No hay evidencia de que las niñas transgénero tengan una ventaja biológica significativa en los deportes.

Por Mira Lazine Lunes, 25 de noviembre de 2024

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, se unió a otros 23 estados para presentar un escrito amicus curiae en apoyo de la prohibición de las chicas transgénero en los deportes.

En concreto, el escrito pide a la Corte Suprema que revise y revoque una orden judicial que impuso la prohibición de Arizona a los atletas transgénero por parte del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de los Estados Unidos.

Marshall escribió el escrito junto con el fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, y con el apoyo de Alaska, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wyoming.

El tribunal instituyó la orden judicial en septiembre en una decisión de 3 a 0 en respuesta a la Ley de Arizona Save Women’s Sports Act, (Salvar los Deportes Femeninos), que promulgó una prohibición general de las chicas transgénero en los deportes femeninos, independientemente de cuánto tiempo hubieran estado en transición y si estaban tomando bloqueadores de la pubertad. Los demandantes en el caso eran dos chicas transgénero y sus padres que demandaban para revocar la ley.

La jueza Morgan Christen, que redactó la decisión, dijo que “[La ley] permite que todos los estudiantes, excepto las mujeres y niñas transgénero, jueguen en equipos que coincidan con sus identidades de género. Sólo las mujeres y niñas transgénero tienen prohibido hacerlo. Esta es la esencia de la discriminación”.

El escrito amicus curiae presenta varios argumentos a favor de prohibir a las niñas transgénero participar en deportes. Uno de ellos es que sería costoso y difícil para las escuelas implementar políticas que permitan a las niñas transgénero participar en equipos deportivos femeninos, un argumento que ignora la facilidad con la que muchas escuelas en todo el país han implementado políticas favorables a las personas transgénero.

El escrito también sostiene que el sexo no es equivalente a la identidad de género según la Cláusula de Igual Protección de la Constitución, una afirmación que ignora el precedente establecido del caso de la Corte Suprema Bostock v. Clayton County, que dictaminó que las personas transgénero están sujetas a protecciones basadas en el sexo debido a su modalidad de género.

Los fiscales generales luego presentan dos argumentos legales, afirmando que el Tribunal de Circuito tomó su decisión sobre bases erróneas y que otras lecturas de la ley pueden ser más plausibles. También sostienen que se requiere una revisión de base racional para determinar si la demanda de los demandantes es poco inclusiva. Esto significa que se realizaría una revisión adicional, informada por el derecho constitucional, para determinar si el argumento que se está presentando es internamente consistente con la protección igualitaria; si no, se desestimaría.

No está claro si estos argumentos se sostendrán en los tribunales. SCOTUS no ha dado ninguna indicación pública de si aceptará este caso. Ya ha aceptado el caso de Estados Unidos v. Skrmetti, que determinará si los estados pueden prohibir legalmente la atención de afirmación de género para menores.

No hay evidencia de que las niñas transgénero tengan una ventaja biológica significativa en los deportes. Más bien, la evidencia sugiere que la transición nivela el campo de juego.

Sin embargo, el sentimiento anti-trans continúa alimentando la lucha contra los derechos trans. “Nuestra coalición está decidida a preservar los 50 años de trabajo que ampliaron las oportunidades y nivelaron el campo de juego para las niñas y las mujeres en los deportes“, dijo el Procurador General Marshall en un comunicado de prensa.

“Pero la izquierda sigue complaciendo a una pequeña minoría de su base… Los padres de las hijas están indignados con razón por la pérdida de puestos en los equipos y becas universitarias. Como muestran nuestros múltiples escritos ante la Corte Suprema, es hora de volver a la equidad en las oportunidades para los deportes”.

Fuente LGBTQNation

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El concursante de “Survivor” trabajó para conseguir clases de Biblia en las escuelas públicas y para frenar los derechos LGBTQ+. Se enfrenta a hasta 40 años de prisión.

Por Greg Owen Domingo 29 de septiembre de 2024

Un conocido pastor de MAGA en Luisiana ha sido declarado culpable de tres delitos graves de abuso infantil y un cuarto de crueldad infantil en segundo grado.

John Raymond, fundador de Lakeside Christian Academy en la parroquia de St. Tammany, fue acusado de envolver con cinta adhesiva la boca y la cabeza de tres niños de 13 años como castigo por hablar en clase. Un profesor angustiado de la academia quitó la cinta de las cabezas de los niños con unas tijeras unos 45 minutos después de que Raymond los sometiera a la sádica disciplina en su oficina privada.

Raymond también fue condenado por colocar su mano sobre la boca de un estudiante de cuatro años hasta que el niño quedó inerte.

El jurado deliberó durante menos de una hora.

El pastor nacionalista cristiano, de 60 años, es un candidato del MAGA que fracasó dos veces para la legislatura de Luisiana, y se postuló con una plataforma que apoyaba a Donald Trump y defendía una legislación anti-LGBTQ+. Su academia cristiana prohíbe la homosexualidad.

También fue el primer concursante expulsado de la isla en una de las primeras temporadas del reality show Sobreviviente.

La policía arrestó a Raymond después de recibir una denuncia en marzo de 2022 del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Luisiana sobre “potencial abuso infantil” en la escuela de Lakeside, donde se enteraron del incidente de la cinta de embalaje. Las tres víctimas informaron que tenían problemas para respirar y “que el proceso de expulsión fue doloroso”, dijo la policía.

En una declaración después de su arresto, Raymond afirmó que les había ofrecido a los niños la opción de usar cinta transparente o llamar a sus padres y suspenderlos. “Ningún estudiante fue jamás tratado con crueldad ni dañado de ninguna manera”, añadió.

Dos meses después, Raymond fue arrestado por segunda vez por el cargo de crueldad infantil en segundo grado.

La policía dijo que Raymond sostuvo a un niño de cuatro años boca abajo por los tobillos, “azotándole las nalgas” y, en un incidente separado, le cubrió la boca y la nariz con la mano para detener una “rabieta”.

Los testigos informaron que el castigo impidió que el niño respirara “hasta el punto de quedar flácido”. Después, el niño “no podía ponerse de pie”.

Además de los cargos penales derivados de esos incidentes, cuatro padres demandaron a Raymond por el abuso. Esa demanda detalló otro episodio de crueldad infantil en la escuela seis años antes, cuando Raymond supuestamente agredió a otro niño y le causó “lesiones corporales graves” o “deterioro neurológico”.

Mientras esperaba el juicio, Raymond anunció su segunda candidatura fallida para representante del estado de Luisiana.

“Creo que es importante que las personas que creen en los principios cristianos conservadores ocupen puestos para crear leyes que dirijan nuestro estado adecuadamente”, dijo Raymond. “He pasado 23 años sirviendo a la parroquia de St. Tammany en la promoción de los valores cristianos conservadores y me siento obligado a postularme para convertir esos valores en ley”.

El abusador de niños condenado ha testificado en múltiples audiencias en la Cámara de Representantes apoyando proyectos de ley que exigen que las escuelas publiquen “In God We Trust” en las aulas, permiten oficialmente que se impartan cursos bíblicos históricos en las escuelas públicas y una legislación que revierta los derechos LGBTQ+.

Se enfrenta a hasta 40 años de prisión.

Fuente LGBTQNation

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El maestro dijo que su religión le prohíbe usar los nombres y pronombres correctos de los estudiantes transgénero.

Por Elsie Carson-Holt Miércoles 24 de julio de 2024

 Dieciocho fiscales generales estatales republicanos apoyan a un ex profesor de secundaria de Indiana que se negó a cumplir con las pautas para estudiantes trans de su distrito escolar y perdió su trabajo por ello.

La coalición republicana, que está codirigida por el fiscal general de Indiana Todd Rokita, presentó un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito, pidiendo a los jueces que dictaminen que se violó la libertad religiosa del profesor.

A John Kluge, un ex profesor de música en la escuela secundaria Brownsburg, le dijeron que debía usar el nombre y los pronombres correctos para los estudiantes trans y no binarios. Solicitó una adaptación religiosa, alegando que iba en contra de su religión como cristiano usar el nombre y los pronombres correctos de los estudiantes trans.

Kluge pidió que se le permitiera usar apellidos, no nombres de pila ni pronombres, para todos los estudiantes como una adaptación. Pero los estudiantes trans notaron que evitaba hablar con ellos por completo.

Según una presentación en el caso, un estudiante trans dijo que el comportamiento de Kluge lo hizo “sentirse alienado, molesto y deshumanizado. Me hizo temer ir a la clase de orquesta todos los días”.

Kluge renunció en 2018.

Aidyn Sucec, uno de los exalumnos de Kluge, habló en su contra después de la renuncia en 2018. “Comenzó a llamarnos por nuestros apellidos, era una de esas cosas en las que técnicamente estaba tratando a todos los estudiantes por igual, pero todos sabían por qué lo hacía”, dijo Sucec. “Todos sabíamos que era por los tres estudiantes trans”.

En 2023, un juez federal del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito determinó que las creencias religiosas de Kluge no podían utilizarse como excusa para no seguir la política del distrito.

Alliance Defending Freedom, un grupo de odio anti-LGBTQ+, ayudó a Kluge a presentar la demanda, y están tratando de que el tribunal de apelaciones vuelva a examinar el caso en vista de un fallo de la Corte Suprema de 2023 en otro caso.

“Brownsburg desperdició una oportunidad de mostrar a los estudiantes respeto por las personas con diferentes creencias y prácticas religiosas. En este caso, Kluge, un maestro de escuela pública, no podía referirse a los estudiantes transgénero por sus nombres de pila preferidos (no natales) de acuerdo con sus creencias religiosas”, afirmó el escrito amicus curiae. “Al dirigirse a todos los estudiantes por sus apellidos, este maestro trabajó concienzudamente para tratar a todos por igual y con respeto, al mismo tiempo que se mantenía fiel a sus propias convicciones religiosas”, dijo Rokita en un comunicado de prensa. “Pero ninguna concesión, salvo una rendición total, aplacará a las poderosas fuerzas dedicadas a garantizar que todos marchemos al unísono con la agenda de la transanidad”.

Sucec dijo que Kluge dijo que le preocupaban las altas tasas de suicidio de las personas trans. Sucec dijo que no entiende el problema y que la transfobia es lo que mata a las personas trans, no el hecho de ser trans. “Dijo que no quiere tolerar que los estudiantes sigan un camino en el que el 20 por ciento de las personas trans intenta suicidarse, pero no creo que reconozca que las personas como él y que hacer cosas como esta son la razón por la que el 20 por ciento de las personas trans intenta suicidarse”, dijo Sucec. “Sé que cree que está haciendo lo correcto, pero no está escuchando a las personas reales a las que esto afecta”. “La escuela será un entorno más cómodo” sin él, dijo Sucec.

El 81% de las personas adultas  trans  han considerado el suicidio, según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA.

La autora del estudio, Ian H. Meyer, dijo: “La falta de reconocimiento y aceptación social de las identidades de género más allá del binario de hombre o mujer cisgénero y el aumento de los ataques por motivos políticos contra las personas transgénero aumentan el estigma y los prejuicios y la exposición relacionada al estrés de las minorías, lo que contribuye a las altas tasas de consumo de sustancias y de suicidio que vemos entre las personas transgénero”.

El informe fue firmado por los fiscales generales de Indiana, Kansas, Virginia Occidental, Alabama, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Dakota del Sur.

Nota del editor: Este artículo menciona el suicidio. Si necesita hablar con alguien ahora, llame a la Trans Lifeline al 1-877-565-8860.. Está atendida por personas trans, para personas trans. El Proyecto Trevor ofrece un lugar seguro y libre de juicios para hablar para jóvenes LGBTQ al 1-866-488-7386.. También puede llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255.

Fuente LGTBIQ+

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Juez Danny Reeves

Un juez federal bloqueó temporalmente las enmiendas al Título IX, que habrían aumentado la protección para los estudiantes LGBTQ+, en seis estados más.

El lunes (17 de junio), el juez de distrito Danny Reeves concedió una orden judicial preliminar, bloqueando enmiendas en Kentucky, Indiana, Ohio, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

El fallo se produce pocos días después de una decisión similar del juez de distrito Terry Doughty, quien bloqueó la entrada en vigor de la expansión en Luisiana, Mississippi, Montana e Idaho.

El Título IX es una pieza histórica de la legislación de derechos civiles que protege a las personas de la discriminación basada en el sexo, en programas o actividades educativas que reciben asistencia financiera federal, y es mejor conocido por garantizar la igualdad de género en los deportes universitarios.

El presidente Joe Biden finalizó en abril nuevas normas antidiscriminatorias del Título IX, propuestas por primera vez en 2022, que tienen como objetivo proteger a las personas en las escuelas públicas de la discriminación y el acoso por motivos de sexo, proporcionando protecciones explícitas para los alumnos LGBTQ+ y prohibiendo expresamente la discriminación por orientación sexual. e identidad de género.

Juez Terry Doughty

Sin embargo, los republicanos no estaban contentos con las medidas, las describieron como “políticas destructivas que ponen a las mujeres en riesgo” y han tomado medidas para demandar a la administración Biden.

En su fallo, Reeves escribió: “Hay dos sexos: masculino y femenino. Hace más de 50 años, el Congreso reconoció que las niñas y las mujeres no recibían oportunidades educativas iguales a las que tenían sus homólogos masculinos.

“Intentó remediar esta desigualdad histórica mediante la aprobación de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972, comúnmente conocida como Título IX. Y durante más de 50 años, las instituciones educativas de todo el país corren el riesgo de perder fondos federales si no cumplen con los dictados del estatuto”.

Pero el poder ejecutivo del gobierno estadounidense ahora busca “alterar drásticamente el propósito y el significado del Título IX”, añadió.

“Seis estados, una asociación de educadores cristianos y una niña de 15 años se oponen. Como argumentan correctamente, la nueva norma contraviene el texto plano del Título IX al redefinir “sexo” para incluir la identidad de género, viola los derechos de la Primera Enmienda de los empleados gubernamentales y es el resultado de una elaboración de normas arbitraria y caprichosa.

“Si se permite que la nueva norma entre en vigor el 1 de agosto, todos los demandantes sufrirán un daño inmediato e irreparable.

“Debido a que es probable que los demandantes prevalezcan sobre los méritos de sus reclamos, y el interés público y las acciones favorecen enormemente su posición, se prohibirá la nueva regla y se suspenderá su aplicación”.

Fuente PinkNews

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Los fiscales dijeron que estaba motivado por una “repugnancia hacia los homosexuales”. Afirma que fueron las drogas.

Casi 50 años después de que un chico de 16 años, drogado durante semanas con heroína, aterrorizara a la comunidad gay en Nueva Orleans, matando al menos a tres hombres homosexuales después de acompañarlos a sus casas, se ganó una liberación anticipada.

Poco se sabe sobre la educación de Harris. Nacido en Nueva Orleans en 1961, presumiblemente fue criado por su madre y su abuelo materno, quien era un ministro bautista muy respetado en la ciudad. Desde temprana edad, Harris comenzó a cometer delitos menores como robos de carteras y robos, y fue encarcelado en 1974 por robo de automóviles. A pesar de sus antecedentes penales, no se lo consideraba un individuo violento y, después de abandonar el octavo grado, se mudó con un compañero de cuarto transexual a un departamento en el Barrio Francés.

Del 14 de febrero al 7 de abril de 1977, un total de cinco hombres fueron asesinados a puñaladas en el Barrio Francés de Nueva Orleans, todos dentro de un radio de 20 cuadras y cerca de clubes de striptease o salones de jazz. La mayoría de las víctimas compartían muchas similitudes: la mayoría de ellos eran hombres homosexuales de mediana edad que frecuentaban los establecimientos homosexuales del Barrio Francés; los cinco habían sido asesinados a puñaladas; cuatro de ellos fueron encontrados asesinados en sus propias residencias y tres aparentemente habían muerto poco después de tener relaciones sexuales. Debido al hecho de que se sabía que la mayoría de las víctimas eran homosexuales, esto causó pánico dentro de la comunidad gay de Nueva Orleans, que temía que estuvieran siendo atacados por un solo asesino.

El 13 de abril, Harris fue arrestado después de intentar robar y apuñalar a un marinero francés, tras lo cual fue internado inmediatamente en la cárcel del condado. Durante las entrevistas con los detectives, reveló que sentía una supuesta “repulsión” hacia los homosexuales y posteriormente confesó cuatro de los asesinatos ocurridos en los últimos dos meses. Debido a esto, posteriormente fue acusado de los asesinatos

Warren Harris Jr. fue declarado culpable en 1977 de tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes a puñaladas de Jack Savell, Alden Delano y Ernest Pommier y sentenciado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Fue absuelto del cargo de matar a un cuarto hombre gay, Robert Gary.

Mientras la policía peinaba la ciudad en busca de pistas sobre los asesinatos, los periódicos de todo el país informaban sin aliento sobre The French Quarter Stabber.

En abril de 1977, el Times-Picayune en Nueva Orleans describió los crímenes de Harris como motivados por una “repugnancia hacia los homosexuales”.

Los fiscales alegaron que Harris era un trabajador sexual que cometió los asesinatos después de tener relaciones sexuales con sus víctimas. La ola de asesinatos impulsada por las drogas le valió una rara advertencia a la comunidad gay por parte del superintendente de policía de Nueva Orleans.

En la apelación, Harris acusó a la policía de obligarlo a confesar; la Corte Suprema de Luisiana confirmó sus condenas.

Décadas más tarde, Harris obtuvo un indulto junto con cientos de otros “menores condenados a cadena perpetua” cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2012 que las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores son inconstitucionales para todos excepto para “los raros delincuentes juveniles cuyo delito refleja una corrupción irreparable”.

A partir de 2017, los “menores de cadena perpetua” en Luisiana podrían ser elegibles para la libertad condicional una vez que cumplieran 25 años, obtuvieran un GED y no tuvieran acciones disciplinarias importantes durante un año. En septiembre, Harris, libre de disciplina durante siete años, finalmente obtuvo su GED después de seis intentos.

En su audiencia de libertad condicional la semana pasada, Harris, que ahora tiene 63 años, atribuyó sus crímenes a la influencia de la heroína. “Necesitaba dinero para financiar ese medicamento, los medicamentos que estaba usando en ese momento. Me afilié a algunas de las víctimas y me pidieron que las acompañara a su casa, y en el momento en que entramos a la casa, robé y maté a esos hombres, y lo lamento, y lo siento mucho todos los días”. Dijo Harris.

Harris estuvo acompañado en la audiencia por su abogado, un representante de la organización sin fines de lucro Louisiana Parole Project, que planea ayudar a Harris con vivienda y servicios en el exterior, y su hermana, Brenda Palmer.

Palmer, llorando en una videollamada, dijo que ella y su hermano habían regresado al “fundamento sobre el que fuimos criados, y ese era el fundamento de Jesucristo”.

“Warren ha sido padre, tío de mis hijos, mis nietos y nos apoyamos el uno en el otro. Cuando voy de visita, no voy sólo a visitarlo. Voy porque lo necesito”, dijo. “Estoy aquí para estar aquí para él hasta el día en que Dios nos llame a todos a casa”.

Harris aseguró a la junta que los cursos sobre drogas en prisión lo han preparado para su liberación, y Kerry Myers, del Parole Project, testificó que la influencia de la heroína en Harris cuando era joven fue hace toda una vida.

“El señor Harris ya no es un niño adicto de 16 años”, dijo Myers. “Es un hombre de 64 años que ha cumplido 46 años por estos delitos. Tiene un sistema de apoyo”.

Aún así, la junta ordenó que Harris se sometiera a pruebas de detección de drogas dos veces al mes durante seis meses.

No estuvo presente ningún familiar de las víctimas de Harris.

Fuente LGBTQNation/Wikipedia

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Como viene siendo habitual desde comienzos de este siglo, la postura acerca de la enseñanza bíblica sobre la homosexualidad está causando cismas abiertos o soterrados en las diversas denominaciones cristianas entre los que interpretan la Biblia de forma fundamentalista y conservadora, que choca abiertamente con una exégesis más cercana a las fuentes y, sobre todo, más evangélica. El turno le ha tocado ahora a los metodistas de Luisiana, en EE.UU.

La Iglesia Metodista Unida, uno de los pilares del panorama religioso estadounidense, ha cortado los lazos con 58 iglesias de su conferencia de Luisiana en medio de un cisma nacional dentro de la denominación protestante.

Las desafiliaciones, aprobadas en una sesión virtual de la conferencia el sábado 12 de noviembre, fueron las últimas de una serie de decisiones que muchas iglesias de Luisiana han tomado en las últimas semanas para abandonar la congregación nacional. Las tensiones internas sobre las doctrinas sobre la sexualidad y otras cuestiones teológicas han agitado la iglesia.

Los delegados de la congregación votaron 487-35 a favor del cisma. Las desafiliaciones requerían el apoyo de dos tercios de los delegados.

Seis iglesias que abandonan la conferencia son de la zona de Nueva Orleans. Otras siete iglesias son del área de Baton Rouge. Timothy, que con 6.000 miembros es una de las mayores congregaciones metodistas de Luisiana, votó a favor de la desafiliación el 1 de noviembre, según informó The Advocate.

La Iglesia Metodista Unida es la última de las principales denominaciones protestantes de Estados Unidos que ha comenzado a fracturarse en medio de debates sobre sexualidad y teología. Los puntos álgidos son la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la ordenación de clérigos abiertamente LGBTQ, aunque muchos consideran que son síntomas de diferencias más profundas en materia de justicia, teología y autoridad bíblica.

La denominación ha mantenido repetidamente estas prohibiciones en las Conferencias Generales legislativas, pero algunas iglesias y clérigos estadounidenses las han desafiado. Esta primavera, el ala conservadora de la Iglesia lanzó una nueva Iglesia Metodista Global, en la que están decididos a mantener y hacer cumplir dichas prohibiciones.

Una propuesta para dividir amistosamente la denominación y sus bienes, presentada a principios de 2020, ha perdido su otrora amplio apoyo, tras años de retrasos relacionados con la pandemia, en la Conferencia General legislativa, cuyo voto era necesario para ratificarla. Ahora la ruptura y las negociaciones se están llevando a cabo de forma fragmentaria, por conferencias regionales.

En las reuniones regionales anuales celebradas en todo Estados Unidos a principios de este año, los metodistas unidos aprobaron las solicitudes de unas 300 congregaciones para abandonar la denominación, según el Servicio de Noticias Metodista Unido. Se espera que en las reuniones especiales de la segunda mitad del año se voten hasta 1.000 más, según el grupo conservador Wesleyan Covenant Association.

Los que se van son todavía una fracción de las 30.000 congregaciones estimadas sólo en Estados Unidos, con casi 13.000 más en el extranjero, según las estadísticas recientes de la UMC.

Las desafiliaciones de Luisiana entrarán en vigor después del 31 de diciembre, dijeron los funcionarios de la iglesia. La conferencia de Luisiana también tendrá un nuevo obispo en el nuevo año, Delores Williamston. Es la primera mujer obispo negra de la conferencia.

Fuente Agencias

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Ambos quedaron por Grindr. El acusado supuestamente estranguló al joven de 18 años y cortó las muñecas del adolescente casi hasta el hueso.

por Alex Cooper
25 de febrero de 2022 11:20 a. m. EST

El juicio federal por delitos de odio de un hombre de Luisiana sospechoso de intentar matar y desmembrar a un hombre gay que conoció a través de Grindr se retrasó.

El juicio de Chase Seneca estaba programado para el 14 de marzo, según Associated Press. El jueves, el juez de distrito de los Estados Unidos, Robert Summerhays, accedió a la solicitud de la defensa de posponerlo.

La agencia de noticias informa que los abogados están tratando de llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Seneca está acusado de estrangular y cortar a Holden White en junio de 2020. Las lesiones incluyeron pinchazos en el cuello y cortes en las muñecas que casi llegan al hueso.

Séneca, que tenía 19 años en el momento del ataque, se declaró inocente de los cargos estatales y federales.

Los dos hombres se conocieron a través de Grindr y desarrollaron una relación en línea, según las autoridades. Séneca llevó a White a su casa en Lafayette, Luisiana, donde tenía la intención de matarlo y desmembrarlo.

Durante el ataque, White, que solo tenía 18 años en ese momento, fue asfixiado antes de que le cortaran las muñecas y el cuello y lo dejaran sangrando en una bañera. El año pasado, le dijo a The Advocate, un periódico de Luisiana no afiliado a la publicación LGBTQ+, que recordaba a Séneca tirando de un cordón al principio de la cita y estrangulándolo hasta que se desmayó.

Holden White

“Cuando me despierto, estoy desnudo en su bañera. El agua corre y está fría”, dijo White. “Él está en el proceso de hacerme la muñeca izquierda. de mis manos”.

Después de cortar las muñecas y el cuello de White, Séneca dejó a White tirado en la bañera sangrando mientras estaba de pie junto a él, según la víctima y las autoridades.

“Estaba acostado en la bañera, desnudo, sangrando, el agua roja y fría, y recuerdo haber pensado, ‘Bueno, esto es todo’”, compartió White con el periódico. “Las últimas palabras que me dije a mí mismo fueron simplemente ‘mantén la calma’, una y otra vez en mi cabeza me repetía a mí mismo para mantener la calma”.

Después del ataque, los documentos judiciales afirman que Séneca llamó a la policía “en un esfuerzo que él mismo describe para ser internado en una institución mental”.

Séneca enfrenta cargos que incluyen secuestro y “crimen de odio con intención de matar”.

Fuente Advocate

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El estado de Arizona ha derogado una ley que desde 1991 prohibía presentar de forma positiva la homosexualidad en las escuelas. La presentación de una demanda judicial ha acelerado la derogación de la ley, una decisión que en este caso ha sido compartida por legisladores demócratas y republicanos (aunque varios de estos últimos se han opuesto) y por el gobernador del estado, el republicano Doug Ducey. Todavía quedan otros seis estados en Estados Unidos con legislaciones similares.

La norma fue aprobada en 1991, y tenía como objeto regular la forma en la que las escuelas daban formación a sus alumnos sobre el VIH/sida. Era una época en la que la pandemia se cobraba miles de vidas y las administraciones públicas estadounidenses comenzaban a introducir formación en las escuelas para combatirla. Sin embargo, el temor a que una mayor educación sexual se tradujera en una mayor información sobre las relaciones homosexuales llevó a que diversos estados implementaran limitaciones como la ahora derogada. La ley de Arizona, en concreto, prohibía de forma expresa «promover un estilo de vida homosexual», «presentar la homosexualidad como un estilo de vida alternativo positivo» y «sugerir que algunas prácticas sexuales son prácticas seguras de sexo homosexual».

Los legisladores republicanos de Arizona, un estado tradicionalmente «rojo» (proclive a votar republicano), se habían resistido durante años a derogar la norma, denunciada por el activismo LGTB estadounidense junto a otras similares de Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas. La presentación, el pasado 28 de marzo, de una demanda por la organización Equality Arizona ante una corte federal en representación de dos estudiantes LGTB, uno de primaria y otro de secundaria, alegando que la norma violaba la protección igualitaria de sus derechos que garantiza la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ha precipitado sin embargo los acontecimientos. La demanda contaba, por una parte, con el apoyo de la superintendente de Educación de Arizona, un cargo de elección directa que en estos momentos ocupa la demócrata Kathy Hoffman, y que paradójicamente era una de las demandadas. Por otra parte, el fiscal general del estado, Mark Brnovich, decidía, pese a su filiación republicana, que no defendería la ley ante la justicia federal.

Una situación comprometida que vaticinaba una derrota judicial, y ante la que la legislatura de Arizona, en cuyas dos cámaras los republicanos tienen ligera mayoría, decidía mover ficha derogando la ley. Primero lo aprobó la Cámara de Representantes, el pasado miércoles, por 55 votos contra 5. Un día, el pasado jueves, lo hacía el Senado, por 19 a 10. Ese mismo día el gobernador Doug Ducey estampaba su firma sobre la reforma.

La decisión ha sido ampliamente saludada por los grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB, que esperan que pueda servir para mejorar tanto la formación que los escolares reciben sobre VIH/sida como, de forma más general, la vida de los menores LGTB, que se veían privados de una representación positiva de la realidad homosexual. La batalla sigue viva, no obstante, en otros seis estados del sur que todavía mantienen legislaciones similares, los ya mencionados Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

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El senador republicano Phil Jensen, quien está patrocinando la iniciativa,

El estado sería el primero de la nación en bloquear la enseñanza sobre la identidad o la expresión de género. 

Los legisladores de Dakota del Sur analizarán prohibir a sus escuelas públicas, primarias e intermedias, que enseñen sobre la identidad de género, un plan que según sus críticos apunta contra los estudiantes transgénero de la misma manera en la que algunos estados están limitando la representación positiva de la homosexualidad en las aulas.

El estado sería el primero de la nación en bloquear la enseñanza sobre la identidad o la expresión de género, deploró Nathan Smith, director de políticas públicas del grupo nacional GLSEN, que se enfoca en que haya escuelas seguras para los estudiantes LGBTQ.

Esa organización contó recientemente siete estados en los que hay restricciones a la descripción positiva de la homosexualidad en las clases de salud. Esos estados son Alabama, Arizona, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

“Tal vez sean un poco diferentes en la forma en que están hechas y tal vez un poco diferentes en la forma y en el tipo de población a las que apuntan, pero las preocupaciones subyacentes son las mismas para nosotros”, dijo Smith. “Creemos que es malo para los estudiantes LGBTQ de Dakota del Sur”.

Los estudiantes LGBTQ (siglas que designan a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y aquellas que aún se cuestionan su identidad sexua) en estados con tales leyes son más propensos a enfrentar asalto y acoso en la escuela, y a obtener menos apoyo de los maestros y administradores, según un informe de investigación de GLSEN.

La portavoz del Departamento de Educación, Mary Stadick Smith, dijo en un correo electrónico que no está al tanto de que las escuelas estén enseñando sobre la identidad de género.

El senador republicano Phil Jensen, quien está patrocinando la iniciativa, alegó que hay electores a los que les preocupa que el asunto pueda convertirse en un problema en las escuelas.

Jensen dijo que le preocupa que se estén enseñando a los niños temas que no son apropiados para su edad, pues los estudiantes no dominan lo básico aún. “Creo que debemos centrarnos en la lectura, la escritura y la aritmética”, explicó Jensen.

Fuente Cáscara Amarga

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El rapero Boosie BadAzz matiza unas declaraciones homofóbicas que publicó en su cuenta de Instagram, alegando que no iba contra la comunidad LGTB, sino contra los medios de comunicación.

Nacido en Luisiana, Boosie BadAzz publicó unos comentarios poco afortunados sobre la comunidad LGTB, la cultura contemporánea y la influencia de la televisión en su cuenta de Instagram, que posteriormente fueron eliminados. En una entrevista, publicada el 30 de junio, DJ Vlad le pide que explique su punto de vista sobre el tema por sus opiniones acerca del tema y ahora dice que no tiene nada en contra del colectivo LGTB, sino contra los medios de comunicación que son los que promueven la agenda gay por dinero y perjudican a los adolescentes.

«Están haciendo que todo el mundo sea jodidamente gay. Eso es lo que creo. Lo están imponiendo en nuestra cultura, lo están imponiendo en todas partes (…). El rollo gay está en todas partes, y creo que lo están haciendo por un beneficio económico. No lo están haciendo por los gays (…). No era así cuando yo crecí. Las Tortugas Ninja no se besaban. No había dos hombres besándose en Los Picapiedra. Los Supersónicos no se besaban (…). Digo que en 10 años, vas a tener cerca de la mitad de la maldita población gay por culpa de lo que ponen en la televisión», aclara el rapero

Con 33 años de edad, el rapero de Luisiana ha pasado 5 años en prisión, desde 2009 hasta 2014, por asesinato y conspiración, lo que sostiene es que la sociedad ha cambiado mucho mientras él ha estado entre rejas. Desde que ha salido de la cárcel ha visto cada vez más personajes gays en la televisión, particularmente en los dibujos animados. Padre de 7 niños, cuando DJ Vlad le pregunta cómo reaccionaría si algunos de ellos fuera gay, primero responde que trataría de sacarle el gay que lleva dentro, pero después recula y admite que querría a su hijo aunque fuera gay. «Si no puedo evitar que sea gay, no voy a prohibir a mi hijo que esté en mi vida (…). Tan sólo tendría que encontrar una loca manera de tratar con ello».

Nacido Torrence Hatch, asumió el nombre artístico de Lil Boosie antes de ser condenado a 8 años de prisión por cargos de drogas. Tras su puesta en libertad se cambió el nombre a Boosie BadAzz. Ha producido varios álbumes de éxito tanto de manera independiente como con la colaboración de otros artistas de hip-hop. Sus comentarios ponen de manifiesto la homofobia en torno al hip-hop, todavía hoy en día. Un género musical que tiende a ser ultra masculino, llegando algunos artistas a sobre pasar algunos límites con el objetivo de no ser etiquetados como homosexuales.

GLAAD confeccionó un estudio sobre los personajes homosexuales y heterosexuales en la televisión durante la temporada 2015-2016, estimando que sólo 35 de 881 personajes pertenecían de alguna manera a la comunidad LGTB.

Fuente Universogay

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Texas encabeza la demanda contra el presidente de EE UU. después de que la administración Obama emitiera una directiva mediante la que se autoriza a alumnos transexuales a usar los baños y vestuarios del sexo con el que se sientan identificados en sus respectivos colegios.

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Dos adolescentes estadounidenses han sido víctimas del fanatismo e intolerancia de la vicedirectora de su instituto, que les negó irregularmente la posibilidad de acudir como pareja al baile de promoción. La denuncia del atropello que la madre de uno de los estudiantes efectuó a los medios de comunicación bastó para que se iniciara una investigación al respecto, y la pareja de adolescentes finalmente podrá acudir a la celebración escolar, como cualquiera de sus compañeros.

Raymond Tullier y su novio Nicholas Newport, dos adolescentes que cursan estudios en el instituto French Settlemen de Luisiana, decidieron comprar sus entradas para el baile de promoción, al que acudirían como la pareja que eran, tal como hacía el resto de sus compañeros.

Pero cuando Raymond intentó efectuar la compra, la vicedirectora el instituto, Lindy Gill, se negó a facilitarle las entradas, pues, según ella, las normas del instituto impedían la presencia en el baile de promoción de parejas del mismo sexo. En realidad, ningún artículo del manual oficial del instituto French Settlemen dice nada al respecto, por lo que el argumento de la vicedirectora, devota baptista y miembro del club “He encontrado a Jesús”, era una completa falacia.

Raymond decidió contar lo sucedido a su madre, Tamblie Babin , que siempre le ha ofrecido su apoyo en los problemas relacionados con su orientación sexual, y le envió un mensaje de texto con su teléfono móvil. La señora Babin se puso en contacto de inmediato con la vicedirectora Gill, inquiriéndola por su negativa a facilitar el acceso a su hijo y su novio al baile de promoción. La respuesta que obtuvo fue la misma falsedad: las normas del instituto lo impedían.

Temiendo sin duda que la madre del adolescente elevara alguna protesta y se descubriera el engaño, la vicedirectora Gill decidió perpetrar una última artimaña: sancionar a Raymond por haber utilizado el teléfono móvil en horario escolar. Porque lo que sí que dictan las normas del instituto es que un estudiante sancionado no puede acudir al baile de promoción, con lo que así se impedía, de manera torticera, que la pareja de adolescentes pudiera disfrutar de la celebración en ningún caso.

El centro escolar, al que acuden unos 400 estudiantes, está situado en la pequeña localidad de Livingston Parish, cercana a Baton Rouge. Tamblie Ballin decidió dar a conocer el caso de su hijo a la emisora de televisión local de Baton Rouge WBRZ-TV, quienes se pusieron en contacto con el inspector escolar de Livingston Parish, John Watson. Este se mostró sorprendido por los hechos y prometió iniciar una investigación, asegurando que no toleraría ningún tipo de discriminación en su distrito. Aquí podéis ver el vídeo de la noticia efectuado por WBRZ-TV:

Finalmente, Raymond y Nicholas han sido informados de que pueden adquirir sus entradas para el baile de promoción, que se celebrará este fin de semana, y para el que ambos ya se habían comprado trajes de etiqueta a juego. Lo que aún no se sabe es si la vicedirectora será sancionada.

Lambda Legal, equipo jurídico de los más importantes casos de defensa de los derechos LGTB en los Estados Unidos, ha aprovechado la difusión de esta noticia para informar de que los tribunales federales han establecido, de manera repetida, que negar el acceso a los bailes de promoción u otro tipo de festividades a las parejas del mismo sexo viola su derecho a la libertad de expresión y asociación amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También han ofrecido una serie de consejos a los adolescentes y jóvenes que se enfrenten a este tipo de discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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Esta es la cara de la homofobia, se llama Rick Jones y es un político republicano del Senado de Michigan que fue sheriff del condado de Eaton. También es el promotor del proyecto de ley SB 219. Se trata de un paquete de leyes sobre protección animal que penalizará a aquellas personas que abusan de las mascotas que adoptan. Ante esta norma que supuestamente pretende proteger a los animales se esconde una encubierta inconstitucionalidad del sexo anal. Una de las cláusulas de la normativa, aprobada en el Senado de Michigan este pasado viernes, castigará con hasta 15 años de prisión los delitos sexuales anales y orales en este estado norteamericano.

El Senado del estado de Michigan ha validado la reforma de una ley que incluye penas de prisión de hasta 15 años para el delito de sodomía, a pesar de ser inaplicable tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que declaró este tipo de leyes inconstitucionales. Aunque en realidad la reforma iba encaminada a endurecer las penas por abuso contra los animales, el ponente no ha querido eliminar la sección del texto legal que hace referencia a la penalización de la sodomía, por temor a que su proyecto fuera rechazado.

El senador estatal de Michigan Rick Jones presentó ante la cámara alta un proyecto de ley para reformar las secciones del Código Penal del estado que hacen referencia al abuso y la explotación de los animales, con el fin de endurecerlas. La reforma lleva el nombre de “Ley Logan”, en memoria de un husky siberiano que había sido sacrificado brutalmente vertiéndole ácido. La citada cláusula tiene por objeto modificar el código penal sobre “bestialismo y la sodomía”, dos prácticas que llega a equiparar la nueva normativa de Michigan. “Una persona que comete el delito abominable y detestable contra la naturaleza de la humanidad o contra cualquier animal es culpable de un delito castigado con pena de prisión de 15 años”, afirma el texto. Pero si el acusado ya es un delincuente sexual o ha cometido violaciones pueden llegar a ser punibles con la pena de muerte.

Entre los delitos penados en las secciones del Código Penal dedicadas a penalizar el abuso contra los animales está el de bestialismo, recogido en la sección 158. Pero el texto legal equipara las relaciones “contra el orden de la naturaleza” llevadas a cabo con un animal y las que se realicen con otra persona. Esta es la reforma de la sección 158 propuesta y aprobada por el Senado de Michigan (tachado el texto anterior a la reforma y en mayúsculas el posterior y definitivo):

158. Cualquier UNA persona que cometiera COMETA el abominable y detestable crimen contra la naturaleza, ya sea con un ser humano o con un animal, podrá ser SERÁ culpable de un delito grave, que se castigará con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, de no más de 15 años, o si dicha persona EL ACUSADO FUERA UN DELINCUENTE SEXUAL en el momento de dicha LA infracción, podrá ser SERÁ un delito castigado con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, por un período indeterminado, cuyo mínimo será de 1 día y su máximo la cadena perpetua.

Es decir, en el mismo párrafo, totalmente equiparados, se penalizan el bestialismo y las relaciones consensuadas entre personas adultas que incluyan sexo oral o sexo anal, tal como la jurisprudencia ha interpretado el “crimen contra la naturaleza con un ser humano”. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó en 2003 que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados eran inconstitucionales, por lo que no pueden ser aplicadas.

La polémica normativa suscitó las quejas de algunos senadores pero Jones argumentó que la eliminación de la cita que prohíbe la sodomía pondría en peligro todo el proyecto de ley. Por ello, se preguntó al senador estatal Rick Jones por qué no había tachado también del párrafo el inciso “ya sea con un ser humano” y dejar tan solo la referencia al bestialismo como delito punible, de tal forma que el Código Penal se adaptara definitivamente a lo establecido por el Tribunal Supremo y la Constitución de los Estados Unidos.

La respuesta del senador evidencia la LGTBfobia profunda que sigue existiendo en muchos de los representantes políticos de los Estados Unidos: “En el momento en que cruzase esa línea y empezara a hablar de esas cosas, ni siquiera me iban a escuchar. Nadie quiere tocar eso. He preferido no plantear siquiera ese asunto, porque sé lo que pasaría. Tendríamos a dos lados enfrentados gritando y terminará con una gran pelea que no es necesaria, porque eso es inconstitucional”.

El senador estatal Jones estaría a favor de una reforma para eliminar del Código Penal todos los artículos que estén en conflicto con sentencias del Tribunal Supremo y sean, por lo tanto, inconstitucionales, pero no de centrarse específicamente en la referencia a la sodomía, pues “si nos centramos en eso, la gente se sube por las paredes”. Otra cosa sería, en su opinión, “si se presentara un proyecto de ley para que todo lo declarado inconstitucional sea eliminado de los textos legales de Michigan, probablemente yo votaría a favor, pero, ¿estropear este proyecto de ley de protección a los animales que todo el mundo quiere? No”.

La “Ley Logan” aún tiene que ser refrendada por la Cámara de Representantes estatal, donde, según la organización de defensa de los derechos civiles New Civil Rights Movement, hay muchas posibilidades de que se enmiende para que la referencia a la sodomía sea eliminada. Sin embargo, es sintomático que el Senado de Michigan no haya tenido problemas en aprobar un texto legal que incluye párrafos declarados inconstitucionales y que suponen una afrenta directa al derecho a la intimidad de todas las personas y especialmente hacia el colectivo LGTB.

“Ningún grupo político se atreve a modificar el texto. Es preferible ni siquiera plantear el tema porque sabemos lo que pasaría. Terminaría con una gran confrontación entre los senadores que terminarían en el mismo punto: Que la sodomía es inconstitucional”, aseguran desde un movimiento de derechos civiles con sede en Michigan.

Al día de hoy, doce estados norteamericanos todavía conservan legislaciones anti-sodomía en sus textos, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las prohibiciones eran inconstitucionales en 2004.

Si consideras que leyes como estas deberían ser eliminadas de los textos oficiales en todo EE.UU, te animamos que le escribas al senador Rick Jones para explicarle los motivos por los que esta norma es totalmente inapropiada. Pincha sobre este enlace para ponerte en contacto con este senador por Michigan.

El fin de la penalización de la homosexualidad en los Estados Unidos

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia.

Sin embargo, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, conocida en lo sucesivo como Lawrence vs. Texas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

En la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

Leyes inconstitucionales aún presentes en los textos legales

Sin embargo, ese tipo de leyes aún forman parte de los textos legales de 14 estados, aunque sean inaplicables. La sodomía, tanto en parejas de distinto como del mismo sexo, aún aparece como un delito en las legislaciones de Idaho, Utah, Michigan, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana. En Montana, Kansas, Oklahoma y Texas solo se considera delito cuando la pareja es del mismo sexo.

Aunque no sean aplicables, aún pueden darse casos como el ocurrido en Baton Rouge, Luisiana, donde en febrero de 2015 fue detenida una pareja del mismo sexo por mantener relaciones sexuales en un coche, acusados sus miembros del delito de “copulación carnal antinatural”, una de esas leyes inconstitucionales que todavía no han desaparecido de los textos legales.

Por supuesto, el juez de distrito no admitió los cargos, y el jefe de Policía de Baton Rouge se vio obligado a emitir un informe en el que recordaba a sus agentes que no debían detener a nadie bajo esos cargos, a la vez que pedía disculpas a la pareja detenida por “el error cometido”.

Fuente Ragap/Dosmanzanas

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General Duck Dynasty, Iowa, Luisiana, Phil Robertson

Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reacción adversa de los representantes políticos más conservadores no se ha hecho esperar. Los jueces y fiscales más reaccionarios también han expresado su indignación con la igualdad para los ciudadanos LGTB estadounidenses. Todo augura la presentación de un abanico interminable de leyes, que subrepticiamente traten de impedir el ejercicio de lo que ya se ha dictaminado que es un derecho constitucional inalienable.

El hecho de que la sentencia haya llegado prácticamente en fin de semana, y que además ya haya comenzado el período de inactividad estival en las cámaras estatales, ha jugado a favor para que las celebraciones del Orgullo este 28 de junio hayan podido tener lugar sin demasiado alboroto político o judicial en los Estados Unidos. Sin embargo, todo hace prever que no será así siempre. Por lo pronto, ya son varios los gobernadores que han afirmado que funcionarios y jueces pueden negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo si esto contraviene sus creencias religiosas. Una normativa semejante fue aprobada recientemente en Carolina del Norte, que parece ser el ejemplo a seguir por los gobernadores más recalcitrantes.

Texas

El primero de ellos ha sido el vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick. Cerrado el periodo de sesiones de Cámara de Representantes y Senado sin que hayan prosperado las iniciativas LGTBfóbas presentadas por problemas de calendario, a Patrick solo le ha quedado la “imaginación legislativa” como recurso.

Este año se aprobó la “Ley de Protección de los Eclesiásticos”, que permite a las responsables de las confesiones religiosas rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Durante su aprobación, los ponentes llegaron a comparar a los gais con asesinos en serie, el matrimonio entre personas del mismo sexo con el holocausto judío y la homosexualidad con la pedofilia y el bestialismo. La ley fue aprobada por 141 votos a favor y 2 en contra.

El vicegobernador Patrick ha ordenado al fiscal general de Texas que amplíe la ley para incluir en ella a jueces, secretarios de condado y funcionarios. De esta forma, podrán rechazar a las parejas del mismo sexo que pretendan casarse si eso contraviene sus sinceras creencias religiosas. No cabe duda de que esta iniciativa es tan solo un parche en espera de que el nuevo período legislativo posvacacional dé comienzo y leyes mucho más severas sean presentadas y aprobadas por amplia mayoría. Obviamente, todas ellas serán denunciadas ante los tribunales por su evidente inconstitucionalidad, pero son una seria cortapisa al ejercidio de los derechos LGTB.

Luisiana

Bobby Jindal es el gobernador republicano de Luisiana, y comunicó recientemente su intención de luchar para ser candidato a las elecciones presidenciales por su partido. Quizás por ello fue uno de los más duros en su reacción inicial. Jindal pretendía ignorar la prevalencia de la sentencia del Tribunal Supremo y demorar su ejecución hasta que la Corte de Apelaciones del  5º Circuito decidiera sobre la sentencia desfavorable al matrimonio igualitario de septiembre de 2014, la única de este cariz en un tribunal federal.

Las parejas implicadas ya habían presentado sus peticiones para una moción de urgencia de la Corte de Apelaciones que obligara al acatamiento de la sentencia del Supremo. Sin embargo, la realidad jurídica se ha impuesto y las primeras bodas de parejas del mismo sexo ya se han celebrado, a pesar de que la asociación de secretarios de condado aventurase que la ejecución sentencia del alto tribunal podría posponerse 25 días, que es el plazo existente para que se puedan presentar alegaciones.

Pero Jindal no se ha rendido, y ha comunicado de inmediato que la orden ejecutiva que firmó el pasado mes de mayo sobre la “libertad religiosa”, ampara a los funcionarios y jueces que rehúsen celebrar enlaces entre personas del mismo sexo si contraviene sus creencias religiosas. La orden ejecutiva fue emitida por el gobernador Jindal después de que un proyecto de ley con ese contenido fuera rechazado por el comité legislativo de la Cámara de Representantes del estado, dada su evidente inconstitucionalidad.

Alabama

Quien no puso objeciones a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo fue el gobernador de Alabama, Robert Bentley, que comunicó de inmediato que la acataría, como es su deber, a pesar de su fuerte desacuerdo. Pero en Alabama el problema no es el gobernador, sino el presidente de su Corte Suprema, Roy Moore. A pesar de que existía una sentencia favorable al matrimonio igualitario de la juez federal Callie V. S. Granade, y que tanto la Corte de Apelaciones como el propio Tribunal Supremo rehusaron suspenderla durante la apelación, el juez decidió ordenar a todos los funcionarios de Alabama que rechazasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Los abogados de las parejas demandantes acudieron a la juez Callie V. S. Granade con una inteligente fórmula judicial: hacer que el grupo de demandantes se abriera a todas las parejas del mismo sexo de Alabama a quienes se impidiera contraer matrimonio, e incluir como demandados a todos los jueces de familia y funcionarios del estado. La juez lo admitió, y ordenó que se emitieran licencias de matrimonio a todas las parejas que los solicitasen, aunque suspendió la ejecución de su mandato hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

Una vez dado a conocer el fallo, la orden de la juez era de ejecución inmediata, y todo parecía dar a entender que los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo se celebrarían con normalidad. Pero entonces llegó la última decisión del juez, un evidente pataleo ante lo inevitable: ordenar a los funcionarios del estado que pospongan la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo durante un período de 25 días, que, como comentábamos anteriormente, es el plazo existente para que el Tribunal Supremo pueda rectificar una sentencia si así lo estima ante las alegaciones que se le presenten.

Queda aún por saber qué nueva ocurrencia tendrá el juez Moore una vez pasados esos 25 días.

Mississippi

En Mississippi quedaba por discernir si el fallo del Tribunal Supremo se ejecutaba de inmediato, o había que esperar a que se levantara la suspensión de la sentencia de un tribunal estatal. Aunque el fiscal general, el demócrata Jim Hood, aseveraba que no alegaría nada en contra del levantamiento de la suspensión, sí que comunicaba a los secretarios de los condados que no debían emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito no ordenase ese levantamiento.

Las críticas de los abogados de las parejas demandantes y de los expertos constitucionales arreciaron, obligando al fiscal Hood a rectificar. En una carta dirigida a los secretarios de los condados, el fiscal explicaba que “Obergefell [la sentencia sobre el matrimonio igualitario del Tribunal Supremo] es la ley del país. Si un empleado ha emitido o decide emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo, el fiscal general no tomará ninguna actuación en su contra en nombre del estado… Por otro lado, si un empleado público se niega a emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo podría ser demandado por la pareja a la que se la ha negado y podría enfrentarse a responsabilidad civil”.

Las primeras bodas de parejas del mismo sexo comenzaron de inmediato.

En resumen, aunque la victoria para la igualdad de derechos de la comunidad LGTB ha sido histórica, aún habrá muchas barreras e impedimentos que superar para hacerla efectiva.

Fuente Dosmanzanas

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La prohibición del matrimonio igualitario en Dakota del Sur viola los derechos al debido proceso y a la igual protección amparados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Así lo ha declarado la jueza federal Karen Schreier, en una sentencia de 28 páginas que incorpora a Dakota del Sur a la larga lista de estados en los que hay un pronunciamiento judicial favorable al matrimonio igualitario.

La sentencia es resultado de una demanda interpuesta por seis parejas del mismo sexo en 2014 (cinco de ellas casadas en otros estados pero a las que Dakota del Sur, su estado de residencia, no reconoce su matrimonio, y una sexta a la que el estado no ha permitido contraer matrimonio). Su redacción es contundente (puedes descargarla íntegramente pinchando aquí). La jueza Schreier considera que la prohibición del matrimonio igualitario, aprobada como enmienda a la Constitución de Dakota del Sur en un referéndum celebrado en 2006, viola derechos constitucionales fundamentales sin que exista un interés legítimo del Gobierno que justifique su restricción. Una argumentación similar a la de la mayoría de las sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por otros jueces.

Schreier cita también como antecedente significativo la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Loving versus Virginia, que en 1967 puso fin a la prohibición del matrimonio interracial en todo el territorio estadounidense. “Bien poco distingue este caso de Loving. Los demandantes tienen el derecho fundamental a contraer matrimonio. La ley de Dakota del Sur les priva de ese derecho únicamente debido a que son parejas del mismo sexo sin que exista una justificación suficiente”, expresa la jueza.

También como ha sucedido en muchos otros estados, la propia jueza mantiene suspendida cautelarmente la ejecución de la sentencia en espera de un casi seguro recurso a la Corte de Apelaciones. Dakota del Sur pertenece al 8º Circuito de Apelaciones, que de hecho ya tiene pendiente analizar los recursos a otras sentencias favorables al matrimonio igualitario en Arkansas  y Misuri.

Uno a uno, los estados se van sumando

Con la incorporación de Florida, recién comenzado este 2015, el matrimonio igualitario es ya completamente legal en 36 de los 50 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 220 millones de personas. Se trata de Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 21 jurisdicciones tribales (se van sumando aquellas que ligan sus leyes sobre el matrimonio a las del estado donde están ubicadas).

En el resto de estados existen situaciones diversas, que configuran un escenario judicial complejo que, a falta de un pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo, va decantando la situación hacia una extensión generalizada del matrimonio igualitario. La sentencia de Dakota del Sur es una pieza más en esta carrera que poco a poco se aproxima a su fin.

Hacemos a continuación un balance de la situación. En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Mississippi y Texas (ambos del 5º Circuito) y Arkansas y el ya citado Misuri (ambos del 8º Circuito, como Dakota del Sur). En Arkansas, además, la Corte Suprema estatal deberá revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Por el momento solo hay un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En este estado, sin embargo, otro juez federal falló pocas semanas después en sentido contrario, declarando inconstitucional la prohibición. Habrá que esperar a ver como el 5º Circuito resuelve esta contradicción.

De hecho, ya solo quedan cuatro estados en los que aún no hay sentencia, aunque en todos hay procesos ya abiertos: Alabama, Dakota del Norte, Georgia y Nebraska.

Mientras, el Supremo sigue dando largas

Mientras tanto, el Supremo sigue sin aceptar para su análisis en profundidad ninguno de los casos relativos a la inconstitucionalidad de que los estados prohíban el matrimonio igualitario. Estos días, precisamente, el alto tribunal debe decidir si aceptar o no para el siguiente grupo de casos a resolver las apelaciones referidas a Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee (los estados del ya mencionado 6º Circuito, que por el momento es el único que se ha pronunciado contra el matrimonio igualitario). Ni el pasado viernes ni este lunes ha tomado una decisión: el siguiente día en el que lo puede hacer es el próximo viernes. Veremos si ese día anuncia la aceptación de alguno de los casos o prefiere seguir sin entrar en el fondo del asunto por el momento.

El Supremo sí que anunció este lunes que rechazaba revisar una de las sentencias de Luisiana (la contraria al matrimonio igualitario) al no existir aún decisión sobre la misma por parte del 5º Circuito de Apelaciones (una decisión, por otra parte, esperada).

Fuente Domanzanas

General, Historia LGTBI Corte de Apelaciones del 8º Circuito, Dakota del Sur, Discriminación, Estados Unidos, Karen Schreier, Luisiana, Matrimonio, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Confirmado: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutirá el 29 de septiembre si por fin acepta estudiar las apelaciones a las sentencias que hasta el momento han emitido tres diferentes Cortes de Apelaciones considerando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se abren diversas posibilidades, pero cada vez parece más claro que el destino del matrimonio igualitario en todo el país se decidirá antes de lo que nadie preveía hace solo un año.

Hasta el momento son tres las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han fallado: la del 10º Circuito (que ha emitido dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma), la del 4º Circuito (que ha emitido una sentencia referida a Virginia) y la del 7º Circuito, que hace pocos días emitía una sentencia referida a Indiana y Wisconsin. El ponente de esta última fue Richard Posner, uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, que en un impactante texto llegaba a ridiculizar los argumentos de los contrarios al matrimonio igualitario. En todos los casos las sentencias han sido emitidas por un panel de tres jueces (en los tres primeros por dos votos a uno, y en el tercer caso por unanimidad de los tres).

Curiosamente en todos los estados afectados los recurrentes (en la mayoría de los casos sus fiscales generales) han renunciado al derecho que tenían a ser escuchados por el pleno de cada una de las Cortes de Apelaciones y han apelado directamente al Tribunal Supremo, al que han pedido que aclare definitivamente la cuestión. Ahora es pues el turno de los nueve jueces de la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Diversas posibilidades

En su reunión del 29 de septiembre, los jueces del Supremo pueden decidir que admiten uno, varios o todos los casos. Lo previsible es entonces que se prolongue la suspensión cautelar de las sentencias hasta que haya una decisión definitiva, muy probablemente ya en 2015. Decisión que según los términos en los que se planteara podría afectar a todo el país, si establece claramente que la prohibición del matrimonio igualitario es efectivamente inconstitucional. En caso contrario, la situación quedaría como ahora: cada estado podría decidir si celebrar o no matrimonios. Podría haber incluso decisiones intermedias, si el Supremo decide ser selectivo y resolver en primer lugar el problema del reconocimiento de los matrimonios celebrados en un estado por otro.

El Supremo podría optar por el contrario por rechazar los casos, lo que de facto supondría dar validez inmediata a las sentencias de las Cortes de Apelaciones y que las bodas entre personas del mismo sexo pudieran comenzar en aquellos estados en los que ya hay un pronunciamiento judicial… y en el resto de estados sometidos a la jurisdicción del correspondiente circuito. En el caso del 10º Circuito, por ejemplo, también en Colorado (donde de hecho ya se ha producido otra sentencia favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez federal), Kansas o Wyoming.

En definitiva, las posibilidades teóricas son diversas, aunque cada vez parece más claro que la avalancha judicial a la que dio origen el propio Tribunal Supremo hace pocos más de un año al declarar inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) solo puede culminar con una decisión clara, sea en un sentido o en otro.

Se prevén incluso más sentencias…

Todo ello sin olvidar que ni mucho menos la avalancha ha cesado: están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas en Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas.

De hecho, el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado a las partes. Y también lo ha hecho el 9º Circuito, que debe decidir sobre Idaho y Nevada (en este último estado la situación es algo diferente, ya que el caso ha llegado a la Corte de Apelaciones por otra vía jurídica, sin que exista una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario).

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

Fuente Dosmanzanas

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32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

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