ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

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Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Derechos Humanos, Derechos LGTBI, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Europa, FELGTBI+, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Índice Arco iris, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Ley LGTBI, LGTBIfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Menores, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Personas trans, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transexualidad, Turquía, Ucrania

Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
• Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
• Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Europa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBIfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Menores, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Personas trans, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transexualidad, Turquía, Ucrania

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia que condena a Rumanía por negar el reconocimiento de la identidad de género de dos hombres trans. Las autoridades rumanas condicionaban la modificación registral del sexo legal a una operación de reasignación genital a la que ninguno de los dos deseaba someterse. Los jueces de Estrasburgo obligan al Estado rumano a indemnizar a los demandantes con más de 25.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho a la privacidad de la que fueron víctimas.

Los dos hombres, que se encontraban en tratamiento hormonal y se habían sometido a mastectomías, solicitaron el reconocimiento de su identidad masculina ante el Tribunal de Distrito de Bucarest en 2011 y 2013. La respuesta de la justiciar rumana fue la misma en los dos casos: para obtener la modificación registral del sexo legal en los documentos de identidad y la partida de nacimiento, se requiere acreditar que la persona interesada ha pasado por una operación de reasignación de sexo. Una intervención a la que ninguno de ellos se quería someter.

El primero de los demandantes decidió finalmente transigir con el requisito y en 2017 se sometió a dos operaciones genitales. En consecuencia, en 2018 recibió un documento de identidad y un certificado de nacimiento acordes con su identidad de género. Ese mismo año, el Gobierno rumano rechazó modificar esta política de modificación registral del sexo legal. El segundo, mientras tanto, se trasladó al Reino Unido, donde obtuvo un permiso de conducción con sexo masculino. La incongruencia entre los datos de sus documentos británicos con los rumanos, sin embargo, le conllevaba problemas.

Los afectados decidieron llevar el asunto ante la justicia europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló el pasado martes a su favor. Los jueces de Estrasburgo consideran que la política de las autoridades rumanas contradice el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Los tribunales rumanos presentaron a los demandantes «un dilema imposible» entre someterse a una operación que no deseaban o renunciar al reconocimiento de su identidad de género.

El alto tribunal califica el requisito quirúrgico como «un enfoque rígido» que provocó a los dos hombres en «una posición de angustia durante un periodo de tiempo continuado y excesivo». El fallo condena al Estado rumano a indemnizarlos con un total de 25.908 euros por daños y perjuicios y los costes incurridos en el proceso. La sentencia supone un alivio para la comunidad trans del país. Según la asociación Accept, menos de 50 personas trans han conseguido el reconocimiento de su identidad de género en Rumanía. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han salido en los últimos años otras sentencias muy importantes para el colectivo como las que condenaron a Macedonia por no disponer de un procedimiento de modificación de los datos registrales de las personas trans o a Francia por exigir su esterilización como requisito para reconocer su identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Accept, Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, Francia, LGTBIfobia, Macedonia, Personas trans, Reino Unido, Rumanía, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Aunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Europa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBIfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Menores, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Niñas trans, Niños trans, Noruega, Países Bajos, Personas trans, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transexualidad, Tribunal Constitucional, Turquía, Ucrania

Seis de cada diez personas LGTBI en Europa evitan ir de la mano con sus parejas en público. Dos de cada cinco han sufrido acoso durante el último año. Una de cada cinco personas trans e intersexuales ha sufrido ataques físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGTBI. Una de cada cinco se sintió discriminada en el trabajo y más de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. Por lo que se refiere a la situación económica, una de cada tres personas LGTBI tiene dificultades para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y trans (aproximadamente una de cada dos). Son algunos resultados de una encuesta promovida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa. Con 140.000 personas encuestadas, se trata de hecho del mayor sondeo jamás realizado sobre la materia en el continente.

Según el comunicado hecho público por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, cada vez más personas LGTBI se muestran abiertas sobre quiénes son, pero el miedo, la violencia y la discriminación siguen siendo elevados. «Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad», afirma el director de la Agencia, Michael O’Flaherty, con ocasión de la publicación de la encuesta. La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, asegura por su parte que pese a los avances de los últimos años «las personas LGBTI+ siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más preocupante, hemos presenciado recientemente en la Unión Europea incidentes anti-LGTBI+ tales como ataques en las manifestaciones del Orgullo, la adopción de declaraciones de ‘zona libre de ideología LGBTI‘, multas por publicidad proLGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben sentirse seguros y libres de ser como son».

Por lo que se refiere a los detalles de la encuesta, llevada a cabo entre mayo y julio de 2019 a 140.000 personas de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte, y resumidos en el informe A long way to go for LGBTI equality («Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI»), no parece haber una gran evolución respecto a la primera encuesta sobre la materia realizada por la misma institución en 2012 y dada a conocer el año siguiente. Algunos datos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral: el 21% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas en el trabajo por ser LGTBI durante el año anterior (el 19% en 2012). El colectivo con mayor discriminación es el de las personas trans, en el que de hecho se observa un destacado aumento (36% en 2019 frente al 22% en 2012). Y el 11% de las personas encuestadas habían sentido discriminación en su búsqueda de empleo en el año previo, frente al 13% de 2012. También el colectivo trans es, en este caso, el más discriminado (35% en 2020, un porcentaje no muy distinto al de 2012, un 33%).

Sensibles diferencias entre países

Sin embargo, los promedios ocultan grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, al ser preguntados por los esfuerzos de sus gobiernos contra la discriminación de las personas LGTBI, un 40% de los malteses encuestados creen que su gobierno sí se esfuerza de forma eficaz, frente a solo un 2% de los polacos. De hecho, el 83% de estos están convencidos de que su gobierno no se esfuerza en absoluto, frente a solo un 3% de los malteses. España ocupa una posición intermedia, aunque por las fechas en las que se realizó la encuesta, en pleno cambio político, es complicado extraer conclusiones a este respecto.

Por lo que se refiere al nivel de visibilidad de las personas LGTBI, España escala posiciones hasta situarse en sexto puesto, detrás de Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bélgica. Un 26% de los encuestados LGTBI españoles se visibiliza abiertamente (frente al 43% de los encuestados holandeses o al 45% de los daneses), un 27% lo hace relativamente, un 24% lo hace poco y un 23% casi nunca se visibiliza. Los países en los que las personas LGTBI se encuentran en mayor porcentaje en el armario son Rumanía, Bulgaria, Lituania, Serbia y Macedonia del Norte.

Un gesto concreto, pero muy revelador: atreverse a ir de la mano de tu pareja en público sin temor a ser objeto de agresión. Un 61% del total de las personas encuestadas lo evita, siempre o casi siempre. Hay, obviamente, diferencias entre países: los más reticentes son los polacos (83%) y los croatas (84%), pero incluso en los países en los que las cifras son más bajas el porcentaje es significativo. El 39% de los encuestados finlandeses y austriacos, por ejemplo, lo evitan siempre o casi siempre, pese a ser el de estos dos países, de hecho, el porcentaje más bajo sumando las dos categorías (le evitan siempre y lo evitan casi siempre). En el caso español, el 48% de las personas encuestadas lo evita siempre o casi siempre. Un porcentaje que por cierto es inferior al de los Países Bajos (57%) o Bélgica (75%).

Por lo que se refiere al acoso en sus diferentes variantes, un 38% de las personas encuestadas lo han sufrido en el último año (un porcentaje que asciende al 48% en el caso de las personas trans). Y en este caso las diferencias entre países del este y del oeste de Europa se difuminan: Letonia, Rumanía, Lituania, Reino Unido, Bélgica y Polonia encabezan la clasificación, que cierran Portugal, Chipre, Dinamarca y Malta.

Se trata, en definitiva, de una encuesta con multitud de datos, que os invitamos a explorar con detalle. Para ello, además del informe mencionado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un explorador de datos en línea que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo «L», «G», «B», «T» o «I» y al que puedes acceder aquí. Y aquí puedes acceder a fichas con los resultados en cada país, entre ellos los de España.

Partiendo de todos estos resultados, por cierto, la Agencia de los Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las personas LGBTI, en particular en las siguientes esferas (reproducimos literalmente):

Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean tratadas con igualdad.

Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación.

Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos de la vida.

Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad.

Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se convierta en una realidad.

Fuente dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Delitos de Odio, Dinamarca, Discriminación, encuestas, España, Finlandia, FRA, Helena Dalli, Homofobia, Letonia, LGTBIfobia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Michael O'Flaherty, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Suecia, Transfobia, Unión Europea

La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudadanos, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Evelyne Paradis, FELGTB, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Lidia Falcón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Partido Feminista, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, Uge Sangil, VOX

Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Macedonia por no disponer de un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los documentos oficiales se corresponda con su identidad de género. El fallo supone un espaldarazo a los derechos de las personas trans en aquellos países de Europa en los que estos no están todavía reconocidos.

El demandante, «X», es un hombre trans nacido en 1987. Ciudadano de Macedonia, vive en Skopje, la capital de la exrepública yugoslava. Desde muy temprana edad su identidad de género ha sido masculina, aunque no fue hasta 2010 cuando comenzó tratamiento hormonal en un centro especializado de Belgrado, en la vecina Serbia. En 2011 solicitó ante las autoridades de su país el cambio de nombre, que sí le fue concedido, pasando de tener un nombre claramente femenino a uno claramente masculino. Sin embargo, la mención al sexo en su documento de identidad permaneció invariable. El Ministerio de Justicia macedonio argumentó que no disponía de ninguna prueba de que X hubiera «cambiado de sexo». Se da la circunstancia de que X no se había sometido a cirugía de reasignación. X apeló la decisión, contraargumentando que en su país no existía ningún tipo de regulación sobre la materia y que exigirle una cirugía genital para ver reconocida legalmente su identidad masculina suponía obligarlo a un tratamiento al que él no quería someterse y que supone, de hecho, su esterilización forzada. El Ministerio de Justicia, sin embargo, rechazó la petición.

En 2013, X se sometió a una doble mastectomía, también en Belgrado, y X reactivó su demanda. De hecho consiguió un dictamen forense oficial que recomendaba que se procediese a la modificación de la mención al sexo, pese a lo cual el Ministerio de Justicia de Macedonia continuó negándose.

Ahora, tras examinar el caso y los diferentes informes presentados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la ausencia de reconocimiento legal de su identidad masculina sin necesidad de someterse a cirugía genital ha supuesto para X consecuencias negativas en su salud mental y en su vida, dictaminando que la ausencia de un procedimiento que se lo permita en Macedonia supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El alto tribunal condena a Macedonia a pagar una compensación económica de 9.000 euros al demandante.

Satisfacción de los colectivos LGTB

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia, «no solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008». Conviene recordar, en este punto, que Macedonia ocupa el puesto 41 de 49 en la última clasificación de ILGA Europa sobre los derechos LGTB  en el continente.

Precisamente, además de Subversive Front, ILGA Europa (organización paraguas que agrupa a cerca de 600 colectivos LGTB del continente) junto a Transgender Europe y Trans Network Balkan, se había personado también en el proceso como tercera parte.

General, Homofobia/ Transfobia. Belgrado, Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, ILGA, ILGA Europa, LGTBfobia, Macedonia, Personas transgénero, Serbia, Skopje, Subversive Front, Trans Network Balkan, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Visibilidad LGTBI

ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Antonio Cañizares, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Javier Raya, Jesús Tomillero, Joaquín María López de Andújar, José Ignacio Munilla, José Rico, Juan Antonio Reig Plà, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Víctor Gutiérrez, Visibilidad LGTBI

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, América Latina, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Botswana, Brasil, Burundi, Catar, Chile, China, Colombia, Congo, Consejo de Derechos Humanos, Corea del Sur, Costa de Marfil, Cuba, Discriminación, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Etiopía, Filipinas, Francia, Georgia, Ghana, Holanda, Homofobia, ILGA, ILGALAC, India, Indonesia, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Letonia, Macedonia, Maldivas, Marruecos, México, Mongolia, MOVILH, Naciones Unidas, Namibia, Nigeria, OTD Chile, Panamá, Paraguay, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, Togo, Transfobia, Uruguay, Venezuela, Vietnam

Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Jorge Fernández Díaz, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Los Chunguitos, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Pedro Zerolo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

Un interesantísimo trabajo de Dosmanzanas que nos permite ver lo que nos estamos jugando en estas elecciones…

El actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, finaliza su mandato en diciembre de 2016. Desde dosmanzanas queremos dar a conocer el perfil de los aspirantes y, sobre todo, analizar cuál es su trayectoria y su compromiso con los derechos de las personas LGTB. La importancia de este puesto diplomático para nuestra colectivo, siempre que exista un compromiso real, reside en la posibilidad de defender el respeto de los derechos humanos de aquellos que, como venimos informando a diario, son perseguidos en sus países por motivo de su orientación sexual o su identidad de género; un tema de absoluta urgencia internacional.

Cuatro mujeres y cinco hombres, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, participan hasta el momento en la carrera por la secretaría general de la ONU. Si bien es cierto que no existe ninguna restricción legal respecto al número de mandatos que un secretario general puede permanecer en el cargo, ninguno ha estado más de dos hasta la fecha (cada mandato tiene una duración de 5 años). Por primera vez en la historia, el debate para la elección no será únicamente a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según han justificado desde los órganos de Gobierno, se trata de una “apertura” que pretende dar más transparencia al proceso e implicar a la sociedad civil.

Con todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) siguen disponiendo de su derecho a veto. En la práctica, la ejecución de dicho derecho puede ser muy perjudicial para los candidatos más comprometidos con la igualdad. Muy especialmente teniendo en cuenta la LGTBfobia de estado de Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin.

El otro escollo puede ser China. Aunque el gigante asiático está inmerso en un lento proceso de aperturismo LGTB (impensable hace solo unos años), no hay que olvidar que las relaciones Rusia-China pasan por uno de sus mejores momentos. Sin duda, la Administración estadounidense de Barack Obama es la más progresista y la más comprometida con el colectivo LGTB en estos momentos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, los lazos entre el bloque occidental (encabezado por Estados Unidos) y Rusia se han ido deteriorando como consecuencia de una serie de desafortunadas posiciones políticas rusas.

En este contexto, nueve aspirantes optan hasta ahora a la secretaria general de la ONU, en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon (que lleva en el cargo desde el 1 de enero de 2007).

1) Vesna Pusić (Croacia)

Pusić, como recogía en 2013 dosmanzanas, se opuso al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en Croacia. En aquel momento ejercía como ministra de Asuntos Exteriores. Ahora, en su presentación informal como candidata a secretaria general de la ONU, ha defendido expresamente la necesidad de defender los derechos de la comunidad LGTB (como podéis ver en el vídeo de arriba). Aunque admite que en algunos escenarios esta reivindicación puede resultar “controvertida”, expresaba que del mismo modo puede serlo reclamar la igualdad de la mujer en otros casos y no por ello se debe dejar de hacer.

También en 2013, Pusić firmó con el ministro de Relaciones Exteriores montenegrino, Igor Lukšić (a la sazón, otro de los aspirantes a la secretaría general de la ONU) una declaración bilateral Croacia-Montenegro para proteger los derechos de la comunidad LGTB. “Estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación”, aseveraba Pusić.

Se le considera como una de las más abiertas defensoras de la comunidad LGTB entre todos los candidatos, en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Es presidenta honoraria del Partido Popular de Croacia-Liberales Demócratas. A pesar de la confusión que puede generar el nombre de la formación, en el ámbito europeo se adscribe a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (en el que se integran diputados del PNV, de Convergència Democràtica de Catalunya, de UPyD o de Ciudadanos, entre otros) y no al Partido Popular Europeo. Vesna Pusić es doctora en sociología, tiene 62 años y habla ingles y alemán, además de croata. Rusia podría oponerse a su nombramiento debido a su abierta posición favorable a los derechos LGTB.

La diplomacia de Arabia Saudí ha advertido a Pusić que tomarán medidas contra “cualquier intento de imposición de los valores sociales que no son aceptados internacionalmente, y que no son reconocidas en todo el sistema”. Una clara demostración de la LGTBfobia institucional reinante en esta región del planeta.

2) Igor Lukšić (Montenegro)

En 2011, siendo primer ministro de Montenegro, el socialista Igor Lukšić defendió el derecho del colectivo LGTB a celebrar por primera vez el Orgullo en este país balcánico (que apenas 5 años antes se había independizado de Serbia). “Tanto si tenemos una opinión personal como otra, tenemos que afrontar el hecho de que hay diferencias en la sociedad, que este tipo de temas forman parte del cuerpo de los derechos humanos. Dejemos a las personas marchar y mostraremos que somos una sociedad civilizada”, manifestaba entonces Lukšić (tenía 34 años).

Desgraciadamente, un ataque con gas lacrimógeno contra un concierto que tenía lugar en Podgorica (capital de Montenegro) con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia forzó a los organizadores a cancelar el Orgullo en 2011. Habría que esperar hasta 2013 para que pudiera materializarse el Orgullo LGTB. Eso sí, desafiando la violencia homófoba.

Además de primer ministro de Montenegro (de 2010 a 2012), fue anteriormente ministro de Finanzas (de 2004 a 2010), diputado del Parlamento de Montenegro (de 2001 a 2003) y diputado del Parlamento de Serbia y Montenegro de 2003 a 2006. Desde 2012, es viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. En su biografía destaca la publicación de tres libros de poesía. Asimismo, es profesor universitario de Economía y habla cinco idiomas (serbio, inglés, italiano, francés y alemán). A sus 39 años, es el candidato más joven a la secretaria general de la ONU.

3) António Guterres (Portugal)

Durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015, en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Dosmanzanas se hacía eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, el único aspirante de la Europa Occidental, ha dedicado más de 20 años al servicio público. Fue primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005). Fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido.

4) Irina Bokoba (Bulgaria)

Como directora general de la UNESCO, Irina Bokova lanzó en 2014 un potente mensaje contra el acoso escolar LGTBfóbico para “desarrollar y poner en práctica políticas de tolerancia y respeto a través de y en la educación”. Bokova explicaba que “la educación de calidad va más allá de la lectura, la escritura o el cálculo”, razón por la cual “es inseparable la transmisión de los valores de respeto a todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, sexo, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, y orientación sexual. Esta lucha es tanto más urgente hoy, cuando los países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBT. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, cuando uno derecho es violado, todos los demás se vuelven vulnerables”.

Irina Bokova participó en la redacción la Constitución de Bulgaria en su transición hacia la democracia, a principios de los 90. Además de diputada entre 2001 y 2005, Bokova ha desempeñado las funciones de vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, Defensa y Seguridad, ha sido miembro de la Comisión para la Integración Europea y vicepresidenta de la Comisión Conjunta Parlamentaria.

Algunos analistas la consideran prorrusa. Sin embargo, esta mujer de 63 años (cuya familia estuvo vinculada al comunismo búlgaro), aún contando con un hipotético apoyo de Rusia, ha dejado claro que denuncia y condena la discriminación al colectivo LGTB, especialmente a los segmentos más vulnerables. Su candidatura se encuentra entre las favoritas para ocupar la secretaría general de la ONU, aunque solo llegado el momento veremos si consigue los apoyos suficientes.

5) Helen Clark (Nueva Zelanda)

Se trata de la única aspirante que procede de un país no europeo; concretamente de Nueva Zelanda. Fue la primera mujer el dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, desde esta posición, ha denunciado la LGTBfobia de estado desarrollada por distintos países (aunque no de forma explícita, queda clara la alusión contra las legislación rusa).

En 2014, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, criticaba que “en el último año, se han promulgado leyes anti-LGBT perjudiciales con el pretexto de proteger a los niños y a las familias. Este tipo de leyes punitivas tienen el poder de fomentar la homofobia y la transfobia, y pueden tener efectos sumamente nocivos en la vida de los pueblos, destrozando la autoestima, aumentando la marginalización y obstaculizando el acceso a los servicios de salud, entre otros”.

Para Clark, “estas leyes otorgan a las personas LGBT la función de ‘chivos expiatorios’ y representan una distracción de los verdaderos desafíos sociales y de desarrollo que los países deben enfrentar. Las leyes anti-LGBT se basan en la conjetura errónea de que la homosexualidad representa un peligro para el tejido social de un país”.

No obstante, proseguía diciendo que “la evidencia demuestra todo lo contrario: en los países que han despenalizado la conducta sexual hacia el mismo sexo, no se ha observado ningún tipo de amenaza contra la institución del matrimonio ni el bienestar de los niños. De hecho, la despenalización ha sido un paso clave para que las personas LGBT, históricamente oprimidas, puedan prosperar y participar activamente, como miembros respetados de la sociedad”. Leer más…

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Una ONG macedonia ha colocado vallas publicitarias en las principales ciudades del país, que con el mensaje “Los homófobos también son personas”, pretenden que las personas homófobas superen sus propios prejuicios.

La ONG macedonia Sexual and Health Rights of Marginalized Communities ha iniciado una curiosa campaña con el fin de concienciar sobre la homofobia predominante en el país. Concretamente, han colocado vallas publicitarias en las principales ciudades del país con el mensaje “Los homófobos también son personas”. Según la Organización, la idea es caracterizar a los que se oponen a los derechos LGBT como personas «necesitadas de asistencia social» para superar sus propios prejuicios.

A lo largo de los últimos 10 años, el Gobierno en Macedonia ha promovido sentimientos homófobos como cortina de humo para evitar que salgan a la opinión pública sus fracasos políticos. Un ejemplo es el tema de la legalización del matrimonio igualitario en el país, tema sobre el que el Gobierno no ha parado de hacer declaraciones en las que se presenta como “defensor de la moral tradicional”. Por otro lado, cualquier delito de odio contra el colectivo LGTB es sistemáticamente impune. De los cientos de webs de noticias que publican en Macedonia, solo siete portales independientes informaron sobre la campaña, que se llevó a cabo en colaboración con la ONG croata Queer Zagreb. Por tanto, no sorprende que la mayor parte de los comentarios sobre la campaña en los medios sociales sean negativos.

El último informe de la UE sobre Macedonia señala la grave situación en que se encuentran los derechos humanos de la comunidad LGTB:

“Lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales siguen sufriendo discriminación y ataques homófobos por parte de la prensa tradicional y virtual. El sexto ataque violento se produjo durante la celebración del 2° aniversario del centro de apoyo a LGBTI, provocando dos heridos. A pesar de las exigencias de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional para que se persiga a los autores, hasta ahora, ninguno de los ataques ha sido investigado en profundidad. En agosto, el Parlamento rechazó una enmienda a la ley contra la discriminación, que habría prohibido cualquier forma directa o indirecta de discriminación por motivos de orientación o identidad sexual. Aún son necesarios esfuerzos considerables para concienciar sobre el respeto por la diversidad en la sociedad y para luchar contra la intolerancia. Para ello, son necesarias campañas públicas y de formación de las instituciones legales: cuerpos de seguridad, fiscales, jueces y trabajadores sanitarios”.

Un video publicado este año y que forma parte de la serie “Mejores pifias de 2015” describe un sondeo en el que se pregunta a gente de la calle qué harían su descubrieran que su vecino es un homo sapiens. Cumpliendo la teoría de que la homofobia va directamente relacionada con la ignorancia, los entrevistados confunden el término homo sapiens con homosexual y dan respuestas tan drásticas como “lo colgaría”, “lo mato o dejo que me mate” o incluso “si yo fuera presidente… puedes mudarte, puedes pegarle, puedes ponerle una demanda, puedes denunciarle a la policía. La policía se encargará de él. Ahora parece que esa gente no tiene miedo de la policía ni de los tribunales, los veo en televisión…”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Macedonia, Queer Zagreb, Sexual and Health Rights of Marginalized Communities

Un año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

• Reino Unido: 86 %
• Bélgica: 83 %
• Malta: 77 %
• Suecia : 72 %
• Croacia: 71 %
• Holanda: 69 %
• Noruega: 69 %
• España: 69 %
• Dinamarca: 68 %
• Portugal: 67 %
• Francia: 65 %
• Islandia: 63 %
• Finlandia: 62 %
• Alemania: 56 %
• Austria: 52 %
• Hungría: 50 %
• Montenegro: 46 %
• Luxemburgo: 43 %
• Albania: 42 %
• Irlanda: 40 %
• Grecia: 39 %
• Georgia: 36 %
• República Checa: 35 %
• Estonia: 34 %
• Eslovenia: 32 %
• Andorra : 31 %
• Bosnia-Herzegovina: 29 %
• Serbia: 29 %
• Eslovaquia: 29 %
• Rumania: 28 %
• Suiza: 28 %
• Bulgaria: 27 %
• Polonia: 26 %
• Italia: 22 %
• Liechtenstein: 19 %
• Lituania: 19 %
• Chipre: 18 %
• Kosovo: 18 %
• Letonia: 18 %
• Moldavia: 16 %
• Bielorrusia: 14 %
• San Marino: 14 %
• Macedonia: 13 %
• Turquía: 12 %
• Mónaco: 11 %
• Ucrania: 10 %
• Armenia: 9 %
• Rusia: 8 %
• Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Eslovenia ha aprobado este 3 de marzo la reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares, que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. La votación se ha saldado con una gruesa mayoría de 51 votos favorables frente a 28 en contra. Tan solo falta la promulgación por parte del presidente Borut Pahor para que Eslovenia se convierta en el 13º país europeo en permitir el matrimonio igualitario. También será el primer país perteneciente a la antigua Europa del Este, y el primero de mayoría eslava, en hacerlo.

La reforma de la Ley de Matrimonio ha sido una iniciativa del grupo parlamentario de Izquierda Unida, que presentó su propuesta ante el Parlamento el pasado mes de diciembre. El 10 de febrero de este 2015, el comité parlamentario correspondiente aprobó dicha propuesta por una mayoría de 11 votos a 2, con lo que podía proseguir su tramitación.

Según el ponente de Izquierda Unida, Matej T. Vatovec, “esta enmienda define el matrimonio como la unión de por vida de dos personas, independientemente de su sexo, lo que elimina la situación discriminatoria en vigor hasta ahora”. El proyecto de ley, asimismo, reforma los capítulos pertinentes para que las parejas del mismo sexo gocen de los mismos derechos que las heterosexuales, incluida la adopción.

Todas estas medidas han conseguido el respaldo del Parlamento, por una abrumadora mayoría de 51 votos contra 28. A favor han votado los diputados de Izquierda Unida, los del centrista Partido de Miro Cerar (el actual primer ministro), los Socialdemócratas y los liberales de la  Alianza de Alenka Bratušek. El Partido Democrático de los Pensionistas ha dejado libertad de voto a sus parlamentarios. En contra han votado los diputados del centroderechista Partido Democrático Esloveno y los del democristiano Nueva Eslovenia.

Estos dos últimos partidos ya han comunicado que se enfrentarán a este resultado por todos los medios a su alcance. Plantearán un recurso ante el Tribunal Constitucional e intentarán que se convoque un referéndum para derogar la reforma. Ambas acciones no parecen, sin embargo, que tengan visos de prosperar. El Tribunal Constitucional esloveno ya se ha posicionado a favor de los derechos LGTB en varias ocasiones, y la ley establece que un referéndum que intenta derogar una ley aprobada por el Parlamento necesita el respaldo del 20 % de los electores para ser convocado. Eso supone el apoyo de 340.000 eslovenos, muy por encima de los 280.000 que votaron en contra de la adopción homoparental en el referéndum de 2012.

Con esta reforma, Eslovenia marca distancias con otras repúblicas exyugoslavas, como Croacia, Serbia, Montenegro o Macedonia, cuyas constituciones prohíben o están en proceso de prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo.  Por el contrario, en cuanto la reforma sea promulgada, Eslovenia se convertirá en el decimotercer estado de Europa en aprobar el matrimonio igualitario tras Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (con la excepción de Irlanda del Norte) y Suecia. Según Matej T. Vatovec, “Eslovenia ha entrado hoy en el siglo XXI”, convirtiéndose en “una comunidad verdaderamente tolerante e inclusiva”.

Para conocer la evolución del matrimonio igualitario en Eslovenia, hay que echar la vista atrás hasta remontarnos al año 2010, cuando el entonces gobierno esloveno, que se había comprometido a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en el nuevo código de familia, se vio obligado a recular ante la reacción de los sectores católicos y de la derecha eslovena, que centraron su oposición especialmente en la cuestión de la adopción. En el mes de marzo de 2010 el Parlamento aprobaba la reforma que introducía el matrimonio igualitario en primera lectura, pero las presiones fueron tan fuertes que el Gobierno capituló y anunció en enero de 2011 que retiraba la medida.

Pese a ello, el Parlamento aprobó meses más tarde una versión modificada que al menos reconocía importantes mejoras en derechos a las parejas del mismo sexo (que en Eslovenia son reconocidas como parejas de hecho desde 2006). En lo que a la adopción se refiere, la nueva ley no permitía adoptar conjuntamente, pero sí que uno de los miembros de la pareja adoptara los hijos del otro. Pero ni siquiera estas modificaciones lograron apaciguar a los sectores católicos, que promovieron un referéndum vinculante, celebrado en 2012, en el que el código fue rechazado por un 55% de los votos. La participación ni siquiera llegó al 30%, y en la capital del país, Liubliana, el resultado fue favorable.

Eso no significó un parón en la evolución de los derechos LGTB en la más que sin duda es la más socialmente avanzada de las repúblicas exyugoslavas. En 2013, tras la celebración del referéndum, el Tribunal Constitucional de Eslovenia consideró inconstitucional la legislación eslovena en materia de herencia por discriminar a las parejas del mismo sexo. El fallo completaba una sentencia previa que ya consideraba inconstitucional la legislación eslovena de parejas de hecho por un motivo similar.

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En su audiencia general de este miércoles, el papa Francisco ha querido mostrar su apoyo a la iglesia eslovaca por su labor ante el referéndum LGTBfóbico que tendrá lugar este sábado 7 de febrero. Francisco valida así el trabajo denodado que los líderes católicos eslovacos han llevado a cabo, tanto para que la consulta popular fuera convocada como para propiciar un resultado desfavorable a los derechos LGTB. Una muestra más de que, fuera de puntuales gestos por parte de Francisco, la oposición a los derechos LGTB por parte de la jerarquía católica sigue siendo rotunda e inamovible.

Como informábamos el pasado mes de noviembre, Eslovaquia celebró un referéndum LGTBfóbico este sábado 7 de febrero, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la privación de derechos a las personas LGTB. El pebliscito se realizará a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia) y cuenta con el apoyo explícito de la iglesia católica eslovaca. Las tres preguntas que se formularán, después de obtener la aprobación del Tribunal Constitucional son: “¿Cree que el matrimonio debe considerarse exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer?”, “¿Cree que debe prohibirse que las parejas o grupos de personas del mismo sexo puedan adoptar hijos?” y “¿Cree que la escuela no debe poder obligar a los niños a asistir a clases de educación sexual o sobre eutanasia sin que sus padres estén de acuerdo con lo que se les va a enseñar?”.

En realidad, la respuesta a la primera pregunta no cambiará nada en el marco legislativo eslovaco, pues en junio del pasado 2014 se modificó la Constitución para que el matrimonio quedara definido como “el vínculo entre un hombre y una mujer”. Para los integrantes de la asociación LGTBfóbica, según declararon en su día, “el cambio de la Constitución no es suficiente” ya que “nos negamos a que Eslovaquia permita experimentos sociales con niños y familias”, en alusión a la adopción homoparental, y por ello iniciaron la recogida de firmas para la convocatoria del referéndum. Lamentablemente, con gran éxito, pues consiguieron 420.000 firmas de apoyo a la consulta discriminatoria, sobre una población de aproximadamente 5.425.000 habitantes.

A escasos días de la consulta, el papa Francisco quiso mostrar su apoyo a la postura de la iglesia católica eslovaca, aprovechando la audiencia general del pasado miércoles. En su alocución, les dirigió las siguientes palabras: “Saludo a los peregrinos de Eslovaquia y, por medio de ellos, quiero expresar mi agradecimiento a toda la iglesia eslovaca, animando a todos a continuar en sus esfuerzos en defensa de la familia, célula vital de la sociedad”.

Entre estos esfuerzos que han merecido el agradecimiento del papa se cuentan la participación de algunos miembros de su Conferencia Episcopal en un programa televiso, alentando el voto contrario a los derechos LGTB en el referéndum, o la publicación de una carta pastoral de idéntico propósito el pasado 1 de febrero. También han solicitado expresamente desde su página web fondos para la Alianza por las Familias.

Martin Macko, director ejecutivo de la organización LGTB Iniciatíva Inakosť, lamenta que “por primera vez en la historia moderna de Eslovaquia la iglesia católica esté tan involucrada en una campaña política”. Según Macko, el debate público LGTBfóbico fue iniciado por la iglesia católica en 2013, cuando convocó una marcha en contra del aborto y de los derechos LGTB, pues “antes había organizaciones y grupos contrarios a los derechos de las personas LGBT en Eslovaquia, pero eran marginales, como marginales eran esos temas en el debate público”·

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Eslovaquia forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario. A este grupo probablemente se unirá Macedonia, cuyo Parlamento votó en enero de 2015 una reforma constitucional en este sentido, que aún debe ser convalidada y promulgada.

Por otra parte, el Papa advierte a los obispos lituanos de la “influencia de ideologías” que pretenden “desestabilizar la familia”. Les pide que colaboren a la “construcción civil y cultural de la sociedad” y “Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas“

‘Han venido a Roma con su juventud, y también con su heroísmo. De hecho, entre ustedes hay algunos hermanos jóvenes, pero sobre todo prelados que han atravesado el triste período de la persecución. Gracias por su testimonio de Jesucristo y por su servicio al santo pueblo de Dios”, escribe el Santo Padre en el discurso que entregó el lunes a los obispos de la Conferencia Episcopal de Lituania al final de su quinquenal visita ‘‘ad Limina”.

‘Lituania siempre ha tenido pastores cercanos a su rebaño y solidarios con él -prosigue- A lo largo de la historia de la nación, han acompañado con entrega a su gente, no sólo en el camino de la fe y a la hora de afrontar las dificultades materiales, sino también en la construcción civil y cultural de la sociedad, que tiene su sustrato histórico y de identidad en la fuerza de Evangelio y el amor a la Santísima Madre de Dios. Ustedes son los herederos de esta historia, de este patrimonio de caridad pastoral, y lo demuestran con la energía de su acción, la comunión que los anima y la perseverancia en la consecución de las metas que les indica el Espíritu”.

”Queridos hermanos, conozco sus fatigas apostólicas. Si durante mucho tiempo la Iglesia en su país ha sido oprimida por regímenes fundados en ideologías contrarias a la dignidad y la libertad humana, ahora se enfrentan a otros peligros, como el secularismo y el relativismo. Para ello, junto a un incansable anuncio del Evangelio y los valores cristianos, no hay que olvidar un diálogo constructivo con todos, incluso con los que no pertenecen a la Iglesia o están lejos de la experiencia religiosa. Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas, estímulo para toda la sociedad en la búsqueda del bien común’‘.

Francisco no olvida el esfuerzo incesante y la atención que los obispos lituanos prestan a su clero y los invita a rezar para que Dios les conceda ”sacerdotes generosos y capaces de sacrificio y dedicación”. Y también ”laicos convencidos que sepan asumirse responsabilidades dentro de la comunidad eclesial y dar una valiosa contribución cristiana a la sociedad” a quienes los prelados deben animar a estar presentes, ”con la fuerza de una fe adulta , en la vida civil, cultural, política y social’‘.

El Papa toca después el tema de la familia sobre cuya belleza, valores y retos que enfrenta en nuestra época la Iglesia está reflexionando, y llama a los prelados a dar como pastores ”su contribución a esta gran obra de discernimiento’‘ y sobre todo a prestar gran atención a la pastoral familiar, ”de modo que los cónyuges sientan la cercanía de la comunidad cristiana y se sientan ayudados a “no conformarse a la mentalidad de este mundo, sino a renovarse continuamente en el espíritu del Evangelio.

”De hecho, su país -observa el Santo Padre- que ha entrado de lleno en la Unión Europea, está expuesto a la influencia de las ideologías que querrían introducir elementos de desestabilización de las familias, fruto de un malentendido sentido de la libertad personal. Las seculares tradiciones lituanas en este ámbito les ayudarán a responder, según la razón y la fe, a tales desafíos’‘.

Tras instar a los prelados lituanos a prestar una especial atención a las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y a no esperar que sean sus sacerdotes los primeros en buscarlos, sino a salir ellos a su encuentro, el Papa los exhorta a la solicitud por los pobres.

‘‘Incluso en Lituania, a pesar del desarrollo económico actual -concluye- hay muchos necesitados, desempleados, enfermos, abandonados. Estén cerca de ellos. Y no se olviden de aquellos. Especialmente entre los jóvenes, que por diversas razones abandonan el país y tratan de abrirse un camino nuevo en el extranjero. Su creciente número y sus necesidades requieren atención y cuidado pastoral por parte de la Conferencia Episcopal, para que puedan mantener la fe y las tradiciones religiosas de Lituania”.

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Ampliamos la noticia que ya publicamos:

El Parlamento de la República de Macedonia vota a favor de definir constitucionalmente el matrimonio como una “unión entre un hombre y una mujer”, con el objetivo de vetar el acceso a esta institución a las parejas del mismo sexo. Por si no fuera suficiente, la cámara plantea un escollo constitucional ante una posible ley de parejas de hecho. En la votación de septiembre de 2013, el Parlamento rechazó enmendar la Constitución para impedir los matrimonios homosexuales en un futuro. Entonces, los socialistas del SDSM, principal grupo de la oposición, se opuso a la iniciativa de los ultranacionalistas y conservadores de VMRO-DPMNE, pero no por convicción igualitaria sino porque “los ciudadanos tienen problemas mucho más graves”. Sin embargo, en esta ocasión solo se han sumado 4 votos contrarios frente a 72 homófobos.

La enmienda explicita que el “matrimonio será una unión de vida exclusivamente de una mujer y un hombre”. Asimismo, el segundo punto recoge que “las relaciones jurídicas en el matrimonio, la familia y las uniones civiles serán reguladas por una ley adoptada por un mayoría de dos tercios del número total de los miembros del Parlamento”. Aunque todavía se precisa la confirmación final parlamentaria y la aprobación presidencial, por el resultado de 72 votos homófobos frente a 4 se intuye que la ley será finalmente sancionada.

Cabe recordar que Macedonia es un país candidato a la adhesión en la Unión Europea y esta legislación, contraria a las líneas comunitarias, debería dificultar la integración comunitaria de esta república balcánica. De hecho, el Comité de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa en aspectos constitucionales) criticó, en un informe fechado en octubre de 2014, que la enmienda “no debería excluir a proporcionar a las parejas del mismo sexo el mismo nivel de reconocimiento legal, que ya proporciona a parejas de diferente sexo”.

Para el director adjunto de Amnistía Internacional en Europa, Gauri van Gulik, la votación homófoba en Macedonia va “a contracorriente europea”, ya que la Unión tiende a la adopción del matrimonio entre personas de mismo sexo y a la igualdad en materia de derechos. En este sentido, el veto constitucional se suma, según van Gulik, “a la discriminación, la violencia y la intolerancia por motivos de orientación sexual o identidad de género en Macedonia”. De igual manera se expresaba la europarlamentaria Tanja Fajon, quien declaró que “en lugar de la institucionalización de la discriminación contra las parejas del mismo sexo, yo llamo al gobierno a aumentar la protección, de conformidad con las normas europeas”.

Por su parte, la también europarlamentaria Sophie in ‘t Veld ha asegurado que “el gobierno de Macedonia debe darse cuenta que la diversidad es la fuente de la prosperidad y la estabilidad social, no un obstáculo para ello. A la inversa, la homofobia nunca ha creado un solo puesto de trabajo ni ha resuelto ningún otro problema. Macedonia haría mejor siguiendo la tendencia de un número creciente de países de Europa y América, donde las parejas del mismo sexo están legalmente reconocidas y protegidas”.

Creciente homofobia social e institucional

El proyecto homófobo de modificación constitucional viene en realidad gestándose desde 2011. La iglesia ortodoxa macedonia se posicionó entonces a favor de las tesis del VMRO-DPMNE. Petar, uno de sus jerarcas, llegó a asegurar que “si se permite el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, entonces habría que permitir también matrimonios con ovejas, vacas y otros animales”. Tras conseguir la reválida en las elecciones de abril de 2014 y mejorar sus resultados, el partido gobernante VMRO-DPMNE activaba de nuevo el procedimiento para aprobar una enmienda a la Constitución que blinde el matrimonio como una institución reservada solo a parejas del mismo sexo.

Entretanto, la presión homófoba en los ámbitos político y religioso se traduce en un incremento de los actos de violencia LGTBfóbica en las calles. Representantes del Comité de Helsinki denunciaban que el ataque homófobo contra activistas LGTB en un local de Macedonia era el sexto en dos años y exigieron “una condena pública del Primer Ministro y del Ministro del Interior con respecto a la violencia de odio homófobo contra las personas LGBT”. Sin embargo, el populista y ultranacionalista VMRO-DPMNE no parece demasiado interesado en los derechos de las personas LGTB, dada su proactiva actividad parlamentaria contra la igualdad de derechos del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Un portavoz del gobierno afirmó la importancia de los “valores tradicionales, familiares y religiosos del matrimonio”.

Casi al mismo tiempo que en Florida se celebraban los primeros matrimonios igualitarios, en otro lugar del mundo, se producía una votación para prohibirlo, lo que ya en julio adelantábamos al anunciar que El Parlamento de Macedonia inicia los trámites para plasmar en su Constitución la prohibición del matrimonio igualitario.

Ha sido en Macedonia, donde la Asamblea ha votado a favor de prohibir el matrimonio homosexual tras la propuesta nacida por parte del conservador gobierno de este estado. Las dos terceras partes de los políticos que han participado en esta votación, han decidido que el matrimonio sólo pueda definir a los enlaces entre un hombre y una mujer.

Ahora, el gobierno debe presentar el texto antes de 10 días ante el parlamento. Ya veis que aún hay muchos lugares donde se apuntan a la involución. Hablamos de un país en el que se tuvo que cancelar el orgullo del año 2013 por el aumento de las agresiones homofobas y para garantizar la seguridad de los asistentes y este mismo año, el pasado mes de octubre, un grupo homófobo atacaba la celebración de una organización LGTB en Skopje .

El Partido Democrático para la Unidad Nacional de Macedonia, coalición encabezada por el primer ministro Nikola Gruevski, y sus aliados dirigen una reforma constitucional que afectará a los derechos del colectivo LGTB. Los gobernantes macedonios han presentado una enmienda para prohibir a el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras su victoria en las elecciones celebradas el pasado abril, cuentan con los dos tercios de los escaños necesarios para llevar a cabo esta reforma constitucional.

En el año 2013 ya se presentó una propuesta de ley que pretendía definir el matrimonio como una unión exclusiva entre hombre y mujer. Esta ley no consiguió salir adelante al no contar con la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional, algo que según el Gobierno, ahora ha cambiado. A finales de junio del pasado 2014, el actual partido del Gobierno presentó de nuevo esta enmienda constitucional. El Parlamento acordó examinar la propuesta mientras que el Gobierno asegura de manera férrea contar con los votos exigidos.

Según un portavoz del gobierno conservador de Macedonia, dicha reforma constitucional es fundamental para proteger los “valores tradicionales, familiares y religiosos del matrimonio”.

La homosexualidad estuvo prohibida en Macedonia hasta el año 1996, momento en el que el país eliminó esta prohibición para pasar a ser miembro del Consejo de Europa. Sin embargo, las leyes macedonias no protegen los derechos y libertades del colectivo LGTB, que vive constantemente azotado por una oleada de violencia y crímenes debidos a la orientación sexual.

A esto hay que unirle la poca aceptación de la homosexualidad entre los miembros de la sociedad macedonia. Tal y como reveló una encuesta realizada en el año 2012 gracias al Centro de Derechos Civiles y Humanos, más del 80 % de los macedonios consideran la homosexualidad como “un trastorno psiquiátrico que pone en peligro a las familias”. Aproximadamente el 65 % respondió que “ser gay es un delito que justifica una pena de cárcel”.

El estudio también reveló el constante acoso al que son sometidos los miembros del colectivo LGTB por parte del Gobierno y de los medios de comunicación. “Los activistas que defienden los derechos de las personas LGBT reportan incidentes incluyendo el acoso y el uso de lenguaje despectivo, incluso en los medios de comunicación y del Gobierno. En noviembre, el Centro de Soporte LGBTI de la Comisión de Helsinki fue objeto de vandalismo y dos activistas fueron atacados mientras colgaban carteles para la marcha de la tolerancia” apuntaba el informe.

Fuente| PinkNews, vía AmbienteG y Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. Macedonia, Matrimonio igualitario, Prohibición

Imagen tomada durante la celebración del evento

Una veintena de jóvenes encapuchados boicotearon el evento y arremetieron contra los asistentes.

El pasado 23 de octubre tuvo lugar una celebración en honor del colectivo LGTB macedonio. El evento, que se desarrollaba en un café del Viejo Bazar de Skopje fue arruinado por un grupo homófobo. Veinte jóvenes encapuchados atacaron a los asistentes y destrozaron el establecimiento. En medio de este altercado, una chica resultó herida leve y fue trasladada inmediatamente a un centro de urgencias donde aún se recupera.

Uranija Pirovska, directora del Comité Helsinki para los Derechos Humanos en Macedonia, uno de los organizadores del evento declaró: “Los matones entraron en el café y comenzaron a tirarlo todo, botellas, cajas… Fue una estampida. Una chica resultó herida y fue trasladada a un centro de urgencias. Se encuentra bien, pero aún se está recuperando”.

La Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) ha sido uno de los pocos medios que han informado sobre el ataque perpetrado durante la celebración del segundo aniversario de apoyo a la comunidad LGBT. La embajadora saliente de Holanda en Macedonia, Marriët Schuurman habló abiertamente con BIRN sobre el uso de la violencia en Macedonia para “callar a la gente”, expresando una gran preocupación sobre la aceptación que estas prácticas han adquirido en el país. “Los ciudadanos ya no se sienten amparados por las autoridades que, aplicando la constitución, deberían proteger sus derechos, sobre todo estas minorías” afirma Schuurman, que asegura que Macedonia se enfrenta a un grave problema.

Fuente Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), Macedonia, Marriët Schuurman, Skopje, Uranija Pirovska