“No se puede dejar solo al alumnado frente a problemas de integración, discriminación y rechazo”. Así se expresaba Luciano Alonso, consejero andaluz de Educación, cuando presentaba el pasado mes de junio el protocolo de actuación para menores transexuales que deberán seguir los colegios e institutos financiados con fondos públicos. En este sentido, más de 30 familias andaluzas, con hijos transexuales que no han alcanzado la mayoría de edad, se han reunido este fin de semana en Sevilla. El objeto de la cita ha sido analizar el nuevo contexto legal, tras la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad, y manifestar la necesidad de apremiar la aprobación de la orden que obligue al cumplimiento del citado protocolo de actuación en todos los centros públicos y concertados de las diferentes etapas educativas de la comunidad autónoma.

El verano comenzó con buenas noticias para el colectivo LGTB de Andalucía, ya que el Parlamento regional aprobaba la proposición de ley para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA. Una relevante noticia en materia de igualdad y de derechos, fruto del esfuerzo y de la lucha del activismo de las organizaciones trans andaluzas. Solo unos días después de la aprobación de la ley, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, anunciaba el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

La finalidad del protocolo es poder establecer las oportunas orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual, así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. La norma, entre otros aspectos, recoge la necesidad de que el centro acuerde con la familia el nombre con el que dirigirse al alumno, además de respetar su libre elección de la indumentaria y el uso de los aseos en función de su identidad.

Por todo ello, ahora que se acaba el verano y comienza un nuevo curso escolar, ATA Sylvia Rivera (Asociación de Transexuales de Andalucía) y la organización Chrysallis Andalucía, han celebrado una reunión en Sevilla, con más de 30 familias con menores trans, para exigirle a la Junta que acelere la tramitación de la orden para que el protocolo de actuación pueda empezar a aplicarse cuanto antes. Mar Cambrollé, presidenta de ATA Sylvia Rivera, ha expresado sobre esto que “el libre desarrollo de la personalidad  y el respeto a la identidad de género de los menores trans, no pueden depender de la ‘gracia’ y la ‘voluntad’ de los centros educativos”. Por este motivo se justifica la “urgente la aprobación de la Orden que  obligue a su cumplimiento y convierta  el carácter ‘graciable’ que actualmente presenta este protocolo en un ‘derecho’ para todos  los menores trans de Andalucía”.

Por su parte, la presidenta de Chrysallis Andalucía, Pilar Sánchez, se ha lamentado de que el procolo no esté ya vigente, porque este hecho ha provocado “algunos problemas de desinformación a nivel de Centros y de toda la comunidad educativa” que, además, está generando “un gran desgaste  para estas familias”. En el encuentro entre familias y entidades LGTB también han partidipado la diputada de Izquierda Unida Alba Doblas, miembro de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, y Juan Gavilán, antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga.

Impedir casos como el de la niña discriminada en Málaga

La ley integral de transexualidad en Andalucía es la tercera de estas características que se aprueba en España, tras las de Navarra y Euskadi, aunque es sin duda el marco legislativo más amplio y ambicioso que se desarrolla en una cámara autonómica, a falta de una norma de carácter estatal que garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su territorio de origen o de residencia.

Meses antes de la probación de la ley andaluza y del anuncio por parte de la Junta del protocolo de actuación en los colegios e institutos públicos y concertados, asistimos a lamentables sucesos tránsfobos como el de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género. La familia de Gabi deció llevar el caso ante los tribunales, basándose en que el centro ignoró los informes y “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente”. El colegio, además, se jactó de que, con independencia de cualquier informe, “nunca trataría a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

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Como ya habíamos anunciado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha presentando este viernes el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que establece medidas para prevenir, detectar y evitar acciones discriminatorias en los centros sostenidos con fondos públicos.  Con la presentación de este protocolo culmina una semana histórica para el colectivo transexual en Andalucía, en la que también ha sido aprobada una avanzada ley integral de transexualidad.

El protocolo tiene como objetivo establecer orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. Así por ejemplo, en los casos que se requiera, la comunidad educativa del centro escolar se dirigirá al alumno o alumna con el nombre que acuerde la familia con la dirección del colegio o instituto. También se adecuará la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante…) en aquellas situaciones en la que se estime conveniente, considerando el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Además, se garantizará la libertad en el uso de la vestimenta con la que el estudiante se sienta identificado. Si en el centro es obligatorio vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del escolar a vestir con ropas o uniforme femenino o masculino, en función de la identidad de género manifestada.

Otra de las medidas previstas en el documento es que se eviten realizar actividades diferenciadas por sexo en los colegios y en los casos en el que centro no disponga de aseos o vestuarios unisex, se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos que le corresponda de acuerdo con su identidad de género.

El consejero de Educación ha explicado que el protocolo se ha desarrollado al amparo de un marco normativo “amplio y garantista”, en referencia a la reciente aprobación en el Parlamento andaluz de la ley integral de transexualidad. Asimismo ha avanzado que el siguiente paso es establecer el desarrollo normativo de esta ley por lo que se refiere a la atención a este alumnado. Para ello, se modificará la orden de 2011 que regula otros protocolos relativos a convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, con lo que quedará “completamente garantizada la obligación del cumplimiento del protocolo” por parte de todos los centros públicos y concertados y en todas la etapas educativas. Andalucía blindará así su sistema normativo contra episodios de discriminación tránsfoba como el sucedido hace unos meses en Málaga, donde una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado que se negó a respetar su identidad de género.

“Esta medida no viene a ampliar derechos ni a reconocer privilegios, solo viene a garantizar que las personas transexuales, por su diferencias, diversidad y circunstancias personales, no tengan menos derecho que el resto de los ciudadanos”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), colectivo que han colaborado en la elaboración del protocolo.

Un verdadero ejemplo de progreso en materia LGTB

Si en ocasiones anteriores nos hemos mostrado críticos con algunas de las actuaciones de la Junta de Andalucía por su falta de energía, en esta ocasión no podemos sino felicitar a dicho organismo y a las fuerzas políticas que la gobiernan, PSOE e IULV-CA, que han demostrado que cuando existe voluntad política real es posible adoptar decisiones efectivas en favor de los derechos LGTB que vayan más allá de gestos meramente simbólicos.

También debemos hacer extensiva dicha felicitación a los colectivos trans andaluces, que tanto han luchando por conseguir un marco normativo que hasta donde llega el nivel competencial de la comunidad autónoma andaluza es uno de los más avanzados del mundo. Esperemos ahora que su implementación práctica se haga lo más rápida y eficazmente posible.

Fotografía Nuevos Republicanos 1905

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Los centros sostenidos con dinero público tendrán la obligación de seguir este protocolo a partir de septiembre.

El Consejero de Educación presentará el protocolo 2 días después de la aprobación de la ley integral.

Ludana: la niña transexual más joven de Argentina

“La transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”

Menores transexuales en la escuela: la familia decide

Leemos en Cáscara Amarga que Luciano Alonso, Consejero de Educación, Cultura y Deporte, presentará el próximo viernes 27 de junio el Protocolo sobre identidad de género en el Sistema Educativo Andaluz. El acto tendrá lugar a las 10:30 horas en el Salón de Actos A de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Edificio Torretriana. C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, 41071, Sevilla) y al mismo han sido invitada la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), la Asociación Chrysallis de familias con menores transexuales, la Fundación Triángulo, la Asociación Familias por la Diversidad y la Federación Andaluza Arco Iris.

Este protocolo surge tras las peticiones realizadas por los colectivos en defensa de los derechos de las personas transexuales a principio del presente curso cuando saltara a la luz pública la negativa de varios centros andaluces sostenidos con fondos públicos a respetar la voluntad de familias con menores transexuales. En la actualidad tan sólo uno de estos centros persiste en su negativa: el Colegio San Patricio de Málaga, ubicado en el mismo barrio que la sede regional de la Federación Andaluza Arco Iris.

Tras estos casos de transfobia en las aulas andaluzas, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera fue la primera en presentar una propuesta para elaborar un protocolo de actuación frente a esta realidad en el ámbito educativo, que ha sido la base sobre la que se ha conformado el actual protocolo aprobado por la Junta de Andalucía.

Así, para Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera: “Este protocolo es una herramienta para garantizar el libre desarrollo de la personalidad del alumnado en los centros educativos y para que las familias puedan defender como un derecho la no discrminación por identidad de género de sus hijas e hijos. De nuevo Andalucía es un referente en la garantía de la igualdad y no discrminación por identidad de género”

Colegio San Patricio

El caso del Colegio San Patricio de Málaga se ha convertido en un emblema de la transfobia: “el miedo, la incomodidad y el rechazo irracionales hacia las personas transexuales basados en la ignorancia”, afirman desde Arco Iris.

Una madre solicita al centro que su hija transexual vista el uniforme femenino y use el baño de las niñas como cualquier otra alumna del colegio; por su parte el centro, contradiciendo las instrucciones dadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, le prohíbe usar falda y le obliga a usar el baño de “discapacitados” porque consideran que, al tener genitales de varón, se trata de un niño con una “orientación diferente”.

Días después Francisco José González, secretario técnico de la Fundación Diocesana responsable del colegio, realizaba ante los medios declaraciones que demostraban una falta de sensibilidad e información sobre el tema al utilizar reiteradamente la palabra “orientación”, insistir en que “no hay ningún problema” y mostrarse sorprendido de que se hable de una niña transexual si “morfológicamente es un varón”.

Por su parte, el obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, afirmaba “Es un niño que tiene seis años y que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio; lo lógico es que siga así”, añadiendo según diversas fuentes que “se trata de un problema que se ha creado, no real”.

Centros escolares y transexualidad

Desde Familias por la Diversidad, asociación de padres y madres con hijos LGBT, explican que “la transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”, afirma su presidenta, Isabel Martínez. “Es fundamental que no confundamos la transexualidad con la orientación sexual, pues no se trata de que el niño o la niña afirme o muestre sus gustos sexuales, ya que esto es algo que llega con la adolescencia; aquí estamos hablando de identidad, de lo que la persona se siente… y por eso es fundamental que los colegios respeten la identidad de los menores transexuales, ya que no es un capricho”, concluye.

Martínez explica igualmente el sufrimiento innecesario que la transfobia provoca en las familias y en los niños y en las niñas transexuales y recuerda un caso similar en Estados Unidos resuelto judicialmente con una condena al colegio. El colegio había prohibido a Coy Mathis, una niña transexual de 6 años, usar el baño de las niñas.

Desde Familias por la Diversidad señalan que “nuestra sociedad suele confundir por desconocimiento los conceptos transexualidad y homosexualidad. La homosexualidad, igual que la bisexualidad o la heterosexualidad, se descubre en la adolescencia, en torno a los 12-14 años, cuando las hormonas comienzan a producir cambios corporales y se suele iniciar el deseo sexual“. La transexualidad en cambio se suele manifestar a los 4 ó 5 años cuando todas las personas comenzamos a darnos cuenta de nuestra identidad de género”.

En la mayoría de casos los chicos se reafirman juntándose con otros chicos y haciendo cosas “típicas de chicos”; lo mismo suele ocurrir con las chicas. “Es precisamente a esta edad cuando una persona transexual va a comenzar a dar señales externas de su identidad, pidiendo insistentemente el vestir o tener juguetes que normalmente asociamos al otro sexo biológico. No se trata de un juego, ni de una moda pasajera: se trata de su propia identidad y la persona no va a renunciar a sus peticiones salvo que su entorno se vuelva extremadamente agresivo“, concluye la presidenta de Familias.

Avances en la despatologización de la transexualidad

Esta misma semana Andalucía aprobará la ley integral de transexualidad, texto pionera en la despatologización de las identidades transexuales.

Hace un año, el 22 de mayo de 2013, era la Asociación Americana de Psiquiatría quien eliminaba el término “trastorno de identidad de género” de su catálogo, el DSM-V. De esta forma la “Biblia” de la psiquiatría dejaba de considerar a las personas transexuales como enfermas mentales.

Gonzalo Serrano, presidente de Arco Iris, recuerda que en los próximos meses está prevista la revisión del catálogo de referencia de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10. Desde Arco Iris esperan el nuevo CIE desclasifique la transexualidad como enfermedad mental, igual que ya hiciera con la homosexualidad en su última revisión hace 24 años, el 17 de mayo de 1990.

“A pesar de estos avances en el terreno formal la realidad social es bien distinta y las personas transexuales siguen sufriendo discriminación en la mayoría de entornos: familiar, educativo, laboral…”, añade Serrano. Por este motivo la Federación Andaluza Arco Iris se felicita por la aprobación de la ley de transexualidad en Andalucía “que va a permitirnos trabajar de forma más eficaz contra los prejuicios sociales que aún existen en torno a la transexualidad”.

Texto del protocolo aprobado por la Junta andaluza

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.

La Constitución Española establece en el Artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por su parte, el Estatuto de Andalucía, en el Artículo 10, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma que  “La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…), así como en el Capitulo II sobre derechos y deberes dispone, en su artículo 15, sobre la igualdad de género que “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombr es y mujeres en todos los ámbitos.” Además , establece en el artículo 37, punto 2, como principio rector de las políticas públicas “

La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofo-bia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; así como en el artículo 73 “

La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o represen- tativos”; y en el artículo 21 punto 8 que “Los pla nes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social”. Leer más…

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Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

En relación al protocolo específico para estos casos, la Junta manifiesta ser consciente de que los factores implicados en este tipo de casuística (psicológicos, de salud, de educación, de igualdad, de justicia) aconsejan la creación de una comisión interdisciplinar e interinstitucional.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha subrayado su disposición a desarrollar un protocolo específico de actuación a ejecutar en colegios con la presencia de menores transexuales, después de que a inicios del presente curso escolar se registraran problemas de adaptación de algunos de ellos en distintos centros educativos.

Así lo asegura el consejero del ramo, Luciano Alonso, en una respuesta parlamentaria tras una pregunta formulada por la diputada de IULV-CA Alba Doblas, en la que apunta como causa de la inadaptación a la negativa de algunos directores, “e incluso algún inspector“, a aceptar la identidad de género de varios de estos alumnos, situación ante la cual la Asociación de Transexuales de Andalucía propuso a esta Consejería la elaboración de un protocolo de actuación.

En su respuesta, Alonso recuerda que estos casos tienen ya cobertura legal, con lo que “la normativa actual es o debe ser suficiente para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de identidad de género en el sistema educativo público andaluz”.

De esta manera, la Consejería se remite a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, que incluyen preceptos, principios y objetivos que son “conculcados” cuando en un centro se produce un trato vejatorio, discriminatorio o de imposición de creencias religiosas con cualquier alumno o alumna que defiende una identidad de género concreta. “Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe con claridad ese tipo de conductas“, especifica.

Dada la existencia de protocolos en casos de maltrato infantil, casos de violencia de género en el ámbito educativo y acoso escolar, Alonso manifiesta que para abordar de manera específica el tema de la transexualidad la Consejería está pendiente de una norma legal que se tramita en la actualidad, la Ley para la no discriminación por motivo de identidad y de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que sentará los principios generales del Ejecutivo autonómico al respecto.

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El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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