Después de dos años de reivindicaciones por parte de la Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán y demandas por parte del INADI, comienza este viernes, 16 de febrero, el juicio por el asesinato de la activista Diana Sacayán en el que sí se contempla finalmente el agravante de crimen de odio.

cono entre los activistas transexuales en Argentina, el cuerpo sin vida y con trece puñaladas de Amancay Diana Sacayán era encontrado en su domicilio del barrio de Flores, en Buenos Aires, el 13 de octubre de 2015. Tras una investigación, Gabriel David Marino y Félix Alberto Ruiz son imputados y pasan a prisión preventiva por su asesinato a la espera de juicio oral estando acusados únicamente por «homicidio agravado por violencia de género» al haber sido el primero pareja de Diana, pero sin contemplar el que fuera un crimen de odio, a pesar de que uno de los acusados manifiesta haberla matado «por puto». Tras el juicio oral, el pasado 9 de febrero, se establece que el único acusado por su muerte será finalmente Marino, que se enfrenta una cadena perpetua. Pero, gracias a una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, el juicio por el asesinato de Diana, que comienza este viernes, 16 de febrero, será el primero en Argentina que se trata como travesticidio y crimen de odio.

«Este es el momento para que la justicia, por primera en la historia de la Argentina, se pronuncie por las muertes de las travestis, y hable de violencia estructural, odio de género y crimen de odio. Es tiempo de resarcir tantos años de mirar hacia otro lado y de tantas compañeras muertas que no han tenido justicia», declara Sasha Sacayán, hermano de Diana y coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), que anteriormente dirigía Diana. «Es un proceso trascendental por tratarse de la figura de Diana, quien fuera una de las más importantes defensoras de los derechos humanos de nuestro país. Esperamos que este juicio culmine con una sentencia ejemplificadora y reconozca que el brutal asesinato de Diana fue un travesticidio y un crimen de odio», explica Sasha.

«La participación de uno de los imputados no está en cuestión. Sabemos que los asesinos fueron dos. Queremos saber quién es el otro. Necesitamos que la investigación siga abierta para esclarecer lo que pasó. Es lo que merece Diana y lo que nos merecemos todas y todos (…). Hay mucho prejuicio en la Justicia, que estemos hablando de travesticidio ya es un gran logro. Es importante que haya justicia para Diana, no sólo por sus amigos y su familia, sino que es importante para la democracia (…). Las circunstancias y el modo de comisión del hecho permiten suponer que el homicidio estuvo motivado por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de Inadi e impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans», reclama Luciana Sánchez, abogado que representa a la Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán. La Cámara de Casación confirmaba el 6 de febrero que el Instituto Nacional contra la Discriminaicón, la Xenofobia y el Racismo (INADI por sus siglas) también puede intervenir en el juicio como querellante después de que la defensa del acusado pretendiera apartar al organismo que lucha contra el odio en Argentina.

Si el juicio por el asesinato de Gimena Sánchez, primero en la justicia argentina en el que se trata el asesinato de una persona transexual con el agravante de feminicidio, concluía con una condena perpetua para sus dos asesinos, otros dos travesticidios, los de Vanesa Zabala y Natalia Sandoval, asesinadas en Reconquista y Mendoza respectivamente, tuvieron sentencias similares, aunque en ninguno de los casos se recoge el agravante de crimen de odio por su identidad de género. El juicio por el asesinato de Diana Sacayán se convierte de esta manera en un nuevo momento histórico para la justicia argentina al contemplar por primera vez el crimen de odio y el travesticidio. « Queremos que en el juicio de Diana Sacayán se hable de la situación de violencia estructural que viven nuestras compañeras y se juzgue a los culpables con las calificaciones de crimen de odio y travesticidio», declara contundentemente Sasha Sacayán.

Fuente Universogay

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Con el acompañamiento de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y 100% Diversidad y Derechos, las tres víctimas del violento ataque perpetrado por un grupo de varones homofóbicos durante la desconcentración de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ se presentaron este martes como querellantes ante la jueza Paula Petazzi, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 de Capital Federal. Se solicitó el encuadramiento del hecho en un crimen de odio basado en la orientación sexual y la expresión de género, la adopción de medidas de prueba y de protección, luego de que fuera liberado el único detenido por el ataque.

El ataque ocurrió en la calle Montevideo, entre la Avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, el pasado sábado 18 de noviembre cuando un grupo de varones homofóbicos salió de una casa y al grito de “putos degenerados” golpeó con un palo de hockey y amenazó a participantes de la marcha del orgullo que se desconcentraban. Cerca de las 22hs, decenas de personas se concentraron en el lugar para repudiar la agresión hasta que se hizo presente el juez Pablo Ormachea, quien se encontraba de turno esa noche y ordenó el allanamiento y la detención de uno de los agresores.

La marcha del Orgullo LGBTIQ es el evento social y político más importante de la comunidad LGBTIQ. En la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 26 años confluyen celebración y reclamos en un evento multitudinario, pacífico, diverso y de reivindicación de los derechos humanos, siendo ese el contexto en el cual se produjo el ataque homofóbico. En ese sentido, la querella sostiene que la ley 26.791, conocida como “femicidios”, incorporó los crímenes de odio y por violencia de género, hacia la identidad de género, la orientación sexual y/o expresión de género (artículos 80 y 81 del Código Penal modificados), estando también esos agravantes vigentes para los delitos de lesiones, entre otros (arts. 89, 90, 91 y 92 del CPN). Así, el escrito sostiene que “La violencia ejercida por los autores de los hechos denunciados y llevados a cabo contra el colectivo LGBTIQ, son actos de odio hacia nuestra identidad de género, expresión de género y orientación sexual”.

Desde 100% Diversidad y Derechos y CHA sostuvieron que estos no son hechos aislados. Cesar Cigliutti, presidente de la CHA, expresó que “en los últimos dos años se duplicaron las denuncias de agresiones y ataques por orientación sexual en espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Existen discursos y expresiones de odio hacia la diversidad sexual que son legitimadas o naturalizadas desde sectores de poder, ya sean religiosos, de medios de comunicación o del Estado que le dan marco a la violencia homofóbica”.

Por su parte, Martín Canevaro, secretario general de 100% Diversidad y Derechos sostuvo que “Los ataques homofóbicos a compañeros que se desconcentraban de la Marcha del Orgullo fueron aleatorios, por eso deben entenderse como actos de odio a nuestra orientación sexual, identidad de género o su expresión. Por ello, para erradicar la violencia y la discriminación hay que transformar la educación y la cultura a través de una Ley Antidiscriminatoria que incluya el respeto a la diversidad y la no discriminación en los contenidos educativos”.

En el escrito, además, se explica que “los crímenes de odio están entre los muchos tipos de crímenes que reciben pocas denuncias cada año. Con frecuencia, la razón que dan las víctimas de un crimen de odio es que eligen guardar silencio acerca del incidente en lugar de denunciarlo a las autoridades pertinentes, debido a la mala actitud y la minimización de estos hechos que son llevadas a cabo a priori por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales intervinientes”.

En ese sentido se hace referencia a las recomendaciones que Naciones Unidas y la CIDH realizan respecto del acceso a la justicia de las personas LGTBIQ, entre las cuales se encuentran “adoptar medidas para garantizar que desde el inicio de la investigación se examinen los motivos detrás de la violencia, y que se abran líneas de investigación que permitan analizar si el crimen se basó en la orientación sexual o la identidad de género de la víctima o víctimas”, también esos organismos recomiendan atender “la naturaleza o significado del lugar donde se desarrolló la violencia o incidente…” y si “la víctima o víctimas habían estado con una pareja o grupo de personas LGBT cuando la violencia ocurrió”.

La querella de las víctimas es llevada por la abogada y activista lesbiana feminista, Luciana Sánchez como parte de un trabajo de articulación entre 100% Diversidad y Derechos, la CHA y el Colectivo por la Diversidad (COPADI).

Fuente 100% Diversidad y Derechos, vía SentidoG

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