Cataluña dio un paso adelante aprobando la primera Ley contra la Homofobia en España el pasado 2 de octubre de 2014 por 128 votos a favor, los de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP mientras que UDC apoyaba solo una parte de una norma que está beneficiando a un millón de personas, ya que se calcula que entre un 10% y un 15% de la población catalana pertenece al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Se trataba de garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

Ahora, la portavoz de Igualdad de Convergència en el Congreso, Lourdes Ciuró, cree que esta normativa es insuficiente y, por ello, ha presentado una proposición no de ley para la defensa de los derechos de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales en la que solicita al Gobierno partidas presupuestarias para políticas de erradicación de cualquier tipo de discriminación y fomento de valores de igualdad, respeto, tolerancia. “Instamos al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación de este colectivo”, exige Ciuró, coincidiendo con la celebración estos días en Barcelona del Circuit Festival.

Ciuró lamenta que en los últimos años las estadísticas ofrecen “claros indicios” de que la discriminación, o incluso agresiones por motivo de orientación sexual, “en ningún caso han dejado de producirse”.

Según denuncia la diputada de CDC, el número de casos reales es “muy superior” a lo que muestran las estadísticas. “Muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o situación de irregularidad”, destaca. “Nos hacemos eco de la demanda del colectivo LGTB y creemos necesario tomar medidas para garantizar sus derechos y facilitar su participación en todos los ámbitos de la vida social”, dice Ciuró.

CDC también exige al Ejecutivo que garantice el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos y a tal efecto, “abordar la modificación de la denominación de los permisos de maternidad por nacimiento, adopción o acogimiento, a fin de evitar la discriminación en las familias con progenitores del mismo sexo“.

Foto de portada: Genoveva Seydoux Fotografía

Fuente Ragap

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El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Navarra cuyo objetivo era prohibir la discriminación de las personas con VIH en acuerdos legales, como por ejemplo la contratación de un seguro. Los populares no ven dicha prohibición necesaria y consideran que el ordenamiento jurídico existente es suficiente para denunciar tales cláusulas. Se da la paradoja de que el PP sí apoyo la propuesta cuando fue votada en la cámara foral navarra.

El texto de la proposición (publicado por el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra) fue aprobado el 14 de marzo de 2013 por unanimidad de todas las fuerzas políticas navarras a iniciativa de los socialistas. Proponía modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añadiendo una disposición adicional que decía, literalmente: “Serán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA. No tendrá tampoco validez y será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA”.

En su exposición de motivos, la proposición argumentaba que distintas asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Navarra, han denunciado la existencia de estas cláusulas discriminatorias “en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluyen de determinadas prestaciones y servicios a personas portadoras del VIH/SIDA, llegando a ser, en la mayoría de las ocasiones, la única enfermedad que se identifica de forma explícita e individual”. La propuesta instaba además al gobierno español a determinar la aplicación de los principios de esta ley (de haber sido aprobada) a otras enfermedades que pudieran considerarse “que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

La proposición ha sido defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento de Navarra, Roberto Jiménez (Partido Socialista de Navarra), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro) y Bakartxo Ruiz (Bildu), que han defendido la necesidad de la modificación legal para evitar la discriminación de las personas con VIH. Contaba además con el apoyo en bloque de toda la oposición, incluyendo como parece obvio al único diputado de UPN (que normalmente se alinea con el PP) y a PNV y CiU. La diputada nacionalista catalana, Lourdes Ciuró, ha señalado por ejemplo que aunque la Constitución consagre el principio de no discriminación, “la realidad es otra y se crean estigmas o marcas con por ejemplo los enfermos de sida o portadores de VIH y se provoca discriminación en distintos ámbitos de la vida”, apostilló.

Una realidad que sin embargo no aprecia el grupo popular del Congreso. Su portavoz en esta materia, María Felicidad Rodríguez, ha argumentado que el ordenamiento jurídico español y la Constitución son de por sí suficientes para considerar nulas este tipo de cláusulas, que aun así considera que “deben ser denunciadas, perseguidas y castigadas”.

La diputada popular ha utilizado un alambicado argumento para negarse a establecer una lista específica de enfermedades cuya discriminación se prohíbe expresamente, al considerar que “podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser”.

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