La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Escalada LGTBfoba en la política madrileña. Vox, la formación de extrema derecha que sostiene a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha endurecido sus condiciones para que la alianza de las formaciones de derecha se repita en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, exige que las tres formaciones se comprometan a reformar las leyes de contra la LGTBIfobia y la ley integral de transexualidad.

El documento hecho público por Vox exige (reproducimos literalmente) «Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio». Estas dos últimas leyes son precisamente la ley integral de transexualidad y la ley contra la LGTBIfobia, aprobadas en la pasada legislatura. La primera, por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP de Cristina Cifuentes. La segunda, por unanimidad de todos los grupos, aunque dos diputados del PP se ausentaron para no votarla. Uno de ellos fue David Pérez, el ya exalcalde de Alcorcón, que precisamente ha sido el número dos de los populares en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y que parece destinado a ocupar una posición destacada en un hipotético futuro gobierno de las derechas.

Según la lista enumerada en una comparecencia ante los medios de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los artículos que la extrema derecha quiere derogar son numerosos y vaciarían de contenido ambas leyes por lo que se refiere a políticas de diversidad familiar, medios de comunicación y medidas educativas. Desaparecerían, además, los capítulos sancionadores, así como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación (un principio por el que, cuando el interesado aporte hechos o indicios «razonables, fundamentados y probados» de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria demostrar que esta no ha existido).

Habrá que ver qué sucede en próximos días. Por lo pronto, la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a estudiar las peticiones de Vox. «Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas», ha declarado. Más complicado parece tenerlo Ciudadanos, partido que en su momento se implicó en el proceso de discusión y aprobación de ambas leyes. Además, aceptar de forma explícita las exigencias de Vox echaría por tierra su machacona estrategia mediática, consistente en negar la existencia de pactos con la extrema derecha e insistir en que ellos solo pactan con el PP. Hacerlo además en este punto (que no es el único: Vox también exige, por ejemplo, retirar la asistencia sanitaria a los migrantes «sin papeles») sería además reconocer (sin posibilidad de coartada) que tienen razón los colectivos LGTB que no permiten la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos en la próxima Manifestación Estatal del Orgullo por no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba.

Todo ello a pesar de que PP, Ciudadanos y la extrema derecha ya han establecido una alianza de facto en el Ayuntamiento, que por cierto no ha dudado en mutilar la campaña promocional del Orgullo heredada de Carmena y eliminar las banderolas con mensaje activista que debían haber sido colgadas de las farolas de la capital. Sin embargo, Vox no disimula la molestia que le ha producido que su acuerdo secreto con el PP, que incluía el que la formación de extrema derecha ocupase concejalías y «responsabilidad directivas en entes municipales», no haya sido, a su juicio, respetado. Para Vox, la presidencia de varias juntas de distrito y los cargos intermedios que el PP estaba dispuesto a cederles no satisfacían dicho acuerdo, motivo por el cual ahora endurecen sus condiciones de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad.

Habrá que ver si Vox mantiene su pulso (lo que podría llevar a una situación de bloqueo e incluso a nuevas elecciones) o todo obedece a una nueva «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose con una reedición de la alianza municipal. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con PSOE y Más Madrid, dos formaciones que desde el principio se han mostrado abiertas a una alianza que haga innecesario el concurso de la extrema derecha en el proceso. Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.

Estaremos muy atentos.

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Un año más, las autoridades turcas vuelven a prohibir la celebración del Orgullo LGTB de Estambul. Así lo han comunicado los activistas, que habían organizado una marcha para el próximo 30 de junio a la que el vicegobernador provincial ha denegado el permiso. Se trata del quinto año consecutivo sin autorización para un evento en el que participaban miles de personas, algunas de las cuales se han enfrentado a la violencia policial desde que las manifestaciones están prohibidas. También en Esmirna y Antalya, otras dos importantes ciudades turcas, se han vetado los actos de la comunidad LGTB.

Este martes, activistas locales daban a conocer en una rueda de prensa la noticia de la prohibición. La decisión de denegar de nuevo el permiso a la celebración de una marcha del Orgullo LGTB correspondió al vicegobernador de Estambul, Mehmet Ali Özyigit, cargo elegido por el Gobierno central. El portavoz de los organizadores, Beren Azizi, añadió que han solicitado, como alternativa, convocar una concentración en el distrito de Bakırköy, al suroeste de la ciudad. La administración de Erdoğan también ha vetado la celebración de eventos de la comunidad LGTB en las ciudades de Esmirna y Antalya.

Con este son ya cinco años consecutivos en los que las autoridades bajo el mando del Gobierno de Erdoğan prohíben la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

En medio de la escalada represiva contra la comunidad LGTB turca, en abril de este año conocíamos al menos una buena noticia. Un tribunal administrativo regional ponía por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital del país. La justicia había rechazado en un primer momento la apelación. En este sentido invita también al optimismo la victoria en Ankara del CHP, partido secular y opositor a Erdoğan, en las elecciones municipales. En Estambul, la justicia anuló el resultado de los comicios, en los que también había ganado el CHP (aunque por un estrechísimo margen) y que se repetirán el próximo 23 de junio.

Erdoğan asienta su régimen autocrático

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el recién reelegido presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denunciaba la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le imputaban cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En de abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

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El Gabinete libanés sigue avanzando en su ofensiva contra la diversidad sexual y de género amparándose en un Código Penal cada vez más cuestionado por múltiples decisiones judiciales. En este caso, hemos conocido la inutilización de la conocida aplicación de contactos en el que sería el primer caso de bloqueo de una red social de ámbito internacional en el país.

Como ocurrió el pasado mes de enero, desde el pasado viernes 24 de mayo, los usuarios de Líbano no pueden conectarse a la red de contactos Grindr, si bien las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la autoría directa de esta medida. Se ha responsabilizado, entre otros, a las Fuerzas de Seguridad del país, si bien Amnistía Internacional y el diario libanés Daily Star la atribuyen con seguridad al Ministerio de Telecomunicaciones.

Activistas LGTB libaneses han reaccionado a este hecho calificándolo como un nuevo ataque a las libertades, que se suma, por ejemplo, a la cancelación del Orgullo LGTB de Beirut tras la detención de su organizador en 2018. «No es un incidente aislado, es parte de una campaña más amplia y de una estrategia para restringir los espacios de la comunidad LGTB», ha declarado George Azzi, director ejecutivo ejecutivo de Arab Foundations for Freedom and Equality (Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad). Una organización libanesa que promueve una conferencia anual que también el pasado mes de octubre sufrió el acoso de las autoridades. Postura que también comparte Amnistía Internacional, que en palabras de su investigadora Lynn Maalouf, añade que «esta decisión servirá para afianzar y legitimar las opiniones homófobas en el país». Destaca, por otra parte, el silencio de la compañía directamente afectada por la medida, que no ha hecho públicas declaraciones tras la medida.

Sentencias judiciales a favor de los derechos LGTB

Movimientos políticos que se contraponen a la tendencia del sector judicial libanés, que acumula sentencias a favor de los derechos LGTB. Algunos de estos fallos judiciales son los de un tribunal de apelaciones que dictaminó el año pasado que la homosexualidad no es delito; la del juez Rabih Maalouf, contraria a penalizar las conductas homosexuales; la de un tribunal militar que exculpó a cuatro acusados de homosexualidad, o la de un juez que falló a favor de los derechos de un hombre trans. Hay que recordar, en este sentido, que el artículo 534 del Código Penal libanés sigue criminalizando las relaciones «contra natura», pero existen además otros artículos que basados en la defensa de la «moral pública» y «el pudor» justifican el hostigamiento de cualquier demostración pública de homosexualidad.

Ante este panorama, el apoyo internacional a la comunidad LGTB de Líbano se hace más necesario que nunca. El Ejecutivo libanés no se encuentra respaldado por su sistema judicial y la posición de la comunidad internacional puede ser determinante para que el Gobierno libanés ceje en su acoso. Un ejemplo de cómo esa presión puede beneficiar a las libertades individuales y colectivas del país es el de Brunéi, donde el sultán se ha visto obligado a anunciar una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por lapidación para las personas que practiquen relaciones homosexuales. Es reciente, en este sentido, el apoyo de la Embajada Española en el Líbano, que con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia izó el pasado 17 de mayo la bandera arcoíris en su sede.

Fuente Dosmanzanas

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Médicos del Mundo presentaron la semana pasada los datos de un cuestionario a una muestra de 69 personas trans de todo el territorio español que revela que casi la mitad de estas personas anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta.

Pese a la dificultades estadísticas de un estudio de este tipo (puedes descargarlo en su integridad aquí), los resultados ofrecen información fiable sobre los obstáculos que estas personas afrontan cuando requieren servicios sanitarios. El 19,7% de las personas trans encuestadas habían anulado compromisos médicos por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16,7% para evitar faltas de respeto y el 13,6% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta:

Y es que, según el estudio, el 47,8% habían sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios. Un 15,9%, de hecho, aseguraba sufrirlo siempre o casi siempre. Por otra parte, un 27,5% de las personas encuestadas afirmaron que ya no van al médico nunca o casi nunca, debido al trato discriminatorio, la falta de formación del personal sanitario y, en general, un trato que las hace sentirse incómodas.

Estos datos, junto al hecho de que un 66,7% de las personas encuestadas reconocieron que nunca habían hablado sobre su salud sexual y la prevención del VIH y otras ITS con el personal sanitario, revelan, según el secretario de organización de la FELGTB, Loren González, que «estamos ante una situación muy alarmante que hace imprescindible una mayor formación de los profesionales sanitarios». Y es que, según las respuestas, el 75,3% de las personas trans considera que el personal sanitario tiene un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad.

«Evitar o reducir las discriminaciones en este ámbito es muchas veces tan fácil como dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica», explica González. Una observación avalada, de hecho, por la evidencia: ya hace mas de un año hicimos referencia, por ejemplo, a una investigación estadounidense que mostraba que el mero hecho de respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuía drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio.

«Manual de instrucciones», campaña de sensibilización de la FELGTB

Por todos estos motivos, con el fin de sensibilizar a la comunidad sanitaria y acercarla un poco más a la realidad de estas personas, la FELGTB ha lanzado la campaña «Manual de instrucciones», que muestra, a través de diversos vídeos, situaciones a las que las personas trans se enfrentan habitualmente en los centros sanitarios y ofrece pautas sencillas al personal sanitario para solventarlas. Además, la FELGTB y Médicos del Mundo exigen que, de manera prioritaria, se forme a los profesionales sanitarios tanto del sector público como del privado sobre las especificidades de la realidad trans.

Otra demanda de FELGTB y Médicos de Mundo es la modificación urgente la Ley 3/2007, que sigue patologizando la realidad de estas personas en España. Una normativa anacrónica que continúa exigiendo un diagnóstico de «disforia de género» para poder llevar a cabo la modificación de los datos registrales, así como (con contadas excepciones) haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser una persona española y mayor de edad. «El derecho de autodeterminación debe estar garantizado por la legislación española, tal y como indica el Parlamento Europeo (…) Necesitamos una ley estatal ya que garantice este derecho, así como la correcta atención sanitaria a estas personas», apunta González. Ambas organizaciones reclaman además el desarrollo de las normativas autonómicas ya aprobadas sobre la materia. «Aunque hay comunidades como Madrid cuyas normativas suponen un salto cualitativo en el acceso al derecho a la salud de personas trans, la realidad es que existe un largo camino aún por recorrer en la práctica, ya que faltan recursos como formación a profesionales para que la normativa pueda ser una realidad», explica por ejemplo Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo Madrid.

Os dejamos con el vídeo de presentación de «Manual de instrucciones». Puedes acceder al resto de vídeos aquí.

Fuente FELGTB

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Tal y como adelantamos en mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, ha fallado a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. El recuento final arroja ocho votos a favor y tres en contra de un texto que decreta la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista la «omisión legislativa» al respecto. 

Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó el proceso sobre la persecución legal de la LGTBfobia, en respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión en mayo de otros dos votos favorables se alcanzaba ya la mayoría del alto tribunal, compuesto por once magistrados. Ahora lo han hecho los cinco restantes, de los cuales dos se han posicionado a favor y tres en contra. Finalmente, 8 votos contra 5.

La tesis fijada por el Supremo brasileño hace extensiva la legislación contra el racismo a los delitos por homofobia y transfobia y será de aplicación mientras se mantenga la ausencia de legislación al respecto, un vacío legal que coloca al colectivo LGTB en situación de indefensión. «El concepto de racismo sobrepasa los aspectos estrictamente biológivos o fenotípicos e incluye la negación de la dignidad y de la humanidad de grupos vulnerables», asegura el Supremo en la nota de prensa que daba a conocer el resultado de la votación.  Puedes descargar aquí la tesis completa, que también impone límites al discurso de odio por parte de los líderes religiosos al considerar que este no queda cubierto por el derecho a la libertad religiosa.

Críticas de Jair Bolsonaro

La decisión, como era de esperar, no ha sido recibida con agrado por el presidente de Brasil, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro, que la ha calificado como «completamente equivocada» y ha asegurado que perjudica a los propios homosexuales, que según él tendrán más dificultades para encontrar trabajo ya que los empresarios se lo pensarán «dos veces» antes de contratarlos por miedo a ser acusados de descriminación. Bolsonaro ha añadido que esta decisión del Supremo brasileño es un argumento más a la hora de renovar el alto tribunal incorporando magistrados evangélicos.

Habrá que ver, por otra parte, si el legislativo brasileño avanza en la misma dirección que el Supremo. En este sentido, solo un día antes de que en mayo se adelantase la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. A la propuesta, no obstante, le queda por delante una trabajosa tramitación.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. ABGLT, Brasil, Dandara dos Santos, Delitos de Odio, eldiario.es, Grupo Gay de Bahía (GGB), Homofobia, Jair Bolsonaro, Jean Wyllys, Judith Butler, LGTBfobia, Luiz Fux, Marielle Franco, Matheusa Passareli, Partido Popular Socialista, Racismo, Rosa Weber, Supremo Tribunal Federal de Brasil, Transfobia

Por unanimidad de los tres jueces encargados, el Alto Tribunal de Botsuana ha emitido una sentencia que despenaliza las relaciones homosexuales en este país africano. Se trata de la contundente respuesta a una demanda presentada el año pasado contra la ley de origen colonial que castigaba las relaciones «contra natura». Se confirma, de esta forma, las esperanzas que la adopción de varias medidas antidiscriminatorias en los últimos años habían despertado sobre el sentido final del fallo.

El proceso que ha concluido con la despenalización de la homosexualidad lo inició un estudiante de la Universidad de Botsuana llamado Letsweletse Motshidiemang en noviembre de 2017. La organización LGTB LEGABIBO se personó en la causa como amicus curiae. La demanda buscaba la derogación de los artículos 164 y 167 del código penal botsuano, que castigan las relaciones «contra natura» y los actos de «indecencia grave». Se trata, como en tantos otros países, de una herencia de la época colonial británica. Las penas derivadas podían alcanzar los siete años de cárcel, y afectaban tanto a hombres como a mujeres, si bien es cierto que en Botsuana se aplicaban raramente.

Los demandantes alegaban que la ley homófoba es inconstitucional por coartar los derechos fundamentales de libertad y privacidad y que la sociedad botsuana ha evolucionado en su aceptación de la realidad LGTB. Los representantes del Estado, por el contrario, defendían la permanencia de la norma, alegando que no discriminaba contra las personas LGTB al prohibir ciertas prácticas con independencia de la orientación sexual de los implicados. Un argumento que, por ridículo que pueda parecer, ha sido uno de los esgrimidos hace menos de un mes por el Tribunal Superior de Justicia de Kenia para mantener, allí sí, la penalización de las relaciones homosexuales.

El Alto Tribunal fijó inicialmente marzo de 2018 como la fecha en la que escucharía los argumentos orales, pero la cita fue pospuesta en dos ocasiones y en diciembre del año pasado se anunció que la vista se produciría el 14 de marzo de 2019, como finalmente ocurrió. Tres meses después el tribunal ha hecho público su fallo, que da la razón a los demandantes al considerar la criminalización de las relaciones homosexuales discriminatoria y contraria a la Constitución del país. «Cuando se margina a los grupos minoritarios, la dignidad humana se lesiona», ha argumentado el juez Michael Leburu al hacer pública la sentencia. «La orientación sexual no es una moda, es un atributo importante de la personalidad», ha añadido.

Avances que anticipaban un resultado positivo

El activismo LGTB de Botsuana, como era de esperar, ha recibido con alborozo la noticia:

BREAKING NEWS! Botswana High Court today ruled to scrapped laws that criminalise consensual same-sex relations and impose up to seven years in prison.#Repeal164 #DecrimBotswana #ReBatswana pic.twitter.com/PJ7tyP4z79

— #LEGABIBO (@legabiboadvo) 11 de junio de 2019

No obstante, ya antes de conocer el resultado, los activistas se mostraban cautelosamente optimistas sobre el resultado final, habida cuenta de que en los últimos años se habían producido algunos avances significativos en el país. En 2016, por ejemplo, se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Otro hito fue la aprobación por unanimidad de una moción de apoyo a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo el ayuntamiento de la capital Gaborone en marzo de 2016. Y en septiembre de 2017, el Alto Tribunal reconocía por primera vez la identidad de género de una persona trans, que tres meses después pudo obtener un nuevo documento de identidad, poniendo fin a un proceso que se había alargado por diez años.

Fuente Dosmanzanas

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Las dos entidades organizadoras de la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI, el colectivo madrileño COGAM y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), han decidido finalmente que este año 2019 la cabecera de la manifestación esté copada por activistas históricos del movimiento LGTBI y no por los líderes de los partidos políticos, como venía sucediendo en los últimos años. La decisión viene a rebajar la polémica suscitada por la previsible no invitación ni a PP ni a Ciudadanosa ocupar un puesto en la cabecera de la manifestación por sus alianzas con la extrema derecha homófoba, aunque no del todo: ambas entidades han confirmado que Ciudadanos, que en los últimos años participaba además con una carroza, no podrá en esta ocasión hacerla circular. 

En un comunicado hecho público este mismo lunes, la FELGTB y COGAM han anunciado que cabecera de la manifestación «estará liderada por activistas históricas como Boti García Rodrigo, Jordi Petit, Carla Antonelli o Beatriz Gimeno, entre otras personas, para conmemorar el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall y el año temático ‘Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!’». «Este año queremos que todo el protagonismo recaiga sobre las personas que fueron pioneras en la lucha por nuestros derechos y, por lo tanto, serán ellas quienes encabecen la manifestación en lugar de los líderes de los partidos políticos», ha explicado la presidenta de FELGTB, Uge Sangil.

Según explica el comunicado, ademas de insistir en la reivindicación principal, la aprobación de una ley LGTBI estatal que proteja, entre otros, los derechos de las personas mayores LGTBI y de las personas trans, este año «la marcha hará especial hincapié en la importancia de no dar ni un paso atrás en derechos adquiridos y de frenar a la ultraderecha», que por primera vez en la historia democrática española es una fuerza decisiva a nivel autonómico y local de la mano de PP y Ciudadanos.

La alianza de los tres partidos, seguramente bajo la fórmula de gobiernos de coalición entre PP y Ciudadanos sustentados desde fuera por Vox, se hará muy posiblemente con el poder en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Tras la entrevista mantenida ayer domingo por Ignacio Aguado y la ultraderechista Rocío Monasterio, de hecho, los tres partidos han llegado a un acuerdo para hacerse con el control de la Mesa de la Asamblea, órgano clave a la hora de controlar el proceso legislativo, que permitirá además a los naranjas hacerse con el codiciado sillón del presidente de la cámara.

«Por este motivo, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos tendrán representación oficial en la marcha y, por tanto, no llevarán carroza a diferencia de otros partidos como PSOE y Podemos», expresa el comunicado. «Como en cualquier manifestación, tendrán por supuesto libertad para sumarse a pie en igualdad de condiciones que el resto de las entidades, pero encabezar una marcha que grita ‘Ni un paso atrás’ y simboliza la libertad y la igualdad de derechos del colectivo mientras se empodera a aquellos que quieren volver a privarnos de los pocos derechos que hemos alcanzado son cosas incompatibles. Desde las entidades que representan al colectivo LGTBI pedimos coherencia a los partidos», ha explicado Uge Sangil. «Este año, en el que han aparecido partidos políticos en España con representación institucional que propugnan volver a atrás, a un país gris, sin apenas derechos civiles, encorsetado y punitivo con respecto a lo que creían conductas inmorales y reprobables, pensamos que es mejor dejar al activismo en primera línea de esta manifestación», ha añadido por su parte la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo. Fue precisamente el colectivo COGAM el que puso como condición para ser invitados de forma oficial al Orgullo firmar un compromiso a los partidos que incluía el «No valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar».

La decisión de COGAM y FELGTB es un inmenso error pues se equipará a todos los partidos y se deja injustamente fuera de la cabecera a formaciones políticas que no han pactado ni tienen intención de hacerlo con la extrema derecha, siendo una cesión a Ciudadanos y a la presión mediática de sus medios afines.

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Según ha informado la Policía Metropolitana de Londres, cuatro jóvenes de entre 15 y 18 años han sido detenidos en relación con la brutal agresión sufrida el pasado 30 de mayo por una pareja de chicas en un autobús de Londres. La imagen de las chicas tras sufrir la agresión, difundida por ellas mismas en redes sociales como una forma de denunciar la homofobia, ha sido recogida por numerosos medios de comunicación de todo al mundo.

La agresión sucedió el pasado jueves 30 de mayo en el barrio londinense de Camden, alrededor de las dos y media de la madrugada, a bordo de un autobús nocturno de la línea N31. Las víctimas, la médica uruguaya Melania Geymonat, que se encuentra en Europa en año sabático trabajando como azafata, y su pareja, una ciudadana estadounidense. Las dos mujeres volvía a su domicilio cuando un grupo de jóvenes, al darse cuenta de que eran pareja, comenzaron a acosarlas. Según ha contado la propia Melania en Twitter, les hicieron gestos obscenos y les pidieron que se besaran delante de ellos. Finalmente, los jóvenes las golpearon con brutalidad antes de robarles un bolso y un teléfono móvil ya abandonar corriendo el autobús:

“They started behaving like hooligans, demanding that we kissed so they could enjoy watching, calling us ‘lesbians’ and describing sexual positions. https://t.co/bayuqmltON @ladiaria @bbcmundo @el_pais @elpais_espana @LaVanguardia

— Mel (@melaniageymonat) 6 de junio de 2019

Más detallada es la narración que la joven uruguaya hace en castellano en su perfil de Facebook (donde además publicó la foto de ambas con la cara ensangrentada tras la agresión), que por su interés reproducimos literalmente:

El miércoles pasado tenía una cita con Chris. Subimos al Night bus en el piso de arriba, el asiento de adelante, de camino a su casa en Camden Town. Hay momentos que no recuerdo, si fue el shock o quedé inconsciente no lo sé precisar. En ese momento debimos besarnos o abrazarnos, ya que los hombres que allí habían o subieron después de nosotras (no lo sé) nos siguieron y se ubicaron cual tribuna pidiendo que nos besáramos para su deleite, diciéndonos lesbianas, aludiendo a poses sexuales y demás cosas que no recuerdo, haciendo gestos con sus manos mientras se divertían diciéndonos «scissors» [«tijeras»]. Como si fuéramos un espectáculo y ellos la tribuna a entretener. Eran al menos 4 hombres. En el piso de arriba eran sólo ellos y nosotras. Yo en un intento de aliviar la atmósfera empecé a hacer «chistes» . Realmente pensé que podía mediar la situación que pasaría como uno de los desagradables momentos QUE USUALMENTE debemos soportar como MUJERES Y COMO HOMOSEXUALES, y que se calmarían. Chris se hizo la enferma para que nos dejaran de hablar. Pero ellos siguieron acosándonos. Nos tiraban monedas, cada vez más entusiasmados. Lo siguiente que sé es que en la mitad del bus está Chris peleando con 3 de ellos e inmediatamente me dirijo hacia allí. La veo llena de sangre y de alguna manera entiendo la gravedad y comienzo a intentar sacarla del medio: lo siguiente que sé es que me parten la nariz y sólo veo mi sangre. No sé si perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue recuerdo fue llenar de sangre el bus que ya estaba parado con la policía tomándonos declaración. Ya que estaban, nos robaron también. Aún no sé si tengo la nariz quebrada y no he podido volver al trabajo, pero lo que más me indigna es QUE LA VIOLENCIA SEA USUAL, que sea necesario llegar a la SANGRE y a un relato de 4 pibes cagando a trompadas a dos mujeres para que esta imagen tenga una clase de impacto, enterarme a diario de situaciones similares, por ser mujer ser tomada como objeto sexual, saber de amigos gays que fueron molidos a palos PORQUE SÍ, que haya que soportar los «PIROPOS» y la VIOLENCIA MACHISTA, MISÓGINA y HOMÓFOBA porque cuando te defendés cosas así pasan. De paso doy gracias a los hombres y mujeres de mi vida que entienden QUE TENER HUEVOS SIGNIFICA OTRA COSA. En Junio, el mes de la diversidad, sólo espero que estas cosas se puedan hablar y dejen de estar en los baúles y escondidas para generar un poco de conciencia y procurar que estas mierdas NO SIGAN PASANDO!

Una narración que habla por sí sola.

Los cuatro jóvenes detenidos por la agresión son sospechosos de robo y delito de odio agravado. Han sido trasladados a diferentes comisarías de Londres para ser interrogados, pero aún así la Policía Metropolitana no da por cerrado el caso y continúa solicitando a todos los posibles testigos de lo sucedido que le hagan llegar su testimonio (ver aquí las diferentes formas de hacerlo).

ACTUALIZACIÓN (09/06/2019)

Según ha continuado informando la Policía Metropolitana de Londres, este sábado era detenido un quinto joven, de 16 años. Con la detención de este, los investigadores dan por concluida la búsqueda de los responsables de la agresión.

Los cinco jóvenes han quedado en libertad bajo fianza a la espera de que en pocas semanas rindan cuentas ante la justicia.

Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas/HazteQueer

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El espectáculo en el que se ha convertido la política española desde la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz el pasado noviembre sería cómico… si no fuera por sus terribles consecuencias para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas LGTBI. Hoy asistimos a un nuevo episodio del vodevil: el abandono de una recién elegida concejal de Vox en Torremolinos de la formación de extrema derecha tras las críticas internas recibidas por asistir al despliegue de una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Lucía Cuín, que así se llama la lumbrera, ha descubierto que la formación con la que se presentó a las elecciones es homófoba. Debe ser que no se preocupó de informarse con anterioridad de donde se metía.

La historia es seguramente conocida por nuestros lectores, especialmente aquellos más activos en redes sociales. Lucía Cuín sorprendía hace unos días apareciendo junto a otros concejales en el balcón del Ayuntamiento de Torremolinos celebrando el despliegue de la bandera arcoíris que daba paso al mes del Orgullo LGTBI. Hay que tener en cuenta, para los que no lo sepan, que Torremolinos, localidad de la Costa del Sol, es un lugar que antaño desempeñó un papel clave en la historia del movimiento LGTBI español y sigue siendo hoy día un destino turístico preferente para este colectivo. La corporación municipal saliente, de hecho, ha hecho un esfuerzo importante de promoción de este tipo de turismo, que dio lugar incluso a una polémica de la que nos hicimos eco en enero de 2018 cuando el Partido Popular acusó al PSOE, entonces gobernante, de «promocionar solo un turismo gay de baja estopa que ahuyenta el turismo familiar y rechazan los propios gais serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos».

Lucía Cuín, cuarta comenzando por la izquierda

La participación de la concejala de Vox en el evento desencadenó, como era de esperar, reacciones indignadas entre los seguidores de la formación de extrema derecha en redes sociales, así como en medios cercanos. «Seguro que buena parte de los votantes y la base de militancia de Vox, sorprendidos ante la presencia de su candidata en el aquelarre anual de los homosexuales, su fiesta por antonomasia, se habrán quedado interpérritos [sic], completamente fuera de juego (…) Precisamente viniendo desde una formación que se ha desmarcado desde el principio del resto de siglas del arco parlamentario por criticar con dureza y sin complejos, los totalitarismos ideológicos y los chiringuitos subvencionados del lobby LGTBI o el negocio del feminismo en España», podía leerse en Mediterráneo Digital, un panfleto de extrema derecha. Alerta Digital, otro medio ultraderechista, recogía la noticia asegurando que «Vox en Málaga se podemiza ante la indiferencia de la dirección nacional» y alabando la postura homófoba del que fuera alcalde popular de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. «La ‘derechita cobarde’ al menos mantuvo los principios de los que la ‘derechita valiente’ carece», aseguraba. Conviene recordar, en este punto, que en 2014 el Ayuntamiento presidido por Fernández Montes prohibió la celebración del «Orgullo Solidario», un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que no daban «buena imagen». Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del «Día Internacional del Transformismo» con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde.

Volviendo a Vox, el partido de extrema derecha decidía por fin reaccionar exigiendo el acta de concejal a Cuín por su participación en el mencionado evento, según recoge eldiario.es, así como pedirle que escribiera una carta pública mostrando su arrepentimiento. «Les dije que no porque considero que es fundamental la lucha por los derechos de las personas y creo que debía estar allí», ha declarado Cuín a este medio digital.

Finamente, Lucía Cuín ha optado por abandonar Vox (y de hecho ya ha comunicado su baja al partido) pero mantener su acta de concejal. Cuín, en realidad, lleva solo unos meses en Vox. Antes militaba en el PP, aunque acabó por abandonar este partido tras el cisma que tuvo lugar entre los partidarios del antes mencionado Pedro Fernández Montes (como ella misma) y los de la nueva candidata popular a la alcaldía, Margarita del Cid. La carámbola podría ser completa, de hecho: hasta el pasado jueves todo apuntaba a que el PP se haría con la alcaldía tras un paréntesis de 4 años, sumando los dos concejales de Ciudadanos y los dos de Vox. Si Cuín decide llevar ahora su disidencia de Vox más lejos y desmarcarse de un posible acuerdo entre las tres formaciones derechistas para elegir alcaldesa a del Cid (precisamente la rival de Fernández Montes…) quizá la situación sea otra muy distinta.

En cualquier caso, no deja de resultar sorprendente que a Cuín le extrañe la bien conocida posición de Vox en contra de los derechos de las personas LGTBI y del Orgullo.«Les dije [a los dirigentes locales del partido] que estas presiones no las iba a consentir y la carta no la iba a enviar. Porque al final la que sale de homófoba soy yo, y yo no soy así», ha declarado a eldiario.es. «No sabía que estaba cruzando una línea roja infranqueable. Este es un pueblo muy diverso en culturas, religión, orientación sexual… No creo que sea nadie para juzgar eso. Toda la campaña manteniendo que en Vox hay homosexuales y un chico negro, y a las primeras de cambio…». Cómo si un partido no pudiera tener el apoyo de personas homosexuales y defender políticas homófobas, por cierto.

En definitiva, no parece que Lucía Cuín se informase mucho del tipo de partido por el cual decidió presentarse a las elecciones municipales. Y eso que Vox, en su programa para las pasadas elecciones autonómica andaluzas, incluía la derogación de las leyes de protección al colectivo LGTBI y proponía, a nivel educativo, la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad», así como excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y en su programa para las pasadas elecciones generales proponía, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Pistas que al parecer Cuín no pilló.

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, sentenciará en junio a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. Seis de los once miembros del alto tribunal ya han depositado sus votos a favor del texto que decreta la equiparación en la legislación de los delitos de LGTBfobia con los motivados por el racismo. El Senado trabaja actualmente en un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

El juicio responde a una acción presentada por el Partido Popular Socialista, que ha denunciado una “omisión del Parlamento” en un asunto que vinculó a la defensa de los derechos humanos que está consagrada en la Constitución nacional. Seis de los once magistrados del Supremo ya se pronunciaron a favor de la medida. La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría de votos necesaria para tipificar la homofobia como un delito penal equivalente al racismo, pero decidió aplazar la decisión final para el próximo 5 de junio.

En febrero comenzó el proceso sobre la inclusión de la LGTBfobia en la legislación, que dará respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión de otros dos votos favorables la semana pasada, se ha alcanzado una mayoría en el alto tribunal. El próximo 5 de junio se pronunciarán los restantes cinco magistrados, que ya no pueden variar el veredicto final, pero sin cuyo voto no puede entrar en vigor el fallo.

Entre los que ya han dado su apoyo a la sentencia, la jueza Rosa Weber defendió su voto favorable para cubrir un vacío legal que provoca indefensión en el colectivo. Su compañero el magistrado Luiz Fux se inclina por establecer una interpretación de la ley de 1989 contra el racismo que incluya a las personas LGTB. Se trata de una norma que castiga los delitos motivados por esta causa con penas de hasta cinco años de prisión. Fux considera que no existe la certeza de que el poder legislativo vaya a aprobar las reformas legales necesarias para proteger a la comunidad LGTB, y mientras tanto «efectivamente la homofobia va a seguir».

Solo un día antes de conocerse la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. La propuesta continuará su tramitación en la Cámara de Diputados.

Durante la sexta sesión dedicada al tema, que se debate desde fines del año pasado, dos de los once magistrados del Supremo se sumaron a los cuatro que ya se habían pronunciado a favor de equiparar los delitos de carácter sexual al racismo, que el Código Penal castiga con rigor.

No obstante, a pesar de que seis magistrados ya se pronunciaron en ese sentido, la mayoría alcanzada aún podría ser alterada, pues por las normas del tribunal cualquiera de sus once miembros puede alterar su voto antes de la proclamación del resultado.

Tras cuatro horas de audiencia, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, decidió convocar a una nueva sesión para el 5 de junio próximo, cuando deberán pronunciarse los cinco jueces que aún no lo han hecho, que en su mayoría parecieron inclinados a seguir la tendencia que ya se impone.

Aunque una comisión del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que también equipara la homofobia al racismo, el tribunal decidió seguir adelante con el proceso, ya que, según el decano de la corte, Celso de Mello, “nada garantiza que eso será aprobado” por el pleno de las cámaras.

Según el magistrado, “la mera existencia de un trámite no puede impedir que se lleve a cabo el juicio”, sobre todo cuando las cámaras legislativas han debatido sobre el asunto “durante los últimos 30 años sin llegar a nada”, apuntó.

El decano de la corte, uno de los cinco que aún no ha presentado su voto, sostuvo que “es necesario superar esa inercia y ese cuadro de permanente indefinición” para llegar al fin de “un largo y penoso camino”, que “supera con excesos los plazos razonables”.

El magistrado Alexandre de Moraes, el último de los miembros de la corte en asumir su cargo, en 2017, coincidió con el decano e incidió en que el Parlamento “ha legislado sobre protección por raza, por género o para la infancia” y “solamente ha dejado sin protección a los colectivos homosexuales”.

Según el juez Luiz Fux, cuyo voto consolidó la mayoría de seis necesarios, argumentó : “Cuando un miembro de la colectividad LGBT muere por causa de una bala perdida o en un asalto, estamos frente a una situación ya contemplada” por las leyes penales. Sin embargo, apuntó: “Si esa misma persona es agredida o hasta asesinada por su condición sexual, estamos frente a un delito de homofobia”. Fux también declaró que el Parlamento, dominado hoy por fuerzas conservadoras, muchas de ellas aliadas con el gobierno de Jair Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha, “podrá luego crear una legislación sobre la homofobia”, pero “no recrear” sobre lo que decida el Supremo “a la luz de las normas constitucionales”.

Varios magistrados se hicieron eco de estudios de organismos de derechos humanos, según los cuales Brasil es uno de los países en el que más personas son asesinadas por su condición sexual.

Uno de esos informes, elaborado por el Grupo Gay de Bahía, una activa organización de la sociedad civil, fue divulgado la semana pasada y sostiene, apoyado en datos oficiales, que una persona es asesinada cada día en Brasil como víctima de la intolerancia contra los colectivos homosexuales.

Fuente Agencias

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El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, organismo administrativo integrado en el Ministerio de Hacienda, ha concedido a una mujer, madre no gestante, el derecho a la deducción por maternidad que la Tesorería General de la Seguridad Social le había denegado previamente. El fallo ha sido dado a conocer este viernes por Fundación Triángulo Extremadura, entidad que está tramitando otras dos denuncias por la misma negativa, todas ellas en Mérida.

La deducción por maternidad puede ser solicitada por mujeres trabajadoras (por cuenta propia o ajena) con hijos menores de 3 años, y asciende hasta los 1.200 euros anuales por cada hijo nacido o adoptado. Puede solicitarse también su abono anticipado. En el caso de que el hijo tenga dos madres, solo una de ellas tiene derecho a la prestación. En el caso que nos ocupa, la pareja (María Moruno e Inmaculada García) decidió que fuera María la beneficiaria. Sin embargo, cuando esta la solicitó en 2016, el funcionario consideró que no tenía derecho a ella, por no haber sido la madre gestante de su hijo Miguel (gestado por Inmaculada y concebido a partir de un óvulo aportado por María).

Después de tres intentos fallidos, la pareja denunció el caso, y ahora el Tribunal Económico-Administrativo de Extremadura les da la razón. María Moruno podrá cobrar la ayuda que legalmente le corresponde, intereses de demora incluidos, si bien lo importante para la pareja, más que la cuantía económica concreta, es el reconocimiento del derecho. «Basta ya de hablar de madres biológicas, gestantes o adoptivas porque se está metiendo en las cabezas de los hijos que en nuestras familias hay roles diferentes», ha argumentando Silvia Tostado, de Fundación Triángulo Extremadura, organización que les ha dado soporte.

Pese a ello, el abogado de la pareja está valorando si acudir además a los tribunales de justicia por si con la negativa se hubiese incurrido en alguna irregularidad, y también para hacer valer en los tribunales el daño moral que han sufrido. Curiosamente, todos los problemas de este tipo que se están produciendo en Extremadura han tenido lugar en Mérida, lo que sugiere que la negativa puede ser consecuencia de criterios personales. Según Tostado, el fallo del Tribunal Económico-Administrativo es el primero de este tipo en la región, pero ha ha habido otros similares en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Silvia Tostado confía en que los sucedido sirva para marcar de forma definitiva el criterio a seguir. Se da la circunstancia de que en otro de los casos a los que está dando soporte Fundación Triángulo Extremadura a la mujer se le concedió inicialmente la prestación, María Calle, posteriormente se le obligó a devolver las cantidades recibidas. «Que la pida su madre, la de verdad», cuenta Calle que le dijeron.

Nuestra felicitación a la pareja y también a Fundación Triángulo, entidad que está haciendo una labor magnífica en favor de los derechos LGTB en Extremadura.

Fuente Dosmanzanas

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Una encuesta realizada en Rusia muestra una mejora en la percepción social de los ciudadanos de ese país hacia las personas homosexuales, que había alcanzado su punto más bajo en 2013, coincidiendo con la discusión y aprobación de la ley contra la «propaganda homosexual». Un 47% de los encuestados se muestra de acuerdo con que gais y lesbianas deben disfrutar de los mismos derechos, frente a un 43% que piensa lo contrario. El resto se muestran indecisos. En 2013, esos porcentajes ascendieron al 39 y al 47%, respectivamente.

Cuando se desciende al terreno personal, la opinión de los rusos empeora. Solo un 3% de los encuestados reconoce relacionarse con gais y lesbianas de forma positiva, frente a un 56% que lo hace de forma negativa y un 39% que asegura ser neutral o indiferente. Eso sí, se aprecia una diferencia significativa (y esperanzadora) por grupos de edad. Entre los menores de 25 años, la proporción de personas que se relacionan de forma positiva o neutral asciende al 60%. También es mayor entre la población urbana (51%) que entre la rural (34%) y entre las personas de educación superior (48% frente al 36%). Y como era de esperar, la aceptación (entendida como opinión positiva o neutral) se dispara hasta el 80% entre los rusos que conocen personalmente a una persona gay o lesbiana.

La encuesta, promovida por Levada-Center, un instituto ruso independiente, se realizó entre el 18 y el 23 de abril mediante entrevista personal a una muestra representativa de 1.625 personas de 18 años o más en diversos puntos de la geografía rusa.

Cabe señalar que la mejora ocurre respecto a 2013, año en la que la aceptación de las personas homosexuales alcanzó su punto más bajo en la misma encuesta. En años anteriores había sido mayor. En 2005, hace 14 años, el porcentaje de rusos que pensaban que gais y lesbianas debían tener los mismos derechos ascendía al 51%, frente al 35% que se oponían. Las cifras cayeron después, hasta alcanzar su punto más bajo, como hemos dicho, en 2013. Las cifras actuales son, de hecho, las mejores desde 2005.

Según recoge The Moscow Times, diversos analistas consideran que la mejora en la percepción social de la homosexualidad es paralela a una disminución de la retórica homófoba de las autoridades rusas, que por el contrario inundó los medios en 2013, año en el que se aprobó la ley que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores y en el cual las actividades de Occupy Pedofilyaj, la infame de red de grupúsculos rusos responsable de múltiples torturas contra personas LGTB, alcanzó su máxima expresión. Y ello a pesar de que, como hemos informado en numerosas ocasiones, la represion contra el activismo LGTB sigue viva, incluso contra quienes simplemente intentan celebrar el Orgullo LGTB o simplemente enarbolan la bandera arcoíris. Por no hablar de la persecución que sufren las personas LGTB en la república rusa de Chechenia.

Sea como sea, bienvenida sea esta mejora de la percepción social, que ojalá se traduzca también en mejores condiciones de vida para las personas LGTB en Rusia y, en un plazo de tiempo lo más corto posible, en una situación jurídica más favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Joan López, un joven de 30 años de La Vall d’Uixó (en la provincia de Castellón), ha denunciado públicamente haber sido objeto de discriminación laboral por su condición de hombre trans. El diario El Mundo recogía este sábado la historia. 

El joven solicitó trabajo en una gasolinera de la zona. Pasó un periodo de prueba de unos 15 días, durante los cuales, según asegura, no hubo problema alguno y la sintonía con el gerente del establecimiento fue buena. De hecho, tras el periodo de prueba, le solicitaron la documentación para contratarlo de forma definitiva. Fue entonces cuando descubrieron que el chico es trans, ya que todavía no había podido completar el proceso de rectificación de sus datos registrales y en su Documento Nacional de Identidad aparece un nombre femenino.

A partir de ese momento, Joan notó que el tono de la relación cambió. Aunque fue contratado, tardaron poco en despedirlo: el joven debía acudir a la gasolinera los fines de semana, pero solo acudió dos. Al tercero ya no trabajó, después de recibir una llamada telefónica en la que le comunicaban el despido sin darle razón alguna más que «ya no hacía falta». Es más, según detalla El Mundo, cuando Joan reclamó 300 euros que la gasolinera le adeudaba, el gerente le exigió, de malos modos, que antes devolviera el uniforme. «Me habló muy mal, amenazándome con no pagarme», ha relatado. De hecho, a Joan no le abonaron lo que le debían hasta después de un tira y afloja con el gerente que no se resolvió hasta que intervino la esposa de este, a la que Joan conocía.

El joven ha decidido hacer público el caso, aunque según El Mundo su denuncia social no se ha acompañado, al menos de momento, de denuncia legal, al considerar que carece de pruebas suficientes para ello. Tampoco ha querido hacer pública la gasolinera en la que han sucedido los hechos. Y ello a pesar de que, según cuenta, no es la primera vez que esta circunstancia afecta a su vida laboral, ya que en mas de una entrevista de trabajo ha acabado recibiendo largas por parte del empleador al conocer este su condición.

Discriminación laboral contra las personas trans: es necesaria mayor protección

Conviene recordar, en este punto, que la legislación laboral española prohíbe la discriminación de los trabajadores por «razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español» (Estatuto de los Trabajadores). De igual forma, el Estatuto Básico del Empleado Público establece como derecho individual del mismo «la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, la Comunidad Valenciana, en su legislación autonómica, prohíbe cualquier forma de discriminación por identidad y expresión de género (Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana).

Sin embargo, como denunciaba en 2016 la FELGTB y Comisiones Obreras en su documento Personas trans en el ámbito laboral. Guía para el proceso de transición, que puedes descargar aquí, «no hay ninguna ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a las personas trans en el centro de trabajo mientras realizan su proceso de transición. Además a pesar de que es uno de los colectivos más discriminados e, incluso, excluidos del mercado laboral, no se ha puesto en marcha ningún plan de inserción laboral a nivel estatal y muy pocos a nivel local o autonómico». Se hace imprescindible una legislación estatal que proteja de forma sólida a las personas trans contra la discriminación. Esperemos que después de que la anterior legislatura se cerrara sin conseguirlo los partidos políticos se pongan a trabajar de inmediato para que las Cortes salidas de las pasadas elecciones generales la aprueben sin más dilación.

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Un joven de 23 años ha sido condenado a 10 meses de prisión por un tribunal parisino por la agresión a Julia Boyer, una mujer trans a la que golpeó el pasado marzo en plena calle, cuando Boyer se topó con una manifestación contraria al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika. Las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales y desencadenaron gran indignación en Francia. Se da la circunstancia, además, de que la víctima ha tenido que soportar, durante el juicio, que se dirigieran a ella utilizando un pronombre masculino, pese a tratarse de una mujer. 

El pasado 31 de marzo, Julia Boyer se encaminaba hacia el metro cuando se topó, en la parisina Plaza de la República, con una manifestación contra el Gobierno de Abdelaziz Buteflika en Argelia. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a acosarla, le dirigieron insultos homófobos y tránsfobos, la zarandearon y la golpearon. Agentes de seguridad del metro intervinieron para ponerla a salvo. Las imágenes de la agresión, grabadas por una cámara de videovigilancia, se viralizaron rápidamente en redes sociales, levantando una ola de indignación que se extendió por toda Francia:

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk

— SOS homophobie (@SOShomophobie) 2 de abril de 2019

Julia Boyer recibió la solidaridad de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y de la secretaria de Estado francesa de Igualdad, Marlène Schiappa, entre otras personalidades, que condenaron lo sucedido y le ofrecieron su apoyo. Lamentablemente, solo uno de los agresores pudo ser identificado y detenido.

Poco más de mes y medio después, los hechos han sido juzgados, y el detenido, Seddik A., de 23 años, ha sido condenado a un total de diez meses de prisión, de los cuales seis deberá pasarlos obligatoriamente entre rejas. Deberá abonar a la víctima 3.500 euros, además de otros 1.500 euros a cada una de las tres organizaciones que también se han personado como parte (SOS Homophobie, Mousse y Stop Homophobie), y tiene prohibido contactar con la víctima y acercarse a su domicilio. El condenado, por su parte, ha alegado que durante los hechos se encontraba bajo medicación y no era plenamente consciente de sus actos. Sus abogados, que se reservan el derecho de recurrir la sentencia, argumentan que se trata de un joven en una situación social vulnerable, con problemas de adicción y bajo tratamiento psiquiátrico, y consideran la condena muy dura. Una dureza que atribuyen a lo mediático del caso.

Tanto Julia Boyer como los colectivos que la han acompañado en el juicio se han felicitado por la sentencia y consideran que la justicia ha hecho su trabajo, aunque lamentan que solo uno de los agresores haya podido ser juzgado. Lamentablemente, el proceso también ha tenido sus puntos oscuros: la víctima, que no ha podido todavía proceder a la rectificación de sus datos registrales (un proceso que en Francia sigue judicializado tras la tímida reforma promovida en 2016 por el entonces Gobierno socialista) tuvo que soportar que en varias ocasiones el tribunal se dirigiese a ella en masculino. De hecho, la Fiscalía, un tanto despistada, se vio obligada a cambiar la acusación, fundamentada inicialmente en la «orientación sexual» de la víctima, para basarla después en su identidad de género. Un ejemplo más de lo poco preparado que está el sistema de justicia, en este caso en Francia, a la hora de respetar la diversidad, incluso cuando las sentencias, como en este caso, son favorables a los intereses de las víctimas de LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Abdelaziz Buteflika, Anne Hidalgo, Argelia, Delitos de Odio, Francia, Julia Boyer, LGTBfobia, Marléne Schiappa, Mousse, París, Personas transgénero, Seddik A., SOS-Homophobie, Stop Homophobie, Transexualidad, Transfobia

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado la Ley de Igualdad, que pretende reformar la vigente Ley de Derechos Civiles para que también proteja a las personas LGTBI contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. La ley ha sido votada favorablemente por la inmensa mayoría de los representantes del Partido Demócrata, pero con la oposición de la práctica totalidad de los representantes del Partido Republicano. Esto último advierte de la poca probabilidad de que sea convalidada por el Senado, donde los republicanos son mayoría, paso necesario para su entrada en vigor. El presidente Donald Trump, por su parte, ya anunció su oposición a la Ley de Igualdad debido a que contiene «píldoras envenenadas», refiriéndose a los artículos que protegen los derechos de las personas trans.

El pasado viernes 17 de mayo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el proyecto de Ley de Igualdad que había sido presentada por el Partido Demócrata el pasado mes de marzo. La prontitud en la votación se debía a la voluntad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien, en palabras de la directora ejecutiva de GLAAD, «ha convertido a los derechos LGTBI en la piedra angular de su carrera».

La votación se saldó con 273 votos favorables y 173 en contra, una mayoría amplia que refleja la composición de la cámara baja, en estos momentos en manos del Partido Demócrata. Un total de 228 representantes demócratas votaron a favor y 7 se abstuvieron. En el bando republicano, votaron a favor 8 representantes, 173 lo hicieron en contra y 16 se abstuvieron.

Se trataba de la segunda ocasión en que se presentaba este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue introducido por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, una versión del presentado infructuosamente en 1974, añade a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. La Ley de Igualdad pretende que esa protección sea de ámbito federal.

Sin embargo, la dificultad para que la Ley de Igualdad tome vigencia está en el Senado, de mayoría republicana y donde se presentó en la misma fecha que en la Cámara de Representantes. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos, algo altamente improbable. Incluso la primera dificultad estribaría en que el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, acepte presentarla en comisión para su debate y su posterior votación en un plazo razonable.

La reforma de la Ley de Derechos Civiles tampoco obtendría la aprobación presidencial, según declaraba un alto funcionario de su equipo en el siguiente comunicado: «La Administración Trump se opone absolutamente a la discriminación de cualquier tipo y apoya la igualdad de trato para todos. Sin embargo, este proyecto de ley en su forma actual está lleno de píldoras envenenadas que amenazan con socavar los derechos de los padres y de conciencia». Estas afirmaciones contrastan con las que sostenía anteriormente Donald Trump, quien, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo».

A pesar de las pocas probabilidades de que la Ley de Igualdad tome finalmente efecto, su aprobación por parte de la Cámara de Representantes ha sido vista por los defensores de los derechos LGTBI como un avance de gran fuerza simbólica. Human Rights Campaign lo expresaba de esta manera en las redes sociales: «Es la primera vez que una cámara del Congreso ha aprobado un proyecto de ley integral de derechos civiles LGTBI que finalmente proporcionaría protecciones claras y a nivel nacional para las personas LGBTQ en su vida cotidiana».

Las fuerzas conservadoras en contra de los derechos de las personas trans

Como hacen sospechar las declaraciones del equipo presidencial y han manifestado claramente los representantes del Partido Republicano opuestos a la aprobación de la Ley de Igualdad, son los derechos de las personas trans los que provocan un mayor rechazo entre las filas conservadoras.

La defensa del proyecto de ley por parte del Partido Demócrata se podía resumir con las palabras de Jerrold Nadler, representante por Nueva York y presidente del Comité Judicial: «La cuestión que tenemos ante nosotros no es si la comunidad de LGTBI se enfrenta una discriminación escandalosa e inmoral, puesto que los hechos demuestran claramente que sí lo hace. La pregunta es si nosotros, como Congreso, estamos dispuestos a tomar medidas para hacer algo al respecto. La respuesta va directamente al corazón de lo que queremos ser como país, y hoy, esa respuesta debe ser un resonante ‘sí’».

Mientras tanto, los representantes republicanos defendían su rechazo a la igualdad de derechos para las personas LGTBI con referencias a la «seguridad de las mujeres y los niños en los espacios privados», en alusión al derecho de las personas trans a utilizar los baños públicos que se corresponden a su identidad de género. También mencionaban los «problemas de conciencia» para el personal sanitario involucrado en las cirugías y tratamientos para la reasignación de género, o que «se obligaría a los centros escolares a que enseñasen educación sexual en la que se afirmaría que la identidad de género es por propia identificación».

Para dar una idea del fanatismo que destilan las fuerzas conservadoras, el grupo extremista Liberty Counsel emitía un comunicado tras la votación en la Cámara de Representantes en el que señalaba con nombres y apellidos a los ocho representantes republicanos que habían votado favorablemente a la Ley de Igualdad. Según Liberty Counsel, «nadie que haya votado por la mal llamada «Ley de Igualdad» merece servir en el Congreso. Este proyecto de ley destruye la libertad religiosa fundamental sobre la que se fundó América. Este proyecto de ley es antipatriótico y peligroso. La mal llamada «Ley de Igualdad» no tiene nada que ver con la igualdad y es la amenaza más seria a la vida y la libertad jamás propuesta por el Congreso. Este proyecto de ley debe ser detenido en el Senado. Si este proyecto de ley se convierte en ley, las consecuencias serán sobrecogedoras». En anteriores oportunidades, Liberty Counsel había afirmado que el proyecto de ley «abriría la puerta a la pedofilia, a la prohibición de la Biblia y al incremento de las agresiones sexuales».

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Estas presiones de las fuerzas ultraconservadoras hacen mella en el Partido Republicano. Sin embargo, su oposición a la reforma de la Ley de Derechos Civiles para incluir a las personas LGTBI entre quienes estén protegidas contra la discriminación choca con la realidad social, que muestra que la mayoría de la población estadounidense es favorable a esa protección. Según una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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Una semana antes de que terminara el plazo dado por el Constitucional en 2017, el Parlamento de Taiwán legaliza el matrimonio igualitario

Taiwán ya es definitivamente el primer país asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Y es que aunque en 2017 se legalizó «de facto», no ha sido hasta ahora que se ha aprobado la ley.

El 17 de mayo de 2019, fecha en la que se conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, pasará a la historia de la lucha en favor de los derechos LGTB como el día en el que por primera vez un país asiático, Taiwán, aprobó el matrimonio igualitario. Una aprobación que cuenta con algunas limitaciones, pero que ha sido recibida por satisfacción por el activismo taiwanés, que ve como se gana una importante batalla jurídica que comenzó en los tribunales hace varios años y en la que los grupos cristianos de la isla han ofrecido gran resistencia.

Ya explicamos en su momento que el Tribunal Constitucional de Taiwán había sentenciado que el Código Civil del país (que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer) era discriminatorio porque violaba “las garantías constitucionales de libertad de matrimonio en igualdad“. En mayo de 2017, la Corte Constitucional de Taiwán emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo (el parlamento taiwanés) a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años.  Si no se producía la reforma por la vía legislativa tras un periodo de dos años, la sentencia decretaba que a partir de mayo de 2019 las parejas del mismo sexo podrían comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. La sentencia  otorgaba al Parlamento dos años que se cumplían dentro de una semana para modificar el Código Civil y legislar el matrimonio igualitario; aunque ya entonces se podía decir que se había legalizado puesto que el Tribunal dejaba claro que si en ese periodo de tiempo el gobierno no había presentado una ley, ese artículo del Código Civil se consideraba erróneo y las parejas homosexuales podrían empezar a casarse en los Ayuntamientos.

Comenzaba entonces la movilización de los grupos anti-LGTB, articulados en torno a la la denominada «Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación», un conjunto de grupos religiosos que reunieron las firmas suficientes para promover la celebración de un referéndum sobre la materia. El referéndum, que constaba de varias preguntas, tuvo lugar el pasado mes de noviembre, y los grupos LGTBfobos, que llevaron a cabo una muy agresiva campaña y que contaron con importantes apoyos económicos, consiguieron más votos (ello a pesar de que las encuestas muestran que el matrimonio igualitario cuenta con el apoyo de una mayoría de los taiwaneses). Así, por ejemplo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo recibió 3.250.165 votos a favor y 6.701.859 en contra (el censo electoral era de 19.757.067 votantes). Un resultado que entraba en colisión con las disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno estaba obligado a resolver.

Finalmente, el Gobierno de Taiwán optó por evitar que se agotase el plazo concedido por la Corte Constitucional y presentó ante el Yuan Legislativo un proyecto de ley muy medido en su lenguaje. Por ejemplo, el lugar de llamarlo proyecto de ley de matrimonio, la norma se presentó bajo el aséptico título de «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748». Era, además, no un proyecto de ley de simple reforma de las leyes de matrimonio vigentes para abrirlas por defecto a todas las parejas, sino un texto legal específico. Pues ayer 17 de mayo, justo una semana antes de que se cumpla ese plazo, en el Parlamento de Taiwán se han debatido tres propuestas. Una de ellas quería llamar al matrimonio igualitario «relación familiar homosexual» (con cada miembro llamado «miembros de familia homosexual«) y la otra propuesta proponía llamarlo «unión homosexual» y a cada miembro «compañero doméstico».

En la propuesta presentada por el Gobierno y respaldada por el Partido Democrático Progresista (que ya llevaba el reconocimiento de este derecho en su programa electoral hace años aunque no se puso manos a la obra hasta recibir una intensa presión popular a raíz del caso del activista Chi Chia-Wei) sí hablaba de matrimonio, incluía además derechos de adopción limitados y era la única que los activistas LGTB+ del país apoyaban.

Finalmente ésa ha sido la propuesta aprobada en el Parlamento por una amplia mayoría: 66 votos a favor y 27 en contra.

Un proyecto que ha sido finalmente aprobado en tercera lectura este 17 de mayo, por 66 votos a favor (varios de ellos procedentes del Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, principal fuerza opositora) y 27 en contra. Un resultado que ha provocado alivio entre el activismo LGTB, que veía con temor la posibilidad de que el Yuan Legislativo optase por dar su apoyo a cualquiera de los otros dos proyectos de ley alternativos presentados en la cámara con objeto de regular las uniones entre personas del mismo sexo de forma explícitamente diferente al matrimonio y con menos derechos de los que conceden el proyecto finalmente aprobado.

El proyecto autoriza a las parejas del mismo sexo a registrarse como matrimonios y les concede el estatus legal de esposos, aunque limita algunas cuestiones. Los taiwaneses no podrán contraer matrimonio con extranjeros de su mismo sexo a menos que sus países de origen reconozcan también el matrimonio igualitario, y los derechos de homoparentalidad continuan muy limitados: las parejas del mismo sexo seguirán sin poder adoptar conjuntamente hijos con los que no tengan relación biológica ni se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida.

El colectivo LGTB+ había convocado manifestaciones y marchas hacia el Parlamento para seguir la votación y, una vez se han conocido los resultados, han celebrado la victoria. Y es que la decisión también ha sido mayoritariamente celebrada por los grupos LGTB, que pese a las limitaciones de la ley (por cuya corrección en el futuro seguirán trabajando) han conseguido una importante victoria simbólica y moral, que además ha colocado a Taiwán en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo como primer país asiático en aprobar el matrimonio igualitario. Hay que recordar, en este sentido, que aunque el estatus de Taiwán como sujeto político internacional permanece en un limbo diplomático desde el final de la guerra civil china y numerosos países no lo reconocen oficialmente como estado, en la práctica y a nivel comercial, turístico o cultural es considerado un país más.

Por otra parte, no está de más recordar que también en occidente la aprobación del matrimonio igualitario ha contado con limitaciones iniciales en varios países. La aprobación mediante un texto legislativo específico plagado de particularidades, por ejemplo, ya sucedió en Inglaterra y Gales. Y Bélgica, segundo país del mundo en aprobarlo en 2003, no permitió la adopción homoparental conjunta hasta 2006. Lo mismo sucedió en Portugal, que aprobó el matrimonio igualitario en 2010 pero la adopción homoparental tuvo que esperar hasta 2016.

Partidarios de los derechos humanos celebrando la legalización del matrimonio igualitario (Foto: AFP/Getty/Sam Yeh)

La propia presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, del Partido Progresista Democrático y que siempre se ha mostrado favorable a las reivindicaciones del colectivo LGTB, expresaba en redes sociales su confianza en que el proyecto recibiese finalmente el apoyo de la mayoría. «Hoy tenemos la posibilidad de hacer historia y mostrar al mundo que los valores progresistas pueden echar raíces en una sociedad del Asia oriental», tuiteaba:«El 17 de mayo de 2019 en Taiwan, #LoveWon. Hemos tomado un gran paso hacia la igualdad y hemos hecho de Taiwán un país mejor«, publicaba la presidenta del país, Tsai Ing-wen, en su cuenta de Twitter.

On May 17th, 2019 in #Taiwan, #LoveWon. We took a big step towards true equality, and made Taiwan a better country. 🏳️‍🌈

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 17 de mayo de 2019

La ley aprobada entrará en vigor el próximo viernes, 24 de mayo, fecha a partir de la cual comenzarán a celebrarse los primeros matrimonios. Veremos si ello tiene efecto arrastre en otros países del área en los que ya desde hace varios años ha comenzado a plantearse la posibilidad de aprobar el matrimonio igualitario, como Vietnam, o por el contrario refuerza las posiciones de los cada vez más influyentes grupos cristianos anti-LGTB, que ya han conseguido tumbar iniciativas en favor de la igualdad, por ejemplo, en Corea del Sur. O ambas cosas. Estaremos atentos.

Como no podía ser de otra manera los homófobos han protestado mucho y han pataleado más y han asegurado que el gobierno está legislando en contra del pueblo porque ellos celebraron un referéndum que decía que el 72% de la población de Taiwán está en contra. Alguien tiene que explicarles que los derechos de las minorías no deben someterse a referéndum (porque la minoría jamás será más numerosa que la mayoría que no concede ese derecho, aunque no le afecte en absoluto), aunque tampoco es necesario porque el Gobierno ya aclaró que ni referéndum ni referéndam: la sentencia del Constitucional es la que es y los derechos humanos son los que son.

Fuente El Diario.es, vía HazteQueer/Dosmanzanas

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El aparato estatal cubano optó este año por cancelar su desfile del Orgullo LGTBI impulsado por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Una decisión que se encontró con la respuesta popular, que articuló una Conga Alternativa que fue reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado cubano.

La ya tradicional Conga contra la Homofobia y la Transfobia de Cuba, como se denomina en la isla a la marcha del Orgullo LGTBI, ha contado este año con un apellido: «Alternativa». Un apellido no poco controvertido en un sistema como el cubano, ya que al no contar con el apoyo explícito del partido único (el Partido Comunista de Cuba), este movimiento ha sido entendido como un desafío al poder. Un hecho que ha acabado con amenazas a los organizadores y una marcha corta y que ha derivado en encontronazos con la policía y tres activistas detenidos.

Pero ¿por qué se ha dado este cambio de criterio con respecto a la Conga? De ser un elemento que ponía a Cuba en el mapa de países de América Central y Caribe con mínimos gestos positivos hacia la comunidad LGTBI, se ha pasado a una nueva manera de escenificar la represión a cualquier manifestación al margen del poder. En los últimos años, de hecho, la marcha había recibido el impulso del oficialismo cubano a través del CENESEX, dirigido por Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y sobrina de Fidel Castro, líder de la Revolución cubana y presidente durante 32 años. La apertura social e institucional que lideró la sobrina del comandante le valieron tanto a ella como al régimen cubano elogios a nivel internacional. Una apertura que suponía también una renovación del Partido Comunista de Cuba, una fuerza política que previamente había perseguido la diversidad sexual y de género. Se impulsó, por ejemplo, la cirugía de reasignación de sexo a cargo del estado, y derechos como el matrimonio igualitario han estado muy cerca de aprobarse. Sin embargo, las ilusiones de los movimientos sociales y las personas LGTBI de la isla se han truncado hasta límites difícilmente sospechables en tan poco tiempo.

Todo comenzó con la ilusionante propuesta de incluir el matrimonio igualitario en la redacción de la nueva Constitución cubana. Un texto que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional de Cuba, pero que solo supuso un borrador que fue modificándose con el tiempo. El texto fue sometido a un proceso de «consulta popular» y la presión de los grupos religiosos consiguió que finalmente se excluyera este derecho en la nueva Constitución. Estos grupos religiosos, cada vez más influyentes entre la sociedad cubana, amenazaron con llamar a la desmovilización de sus fieles en la votación que refrendaría el texto constitucional. Un riesgo que el Partido Comunista de Cuba no estuvo dispuesto a correr, ya que una baja participación en esta votación comprometería su imagen y podría ser usado por otras potencias como un símbolo de la desafección del pueblo cubano al régimen después de 60 años del inicio de la Revolución. Finalmente, la nueva Constitución fue aprobada sin referencias explícitas al colectivo LGTB.

Este triunfo de las iglesias católica y evangélicas de la isla (entendido también como un triunfo del catolicismo y el evangelismo a nivel global) ha supuesto un indudable giro en los gestos y decisiones políticas que se están dando en Cuba. Uno de esos gestos se ha producido con la cancelación por parte del CENSEX de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia de este año. La directora del organismo alegó que este año existían «circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso» por la «actual coyuntura» del país. Tras la oposición encontrada desde grupos de activistas LGTBI, las razones por la cancelación del evento aumentaron de nivel hasta que desde el CENESEX se indicó que la marcha podría ser «utilizada por fuerzas extranjeras» en contra del régimen cubano. Una posición, en definitiva, que recuerda a la de gobiernos teóricamente en las antípodas ideológicas del cubano, como el de Donald Trump en Estados Unidos o el de Jair Bolsonaro en Brasil, que atacan a los derechos LGTBI para satisfacer a sus soportes evangelistas y católicos.

Y es que es un gesto que ni siquiera muchos dentro de las filas del oficialismo entienden, según indica la web diariodecuba.com. De hecho, Mariela Castro ha cambiado su discurso de manera radical al definir la marcha de este año como «un show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera». A la directora del CENESEX no parece haberle bastado con que algunos manifestantes de la Conga Alternativa portaran banderas antiimperialistas (la bandera estadounidense invertida) mezcladas con los colores del arcoíris, ya que finalmente los ha incluido a todos en una estrategia del ejecutivo de Trump, entre otros.

Un ejemplo más del giro en las relaciones del estado cubano con sus movimientos LGTBI que habrá que seguir vigilando y que no augura nada bueno para el futuro del colectivo tras unos años de tregua y casi idilio.

Fuente Dosmanzanas

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Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Las personas trans ya pueden comenzar a realizar los trámites contemplados en la avanzada ley integral trans aprobada en Uruguay el pasado mes de octubre, después de que el Gobierno de ese país haya aprobado el reglamento que la desarrolla. La buena noticia no es completa, sin embargo. Las fuerzas ultraconservadoras han logrado reunir las firmas necesarias para iniciar un proceso que podría concluir con la derogación de la ley mediante referéndum. Una vez más la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, se enfrenta al odio de los reaccionarios.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. En 2009, por ejemplo, Uruguay aprobaba una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, pero que había quedado obsoleta. De ahí que los colectivos uruguayos luchasen para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder. Para más información práctica sobre trámites y requisitos, ver la web del Ministerio de Desarrollo Social aquí. 

La nueva ley, por ejemplo simplifica el procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud, además, ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales.

El texto, además, incluye importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Los opositores logran activar un mecanismo de derogación

La alegría por la entrada en vigor de la nueva ley, ya en sus aspectos prácticos, no es completa. Fuerzas ultraconservadoras han conseguido reunir las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría acabar con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados en esta ocasión por Carlos Iafigliola (uno de los precandidatos del Partido Nacional a la presidencia) y por el diputado de ese mismo partido y pastor evangélico Álvaro Dastugue, han conseguido reunir 69.260 firmas en contra. Se trata de una cifra que al superar el 2% del censo electoral obliga a convocar un primer referéndum sobre la materia, no vinculante, pero que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral a la derogación de la ley obliga a la convocatoria de un segundo referendum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les basta una mayoría simple.

Los colectivos en defensa de los derechos LGTBI y de las personas trans han condenado la iniciativa, que consideran que atenta contra las obligaciones que Uruguay ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, repudiando muy especialmente «el uso de la distorsión y la mentira como medios hacia la recolección de las firmas presentadas». En un comunicado secundado por varias decenas de organizaciones, de hecho, la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans desmiente uno por uno los principales argumentos de las que se han valido los promotores del referéndum. «No estamos dispuestxs a que se invite a la distorsión, el miedo y la mentira para sostener discursos y prácticas de odio en contra de los avances logrados. A los ataques conservadores antiderechos responderemos con resistencia siempre. Nuestro derecho a SER es urgente», finaliza el texto. De hecho, algunos colectivos han promovido ya una denuncia penal contra Iafigliola y Dastugue por incitación al odio, un delito que el Código Penal de Uruguay reconoce expresamente que puede estar motivado por la orientación sexual o la identidad sexual de las víctimas.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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