La Policía Local detiene por odio a dos jóvenes por acorralar, amenazar y perseguir a dos mujeres trans con una cadena metálica de un metro de longitud y de intentar atropellar a un hombre que las defendió.

Dos mujeres transexuales han sido víctimas de un ataque tránsfobo en Valencia cuando dos hombres las amenazaron de muerte con cadenas atadas a candados. Además, los agresores intentaron embestir con su coche a una joven que intentó defenderlas.

Un terrible episodio de transfobia ha tenido lugar en Valencia cuando dos mujeres transexuales se encontraban en una marquesina de autobús cerca del Hospital de la Fe el pasado 23 de noviembre.

En ese momento, dos jóvenes de 19 y 23 años que pasaban por el lugar en coche, se pararon para increparlas, amenazarlas e insultarles insultos como “¡Maricón! ¡Travelo de mierda, que tienes polla!“, tal como recoge el portal Levante-emv.

Una joven que estaba presenciando los hechos intentó defender a las dos mujeres pero los agresores intentaron embestirla con su vehículo. Después de esto, las mujeres huyeron del lugar atemorizadas y se adentraron en un parque cercano para perder de vista a los dos hombres.

Los presuntos acosadores aparcaron el coche para perseguirlas dentro del parque y fue cuando consiguieron acorralarlas y amenazarlas con unas cadenas que tenían tres candados de grandes dimensiones atados mientras gritaban “vamos a matarlas”, “Hay que matar a la gente como vosotros, ¿no os da vergüenza por vuestra familia?” .

Las víctimas consiguieron huir del lugar subiéndose a su coche aunque continuaban siendo perseguidas por los agresores. Afortunadamente, cuando estaban buscando ayuda encontraron una patrulla de la Policía Local, que detuvo a los agresores por un delito de odio cuando intentaban huir hacia el río por la calle Ricardo Micó.

Además, los agentes cuentan con el testimonio del joven que intentó defenderlas y que, para entonces, ya había llamado al 112 pidiendo ayuda y denunciando el intento de atropello.

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

El mes pasado, cuatro jóvenes fueron detenidos como responsables de una agresión de carácter homófobo ocurrida en la madrugada del 8 de septiembre en Valencia. Los detenidos dedicaron a la víctima insultos como «maricón de mierda» y le golpearon, provocándole fractura del tabique nasal. 

A lo largo del pasado año 2018, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia registró 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes.

El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se produjo en la provincia de Castellón, donde los incidentes registrados pasaron de 8 en 2017 a 21 en 2018.

La última de las agresiones por LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana de las que nos hemos hecho eco ocurrió pasado noviembre cuando fueron denunciadas dos graves agresiones homófobas en el plazo de pocos días en Valencia. En agosto, cuando un joven italiano fue también agredido a la salida de una conocida discoteca de ambiente gay de Valencia. Un par de semanas antes recogíamos la salvaje agresión sufrida por una mujer trans en Alicante.

Fuente Levante-emv

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El activista LGTBI Charlot Jeudy fue encontrado sin vida el pasado lunes en su domicilio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Jeudy, de 46 años, era una de las caras más visibles del activismo en el país caribeño, que ejercía desde la presidencia de la asociación Kouraj. Aunque en un principio se especuló con un posible envenenamiento, las causas del fallecimiento aún no han sido aclaradas. Las difíciles condiciones de vida de la comunidad, resultado de la LGTBfobia social que impera en Haití, hacen temer lo peor.

El cuerpo sin vida de Jeudy fue encontrado en su domicilio de Puerto Príncipe el pasado lunes, según han revelado su compañera de la asociación Kouraj Geraldine Clair Museau. Las causas del fallecimiento se desconocen, si bien en un primer momento se especuló con que pudiera haber sido envenenado. La policía no ha revelado por el momento los resultados de sus pesquisas.

Jeudy, de 46 años, era uno de los activistas LGTBI más visibles de Haití. Al frente de la asociación Kouraj luchó contra la discriminación de la comunidad en el país caribeño y  en 2016 organizó un festival para reivindicar la cultura LGTB afrocaribeña, cuya celebración fue suspendida por las amenazas de grupos violentos. «Enfrentados a una estigmatización tan permanente y brutal, violencia e insultos, muchos de nosotros, si no la totalidad, hemos perdido la esperanza de que se respete nuestra dignidad. Eso es por lo que quiero luchar», fue uno de los mensajes que Jeudy transmitió desde la organización.

Aunque las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo nunca han estado prohibidas en Haití, el país sufre desde hace unos años un recrudecimiento de la represión social y legal contra la población LGTBI. Todo comenzó con una manifestación promovida por grupos religiosos contra el matrimonio entre personas del mismo sexo que tuvo lugar el 19 de julio de 2013 y que, según medios locales, concluyó con el asesinato de dos hombres identificados como homosexuales.

Unos meses después ocurrieron violentos ataques que se saldaron con numerosos heridos y en agosto se produjo el ataque a una ceremonia privada de compromiso entre un ciudadano británico y su novio haitiano por parte de una multitud de decenas de personas, armadas con piedras y cócteles molotov. En esta ocasión, las fuerzas del orden intervinieron a tiempo de impedir que alguno de los participantes en la ceremonia fuera asesinado a manos de la horda homófoba, aunque se produjeron graves daños materiales. En noviembre de 2013, la sede de la asociación Kouraj fue asaltada por individuos armados con machetes y pistolas.

En agosto de 2017, el Senado de Haití aprobaba la prohibición del matrimonio igualitario y la «propaganda homosexual», una auténtica mordaza para el trabajo de las asociaciones LGTB, que reaccionaron con preocupación ante la perspectiva de que las medidas represoras vinieran a añadir más gasolina a la violencia contra los miembros del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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La introducción del matrimonio igualitario en Suecia y Dinamarca se acompañó de una caída de los suicidios en personas de orientación homosexual, según recoge un estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology & Community Health. Los autores del estudio consideran probable que la reducción del estigma asociado a la condición de gay o lesbiana que supuso la aprobación del matrimonio igualitario, entre otras medidas, esté en la base de dicha reducción.

Siempre hemos sabido que la ley del matrimonio gay o inclusivo, que se aprobó en España en 2005, tenía consecuencias más allá de la simple posibilidad legal de casarse. En España hemos visto como la aceptación a las personas LGBT iba en aumento gracias a la normalización que nos aportó esta ley, y en Suecia y Dinamarca están midiendo los efectos que tiene al ley del matrimonio en el ratio de suicidios de las personas LGBT. Los científicos saben desde hace tiempo, que las personas casadas, sin tener en cuenta su orientación sexual, tienen menos posibilidades de suicidarse que las personas solteras. En el caso de los heterosexuales, el descenso de suicidios entre solteros y casados es del 28%.

El estudio analiza la evolución de la conducta suicida en dos periodos: el comprendido entre 1989 y 2002 y el comprendido entre 2003 y 2016. El número de suicidios cayó tanto en personas que vivían una relación heterosexual como entre las que vivían una relación homosexual, pero la reducción fue significativamente mayor en estas últimas (46% frente a 28%). Para más detalles, puedes acceder a la totalidad del estudio aquí. Cabe señalar que tanto en Suecia como en Dinamarca hay datos fiables sobre el número de suicidios, algo que lamentablemente no sucede en otros países.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y del Centro para la Prevención del Suicidio de Dinamarca ha analizado el número relativo de suicidios entre 1989 y 2002 y entre 2003 y 2016 dando como resultado que los suicidios entre personas LGTB cayeron un 42% entre los dos periodos, frente al 28% de bajada en grupos heterosexuales.

Para el estudio del ratio de suicidios entre personas del mismo sexo en Suecia y Dinamarca, siguieron 28.000 parejas del mismo sexo durante un promedio de 11 años. Para empezar dividieron los datos entre 1989 y 2002, y las personas que se casaron entre 2003 y 2016. El resultado fue apabullante, hubo un descenso de nada más y nada menos que del 46% en los suicidios entre los que se casaron en el segundo periodo.

Las fechas no son arbitrarias. Pese a su tardía incorporación al club de los países donde el matrimonio igualitario era legal (2012), Dinamarca aprobó la primera ley que dotaba de cierto amparo legal a las parejas LGBT en 1989. Por su parte, en 2003, Suecia extendió la normativa de parejas de hecho al colectivo LGTB, aunque la Ley de matrimonio llegó en 2009. Tan solo tuvieron que pasar treinta años para que los gobiernos ampliaran la base de derechos LGBT.

A corto plazo, esto tiene consecuencias en la forma en la que el colectivo LGBT se observa a sí mismo, y por tanto en su salud mental. La tasa de suicidios entre personas homosexuales o trans es mucho mayor a la de heterosexuales y cisgénero. Si a esto sumamos el efecto «salvador» del matrimonio, ya que los solteros se suicidan mucho más, el resultado, en Suecia y Dinamarca, es muy simple: menos suicidios.

Obviamente, dadas la naturaleza de la investigación, resulta imposible asegurar que dicha reducción sea consecuencia directa de la aprobación del matrimonio igualitario, y el estudio se cuida muy mucho de afirmarlo así. Hay que tener en cuenta, además, que la evolución del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en esos países no ha sido un «todo o nada». Ambos fueron pioneros en el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (Dinamarca en 1989 y Suecia en 1995). Por lo que se refiere al matrimonio igualitario propiamente dicho, Suecia lo aprobó en 2009 y Dinamarca en 2012. En ambos países, además, es posible el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo en el seno de sus respectivas iglesias luteranas.

El estudio advierte, de cualquier modo, que queda trabajo por hacer. La tasa de suicidios dentro de los matrimonios homosexuales sigue superando con mucho a la de las parejas heterosexuales. Un estudio del 2018 basado en 35 investigaciones de diez países diferentes observó que los jóvenes LGTB trataban de suicidarse tres veces más que sus iguales heterosexuales. Ante este problema la solución parece bastante sencilla: educar y legislar.

Sin embargo, la autora principal del estudio, la profesora Annette Erlangsen, del Instituto Danés de Investigación para la Prevención del Suicidio, se muestra convencida en declaraciones a la prensa de que ha tenido mucho que ver. «La legalización del matrimonio igualitario y otras medidas legislativas de apoyo reducen el estigma asociado a las minorías sexuales», argumenta. Algo que por otra parte está en línea con lo que han mostrado otros estudios similares, como el publicado en la revista JAMA Pediatrics en abril de 2017 (ver aquí) que mostraba una reducción en la tasa de suicidios en adolescentes LGTB estadounidenses que vivían en estados que permitían el matrimonio igualitario comparados con los que lo prohibían (los datos correspondían al intervalo entre 1999 y 2015, año en que el matrimonio igualitario se hizo extensivo a todo el país por sentencia de su Tribunal Supremo).

Cabe señalar, en cualquier caso, que las tasas de suicidio siguen siendo más elevadas en personas que inician una relación de pareja homosexual que entre las que inician una relación heterosexual, algo que también está en línea con lo recogido en otros estudios y que es fiel reflejo de la discriminación que todavía viven las personas de orientación homo o bisexual.

No es la primera vez que se hace un estudio de este tipo. En 2017 la Universidad de Hardvard hizo un estudio sobre los suicidios de personas LGBT en la adolescencia y concluyeron que había un 14% menos de suicidios en los estados que tenían una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De todos modos el estigma sigue ahí. Aunque se haya mejorado mucho en los últimos años, el estudio de daneses y suecos también concluye que las personas en matrimonios con personas del mismo sexo son 2,3 veces más proclives a suicidarse que los heterosexuales. Esto nos da una información muy clara: todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la plena igualdad, aunque en los últimos años hemos dado pasos de gigante en lo que a nuestros derechos y bienestar psicológico se refiere.

Fuente  Queerty, vía Oveja Rosa/AmbienteG/Dosmanzanas

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Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Lo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a “hacer todo lo posible”, suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para “frenar” la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, “discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

“La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan”, ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy “consenso” a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI “fracasó” en la pasada legislatura porque “la mayoría de los cántabros la rechazan”.

“Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos”, ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir “respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría”. “Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos”, ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que “esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros”, como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

“Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España”, ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, “los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades”.

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños “a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género”, ha criticado la portavoz de la asociación.

“Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón”, ha concluido.

Fuente Agencias

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El pasado viernes quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers el juicio contra los «Pilla Pilla», el infame grupo homófobo que, a imitación de los neonazis rusos de Occupy Pedofilyaj, se dedicó a finales de 2013 a hostigar, en los alrededores de Barcelona, a homosexuales con los que contactaban a través de chats. La Fiscalía solicita penas de 21 años de prisión para sus dos cabecillas, acusados de tres delitos contra la integridad moral y dos contra la intimidad, además de condenas de 15, 6 y 2 años de prisión para otros cuatro acusados, uno de ellos menor de edad en el momento de los hechos.

El juicio se celebró la pasada semana y en él se personaron además como acusación particular la Comisió Unitària 28 de Juny (que agrupa a diversos colectivos LGTBI catalanes), la FELGTB, la Fundación Triángulo y el Movimiento contra la Intolerancia, representados por la abogada Laia Serra. Las sesiones del juicio, en cualquier caso, no han arrojado sorpresas sobre lo que ya se conocía. El «proyecto Pilla-Pilla», liderado por el joven de origen ucraniano Mikola Zatkalnitsky, alias «El Rusky», fue desarticulado por los Mossos d’Esquadra a finales de 2013. Durante aquellos días, su actividad alcanzó gran eco en redes sociales, gracias a su supuesta finalidad «cazapederastas», aunque pronto quedó claro que no era más que un grupo homófobo creado a imitación de Occupy Pedofilyaj, una red de grupúsculos rusos responsables de numerosos episodios de violencia contra personas LGTBI especialmente activa en esa época y con la que de hecho compartían simbología: un puño cerrado con el pulgar hacia arriba, aunque doblado. Los acusados, sin embargo, han mantenido que su intención era solo la de perseguir pederastas.

El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, describía en su acusación al menos tres ataques acreditados del grupo a víctimas en Granollers, todos ellos con el objetivo de «atemorizar, humillar y represaliar» a hombres homosexuales valiéndose de la «notable desproporción» de su fuerza numérica. Tras engañarla a través de las redes sociales, el grupo concertaba un encuentro con la víctima, a la que rodeaba por sorpresa para que no huyera, la retenía y la filmaba mientras la sometía a un interrogatorio humillante, con preguntas vejatorias sobre su condición sexual, que finalizaba con la coacción a la víctima para que dijera frente a una cámara que era un «pederasta». Les obligaba además a facilitar ante las cámaras su nombre completo y DNI para poder quedar libres. La mecánica era, en este sentido, calcada a la de los neonazis rusos, cuyos vídeos el propio Mikola Zatkalnitsky compartía en su perfil de VKontakte, principal red social rusa (en la que por desgracia sigue siendo posible acceder a numerosas de estas grabaciones en las que se maltrata a homosexuales).

El líder de Occupy Pedofilyaj, recordemos, era Maxim Martsinkevich, alias «Tesak», un famoso neonazi ruso que ya antes había sido el inspirador de Format 18, organización racista que pocos años antes se había hecho muy conocida por sus salvajes agresiones a ciudadanos no rusos. Martsinkevich fue condenado en 2014 a 5 años de prisión en su propio país, mientras que otros 6 integrantes de Occupy Pedofilyaj fueron condenados en 2015, también en Rusia, a entre 3 y 6 años de prisión.

Volviendo a los «Pilla-Pilla», hay que tener en cuenta que, también a imitación de los neonazis rusos, al maltrato del momento se unía el hecho de que los vídeos eran luego difundidos para escarnio de las víctimas, algo que la Fiscalía considera que causó un daño irreparable en su honor y en su dignidad. El fiscal destaca además que los ataques causaron un estado de alarma social entre el colectivo homosexual, que temió por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva. Por todo ello, además de las penas de cárcel, el fiscal reclama indemnizaciones por valor de 31.000 euros euros para cada una de las tres víctimas y la prohibición de acercarse a un kilómetro de distancia. Por cierto, que meses después de la desarticulación del grupo se supo de su conexión con una agresión racista ocurrida en el metro de Barcelona.

El Observatori contra l’Homofòbia espera una sentencia justa

En declaraciones a dosmanzanas, Ton Mansilla, asesor jurídico del Observatori contra l’Homofòbia, ha expresado su esperanza en que el juicio derive en unas condenas justas. «Desde el Observatori valoramos muy positivamente que todas las acusaciones coincidieran en remarcar el agravio que supuso el ‘Proyecto Pilla-Pilla’ contra la dignidad de todo el colectivo LGTBI, así como el potencial lesivo de los hechos, que va más allá de las víctimas concretas», ha declarado. «Las entidades LGTBI esperamos una sentencia justa en términos de derechos humanos y de protección de las minorías, que mande un mensaje claro contra la impunidad de los grupos de extrema derecha, y a la vez suponga un paso más para romper el silencio de las víctimas de la LGTBIfobia. Tal y como remarcó la abogada de la acusación popular, Laia Serra, los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a los delitos de odio, según ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», ha añadido Mansilla.

Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas/FELGTB

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Se da la curiosa circunstancia de que RTVE, Mediaset y Atresmedia han rechazado pujar por la emisión del campeonato celebrado en el país cuyo Gobierno ha calificado recientemente la homosexualidad, el feminismo y el ateísmo como «extremistas». Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento para presionar al reino saudí a instaurar reformas aperturistas reales. La asociación Deporte y Diversidad, por su parte, rechaza que la Real Federación Española de Fútbol sitúe los intereses económicos por encima de los derechos humanos.

Los tres partidos en los que se divide por primera vez la Supercopa, dos semifinales y una final, se celebrarán por primera vez fuera del territorio español para seguir internacionalizando la fama de una de las que está considerada una de las mejores ligas de fútbol del mundo. El nuevo formato responde a un interés comercial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que antes la Supercopa la disputaban el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa del Rey.

Un movimiento que, según recoge Marca, también corresponde a un intento de contribuir a un proceso del reino saudí de limpieza de imagen exterior, «trasladando al mundo un mensaje de apertura y cambio en su sociedad». Algo que no parece ser la realidad del rico país petrolero. Desde el Gobierno saudí se ha lanzado recientemente un vídeo en el que califica la homosexualidad y el feminismo como «extremistas» y los compara con una bomba. Un vídeo que las autoridades se han afanado en retirar tras comprobar la respuesta internacional. Sin embargo, Arabia Saudí ya ha quedado retratada ante el mundo, y no se libra de su imagen retrógrada ni con su última medida referente a este partido: que las mujeres puedan entrar al estadio sin restricciones.

En este sentido, Amnistía Internacional ha alertado que dicho vídeo «contradice claramente la falsa imagen reformista del reino de la que sigue haciendo alarde en el ámbito internacional el príncipe heredero Mohammed bin Salman». Y anima a los aliados del régimen saudí, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea (entre ellos España) a «presionar al reino saudí y subrayar la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en el país, comenzando con la excarcelación de las personas que defienden los derechos humanos y que están en prisión, y de todas las personas privadas de libertad por la expresión pacífica de sus ideas». Algo que choca claramente con el acuerdo de la RFEF.

En el contexto de la polémica, RTVE ha rechazado pujar por la emisión de este partido. Algo que el ente justifica por razones humanitarias, aunque según Europa Press las razones económicas también habrían pesado (no hay que olvidar que RTVE pasa por un delicado estado global, enfrentada a una situación económica que no alcanza el equilibrio y a una importante crisis de audiencia). Los dos grupos generalistas privados, Mediaset y Atresmedia, también han declinado pujar por emitir el evento deportivo.

Con todo esto, la respuesta de la RFEF es que la celebración de este campeonato puede ayudar a crear un espacio para la mejora de la situación de las personas en Arabia Saudí. «Teníamos el reto de ayudar a que los niños y las niñas de Arabia Saudí pudieran mejorar por medio del deporte (…) Creemos en el fútbol como herramienta social y de cambio y aceptamos el reto de transformación que hay en Arabia Saudí con una Supercopa que sin duda va a ser la más emocionante de la historia», ha señalado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Es necesario también señalar que los equipos llamados a participar en este evento no han mostrado su disconformidad ante la elección del país dictatorial para la celebración del campeonato. Se trata del campeón de liga (F.C. Barcelona), el campeón de la Copa del Rey (Valencia C.F.), y los nuevos añadidos a este sistema, el segundo y tercer clasificados de la liga (Atlético de Madrid y Real Madrid).

Deporte y Diversidad reclama a la RFEF y a los clubes romper el acuerdo

Por su parte, la asociación Deporte y Diversidad, que agrupa a varios clubes deportivos LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha expresado su rechazo a la decisión debido a la situación de la comunidad LGTBI en Arabia Saudí. «El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, afirmó en la cadena SER que la posibilidad de que las mujeres accedan a los estadios ‘está en el acuerdo’. En sus declaraciones explicó que podían ‘haberlo hecho en otro país y darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí, o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse’. El señor Rubiales ha olvidado en esta especie de justificación a las personas LGTBI, que son condenadas a muerte en este país solo por ser cómo son», ha denunciado su presidente, David Guerrero. Deporte y Diversidad reclama tanto a la RFEF como a los clubes participantes que rompan el acuerdo. «El deporte no debe utilizarse para blanquear la imagen de un país que no garantiza los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI», expresa en su comunicado.

La asociación de deportistas LGTBI señala que decisiones como esta de la RFEF son las que dan pie a la ausencia de referentes LGTBI en el fútbol profesional masculino. «Además de enfrentarse a los insultos de las gradas o el aislamiento de ciertos patrocinadores, un futbolista gay que quisiera vivir en libertad vería además su vida en peligro al participar en la Supercopa o en el próximo Mundial de Qatar», ha señalado Guerrero. Deporte y Diversidad, además, recuerda que en mayo de 2017 la UEFA, cuya vicepresidencia ostenta actualmente el propio Luis Rubiales, incluyó la obligatoriedad de respetar y proteger los Derechos Humanos en un capítulo específico de los requisitos que deben certificar aquellos países interesados en organizar las finales de competiciones de clubes de la UEFA desde 2020 en adelante.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arabia Saudí, Atlético de Madrid, Atresmedia, Deporte y Diversidad, Discriminación, F.C. Barcelona, Fútbol, Homofobia, LGTBfobia, Luis Rubiales, Mediaset, Real Federación Española de Fútbol, Real Madrid, RTVE, Sharia, Supercopa, Supercopa de España, Televisión Española, Valencia C.F.

Nuevo episodio de LGTBIfobia. Dos chicas menores de edad sufrieron una brutal agresión por parte de tres jóvenes hace unos días en un parque de la localidad coruñesa de Carballo. Los agresores, todos chicos, las vieron besándose y comenzaron a insultarlas, poco antes de golpearlas. Las víctimas —que aún se encuentran en el armario— tuvieron que ser atendidas en un centro sanitario de la localidad, pero decidieron no denunciar los hechos ante la Guardia Civil por temor a posibles represalias.

Los hechos tuvieron lugar en el parque do Anllóns, situado en las inmediaciones de la nueva estación de autobuses de la localidad de Carballo (A Coruña). Dos chicas, de entre dieciséis y diecisiete años, se encontraban besándose en ese lugar cuando tres adolescentes se acercaron a ellas y comenzaron a proferirles insultos homófobos. Las menores, asustadas, decidieron marcharse del lugar.

Sin embargo, los tres chicos que las estaban increpando decidieron seguirlas y, en un momento dado, empezaron a golpearlas violentamente, propinándoles patadas y puñetazos, antes de darse a la fuga. Como consecuencia de la paliza, y según apunta el diario La Voz de Galicia, tuvieron que ser atendidas en un centro médico. Una de las jóvenes sufrió «un gran moratón en uno de sus ojos y múltiples hematomas por el resto del cuerpo», mientras que la otra «sufrió un severo corte en un labio».

«Ni con ellas ni con sus familias hemos hablado, pero sí con personas muy cercanas a nuestra asociación que residen en Carballo y las conocen», comenta a Dosmanzanas Óscar Rodríguez, miembro del colectivo A.L.A.S A Coruña y técnico del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia. «Lo que nos cuentan es que las chicas fueron agredidas en el lugar que citan todos los periódicos, que no han presentado denuncia por no estar fuera del armario en sus casas y que fueron atendidas por personal sanitario».

Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento de Carballo hizo público a través de su perfil en Twitter un mensaje para expresar «una vez más y todas las que hagan falta, su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia y su apoyo a las libertades individuales, también a la libertad afectivo sexual». Precisamente el alcalde de Carballo —Evencio Ferrero— y la concejala de Igualdad, Bienestar y Salud del Ayuntamiento —Maika Ures— mantuvieron esta semana una reunión con varios representantes del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia a raíz de la agresión. «Alcanzamos varios compromisos», apunta Rodríguez, «entre ellos, el de poder acceder a los institutos del Ayuntamiento para dar talleres sobre diversidad».

Asimismo, cuenta el activista, «les animamos a que sigan programando obras de teatro de temática LGTBI en el marco de su festival internacional de teatro de otoño, de gran tradición en Carballo, y, por supuesto, a que den mayor visibilidad y que empoderen a las personas LGTBI del Ayuntamiento». Rodríguez señala que el año pasado se celebró por primera vez el Orgullo en Carballo, «pero fue en un bar de la localidad y gracias a la iniciativa de una vecina abiertamente lesbiana del municipio».

«Desde Observatorio haremos un acto en el Casino 1889 de Carballo para informar a los vecinos de la importancia de denunciar este tipo de actos, ofrecer información sobre el Observatorio, hablar del auge del discurso de odio, etc.», apostilla Rodríguez (el acto tuvo lugar el pasado sábado a las 16:00 horas). Ojalá que ese acto de pedagogía de la diversidad no caiga en saco roto.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. A Coruña, A.L.A.S. A Coruña, Carballo, Delitos de Odio, Discriminación, Evencio Ferrero, Homofobia, La Voz de Galicia, Lesbofobia, LGTBfobia, Maika Ures, Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia, Óscar Rodríguez, Violencia LGTBIfoba

El Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 una subvención de 8.500 euros a «Mater Familiae», una organización vinculada a la Diócesis de Cartagena que entre sus servicios ofrece «atender los casos en los que se una desviación de la conducta sexual», aunque, eso sí, asegura hacerlo «con especial delicadeza». El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda a la población que las mal llamadas «terapias» de conversión de la homosexualidad son inadmisibles de acuerdo al conocimiento científico actual.

Lo ha denunciado el grupo municipal del PSOE: el Ayuntamiento de Murcia, gobernado en 2018 por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos (los populares perdieron la mayoría absoluta en la capital murciana 2015) concedió 8.500 euros a «Mater Familiae» para subvencionar un proyecto de «intervención en familias en situación de dificultad social».  «Mater Familiae» es una entidad vinculada a la diócesis de Cartagena que se define como un «centro de orientación familiar» que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. La entidad ofrece «formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar», y según puede leerse en el apartado de metodología del proyecto presentado en su momento al Ayuntamiento «atiende con especial delicadeza» los casos en los que hay una «desviación de la conducta sexual», en lo que claramente parece una alusión a las «terapias» de conversión. En ese mismo documento puede leeerse que «Mater Familiae» trabaja como telón de fondo con «la antropología adecuada que se desprende del Magisterio de la Iglesia y los escritos de los Papas»:

Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales», ha criticado la concejala socialista Esther Nevado, para la cual estas supuestas terapias «han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha». La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales «de todo tipo de ideologías» y ha asegurado en el documento de memoria presentado por «Mater Familiae» para la justificación de la subvención «no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas».

El Colegio de Psicólogos de Murcia investigará el caso

Ante la gravedad de lo denunciado por el PSOE murciano, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de investigación para conocer «qué se está haciendo por parte de la asociación y quién está llevando a cabo los tratamientos».

Al mismo tiempo, el COPRM expresa su rechazo a la utilización de las conocidas como «terapias» de conversión y recuerda que «como colegio profesional, nuestra postura está en consonancia con la de la Asociación Americana de Psicología (2009), que en base a más de 80 estudios científicos, declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento».

«Aprovechamos para recordar que el COPRM cuenta con un grupo de trabajo sobre intrusismo, que analiza las ofertas realizadas por personas, que sin la requerida cualificación profesional, prometen con sus ‘terapias’ curaciones o logros milagrosos. Por eso, desde el COPRM enviamos el mensaje a todos los murcianos para que acudan a un psicólogo colegiado para consultar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con su salud emocional y la de los suyos», añade el comunicado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos, Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, Diócesis de cartagena, Discriminación, Esther Nevado, Homofobia, Iglesia Católica, LGTBfobia, Mater Familiae, Murcia, Pilar Torres, PP, PSOE

Nuevo acto de violencia organizada contra el colectivo LGTBI paraguayo, solo un mes después del asedio y agresión a los participantes en una marcha en favor de sus derechos. En esta ocasión ha sido en Ciudad del Este, donde de nuevo un grupo de personas autocalificadas como «provida» y «profamilia» cercaron un festival promovido por el colectivo SomosGay. Entre ellos se encontraba un concejal de la localidad, que llegó a derribar parte del mobiliario instalado para el evento. El evento iba a ser una fiesta. Arrancó a las 10 de la mañana con danza, música, canto y servicios comunitarios de salubridad. También montaron una feria que promocionaba proyectos independientes. Pero del otro lado de las rejas, al mismo tiempo, el sector autodenominado “provida y profamilia” colocó sábanas por el cercado perimetral del parque. Su idea era impedir la visualización de los actos del festival desde las afueras “para proteger la integridad de los niños”.

El pasado sábado, SomosGay celebraba en Ciudad del Este (departamento del Alto Paraná) su Festival por la Igualdad y la Libertad 2019. Un evento que, en la línea tradicional del activismo LGTBI paraguayo, buscaba reivindicar derechos en un clima festivo y familiar y aliviar el mal sabor de boca que había dejado en el colectivo lo sucedido el pasado 29 de septiembre en Hernandarias (también en Alto Paraná), cuando los activistas que participaban en otro evento fueron violentamente atacados por  contramanifestantes convocados por los mencionados grupos «profamilia». Un acoso que llegó a ser justificado por el intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, cuya actitud llegó incluso a merecer el reproche de la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo.

Celso Mirada “Kelembu”, concejal de Ciudad del Este, acompañado por un grupo de antiderechos, irrumpió en el Festival por la Igualdad y la Libertad el sábado pasado y comenzó a destruir la decoración y a agredir a les manifestantes. La concentración se llevó a cabo en el Parque Chino, (Av. Bernardino Caballero, centro de CDE) y aglutinó a cerca de 100 personas.

El Festival de Ciudad del Este contaba con actuaciones musicales y servicio gratuito de tests rápidos del VIH, entre otras actividades. «En compañía de todas las familias, amigos y amigas, más unidos y unidas que nunca, viviremos una jornada llena de entusiasmo para fortalecernos en el camino hacia un Paraguay libre de odio y discriminación», anunciaba SomosGay. Lamentablemente, los defensores del discurso del odio volvieron a aparecer para tratar de impedirlo. Grupos autodenominados «profamilia» se personaron en el parque en el que se desarrollaba el evento y lo cercaron con sábanas, intentando invisibilizarlo (una estrategia que también utilizaron en Hernandarias). El concejal Celso «Kelembu» Miranda,  presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, irrumpió derribando parte del mobiliario instalado para el Festival. También se lanzaron piedras contra los asistentes. SomosGay ha lamentado el clima de «amedrentamiento, insultos y provocaciones», que los asistentes tuvieron que soportar, «además del bloqueo de la zona, impidiendo a las personas acceder al Parque Chino. En el lugar se encontraban familias, adolescentes, amigos y amigas, quienes estuvieron expuestos al peligro, el odio y la furia provenientes de estos grupos violentos».

El siguiente vídeo (inserto en un tuit de @a24compy, un medio paraguayo) muestra algunas imágenes de lo sucedido:

De esta manera el concejal Celso Miranda alias @Kelembucde y un grupo de militantes “pro-vida” intentaron impedir una marcha que organizó el grupo @SOMOSGAY en Ciudad del Este. ⬇
Mirá: https://t.co/3QI2Dhm0ln.#Ahora #A24Py pic.twitter.com/wrBVDSucsz

— A24compy (@a24compy) 28 de octubre de 2019

El festival organizado por SomosGay Ciudad del Este fue una respuesta política a la agresión que sufrieron les miembres de la organización Diversxs de Alto Paraná hace un mes. Y, a pesar de que la organización LGBT solicitó protección policial, el concejal de la Asociación Nacional Republicana (ANR), “Kelembu”, ingresó al parque; derrumbó las mesas, sillas y arrancó la decoración que habían instalado más temprano les organizadores.

“Llegaron a gritar con parlantes, con bocinas, como hicieron en Hernandarias. La diferencia es que, esta vez, vinimos preparados. Teníamos un equipo de sonido mucho más fuerte que tapaba el ruido, habíamos conseguido guardia de la policía. No podíamos dejar que el relato del sector conservador quede instalado”, dijo Simón Cazal, cofundador de SomosGay, en diálogo con Presentes.

Una hipótesis que maneja Sofía Masi,  jefa de prensa de la municipalidad de Ciudad del Este y activista de la agrupación feminista Kuña Poty, es que la  Policía no colaboró con les activistas porque tenía órdenes de no tocar al concejal una vez que ingresara al parque. “Duele porque daba mucha impotencia estar en el festival en una plaza pública, con personas ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y, del otro lado, una autoridad que venía a atacarnos. Tenía cables y bombas”, expresó.

Que tire la primera piedra

Alpra Zolange, no binarie de 22 años, estuvo a cargo de conducir el evento de SomosGay, y contó que los agresores lxs trataron de “putos” y “kururú (sapos) con teta”. “Nos insultaron, nos tiraron piedras, nos derramaban agua por el rostro. Cuando ingresaron, hasta padres de familia atacaron a nuestrxs compañerxs”, refirió.

Les miembres del colectivo LGBT intentaron cortar con tijeras las sábanas, desde el interior del parque, pero se produjo una serie de forcejeos y discusiones. Los antiderechos, que tiraban piedras a les activistas, hirieron en la cabeza a una adolescente de 17 años que se encontraba de su lado, sosteniendo la sábana y tuvo que ser asistida por los bomberos.

Además, una simpatizante “provida profamilia” que arrojaba las piedras intentó despojar su cámara a un periodista del diario Vanguardia por registrar los hechos de violencia.

“Cuando escucho que alguien canta ‘con mis hijos no te metas’, se me vienen a la memoria muchos recuerdos de mi infancia. Ellos se metieron en mi niñez cuando yo salí del clóset. Se metieron conmigo y me discriminaron desde chiquitito”, siguió Alpra.

“De la oscuridad a la luz”

Días antes del festival, empezó a gestarse una plataforma de escrache dirigida específicamente a violentar el evento. La Gobernación de Alto Paraná invitó a la activista provida Sara Winter a brindar una conferencia titulada De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar. Winter realizó, además, una serie de charlas donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas.

“Con una resolución quieren violar la constitución nacional y los derechos garantizados internacionalmente. Es una política de retroceso de derechos conquistados tras largas luchas. Desde las municipalidades, las gobernaciones, las cámaras de senadores, desde el propio Estado se emiten resoluciones en las que se declaran pro-vida y pro-familia”, cosignó Masi.

“Me indigna mucho que esta gente nos trate de esta manera. Hace cinco años que con SomosGay venimos luchando en Ciudad del Este y recibimos bloqueo tras bloqueo. Esto tiene que servir para unirnos más como colectivo LGBT, no vamos a parar. Tienen que entender que somos seres humanos y estamos llenos de amor”, manifestó Alpra. Y Masi agregó: “Nosotras creemos que estamos en una nueva dictadura: la dictadura de los antiderechos”.

SomosGay denuncia: la agenda ultraconservadora se ha instalado en Paraguay

SomosGay ha denunciado que acciones como la de Ciudad del Este no son hechos aislados o espontáneos. «Forman parte de una agenda orientada a frenar los derechos humanos de la comunidad LGBTI+, incluso poniendo en riesgo la integridad física de las personas», explican desde el colectivo, según el cual una plataforma de escrache dirigida directamente a violentar el Festival empezó a gestarse días anteriores durante una charla de la activista «provida» brasileña Sara Winter. Una charla que según el colectivo paraguayo tuvo lugar bajo la organización de la Gobernación de Alto Paraná. «Winter realizó, además, una serie de charlas en ese tenor, donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas, siendo expuestos al discurso de odio e información tendenciosa. Es preocupante que quienes deberían ser los primeros en velar por la seguridad de las personas y propiciar el bienestar de toda la ciudadanía, sean quienes generen violencia, vulneren derechos y expongan a los ciudadanos a situaciones de alto riesgo», lamenta SomosGay.

El colectivo SomosGay ha reiterado en un comunicado posterior que los actos de violencia perpetrados en las últimas semanas no son casos aislados, sino que «forman parte de una estructura institucionalizada orientada a frenar el acceso a derechos». «La comunidad LGBTI+ continúa sufriendo persecuciones que se recrudecieron considerablemente en los últimos meses, con actos de violencia alentados por las propias autoridades locales, ataques en eventos celebrados en espacios públicos y proliferación del discurso de odio. Todo esto ante la casi nula intervención del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, esta exacerbación del discurso antiderechos junto con los ataques permanentes a miembros de la comunidad no se tratan de actos fortuitos e inconexos. Existe suficiente evidencia para afirmar que la agenda ultraconservadora prospera a grandes pasos a nivel regional, reclutando a fieles católicos, evangélicos e incluso a legisladores y parlamentarios, a fin de frenar el avance de los derechos humanos», denuncia.

SomosGay pone de nuevo como ejemplo lo sucedido con la activista «provida» Sara Winter, «quien a través de la Gobernación de Alto Paraná realizó la charla ‘De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar’, de la que participaron la concejala Sandra Miranda y el concejal conocido como ‘Kelembu’, quien luego lideró una turba y violentó el Festival por la Igualdad y la Libertad 2019». «Durante su estadía en nuestro país, Winter participó de programas televisivos, impartió conferencias ante niños, niñas y adolescentes de varias instituciones educativas, se presentó en la Costanera de Hernandarias, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Asunción y en el Centro Familiar de Adoración. De esta forma, su presencia alimentó el resentimiento que luego detonó el sábado en el Parque Chino de Ciudad del Este», continúa la nota. Sara Winter, cuyo nombre real es Sara Fernanda Giromini, es una antigua activista feminista ahora reconvertida a activista «provida», que apoya a Jair Bolsonaro y se ha convertido en una de sus principales embajadoras en la exportación del discurso de odio contra las personas LGTBI.

Apoyo al colectivo LGTBI paraguayo

Desde dosmanzanas aprovechamos para trasladar todo nuestro apoyo al colectivo LGTBI de Paraguay, un país que viene experimentado en los últimos años una preocupante deriva ultraconservadora de la mano de grupos ideológicamente vinculados tanto a la Iglesia católica como a iglesias evangélicas y que ha cobrado ya significativa fuerza política. Baste recordar lo sucedido hace ahora dos años, cuando el Ministerio de Educación emitió un decreto que prohibía la difusión de materiales escolares sobre «ideología de género [sic]». Una decisión que dejaba a las escuelas de Paraguay sin materiales educativos para formar, entre otros temas, sobre la diversidad sexual y de género.

Pese a todo, el activismo paraguayo no se rinde y continua su labor de visibilización de la realidad LGTBI y su lucha en favor de los derechos. Una labor que pasa por extender los eventos fuera de la capital, Asunción, donde ya han alcanzado una presencia consolidada. El pasado 29 de junio, por ejemplo, unas dos mil personas marchaban por el centro de la capital paraguaya mientras el presidente del país, Mario Abdo, presumía en Twitter de defender «a la familia como fundamento de la sociedad y a la protección de la vida desde la concepción». Y este 29 de septiembre, el mismo día que era atacado en Hernandarias, el activismo volvía a salir a las calles de Asunción para conmemorar los 60 años de la publicación de «carta a un amoral» en el diario El País de Paraguay, un texto que, 10 años antes de los disturbios de Stonewall, se considera punto de arranque de la lucha en favor de los derechos de las personas LGTBI en el país.

Fuente Agencia Presentes (Por Juliana Quintana. Fotos: Luis Centurión Gómez)/Dosmanzanas

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La Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado un proyecto de reforma de la Constitución en el que se incluye la prohibición del matrimonio igualitario. El texto convalidado se presentará de nuevo a votación en 2020, para posteriormente ser sometido a referéndum. Los artículos que definen el matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer son fruto de las conversaciones entre miembros del gobernante Partido Revolucionario Democrático y los líderes de las diversas iglesias evangélicas, que han expresado su satisfacción por que la discriminación de las parejas LGTB se blinde constitucionalmente.

En las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo, resultó vencedor Laurentino «Nito» Cortizo Cohen, candidato del social-conservador Partido Revolucionario Democrático. En su programa electoral, Cortizo incluía la reforma de la Constitución en distintas materias, entre las que no se incluía explícitamente la definición del matrimonio, si bien el entonces candidato presidencial se mostró inequívocamente en contra de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La legislación panameña no reconoce el matrimonio igualitario, aunque la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre varias demandas de parejas del mismo sexo acerca de la inconstitucionalidad de esa falta de reconocimiento. Si bien la Corte Suprema adelantó en 2017 que su decisión no sería favorable a las demandas, la posterior resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2018 y defensora de la igualdad de derechos en el acceso a la institución del matrimonio, evidentemente podría influir en un cambio radical de su dictamen.

Quizás por ello, los miembros del partido gobernante han decidido incluir entre las reformas de la Constitución la correspondiente al artículo en el que se define el matrimonio. El proyecto de reforma expresa al respecto que «el Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer», impidiendo de esta manera que la Corte Suprema pudiera dictar en contra de ese precepto constitucional.

El diputado gubernamental Jairo Salazar declaraba que se había reunido con el grupo mayor de pastores evangélicos y que «están muy complacidos con nosotros por haber resuelto la prohibición del matrimonio igualitario». Por su parte, su correligionario Rupilio Ábrego defendió la elevación a rango constitucional del matrimonio tradicional «porque eso es parte de lo que el pueblo panameño ha solicitado».

Tras la aprobación del proyecto de ley por la Asamblea Nacional (cámara única del Parlamento panameño), el texto de la reforma constitucional deberá ser definitivamente convalidado en segunda lectura en el nuevo periodo legislativo en 2020, para posteriormente ser sometido a consulta popular. Si bien algunos artículos de la reforma han despertado la irritación de parte de la población y ha ocasionado protestas, lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos de Panamá aún se declaran contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo. Según una encuesta de Pew Research Center, tan solo el 23 % de los panameños es favorable al matrimonio igualitario, mientras que el 72 % se declara contrario.

Fuente Dosmanzanas

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Ahí… donde más les duele, en el negocio. Bien por Netflix.

El diario ABC, una de las principales cabeceras de la prensa escrita española aseguraba hace unos días que la plataforma estadounidense Netflix ha decidido vetar a la cabecera «en sus relaciones comerciales, por un criterio ideológico y no empresarial». Todo parece indicar que la plataforma online habría decidido dejar de invertir en publicidad en el diario, de línea editorial conservadora, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Según ABC, Netflix habría tomado la decisión de «vetar» a su diario y a Vocento —grupo editorial al que pertenece el diario— «en sus relaciones comerciales» por un «criterio ideológico y no empresarial». El diario español explica que Antonio Ábalos, director de Marketing de Netflix, «esgrime como único argumento para vetar a ABC un encarte comercial que se repartió con este diario hace tres años». 

Como ya recogimos en marzo de 2017, el diario ABC difundió junto a su periódico el panfleto LGTBfobo editado por esta organización ultraconservadora —el mismo que HazteOír hizo llegar unos meses antes a cientos de colegios públicos y privados de toda España—, junto a un manifiesto «por la libertad de expresión» que HazteOír pedía firmar y devolver por correo. Curiosamente, la difusión del contenido tránsfobo coincidía en ABC con una impactante portada mostrando a diversas personalidades sociales y políticas contando que ellas iban a misa todos los domingos.

En el citado panfleto, firmado por HazteOír y CitizenGO (su marca internacional), se denigraban los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo y se recopilaba todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, y muy especialmente en contra de los derechos de las personas transexuales. «Como es natural, ABC no comparte en ningún caso las tesis de dicho encarte, como no asume las de muchos de los contenidos publicitarios que se publican cada día. Igualmente, entendemos que Netflix tampoco hace propias las ideas de series, películas y documentales que ofrece a sus espectadores en todo el mundo», se ha excusado ahora el diario español, comparando la ficción con el intento de adoctrinamiento con tesis tránsfobas.

«Por supuesto, la compañía estadounidense tiene todo el derecho del mundo a decidir dónde coloca su publicidad y cómo realiza sus campañas de promoción. Del mismo modo, este diario tiene derecho a sostener la gravedad que representa que una multinacional del entretenimiento decida subvertir las reglas del juego y tratar de imponer una tendencia ideológica en un país, y que lo haga además a partir de una información falaz», apuntan.

«Con su actitud, Netflix está vetando por decreto y tratando de influir en la sociedad española con idea de dirigir a los medios a un determinado punto. Es un hecho de extrema gravedad que una plataforma de entretenimiento utilice sus decisiones comerciales con este fin, sobre todo si han sido tomadas con los criterios y caprichos ideológicos de una persona, para silenciar a los que no piensan del mismo modo que ella», añade el mismo diario. Por su parte, Netflix no se ha manifestado aún públicamente sobre el asunto.

Fuente Dosmanzanas

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Una joven trans de 18 años se ha quitado la vida en Llíria (Valencia). Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de suicidio adolescente debido al odio tránsfobo. Guardia Civil y juzgado de instrucción nº 3 de la localidad valenciana investigan ahora los mensajes de odio que la chica había recibido durante los meses previos debido a su condición de mujer trans por si pudieran se constitutivos de delito.

La joven, que llevaba tiempo en tratamiento y ya había dado los primeros pasos para afrontar el cambio de sexo tras cumplir los 18 años, se quitó la vida el pasado martes, 29 de octubre, tras quedarse sola durante unos minutos en casa de una amiga con la que estaba pasando la tarde. Según informa el diario valenciano Levante, el juzgado ya ha iniciado los trámites para citar como testigos a amigos, compañeros de estudios y familiares de la joven para evaluar hasta qué punto el acoso tránsfobo que sufrió ejerció como detonante del suicidio. De acuerdo a la informacion de Levante, la chica llevaba al menos un año soportando insultos y burlas tránsfobas cada vez que colgaba en alguna de sus redes sociales vídeos y fotografías reproduciendo canciones de sus artistas preferidos, lo que al parecer era una de sus pasiones. Algunos allegados aseguran además que la chica sufrió agresiones en relación con su condición de mujer trans.

No se trata, por desgracia, de la primera noticia sobre un suicidio de un adolescente trans que recogemos en tiempos recientes en nuestro país. Sucedió en Móstoles en mayo de 2018, cuando Thalía, otra chica de 17 años, decidió quitarse la vida. Antes conocimos los casos del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Adolescentes trans: altas tasas de suicidio

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia hace ahora un año, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

Seguramente no sea suficiente para erradicar todos los casos de acoso tránsfobo, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans. Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado como están sucediendo, por ejemplo, en Murcia o en Andalucía, donde los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox están introduciendo importantes limitaciones en las políticas educativas en favor de la diversidad.

Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que hasta el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional en lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal).

Por último, pero no menos importante, sigue pendiente la aprobación de un marco legislativo estatal que vaya más allá de las cuestiones registrales y que otorgue una mayor protección jurídica a las personas trans que sufren acoso, violencia o discriminación, sea en forma de una ley general contra la discriminación de las personas LGTBI o de una ley específica de transexualidad. Los antecedentes, en este sentido, no son precisamente tranquilizadores: la ambiciosa proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI impulsada por la FELGTB y registrada en el Congreso en mayo de 2017 nunca llegó a ser aprobada por el bloqueo impuesto en la mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos.

Mientras tanto, la sangría prosigue.

Fuente Dosmanzanas

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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El Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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La persecución LGTBfoba se recrudece en Uganda. El anuncio de un ministro de reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo ha desatado una oleada de violencia, que se ha saldado con numerosos miembros de la comunidad heridos o arrestados y al menos uno asesinado. En la última redada de la que se tiene constancia, la policía detuvo a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, que fueron sometidas a la tortura de los exámenes anales y posteriormente puestas en libertad. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución expresando su preocupación por la situación.

El pasado agosto, el Gobierno volvía a poner en el punto de mira a la comunidad LGTBI ugandesa, una de las más perseguidas de África. Se relanzó entonces la posibilidad de reformar el código penal para castigar con la pena de muerte las relaciones homosexuales, una brutal medida que ya se intentó implementar en 2013. Un defecto de forma provocó su anulación por el Tribunal Constitucional del país, pero la legislación sigue castigando los delitos «contra natura» con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El pasado 11 de octubre, el ministro de Ética e Integridad Simon Lokodo anunciaba que antes de fin de año se aprobaría una reforma para implantar la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo y cárcel para la «propaganda homosexual». Aunque el Gobierno desmintió el plan, uno de los diputados que apoya la medida afirmó que la presentaría de todas formas en el Parlamento a título particular.

La atmósfera de renovada hostilidad social e institucional contra la comunidad LGTBI se ha traducido en un aumento de las agresiones homófobas y tránsfobas. Al menos una de ellas se ha saldado con una víctima mortal, la del activista Brian Wasswa, que murió en el hospital un día después de recibir una brutal paliza en su propio domicilio. Ocurría a principios de este mes. Pocos días después, dos mujeres trans eran salvajemente golpeadas a la salida de una discoteca. Los autores divulgaron vídeos de la agresión por las redes sociales.

La lista no acaba aquí: recientemente también se producía una agresión por parte de un oftalmólogo a una paciente lesbiana, con la que sospechaba que su hija mantenía una relación. La víctima sufre una fractura craneal grave tras ser golpeada con una barra de hierro. El domingo pasado, otra turba homófoba atacaba un centro de acogida para refugiados LGTBI en Kampala, la capital del país, provocando heridas graves a uno de los residentes. La organización avisó a la policía, que en lugar de proteger a las víctimas del ataque, arrestó a dieciséis personas que fueron acusadas de crímenes «contra natura»

Los activistas denuncian que los detenidos fueron sometidos a exámenes anales, unas prácticas consideradas tortura, para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales. Como prueba de los presuntos delitos, se incautaron de preservativos, lubricantes y medicación antirretroviral. Los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza el pasado jueves, aunque la investigación policial sigue abierta.

La gravedad de la situación ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La cámara aprobaba el pasado jueves una resolución para pedir a Uganda que no endurezca el código penal y que revise las leyes que criminalizan la homosexualidad. El texto salió adelante con 521 votos a favor, cuatro en contra y 110 abstenciones, entre ellas las de los tres eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados españoles presentes apoyó la resolución.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos.

Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.. Los nuevos casos que recogemos ahora son una muestra de que la violencia social no solo sigue muy presente, sino que incluso se recrudece al calor de la hostilidad institucional.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Brian Wasswa, Delitos de Odio, Homofobia, Kampala, LGTBfobia, Parlamento Europeo, Rebecca Kadaga, Simon Lokodo, Uganda, Violencia LGTBIfoba, Violencia policial, VOX

Escocia otorgará el perdón oficial a las personas perseguidas por conducta homosexual en el pasado. La semana pasada entró en vigor la ley aprobada en el Parlamento de Holyrood el año pasado, que concederá la anulación de las sentencias a los miles de condenados por la penalización de las relaciones del mismo sexo, vigente hasta 1980. A diferencia del caso alemán, la nueva norma no contempla el pago de indemnizaciones. En 2017, Westminster aprobó para Inglaterra y Gales una ley de indulto póstumo a las víctimas de la persecución homófoba.

Aunque ya existían leyes contra la sodomía desde el siglo XVI, el Reino Unido comenzó a penalizar cualquier actividad sexual entre hombres en 1885. Estas leyes permanecieron en el código penal de Irlanda del Norte hasta 1982; en Inglaterra y Gales la despenalización llegó en 1967 y en Escocia en 1980. En este periodo se condenó a unos 75.000 hombres por este motivo. La equiparación en la edad de consentimiento, por su parte, no llegó hasta 2001.

En febrero de 2017, el Parlamento de Westminster aprobaba una ley para resarcir, a título póstumo, a las personas que sufrieron la persecución homófoba en Inglaterra y Gales. Un año después, en junio de 2018, el Parlamento escocés aprobaba por unanimidad la ley, redactada por el Gobierno de Nicola Sturgeon, que permite la anulación de las condenas por conductas homosexuales que actualmente son legales. El texto entró en vigor el martes de la semana pasada.

Bajo la nueva norma, los afectados podrán reclamar la eliminación completa de los antecedentes policiales por estos motivos o bien que estos pierdan su validez legal sin ser borrados de los registros. El proceso será gratuito y se aplicará también a título póstumo. La ley no contempla ningún tipo de indemnización, algo que ha criticado el activista Peter Tatchell. El Gobierno escocés consideró que el pago de compensaciones sería injusto con los que han sufrido otras formas de discriminación homófoba. En Alemania, la norma aprobada en 2017 sí que prevé reparaciones económicas a las víctimas del artículo 175.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alemania, artículo 175, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Escocia, Gales, Homofobia, Inglaterra, Irlanda del Norte, LGTBfobia, Nicola Sturgeon, Peter Tatchell, Reino Unido

Una terapia de conversión debe ser equilibrada con los derechos religiosos, dicen los miembros del Comité.

Las medidas para prohibir la terapia de conversión, una práctica dañina y ampliamente desacreditada,  en Nueva Zelanda se han retrasado aún más este fin de semana porque los funcionarios del Gobierno están preocupados por la libertad de expresión religiosa.

También llamada terapia reparadora, las organizaciones médicas de todo el mundo han rechazado ampliamente el tratamiento por considerarlo traumatizante y psicológicamente cicatricial, sofocando la capacidad de expresar quiénes son, especialmente en el caso de los menores de edad.

Alrededor de 20.000 personas en el país firmaron dos peticiones para que se prohibiera esta práctica. Pero los legisladores admitieron que aunque la terapia es dañina, no recomendó una prohibición inmediata, escribió el Comité Especial de Justicia en un informe el 18 de octubre.

El organismo, compuesto por varios parlamentarios que consideran las peticiones presentadas, reconoció en un informe que la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda debería “tomar nota”, pero advirtió que existe una “dificultad inherente” para evitar esta práctica.

Sin embargo, continuó el informe: “Creemos que hay que trabajar más antes de que se tome la decisión de prohibirlo“, dijo en su informe. “En particular, hay que pensar en cómo definir la terapia de conversión, a quién se aplicaría la prohibición y cómo asegurar que se mantengan los derechos relacionados con la libertad de expresión y religión”.

El comité expresó la importancia de que la terapia se distinga del asesoramiento, señalando que la legislación diseñada para prohibirla podría resultar pegajosa y difícil de redactar como resultado de ello.

Las personas con preguntas sobre su sexualidad deberían poder buscar el consejo de los líderes religiosos de la comunidad, por lo que “la prohibición de la terapia de conversión no debería impedir que nadie busque o proporcione dicho consejo”.

Los activistas denuncian la consideración del Comité como una “evasiva”.

Max Tweede, del Grupo de Acción de la Terapia de Conversión, dijo a Stuff: “No permitimos que la libertad religiosa de alguien se extienda a la lapidación de homosexuales hasta la muerte. No podemos permitir que las prácticas religiosas arcaicas tengan prioridad sobre los derechos y el bienestar general de nuestra comunidad del arco iris”.

Las últimas noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays. Y la buena noticia que informada de que la «coach» Elena Lorenzo, sancionada por intentar «curar» a homosexuales con terapias de conversión.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Cromosomax/Cristianos gays

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Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado día 16:

Nuevo episodio de violencia LGTBfoba. Un chico gay de 38 años sufrió el pasado sábado una brutal agresión homófoba en pleno centro de Madrid, mientras se dirigía caminando a su casa. Otro varón, que en ese momento se encontraba discutiendo en la calle con una chica, se dirigió a él con gritos e insultos homófobos y, acto seguido, le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Como consecuencia del golpe, la víctima tuvo que ser operada de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Como consecuencia, ha perdido la visión de un ojo. Se desconoce por el momento si la pérdida de visión será definitiva o podrá recuperarla tras un trasplante de córnea.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 12 de octubre —poco después de las tres y media de la madrugada—, en la confluencia de la calle Valverde con la Gran Vía de Madrid. La víctima, un hombre hostelero y drag queen de 38 años, se dirigía solo a su casa, en el barrio de Chueca y donde actualmente vive con su pareja, después de haber pasado una noche de fiesta en la conocida discoteca La Boite. En el camino, se cruzó con un hombre que en ese momento mantenía una fuerte discusión con una mujer. En un momento dado, y por desgracia para él, el hombre, de complexión corpulenta, empezó a increparle y le gritó «¿Tú qué miras, maricón de mierda?». Acto seguido, y aunque el agredido decidió seguir caminando, el agresor se dirigió hacia él y, sin mediar palabra y atacándole por la espalda, le propinó un fuerte puñetazo en la cara que le tiró al suelo. Tras la agresión, el matón y la mujer con la que discutía huyeron rápidamente del lugar.

El golpe fue tan fuerte que hizo que las gafas de la víctima se rompieran y que varios trozos de cristal se introdujeran en uno de sus ojos. La víctima fue asistida poco después por una pareja que pasaba por allí y que rápidamente llamó a la Policía Nacional. Los agentes fueron los que dieron el aviso a los servicios de emergencia, que trasladaron rápidamente al hombre al Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. «Le reconstruyeron el iris y recibió más de 15 puntos internos de sutura», señalaba su pareja al diario ABC.

La tarde siguiente a la agresión, la hermana de la víctima interpuso una denuncia ante la Policía. Por desgracia, la lesión de la víctima ha resultado más grave de lo que en un principio parecía. Aunque se esperaba que el agredido fuese sometido a una nueva intervención este jueves para realizarle un trasplante de córnea, el hombre ha perdido de momento la visión de un ojo.

La Asociación Respeta LGTBH, que tuvo conocimiento de lo ocurrido el mismo sábado, ha emitido un comunicado lamentando y condenando profundamente la agresión. «Estamos viviendo un momento en el que la sociedad está cada vez más polarizada y donde las agresiones que entran dentro de la clasificación de delitos de odio, en base al artículo 510 del Código Penal, está en auge. Necesitamos, como sociedad y como colectivo, acabar con esta radicalización de la población y con las agresiones por motivos de odio que cada vez ocurren con más frecuencia», reza el texto.

Por desgracia, lo ocurrido hace unos días no supone un hecho aislado. Solo hay que echar un vistazo a los datos que maneja el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, que presentó hace unos meses su informe anual, correspondiente al año 2018. La entidad recogió durante este periodo un total de 345 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, 24 más que en el año precedente. Mucho por hacer aún.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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Nuevo golpe de la justicia brasileña a la LGTBIfobia del presidente Jair Bolsonaro. Una jueza federal ha dictaminado que el veto impuesto a la financiación de un proyecto audiovisual por incluir contenido LGTBI es contrario a los principios de libertad de expresión e igualdad de trato por los que se rige la democracia brasileña. El mandatario ultraderechista había congelado la concesión de subvenciones, por un valor total de varios millones de euros, al conocer que una pequeña parte de los proyectos versaban sobre la realidad LGTBI. La decisión provocó la dimisión del secretario de Estado de Cultura.

El plan original, presentado en marzo de este año, se basaba en la colaboración entre bancos de desarrollo de varios estados federados y la televisión pública para financiar unos ochenta proyectos audiovisuales de diferentes regiones del país y diversas temáticas, por un montante total de setenta millones de reales (más de quince millones de euros). De ellos, solo una minoría trataban sobre temas LGTBI. Se trata de la serie Afronte, el documental Transversais sobre la realidad trans, Religare Queer y Sexo Reverso.

En agosto, el Gobierno brasileño canceló la financiación del proyecto al completo. El presidente Bolsonaro había calificado las subvenciones a películas con contenido LGTBI como «dinero tirado a la basura». La decisión provocó la dimisión del secretario de Estado de Cultura, contrario al veto. «No estoy de acuerdo con poner filtros a la cultura, así que me voy», explicó Henrique Pires, que instó a los responsables políticos a ocuparse de problemas rampantes como el desempleo y a dejar de «mirar con lupa si en algún lugar un hombre desnudo está besando a otro hombre».

La justicia ha acabado dando la razón a Pires. Este lunes, la jueza federal Laura Bastos Carvalho declaraba nula la resolución del Gobierno de Bolsonaro por perjudicar injustificadamente el interés general. La magistrada reivindicó la responsabilidad del poder judicial de proteger la libertad de expresión y la igualdad de trato de los ataques del ejecutivo. El Gobierno aún puede presentar recurso contra el fallo.

La justicia, muro de contención de la LGTBIfobia de Bolsonaro

Los tribunales, en cualquier caso, se están revelando como un verdadero contrapoder a la extrema LGTBIfobia de la presidencia de Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha emitido ya varios fallos que protegen a la comunidad LGTBI de los ataques del Gobierno. Hace solo unos días conocíamos la sentencia que puso fin al intento de censura de libros que abordasen la homosexualidad o la transexualidad en la Bienal del Libro de Río de Janeiro. Una resolución en línea con la también reciente decisión del mismo tribunal a favor de la protección legal de la población LGTBI frente a la violencia y la discriminación, al ordenar la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista «omisión legislativa» al respecto.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que muchos de los avances en esta materia que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que tiene lugar una dura batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. Sin embargo, la presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación tiene en personajes como el presidente Jair Bolsonaro grandes aliados. Estaremos atentos a como se sigue desenvolviendo esta guerra.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo del año pasado recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

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