Silvana De Mari puede seguir defendiendo legalmente que la homosexualidad es una enfermedad
Desestiman la denuncia por difamación contra Silvana De Mari, quien puede seguir defendiendo que la homosexualidad es una enfermedad, en la que no es la única vez que los tribunales se posicionan a favor de la homofobia.
El periódico Il Giornale publicaba en marzo de este mismo año un artículo de opinión en el que la doctora y activista católica, Silvana De Mari, de 64 años de edad, defiende el derecho a atacar y acosar a las personas homosexuales al considerarlas «idiotas anormales» y que la homosexualidad es una enfermedad. No pasa ni un mes cuando el Colegio de Médicos de Turín le abre expediente disciplinario, después de que Torino Pride la demandara por difamación ante los tribunales. Tras meses de deliberación y ante la imposibilidad de identificar las personas que podrían haber sufrido el perjuicio de tales declaraciones, el Ministerio Público desestima la demanda al considerar que las declaraciones de Silvana de Mari no constituyen un delito.
«Tengo tres especialidades: psicoterapia, medicina y cirugía. He estado cuidando a personas homosexuales durante 40 años», declara en su defensa De Mari, defendiendo que la homosexualidad no es un condición normal y acreditando su derecho a sostener esa opinión. Anteriormente, había conseguido cierta notoriedad tras declara en una entrevista en el programa de radio, La Zanzara, que «los homosexuales viven una condición trágica».
«Las ofensas pronunciadas públicamente por De Mari están dirigidas a los movimientos LGBT y no solo a las personas LGBT, y no son opiniones, sino ofensas», declara, Nicolò Ferraris, representante de Torino Pride, convencido de que la acusada no tenía derecho a expresar unas ideas que mucha gente considera ofensivas y podrían interpretarse como una invitación a demostraciones de odio.
Varias sentencias recientes se posicionan a favor de la homofobia. Un Tribual de Apelaciones de los Estados Unidos sentencia en febrero de este mismo año que Jameka Evans puede ser despedida en función de su orientación sexual al no estar protegida por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, aprobado en 1964, que sólo protege contra la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen, según la interpretación del tribunal. Una sentencia de la que permite a Donald Trump firmar apenas dos semanas después una orden ejecutiva que permite la discriminación laboral del colectivo LGBT a las empresas y contratistas federales.
Un tribunal francés dictamina el año pasado que utilizar el término «homófobo» es difamatorio a pesar del contexto en el que se utilice, en este caso una protesta contra la Fundación Jerome Lejeune, fundación pro-vida que proporciona servicios para personas con discapacidades genéticas intelectuales, pero que habían apoyado públicamente a La Manif Pour Tous, empleando a la fundadora del grupo, Ludivine La Rochère. En una protesta similar a la que se puede ver en la película de Robin Campillo, 120 pulsaciones por minuto, los activistas arrojan condones llenos de sangre falsa en las paredes de las instalaciones de la fundación a la que llegan con carteles con imágenes de la Rochère identificada como homofóbica, así como también la asociación que representa al oponerse al matrimonio igualitario, los derechos de adopción para parejas del mismo sexo, las personas transexuales y la teoría de género. Como consecuencia, Laure Pora, ex presidenta de la filial de ACT UP en París, se ve obligada a pagar 800 euros de multa a La Manif Pour Rous, un grupo contrario a los derechos del colectivo LGBT, además de asumir los 1500 euros de costes judiciales.
Fuente Universogay
Comentarios recientes