Ocurrió durante la madrugada del pasado domingo. Un joven italiano fue agredido a la salida de Deseo 54, una conocida discoteca de ambiente gay de Valencia, después de haber recibido, según ha denunciado la víctima, insultos homófobos. Fue su novio, español, el que denunció en redes sociales la agresión, con fotos de la cara del joven tras la paliza y un vídeo grabado por unos vecinos que muestra parte de lo sucedido.

Un grupo de seis personas, chicos y chicas, rodeó al joven, de 24 años, y lo agredió tras dedicarle, según ha denunciado la víctima, insultos homófobos. «Quiero que entendáis que el vídeo no capta todo, sí capta la paliza, las amenazas previas no. Y a pesar de que mi novio es italiano, como chico gay que lleva viniendo a Valencia durante todo el año, sabe reconocer palabras como ‘maricón’», aclaraba en Twitter @x_yalax, su novio, a los que dudaban del carácter homófobo de la agresión. Fue su novio, precisamente, el que difundió las fotografías del rostro de la víctima en un tuit que rápidamente se hizo viral:

Pues nada, agresión homófoba a mi novio a la salida de Deseo54 pic.twitter.com/50RN1S01Zs

— YALA (@x_yalax) August 11, 2019

El novio de la víctima también difundió el vídeo grabado por unos vecinos que fueron testigos de lo sucedido desde una ventana, y que muestra parte de la agresión (en el vídeo se escucha además el diálogo nervioso entre los testigos y cómo una de ellas les grita a los agresores que va a llamar a la policía):

Ahora me voy a dormir, en unas horas os cuento todo con detalles, mientras dejo el vídeo sin el cual la policia no hubiese hecho nada pic.twitter.com/Dl7iYiwFSX

— YALA (@x_yalax) August 11, 2019

Por fortuna, el joven, que ha anunciado su intención de denunciar, no sufre lesiones físicas graves.

El colectivo valenciano Lambda ha condenado enérgicamente lo sucedido y ha reclamado que se cumpla de forma efectiva la ley valenciana de igualdad de las personas LGTBI. También el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha expresado su pesar por lo ocurrido. «Entre todas y todos estamos construyendo una ciudad que se reconoce por unos valores que nos enorgullecen y que se oponen diametralmente a lo que representa esta agresión. Quiero mostrar mi condena más absoluta y la de todo el Ayuntamiento de Valencia y trasladar nuestro apoyo a la víctima», tuiteaba Ribó.

Según vecinos del barrio en el que se produjo la agresión, este tipo de ataques no son inusuales. Así lo aseguran en el siguiente reportaje de La Vanguardia, que recoje además un breve testimonio de la víctima y de su novio:

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

A lo largo del pasado año 2018, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia registró 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes.

El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se produjo en la provincia de Castellón, donde los incidentes registrados pasaron de 8 en 2017 a 21 en 2018.

Fuente Dosmanzanas

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Salvaje agresión homófoba a un chico gay español en Brighton (Inglaterra), que quedó tumbado en el suelo después de que le propinaran varios golpes. La víctima, que tuvo que ser ayudada por una persona que pasaba por la zona, pudo abandonar el lugar del suceso por su propio pie y ya ha denunciado ya lo ocurrido ante la policía y en las redes sociales.

La noche del pasado 3 de agosto, en plena celebración del Orgullo de Brighton, Javier Encina se encontraba de fiesta en un local de St. James’s Street, cuando fue agredido. «Estaba solo. Salí del bar porque mi ansiedad no me permitía seguir en un sitio tan lleno de gente. Lo único que quería era ir a coger un taxi y volver a casa», comenta en declaraciones a Dosmanzanas.

Fue entonces cuando varias personas se acercaron a él y, sin mediar palabra, le profirieron insultos homófobos y le propinaron varios puñetazos. «No recuerdo nada de las personas [que me golpearon]. Seguro estaban esperando a que alguien saliera… Los insultos [homófobos] me molestaron, obviamente. Cuando quise ver quién era quien venía detrás de mí, solo recuerdo un golpe y luego, ya, que estaba tirado en el suelo», añade.

Después de caer al suelo, Encina —que trabaja como estilista en la ciudad inglesa— cuenta que los agresores siguieron insultándole y burlándose de él: «Una persona me ayudó a levantarme y me limpió la cara. Pero yo estaba en shock. Me subí a un taxi y me marché de allí en pánico».

«Hoy, siento cómo mi cuerpo duele por dentro y por fuera. No puedo mover la mano, me duele la cara y mi ropa está cubierta de sangre. Siento ansiedad solo de pensar que anoche fue a mí, y mañana otra persona será atacada por odiadores», señaló la víctima en un post publicado en su perfil de Facebook poco después de sufrir la agresión.

Encina, que denunció rápidamente lo sucedido ante la policía —que aseguró que el sistema de videovigilancia por circuito cerrado (CCTV) no les sería útil en esta ocasión, al haberse producido la agresión en un punto donde no hay cámaras registrando imágenes—, tiene claro que esta situación, lejos de acobardarle, le hará más fuerte aún. «A pesar de sentir temor, creo que hacerlo visible es importante. Sobre todo, por aquellos que no creen que el Orgullo sea necesario», apostilla.

Y su ataque no es un hecho aislado. Según la web Brighton and Hove News, hasta 44 personas fueron arrestadas durante el fin de semana del Orgullo de Brighton, por delitos que incluyen agresión sexual, agresiones, drogas y desorden público.

Por desgracia, las agresiones por LGTBfobia se han multiplicado en los últimos tiempos en el Reino Unido, sobre el papel uno de los Estados miembros de la Unión Europea más avanzados en materia de derechos LGTB. Hace pocos días recogíamos otra salvaje agresión a un chico de 22 años, muy parecida a la sufrida por Javier Encina, ocurrida en esta ocasión en el condado de Lancashire, en el norte de Inglaterra. Según un artículo publicado en junio por The Guardian (pocos días después de conocerse el ataque a una pareja de lesbianas en un autobús de Londres), el número de agresiones contra personas LGTB+ en Inglaterra y Gales se incrementó un 144% entre 2014 y 2018 (de 4.600 incidentes reportados en 2014 se ha pasado a 11.600 en 2018). Una tendencia que según los observadores parece ir a más tras el triunfo del brexit.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Montenegro ha rechazado un proyecto de ley, aprobado por el Gobierno, de uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida recibió el apoyo de los socialdemócratas, mientras que sus socios representantes de las minorías étnicas votaron en contra y la oposición se ausentó de la cámara. El país balcánico, socialmente conservador y con fuerte influencia de la iglesia ortodoxa serbia, seguirá sin reconocer ningún derecho a las parejas del mismo sexo. En la Constitución montenegrina está blindado el matrimonio excluyente.

En noviembre de 2012, el entonces vice primer ministro Duško Marković planteó por primera vez la cuestión del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. El ministro de Derechos Humanos y de las Minorías redactó un proyecto de ley, que despertó el odio de la iglesia ortodoxa serbia y el opositor Frente Democrático (DF). Tendrían que pasar seis años, con Marković ya como primer ministro, para que el Gobierno aprobara la medida y la llevara al legislativo para continuar su tramitación. La comisión de Derechos Humanos del Parlamento le dio su visto bueno en febrero de este año.

Pero la esperanza de sacar adelante la propuesta duró poco. El miércoles de la semana pasada, el pleno rechazó el proyecto de ley del Gobierno. La iniciativa recibió el apoyo del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro (DPS), que lidera la coalición gubernamental. Sus socios, representantes de las minorías étnicas albanesa, bosnia y croata, votaron en contra, mientras que la oposición se ausentó de la cámara. Para convertirse en ley, la medida requería de la mayoría absoluta de los 81 diputados, que se habría conseguido con solo tres votos más de los que finalmente obtuvo.

Desde el gobernante DPS han lamentado el rechazo al proyecto y han animado a «comprender a la gente que piensa diferente». El ministro de Derechos Humanos, Mehmed Zenka, ha defendido que la medida es necesaria para la adhesión de Montenegro a la Unión Europea (el país balcánico es, desde 2012, candidato a convertirse en Estado miembro). La oposición liderada por el derechista DF ha rechazado la iniciativa porque teme que le siga «una ley de adopción de niños por la población LGTB», mientras que los activistas aseguran que la decepción causada por el rechazo al proyecto de ley los hará «más fuertes».

Bajo la lupa de la Unión Europea en materia de discriminación

Montenegro cuenta con una población que no alcanza los 700.000 habitantes. Alrededor del 43% son montenegrinos, mientras que un 32% son serbios. Hay además diversas minorías, sobre todo bosnios y albaneses. Tras la traumática desmembración de Yugoslavia, la República de Montenegro permaneció unos años federada con Serbia, hasta que en 2006 un referéndum decidió su independencia total, de forma pacífica.

Las relaciones homosexuales en Montenegro fueron despenalizadas en 1977 y la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. No hay reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y de hecho su Constitución restringe el derecho a contraer matrimonio a las parejas heterosexuales. En julio de 2010, por exigencia de la Unión Europea (a la que Montenegro, como se mencionó antes, aspira a unirse), el legislativo del país aprobó una normativa antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género como condiciones cuya discriminación queda prohibida. A pesar de ello, en abril de 2012 el Parlamento Europeo reclamaba más esfuerzos a Montenegro en materia de derechos LGTB. El Orgullo de Montenegro se ha celebrado sin incidentes en Podgorica desde 2014, y en 2016 contó incluso con el apoyo de miembros del Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

Fotografía Wikipedia

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Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

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Ha vuelto a suceder, de la misma forma que en 2018, en 2017 y en ocasiones anteriores. A pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo han impedido una vez más la celebración del Orgullo LGTBI. Once activistas fueron detenidos. 

Varias decenas de activistas se concentraron este sábado, 3 de agosto, en la conocida Plaza del Palacio de San Petersburgo, escenario de importantes episodios de la historia rusa. Portaban banderas arcoíris, de la comunidad trans y alguna bandera de la subcultura bear. Durante breves instantes pudieron desplegar pancartas reivindicativas y hacer declaraciones a la prensa, pero rápidamente hicieron acto de aparición las fuerzas del orden con intención de impedir el evento, que había sido prohibido por orden judicial el pasado jueves. Según The Moscow Times, 11 activistas que intentaron resistirse de forma pasiva fueron detenidos. Tres de ellos fueron evacuados en ambulancia.

El siguiente vídeo de Radio Svoboda muestra imágenes de lo sucedido:

Rusia, la LGTBIfobia que no cesa

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas rusos han vuelto a ser víctimas de la represión de un Estado que alienta la LGTBIfobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como se ha comprobado en repetidas ocasiones, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Por otra parte, además de la violencia institucional, las víctimas de la LGTBIfobia social, por su parte, se encuentran en total indefensión ante la laxitud e inoperancia, cuando no connivencia, de las autoridades, que incluso tratan de invisibilizar las motivaciones de los agresores. Por no hablar de la especial persecución que sufren las personas LGTBI en la república rusa de Chechenia.

En esta ocasión, además, las protestas de San Petersburgo tienen lugar solo un par de semanas después del asesinato en la antigua capital zarista de la activista bisexual Yelena Grigoryeva, cuyo nombre apareció en una lista de personas LGTBI «a cazar» publicada por un medio LGTBIfobo ruso.

Fuente Dosmanzanas

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El semanario derechista Gazeta Polska ha obsequiado a sus lectores con una pegatina LGTbfoba. La iniciativa, que arrancó el pasado 24 de julio, busca normalizar el discurso del odio contra la diversidad sexual en el ámbito público. El medio es un conocido defensor de las tesis del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), el partido que gobierna en Polonia.

Nuevo peldaño en la escalada de LGTBfobia que vive Polonia. El semanario derechista Gazeta Polska ha obsequiado a sus lectores con un adhesivo con un mensaje abiertamente LGTBfobo: una bandera arcoíris tachada con una X negra acompañada del lema «Strefa wolna od LGBT» («Zona libre de LGTB»). Un símbolo que persigue atemorizar a las personas LGTB allí donde se coloque e impedir que estas se sientan libres y seguras, demonizándolas y convirtiéndolas, en el imaginario colectivo, en un perjuicio para la integridad moral del país.

No hablamos, conviene precisar, de un medio de comunicación marginal, sino una de las principales publicaciones periódicas del país (la séptima en difusión). No es de extrañar que muchos hayan establecido paralelismos entre estas pegatinas y carteles como los utilizados en los territorios ocupados por la Alemania nazi en los que se prohibía la entrada «a perros y a judíos» a distintos establecimientos y negocios.

La campaña de odio ha despertado múltiples críticas. Paweł Rabiej, vicealcalde de Varsovia -la capital polaca-, ha anunciado una demanda ante la Fiscalía. «Los nazis crearon zonas libres de judíos.Una tradición que cuenta con fieles seguidores, en esta ocasión en Polonia», señaló en redes sociales, añadiendo que todo esto sucedía «bajo el paraguas» del Gobierno polaco y de los obispos. Rabiej, abiertamente gay, forma parte de una de las escasas administraciones LGTB-friendly del Estado polaco: el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, firmó hace unos meses una declaración de apoyo a la comunidad LGTB y lucha contra la discriminación (la primera de este tipo que se aprobaba en Polonia).

Una respuesta que ha tenido especial repercusión ha sido la de la embajadora de Estados Unidos en Polonia, Georgette Mosbacher. A través de Twitter, la diplomática publicó un mensaje en el que se mostraba «decepcionada y preocupada» por la difusión de pegatinas que promueven «el odio y la intolerancia». «Respetamos la libertad de expresión, pero debemos estar unidos del lado de valores como la diversidad y la tolerancia», añadía Mosbacher, cuya embajada se implicó de forma destacada en el pasado Orgullo de Varsovia. El director de Gazeta Polska, Tomasz Sakievicz, respondió a la embajadora que las pegatinas eran la respuesta de su periódico a los que querían «imponer sus puntos de vista a la fuerza», en referencia al colectivo LGTB y recordó el apoyo histórico que Polonia ha brindado a los Estados Unidos.

Un tribunal paraliza la difusión de las pegatinas

Habrá que ver el alcance de una iniciativa que para bien o para mal cuenta ya con el éxito de haber tenido gran repercusión internacional, y que se suma a otros pasos atrás que se vienen dando en el país eslavo, como la oposición (junto a Hungría) del Gobierno polaco a la aprobación de un documento de la Unión Europea favorable a los derechos del colectivo LGTBI, la posición favorable de su presidente a prohibir en las aulas la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género, la prohibición del Orgullo de Lublin el pasado año o los graves incidentes de hace pocos días contra los participantes en el primer Orgullo de Białystok.

Por lo pronto, un tribunal de Varsovia ha paralizado cautelarmente la distribución de las pegatinas, en respuesta a una demanda del activista Bartosz Staszewski. Además de esta y de la anunciada por el vicealcalde de Varsovia, al menos otra tercera demanda ha sido interpuesta por varias personalidades del país, entre las que se encuentra la conocida directora de cine Agnieszka Holland. Numerosas librerias se han negado a distribuir el semanario con la pegatinas. Es poco probable, sin embargo, que este tipo de protestas hagan mella en el sector más conservador de la sociedad polaca, que continúa apoyando sin fisuras al PiS, ganador de las pasadas elecciones europeas y firme candidato a revalidar su triunfo en las próximas elecciones generales (que deben tener lugar no más allá del mes de noviembre). El PiS, recordemos, es aliado en el Parlamento Europeo de Vox, la formación española de extrema derecha con la que comparte ideario contrario a los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Salvaje agresión a una mujer trans en Alicante, que quedó tumbada en el suelo, inconsciente, tras recibir una paliza a manos de dos individuos que ya han sido detenidos. La víctima fue ingresada en el Hospital General de Alicante, aunque por fortuna fue dada de alta pocas horas después.

Según detalla el diario Información de Alicante, los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana del jueves, en la calle Segura de la capital alicantina, a la salida de un after. La víctima comenzó a ser objeto de insultos en el interior del local por su condición de mujer trans. Al abandonarlo, los dos detenidos y otra mujer salieron tras ella. Ya en el exterior continuaron increpándola. De los insultos pasaron a los golpes. La mujer cayo al suelo, donde continuaron dándole patadas (al parecer uno de los agresores se empleó con especial violencia) y quedó inconsciente. Testigos de lo que estaba sucediendo llamaron a la Policía, ante lo cual los agresores huyeron, no sin antes robarle a la víctima dos bolsos y un teléfono móvil.

La Policía Nacional acabó sin embargo por localizarlos poco después en los aledaños del Castillo de San Fernando, no lejos de lugar donde tuvo lugar la agresión. Se trata de dos hombres de nacionalidad argelina, de 30 y 19 años de edad, que han sido acusados de un presunto delito de odio (en concreto, de un delito contra la integridad moral) y de otro delito de robo con violencia. Tras pasar la noche en Comisaría, han quedado en libertad a la espera de juicio. El informe policial ha sido trasladado tanto al Ministerio Fiscal como la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. La víctima, por su parte, fue dada de alta tras pasar varias horas en el Hospital General de Alicante. Sufre contusiones múltiples.

La Federación Plataforma Trans ha condenado lo sucedido y ha pedido a todas las fuerzas políticas la aprobación de una ley trans integral de ámbito estatal que contribuya a poner fin a este tipo de situaciones. «Somos un colectivo sobre el que los agresores sienten impunidad a la hora de ejercer estas violencias (…) Nuestras vidas no valen menos; no vale todo contra nosotras; es necesaria una implicación de las instituciones para poner fin a esta lacra social que es la transfobia», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

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El Tribunal Supremo de Bulgaria ha ratificado el derecho de la chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo a residir como matrimonio reconocido en el país, ejerciendo el derecho de moverse libremente dentro de la Unión Europea, válido para todos los ciudadanos de la UE y miembros de sus familias. El Supremo ha dictaminado que el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía tiene que cumplirse y respetarse.

A raíz de la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2018, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria.

Y eso aun sin que este país balcánico contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia. Independientemente de la claridad de la Directiva 2004/38 /CE sobre el derecho de libre circulación y residencia en la Unión Europea y del permiso previo a este respecto, a principios de 2018, la Dirección de Migración del Ministerio del Interior de Bulgaria rechazó la residencia de Cristina Palma, justificando su postura en el artículo 46, párrafo 1, de la Constitución búlgara y el Código de la Familia: «el matrimonio es una unión voluntaria entre un hombre y una mujer».

Un derecho fundamental garantizado en toda la Unión Europea

La decisión del alto tribunal, que confirma la decisión del Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía, también está en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un caso similar en Rumanía (caso Coman, C-673/2016), que sostuvo que los países de la UE deben respetar el derecho de residencia de las parejas del mismo sexo, casadas en otro país, que deseen vivir juntas en su territorio, ya que circular libremente dentro de la Unión es un derecho fundamental garantizado a todos los ciudadanos comunitarios, que a menudo es utilizado por un gran número de búlgaros.

Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio.

«Era la única resolución posible»

La decisión del Supremo de Bulgaria es definitiva y vigente y debe ser implementada por la Dirección de Migración en el Ministerio del Interior inmediatamente. «No nos sorprende la resolución, porque es la única posible en este caso. Esperamos que las instituciones en Bulgaria tengan en cuenta que tendrá un impacto en otros casos similares en los que los ciudadanos de la UE, incluidos los búlgaros, ejerzan el derecho a circular libremente dentro de la Unión y no desperdicien el dinero de los contribuyentes, como fue el caso aquí», explica la activista LGTBI Veneta Limberova.

Cristina Palma ha utilizado los servicios del «LGBT Youth Law Program, Action and Adv.». En este sentido, Denitsa Lyubenova, abogada de dicho programa, considera que «el tribunal Supremo ha aplicado de forma inequívoca la legislación y la práctica europeas del Tribunal de Justicia Europeo y ha reconocido un matrimonio homosexual en el extranjero. Este es un gran paso adelante en el camino hacia la igualdad de las parejas homosexuales en Bulgaria. Tenemos muchas más maneras de ir, pero ‘Action’ y los abogados con los que estamos trabajando establecen los cimientos de una nueva era en la lucha por la igualdad de las personas LGTBI en Bulgaria».

«¡La justicia ha triunfado! Las parejas del mismo sexo ya son bienvenidas en Bulgaria. Amamos tanto a este país, ¡nos ha dado más de lo que hemos esperado! La gente aquí ha sido buena y nos ha apoyado y tratado como a una familia. Sin el apoyo de ‘Action’ y, en particular, de nuestros grandes abogados Denitsa Lyubenova y Veneta Limberova, nada de esto hubiera sido posible. Hemos pasado por muchas dificultades durante el último año y medio debido a la incertidumbre de nuestro futuro en Bulgaria. Luchar fue el sueño de que nuestro trabajo abriría muchas puertas nuevas, no solo para la justicia y la igualdad, sino también para que las parejas del mismo sexo puedan vivir juntas en un entorno familiar seguro dentro de las fronteras de la Unión Europea», defienden Cristina Palma y Mariama Diallo.

El MOVILH de Chile y el resto del activismo LGTBI se felicita

La portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) Daniela Andrade valora que «la decidida y larga lucha de Cristina y Mariama ha rendido un fruto histórico con la sentencia de Tribunal Supremo, que las reconoce como matrimonio para los derechos de residencia y movilización. Un doble hito al tratarse de mujeres que deciden desarrollar su vida en un país que aún no reconoce el matrimonio igualitario, pero que desde ahora deberá garantizar la igualdad plena a enlaces similares contraídos en otros países de la UE».

Cristina y Mariama, en opinión del MOVILH, «son un esperanza para las parejas y familias homoparentales de Bulgaria que carecen de igualdad. También son un aliento especial para nuestro país dada la doble nacionalidad de Cristina (australiana-chilena), quien es un ejemplo de perseverancia y un testimonio vivo de que es posible derribar las barreras de las injusticias y abusos basados en la orientación sexual».

Por su parte, el activista LGTBI Marco Vidal, eslavista español residente en Sofía, añade que «con la sentencia favorable del Tribunal Supremo en favor de Cristina y Mariama queda constatado que la normativa europea (Directiva 2004/38 /CE) no es papel mojado y debe ser aplicada, por mucho que sea contradictoria a legislaciones nacionales, como es el caso de la Constitución búlgara, que define el matrimonio como ‘la unión voluntaria entre el hombre y la mujer’. Los partidos liberales búlgaros son firmes defensores de los valores europeos y de los beneficios económicos y la libertad de movimiento que trae para Bulgaria su permanencia en la UE. Sin embargo, son esos mismos partidos liberales y proeuropeistas los que mientras con una mano aceptan los eurofondos, con otra rechazan aceptar derechos básicos como es la libertad de movimiento y el derecho a residencia para las familias homoparentales».

Para Vidal, «a pesar de la firme decisión del parlamento europeo en este asunto, la oficina de inmigración de Sofia rechazó conceder a Cristina el permiso de residencia sin tener en cuenta su relación familiar con una ciudadana de la Unión Europea. Después de 2 meses desde el juicio que tuvieron sobre este asunto vemos una sentencia favorable para Cristina y Mariama que, además de aceptar y poner en práctica la legislación europea vigente, abre el camino hacia la lucha por los derechos civiles del colectivo LGTBI. Ahora será el momento de que las familias búlgaras que han contraído matrimonio en otro país de la UE sean reconocidas administrativamente como tales en su país de origen. No sabemos cómo será y cuándo, pero el caso de Cristina y Mariama es sin duda alguna un precedente».

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

En enero de 2018 publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también contactó en su momento con Babulkova para preguntarle por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio a registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que el suyo se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que nosotras no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero de 2018 en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de una (inexistente) «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero  del año pasado su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo episodio de violencia homofóbica, esta vez en el condado de Lancashire (Inglaterra). Ryan Williams, un joven recepcionista de hotel, fue brutalmente agredido hace unos días por ser gay, en pleno centro de la ciudad de Preston.

Ocurrió el sábado, 13 de julio. Todo comenzó cuando Williams, de 22 años, se encontraba con unos amigos en el centro de Preston. La víctima se dirigía a un McDonalds para comer algo, después de una noche de fiesta, cuando fue insultado y brutalmente golpeado en la cara a eso de las 06:30 horas de la mañana. «Había un grupo de personas en la calle y empezaron a llamarme a mí y a mis amigos ‘marica’. Fuimos hacia ellos y les dijimos que no estaba bien decir esas cosas. Cuando ya me alejaba, uno de ellos corrió hacia mí y me golpeó en la cabeza por detrás», aseguró el propio joven. El joven cayó al suelo y fue pateado dos veces en la cara, quedando inconsciente, aunque por fortuna se recuperó sin secuelas neurológicas.

La policía del condado de Lancashire ha confirmado que la agresión está siendo investigada como un delito de odio. «El agresor huyó de la escena junto a dos hombres y una mujer. La víctima quedó inconsciente, sufriendo lesiones faciales. Más tarde, fue trasladada al Royal Preston Hospital para recibir tratamiento», señaló un portavoz de la policía.

Después de recuperarse del violento ataque, Williams decidió publicar un mensaje en su perfil de Facebook, explicando lo ocurrido y dirigiéndose a sus atacantes: «¡Nunca en mi vida imaginé que me darían una paliza por ser gay! ¿En qué mierda se ha convertido este mundo? Sois viles y asquerosos». «Quiero que la gente entienda que ser gay no es una elección y que yo no puedo evitarlo. Siento que no puedas aceptarlo, pero no tienes por qué golpear a alguien por ello», continuaba. «Mantente firme y quiérete a ti mismo, esto no va a impedirme ser fabuloso. Ser gay es OK», añadía.

Es triste recoger una nueva agresión a un joven por el simple hecho de ser y mostrarse como es. Sin duda, una nueva muestra de que hoy, más que nunca, es necesario seguir reivindicando el derecho a ser como somos y a poder desarrollar nuestra personalidad sin imposiciones. También en Reino Unido, un país en el que la violencia por LGTBfobia parece disparada: según un artículo publicado en junio por The Guardian (pocos días después de conocerse la brutal agresión a una pareja de lesbianas en un autobús de Londres), el número de agresiones contra personas LGTB+ en Inglaterra y Gales se ha incrementado un 144% entre 2014 y 2018 (de 4.600 incidentes reportados en 2014 se ha pasado a 11.600 en 2018).

Fuente Dosmanzanas

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Hola «Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión: con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto de 2019». Con estas palabras, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunciaba este miércoles su dimisión, forzado por las multitudinarias protestas originadas tras divulgarse el contenido de un chat de Telegram en el que Rosselló participaba. Entre otros mensajes, en el chat se vertían comentarios de carácter homófobo sobre el cantante puertorriqueño Ricky Martin, pero también chascarrillos sexistas sobre oponentes políticas o comentarios despectivos sobre víctimas del huracán ‘María’.

El ambiente político y social estaba ya más que caldeado. El gobernador Ricardo (también nombrado como «Ricky») Roselló se encontraba debilitado por las diversas acusaciones de corrupción contra su equipo, entre las que destaca la implicación de la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, de la responsable del sistema de Salud de la isla, Ángela Ávila Marrero y de varios altos funcionarios, detenidos todos por agentes federales. Graves escándalos de corrupción en un país que aún no se ha recuperado de la catástrofe que supuso el huracán ‘María’ en 2017, y que hizo que la publicación de los mensajes fuera la gota que colmara el vaso de una sociedad harta. Rosselló pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la anexión plena de Puerto Rico a Estados Unidos.

Las conversaciones filtradas entre Rosselló y su grupo de colaboradores incluyen 889 páginas de comentarios en la red social Telegram, publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (puedes acceder a ellas aquí). Una recopilación de mensajes que data desde diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019. Espacio de tiempo más que suficiente para dar lugar a mensajes homófobos, comentarios despectivos contra figuras públicas de la isla, chascarrillos machistas contra políticas críticas con el Gobierno, iniciativas para manipular la opinión pública contra opositores al Gobierno e incluso mensajes denigrantes hacia las víctimas del huracán ‘María’.

Ricky Martin es una de las figuras aludidas por el equipo de Roselló en este chat: «Es tan machista que solo se folla a hombres porque las mujeres no cuentan», expresaba el colaborador de Roselló Christian Sobrino Vega, hasta hace pocos días representante del Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal, entre otros cargos. Es por eso que el artista ha participado activamente en las masivas protestas contra Roselló, como también lo ha hecho el cantante de reguetón Benito Martínez ‘Bad Bunny’ o el rapero René Pérez ‘Residente’. Otro de los insultados en el chat fue el periodista Benjamín Torres Gotay, al que el propio Rosselló llamó «mamabicho sin precedentes»tras un comentario crítico («mamabicho», expresión similar en su significado literal a «chupapollas», es un insulto homófobo popular en Puerto Rico).

En las movilizaciones de los días precedentes, miles de puertorriqueños se dieron cita en las calles intentando alcanzar la sede del Gobierno puertorriqueño, conocida como La Fortaleza. La protesta más significativa se saldó con 14 heridos, tres detenidos y cuantiosos daños materiales. Precisamente en esto se amparó Rosselló para menospreciar la protesta e intentar aferrarse al cargo, aunque anunciando que no se presentaría a la reelección en las elecciones del próximo año. La presión en las calles, sin embargo, se ha mantenido, y el gobernador ha tenido que dar finalmente su brazo a torcer.

«Con la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación de Puerto Rico se demuestra que el pueblo es el que manda», ha expresado el activista LGTB Pedro Julio Serrano, fundador de Puerto Rico para Tod@s. «Un gran logro de la lucha por la equidad es que uno de los detonantes que ha causado este levantamiento en contra del gobierno sea el rechazo de nuestro pueblo a la homofobia y la misoginia. Hemos adelantado tanto en esta lucha porque se nos reconozca que ya nuestro pueblo no va a permitir que nos laceren, ni violenten más. La gente LGBTTIQ ha dicho presente desde el primer día –y todos los días– de protesta para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló. Al igual que siempre ha dicho –y dirá– presente en todas las causas justas de nuestro pueblo. Este es otro Puerto Rico. Que la fuerza que junt@s hemos encontrado –en esta lucha digna– nos impulse a la consecución de una patria en donde quepamos tod@s en amor, justicia y equidad», ha añadido.

 Ricky Martin se une a las protestas contra el gobernador homófobo de Puerto Rico

El cantante Ricky Martin ha salido a las calles de su Puerto Rico natal para protestar contra el gobernador homofóbico Ricardo Rosselló.

Aunque Rosselló ha comunicado que no buscará la reelección después de que se filtrasen más de 900 páginas de mensajes de texto en los que usó insultos homofóbicos hacia el colectivo LGTB puertorriqueño, cientos de miles de manifestantes tomaron las calles de San Juan para mostrar su oposición.

Ricky Martin se unió a ellos para exigir la renuncia inmediata de Rosselló. Las imágenes de Martin agitando una Bandera del Orgullo en medio de las multitudes se volvieron virales en Twitter, al igual que los tweets de Martin con respecto a Rosselló.

Qué orgulloso me siento de ser puertorriqueño. Qué fuerza sentí de parte de mi gente. Seguimos en la lucha hasta que @ricardorossello no gobierne mas. #resistencia 📷: @worldjunkies , @usamahamid pic.twitter.com/xZLAtL2snV

— Ricky Martin (@ricky_martin) July 23, 2019

“Que orgulloso estoy de ser puertorriqueño. Qué fuerza sentí de mi gente. Continuamos en la lucha hasta que @ricardorossello No gobierne más”, escribió Martin en un tweet.

“Se burlaron de nuestros muertos, se burlaron de las mujeres, se burlaron de la comunidad LGTB, se burlaron de las personas con discapacidades físicas y mentales, se burlaron de la obesidad. Es suficiente. Esto no puede ser”, dijo Martin.

https://www.instagram.com/p/B0PVKgRH_kp/

El escándalo «Telegramgate» ha atrapado a los niveles más altos del gobierno de Rosselló. El ex ministro de finanzas de Rosselló se refirió personalmente a Ricky Martin en un mensaje, y escribió: “Ricky Martin es un chovinista tan masculino que se folla a los hombres porque las mujeres no están a la altura. Puro patriarcado“.

Fuente Dosmanzanas/Oveja Rosa

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El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su identidad de género, pero marcando limitaciones que han merecido duras críticas por parte de Chrysallis, la asociación de familias de menores trans. En cualquier caso, el fallo del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, lo anticuado del marco legislativo español por lo que a la realidad trans se refiere. 

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la decisión. Por aquel entonces, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió plantear ante el  Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3/2007, que impide a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida.

A través de un auto del que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá (puedes descargarlo aquí en su integridad), la Sala de lo Civil del Supremo exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con limitaciones o restricciones en su disfrute «que deben tener una justificación adecuada y proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de protección que la propia Constitución reconoce a los menores». Para el Tribunal Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría de edad, perp, «cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad», el Supremo aseguraba «tener dudas» de que «la restricción absoluta que supone la exigencia de la mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados».

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (ver nota informativa) ha apreciado los argumentos del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares, cuyos argumentos se conocerán cuando la sentencia se publique íntegra en el Boletín Oficial del Estado) que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’».

Chrysallis: un avance «muy relativo»

La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo fue consecuencia del recurso de un chico, representado por sus padres, que en el momento del nacimiento fue inscrito con nombre y sexo de mujer pero cuya identidad de género es masculina desde su más tierna infancia, y al que tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían negado su derecho a que esta fuese reconocida legalmente. La madre del chico no es otra que Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de menores trans.

Desde Chrysallis, en este sentido, consideran la decisión del Tribunal Constitucional un avance, aunque «muy relativo». A falta de conocer el texto íntegro, Chrysallis critica que todo el proceso, desde que el 22 de julio de 2014 intentaran proceder al cambio en el Registro Civil de Benasque, se haya prolongado cinco años. «Cinco años cruciales de la vida de una persona, de los 12 a los 17. Y otros tantos de quienes habían puesto sus expectativas en una resolución rápida y no discriminatoria», expresa la asociación. Respecto al contenido del fallo, Chrysallis asegura que «podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar ‘madurez suficiente’. Madurez suficiente, ¿cómo se demuestra eso? ¿Se exige a la población no trans demostrar ‘madurez suficiente” antes de reconocer su identidad? ¿Qué tipo de ‘madurez suficiente” tiene un bebé neonato cuando se le inscribe? ¿Por qué una persona no trans ve reconocida su identidad desde ese mismo momento, pero las personas trans tienen que demostrar ‘madurez suficiente’?».

Respecto al segundo requisito, la «situación estable de transexualidad», Chrysallis lo tiene claro: «partimos nuevamente de una posición de desventaja: a nadie no trans se le pide una ‘situación estable’ para inscribirle en el Registro Civil, se aventura un pronóstico, una especulación por parte de una persona ajena, de cuál va a ser la identidad de la persona y se da por buena. No es un método científico, está ampliamente demostrado que no hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas (tampoco la orientación sexual). Es decir, la autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo?, ¿por qué?, ¿desde qué momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, ¿desde la primera verbalización?, ¿desde la primera vez que se salga del tiesto de los estereotipos de género?, ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese ‘currículo trans’ de las personas trans menores a las que nadie defiende ni escucha?».

«La realidad es que detrás de esta prevención vestida de prudencia para no equivocarse, se trasluce algo bastante feo, el Tribunal Constitucional entiende que ser trans, cambiar tus datos registrales, es peor que no serlo. Quiere evitar a toda costa cualquier posibilidad de error. Por desgracia no vemos el mismo empeño en que se establezcan ese tipo de filtros para evitar que las personas trans sean mal clasificadas por la administración al nacer, ni vemos a nadie pensando en medidas para indemnizar y compensar las discriminaciones, abusos y sufrimientos que pueden derivar de esta mala identificación que se hace en el nacimiento. Que la identidad sea reconocida parece que queda en manos de terceras personas, a las que habrá de convencer de quien se es, y a la arbitrariedad de la persona del Registro Civil de turno y su ideología», añaden desde Chrysallis, que critica que algunos medios subrayen como gran avance la decisión del Constitucional: «Digamos que de discriminarte mucho pasa a discriminarte menos, pero no te sitúa en una posición de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía». 

España, rezagada

Como llevamos años denunciando desde esta misma página, en España los menores trans se encuentran en una situación de desprotección jurídica a la hora de ver reconocida legalmente su identidad, y su mayor o menor fortuna depende en buena parte del azar: deben acudir a los tribunales, y según en qué tribunal caiga su caso, el resultado es uno u otro. Incluso cuando consiguen el cambio de nombre rara vez consiguen la rectificación del sexo registral asignado. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que hasta ahora seguía excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que son ya numerosos los países que han modernizado sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. Un buen ejemplo es de Malta, que ni siquiera establece límite de edad inferior para proceder a la modificación del «sexo registral».

La actual resolución del Tribunal Constitucional, aun con sus limitaciones, viene a paliar esta situación, aunque no deja de resultar lamentable que en un país como España, que sobre el papel presume de ser uno de los más avanzados por lo que a la aceptación de la realidad de los menores trans se refiere, tengan que ser los tribunales los que enmienden la plana a una clase política que 12 años después de la aprobación de la ley ha sido incapaz de actualizarla.

Fuente Dosmanzanas

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Denunciada una nueva agresión de carácter LGTBfobo, en esta ocasión en las fiestas de la urbanización Valdeluz, en la localidad de Yebes (Guadalajara). Según la denuncia, a la que que ha tenido acceso dosmanzanas, un individuo se dirigió a la caseta de la peña Tendiendo Puentes, en la que ondeaban  banderas LGTBI, y comenzó a insultar a los allí presentes y lanzar proclamas franquistas, además de intentar una agresión física. El agresor estuvo arropado por un concejal de Vox en la localidad y su mujer.

Dosmanzanas ha tenido acceso a la denuncia, interpuesta ante la Guardia Civil por el periodista Juli Amadeu Àrias, colaborador de esta misma página y uno de los miembros de la peña Tendiendo Puentes, que se encontraba en ese momento en la caseta, en la que ondeaban banderas arcoíris y trans y que además actúa como «punto morado»,  es decir, como espacio seguro para mujeres en espacios festivos multitudinarios.

Según detalla Àrias, alrededor de las tres de la madrugada de este domingo, 21 de julio, un individuo comenzó a insultarles y lanzar proclamas franquistas, antifeministas y LGTBfóbicas. En un momento determinado llegó a intentar darle un puñetazo al propio Àrias, momento que este consiguió registrar con la cámara de su teléfono móvil:

Los miembros de la peña llamaron a la Guardia Civil ante el evidente estado de embriaguez y de alteración del denunciado. A su llegada, los agentes identificaron a los implicados, además de calmar al agresor, que al detectar la llegada de los agentes se escabulló en una de las casetas del recinto, pese a lo cual fue finalmente localizado. Sin embargo, aproximadamente media hora después de que los agentes se marcharan del lugar, el denunciado volvió a pasar junto a la caseta, en dirección a la salida del recinto, acompañado de otras personas. En ese trayecto continuó profiriendo amenazas a otros miembros de la peña que se encontraban en el momento del incidente inicial, del tipo de «os voy a cortar el cuello». Según explica el propio Àrias, los miembros de la peña desconocían la identidad del agresor, pero sí que pudieron identificar entre sus acompañantes a Antolin Muñoz, uno de los dos concejales de Vox en Yebes, acompañado de su mujer. Ambos se encararon con Àrias desde la distancia, recriminándole el haber avisado a las fuerzas de seguridad. Según detalla Àrias en la denuncia, la esposa del concejal de Vox le llamó «gilipollas». Además, añade, realizó gestos burlescos y desafiantes, al igual que el concejal de Vox.

«No nos vamos a callar ante la LGTBIfobia y, todavía con más determinación y ahínco si cabe vamos a trabajar por visibilizar la realidad LGTBI, el feminismo, la igualdad y los derechos humanos», asegura Àrias, dispuesto a que la denuncia no caiga en saco roto. Àrias ha adelantado a dosmanzanas la intención de constituir próximamente en Yebes y Valdeluz una asociación LGTBI para, entre otros objetivos, seguir combatiendo esta lacra.

Aunque la peña Tendiendo Puentes es apartidista y sus miembros son simpatizantes o militantes de distintas formaciones políticas, puesto que «no se pide el carné a nadie, solo que comparta una serie de valores feministas y de igualdad del colectivo LGTBI, por lo que precisamente nos constituimos como punto morado pionero en unas fiestas de la provincia de Guadalajara», se da la circunstancia de que el propio Àrias y otros compañeros de la misma son representantes de Podemos en el municipio. El periodista, de hecho, se ha enfrentado en distintas ocasiones a los discursos LGTBfóbicos vertidos en redes sociales por el responsable de comunicación de Vox en Yebes, consiguiendo que este haya tenido que borrar publicaciones, en las que criticaba la celebración del Orgullo o denunciaba una supuesta imposición de la «ideología de género», ante las reacciones de rechazo mayoritarias, según apunta Àrias.

Desde dosmanzanas transmitimos tanto a nuestro compañero Juli como al resto de personas víctimas de la agresión todo nuestro cariño y solidaridad.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Aelitos de odio, Antolin Muñoz, Castilla-La Mancha, Discriminación, Guadalajara, Homofobia, Juli Amadeu Àrias, LGTBfobia, Tendiendo Puentes, Valdeluz, VOX, Yebes

Incomprensible sentencia la de la sección 7ª Audiencia Provincial de Barcelona, que ha absuelto a tres hombres que agredieron a dos mujeres trans de un delito contra la integridad moral por razón de orientación o identidad sexual al considerar que «probablemente» estos desconocían su condición trans. 

Lo publicaba este lunes eldiario.es. Aunque en primera instancia un juzgado de Terrassa consideraba probadas las expresiones tránsfobas supuestamente usadas por tres de los agresores, del tipo de «¿sois hombres o mujeres?» o «¿quién tiene la polla más grande?», los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran verosímil la versión de estos, según la cual desconocían que las víctimas eran mujeres trans cuando les preguntaron por el precio a pagar a cambio de servicios sexuales, lo que derivó finalmente en una pelea.

Al creer la versión de los agresores y desaparecer de los hechos probados las citadas expresiones tránsfobas, según la Audiencia de Barcelona ya «no cabe hablar de menosprecio a una orientación o identidad sexual que desconocían». Esa sería la razón argumentada para absolverles del delito contra la integridad moral, por el que habían sido condenados a seis meses de prisión, aunque sí se reconoce que causaron lesiones leves a las mujeres, por lo cual únicamente deberán abonar una multa de 180 euros. La sentencia sí que reconoce que uno de los agresores le dijo a una de las mujeres «si eres un hombre entonces te puedo pegar», pero considera que esta expresión «no entraña desdoro alguno» y que fue pronunciada una vez iniciada la pelea, por lo que no puede considerarse demostrativa de que esta se iniciase por una motivación tránsfoba.

Curiosamente, la Audiencia de Barcelona sí mantiene la condena a un cuarto individuo que agredió a una tercera víctima, un joven gay amigo de las dos mujeres, al que llamó «maricón» y al que según la sentencia sí agredió «por la condición de homosexual que su manera de vestir, moverse y hablar denotaba». La sentencia destaca además que una de las víctimas señaló a este cuarto acusado como el que desencadenó la pelea.

Una serie de argumentaciones, en definitiva, que nos deja realmente sorprendidos y que ilustra a la perfección la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan a diario las mujeres trans. No solos los únicos. «No compartimos este cuestionamiento del odio tránsfobo. Hace falta contundencia ante la violencia hacia las personas trans», expresaba en redes sociales el Observatori contra l’Homofòbia.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Barcelona, Cataluña, Delitos de Odio, Discriminación, eldiario.es, LGTBfobia, Observatori contra l'Homofòbia, Terrassa, Transfobia

Nueva agresión lesbófoba en Barcelona. En esta ocasión ha ocurrido en el interior de un vagón del metro, en concreto de la línea 2. Una mujer ha increpado durante varios minutos a una pareja de chicas por darse un beso. La agresión, grabada con el teléfono móvil de una de las víctimas, ha sido denunciada en redes sociales, pero también ante el Observatori contra l’Homofòbia y los Mossos d’Esquadra.

«El miércoles por la tarde mi pareja y yo sufrimos una agresión lesbófoba en la L2 del metro. Una mujer nos insultó y agredió por darnos un beso», difundió una de las víctimas, la artista Carla Gallén, en su perfil de Twitter. Acompañaba el mensaje con un vídeo de lo sucedido:

Dimecres a la tarda la meva parella i jo vam patir una agressió lesbòfoba a la L2 del metro. Una dona ens va insultar i agredir per fer-nos un petó. @OCL_H @BarcelonaLGTBI @tv3cat @CCMA_cat @Toni_Cruanyes @mossos @JovesLambdaBcn @caladona @bcn_ajuntament @TMB_Barcelona pic.twitter.com/cRl80ra5or

— Carla Gallén 🎗 (@carlunsky) 6 de julio de 2019

«Maricona te he dicho, maricona», le insulta la mujer. «Así está el mundo por defender a esta gente. No me callo, todo el mundo lo piensa y no dice nada», prosigue, en respuesta a los reproches de fondo de algunos viajeros. Más tarde, vuelve a encararse con la víctima: «Igual que tú quieres respeto yo también quiero respeto». «Oye, que yo también tengo un hermano maricón y estas cosas no las hace», añade, en lo que podría considerarse una nueva versión del consabido ‘no soy homófobo, tengo amigos gais’.

«Encima catalana», sigue después, al darse cuenta de que Carla Gallén es catalanoparlante. «O sea, encima de homófoba, racista», se defiende en ese momento la víctima. «Pues sí, ¿qué pasa?», le responde la agresora con chulería. Acto seguido, vuelve a la carga con su homofobia. «A mí me da asco veros a vosotras besándose», les espeta. «Yo me como la boca con quien me da la gana», le responde la víctima. «Pues tú tienes que tener respeto», insiste la agresora, que intenta hacerse con el teléfono móvil, adivinándose un intento de forcejeo. En ese momento, se escucha la voz de otra mujer, que con el brazo defiende a la víctima. «Que cada uno haga lo que quiera», dice. Se trataba, según explica en su Twitter la víctima, de una mujer mayor con velo, al parecer musulmana.

Según ha explicado también en Twitter la víctima, la agresión ha sido denunciada tanto al Observatori contra l’Homofòbia como ante los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. Gallén ha querido dejar claro, además, que su denuncia no va dirigida contra un colectivo concreto. «También quisiéramos dejar muy claro que la homofobia no es una cuestión de raza, etnia o idioma. No nos gustaría que se instrumentalizase esta agresión para criminalizar a un colectivo», ha explicado en un tuit. «Nos encontramos cada día situaciones similares. Y sí, por desgracia también (especialmente) con hombres, blancos, (también) catalanoparlantes», añade en otro mensaje.

Escalada de agresiones por LGTBfobia en Cataluña

La agresión del metro se produce pocos días después de otra agresión lesbófoba ocurrida en el barrio de La Verneda, también en Barcelona. Y días antes de la agresión de La Verneda otra agresión homófoba ocurrida en la capital catalana, grabada por un amigo de la víctima, se hizo viral y desató una indignación generalizada.

No es de extrañar que el presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, calificase entonces la situación de «insoportable» y reclamase medidas urgentes, como ya había hecho días antes con motivo de la presentación de los datos del estado de la LGTBfobia en Cataluña durante el año 2018. Periodo durante el cual el Observatori tuvo conocimiento de 113 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán, dos más que en 2017 y 28 más que en 2016. Pero lo más alarmante del informe es que 71 de ellas (el 62,8%) no fueron denunciadas, lo que supone un fuerte aumento de la infradenuncia respecto a 2017, cuando «solo» 31 (el 27,9%) no fueron denunciadas.

Rodríguez también hizo alusión entonces (aunque los datos presentados no lo recogen) al aumento de incidencias que se habría producido en el primer semestre de 2019, el año en curso. Una situación de urgencia que el Observatori contra l’Homofòbia denunció ya en marzo, después de que en solo unos días se produjeran cinco agresiones el diferentes puntos de Cataluña, con una de las víctimas necesitando atención hospitalaria.

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Poco le ha durado el alivio a la comunidad LGTB de Botsuana. Apenas un mes después de que el Alto Tribunal fallara en contra de la criminalización de las relaciones homosexuales, el fiscal general ha anunciado que recurrirá la sentencia. El representante del Gobierno está convencido de que los jueces, que se pronunciaron por unanimidad, se «equivocaron» en sus argumentos que defendían la inconstitucionalidad de la norma de origen colonial británico. El Tribunal de Apelaciones tendrá la última palabra sobre el mantenimiento o la reversión de la despenalización.

El proceso que concluyó con la despenalización de la homosexualidad lo inició un estudiante de la Universidad de Botsuana llamado Letsweletse Motshidiemang en noviembre de 2017. La organización LGTB LEGABIBO se personó en la causa como amicus curiae. La demanda buscaba la derogación de los artículos 164 y 167 del código penal botsuano, que castigan las relaciones «contra natura» y los actos de «indecencia grave». Se trata, como en tantos otros países, de una herencia de la época colonial británica. Las penas derivadas podían alcanzar los siete años de cárcel, y afectaban tanto a hombres como a mujeres, si bien es cierto que se aplicaban raramente.

Los demandantes alegaban que la ley homófoba es inconstitucional por coartar los derechos fundamentales de libertad y privacidad y que la sociedad botsuana ha evolucionado en su aceptación de la realidad LGTB. Los representantes del Estado, por el contrario, defendían la permanencia de la norma, alegando que no discriminaba contra las personas LGTB al prohibir ciertas prácticas con independencia de la orientación sexual de los implicados. Un argumento que, por ridículo que pueda parecer, fue uno de los esgrimidos hace menos de un mes por el Tribunal Superior de Justicia de Kenia para mantener, allí sí, la penalización de las relaciones homosexuales.

El Alto Tribunal de Botsuana fijó inicialmente marzo de 2018 como la fecha en la que escucharía los argumentos orales, pero la cita fue pospuesta en dos ocasiones y en diciembre del año pasado se anunció que la vista se produciría el 14 de marzo de 2019, como finalmente ocurrió. Tres meses después el tribunal hizo público su fallo, que dio la razón a los demandantes al considerar la criminalización de las relaciones homosexuales discriminatoria y contraria a la Constitución del país. «Cuando se margina a los grupos minoritarios, la dignidad humana se lesiona», argumentaba el juez Michael Leburu al hacer pública la sentencia. «La orientación sexual no es una moda, es un atributo importante de la personalidad», añadió.

Menos de un mes después de conocerse el fallo, sin embargo, el fiscal general del país ha expuesto la disconformidad del Gobierno con su contenido. Abraham Keetshabe sostiene que los jueces se «equivocaron» en sus conclusiones, aunque no ha especificado cuáles son los argumentos concretos que a su parecer son erróneos. El pasado viernes anunció la próxima interposición de un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Si este sale adelante, podría revertir la sentencia del Alto Tribunal, reinstaurando la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.

Se trataría de un grave retroceso en un país que, además de la despenalización, ha visto algunos avances significativos en los últimos años. En 2016, por ejemplo, se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Otro hito fue la aprobación por unanimidad de una moción de apoyo a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en el ayuntamiento de la capital, Gaborone, en marzo de 2016. Y en septiembre de 2017, el Alto Tribunal reconocía por primera vez la identidad de género de una persona trans, que tres meses después pudo obtener un nuevo documento de identidad, poniendo fin a un proceso que se había alargado por diez años.

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja de mujeres y uno de sus hijos, de cuatro años, sufrieron una agresión de carácter lesbófobo el pasado lunes, 1 de julio, en el barrio barcelonés de La Verneda, a manos de un individuo ya identificado e investigado por posibles delitos de amenazas, maltrato leve, odio y contra los derechos fundamentales.

La familia se encontraba en la terraza de un bar en la calle Pont de Treball. Poco después de las siete de la tarde, un individuo que al parecer mostraba signos de embriaguez se acercó, llego a tocar al niño y se enfrentó a sus dos madres. «Vuestro hijo, ¿de qué? No es normal que tenga dos madres, bolleras de mierda, pobres niños, hijas de puta, comecoños», les insultó. «Sacad la bandera del arcoiris», añadió.

A continuación, el agresor agarró y retorció el brazo de una de las mujeres. Por fortuna, estas recibieron el auxilio de otros clientes del bar, que separaron al agresor. Este siguió amenazándolas, si bien los allí presentes impidieron que volviera a agredirlas. Finalmente intervino la Guardia Urbana de Barcelona, que identificó al individuo y levanto atestado de lo sucedido.

El Observatori contra l ‘Homofòbia y la asociación FLG Famílies LGTBI han solicitado este miércoles al juez de guardia que de manera cautelar ordene una orden de alejamiento para que el agresor no pueda acercarse a las víctimas. «Activamos los protocolos y estamos a disposición de las víctimas», han señalado desde el Observatori. Su presidente, Eugeni Rodríguez, ha calificado la situación de «insoportable» y ha vuelto a reclamar medidas urgentes, como ya había hecho hace pocos días con motivo de la presentación de los datos del estado de la LGTBfobia en Cataluña durante el año 2018. Periodo durante el cual el Observatori tuvo conocimiento de 113 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán, dos más que en 2017 y 28 más que en 2016. Pero lo más alarmante del informe es que 71 de ellas (el 62,8%) no fueron denunciadas, lo que supone un fuerte aumento de la infradenuncia respecto a 2017, cuando «solo» 31 (el 27,9%) no fueron denunciadas.

Rodríguez también hizo alusión entonces (aunque los datos presentados no lo recogen) al aumento de incidencias que se habría producido en el primer semestre de 2019, el año en curso. Una situación de urgencia que el Observatori contra l’Homofòbia denunció ya en marzo, después de que en solo unos días se produjeran cinco agresiones el diferentes puntos de Cataluña, con una de las víctimas necesitando atención hospitalaria. Días antes de la agresión de La Verneda, de hecho, otra agresión homófoba ocurrida en Barcelona, grabada por un amigo de la víctima, se hizo viral y desató una indignación generalizada.

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El Observatori contra l’Homofòbia presentó hace unos días los datos cuantitativos de su informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Cataluña, referido al año 2018 (puedes descargarlos aquí). Durante este periodo, el Observatori tuvo conocimiento de 113 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán, dos más que en 2017 y 28 más que en 2016. Pero lo más alarmante del informe es que 71 de ellas (el 62,8%) no fueron denunciadas, lo que supone un fuerte aumento de la infradenuncia respecto a 2017, cuando «solo» 31 (el 27,9%) no fueron denunciadas.

Por tipo de incidencias, la más registrada son las agresiones, ya sean físicas, verbales, por acoso, amenazas y vejaciones. Constituyen el 41,6% de las incidencias (el año pasado fueron el 47,7%). A continuación se situaron los incidentes de discurso de odio y exaltación de la LGTBIfobia (13,2%) y los episodios de LGTBfobia institucional (10,6%):

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, casi la mitad de las incidencias se cometieron contra hombres gais y bisexuales (49,5%). En segundo lugar se situaron las incidencias contra las personas trans (24,8%), seguidas de las incidencias por LGTBfobia de tipo generalista, es decir, las dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (17,7%). En el 6,2% de los casos se cometieron contra mujeres lesbianas o bisexuales:

Viendo la evolución de los cuatro años en los que el Observatori contra l’Homofòbia lleva publicando su informe, resulta especialmente preocupante la tendencia de los incidentes dirigidos específicamente contra el colectivo trans, que no paran de crecer porcentualmente. Fueron el 13,3% en 2015, el 15,5% en 2016, el 17,1% en 2017 y el 24,8% (la cuarta parte) en 2018.

La edad media de las víctimas registradas por el Observatori en las que se pudo registrar ese dato (61 personas) fue de 34,1 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue en esta ocasión el de 36 a 45 años, seguido del intervalo de 26 a 35:

Por lo que se refiere al itinerario de los 113 incidentes recogidos en el informe del Observatori, 17 de ellos (un 15%) fueron denunciados por el personal de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de su «deber de intervención» cuando son conscientes de una posible vulneración de los derechos de las personas LGTB. Se trata de un aspecto que recogen expresamente los artículos 10 y 11 de la ley catalana contra la LGTBfobia, para lo cual la Generalitat aprobó un protocolo específico en octubre de 2017. Otras 13 denuncias fueron interpuestas por via penal (el 11,5%). El resto de itinerarios suponen un porcentaje claramente menor. Pero lo que destaca muy especialmente este año es la ausencia de denuncia en 71 incidentes (el 62,8%) lo que supone un incremento muy importante de la infradenuncia: en 2017, ese número fue de 31 (el 27,9%):

Por lo que se refiere a la distribución territorial, la provincia de Barcelona (con gran diferencia la más poblada) es la que mayor número de incidencias registra (81,1%), seguida de Tarragona (8,9%), Girona (7,8%) y Lleida (2,2%). El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (35,3%), pero le sigue a mucha menos distancia Tarragona (27,3%), Girona (24,9%) y Lleida (12,5)%.

El Observatori contra l’Homofòbia vuelve a reclamar medidas

Durante la presentación de los datos en el Centro LGTBI de Barcelona, el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, puso el acento en el aumento de casos de infradenuncia, algo que no dudó en atribuir a «la desafección del colectivo hacia los canales oficiales». Rodríguez también hizo alusión, aunque los datos presentados no lo recogen, al aumento de incidencias que se habría producido en el primer semestre de 2019, el año en curso. «Estamos identificando un patrón concreto de agresores, hombres jóvenes que actúan en grupo los fines de semana en zonas de ocio, especialmente los viernes, en la ciudad de Barcelona», denunció. Una situación de urgencia que el Observatori contra l’Homofòbia denunció ya en marzo, después de que en solo unos días se produjeran cinco agresiones el diferentes puntos de Cataluña, con una de las víctimas necesitando atención hospitalaria.

Rodríguez ha vuelto a reclamar ahora a las autoridades la constitución de una mesa de trabajo para abordar la situación, así como potenciar el grupo de trabajo con los Mossos d’Esquadra y hacer del Observatori parte interesada en los procesos administrativos sancionadores, tal y como ha recomendado el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán). También ha pedido poner en marcha recursos y servicios para atender a las víctimas de la LGTBfobia que estén funcionantes de forma permanente, durante las 24 horas del día, atendidos por profesionales especializados.

Fuente Dosmanzanas

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No solo ha sucedido en Madrid. Vox, la formación de extrema derecha, ha endurecido también en la Región de Murcia sus condiciones para trasladar al Gobierno regional la alianza con PP y Ciudadanos que ha permitido a estos hacerse, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. Entre otras medidas reaccionarias, Vox exige en Murcia hacer explícito el compromiso de derogar la ley contra la discriminación de las personas LGTBI que fue aprobada por la Asamblea Regional en 2016. Eso sí, a diferencia de Madrid, donde Vox pide una derogación parcial, en Murcia los ultras piden la derogación total.

El documento hecho público por Vox en Murcia comienza exigiendo «una negociación visible, transparente y simultanea de los tres partidos, incluyendo a Vox, si es que solicitan nuestro apoyo para la investidura». para luego pasar a detallar sus condiciones, de forma más detallada que en el documento madrileño. Entre estas, la «instauración del PIN parental y de la autorización expresa de los padres para cualquier actividad relacionada con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales», así como «la derogación de la ley autonómica de 8/2016 de 27 de Mayo de igualdad social LGTBI, por vulnerar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de libertad de educación, de expresión y de comunicación, entre otros».

Habrá que esperar a ver qué sucede finalmente. Por lo pronto, Ciudadanos ha hecho público su rechazo a aceptar las condiciones plasmadas en el documento de Vox. Por lo que se refiere al PP, este no se ha pronunciado expresamente sobre el retroceso exigido en materia LGTB (como sí hizo la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se mostró dispuesta a valorarlo). En cualquier caso, el entendimiento entre PP y Vox en Murcia parece más sencillo, dado que los populares murcianos ya han cedido a Vox varias concejalías en Puerto Lumbreras, Ceutí y Fuente Álamo para «engrasar» el pacto.

Como ya comentamos en el caso madrileño, habrá que ver si Vox mantiene su pulso o todo obedece a la enésima «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose finalmente con una reedición de la alianza de facto entre las fuerzas de derecha. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con el PSOE, formación con la que en la Región de Murcia reúne mayoría absoluta, dejando a la extrema derecha fuera de juego (en el caso de Madrid sería necesario además el concurso de Más Madrid). Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses respecto al PSOE.

También en Murcia estaremos muy atentos a lo que suceda.

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Sucedía pocas horas antes del 28 de junio, Día del Orgullo LGTB, en un establecimiento de la cadena de hamburgueserías McDonald’s en Barcelona. Un individuo agredió verbalmente (y amenazó con agredir físicamente) a un joven por considerar inadecuada su apariencia para estar en «un sitio público». Las imágenes se viralizaron a lo largo del día de ayer, han sido recogidas por numerosos medios de comunicación y han suscitado una ola de apoyo al joven en redes sociales. Y es que pocas veces como en esta ocasión vemos reflejada en imágenes la homofobia, muy especialmente cuando se dirige contra las expresiones de género no normativas.

Las imágenes y la conversación mantenida entre agresor y víctimas hablan por sí solas. Insertamos a continuación el tuit de @paleo_20, el usuario de Twitter y amigo de la víctima que difundió el vídeo (grabado por otro amigo):

“Te voy a hacer heterosexual a ostias”
Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan “femenina”. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg

— paleo_20 (@paleo_20) 27 de junio de 2019

«¡Córtate un poco, que estás en un sitio público», le gritaba el agresor, visiblemente molesto por la forma de vestir y moverse de la víctima. «Y tú también estás en un sitio público, contrólate», le respondió el joven. «Pero yo visto bien», le respondió el agresor. «Bueno, que tú vistes bien…», le respondió con ironía el chico, cuya sangre fría y aplomo resultan admirables.

La agresión verbal fue a más, sin que el vigilante de seguridad del establecimiento, auténtico convidado de piedra, interviniera para frenarla. «Es el Día del Orgullo», se defendió el joven. «A mí me da igual, también es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver como te las suelto? (…) Te voy a hacer heterosexual a hostias», le replicó el agresor, invitándole a salir del establecimiento. «Yo voy a coger mi hamburguesa, me siento y me la como, y tú a mí no me tienes que decir nada, porque yo no te he hecho nada», le respondió el joven, tras lo cual el individuo continuó amenazando con agredirle cuando saliera del local. No faltó, por cierto, la referencia a que en este había «niños por delante».

Identificado el agresor

Los Mossos d’Esquadra han investigado lo sucedido, y al parecer ya han identificado al agresor. La policía autonómica catalana remitirá el correspondiente atestado a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, para que esta determine si emprende acciones legales. La víctima, por su parte, rechazó en un primer momento presentar denuncia, aunque no se descarta que lo haga finalmente.

El presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha confirmado que su entidad está también trabajando en el caso, junto al Ayuntamiento de Barcelona. Precisamente la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, condenó en Twitter lo sucedido y animó a participar este sábado en el Orgullo barcelonés como muestra de rechazo:

Todo el apoyo frente a esta agresión homófoba. Barcelona es una ciudad orgullosamente diversa y defenderemos la libertad de género y sexual de todas las personas.
Mañana sábado llenemos nuestras calles en la celebración del orgullo #Pride2019 #28J #PrideBCN2019 #50anysStonewall https://t.co/uLiHBgyJxz

— Ada Colau (@AdaColau) 28 de junio de 2019

Un rechazo ampliamente extendido en redes sociales, que en pocas horas se llenaron de apoyo al joven agredido, alabando además su actitud controlada y su valentía a la hora de defenderse. Por el contrario, la actitud pasiva del vigilante de seguridad ha generado numerosas críticas, al considerar que no frenó como debiera la agresión que estaba sufriendo un cliente en el interior del establecimiento.

Numerosas personalidades mostraron su afecto ante esta agresión homófoba. La escritora Lucia Etxebarria‏ fue una de las primeras en pronunciarse. “Por favor, júrame que no son actores —escribió— Si está historia es real hay que viralizarla ya. El tipo ha cometido varios delitos graves. Amenazas e incitación al odio”.

No podemos concluir sin una reflexión final: en estos días en los que abundan bienintencionados mensajes de solidaridad con el colectivo LGTBI del tipo de «Love is love», «Ama a quien quieras», etc., es más necesario que nunca recordar que una reivindicación central del Orgullo es el derecho a ser como somos, a poder expresar nuestra identidad sin cortapisas, a poder desarrollar nuestra personalidad sin imposiciones. Estemos en pareja o solos. Amemos a otra persona, o a muchas, o a ninguna. El joven agredido en Barcelona lo fue por ser y mostrarse como es. Fue un ataque homófobo, sí, pero sobre todo un ataque plumófobo. El agresor se sintió insultado por la pluma del joven, por su imagen andrógina, por su feminidad. Fue un ataque por ser gay, pero sobre todo contra su expresión de género no normativa. No lo olvidemos (sobre todo, cuando muchos hombres gais son también participes de este rechazo a lo diverso y participan de una homofobia internalizada que no dista demasiado de lo que vimos en el McDonald’s de Barcelona…).

Fuente Dosmanzanas/Público

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El nuevo Ayuntamiento de Madrid, gobernado por PP y Ciudadanos y el sustento de la extrema derecha) que por el momento ha renunciado a ocupar los cargos municipales que se les ofrecían por parecerles insuficientes) sigue dando muestras de su escaso respeto hacia el Orgullo LGTB. Si hace pocos días decidía mutilar la campaña promocional heredada de la anterior corporación municipal y retirar de las banderolas los mensajes de contenido activista, hoy han dado un paso más al desplazar la bandera arcoíris de la posición central que ocupaba durante los últimos años en su fachada durante estos días y colocar en su lugar una bandera española desprovista del escudo constitucional.

La imagen no puede tener más carga simbólica. El nuevo Ayuntamiento ha decidido mantener la tradición heredada y colocar la bandera arcoíris en la fachada desde hoy, 28 de junio (Día del Orgullo LGTBI) hasta el final de las celebraciones del Orgullo. Pero en lugar de colocar la bandera en la posición central que ocupaba desde 2015 (entonces nos hicimos eco de la preciosa ceremonia que tuvo lugar entonces), PP y Ciudadanos han decidido desplazarla a un lateral. En su lugar han colocado una bandera española, desprovista por cierto del escudo constitucional. «La ubicación [de la bandera arcoíris] ha sido decisión de patrimonio», se ha justificado la vicealcaldesa de Ciudadanos, Begoña Villacís, intentando negar lo que resulta evidente para cualquier persona mínimamente objetiva: el indisimulado gesto «compensatorio» a sus socios de la extrema derecha, que habían reclamado que en el lugar de la bandera arcoíris (que obviamente ellos no querían ver en ningún sitio) el Ayuntamiento simplemente colocase otra bandera española.

Equidistancia entre la extrema derecha y el colectivo LGTBI, aunque dando preferencia a los primeros. «Pues ya sabemos cuál es el lugar que va a ocupar los derechos de las personas LGTB para este ayuntamiento y cual las demandas LGTBIfóbicas de los ultras los próximos 4 años» tuiteaba el colectivo COGAM, organizador, junto a la FELGTB, de la próxima Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI. No podemos estar más de acuerdo:

Pues ya sabemos cuál es el lugar que va a ocupar los derechos de las personas #LGTB para este ayuntamiento y cual las demandas #LGTBIfóbicas de los ultras los próximos 4 años… pic.twitter.com/H1lkCN5Omy

— COGAM (@COGAM) 28 de junio de 2019

Fuente Dosmanzanas

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