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Presentan una guía online para sensibilizar al cuerpo de bomberos sobre el VIH

Viernes, 2 de septiembre de 2016
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guia_bomberosLa guía pretende romper mitos y esclarecer que el VIH no es impedimento para ejercer como personal dentro del cuerpo de bomberos.

 ¿Una persona que vive con el VIH puede trabajar como bombero o bombera? ¿Existe riesgo de que pueda transmitir el virus o infectarse en el desempeño de sus funciones al salvar vidas? Éstas son algunas de las dudas que desea contestar la guía VIH y Bomberos, preguntas y respuestas que han editado de forma digital la Coordinadora Estatal de Bomberos de FSC-CCOO, la FELGTB, CESIDA y la Coordinadora Trabajando en Positivo con el fin de ofrecer información contrastada científicamente para favorecer el acceso de las personas con el VIH a puestos de carácter público como es el caso del cuerpo de bomberos.

La publicación, que está disponible vía online, es una iniciativa más de las que llevan realizando durante los últimos años estas organizaciones e instituciones para sensibilizar e informar sobre la importancia de erradicar el estigma y la discriminación relacionada con el VIH en puestos de trabajo de carácter público, especialmente en los casos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el ejército, el cuerpo de bomberos e instituciones penitenciarias, ya que el desconocimiento sobre los avances que ha habido respecto a la transmisión y al tratamiento del VIH y el estigma asociado a la enfermedad son un grave problema que afrontan las personas con el VIH para acceder a un puesto de trabajo.

Mª José Marín, de la FSC-CCOO comenta que la guía pretende aclarar las dudas que el personal bombero pueda tener sobre el VIH y el sida, sus vías de transmisión, los beneficios de realizarse la prueba de detección del VIH, la posibilidad de infectarse del VIH en el desarrollo de sus funciones o de seguir trabajando como tal en caso de vivir con el VIH y, finalmente, sobre cómo actuar en el caso de que, en el desempeño de sus funciones, considere que ha estado expuesto a una situación de riesgo.
A través de la guía, las organizaciones hacen hincapié en dos aspectos: el posible riesgo de contraer el VIH como consecuencia de sus actuaciones de primeros auxilios y rescates concretos y la capacidad de una persona con el VIH para desempeñar las funciones propias de esta profesión.

Sobre el primer aspecto, comenta Julio Gómez de la Coordinadora Trabajando en Positivo, la guía destaca que si se siguen las recomendaciones de seguridad universales ante cualquier persona accidentada, independientemente de si se conocen o no las enfermedades de ésta, no existe ningún riesgo de transmisión del VIH ni de hepatitis C u otra enfermedad transmisible.

Otra situación de riesgo que se aborda en la edición se refiere a los pinchazos accidentales con agujas abandonadas. En este caso, las organizaciones insisten en que el riesgo es muy bajo, salvo que se produzca inmediatamente después de que se haya producido el contacto con la sangre con VIH, ya que el virus sobrevive poco tiempo fuera del organismo. No obstante recomiendan el uso de guantes de látex o nitrilo debajo de los guantes de rescate, como forma de seguridad universal cuando se está en contacto con sangre.

No obstante, a pesar del escaso riesgo de adquirir el VIH en el desempeño de sus funciones, en el supuesto de que una bombera o bombero crea que ha sido expuesto a una situación de alto riesgo durante el desempeño de sus funciones, Juan Ramón Barrios de CESIDA recuerda que es importante solicitar el acceso a Profilaxis Post-Exposición (PPE), una estrategia de prevención en la que las personas que no tienen el VIH toman medicamentos antirretrovirales después de una situación de riesgo con el fin de evitar la infección.

Sobre el segundo aspecto, la capacidad de una persona con el VIH para desempeñar el trabajo como bombera o bombero, en la guía se hace hincapié en que vivir con el VIH no debe suponer ningún impedimento para acceder al cuerpo de bomberos o para continuar trabajando como tal. Concretamente, señala Loren González de la FELGTB que la infección por el VIH por sí sola no justifica la exclusión de esta ocupación y que, sólo en el caso de que la infección de paso a la enfermedad, pueden existir impedimentos psicofísicos para limitar a una persona con el VIH para que ejerza sus funciones.

Para las cuatro organizaciones que la han realizado, esta guía supone una nueva iniciativa en el marco de la relación de colaboración que llevan realizando desde hace años con el fin de acabar con las discriminaciones directas o indirectas que, sin ninguna justificación científica o legal, tienen las personas con el VIH para acceder a algunas ocupaciones.

Fuente Cáscara amarga

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El Gobierno justifica la discriminación de las personas con VIH en su acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad

Jueves, 29 de octubre de 2015
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noticias_file_foto_1025861_1445859581La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, las coordinadoras Trabajando en Positivo y CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) llevan meses solicitando una reunión con la Dirección General de la Función Pública para pedir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas de personas con VIH en las oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ya hay una respuesta: el Gobierno simplemente se niega a considerar una revisión de las exclusiones amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión, que según han expresado estas organizaciones no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente.

El pasado 29 de septiembre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO), las coordinadoras Trabajando en Positivo, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) solicitaron por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones. Las organizaciones ya se habían dirigido a la anterior directora general para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que vivir con el VIH no suponga ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos.

Si en las anteriores ocasiones no se había tenido respuesta por parte de Función Pública, en esta sí que han respondido y para sorpresa de las organizaciones lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española.

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones mencionadas han remitido cartas tanto a la Dirección General de la Función Pública como al Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, aunque oficialmente solo habían recibido respuesta desde Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil. Ahora por fin, y tras la llegada de un nuevo director general, Javier Pérez Medina, ha habido una respuesta por parte de Función Pública, pero esta no ha podido ser más decepcionante.

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de dicho departamento, “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

El texto añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

José Marín, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explica que “es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en octubre del año 2014”.

Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. “El estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”, añade.

Para Santiago Redondo, vocal de salud de FELGTB, la respuesta de la Dirección General de la Función Pública demuestra su desconocimiento “de los avances que ha habido respecto a la transmisión del VIH y continúa sobrevalorando el riesgo de transmisión del VIH y por lo tanto discriminando a las personas con VIH”.

Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.

Pese a la negativa, en un comunicado conjunto las citadas organizaciones han insistido  en su  compromiso “para continuar trabajando a la hora de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público” y acabar con una medida discriminatoria que no se ajusta a la evidencia científica disponible. Estas entidades vienen insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adaptar los reglamentos que dan cabida a este tipo de exclusiones para adecuarlos a lo establecido por la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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