“Llegamos a la tienda por la mañana y nos dimos un beso entre los estantes. Un vigilante se acercó de forma violenta y nos exigió que saliéramos del lugar”, contó la pareja a Presentes.

Ellas exigieron que les mostraran el código de comportamiento del lugar. La respuesta fue que otros dos vigilantes armados las rodearan para expulsarlas a empujones.

“Ellas se dieron un beso e inmediatamente un vigilante se les acercó de forma violenta y empezó a decirles expresiones lesbofóbicas, a decirles que mejor se buscaran marido y que esas cosas no eran permitidas ahí”, dijo a Presentes Lissania Zelaya, integrante del colectivo AMORALES.

AMORALES es una organización de feministas, artistas y profesionales que promueve los derechos humanos y la toma de espacios públicos para mujeres y disidencias. Al día siguiente del ataque, en el Día de la Independencia, participaron de la marcha masiva contra el gobierno, en reclamo por la ley de bitcoins, la reforma constitucional y el desmantelamiento del Poder judicial.

“Hubo una mujer que las defendió ahí adentro, al parecer era una empleada quien las defendió y les dijo ‘hijas, mejor váyanse porque estos hombres son unos machos’. La compañera dice que en lo que ella se da la vuelta viene el tipo y le pega por la espalda, cuando yo llegué revisamos a la compañera y evidentemente en la espalda tiene signos de violencia”, expresó Lissania.

La policía, contra las víctimas

Al recibir el golpe por la espalda, la pareja se defendió provocando un altercado con los atacantes. El personal del almacén llamó a la policía quienes en un primer momento amenazaron con detener a las víctimas por “causar desordenes públicos”. Las víctimas fueron rodeadas por policías, militares y los vigilantes que las atacaron.

“Estos sujetos (atacantes) se han reído  y se han reído enfrente de la policía y todavía el gerente del almacén indicó al vigilante, aquí también hay una protección por parte del gerente hacia este vigilante, le indica que se vaya porque nosotras estamos en ese momento interponiendo la denuncia”, acotó Lissania.

A pesar que las víctimas dieron una primera declaración a la policía en el lugar del ataque, no lograron detener al principal agresor porque fue protegido por el gerente del almacén.

“Primero lo catalogaron como un desorden público. Yo alegué que no podía ser un desorden público ni una riña o pleito porque no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza y en la posesión de armas. Mis compañeras eran dos mujeres que no estaban armadas, ellos eran tres hombres, uno de ellos tenía un arma de fuego, los demás tenían macanas y tenían esposas también, eran tres hombres armados frente a dos mujeres que no estaban armadas”, lamentó Lissania.

Presentes consultó a la delegación de la policía que está a cargo del área geográfica donde ocurrió el ataque. Al preguntarles por qué no detuvieron al agresor, se limitaron a responder que “sí interpusieron la denuncia por agresiones” sin dar mayores detalles.

“No puede haber confianza en la policía porque inclusive en el momento en que las compañeras estaban poniendo la denuncia la policía les dijo que ellas aparecen en el video y que también le levantaron la mano al vigilante. Pero en realidad las compañeras estaban defendiéndose. Ellos también han intentado que las compañeras desistan de poner la denuncia”, lamentó Lissania.

Ataques en la impunidad

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo el presidente Nayib Bukele eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“En El Salvador ha pasado en varias empresas, en lugares de comida, ha pasado en centros comerciales y creemos que es necesario que estas situaciones se regulen dentro de la Ley Integral Para una Vida Libre de Violencia (LEIV) expresamente como un delito motivado por odio, porque las compañeras no estaban haciendo nada que transgrediera el orden público y la paz social que es a lo que alegan siempre y ellas estaban en todo el ejercicio de su derecho”, señaló Lissania.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

“Creemos que si es importante que las denuncias puedan sentar un precedente también para que las mujeres no tengamos que vivir este tipo de violencia, sino que se nos proteja y que las personas alrededor sepan que es un derecho legitimo el que se está reclamando y que también se está defendiendo un derecho, creemos que es necesario que se reconozca que existen este tipo de acciones que son motivadas por odio”, puntualizó Lissania.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.