Miquel Forns

Un vecino de Sitges ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a tres meses de prisión por los insultos homófobos que dirigió en redes sociales al alcalde, Miquel Forns, en octubre de 2017. El acusado, que ha admitido los hechos y ha hecho público su arrepentimiento, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. El alcalde había retirado su denuncia tras recibir personalmente sus disculpas.

La historia la cuenta Quim Balaguer en la web de TV3 y Catalunya Ràdio. El ahora condenado dedicó diversos insultos homófobos al alcalde de Sitges, abiertamente gay, en comentarios que dejó en la página de Facebook del Ayuntamiento. En ellos utilizaba además la homofobia para burlarse de la situación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los políticos catalanes presos en aquel momento en la prisión de Soto del Real (Forns pertenece a Junts per Catalunya, la formación independentista).

El alcalde denunció los comentarios, en línea con su política de «tolerancia cero» con este tipo de insultos. Pero en este caso, en lugar de intentar justificarse, el acusado reconoció los hechos y le pidió disculpas tanto personalmente como en redes sociales, explicando que los comentarios fueron fruto de la enorme tensión política que se vivía en Cataluña combinado con el estrés laboral que sufría en ese momento. El alcalde retiró la denuncia, pero la Fiscalía mantuvo la acusación por un delito contra los derechos fundamentales. Finalmente, Fiscalía y acusado han llegado a un acuerdo, por el que a cambio de reconocer los hechos se le rebaja la pena inicialmente solicitada a tres meses de prisión, una multa de 540 euros y un año de inhabilitación para trabajar en puestos de trabajo relacionados con el mundo docente, deportivo o de tiempo libre. Una sentencia que ha sido valorada positivamente por el Observatori contra l’Homofòbia:

Condemnen a tres mesos de presó un veí de Sitges per insults homòfobs a l’alcalde.l’@OCL_H valorem positivament sentència.Tot suport a @MiquelForns https://t.co/TpxyMGDPSU

— ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) 6 de mayo de 2019

Es más, el condenado, que este mismo lunes ha estado charlando con el propio alcalde de forma amistosa, ha mostrado su voluntad de comprometerse en la lucha contra la homofobia. «Me preocupaba que la gente piense que soy un fascista o un homófobo. Sitges me ha enseñado a ser tolerante. Por eso me he ofrecido al Ayuntamiento para charlas sobre tolerancia para evitar estos comportamientos en redes sociales. Soy el primero en admitir que he hecho una cosa que no tiene nombre y por eso ahora me ayudaría ayudar», ha declarado. Una actitud que sin duda saludamos.

Fuente Dosmanzanas

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Acusada de profanar el icono de Nuestra Señora de Czestochowa Podlesna negó que fueran un ataque contra la religión o la fe

En Polonia, de mayoría católica, dañar los sentimientos religiosos puede conllevar hasta dos años de prisión

Continúa la persecución de la realidad LGTB en Polonia. La policía detuvo el pasado lunes a una activista contraria al Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS), bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. El ministro del Interior ha anunciado la interposición de una demanda contra Elzbieta Podlesna, que se enfrenta a una pena que puede llegar a los dos años de cárcel.

Manifestantes convocaron una protesta en Polonia el martes después de que la policía detuviera unas horas a una activista de derechos humanos acusada de profanar el icono católico más venerado del país al añadir los colores de la bandera arcoíris LGBT a sus halos. La mujer fue detenida el lunes en la ciudad de Plock, en el centro del país, y estaba citada para escuchar los cargos en su contra por profanar el icono de Nuestra Señora de Czestochowa, indicó el ministro del Interior, Joachim Brudzinski. Elzbieta Podlesna, de 51 años, colocó el mes pasado carteles con el icono modificado en muros, papeleras y retretes portátiles cerca de la iglesia de San Dominico en Plock.

La iniciativa de Podlesna surgió como reacción al episodio de LGTBfobia que tuvo lugar en al menos tres iglesias del país. Durante la celebración de la Pascua es una tradición escribir el nombre de los pecados en torno a una cruz. En varios templos, junto a las palabras «avaricia» o «soberbia» aparecieron también los términos «LGBT» y «género». En una iglesia de la localidad de Płock, en el centro del país, añadieron la frase «líbranos del fuego de la falta de fe» sobre las referencias a la comunidad LGTB. Cuando dos activistas colocaron una bandera arcoíris bajo la cruz, se produjo un altercado con el sacerdote, que los tachó de «perversos».

En respuesta, los activistas difundieron una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa, el icono católico más venerado del país, en forma de carteles y flyers. Sustituyeron los halos dorados de la imagen de la virgen y el niño por otros coloreados de arcoíris. El cartel reivindicativo comenzó a difundirse como un gesto de lucha contra la «estigmatización de las personas no heteronormativas por parte del clero», según Podlesna.

La imagen despertó pronto la indignación de los sectores reaccionarios. La candidata a eurodiputada Kaja Godek hacía un llamamiento a la detención de la autora del afiche, como acabó ocurriendo poco después. El lunes, seis agentes registraron el domicilio de Podlesna, la arrestaron y se incautaron de varias copias de la imagen, así como de aparatos electrónicos. La activista está acusada de ofender a los sentimientos de los creyentes y «abusar» de un objeto religioso. Unos delitos que conllevan multas y penas de hasta dos años de prisión.

Podlesna reconoció las acusaciones y fue puesta de nuevo en libertad. Posteriormente, el ministro del Interior Joachim Brudziński (PiS) anunciaba la presentación de una demanda contra la activista. «Ninguna fantasía de libertad y tolerancia le da a nadie el derecho de ofender los sentimientos de los creyentes», afirmaba Brudziński en toda una declaración de intenciones. Se trata del mismo miembro del Gobierno que en julio del año pasado amenazaba a participantes del Orgullo LGTB de Częstochowa por mostrar banderas con el escudo nacional superpuesto a los colores del arco iris. El martes, cientos de personas se manifestaban en Varsovia en apoyo de Podlesna con el lema «El arcoíris no es ofensivo» y por «una Polonia democrática».

En Polonia, un país de mayoría católica, dañar los sentimientos religiosos puede conllevar hasta dos años de prisión.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación porque la activista de derechos humanos fue detenida poco después de viajar a Bélgica y Holanda con la organización, y tachó los cargos de “falsos”.

En declaraciones el martes a la televisora TVN24, Podlesna negó que sus acciones fueran un ataque contra la religión o la fe.

Trwają ataki na kościół katolicki w Polsce. W Płocku profanacja i szydzenie z Najświętszej Maryi Panny. Takimi plakatami został oklejony kościół. Potrzebna jest ustawa delegalizujaca organizacje LGBTQ. #stopdewiacji pic.twitter.com/K6HSgHbJ2z

— Krzysztof Kasprzak (@KrzyKasprzak) 27 de abril de 2019

Fuente Agencias, vía Religión Digital/Dosmanzanas

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La legislación suiza no protege a las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. Es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país, tras examinar el caso de un soldado profesional que denunció que el Ejército no le renovó su contrato por ser gay. El alto tribunal considera que la ley de igualdad de trato vigente prohíbe la discriminación basada en el género, pero no en la orientación sexual.

El demandante firmó en 2015 un contrato temporal como soldado profesional, que solicitó renovar al expirar después de un año. El Ejército suizo rechazó su candidatura, alegando que la plaza ofertada había sido retirada. El aspirante sospechó que la verdadera causa de la negativa era su homosexualidad y presentó una demanda. El año pasado, el Tribunal Administrativo Federal la rechazó en primera instancia y el afectado recurrió ante el Tribunal Federal, la corte suprema de la Confederación Helvética.

El pasado martes, el alto tribunal desestimaba el recurso y confirmaba la sentencia original. En su motivación, los jueces interpretan que la ley de igualdad de trato, aprobada en 1995 y modificada por última vez en 2017, contempla el género pero no la orientación sexual entre las características merecedoras de protección frente a la discriminación en el ámbito laboral. En otras palabras, que las empresas suizas tienen carta blanca para rechazar a un candidato por ser una persona LGTB. La sentencia pone de relieve la necesidad de actualizar la normativa antidiscriminatoria para alinearla con la de los países de la Unión Europea.

Suiza también ha quedado rezagada en otros ámbitos legislativos que afectan a la comunidad LGTB. En septiembre del año pasado, el Consejo Nacional aprobaba un proyecto de ley para ampliar la legislación sobre crímenes de odio a los de carácter homófobo y tránsfobo. El Consejo de los Estados (la cámara alta del Parlamento) aprobaba en noviembre una versión revisada de la propuesta que excluye a las personas trans al eliminar la mención a la identidad de género. No contentos con esta restricción, los sectores opuestos a la igualdad LGTB forzaron hace un mes la convocatoria de un referéndum sobre el proyecto, que se celebrará en las próximas semanas.

Fuente Dosmanzanas

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Lo decíamos anteayer, con motivo de la propuesta de Vox de clausurar el Centro LGTBI de Barcelona: el recorte de los derechos del colectivo LGTBI ocupa ya un papel central en el discurso político de la extrema derecha española. Hoy ha sido su candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, el que ha propuesto invisibilizar el Orgullo LGTB de Madrid, expulsándolo del centro de la ciudad y llevándolo a la Casa de Campo. 

«Lo mantendremos, cambiando de sitio las fiestas del Orgullo, sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos, y los mandaríamos, para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay [sic] y todo lo que quieran, pero dentro de la Casa de Campo, y por supuesto con un contrato de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer, que es un esfuerzo económico muy importante, lo paguen los organizadores», ha respondido Ortega Smith al ser preguntado si un Ayuntamiento gobernado por Vox mantendrían las fiestas del Orgullo LGTB en un debate entre los principales candidatos a la alcaldía organizado por El País y la cadena SER:

En definitiva, la extrema derecha española propone expulsar de las calles de la capital española un evento que, conviene recordar, antes que una fiesta es una manifestación política y un ejercicio de visibilidad. Llevar el Orgullo LGTB a la Casa de Campo, un gran parque situado fuera de la trama urbana de Madrid, no es más que silenciar y hacer invisible al colectivo.

Sobre las molestias que genera el Orgullo y la basura generada, asistimos a un debate que de forma recurrente los sectores conservadores de la sociedad madrileña, y muy singularmente sus medios de comunicación, ya han agitado en el pasado. El Orgullo, como bien sabemos, se ha convertido con el paso de los años en la fiesta más importante de la capital de España. Genera molestias similares a las de la Fallas en Valencia o los Sanfermines en Pamplona, por mencionar dos eventos que nadie propone invisibilizar.

Sobre la basura, ya en 2015 hicimos un ejercicio y comparamos el Orgullo con la la Semana Santa, otro evento que nadie propone desterrar del centro de las ciudades. Nos fijamos en concreto en tres ciudades andaluzas en las cuales esta celebración tiene gran relevancia social y de cuyos residuos también la prensa se había hecho eco en un tono mucho más neutro. ¿El resultado? Pues teniendo en cuenta la población de cada una de las ciudades, el resultado es que la Semana Santa generaba más basura que el Orgullo.

No nos engañemos. No se trata de las molestias a los ciudadanos ni la basura. Si fuera por eso Vox propondría medidas similares para los eventos mencionados. Se trata de invisibilizarnos, de devolvernos al armario colectivo. Con una diferencia importante en el caso de Madrid sobre Barcelona: en la capital catalana Vox carece de cualquier posibilidad de determinar el gobierno municipal. En Madrid esa posibilidad es muy alta: basta que las formaciones progresistas no obtengan mayoría absoluta y Vox sume mayoría junto a PP y Ciudadanos para que el partido de Ortega Smith se convierta en determinante.

Fuente Dosmanzanas

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Ignacio Garriga

El candidato a la alcaldía de Barcelona por Vox, la formación ultraderechista que sostiene al gobierno autonómico andaluz y que en las elecciones generales del pasado 28 de abril consiguió 24 diputados en el Congreso ha hecho pública su intención de cerrar el Centro LGTBI de la capital catalana. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades españolas (como Madrid), Vox no parece contar con ninguna posibilidad de ser determinante en la formación del gobierno municipal barcelonés, pero el mero anuncio de sus intenciones pone de manifiesto el papel central que el recorte de los derechos LGTBI juega en el discurso político ultraderechista.

«Hay que cerrarlo. El primer día que entremos en el ayuntamiento propondremos su supresión, no tiene ningún sentido», ha declarado Ignacio Garriga, candidato a alcalde de Barcelona por Vox, en referencia al Centro LGTBI de Barcelona. Su argumento es que hay que retirar subvenciones a «organizaciones superfluas, carentes de impacto e ideologizadas».

El Centro LGTBI de Barcelona, como los seguidores de dosmanzanas conocen, es una instalación financiada por el Ayuntamiento de la capital catalana, que fue inaugurada el pasado 19 de enero por la alcaldesa Ada Colau y de cuya gestión se encarga la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña. Cuenta con un servicio de acogida,  información y orientación atendido por especialistas en psicología, trabajo social, derecho, salud y gestión comunitaria, entre otras áreas, además de un protocolo propio para abordar las agresiones por LGTBIfobia. El espacio dispone además con una zona de exposiciones con programación regular, un auditorio con capacidad para cien personas, un espacio de salud y un área familiar y cinco salas equipadas para reuniones, asesorías, formación y talleres. Una magnífica instalación que por cierto ya sufrió un primer ataque fascista pocos días después de ser inaugurado.

La respuesta de la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña no se ha hecho esperar. En un comunicado de prensa hecho público este domingo, la entidad que agrupa a las principales organizaciones LGTBI catalanas defiende que estas no son precisamente organizaciones superfluas y carentes de impacto. «Consiguieron, entre otras medidas, la aprobación de la ley contra la LGTBIfobia de Cataluña en el año 2014», argumenta. Eso sí, la plataforma reconoce abiertamente que en efecto tiene ideología: «la que combate el odio, el fascismo y la LGTBIfobia».

En palabras de Joaquim Roqueta, presidente de la plataforma, el Centro LGTBI de Barcelona «es un derecho conseguido por el movimiento LGTBI de la ciudad tras décadas de lucha y reivindicación». «Con la apertura del Centro, Barcelona se ha situado como una de las ciudades más abiertas y democráticas del mundo, siguiendo el modelo de grandes capitales como Nueva York o Ámsterdam, que cuentan con espacios similares», ha añadido. «Tres meses después de su apertura, el Centro LGTBI se ha convertido en un punto de encuentro y reflexión sobre diversidad sexual y de género para toda la ciudadanía. Desde el pasado 19 de enero, miles de personas lo han visitado, han participado de sus actividades y realizado consultas al Servicio de Información y Dinamización. Además, el Servicio de Acogida ha asistido a un centenar de casos, tanto a nivel individual como grupal o familiar», ha detallado Roqueta.

Vox, receptor de cuantiosas subvenciones

Se da la paradoja de que la misma organización política que quiere acabar con la financiación pública del Centro LGTBI de Barcelona se ha convertido, tras las elecciones del pasado 28 de abril, en un receptor de cuantiosas subvenciones: según informa eldiario.es, al haber obtenido representación parlamentaria, Vox recibirá 2,6 millones de euros por sus gastos electorales y 68.088 euros al mes del Congreso de los Diputados (además, por supuesto, del sueldo de sus diputados). Una cantidad que se suma a los 3 millones de euros percibidos gracias a su entrada en el Parlamento andaluz.

Dinero público al que Vox no parece intención de renunciar, en lo que sería la consecuencia lógica de su supuesta aversión a las «subvenciones». Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que el líder de la formación, Santiago Abascal, fue durante años receptor de un cuantioso sueldo público gracias a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, primero como director de una agencia de protección de datos (que finalmente fue disuelta) y luego como gerente de la denominada «Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social», entidad que se extinguió sin dejar rastro de su último año de actividad.

Fuente Dosmanzanas

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Otra noticia terrible nos llega desde Guatemala, apenas unos días después de recoger el asesinato de un joven activista gay.  Ahora son dos mujeres las que han sido asesinadas en la región de Jalapa, en lo que parece ser un nuevo delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas. No en vano, el autor (o autores) del atroz crimen dejó escrito sobre el cuerpo de sus víctimas el mensaje «Por panochas [insulto empleado en el país para referirse a mujeres lesbianas y bisexuales] se murieron».

Los cuerpos de esas dos mujeres guatemaltecas, identificadas como Betzi Esmeralda Co Sagastume y Kelli Maritza Villagrán —y de 18 y 25 años, respectivamente—, fueron hallados el pasado 23 de abril sobre un puente sin iluminación ubicado en el kilómetro 54 de la carretera que conduce a Jalapa. Estaban semidesnudos, unidos con cinta adhesiva, presentaban signos de violencia y tenían escrito el mensaje «Por panochas se murieron», según informó el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del país, Jordán Rodas.

Todo parece indicar que las jóvenes habían sido degolladas la noche anterior. «Con ellas, suman tres las mujeres lesbianas asesinadas en ese municipio entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Evitá estar sol@ y, si podés, avisá a alguien de confianza cuando y por qué medio te movilizás», publicó en sus redes sociales la ONG Red Nacional LAMBDA.

El procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas envió un comunicado expresando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, exigiendo a las autoridades hacer justicia y manifestando «su solidaridad con la población y organización de la comunidad LGTBI».  Asimismo, aseguró que «la Auxiliatura Departamental del Procurador de Derechos Humanos, en El Progreso, abrió un expediente de oficio y dará seguimiento al caso de acuerdo al mandato constitucional».

Desafortunadamente, los niveles de LGTBfobia social son muy altos en Guatemala y, para más inri, las personas LGTB del país no gozan de protección alguna contra la discriminación. Según un informe de 2018 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

Es más, según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento. «En general, acceder a datos sobre los crímenes de odio contra miembros de la comunidad queer es complicado. Existe un subregistro alto, pues la mayoría de las víctimas no denuncian y porque las autoridades los consideran crímenes comunes o asumen que la víctima es la culpable», aseguraba hace poco el periodista guatemalteco Juan Manuel Vega.

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Nuevo despliegue de homofobia en los estadios de fútbol. Hinchas del Borussia Dortmund mostraron dos pancartas durante el derbi de liga contra el Schalke 04. «¿Rock’n Roll Schalke? Vosotros, maricones, cantáis las de Kay One», rezaba el texto. El equipo alemán ha sido sancionado en el pasado por las expresiones de LGTBfobia de parte de su afición, a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Se trata de un problema extendido en todo el continente europeo que nunca se termina de abordar con contundencia.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el derbi de la primera división alemana entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04. Un grupo de hinchas del equipo local desplegó dos grandes pancartas dirigida al contrincante en la que se podía leer un mensaje de odio homófobo: «¿Rock’n Roll Schalke? Vosotros, maricones, cantáis las de Kay One».

Die Dortmunder leben leider immer noch hinterm Mond und nehmen Schwule immer noch als Beleidigung. Ganz großes Kino. ‍♀️ #BVBS04 pic.twitter.com/pTwkzKStQR

— Nina⚓️ (@engtanzen) 27 de abril de 2019

Se da la circunstancia de que el encuentro de ida otra pancarta había creado polémica. Esta vez procedía de la afición del Schalke y reclamaba la libertad del condenado por un atentado contra el autobús del Borussia hace dos años.

#Schalke – Der nächste Tiefpunkt aus der #S04-Kurve: „Immer noch `ne Bombenidee, Freiheit für Sergej W.“ Klare Anspielung auf das Bomben-Attentat 2017. Geht gar nicht. #BVBS04 @BILD_Sport #BVB pic.twitter.com/6vCEgqt1Av

— Marc Siekmann (@siekmann_m) 27 de abril de 2019

Mientras que el Schalke ha pedido disculpas por su cartel, no ha trascendido si el Borussia ha hecho lo propio. En las redes sociales, ambas expresiones han recibido muestras de rechazo. El club de Dortmund se ha posicionado contra la homofobia en el pasado. En la página de Facebook se manifiestan contra «los insultos, spam, difamaciones y contenidos contra la ley, discriminatorios o inadecuados con respecto al sexo, orígenes, orientación sexual, religión o cultura». En abril de 2017 mostró los mensajes «Borussia contra la homofobia» y «Borussia contra el racismo» durante un partido. Un grupo de hinchas también desplegó un texto en el que se leía «Juntos contra la homofobia».

Unos gestos que no parecen haber hecho mella en un sector de la afición. El año pasado se escucharon cánticos de «gais a la pared» tras un partido contra el Leipzig, según denunció una usuaria de Twitter a la policía. En 2012, el club fue sancionado con una multa de 20.000 euros por «comportamiento antideportivo» tras la exhibición de una pancarta homófoba durante un partido contra el Werder Bremen. «Mejor criticados que mamones y maricones», podía leerse en la pancarta desplegada en el fondo sur. La pancarta desencadenó una gran polémica en Alemania, un país muy sensibilizado frente a las expresiones de odio, y el club fue finalmente sancionado con una multa de 20.000 euros por la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

El Borussia Dortmund, por su parte, se dirigió al grupo ultra que desplegó la pancarta y exigió que identificara a los responsables, a los que  impuso la prohibición de acudir a su estadio durante tres años, forzando además un compromiso de los ultras de que un incidente así no volvería a suceder. «En nuestras conversaciones dejamos muy claro que el Borussia Dortmund está a favor de la tolerancia, la apertura y el respeto a todos. Condenamos la violencia y el racismo», ha declarado el presidente ejecutivo del club, Hans-Joachim Watzke. Esperemos que en esta ocasión se adopten también medidas contundentes.

Fuente Dosmanzanas

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Este próximo domingo se celebran elecciones generales en España. Posiblemente las más importantes desde la recuperación de la democracia ya que la entrada de juego de Vox, formación de extrema derecha que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones andaluzas y que podría tener un gran resultado ha alterado el panorama político de forma irreversible y que ha influído en la derechización del discurso de los partidos con los que se manifestó en la Plaza de Colón: Ciudadanos, el Partido Popular y UPyD.  Solo una fuerte movilización del electorado de izquierda puede evitar la catástrofe.

Es por tanto, interesante conocer lo que los diferentes partidos políticos plantean en sus programas en esta materia, y que consideramos conveniente conocer: PSOE; Unidas Podemos (Podemos+IU); Ciudadanos; PACMA; PP y Vox.

PSOE (ver programa)

En la sección dedicada a las personas mayores del programa socialista, aparece la siguiente afirmación génerica: «Las instituciones deben velar por todas las personas mayores y establecer políticas que compensen las especiales situaciones en la que se encuentre algunos colectivos como las personas mayores LGTBI o las personas mayores del ámbito rural». En la sección dedicada al deporte, el programa socialista promete «impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, mediante la puesta en marcha de programas cuyo objetivo sea la plena inclusión e integración social y la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la xenofobia, el racismo y la LGTBIfobia en el ámbito deportivo».

El programa incluye luego una sección dedicada enteramente a la «Igualdad de trato para el colectivo LGTBI», cuyas promesas son:

• Aprobar una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género «que establezca medidas de carácter específico para luchar contra la discriminación por estos motivos en el ámbito de la sanidad, la educación, el empleo y la ocupación, los servicios sociales y el acceso a los bienes y servicios a disposición del público».
• Garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual y estado civil.
• Asegurar que la inscripción de los hijos de parejas de mujeres lesbianas, concebidos a través de las técnicas de reproducción humana asistida admitidas en nuestro ordenamiento jurídico (queda excluida, por tanto, la gestación subrogada), se produce sin discriminación alguna en relación con las parejas heterosexuales que utilizan las mismas técnicas.
• Mejorar el estudio y atención de las solicitudes de protección internacional fundadas en la persecución por orientación sexual, identidad de género y características sexuales y reforzar la formación en este ámbito del personal que interviene en la tramitación y resolución de los expedientes, garantizando la seguridad de estas personas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
• Impulsar la adopción por parte de las autoridades educativas de protocolos destinados a evitar el acoso transfóbico y homofóbico y favorecer el tratamiento de las personas trans en los centros educativos de acuerdo con su identidad de género.
• Impulsar la aprobación de protocolos específicos de atención destinados a personas LGTBI mayores y con discapacidad que tengan en cuenta sus necesidades específicas.
• Impulsar el estudio del fenómeno de la violencia sufrida por las personas LGBTI en el entorno familiar, así como la producida en el seno de parejas del mismo sexo, con vistas a la adopción de medidas específicas para la protección efectiva de sus víctimas.
• Mejorar la formación de las y los empleados públicos, en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal al servicio de la administración de justicia, en materia del respeto a la diversidad sexo-afectiva y familiar.
• Colaborar con los movimientos sociales en la celebración de las fechas conmemorativas de la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGBTI, así como en la recuperación de la memoria de la lucha por los derechos de este colectivo.
• Promover la creación y funcionamiento del Consejo de Participación de las Personas LGBTI.

Respecto a las personas trans, el PSOE promete impulsar la reforma de la ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el nombre de los menores de 16 años y las personas extranjeras con residencia legal en España en su documentación identificativa, así como la eliminación de la obligación de determinación del sexo en el caso de los menores intersexuales. También promete adoptar medidas específicas para la inserción sociolaboral de las personas trans y garantizar la financiación pública de las operaciones de reasignación de género.

Para coordinar todas estas actuaciones el PSOE promete aprobar un Plan Estratégico para la no Discriminación de las Personas LGBTI, para garantizar su igualdad real y efectiva.

Finalmente, en la sección dedicada a la política exterior, el PSOE promete luchar a nivel europeo e internacional para que «el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad» y crear la figura del «embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad».

Podemos (ver programa)

El programa de Podemos recoge como principal compromiso la aprobación de dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas LGTBI, «en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio»,  y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

Otras menciones a las personas LGTBI en el programa de Podemos aparecen en los siguientes compromisos:

• Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia. Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las administraciones públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.
• Impulsar los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.
• Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.
• Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global mediante una nueva Ley de Asilo que entre otras cosas pondrá especial atención «a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata».

Izquierda Unida (ver programa)

Izquierda Unida (IU). Por un lado, en la sección dedicada a la Educación, IU promete la implantación de un programa «de educación afectivo-sexual obligatorio, en igualdad y con sensibilización a la diversidad sexual e identidad de género libre de estereotipos sexistas, LGTBIfóbicos y transfóbicos y por parte de profesorado especializado en enfoque de género», así como el «desarrollo de programas de formación para el personal que trabaja en los centros educativos públicos y, hasta la eliminación de los conciertos educativos, centros sostenidos con fondos públicos, para que tengan conocimientos sobre diversidad sexual y de género y que pueda atender a estudiantes LGTBIQ+, abordar casos de acoso escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en colaboración con las organizaciones sociales LGTBIQ+» y la «formación de inspectores/as de la Inspección Educativa en materia de diversidad sexual y de género, con el objetivo de evaluar adecuadamente la eficacia en la lucha contra el acoso escolar LGTBIfóbico en los centros educativos».

El programa de IU dedica varias páginas a la realidad LGTB:

• Creación de un instituto, público y gratuito, para la promoción, defensa y atención del colectivo LGTBI.
• Exigir de todos los medios de comunicación un tratamiento respetuoso y digno de todas las informaciones relacionadas con las personas LGTBI por medio de la aprobación de un protocolo de control de estereotipos.
• La promoción de campañas de información social que denuncien los comportamientos LGTBIfóbicos.
• La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier mención del término «grupo de riesgo» en alusión al colectivo LGTBI.
• Campañas de fomento del asociacionismo juvenil LGTBI.
• Inclusión en las políticas de las personas menores, con medidas que garanticen la libre expresión de la sexualidad, la identidad y la expresión de género, para evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente familiar y social que rechaza la diversidad, con especial atención a menores transexuales.
• Fomento de los estudios e investigaciones LGTBI en los que se tengan en cuenta los efectos de las discriminaciones múltiples.
• Asistencia social pública y gratuita para todas aquellas personas LGTBI que hayan huido de sus respectivos hogares de residencia como consecuencia de la discriminación. Las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria: psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención.
• Convocatoria específica estatal de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan activamente por los derechos del colectivo LGTBI.
• Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la realidad LGTBI.
• Ruptura del concordato con la Iglesia católica, así como de algún tipo de convenio económico y la no promoción de ningún tipo de confesión religiosa en la televisión pública.
• Fomentar las medidas para combatir el «sexilio» como fenómeno por el que una parte de nuestra población LGTBI tiene que emigrar a otras localidades por cuestiones relativas a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de la ley de igualdad de trato y contra la discriminación de personas LGTBI que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública… Dicha ley posibilitará, por ejemplo, la elaboración de protocolos sanitarios inclusivos o medidas de acción positiva para personas transexuales en las contrataciones públicas, sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias (también con las personas que viven con VIH) o la inclusión obligatoria de una perspectiva LGTBI en convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas.
• La Creación de un Observatorio Estatal de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de una ley estatal trans que reconozca la autodeterminación del género, despatologice la transexualidad, posibilite la descentralización sanitaria y que reconozca estos derechos a los menores. Esta ley irá acompañada de un protocolo sanitario de atención a personas trans así como también un protocolo educativo que posibilite que los menores trans puedan desarrollarse libremente.
• Formación específica al personal de la administración pública en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI.
• Realizar campañas que fomenten la denuncia de agresiones LGTBIfóbicas, así como dar recursos económicos a los colectivos LGTBI para que puedan hacer campañas de denuncia, así como programas de acompañamiento y asesoramiento integral a las víctimas.
• Visibilización de la violencia intragénero para que deje de considerarse un tabú y se puedan llevar a cabo las medidas oportunas, tanto de asesoramiento como legales.
• Reconocimiento de la memoria histórica. Incluir la persecución y el exterminio sufrido por las personas LGTBI durante los regímenes totalitarios como el franquismo o el nazismo y los conflictos armados en Europa en el siglo XX, así como promover compensaciones, incluidas las de carácter económico.
• Recuperar para todas las mujeres los tratamientos de reproducción asistida, aprobar una normativa general que garantice que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas LGBTI e incorpore servicios y programas específicos y garantizar que la atención sanitaria dispensada por el sistema sanitario público se adecue a la identidad de género de la persona. La cartera de servicios básica incluirá el tratamiento hormonal, en particular en el caso de menores de edad, quienes tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. La cartera de servicios complementaria proporcionará el proceso de reconstrucción genital.
• En materia de intersexualidad, IU propone erradicar por completo las prácticas de asignación de sexo en bebes recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida.

Por lo que se refiere a las personas mayores LGBTI, IU proponer impulsar medidas para garantizar que las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, no permitan ningún tipo de discriminación de personas LGBTI, así como fomentar la creación de residencias para personas mayores específicas para el colectivo LGTBI, «espacios seguros y cómodos donde puedan disfrutar sin miedo nuestras personas mayores, con tendencia a la inclusión a medida que se avance en la consecución de derechos y normalización del colectivo».

A nivel internacional, IU propone, entre otras medidas, promover la defensa de los derechos de las personas LGTBI en las organizaciones y foros internacionales, así como la inclusión explícita a los derechos LGTBI en la cláusula de derechos humanos incluida en todos los acuerdos entre el Estado Español y otros estados u organismo y la elaboración de un programa de cooperación internacional enfocado a los derechos de las personas LGTBI. También propone incidir en las instituciones de la Unión Europea para que se apruebe una Directiva europea contra todo tipo de discriminación, incluyendo la basada en prejuicios LGTBIfóbicos, así como impulsar la revisión y reformulación de diversas directivas comunitarias para asegurar el reconocimiento de las familias LGTBI en todo el continente.

Ciudadanos (ver programa)

Ciudadanos propone incluir en su propuesta de reforma constitucional «blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual» y endurecer «las sanciones por comportamientos que ultrajen los símbolos constitucionales, enaltezcan el terrorismo o promuevan conductas de odio (racismo, sexismo, LGTBIfobia, etc.)».

Ciudadanos también promete aprobar «una nueva Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI». «Queremos acabar con cualquier discriminación por razón de su identidad, orientación o condición sexual. Facilitaremos el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, especialmente los jóvenes, que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su orientación sexual. Atenderemos las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI», asegura el programa naranja. También promete acabar «con la discriminación que todavía sufren las personas portadoras del VIH en nuestro país» y prohibir «cualquier discriminación en el acceso al empleo por ser portador de esta enfermedad [sic]».

Pero la promesa claramente más diferenciadora de Ciudadanos (y con la que nos mostramos radicalmente en contra por significar la explotación de una mujer…) es la aprobación de «una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida».

PACMA (programa)

El partido animalista, si bien tiene como absoluta prioridad la introducción de cambios legales relacionados con la protección de los animales, asegura en su programa estar comprometido con la lucha contra toda discriminación y suscribir, en este sentido, las demandas de la FELGTB. Entre ellas incluye la aprobación de leyes integrales de transexualidad y por la igualdad de las personas LGTB; la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos, así como la prevención del acoso y la violencia por LGTBIfobia; la realización de programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar; la creación de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGBTIQ+; la creación de un programa de información y atención a personas LGBTIQ+, que contemple también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población; el desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a LGBTIQ+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGBTIfobia así como de apoyar a las personas transexuales a lo largo del proceso transexualizador; el reconocimiento del derecho de las mujeres sin pareja varón a los tratamientos de reproducción asistida en el sistema público de salud; la inclusión y reconocimiento de las familias LGBTIQ+ en las políticas sobre familia y la asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo.

PP (ver programa)

El PP no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

VOX (ver programa)

La formación de extrema derecha propone, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Partido Nacionalista Vasco (ver programa)

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

Esquerra Republicana de Catalunya (ver programa)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propone en su programa impulsar la aprobación de la ley de Igualdad LGTBI, así como dar soporte a la aprobación de todos aquellos proyectos legislativos que permitan avanzar en la igualdad legal de las personas LGTBI. ERC también propone impulsar la tramitación de una una ley de igualdad de transexualidad y personas transgénero para avanzar en aspectos con la despatologización de la transexualidad, así como la modificación de los datos registrales de menores y adultos sin necesidad de informe médico o psiquiátrico alguno y mejorar la inserción social y laboral de las personas trans.

ERC también proponer garantizar el derecho a la financiación pública de la reproducción asistida de todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o estado civil, garantizar el derecho de asilo a personas LGTBI perseguidas en sus países de origen y recuperar la perspectiva del movimiento LGTBI en los programas de memoria histórica.

Cabe destacar, en cualquier caso, que ERC propone también medidas a aplicar en una hipotética República catalana independiente, que incluirían en reconocimiento constitucional expreso de los derechos de las personas LGTBI.

Junts per Catalunya (ver programa)

El programa de Junts per Catalunya incluye una mención expresa a la realidad LGTB, aunque de tipo genérico y sin enumerar medidas concretas. En este sentido, la formación nacionalista catalana propone trabajar por «el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGTBI en todos los ámbitos»,  «por el compromiso en la lucha contra la homofobia» y en favor de «garantizar el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos», evitando cualquier discriminación de las familias con progenitores del mismo sexo respecto al resto de familias.

Compromís (ver programa)

La formación valenciana propone en su programa, a nivel de la Comunidad Valenciana (donde este próximo domingo también se celebran elecciones autonómicas) desarrollar la ley integral del derecho a la identidad y expresión de género y la ley de igualdad de las personas LGTBI, mientras que a nivel estatal promete impulsar una ley estatal para el pleno reconocimiento de los derechos LGTBI.

Coalición Canaria (ver programa)

En su programa, la formación canaria se compromete a lucha contra la LGTBIfobia mediante el impulso de medidas legislativas. En este sentido, se suma expresamente a la petición de la FELGTB para que se modifique la Ley 3/2007 para que se reconozca y respete el derecho de autodeterminación de las personas trans y se permita su acceso a los tratamientos hormonales y al cambio de nombre registral sin necesidad de disponer de un diagnóstico sanitario e independiente de su edad o nacionalidad. También aboga por desarrollar protocolos de actuación específicos para los casos de acoso escolar por LGTBIfobia y por integrar de manera trasversal en los currículos de los centros educativos la diversidad afectivo-sexual y de identidad o expresión de género, así como por implantar medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans y por impulsar formación específica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal sanitario, la comunidad educativa y los jueces, magistrados, fiscales y otros representantes del poder judicial sobre la realidad del colectivo LGTBI y sus especificidades.

En Marea (ver programa)

El programa de la formación gallega para las elecciones generales de 2019 propone impulsar una ley integral LGTBIQ+; aprobar una ley trans estatal no patologizante, así como agilizar los trámites para que las personas trans puedan modificar su nombre y acceder a los tratamientos hormonales; regular por ley la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género; fomentar protocolos de actuación contra el acoso en centros escolares, con formación específica al  profesorado y a los profesionales sanitarios; promover la visibilidad sexual y de género en Televisión Española; modificar la ley de Registro Civil para que no haya que hacer constar el sexo de las personas registradas; facilitar la adopción; considerar las agresiones a las personas LGTBIQ+ delitos de odio de oficio, así como establecer que aquellas organizaciones que resulten condenadas por acciones LGTBIfóbicas non puedan recibir ayudas públicas.

EH Bildu

En la web de esta formación no hemos podido encontrar ningún documento programático referido expresamente a las elecciones generales del próximo domingo.

Si has llegado hasta aquí y las propuestas en materia LGTBI son importantes para ti, seguramente tendrás ya claro qué votar. Pero si pese a todo tienes dudas, intentaremos facilitarte la tarea:

• Si quieres un avance significativo en materia de derechos LGTBI, puedes votar a PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís o En Marea. También resultaría aceptable votar a Coalición Canaria, a EH Bildu (por su trayectoria pasada) o a PACMA, formaciones que no se opondrían a este avance o que incluso pueden participar del mismo, aunque no lo lideren. En el caso de PACMA, eso sí, ten en cuenta que carece de posibilidades reales de obtener diputado en la inmensa mayoría de las provincias. Piénsalo bien si no quieres que tu voto resulte inútil.
• Lo que sí es altamente posible es que si Ciudadanos, PP y Vox reúnen mayoría absoluta conformen una mayoría de gobierno que permitirá a la formación de extrema derecha influir de forma determinante en la sociedad española de los próximos años. Allá tú…
• Si te dan igual los derechos LGTBI pero te encuentras en una posición de privilegio social y económico que quieres mantener frente a otros colectivos económicamente vulnerables, vota PP o Vox. Aunque en este último caso nadie te garantiza que en un futuro tu condición de persona LGTBI te convierta también en un perseguido. Ha sucedido en el pasado, aunque no lo quieras recordar.

Ahora solo nos queda movilizarnos para evitar el desastre para España y, en conccreto, para el colectivo LGTBI+.

Con información de Dosmanzanas (autor Flick)

General Ciudadanos, Coalición Canaria, Discriminación, EH Bildu, ERC, Gestación subrogada, Identidad de género, IU, Junts per Catalunya, LGTBfobia, PACMA, Personas transgénero, PNV, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unidas Podemos, Unidos Podemos, VOX

La Corte Suprema de la India ha rechazado considerar una petición para analizar la discriminación legal que sufren las personas LGTB en el país asiático. Efectuada por distintos grupos de defensa de los derechos civiles y LGTB, la petición pretendía que el alto tribunal revisase la legislación india a la vista de su propia sentencia de septiembre de 2018, en la que no solo despenalizó las relaciones homosexuales, sino que instó al Gobierno a que tomara las medidas oportunas para asegurar que las personas homosexuales no fueran objeto de discriminación.

En su histórica sentencia del 6 de septiembre de 2018, la Corte Suprema de la India derogaba la sección 377 del Código Penal, que castigaba las relaciones homosexuales con penas de hasta 10 años de prisión. El alto tribunal argumentaba lo siguiente: «La orientación sexual es uno de los muchos fenómenos biológicos descritos como naturales e inherentes. Se consideran parte de la libertad de expresión. La moralidad constitucional urge a los órganos del Estado, incluyendo el poder judicial, a proteger la heterogeneidad y prevenir la imposición de la percepción popular sobre las minorías. Los derechos fundamentales de cada individuo no pueden ser violados». Pero además en el fallo se pedía al Gobierno que implementase todas aquellas medidas que asegurasen que las personas homosexuales no fueran objeto de discriminación, incluyendo formación de los cuerpos policiales y medidas de sensibilización.

A la luz de este criterio, los defensores de los derechos civiles de las personas LGTB de la India decidieron presentar ante la Corte Suprema una petición de revisión de la sentencia, de manera que también dictaminase la inconstitucionalidad de las distintas legislaciones que discriminan por razón de la orientación sexual o identidad de género de los ciudadanos. Según la petición, «los derechos LGTB no están reconocidos como parte de los derechos humanos. El no reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo (Ley de Matrimonio de la India de 1954), la imposibilidad del acceso a la adopción, a la maternidad subrogada, a la fecundación in vitro (solo prohibida a personas LGTB) viola los artículos 14, 15, 19, 21, 29 [de la Constitución]. La discriminación basada únicamente en la orientación sexual viola los artículos 14, 15 y 21 en relación con la Ley del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea».

La petición de revisión incidía sobre todo en denunciar la grave discriminación que representa que las personas abiertamente LGTB no puedan servir en el ejército, o que la institución del matrimonio esté vetada a las parejas del mismo sexo. El texto presentado ante el alto tribunal indio señalaba que «tanto las relaciones entre personas del mismo sexo como las de distinto sexo son consecuencia de una atracción o motivación entre personas de carácter privado. Si bien las circunstancias son similares, se les trata de manera desigual, es decir, se reconoce el matrimonio entre heterosexuales que mantienen una relación entre personas de distinto sexo, pero no se reconoce ese derecho a los homosexuales que mantienen una relación entre personas del mismo sexo». El alegato añadía que la negativa a la institución del matrimonio para las parejas del mismo sexo «causa daños psicológicos, sociales y emocionales, es inmoral. En comparación con el daño imaginario a las normas sociales que no tiene base en un tribunal de justicia. También va en contra de la salud pública de un país en el que los homosexuales deben casarse con heterosexuales. Viola su dignidad, da a otras personas excusas para maltratarlos, perpetúa el estigma social».

La respuesta a la petición, sin embargo, ha sido escueta y desoladora. Un panel de tres jueces de la Corte Suprema, encabezados por su presidente Ranjan Gogoi, firmaban una denegación en los siguientes términos: «No nos inclinamos a considerar esta petición tras la decisión de esta Corte en el caso Navtej Singh Johar contra la India [el que despenalizó las relaciones homosexuales], decidida el 6 de septiembre de 2018».

Esta decepcionante resolución obliga a seguir luchando en el plano legislativo, mucho más complicado, dado el fuerte conservadurismo respecto a estas cuestiones de las formaciones políticas mayoritarias en la India. La discriminación legal y social de las personas LGTB se perpetúa en un país de más de 1.300 millones de habitantes.

Fuente Dosmanzanas

General, Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia. Corte Suprema (India), Discriminación, Homofobia, India, LGTBfobia, Ranjan Gogoi

La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado su recurso de apelación y ha ratificado de forma íntegra la sentencia emitida en su día por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Sevilla, que condenó a la directora de admisión del colegio Yago School, de Castilleja de la Cuesta, por no admitir en el centro al hijo de una pareja gay.

En febrero de 2017 nos hacíamos eco de la condena. La justicia consideró entonces probado que había existido discriminación, tal y como defendían los padres del pequeño. Se trata de un caso que conocimos en febrero de 2012, cuando la entrada que dedicaron en dosmanzanas a la denuncia de Ricardo Lucas e Iván Vallejo en actuable (antecesora de change.org en España) alcanzó la portada de Menéame y logró gran repercusión mediática.

Como en entradas anteriores dedicadas al tema, reproducimos parte del texto que la pareja escribió entonces, en la que detallaban en primera persona lo sucedido:

«Creíamos que en el año 2012 nuestro hijo no tendría que sufrir la discriminación, la homofobia y el escarnio que durante años tuvimos que sufrir sus padres. Pero nos equivocamos. Sólo uniendo nuestras voces podremos conseguir que se acabe de una vez por todas con la discriminación contra las familias homoparentales. La sociedad no avanza sola, tenemos que empujarla entre todos.

Cuando nos tocó buscar colegio para nuestro hijo de 3 años, en Sevilla, uno de los que más nos gustó fue el Yago School. Un colegio bilingüe, privado, laico y mixto, que destaca en su página web valores con los que nos identificamos y nos gustaría inculcar a nuestro hijo: ‘el respeto a los Derechos Humanos y el diálogo’, ‘animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida’.

Así que les escribimos, dejando claro desde el principio que nuestro hijo tiene dos papás. En ese momento los valores de su web se transformaron en excusas para no admitirlo.

Nos contestaron al correo diciendo que no había plazas. Pero llamamos sin decir quienes éramos y de repente sí las había, incluso nos dieron una cita para visitar el colegio. Cuando nos identificamos, se les cambió la cara. Nos dijeron que había sido un error administrativo y que por supuesto no les importaba que fuésemos una familia homoparental. Sin embargo a los dos días nos llamaron para decirnos de nuevo que no había plazas porque el director había decidido adjudicárselas ‘a sus contactos y compromisos’.

El Yago School pregona la igualdad y la tolerancia. Su reglamento, disponible en su web, reconoce el derecho de sus alumnos ‘a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de raza, religión, sexo, características físicas, extracción social o cualesquiera otras’. Pero en nuestro caso esto no ha sido cierto.

Es obvio que no vamos a enviar a nuestro hijo a esa escuela, pero nos parece inaceptable que un colegio utilice la igualdad y tolerancia como herramienta de marketing pero discrimine después a un niño que tiene un padre o dos, o una madre o dos.

(…)».

En mayo de 2012, el servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía concluyó que en efecto el colegio había vulnerado la ley y propuso la apertura de un procedimiento sancionador. El expediente quedó en suspenso en diciembre de 2012 al iniciarse la investigación judicial, que después de un año cristalizó al entender el juez que existían motivos suficientes para deducir que se cometió un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y es que además de los testimonios de la pareja, de los correos electrónicos intercambiados con el colegio y del propio expediente de la Junta, hay evidencia de que el centro sí disponía de plazas cuando se comunicó a la pareja que no tenía vacantes. Y en octubre de 2014, por fin, supimos que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la pertinencia de que el director del centro y la responsable de admisión fuesen juzgados al estimar que indiciariamente podía deducirse que «la negativa a la escolarización del menor fue debida a la condición sexual de los padres». Finalmente, la responsable de admisión del centro, M.R.R., fue condenada en 2017 a dos años de inhabilitación especial para la administración o dirección de centros educativos como responsable de un delito contra los derechos fundamentales. El director del centro fue absuelto al estimar entonces el tribunal que no se podía asegurar con certeza que fuera partícipe de la decisión.

La Audiencia Provincial de Sevilla, ante el recurso de apelación de la condenada, ha ratificado ahora de forma íntegra la condena al entender que «el relato fáctico de la sentencia contiene los hechos reveladores del delito por el que la apelante venía acusada», desestimando además el argumento de que la sentencia suponía una interpretación «extensiva» del artículo 512 del Código Penal  que determinaba un «castigo al pensamiento». El tribunal considera, por el contrario, que los hechos probados permiten concluir «la concurrencia del elemento subjetivo del delito por cuanto fue la orientación sexual de los denunciantes la que motivó la denegación a estos de la prestación a que tenían derecho».

General, Homofobia/ Transfobia. Actuable, Andalucía, Castilleja de la Cuesta, Change.org, Discriminación, Homofobia, Homoparentalidad, Iván Vallejo, LGTBfobia, M.R.R., Ricardo Lucas, Sevilla, Yago School

Una buena noticia nos llega desde Turquía. Según ha anunciado el colectivo Kaos GL, un tribunal administrativo regional ha puesto por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital turca, en base al estado de emergencia declarado en esa fecha. Queda pendiente de decisión una segunda prohibición, emitida en octubre de 2018, pero el maltratado activismo LGTB turco puede al menos celebrar una primera (y significativa) victoria.

Como recogimos en su momento, el entonces gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado en noviembre de 2017 prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. La prohibición, cuyo antecedente había sido el veto, pocos días antes, a la celebración de un Festival de Cine LGTBI Alemán (organizado entre otros por la embajada germana) se fundamentaba en una declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno turco. Las organizaciones Kaos GL y Pembe Hayat (o Pink Life) apelaron la decisión, pero la justicia rechazó en un primer momento la apelación. Ahora, sin embargo, el 12º tribunal administrativo de Ankara ha estimado sus argumentos al considerar que la prohibición era «indefinida y ambigua». «Debe garantizarse la seguridad de los eventos, en lugar de prohibirlos», ha argumentado además el tribunal.

La decisión ha sido saludada tanto por los colectivos demandantes como por ILGA Europa, organización que en su momento criticó con dureza la decisión de las autoridades turcas. Sin embargo, como la propia Kaos GL explica en su página web, queda pendiente todavía el recurso por una segunda prohibición de eventos de temática LGTB emitida por el gobernador de Ankara en octubre de 2018, con posterioridad al estado de emergencia decretado por el Gobierno turco (que finalizó en julio). Una segunda prohibición, por cierto, que el pasado mes de febrero un grupo de diputados pertenecientes al Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo solicitaron por carta al gobernador de Ankara que derogase. Entre ellos los eurodiputados españoles Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Javi López (PSC) y Jordi Solé (ERC).

Confiemos en que la justicia ponga también punto final a esta segunda prohibición, uno más en una larga serie de episodios de discriminación contra el colectivo LGTB turco, ejemplarizados por ejemplo en la reciente prohibición del Orgullo LGTB de Estambul, la principal ciudad turca. En 2013 nos hacíamos eco del éxito de dicha celebración, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

La complicada situación política 

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, en abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía, a la que pese a todo trata de resistir una parte importante de la sociedad turca. Un dato esperanzador ha sido, en este sentido, el reciente resultado de las elecciones municipales, donde la oposición del Partido Republicano del Pueblo (actualmente un partido secular de centro-izquierda) ha conseguido arrebatar a los islamistas de Erdoğan las alcaldías de Ankara y Estambul (en este último caso por un margen muy ajustado).

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Espantosa noticia la que nos llega desde Guatemala, donde el joven José Roberto Díaz, de 18 años, fue torturado y asesinado en lo que claramente parece ser un delito de odio: sus asesinos le grabaron a cuchillo en su cuerpo insultos homófobos.

El asesinato ocurrió en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país. El cuerpo de José Roberto Díaz, un joven maquillador de 18 años, fue encontrado por sus vecinos en un terreno baldío el pasado 25 de marzo. Según publica Nómada, su última conexión en WhatsApp había sido el 24 de marzo, a las 19:37 de la tarde. Desde entonces permanecía desaparecido. Sus verdugos, que lo torturaron visiblemente antes de asesinarlo, dejaron su cuerpo grabado con insultos homófobos («hueco», «morro», «maricón») y, según informa la agencia Presentes, con el número 18, símbolo de una de las maras o pandillas más violentas de Centroamérica.

José Roberto Díaz era abierta y orgullosamente gay, lo que le había valido insultos y amenazas. Una de sus aficiones era el transformismo, y de hecho había ganado ya tres títulos bajo el nombre de Alessandra Villamizar. Contaba con la ayuda y el apoyo de su madre, y su gran aspiración era tener su propio salón de belleza. Además se había implicado como activista en Trabajando Unidos, un colectivo LGTB de Huehuetenango. «Como una estrella en el cielo serás recordado, porque viniste a ser luz para quienes te conocimos, él era reina y para esta reina habrá justicia. Para Josecito, como lo conocíamos cariñosamente, exigiremos justicia, gritaremos, aullaremos hasta que nuestra voz se enronque… Gritaremos para que te escuchen y morderemos si es necesario para alcanzar toda la justicia que mereces, en tu memoria y en tu nombre no desistiremos», puede leerse en su página de Facebook. En otro mensaje más formal publicado en esta misma red social, la organización a la que pertenecía el asesinado ha hecho además un llamamiento a denunciar los actos de intimidación «para reafirmarle a la sociedad, a las personas que no creen y desacreditan nuestras luchas y a las autoridades, que somos agentes de derechos, que no pueden violentarlos y sobre todo que estamos articulados, y que no permitiremos que estos sucesos sigan siendo las únicas miradas que se le den a la comunidad LGTBIQ».

Guatemala: una realidad muy difícil para el colectivo LGTB

Según el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, el colectivo LGTB guatemalteco se enfrenta a violencia desde múltiples frentes, que van desde la represión policial a las bandas de delincuencia organizada, además de a la enorme presión de grupos conservadores altamente LGTBfóbicos que incluso han promovido la discusión en el Congreso de la República de la mal llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que entre otras cosas busca prohibir la información sobre diversidad sexual en los colegios.

Por desgracia, resulta difícil cuantificar dicha violencia contra las personas LGTB, que en Guatemala no gozan de protección contra la discriminación. Según un informe de 2018del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

En cualquier caso, la violencia parece estar a la orden del día. Según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento.

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El estado de Arizona ha derogado una ley que desde 1991 prohibía presentar de forma positiva la homosexualidad en las escuelas. La presentación de una demanda judicial ha acelerado la derogación de la ley, una decisión que en este caso ha sido compartida por legisladores demócratas y republicanos (aunque varios de estos últimos se han opuesto) y por el gobernador del estado, el republicano Doug Ducey. Todavía quedan otros seis estados en Estados Unidos con legislaciones similares.

La norma fue aprobada en 1991, y tenía como objeto regular la forma en la que las escuelas daban formación a sus alumnos sobre el VIH/sida. Era una época en la que la pandemia se cobraba miles de vidas y las administraciones públicas estadounidenses comenzaban a introducir formación en las escuelas para combatirla. Sin embargo, el temor a que una mayor educación sexual se tradujera en una mayor información sobre las relaciones homosexuales llevó a que diversos estados implementaran limitaciones como la ahora derogada. La ley de Arizona, en concreto, prohibía de forma expresa «promover un estilo de vida homosexual», «presentar la homosexualidad como un estilo de vida alternativo positivo» y «sugerir que algunas prácticas sexuales son prácticas seguras de sexo homosexual».

Los legisladores republicanos de Arizona, un estado tradicionalmente «rojo» (proclive a votar republicano), se habían resistido durante años a derogar la norma, denunciada por el activismo LGTB estadounidense junto a otras similares de Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas. La presentación, el pasado 28 de marzo, de una demanda por la organización Equality Arizona ante una corte federal en representación de dos estudiantes LGTB, uno de primaria y otro de secundaria, alegando que la norma violaba la protección igualitaria de sus derechos que garantiza la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ha precipitado sin embargo los acontecimientos. La demanda contaba, por una parte, con el apoyo de la superintendente de Educación de Arizona, un cargo de elección directa que en estos momentos ocupa la demócrata Kathy Hoffman, y que paradójicamente era una de las demandadas. Por otra parte, el fiscal general del estado, Mark Brnovich, decidía, pese a su filiación republicana, que no defendería la ley ante la justicia federal.

Una situación comprometida que vaticinaba una derrota judicial, y ante la que la legislatura de Arizona, en cuyas dos cámaras los republicanos tienen ligera mayoría, decidía mover ficha derogando la ley. Primero lo aprobó la Cámara de Representantes, el pasado miércoles, por 55 votos contra 5. Un día, el pasado jueves, lo hacía el Senado, por 19 a 10. Ese mismo día el gobernador Doug Ducey estampaba su firma sobre la reforma.

La decisión ha sido ampliamente saludada por los grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB, que esperan que pueda servir para mejorar tanto la formación que los escolares reciben sobre VIH/sida como, de forma más general, la vida de los menores LGTB, que se veían privados de una representación positiva de la realidad homosexual. La batalla sigue viva, no obstante, en otros seis estados del sur que todavía mantienen legislaciones similares, los ya mencionados Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

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Nuevo triunfo judicial en Perú. La conocida activista Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín, que se casaron en Estados Unidos en 2016, han visto reconocido su matrimonio por el 11º Juzgado Constitucional de Lima después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) rechazara su inscripción. La batalla judicial está lejos de haber finalizado, pero la pareja ya ha advertido que piensa llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del segundo matrimonio del mismo sexo celebrado por ciudadanos peruanos en el extranjero sobre el que la justicia de su país debe decidir: el primer caso, el de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, está ya en manos del Tribunal Constitucional.

Susel Paredes y Gracia Aljovín contrajeron matrimonio en Miami (Florida, Estados Unidos) en agosto de 2016, y como cualquier otra pareja de ciudadanos peruanos casada en el extranjero solicitaron su reconocimiento e inscripción en Perú de acuerdo a lo que marca el libro X del Código Civil peruano, referido al Derecho Internacional privado. El RENIEC, sin embargo, la denegó, argumentando que la Constitución peruana no reconoce de forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo (lo cierto es que no hace mención al sexo de los contrayentes) y que el Código Civil, norma de rango inferior a la Constitución, define en su artículo 234 (libro III) al matrimonio como «la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer».

La pareja interpuso la correspondiente demanda de amparo ante la justicia, y ahora el 11º Juzgado Constitucional les ha dado la razón, argumentando que «aun cuando el Código Civil es una norma cronológicamente anterior a la Constitución vigente, debe observarse que tanto la actual Constitución, como la de 1979, en este extremo de la diferencia de sexos de los contrayentes, no hace precisión alguna».

Cabe señalar que la batalla judicial no termina aquí. Nadie duda que el RENIEC apelará y el caso se elevará a una instancia superior, llegando previsiblemente hasta la Corte Constitucional. Paredes y Aljovín, en cualquier caso, están dispuestas a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por lo pronto, cuentan ya con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Perú, que en un mensaje en redes sociales ha señalado que el fallo judicial que ordena reconocer el matrimonio «coincide con lo señalado por nuestra institución, en que son derechos de las personas del mismo sexo constituir una familia y contraer matrimonio».

Es importante tener en cuenta, en este sentido, la opinión consultiva que hacía pública en enero de 2018 este organismo, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio entre Paredes y Aljovín supondría todo un desafío.

El precedente del matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche

Hay que tener en cuenta, además, que el Tribunal Constitucional de Perú ya tiene sobre la mesa la demanda de Óscar Ugarteche (otro destacado activista) y Fidel Aroche, cuyo matrimonio, celebrado en este caso en México, el RENIEC rechazó inscribir. El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una sentencia favorable a la pareja de la que nos hicimos eco en su momento. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Y aunque en un primer momento la justicia desestimó el recurso alegando una cuestión formal referida a los plazos de presentación, la pareja elevó el caso al Tribunal Constitucional, que el pasado mes de junio escuchó sus argumentos sin que por el momento se haya pronunciado.

Una decisión favorable, ya sea a la demanda de Ugarteche y Aroche o a la de Paredes y Aljovín (en cuyo caso ni siquiera existe el supuesto defecto formal atribuido a la demanda de los primeros) marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos cuenta con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

«Que nos traten como iguales en dignidad y derechos»

«Tenemos un largo camino todavía, pero mucha esperanza, ilusión y fuerzas», escribe Susel Paredes en una columna publicada en Perú 21 que la activista titula Perú, un país de gente feliz. «La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 dice: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’. Asimismo, la Constitución Política del Perú dice en su artículo 1: ‘La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’», continúa Paredes.

«Lo que reclamamos como comunidad LTGBI es exactamente eso, que nos traten como iguales en dignidad y derechos, y así como pagamos nuestros impuestos, exigimos al Estado que reconozca nuestros derechos. Pero más allá de la ley, a lo que aspiramos, mi compañera y yo, es a vivir en una sociedad donde la gente sea feliz, y hacer un país de gente feliz construyendo un país próspero», finaliza.

Ojalá el largo camino iniciado por Paredes, Ugarteche y sus respectivos cónyuges se vea finalmente recompensado. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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El estado de Colorado ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión con objeto de intentar modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. Se convierte así en el 16º estado de los Estados Unidos, además de Washington D.C. y de Puerto Rico, en prohibir estos infames procedimientos.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes de Colorado el 19 de febrero por 42 votos a favor y 20 en contra. El Senado aprobó una versión enmendada el 25 de marzo, por 21 votos a favor y 13 en contra. En ambas cámaras los demócratas gozan de mayoría. Este viernes, 5 de abril, la Cámara de Representantes dio finalmente su visto bueno a la versión aprobada por el Senado. Aunque el texto aún debe ser rubricado por el gobernador, que tiene capacidad de vetarlo, nadie duda que este no podrá impedimento alguno. El gobernador de Colorado, recordemos, no es otro que el demócrata Jared Polis, abiertamente gay, que ganó las elecciones del pasado 6 de noviembre con el 53,4% de los votos. Antes de optar a gobernar su estado, Polis fue miembro del Congreso de los Estados Unidos. Fue, de hecho, el primer congresista abiertamente gay en el momento de ser elegido por primera vez en 2008 (posteriormente revalidó su escaño en 2010, 2012, 2014 y 2016).

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en dieciseis estados norteamericanos, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire. Y hace pocos días se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado.

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Eric Porterfield es un político republicano, miembro de la Cámara de Representantes de Virginia Occidental, que identifica a la comunidad LGTBQ como «lo más parecido a terroristas políticos que hay en los Estados Unidos. No hay duda sobre esto». Compara también al colectivo con el Ku Klux Klan y lo acusa de ser un difusor del discurso del odio y actuar en contra de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Pese a las peticiones de dimisión tras dichas declaraciones, Porterfield sigue en el cargo. 

Esto es exactamente el movimiento LGTBQ para Eric Porterfield, un legislador del Partido Republicano de Estados Unidos en el estado de Virginia Occidental. Hasta tal punto llega el odio del político que, durante una entrevista en la cadena local WVVA, Porterfield insinuó que actuaría contra la seguridad de sus propios hijos si estos le dijeran que son homosexuales. Fue tras escuchar los continuos ataques a la comunidad LGTBQ cuando la presentadora del espacio intentó buscar un hipotético caso en el que el político tuviera que aceptar la homosexualidad en su contexto más cercano. «Usted tiene una hija y un hijo adorables. ¿Qué sucedería si cuando sean adolescentes o adultos le dijeran que son gay o lesbiana?», le preguntó. «Bueno, primero hablaré de mi hija. Primero la llevaría a la pedicura, luego a hacerse las uñas, y después vería si sabe nadar. Si fuese mi hijo, seguramente lo llevaría a cazar y a pescar, y después vería si sabe nadar». Unas declaraciones tan cargadas de estereotipos sexistas como de odio incluso dirigido a sus propios hijos en un supuesto teórico.

La presentadora del espacio informativo quedó atónita ante las palabras del político, que llevaba una gorra con el lema Make America great again, lema de la campaña de Donald Trump. Un eslogan que, adaptado a cada lugar, ha sido utilizado por partidos de extrema derecha de todo el mundo, como es el caso de Vox en España. «¿A qué se refiere con ver si saben nadar?», le preguntó. «Solo querría asegurarme de que saben nadar», respondió Porterfield, sonriendo. «¿Qué quiere decir con eso?», intentó de nuevo la presentadora. «Solo eso, que los llevaría a hacer actividades», respondió.

Odio sin complejos

Eric Porterfield, ciego y «cristiano renacido», es el perfecto ejemplo de político extremista y lenguaraz, un perfil que pese a incomodar al republicanismo tradicional se ha visto fortalecido desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, especialmente en los estados sureños. Elegido miembro de la Cámara de Representantes de Virginia Occidental en noviembre del año pasado, Porterfield comenzó a difundir sus ideas de odio ya antes de la mencionada entrevista, cuando dio su apoyo a un proyecto de ley para legalizar en su estado la discriminación contra las personas LGTBQ que sería de aplicación incluso en aquellos condados que hubiesen aprobado de forma expresa medidas antidiscriminatorias (proyecto que finalmente fue rechazado). Porterfield defendió que la comunidad LGTBQ actúa en contra de la primera enmienda de la Constitución estadounidense (que protege los derechos a la libertad religiosa y a la libertad de expresión).

Tampoco dudó en comparar al movimiento del arcoíris con otro más monocromático: «Los LGTBQ son una versión moderna del Ku Klux Klan, solo que no visten gorros y usan sus payasadas de odio». Una cuestionable afirmación, si se tiene en cuenta que el grupo supremacista acumula más de 4.000 asesinatos reconocidos en Estados Unidos a los que se les suman los ocultados y los no descubiertos o conectados directamente con la secta. Además, Porterfield obvia el hecho de que el colectivo supremacista blanco es precisamente uno de los grupos que vio con mayor simpatía la llegada de Donald Trump a la presidencia. Un caso en el que también encontramos paralelismos con la situación política española, ya que David Duke, antiguo gran maestre del Ku Klux Klan, felicitó a Vox por sus resultados en las elecciones al Parlamento andaluz.

Porterfield también ha utilizado el término «faggot» («maricón») sin complejos para referirse a personas abiertamente homosexuales y acusa al colectivo LGTBQ de ser «uno de los grupos más socialistas de los Estados Unidos». Un señalamiento de activistas, políticos o personas de cualquier ámbito de la sociedad muy cercano a las «cazas de brujas» de las que Porterfield acusa al colectivo LGTBQ.

Peticiones de dimisión desde su propio partido

Unas declaraciones de Porterfield de tal calibre que incluso desde el Partido Republicano le han pedido que abandone el escaño. «Estos comentarios son inaceptables y así los denunciamos», expreso en un comunicado Melody Potter, presidenta de los republicanos de Virginia Occidental, que añadió que las opiniones de Porterfield «no reflejan los valores de nuestro país, de nuestro estado y del Partido Republicano».

Petición a la que Eric Porterfield no ha hecho por el momento el más mínimo caso.

Fuente Dosmanzanas

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El próximo 8 de septiembre es la fecha elegida por los activistas LGTB de Bosnia-Herzegovina para celebrar en Sarajevo el primer Orgullo del país balcánico. Un anuncio que ya ha generado una ola de LGTBfobia en redes sociales y que ha desembocado incluso en una agresión a una trabajadora de una organización de defensa de los derechos humanos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen a las autoridades de la capital bosnia que el Orgullo LGTB pueda celebrarse de forma segura para sus participantes.

El anuncio fue hecho el pasado lunes por una quincena de activistas pertenecientes a organizaciones de diversos puntos del país (Prijedor, Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina y Tuzla). Según ha declarado Branko Ćulibrk, la intención de los organizadores es celebrar el Orgullo en el centro de la ciudad, tal y como sucede con otras manifestaciones, y para ello han cursado ya la correspondiente petición a las autoridades del cantón de Sarajevo. El lema de la manifestación será «ima izać’!», expresión que, según explican los propios organizadores, se utiliza en los autobuses bosnios cuando alguno de los pasajeros solicita una parada, y que podría traducirse por «abra la puerta, por favor», en un juego de palabras con la expresión «salir del armario».

Por el momento, solo el líder de HDZ BiH (La Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina, el principal partido de la minoría croata en Bosnia) ha manifestado de forma inequívoca su apoyo a la organización del Orgullo. El resto de partidos permanecen en silencio o se muestran reticentes. Pero si a nivel político el recibimiento del anuncio ha sido frío, en las redes sociales ha generado una ola de LGTBfobia que demuestra que los valientes activistas bosnios no lo tendrán fácil, con abundantes comentarios de odio y respuestas negativas a encuestas online en medios locales. A pesar de ello, el activista Branko Ćulibrk se muestra optimista y destaca el apoyo recibido. «Lo que más nos ha sorprendido ha sido los mensajes de apoyo y de ánimo, que tenemos presentes mucho más que los mensajes de odio», asegura.

Por desgracia, este mismo viernes la organización de defensa de los derechos humanos Civil Rights Defenders denunciaba la doble agresión sufrida por una de sus trabajadoras, Ehlimana Elma Muslija. La primera agresión tuvo lugar cuando paseaba con su novia por el centro de Sarajevo durante la noche del 3 al 4 de abril. Un hombre se les acercó y las amenazó con un cuchillo, haciendo además mención expresa al Orgullo LGTB y a cómo este ofendía sus creencias y añadiendo que «correría la sangre». Este viernes el mismo agresor, acompañado en esta ocasión de otro individuo, se acercó a la pareja cuando esta se encontraba frente a un comercio y golpeó a Ehlimana Elma Muslija en la cara, haciéndola caer al suelo. Intentaron también agredir a su novia, aunque esta consiguió evitarlo después de que otro viandante hiciera frente a los agresores. «Está claro que este ataque es resultado del anuncio del primer Orgullo LGTB de Bosnia-Herzegovina. Los miembros de la comunidad LGTB tiene derecho a vivir sin miedo de ser atacados por su identidad y es la obligación del Estado asegurar su protección», ha declarado Goran Miletic, director para Europa de Civil Rights Defenders. Esta organización ha exigido a las autoridades locales investigar el ataque sufrido por su trabajadora, así como asegurar una total protección a los participantes en el Orgullo de Sarajevo el próximo 8 de septiembre.

Una realidad política y social complicada

La vida de las personas abiertamente LGTB no es fácil en Bosnia-Herzegovina, la ex república yugoslava que desde los acuerdos de Dayton, que en 1995 pusieron fin a la guerra civil, permanece dividida en dos entidades independientes de facto, la serbia y la musulmano-croata. Estas se subdividen a su vez en regiones y cantones que en la práctica son étnicamente homogéneos. Las relaciones homosexuales no fueron despenalizadas hasta 1996 (en la entidad musulmano-croata), 1998 (en la entidad serbia) y 2003 (en el distrito de Brčko, un distrito fronterizo especial). Por lo que se refiere a la situación jurídica, no existe reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y las personas trans todavía deben someterse a esterilización quirúrgica para ver reconocida legalmente su identidad, entre otras deficiencias (ver último informe de ILGA Europa, páginas 29 y 30). De acuerdo a la clasificación de ILGA Europa, de hecho, Bosnia-Herzegovina ocupa la posición 27 de 49 estados, con solamente un 31,38% de objetivos logrados.

Pero si la realidad jurídica de las personas LGTB es complicada, más aún lo es su día a día, sometidos como están a una fuerte LGTBfobia social. De ahí la importancia de su próximo Orgullo. Fue en septiembre de 2008 cuando se intentó por primera vez celebrar un festival LGTB en Sarajevo, y ante los ataques sufridos por varios asistentes el primer día, el resto de los días se tuvo que celebrar a puerta cerrada  y bajo protección policial. Ojalá en esta ocasión la realidad sea por fin distinta.

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Las autoridades de Azerbaiyán vuelven a poner a la comunidad LGTB en el punto de mira. Activistas locales han denunciado la detención de hasta catorce personas, acusadas de ejercer trabajos sexuales. Los policías usaron la trampa de hacerse pasar por clientes para arrestarlas. Algunas de ellas fueron sometidas a pruebas forzosas de detección del VIH. En un proceso administrativo sin tutela judicial, los acusados se enfrentaron a multas y penas de hasta treinta días de cárcel. Tras la intervención del tribunal de apelaciones de Bakú, todos han sido liberados. Los sucesos recuerdan a las redadas practicadas en 2017 en la república caucásica.

Los hechos comenzaron el pasado lunes 1 de abril y a partir de los días siguientes se han ido conociendo los detalles que han podido facilitar los activistas locales y organizaciones como ILGA Europa. Las cifras varían según la fuente, pero la web azerí Minority habla de unos catorce detenidos, que fueron trasladados a dependencias policiales. En varios de los casos, las víctimas acudieron a hoteles de Bakú donde creían haber concertado una cita para ofrecer sus servicios sexuales. Se trataba de una trampa de la policía, que las arrestaron al llegar. Otras fueron detenidas en sus hogares. El trabajo sexual es ilegal en Azerbaiyán, pero los activistas denuncian que las personas LGTB son las principales víctimas de la persecución.

Los detenidos fueron sometidos a reconocimientos médicos forzosos, incluidas pruebas de detección del VIH. Algunos fueron acusados de «vandalismo menor», castigado con multas de acuerdo con el artículo 510 del Código de Infracciones Administrativas. Otros se enfrentaron a penas de prisión de hasta 30 días por desobediencia a la autoridad, tipificada en el artículo 535.1 del mismo texto. Al tratarse de un proceso administrativo, los arrestados no tuvieron derecho en un principio a la asistencia letrada.

La noticia de las detenciones ha devuelto al punto de mira la situación de la comunidad LGTB en Azerbaiyán. Un portavoz del departamento de Estado norteamericano expresó el jueves la «profunda preocupación» del Gobierno estadounidense por los hechos e instó a las autoridades azeríes a «cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos». Tras unos días de incertidumbre, el pasado viernes el tribunal de apelaciones de Bakú escuchó las alegaciones de los detenidos y decretó su puesta en libertad.

LGTBfobia de Estado en Azerbaiyán

Aunque las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en el año 2000, con la misma edad de consentimiento que la de las relaciones heterosexuales, la comunidad LGTB de Azerbaiyán sigue estando sometida a la LGTBfobia social y de Estado. El informe anual de ILGA Europa hecho público en mayo del año pasado situaba el país como el peor de Europa para las personas LGTB. En 2017 se producía el arresto de al menos 50 personas, justificado por el ministerio del Interior y la Fiscalía General como una medida para evitar la propagación del VIH.

La difícil situación de la comunidad ya había sido objeto de la atención internacional con anterioridad. El Parlamento Europeo aprobaba en 2015 una resolución mediante la cual, entre otros puntos, pedía «al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI». En este sentido, la Eurocámara condenaba «enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI».

Las personas LGTB no solo se enfrentan a la persecución del Estado, sino con frecuencia a su propio entorno social. En 2014 nos hacíamos eco del caso de un joven de 18 años al que sus propios padres le rociaron con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego al revelarles su homosexualidad. Afortunadamente, el joven logró escapar con vida. Dos años antes habíamos recogido las declaraciones del activista local Yadigyar Sadykov, que afirmaba que «si una familia decidiera matar a un pariente homosexual, la mayoría de la gente lo aprobaría (…) Nunca he encontrado una persona abiertamente homosexual aquí». Por este difícil marco social, son pocas las personas que se atreven a visibilizarse como LGTB en Azerbaiyán, y muchas de ellas encuentran en el trabajo sexual su única forma de vida.

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Terrible noticia la que nos llega desde Perú. La activista trans Claudia Vera, de 30 años, fue asesinada en la madrugada del pasado 30 de marzo, mientras se encontraba con un grupo de amigas en una calle de Lima, la capital.

Según detalla la agencia Presentes, en un determinado momento de la noche Claudia Vera se encontraba discutiendo con un hombre cuando otra mujer se le acercó y la amenazó. Minutos después, la misma mujer regresó con un arma y le disparó a quemarropa hasta cinco balazos. La activista murió al instante. «Mi madre está destrozada, mi padre también, no era para morir de esa forma, esa muerte no se le desea a nadie, no era un perro, no era un animal, mi hermana era buena, era bromista, sus amistades la conocen. Yo he ido a cambiarla a la morgue, está horrible su cuerpito, las balas, una en la cabeza, en su cabecita, una le ha caído en la oreja, le ha destrozado la orejita, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanto se han ensañado así?», se lamentaba su hermana, Liliana Vera, en declaraciones a la mencionada agencia.

Claudia Vera había trabajado muy especialmente en el área del VIH. Fue, por ejemplo, fundadora de la Red de Jóvenes con VIH en el Perú (Jóvenes Cambiando VIHdas). Su asesinato ha causado un hondo impacto entre las organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans y de lucha contra el VIH. ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, por ejemplo, ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la muerte de la que considera «admirable y joven activista por los derechos humanos de la comunidad trans y personas con VIH del Perú, miembro de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes Cambiando VIHdas del Perú». «La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para asegurar que los derechos humanos sean realmente universales e inalienables y para que nadie quede atrás en oportunidades para el propio desarrollo personal», continua el comunicado de ONUSIDA. «Instamos a las autoridades a investigar con celeridad para no permitir que este crimen quede impune. Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu compromiso no se apague jamás», finaliza el texto.

El asesinato de Claudia Vera también ha sido condenado, entre otras, por organizaciones como Jóvenes Cambiando VIHdas, organización de la que fue confundadora, o Sí, da Vida, de la que era instructora y voluntaria. «En la actualidad el Perú no tiene ley expresa que castigue los delitos de odio, debido a que el Decreto Legislativo nº 1323 que fortalecía la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fue derogado por el Congreso de la República en mayo de 2017, con votos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, por supuestamente exceder las facultades legislativas», ha denunciado esta organización en un duro comunicado en el que «expresa su preocupación por el desamparo legal que tienen las personas trans en el Perú y exhorta a las autoridades y congresistas a debatir proyectos de ley que beneficien a la población para evitar ‘muertes sociales’ y ‘muertes físicas’, como la que tuvo Claudia Vera».

Desde la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras tanto, han instado a la Fiscalía a investigar el caso y determinar si el asesinato de la activista constituyó un acto de discriminación. «En investigación de atentados contra vida de personas  LGTBI debe aplicarse el principio de debida diligencia», ha reclamado este órgano.

El pasado 31 de marzo, jornada que precisamente coincidía con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, un grupo de activistas se concentraron en el lugar en el que Claudia fue asesinada para pedir justicia para ella y para todas las mujeres trans asesinadas en Perú, un país en el que la violencia tránsfoba está a la orden del día. Os dejamos con unas imágenes del acto, difundidas por Conexión Vida, radio online especializada en la prevención del VIH:

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja de chicos ha denunciado haber sido víctimas, el pasado viernes por la noche, de una agresión de cáracter homófobo en Catwalk, una conocida discoteca del Port Olímpic de Barcelona. Una de las víctimas ha explicado a TV3, la televisión autonómica catalana, que él y su compañero se encontraban en el interior de un baño cuando los vigilantes de seguridad reventaron la puerta, que les cayó encima, hiriendo a uno de ellos en la nariz y los labios.

Después de sacarlos del baño, la pareja asegura que los vigilantes los agarraron por la cintura y los arrojaron fuera de la discoteca «como un saco de patatas». Según su versión, no les dieron explicación ninguna, pero continuaron burlándose de ellos incluso cuando se encontraban ya fuera del local. «Estaba clarísimo que era un acto de odio de personas homófobas», explica a TV3 uno de los chicos. Insertamos a continuación el vídeo de con el testimonio de uno de los denunciantes (en catalán, pero fácilmente comprensible sin ser catalanoparlante):

Los jóvenes han presentado ya la correspondiente denuncia ante los Mossos d’Esquadra y la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Como se puede ver el el vídeo, también han notificado lo sucedido al Observatori contra l’Homofòbia, entidad que recientemente reclamaba medidas urgentes ante el repunte de agresiones por LGTBfobia en Cataluña y que asegura disponer ya de un histórico de denuncias por conductas de LGTBfobia en locales de ocio del Port Olímpic (en el reportaje de TV3, por ejemplo, se menciona el caso de una chica trans a la que le denegaron el acceso a uno de los locales).

Según pública La Vanguardia, la sala Catwalk asegura por su parte que todas las personas son bienvenidas al local al margen de su orientación sexual y descarga la responsabilidad de lo sucedido en el servicio de seguridad, contratado a una empresa externa. Según justifica la discoteca, la política de esta empresa es que al encontrar dos personas juntas en un mismo baño se les solicita que lo abandonen «para prevenir el posible consumo de drogas».

Algo que, al menos en principio, no cuadra con el relato de los denunciantes y las imágenes de las lesiones sufridas… Estaremos atentos a cómo evoluciona el caso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, Cataluña, Delitos de Odio, Homofobia, LGTBfobia, Mossos d'Esquadra, Observatori contra l'Homofòbia, Port Olímpic, Sala Catwalk, Transfobia, TV3