el pleno.

Foto: Oklahoma Pride, Michael Bohanan.

Fuente Ragap

General, Historia LGTBI Dakota del Sur, EE. UU., Georgia, Hawaii, Homosexualidad, IDAHO, Joshua McKoon, Kansas, Maine, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Oregón, Rick Scott, Tennessee