Un grupo anti-LGBTQ+ ha reiterado su apoyo a la “terapia de conversión” mientras las comunidades queer de todo el mundo conmemoran el aniversario del tiroteo en el club nocturno Pulse.

Liberty Counsel, una organización legal que se dedica a litigios para promover los valores cristianos, pareció utilizar el tiroteo para intentar borrar el “estilo de vida LGBTQ+”.

El grupo afirmó en una publicación de blog el martes (11 de junio) que un sobreviviente del ataque (49 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en el tiroteo masivo dentro de un club nocturno gay en Florida) era ahora el jefe de una “organización de asesoramiento para el cambio cristiano”. 

El término consejería de cambio cristiano parece ser sinónimo de terapia de conversión: un intento de cambiar por la fuerza la sexualidad o identidad de género de alguien.

La publicación describe las experiencias del sobreviviente Ángel Colón durante la masacre, diciendo que estaba “borracho y drogado” antes de que el pistolero Omar Mateen abriera fuego en las primeras horas del 12 de junio, hace ocho años.

“Me quedé petrificado al saber que yo era el siguiente”, dijo Colón a Liberty Counsel. “Reclamé proféticamente mi vida para el Señor. Le dije que no dejaría ese edificio muerto, que tenía un propósito y que Él cumpliría todas las promesas que hizo sobre mi vida. En ese momento supe que era elegido y que Dios tenía algo grande para mí”.

Varios años después de la atrocidad, Colón, junto con su compañero sobreviviente Luis Javier Ruiz, fundó Fearless Identity, una organización que busca “llevar esperanza” y “comprensión bíblica” a las personas LGBTQ+. Y prestar  “apoyo en un ambiente libre de juicios para aquellos que buscan la opción de cambiar. Cerramos la brecha entre los marginados y los incomprendidos, los heridos y los sobrevivientes para llevar a esos individuos a la plenitud en Jesucristo”. Varios grupos han calificado sus prácticas de terapia de conversión, pero la pareja lo niega y han dicho que están tratando de enseñar a las iglesias a no juzgar a la comunidad LGBTQ+.

En la publicación, Liberty Counsel elogió a Colón por elegir “dejar el estilo de vida homosexual”. La publicación continuaba: “Seis balas no pudieron detener a Ángel de hablar la verdad en el amor a otros atrapados en este comportamiento. Pero las prohibiciones al asesoramiento sobre el cambio cristiano están silenciando a los consejeros cristianos de salud mental y a personas como Angel de rescatar a aquellos atrapados en un estilo de vida LGBTQ.”.

La organización apunta específicamente a HR15, conocida como Ley de Igualdad, que busca consagrar la prohibición de la terapia de conversión en la ley federal de Estados Unidos.

Joe Biden ha instado continuamente a los legisladores a aprobar la ley, diciendo que los derechos de los estadounidenses queer han estado bajo un “ataque implacable”.

En respuesta, el fundador de Liberty Counsel, Mat Staver, criticó al presidente por prohibir la terapia de conversión “simplemente porque está basada en la Biblia”.

Staver continuó diciendo: “Liberty Counsel ha luchado duro para revocar 23 prohibiciones de asesoramiento que dicen la verdad sobre la disforia de género y el diseño de Dios para la sexualidad humana. Pero siguen vigentes 87 prohibiciones en todo el país. A menos que lancemos un rugido justo que no pueda ser ignorado, la agenda LGBTQ+ podría ganar esta lucha”.

Liberty Counsel tiene como objetivo presentar tres nuevos casos en todo Estados Unidos para “defender a consejeros cristianos”, como Colón, de una prohibición de la terapia de conversión, e instó a sus partidarios a “proteger a nuestros niños” votando en contra de HR15.

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La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado la Ley de Igualdad, que pretende reformar la vigente Ley de Derechos Civiles para que también proteja a las personas LGTBI contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. La ley ha sido votada favorablemente por la inmensa mayoría de los representantes del Partido Demócrata, pero con la oposición de la práctica totalidad de los representantes del Partido Republicano. Esto último advierte de la poca probabilidad de que sea convalidada por el Senado, donde los republicanos son mayoría, paso necesario para su entrada en vigor. El presidente Donald Trump, por su parte, ya anunció su oposición a la Ley de Igualdad debido a que contiene «píldoras envenenadas», refiriéndose a los artículos que protegen los derechos de las personas trans.

El pasado viernes 17 de mayo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el proyecto de Ley de Igualdad que había sido presentada por el Partido Demócrata el pasado mes de marzo. La prontitud en la votación se debía a la voluntad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien, en palabras de la directora ejecutiva de GLAAD, «ha convertido a los derechos LGTBI en la piedra angular de su carrera».

La votación se saldó con 273 votos favorables y 173 en contra, una mayoría amplia que refleja la composición de la cámara baja, en estos momentos en manos del Partido Demócrata. Un total de 228 representantes demócratas votaron a favor y 7 se abstuvieron. En el bando republicano, votaron a favor 8 representantes, 173 lo hicieron en contra y 16 se abstuvieron.

Se trataba de la segunda ocasión en que se presentaba este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue introducido por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, una versión del presentado infructuosamente en 1974, añade a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. La Ley de Igualdad pretende que esa protección sea de ámbito federal.

Sin embargo, la dificultad para que la Ley de Igualdad tome vigencia está en el Senado, de mayoría republicana y donde se presentó en la misma fecha que en la Cámara de Representantes. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos, algo altamente improbable. Incluso la primera dificultad estribaría en que el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, acepte presentarla en comisión para su debate y su posterior votación en un plazo razonable.

La reforma de la Ley de Derechos Civiles tampoco obtendría la aprobación presidencial, según declaraba un alto funcionario de su equipo en el siguiente comunicado: «La Administración Trump se opone absolutamente a la discriminación de cualquier tipo y apoya la igualdad de trato para todos. Sin embargo, este proyecto de ley en su forma actual está lleno de píldoras envenenadas que amenazan con socavar los derechos de los padres y de conciencia». Estas afirmaciones contrastan con las que sostenía anteriormente Donald Trump, quien, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo».

A pesar de las pocas probabilidades de que la Ley de Igualdad tome finalmente efecto, su aprobación por parte de la Cámara de Representantes ha sido vista por los defensores de los derechos LGTBI como un avance de gran fuerza simbólica. Human Rights Campaign lo expresaba de esta manera en las redes sociales: «Es la primera vez que una cámara del Congreso ha aprobado un proyecto de ley integral de derechos civiles LGTBI que finalmente proporcionaría protecciones claras y a nivel nacional para las personas LGBTQ en su vida cotidiana».

Las fuerzas conservadoras en contra de los derechos de las personas trans

Como hacen sospechar las declaraciones del equipo presidencial y han manifestado claramente los representantes del Partido Republicano opuestos a la aprobación de la Ley de Igualdad, son los derechos de las personas trans los que provocan un mayor rechazo entre las filas conservadoras.

La defensa del proyecto de ley por parte del Partido Demócrata se podía resumir con las palabras de Jerrold Nadler, representante por Nueva York y presidente del Comité Judicial: «La cuestión que tenemos ante nosotros no es si la comunidad de LGTBI se enfrenta una discriminación escandalosa e inmoral, puesto que los hechos demuestran claramente que sí lo hace. La pregunta es si nosotros, como Congreso, estamos dispuestos a tomar medidas para hacer algo al respecto. La respuesta va directamente al corazón de lo que queremos ser como país, y hoy, esa respuesta debe ser un resonante ‘sí’».

Mientras tanto, los representantes republicanos defendían su rechazo a la igualdad de derechos para las personas LGTBI con referencias a la «seguridad de las mujeres y los niños en los espacios privados», en alusión al derecho de las personas trans a utilizar los baños públicos que se corresponden a su identidad de género. También mencionaban los «problemas de conciencia» para el personal sanitario involucrado en las cirugías y tratamientos para la reasignación de género, o que «se obligaría a los centros escolares a que enseñasen educación sexual en la que se afirmaría que la identidad de género es por propia identificación».

Para dar una idea del fanatismo que destilan las fuerzas conservadoras, el grupo extremista Liberty Counsel emitía un comunicado tras la votación en la Cámara de Representantes en el que señalaba con nombres y apellidos a los ocho representantes republicanos que habían votado favorablemente a la Ley de Igualdad. Según Liberty Counsel, «nadie que haya votado por la mal llamada «Ley de Igualdad» merece servir en el Congreso. Este proyecto de ley destruye la libertad religiosa fundamental sobre la que se fundó América. Este proyecto de ley es antipatriótico y peligroso. La mal llamada «Ley de Igualdad» no tiene nada que ver con la igualdad y es la amenaza más seria a la vida y la libertad jamás propuesta por el Congreso. Este proyecto de ley debe ser detenido en el Senado. Si este proyecto de ley se convierte en ley, las consecuencias serán sobrecogedoras». En anteriores oportunidades, Liberty Counsel había afirmado que el proyecto de ley «abriría la puerta a la pedofilia, a la prohibición de la Biblia y al incremento de las agresiones sexuales».

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Estas presiones de las fuerzas ultraconservadoras hacen mella en el Partido Republicano. Sin embargo, su oposición a la reforma de la Ley de Derechos Civiles para incluir a las personas LGTBI entre quienes estén protegidas contra la discriminación choca con la realidad social, que muestra que la mayoría de la población estadounidense es favorable a esa protección. Según una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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Kim Davis se ha quedado en paro. Saltó a la fama mundial hace 3 años al negarse a emitir certificados de matrimonio a las parejas homosexuales, y ha perdido su puesto de Secretaria del Condado de Rowan (Kentucky) en las elecciones celebradas la semana pasada en EE.UU. (las Midterms).

Kim Davis ya tiene pensado cuál será el próximo paso que dará en su carrera artística: quiere convertirse en predicadora/ministra evangélica. Así lo ha explicado su abogado, Mat Staver (del bufete ultra católico Liberty Counsel) en una entrevista de radio. “Creo que lo que quiere hacer es dedicarse a algún tipo de ministerio… Ahí es hacia donde el Señor la guía ahora en este momento“.

Davis, que en 2014 ganó las elecciones presentándose por el partido demócrata y que se presentó este año como republicana, perdió las elecciones por casi un millar de votos frente a Elwood Caudill Jr.. Un candidato que, obviamente, no le gusta nada al abogado de Davis que ya ha acusado a Caudill Jr. de no tener “ni idea de cómo dirigir una oficina de Secretaría” porque “es mucho más que emitir licencias de matrimonio“.

Staver cree que Davis perdió las elecciones… porque no hizo campaña. Lo de ser una homófoba que se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales porque eso iba a corromper la institución del matrimonio aunque ella se ha divorciado tres veces) seguro que no tiene nada que ver. “Es interesante, pero Kim no hizo campaña. Kim se centró en hacer su trabajo. Hizo una campaña bastante poco convencional“, explicó Staver en la entrevista, “No acudió a recaudaciones de fondos, no salió a buscar votantes entre los arbustos. Y si hizo todo eso fue porque no es la típica política. Se pasó horas sin dormir haciendo su trabajo. Quiere hacer el trabajo y lo hace bien.”

Pues los contribuyentes que le pagan el sueldo no opinan lo mismo. Sobre todo porque desde que Kim la lió y fue a la cárcel por negarse a cumplir la ley, que el gobernador republicano cambió para poder liberarla, ha pasado más tiempo fuera de la oficina que dentro. Y es que entre las charlas en conferencias anti LGTB y las visitas a Rumanía para hablar en contra del matrimonio igualitario la ex-Secretaria de Condado y futura Reverenda Davis ha estado bastante ocupada.

Fuente  Pink News, vía HazteQueer

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El proyecto de ley para prohibir las peligrosas «terapias» reparadoras de la homosexualidad en California por fraude al consumidor entra en vía muerta. Evan Low, el representante demócrata promotor de la medida, ha decidido retirarla después de que ambas cámaras legislativas la aprobaran y antes de remitirla al gobernador del estado para que la firmara. Low tomó la decisión de paralizar el proyecto tras reunirse con representantes de grupos religiosos, que lo animaron a «encontrar una posición común». Asegura que en el próximo periodo de sesiones introducirá una propuesta modificada para conseguir el máximo consenso.

Jarro de agua fría: el estado de California da marcha atrás en su propuesta de prohibir, con carácter general, las peligrosas e inútiles «terapias» de conversión. La iniciativa suponía una novedad respecto a leyes similares en otros estados, cuyo objetivo es la protección de los menores, pero que dejan campo libre a la aplicación de este tipo de intervenciones en mayores de edad a los que se les reconoce la capacidad de consentir libremente sobre ellas. En el proyecto de Low, el foco se ponía sobre el hecho de que este tipo de intervenciones supone un fraude, ya que se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, y por tanto no podrían anunciarse ni ofrecerse como parte de ninguna cartera de servicios con la promesa de conseguir «revertir» la homosexualidad o la transexualidad. Se trata, en este sentido, de proteger los derechos de los ciudadanos como consumidores.

Listo para ser aprobado y pendiente de un último trámite, se paraliza el proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión en California. Y lo ha hecho su propio impulsor, el asambleísta demócrata, Evan Low, abiertamente homosexual, quien asegura que necesita más tiempo para elaborar un modelo que pueda ser exportado a nivel nacional.

Aprobado tanto por el Senado como por la Asamblea y pendiente de su ratificación por el gobernador, Jerry Brown, el proyecto de ley para declarar las terapias de conversión como una práctica fraudulenta en el estado de California es paralizado este viernes, 31 de agosto, último día de la sesión legislativa, por su propio autor, el asambleísta demócrata y representante de Campbell, Evan Low, abiertamente homosexual y quien lo habría presentado inicialmente, que ha alegado que necesita más tiempo para tratar de elaborar un modelo que pueda ser exportado a nivel nacional. De haber sido definitivamente aprobada, la denominada Ley AB 2943 tenía el propósito de prohibir la venta y publicidad de terapias de conversión que tienen el objetivo de invertir la orientación sexual de sus pacientes.

A pesar de que recula tras sostener que ha mantenido productivas conversaciones con sus oponentes, algunos de los cuales defienden que los legisladores no deberían limitar las opciones de terapia, mientras que otros luchan contra la propuesta por motivos religiosos, Low sostiene que su proyecto de ley no daña ni la libertad de expresión ni la libertad religiosa, dado que las limitaciones solo se limitan a las campañas de promoción y las transacciones económicas, aunque estaba previsto que también se ampliara a la prohibición de ser aplicadas en personas adultas. Grupos ultraconservadores no han tardado en celebrar esta decisión.

Jonathan Keller, presidente de California Family Council, una de las asociaciones que ha contribuido en gran medida a coordinar la oposición de organizaciones y activistas religiosos a nivel local, estatal y nacional, califica la decisión de Low como una respuesta a sus oraciones, afirmando que su ley «habría limitado trágicamente nuestra capacidad para ofrecer apoyo compasivo relacionado con la orientación sexual y la identidad de género, e incluso para predicar el mensaje de Jesús de amor incondicional y transformación de la vida».

«El peligroso proyecto de ley que prohibiría el asesoramiento e incluso partes de la Biblia está muerto», declara Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel y otro de los grandes opositores de la ley AB 2943, quien asegura que su organización estaba preparada «para impugnar este proyecto de ley inconstitucional y peligroso de aprobarse. Gracias a Dios, este proyecto de ley ahora está muerto (…). Me alegra que los legisladores de California reconozcan que muchas personas, incluidos nuestros clientes de Liberty Counsel, tienen experiencia personal en cambiar su atracción sexual no deseada y otras que han ayudado profesionalmente a sus clientes a cambiar, reducir o eliminar las atracciones del mismo sexo».

«Cuando era joven a menudo me encontraba confundido acerca de mi orientación sexual (…). Esto me dejó muy perdido, asustado, solo e incluso con pensamientos suicidas (…). Muchos miembros de la comunidad LGBT no son tan afortunados y no tienen el apoyo que yo tuve y han sido sometidos a la práctica dañina y fraudulenta de la terapia de conversión», asegura Low, para quien este proyecto de ley era intensamente personal, asegurando que continuará trabajando para que sea aprobado el año próximo.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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Kim Davis presenta una demanda para evitar que la gente siga demandándola por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales en el estado de Kentucky.

Los abogados de Davis argumentan que Davis tiene derecho a negarse y que los demandantes pueden ir a pedírsela a otro funcionario y no molestarla a ella. 

Kim Davis,  es una señora funcionaria que se casó y se divorció tres veces pero se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales cuando se legalizó el matrimonio igualitario en EE.UU. porque decía que así se lo había pedido Dios. Davis pasó 5 días en la cárcel por incumplir la ley, se convirtió en una mártir de la ultra-derecha religiosa en el país de Donald J. Trump y hasta ha exportado su homofobia a Rumanía. Por desgracia (para nosotros) su drama legal terminó cuando el gobernador de Kentucky cambió esa ley y se aseguró de que Davis dejara de molestar (y de ser molestada).

Pero las demandas contra Davis han seguido presentándose y ella, que está cansada de que todo el mundo la denuncie ha decidido pasar a la ofensiva y junto a sus abogados, los ultra-cristianos del Liberty Counsel, ha presentado una demanda en la Corte de Apelaciones del 6º Circuito de EE.UU. exigiendo que se archiven dos procesos judiciales que aún están abiertos contra ella.

Y es que según sus abogados, el hecho de que Davis se negara a entregar esas licencias a los demandantes no quebrantó ningún derecho de los mismos porque podían habérsela pedido a otra persona y así no violar la “libertad religiosa” de la funcionaria. “Davis tiene derecho a inmunidad frente a los demandantes” dice el texto de la demanda, “puesto que los demandantes no han establecido una violación de su derecho constitucional al matrimonio, de hecho no han demostrado tener ningún derecho constitucional claramente establecido.”

Añade el Liberty Counsel que los demandantes no han especificado en qué lugar de la ley (ya sea bajo la sentencia del supremo del caso Obergefell v. Hodges -el que legalizó el matrimonio igualitario– o cualquier otra) pone que tengan derecho a recibir su certificado de matrimonio de un funcionario en particular (en este caso, Davis) o en un lugar particular (el condado de Rowan, donde trabaja Davis); y básicamente protestan porque se ha vulnerado el derecho de Davis a su libertad religiosa cuando los demandantes podrían haber ido a buscar a otro funcionario en cualquier otro lugar de Kentucky. Con lo cual nadie ha quebrantado sus derechos.

Es decir: que si tú vas a hacer un trámite legal y el funcionario de turno se niega por homófobo, no puedes quejarte porque puedes ir a otro funcionario que te lo haga. Es un poco como decir que si te atracan en mitad de la calle la culpa es tuya porque podrías haber ido por otra calle en la que no te atracaran.

No sabemos hasta qué punto esta demanda de Davis puede llegar a alguna parte, aunque siendo Estados Unidos podemos esperar cualquier cosa. De hecho el mismo Liberty Counsel hace unas semanas quisieron demandar a las Girl Scout y prohibir la venta de sus famosas galletas porque consideran que promueven el aborto y la promiscuidad.

Fuente | Pink News, vía estoyBailando

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Kim Davis publica un libro en el que se erige como mártir y carga contra los “furiosos y vociferantes hombres homosexuales”

La funcionaria homófoba presenta su libro sobre “cómo Dios la ayudó a defender el matrimonio”.

Está publicado por Liberty Counsel, la firma de abogados que la defendió y que aseguraba que “a los homófobos se les trataba como los nazis a los judíos”. 

La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada por un delito de desacato en 2015 al desobedecer una orden judicial y bloquear la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, vuelve a la carga. Elevada a los altares de los sectores LGTBfóbicos, ultraconservadores y extremistas religiosos, Davis sigue explotando su pretendido rol de mártir en beneficio propio. Under God’s Authority: The Kim Davis Story (cuya traducción literal sería: Bajo la autoridad de Dios: la historia de Kim Davis), el libro que acaba de salir a la venta y que recoge su historia desde su propio y sesgado punto de vista, es una nueva muestra de su proceso de victimización. Los “malos”, según sus propias palabras, son “los furiosos y vociferantes hombres homosexuales”. Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, asegura que “es una gran lectura. Pero más que eso, esta notable historia de lo que Dios hizo en la vida de Kim me da esperanza para nuestra nación”. La última vez que Davis consiguió titulares fue el pasado mes de octubre, cuando se embarcó en un viaje de nueve días a Rumanía con el asesor de Liberty, Harry Mihet. Ambos se reunieron con grupos religiosos con el objetivo de alentar a los legisladores de este país a adoptar medidas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo el veto constitucional discriminatorio.

Hacía mucho que no sabíamos nada de Kim Davis, nuestra homófoba favorita. Seguramente la recuerdes como la funcionaria homófoba de Kentucky que se negó a dar las licencias de matrimonio a cualquier pareja, heterosexuales incluidas, para evitar que las homosexuales pudieran casarse y por lo que estuvo cinco días en prisión.

Y ahora hemos sabido el motivo: ha estado ocupada coescribiendo un libro que, atención “va más allá de los entresijos y nos descubre cómo Dios le ha dado una plataforma para defender el mundo y la libertad religiosa”. Así al menos es como se anuncia en la web donde se puede comprar, que por cierto, es la del Liberty Counsel, la firma de abogados que defendió a Kim y que le organizó una gira por Rumanía contra el matrimonio igualitario y que se quejó porque a los pobres homófobos se les estaba tratando como los nazis a los judíos.

En la contraportada se puede leer esta magnífica sinopsis: “Es la historia de cómo Dios transformó su vida en 2011, por qué se retiró en 2014, y como sabía seis meses antes de la desastrosa decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y cómo la llevaría a la cárcel”. Vamos, que ahora Kim también es vidente.

En una cultura que degrada a las personas que obedecen obedientemente a Jesús, Kim Davis recurrió a su fortaleza cuando experimentó (y soportó) la persecución de la cultura, el tribunal y la muchedumbre, y sobrevivió para contarlo en su fascinante libro”, dice Franklin Graham, CEO de Billy Graham Evangelistic Association y Samaritan’s Purse. Para Graham, “su historia demuestra que una persona realmente puede hacer la diferencia cuando toma una posición por Cristo”. Así queda recogido en la web de Liberty Counsel, una “firma de abogados por las libertades civiles religiosas de interés público nacional” de EE UU, abiertamente LGTBfóbica, que publica y distribuye la obra de Kim Davis.

El libro Under God’s Authority: The Kim Davis Story está coescrito por John Aman, director de servicios creativos de Liberty Counsel, y Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, que representó a Davis durante su caso en los tribunales estadounidenses. Además del referido apoyo del exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, Kim Davis también cuenta con el respaldo político de Matt Bevin, gobernador de Kentucky (el tercer republicano en acceder al cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial). En opinión de Bevin, “cuando la historia recurrió a Kim, ella estaba lista y dispuesta para responder”.

Activistas LGTBI locales señalan, en cambio, que el libro de Kim Davis debería llamarse Kim Davis Cost to Kentucky Taxpayers (cuya traducción sería: Coste para los contribuyentes de Kentucky), ya que las posiciones de la funcionaria supusieron un gasto de 222.695 dólares a cuenta del erario público, en concepto de honorarios legales.

Con la salida a la luz de su libro, Kim Davis pretende hacer campaña para ser reelegida en su puesto de funcionaria. Y no lo tendrá aparentemente fácil, dada la fuerte oposición de los demócratas, que quieren echarla de la oficina del registro. Entre ellos se encuentra David Ermold, uno de los hombres a los que Davis negó una licencia de matrimonio. Ermold se postula para “restaurar el liderazgo profesional, la equidad y la responsabilidad”.

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Su nombre se hizo famoso hace dos años y grupos homófobos de todo el mundo la elevaron a sus altares como una mártir. La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada durante unos pocos días por impedir la concesión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo en su condado, ha vuelto a la escena pública. En esta ocasión, para apoyar la campaña contra el matrimonio igualitario en el referéndum que se celebrará en las próximas semanas en Rumanía y cuyo resultado podría significar el blindaje a nivel constitucional de la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Rumanía avanza hacia el veto constitucional del matrimonio igualitario y lo hace con la ayuda de una de las “heroínas” de la causa homófoba. Kim Davis ha viajado al país europeo para participar en la precampaña del referéndum que, salvo sorpresas, elevará a la Constitución rumana la prohibición de contraer matrimonio para las parejas del mismo sexo. Davis ganó una gran notoriedad hace dos años por su “cruzada” contra la igualdad matrimonial en su Kentucky natal. Por desobedecer una orden judicial bloqueando la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en su condado, fue encarcelada por un delito de desacato. No obstante, sería liberada poco tiempo después con la condición de no seguir impidiendo las bodas entre personas del mismo sexo. Ahora, la funcionaria hablará en público y se reunirá con arzobispos ortodoxos durante sus nueve días de estancia en Rumanía.

Davis viaja junto con Harry Mihet, el vicepresidente de Asuntos Legales de Liberty Counsel, una asociación evangélica que se hizo cargo de la defensa de la funcionaria en 2015. La organización lleva años prestando asistencia legal a los contrarios a la igualdad LGTB en casos como la anulación de las leyes contra la sodomía en los Estados Unidos o la aprobación del matrimonio igualitario en Massachusetts y Nueva York. También ha defendido a Scott Lively, el activista tristemente conocido por promover la LGTBfobia de Estado más brutal en Uganda. En Rumanía, Liberty Counsel lleva meses colaborando con la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para blindar el matrimonio excluyente en la Constitución.

El referéndum, previsto para este otoño

Una consulta que está cada vez más cerca después de que Liviu Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) y presidente de la Cámara de Diputados, asegurara en septiembre que su formación promoverá su celebración en este mismo otoño. La victoria de la propuesta se da prácticamente por segura si se lleva a cabo finalmente el referéndum. La formación ya apoyó en mayo el proyecto en el Parlamento. La medida cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Si se cumple el calendario anunciado por Dragnea, tras su aprobación en la cámara baja la propuesta pasará en las próximas semanas al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes. Si la cámara alta también apoya la iniciativa homófoba, lo que parece seguro tras el respaldo de los socialdemócratas, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso  lleva fraguándose desde julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se reactivó en mayo de este año.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

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En una nueva ocurrencia, Mat Staver ha hecho una comparación entre estúpida y gloriosa: quejarse de que a los homófobos se les trata fatal. Como los nazis a los judíos. 

Mat Staver, el abogado que defendió a la archiconocida homófoba Kim Davis, vuelve a la carga con unas declaraciones que nos han dejado estupefactos.

Resulta que al pobre señor le ha sentado fatal que el Southern Poverty Law Center haya catalogado a la Liberty Counsel, la organización  homófoba que preside, como grupo de odio. Por si no lo sabes, el Southern Poverty Law es una ONG que se dedica a la defensa de los derechos civiles.

Por si fuera poco, al ser preguntado hasta dónde se podría llegar, Mat fue muy claro en su respuesta:

“Creo que es una pregunta que debemos responder a todo el que nos está escuchando. Creo que hemos cruzado la línea roja y no podemos dejar que esto vaya más lejos. Si miras a los años 30 y lo que sucedió con los judíos […] empezaron a prohibir a los judíos en los empleos públicos, luego de sus trabajos privados, luego los marcaban con una Estrella de David, restringían sus viajes, sus ingresos y ya sabes lo que pasó, tuvimos una Segunda Guerra Mundial”.

Sí has leído bien. Pobrecitos homófobos, que les señalan con el dedo y les marcan como a los judíos en los campos nazis…

Este es el audio de la entrevista por si quieres oirlo de su propia voz:

Sin embargo, no es la primera vez que Staver hace una comparación semejante. Ya lo hizo en 2016 cuando se dijo que se enfrentaba a ataques satánicos y a una opresión nazi por parte de los colectivos LGTB.

Nosotros ya te habíamos hablado de este señor, por supuesto, cuando se dedicó a defender a Kim Davis y en otros delirantes episodios, como cuando aseguró que la policía de Orlando debería hacerse la prueba del sida o cuando fue contratado por un médico homófobo

Fuente | Right Wing Watch , vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Kim Davis, Liberty Counsel, Mat Staver, Southern Poverty Law, VCY America

Una pequeña Universidad cristiana en la provincia occidental de Columbia Británica celebra su victoria legal después de que el Tribunal de Apelación le haya confirmado el derecho de los futuros graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Trinity Western a practicar derecho en la provincia según los preceptos cristianos.

El Tribunal de Apelación de la Columbia Británica falla a favor del derecho de una universidad cristiana a tener su escuela de leyes acreditada. A la Universidad Trinity Western se le había negado la acreditación para su escuela de derecho porque tiene una política que dice que las relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer violan las enseñanzas religiosas de la universidad y por lo tanto están prohibidas, obligando además a sus alumnos a firmar «un pacto comunitario que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo». Y un tribunal les ha dado la razón.

En una decisión unánime, cinco jueces han declarado que el impacto negativo en las libertades religiosas de Trinity Western superaría con creces el efecto mínimo que la acreditación tendría sobre los derechos LGBT. El fallo confirma una decisión anterior tomada por un Juez de la Corte Suprema de la Columbia Británica que dictamina que la Sociedad de Abogados de Columbia Británica estaba equivocada al negar la acreditación a futuros alumnos de la escuela de derecho propuesta por la universidad cristiana. El tribunal desestima una apelación de la sociedad de abogados que argumentaba que el pacto de la escuela y el código de conducta discriminaban a los miembros de la comunidad LGBT.

La decisión del Tribunal de Apelación concluye que negar la aprobación a Trinity Western no mejora el acceso a la escuela de derecho para los miembros de la comunidad LGTB y, por lo tanto, no ayuda a cumplir sus objetivos de interés público. «Este caso demuestra que una mayoría bienintencionada que actúa en nombre de la tolerancia y el liberalismo puede, si no se controla, imponer sus puntos de vista sobre la minoría de una manera que es en sí intolerante y liberal», según se afirma en la sentencia de 66 páginas, que claramente si parece ser discriminatoria al tildar de intolerante al colectivo LGTB que tan sólo lucha para que no se pisotéen sus derechos.

«Esta decisión es un paso positivo hacia la protección de la libertad religiosa de los colegios y universidades cristianas (…). La colisión entre la libertad religiosa y la agenda LGBT es inevitable. La libertad religiosa es una piedra angular de América y se afirma en la constitución federal y de cada estado. Esta decisión es alentadora porque nuestro vecino de al lado no siempre ha tenido el mismo compromiso con la libertad religiosa. Me complace que los estudiantes que buscan una experiencia de la escuela de derecho cristiano en Canadá ahora tienen una opción», declara Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, un grupo que defiende la libertad religiosa.

«Todos, religiosos o no, deben celebrar esta decisión como una protección de nuestra identidad canadiense (…). La libertad de creer cómo elegimos y practicamos en consecuencia es uno de los privilegios más profundos que tenemos como canadienses. Somos una sociedad diversa y pluralista, comprometidos a respetarnos unos a otros incluso cuando no estamos de acuerdo. Esto es algo que la gente de muchos otros países no disfruta», declara Amy Robertson, portavoz de la universidad, en un comunicado.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Amy Robertson, Columbia Británica, Evangelical Free Churches of America (EFCA), Homofobia/Transfobia, Libertad Religiosa, Liberty Counsel, Mat Staver, Universidad Trinity Western

Ampliación sustanciosa de la Noticia que de forma más o menos urgente publicábamos ayer y que abre nuevos interrogantes y espectativas al asunto… Espectativas que ojalá fueran en la buena dirección: La aceptación sin ambages de las personas LGTBI y sus matrimonios y familias… No hay otra, Francisco.

La conmoción desatada por la noticia del encuentro del papa Francisco con Kim Davis ha sido tan grande, y el deterioro de la imagen papal tal acentuada –especialmente en los Estados Unidos– que el Vaticano ha hecho algo muy poco habitual: desmentir oficialmente la versión de Davis y sus abogados sobre las circunstancias en las que se produjo el encuentro y señalar que este, en cualquier caso, no suponía un apoyo oficial a sus posiciones. Es más, poco después del desmentido se ha conocido que Francisco recibió a una pareja del mismo sexo argentina, uno de cuyos miembros mantiene un viejo vínculo personal con el papa. El giro de los acontecimientos abre numerosos interrogantes y quizá tenga efectos que a día de hoy son impredecibles.

Según el comunicado que el Vaticano ha hecho público, su encuentro con Kim Davis (la funcionaria homófoba de Kentucky que llegó a ser encarcelada durante unos días por desobedecer una orden judicial y bloquear la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en su condado) no significaba que el papa aprobara sin más sus posiciones. “El papa no entró en los detalles de la situación de la señora Davis y su encuentro no debería ser considerado una forma de apoyar su posición en la totalidad de sus complejos y particulares aspectos”, reza el texto que firma Federico Lombardi, director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Pero quizá lo más significativo del comunicado son las aclaraciones que hace a las circunstancias del encuentro, al asegurar que “el papa Francisco se reunió con varias docenas de personas que habían sido invitadas por la Nunciatura para saludarle mientras se preparaba para dejar Washington y viajar a Nueva York. Estos encuentros breves tienen lugar en todas las visitas papales y se deben a la amabilidad y disponibilidad características del papa. La única audiencia real que el Papa otorgó en la Nunciatura fue con uno de sus antiguos estudiantes y su familia”.

El comunicado vaticano, breve en su extensión, tiene sin embargo una gran carga de profundidad. En primer lugar, es absolutamente inusual que la Santa Sede emita este tipo de desmentidos. La propia oficina de prensa vaticana, de hecho, había indicado (así lo recogíamos en nuestra anterior entrada) que no habría manifestaciones al respecto. En segundo lugar, sorprende el detalle con el que el comunicado rebaja el nivel del encuentro y lo sitúa, prácticamente, como un simple saludo en el contexto de una recepción a un grupo numeroso de personas, y además no invitadas directamente por el papa, sino por la Nunciatura (la Embajada vaticana).

Pero lo más sorprendente es la frase que hemos destacado en negrita, que especifica que la única “audiencia real” que el papa concedió (un día antes de su encuentro con Davis) fue en realidad a uno de sus antiguos estudiantes y su familia. No es una información inocente, precisamente: poco después de conocerse el comunicado se hacía público que dicho antiguo estudiante no fue otro que Yayo Grassi, de 67 años, a quien Jorge Bergoglio enseñó literatura y psicología en los años sesenta en el Colegio de la Inmaculada Concepción, un instituto jesuita de Santa Fe, en Argentina. Grassi, residente ahora en los Estados Unidos, acudió a la recepción papal acompañado del que es su pareja desde hace 19 años, Iwan Bagus, si bien es cierto que iban con ellos otras tres amigas.

Es más, el vídeo de esta recepción -que sí fue individualizada- es ya público. Merece la pena verlo con detalle… En él se observa como la relación de pareja de Grassi y Bagus aparece diluida, aunque no se nos escapa como Bergoglio asegura recordar a Bagus de al menos un encuentro anterior:

Los abogados de Kim Davis: el Vaticano miente

El entorno de Kim Davis, sin embargo, niega las afirmaciones contenidas en el comunicado vaticano, y asegura que sí hubo un encuentro privado en el que el papa expresó a la funcionaria y a su actual marido su apoyo “al derecho universal a la objeción de conciencia, incluyo para los funcionarios del gobierno”. Así reza el comunicado de Liberty Counsel, la firma de abogados evangélica especializada en litigios de carácter religioso fundada por Mathew Staver, abogado principal de Kim Davis. “El encuentro con Kim Davis ocurrió a iniciativa del Vaticano, y el encuentro privado tuvo lugar en la Embajada vaticana en Washington D.C. el jueves 24 de septiembre. Se trató de un encuentro privado sin ninguna otra persona del público presente”, añade el comunicado.

Es más, en su perfil de Twitter, Liberty Counsel ha hecho incluso pública la foto del vehículo de seguridad que el Vaticano habría enviado para recoger a la pareja, la foto de los dos rosarios con el sello papal que Francisco habría regalado al matrimonio y dos fotografías de Davis y su marido sentados esperando el encuentro con el papa. Dos fotografías que en las que por cierto reconocemos exactamente la misma salita en la que Bergoglio recibió a su antiguo alumno y su pareja:

Un desmentido que plantea muchas preguntas

Hay mucho que habría que aclarar en todo lo que ha sucedido. Asumiendo incluso que el Vaticano diga la verdad, ¿quién es de todas formas el responsable de que Davis fuera invitada a la Nunciatura? Si fue la propia Nunciatura, ¿por qué lo hizo? ¿Acaso no sabían que acabaría trascendiendo? ¿No pensaron que Kim Davis y quienes la jalean aprovecharían el encuentro en su beneficio? Preguntas que siguen siendo igual de válidas si el papa (o su entorno de confianza más directo) era conocedor de la invitación y la aprobó en un acto de equidistante hipocresía.

Sigamos poniéndonos en la hipótesis más favorable al papa… ¿Puede haberse tratado de una escaramuza más de los sectores más conservadores de la Iglesia para reforzar su posición ante cambios que, reales o imaginados, creen percibir? ¿Puede haberse tratado de una maniobra de los sectores más reaccionarios de la sociedad estadounidense, católicos o no, que buscaban un signo notorio de que el papa les apoyaba en su guerra cultural y su LGTBfobia? ¿O hay que dejarse de hipótesis conspirativas y lo que simplemente ocurre es que al papa se le ha escapado de las manos su cuidada equidistancia entre gestos amables y posiciones inmovilistas?

Un comunicado, en cualquier caso, de calado

En cualquier el comunicado vaticano no solo desmiente la versión que Davis y su abogado han aireado a los cuatro abiertos (posiblemente ahora eso es lo menos importante) sino que desvela la recepción a una pareja gay a la que denomina “familia”. Un detalle que seguro no pasará desapercibido a los vaticanistas, y que adivinamos traerá consecuencias… Un desmentido que adquiere así un calado que desde Cristianos Gays, donde nos hemos posicionado de forma muy crítica hacia Jorge Bergoglio, sería injusto no reconocer, y que desvela algo que hasta hace pocos años parecía imposible prever: la cada vez mayor vulnerabilidad de las posiciones contrarias a la igualdad LGTB en el seno de la Iglesia católica.

No cabe duda de que las críticas sí han hecho mella en esta ocasión en el Vaticano. Críticas que, por otra parte, no han sido solo externas: incluso desde entornos católicos se había señalado la necesidad de salir cuanto antes al paso para contrarrestar el daño. Destaca por ejemplo la posición defendida por el National Catholic Reporter, un medio que por muy aperturista que se pueda considerar no deja de ser católico y adherido a la institución. Las palabras de este medio eran rotundas: “¿Por qué mantener el encuentro en secreto, dando una señal que algunos están tomando como un deseo ambivalente del papa de decir una cosa y hacer otra? Parte del problema con esta historia ahora mismo es que nadie asociado al papa está dando explicaciones. Las únicas personas que han concedido entrevistas hasta ahora son Davis y su abogado, Mat Staver”.

En definitiva, con independencia de cómo se gestase, todo apunta a que el encuentro papal con la funcionaria homófoba más famosa del planeta se ha vuelto como un auténtico búmeran contra quienes lo diseñaron. Y nos demuestra, una vez más, la fuerza que por méritos propios ha alcanzado el activismo LGTB en Estados Unidos.

¿Continuará el culebrón de los desmentidos?… sin duda…

Fuente Dosmanzanas

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Los pastores que se desempeñan como consejeros voluntarios tienen prohibido llamar pecado al la orientación homosexual en prisiones juveniles del estado de Kentucky.

Las autoridades están prohibiendo las sesiones de asesoramiento que tratan de disuadir a los jóvenes que se sienten atraídos por personas del mismo sexo.

Las políticas del Departamento de Justicia Juvenil de Kentucky (DJJ), establece que el personal y los pastores voluntarios, “no podrán decirle a los jóvenes homosexuales que son anormales, desviados, “pecadores” o que pueden o deben cambiar su orientación sexual o identidad de género”.

Los pastores que se nieguen a obedecer estas normas, no pueden ser consejeros en las agencias estatales. El pastor David Wells se rehusó a cumplir las nuevas disposiciones, y fue expulsado por la administración de una institución de internos de jóvenes delincuentes.

En su defensa, la ONG jurídica cristiana Liberty Counsel alega que “quitarle la Biblia a un pastor es quitarle el bisturí de las manos a un cirujano. Sin ella, no pueden traer sanidad”.

Wells trabajó durante más de 10 años en el ministerio de la prisión que mantiene la Iglesia Bautista de Pleasant View. A él el gobierno le prohibió continuar con su trabajo el 7 de julio. La justificación del gobierno es que se negó a cumplir con una ordenanza como no criticar los “estilos de vida sexuales alternativos” porque es “despectivo”, “tendencioso” y constituye un “discurso de odio”.

En su defensa, el ministro explicó que ninguno de los jóvenes delincuentes era obligado a asistir a servicios o para hablar con él y otros voluntarios. Casos similares se han producido en los estados de California, Oregon y Nueva Jersey.

Las autoridades están prohibiendo las sesiones de asesoramiento que tratan de disuadir a los jóvenes que se sienten atraídos por personas del mismo sexo.

Por otra parte, el activista Mikey Weinstein, presidente de la  Military Religious Freedom Foundation   y  coronel retirado, presentó una demanda al Comando Militar de Estados Unidos, para que todos los capellanes que desprecien la orientación homosexual sean despedidos. Señala que de no hacerlo, estarían incumpliendo una orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Barack Obama, activo defensor de la causa LGBT.

En una carta publicada en la web WND, Weinstein critica a los capellanes que atacan a la homosexualidad: “la única cosa honorable que estos perdedores pueden hacer es doblar sus uniformes, entregar sus papeles y dejar la capellanía militar estadounidense. Si no están dispuestos o son demasiado cobardes para hacerlo, el Departamento de Defensa debe limpiar rápidamente esta inmundicia intolerante que insiste en pertenecer a las filas de nuestras Fuerzas Armadas”, escribe.

Aunque el Departamento de Justicia no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto, se espera una actitud contundente contra la homofobia de los fundamentalistas cristianos. Después de todo, Weinstein forma parte de un consejo del Pentágono que analiza los casos de libertad religiosa. Entrevistado por The Washington Post declaró que los fundamentalistas cristianos dentro del ejército son una amenaza para la seguridad nacional.

Los casos no se reducen a los ministros religiosos, sino que afectan a los fundamentalistas cristianos que trabajan en cualquier ámbito de la administración y discriminen a las persona LGTBI:  Un ejemplo es el de Casey Davis, secretario de condado en Kentucky (EE.UU.) quien, en medio de las advertencias de despido del gobernador, se niega a cumplir la ley y a expedir licencias matrimoniales para parejas del mismo sexo.

Fuente Agencias

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El bufete de abogados cristianos Liberty Counsel, contrarios a los derechos de la diversidad sexual, ha presentado un escrito ante el Sexo Tribunal del Circuito de Apelaciones de Estados Unidos para solicitar que continúe la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Michigan.

Liberty Counsel, un bufete de abogados cristianos de Estados Unidos, ha decidido participar en la defensa legal de la ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en Michigan.

La compañía de abogados ha tomado la decisión con el objetivo de impedir que las parejas homosexuales puedan unirse en matrimonio en el Estado norteamericano de Michigan, al igual que las heterosexuales.

Desde el Liberty Counsel han presentado un escrito ante el Sexto Tribunal del Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, defendiendo la validez de la prohibición del matrimonio igualitario.

El escrito presentado por el bufete de abogados cristianos ante el Sexto Tribunal del Circuito de Apelaciones de Estados Unidos busca que se rectifique la sentencia que emitió el juez Bernard Friedman el pasado mes de marzo, en la cual consideró que la ley que prohíbe el matrimonio igualitario en Michigan es contraria a la Constitución.

“No solo hay un problema en cuanto a que dos cuerpos del mismo sexo no pueden hacer aquello a lo que fueron destinados, sino que existen daños inherentes asociados a las uniones homosexuales“, han defendido desde el Liberty Counsel.

Desde el bufete de abogados cristianos han defendido que las parejas homosexuales tienen mayores problemas de salud y el resto de la ciudadanía no tiene razón alguna para asumir que se paguen dichos gastos con sus impuestos.

“Los costos personales, sociales y financieros de estos homosexuales, con problemas específicos de salud, no solo suponen una preocupación para aquellos que practican la actividad homosexual, sino también para la ciudadanía en general que deberá asumir parte de las cargas que conllevan esos problemas de salud”, han manifestado desde el Liberty Counsel.

“Es racional que los votantes de Michigan traten de minimizar los efectos nocivos de este tema“, ha indicado la compañía de abogados en el escrito dirigido al Sexto Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

Fuente Universogay

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