El Movilh valoró el avance, pero insistió en la necesidad de que el Ejecutivo patrocine la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria en el marco de la reforma de la Ley Zamudio. “Caso contrario, seguiremos con los mismos vacíos o problemas”, señaló el organismo.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por la congresista Lorena Pizarro (PC), aprobó ayer por seis votos a favor y  cinco en contra la reforma a Ley Zamudio, proceso que coincidió con el término de las audiencias donde expusieron sus puntos de vistas diversas organizaciones, entre esas el Movilh.

Junto a Pizarro, que ha jugado un rol clave en el avance de la reforma, votaron a favor los/as diputados/as Jorge Guzmán (Evópoli), Lorena Fríes (IND), Erika Ñanco (RD),  Hernán Palma (PH) y Patricio Rosas (IND). En  contra se pronunciaron Cristián Araya (PREP), Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (PREP), Cristián Labbé (UDI), Daniel Lilayu (UDI) y Ximena Ossandón (RN)

Entre otros, la reforma aumenta las penas, indemniza a las víctimas y mejora las condiciones para que las personas puedan solicitar agravantes en los delitos con componentes discriminatorios. “Esto en un contexto donde desde el 2012 a la fecha solo en cinco oportunidades se ha aplicado la agravante debido a los vacíos de la ley actual”, sostuvo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

El presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez,  valoró “este avance en la Comisión de DDHH, en tanto nos acerca a una ley antidiscriminatoria más útil desde el punto de vista punitivo, a diferencia de la actual que es un león sin dientes”.

Sin embargo, añadió, “esta reforma quedará a medias si el Ejecutivo no patrocina la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria. Este podría ser el aporte más significativo  y contundente que deje el presidente Gabriel Boric en materia antidiscriminatoria,  por lo que animaos al Gobierno a dar pasos decisivos en tal sentido. Nos preocupa el silencio que hasta ahora reina en el Gobierno sobre este punto”.

“La carencia de una institucionalidad antidiscriminatoria, seguirá dejando sin orientaciones, ni ayudas a las víctimas de las exclusiones y al Estado sin estadísticas y coordinación sobre la materia. Tampoco habrá seguimientos sobe la aplicación de la Ley Zamudio. La reforma a la ley es una gran oportunidad para superar estos graves problemas”, finalizó.

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En su exposición el Movilh también solicitó que se incorpore como un deber del Estado la implementación de políticas  públicas contra la discriminación, lo cual es parte de la actual ley, pero fue eliminado por el Senado en primer trámite.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó hoy a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por la diputada Lorena Pizarro (en la fotografía), que la reforma a Ley Zamudio incorpore una institucionalidad antidiscriminatoria con el fin de “contar una legislación robusta y realmente protectora de los sectores más vulnerables y desaventajados”.

El encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez, señaló que “desde el mismo día que fue aprobada la ley anti-discriminatoria, hace 10 años, venimos exigiendo una reforma que, entre otros puntos, ponga el acento en la creación de una institucionalidad estatal que prevenga abusos y ayude a las víctimas de la discriminación. Dejar fuera la institucionalidad, implicará que la reforma solo cumplirá parcialmente con el fin de mejorar los problemas y vacíos de la ley Zamudio”.

“Animamos al Gobierno a patrocinar un artículo que cree una institucionalidad antidiscriminatoria, una demanda antigua que de avanzar sería el aporte más relevante y significativo del actual Ejecutivo en materia antidiscriminatoria. Esperamos que los/as congresistas ayuden a comprometer al Gobierno con este tema”, apuntó el Movilh.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que encabeza la diputada Lorena Pizarro (PC), está debatiendo sobre la ley en segundo trámite, tras ser despachada por el Senado en agosto del 2021.

“Esta propuesta, si bien abarca mejorías importantes para la actual Ley Zamudio, cometió el grave error de eliminar el deber del Estado de implementar medidas contra la discriminación, lo cual es parte de la legislación vigente. En tal sentido, solicitamos a la Comisión que reponga este deber. Eliminarlo, es un retroceso en relación a la ley vigente”, señaló Gómez

La propuesta del Movilh también apunta a que la acción judicial se entable en un juez de letras y que se establezca en la ley “que los/as victimarios/as deberán rectificar sus discursos de odio por el mismo medio donde los emitieron y/o en los términos que la víctima decida”

Junto a Pizarro integran la Comisión de DDHH de la Cámara los/as diputados/as  Cristián Araya (PR), Melcedes Bulnes (IND), Lorena Fríes (IND), Jorge Guzmán (Evópoli), Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (PR), Cristián Labbé (UDI), Tomás Lagomarsino (PRSD), Daniel Lilayu (UDI), Jaime Naranjo (PS), Erika Ñanco (RD), Ximena Ossandón (RN) y Hernán Palma (PH)

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El crimen marcó un antes y un después en la historia LGBTIQA+. Los resultados de la Ley Zamudio son de dulce y agraz:  en 10 años se han presentado solo 498 denuncias, la mayoría con fallos desfavorables para la víctimas. Sin embargo, al mismo tiempo esta ley fue la llave para la aprobación de otras 11 leyes pro derechos LGBTIQA+, así como para políticas públicas a favor del sector.

El 2 marzo del 2012, a eso de las 22:30 horas, Daniel Zamudio salió de su trabajo, en Providencia, en dirección al Parque San Borja, en Santiago. Horas después, Daniel fue torturado por cuatro sujetos: lo orinaron y quemaron con cigarros, azotaron su cabeza con una  piedra de 6 kilos y con vidrios dibujaron la esvástica en su cuerpo.

Debido a las torturas, falleció 25 días después, en compañía de sus familiares y de activistas de nuestra organización.

El crimen, unos de los más brutales conocidos en Chile, marcó un antes y un después en la historia de los derechos LGBTQA+, pues remeció las conciencias, llegó a personas, las familias y sus corazones y transcendió las fronteras, siendo noticia y debate en todos los continentes.

El caso dio origen a la primera sentencia por un crimen homofóbico  en Chile y aceleró la tramitación de la Ley Antidiscriminatoria,  a un punto que fue aprobada tres meses después del asesinato de Daniel y tras siete largos años de debate parlamentario.

Los resultados de la ley antidiscriminatoria; renombrada como Ley Zamudio; son de dulce y agraz

Por una parte, el Estado aún no resuelve las graves deficiencias de la Ley Zamudio. A 10 años de su entrada en vigencia, apenas 495 personas la han usado y solo en 280 casos hubo sentencias, la mayoría contrarias a las expectativas de las víctimas. Tanto en así, que en lo referente a delitos, apenas en 5 ocasiones se ha aplicado la agravante que contempla la ley.

Entre otras deficiencias de la ley, se encuentra la ausencia de una institucionalidad antidiscriminatoria, la multa al denunciante sino se comprueba discriminación, el deber de la víctima de probar el abuso, la carencia de indemnizaciones  y la imposibilidad de  cuestionar fallos o sentencias discriminatorias.

Lo paradojal es que todos los puntos débiles de la Ley hubiesen sido resueltos si  el Congreso Nacional hubiese aprobado la propuesta original del 2005, la cual fue cercenada en siete años de tramitación.

Como no lo hizo, el 3 de marzo del 2019 ingresó al Parlamento un proyecto de reforma que experimentó algunos pasos en 2021, ya que la iniciativa fue despachada por el Senado para su segundo trámite. Sin embargo, el proyecto egresado tampoco cumple, ni  atiende necesidades claves de la reforma, a un punto que  no obliga al Estado a  implementar medidas contra la discriminación y no aclara el tribunal que estará a cargo de tramitar las causas.

Con todo, la Ley Zamudio se transformó en la principal herramienta jurídica para ir avanzando a otras mejores condiciones de igualdad legal y en la implementación de nuevas políticas públicas. En efecto, la Ley Zamudio ha sido la principal llave para abrir la puerta a más avances, en tanto todos los futuros avances tienen como fundamento y argumento la norma, en particular su segundo artículo que prohíbe la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Así, tras el asesinato de Daniel  y la aprobación de la Ley Zamudio 20.609 (2012),  también vieron la luz otras 11 leyes que protegen explícitamente a las personas LGBTIAQ+:  Ley 20.750 que permite la introducción de la televisión satelital terrestre (2014), la Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil (2015), la Ley 20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales (2016), Ley 20.968 que Tipifica los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2016), la Ley 21.120 de Identidad de Género (2018), la Ley 21.212 que Modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 18.216 en Materia de Femicidio (2020),  la Ley 21.325 de Migración y Extranjería (2020), la Ley 21.400 de Matrimonio Igualitario (2021), la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior (2021) la  Ley 21.367, que suprime la causal  de divorcio culposo por homosexualidad y  la Ley del Sistema de Garantías de la Niñez (2022).

En paralelo se han aprobado políticas públicas pro derechos LGBTIQA+ en Educación, Salud y Trabajo, estando en todo momento y lugar el nombre de Daniel presente, así como la ley que lleva su nombre como argumento; además de surgir en el Cementerio General el Primer Memorial por la Diversidad, lugar donde descansan los restos del joven.

Daniel representa una luz que sobrepasó al caso de discriminación más nefasto conocido en Chile, sembrando condiciones culturales, sociales y políticas para una mejor calidad de vida de todas, todos y todes.

Por cierto que no todo lo ocurrido tras el crimen ha sido bueno. El saldo más crudo son otras 37 personas LGBTIQ+  asesinadas por su orientación sexual o identidad de género después de la muerte de Daniel.

Sin embargo, lo cierto es que con el tiempo cada vez más personas LGBTIQ+   fueron superando miedos y se atrevieron a denunciar los abusos. Y a su vez se fue expresando un mayor apoyo familiar para alcanzar justicia. Basta recordar que antes de Daniel solo se conocía de 20 crímenes homo/transfóbicos en toda la historia de Chile. Una cifra baja, y por cierto irreal,  pues eran los propios familiares quienes no denunciaban y, peor aún, rechazan reconocer que sus hijos/as eran LGBTIQA+

Nuestra organización está  vinculada emocionalmente a Daniel. Lo recordamos cada aniversario del ataque, de su muerte o de su natalicio, porque está y seguirá por siempre presente. Estuvimos a su lado los 25 días de agonía en el Ex Posta Central. Junto a su familia,  pudimos  abrazarlo y darle todo nuestro cariño y amor en el último camino de su vida.

Daniel, lo decimos con fuerza, sigue y seguirá presente.

Con motivo del 10 aniversario del ataque que terminó por quitarle la vida, invitamos finalmente a  todas las personas a leer la historia de este brutal caso de discriminación que cambió la realidad LGBTIQA+ en Chile.

Gracias Daniel. Siempre contigo.

Movilh

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La víctima fue asesinada  en Renca por defender a su pareja una agresión homofóbica. Luis Alejandro Muñoz Huenán y Mario Orlando Pino Garrido fueron condenados a 15 años y 10 años y un día de presidio efectivo, en forma respectiva. El Movilh valoró que se aplicara agravante de Ley Zamudio a Muñoz Huenán, el mayor responsable del hecho.

El Segundo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó ayer a Luis Alejandro Muñoz Huenán y Mario Orlando Pino Garrido a las penas de 15 años y 10 años y un día de presidio efectivo, en forma respectiva, por haber asesinado en febrero del 2020 al joven Miguel Ángel Miranda Bustos (23) solo porque éste intentó defender a su pareja de insultos y agresiones homofóbicas.

El encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez, señaló que “si bien las condenas nunca cumplen las expectativas, menos cuando una persona pierde la vida, valoramos en que en este caso se hubiese aplicado la agravante de la Ley Zamudio. Algo poco usual, pues desde la entrada en vigencia de esta norma en 2012, apenas en cinco ocasiones se aplicado la agravante. Creemos que el tribunal y la fiscalía, al menos en este caso, lograron comprender como opera la homofobia en los delitos”.

“Toda nuestra solidaridad y fuerza para la familia y seres queridos de Miguel Ángel en este momento, en especial para su pareja”, dijo el Movilh, que en marzo pasado homenajeó a la víctima fatal inscribiendo su nombre en el Memorial por la Diversidad que se ubica en el Cementerio General.

El fallo unánime de la presidenta del tribunal Valeria Alliende Leiva y de los/as magistrados/as Pablo Toledo González y Anaclaudia Gatica Collinet, aplicó además a los asesinos la “inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas”.

El tribunal confirmó que a eso de las 16:00 horas del 16 de febrero de 2020, “en la intersección de Chungará con Topocalma, comuna de Renca, Luis Muñoz Huenán acosó a Miguel Ángel Miranda Bustos y a su pareja C.M.R, increpándolos e insultándolos por considerar a ambos homosexuales”

Añadió que C.M.R “devolvió los insultos” y tras ello debió arrancar hasta su casa, puesto que “Muñoz Huenán comenzó a perseguirlo para lesionarlo con un elemento contundente”

Miguel Ángel intentó sin éxito calmar  calmar Muñoz Huenán, “comenzando una pelea entre ambos a mano limpia”

“Momentos después Mario Pino Garrido extrajo un cuchillo y le propinó un corte en la cabeza a Miranda Bustos cuando le daba la espalda, para posteriormente pasarle dicha arma blanca a Muñoz Huenán, con la que éste lo apuñaló a la altura del hemitórax izquierdo, lesionando pericardio y ápex cardiaco, dándose a la fuga del lugar ambos sujetos”

Miguel Miranda Bustos falleció a las 17:08 horas del 16 de febrero del 2020 por herida cardiaca corto penetrante,.

El tribunal no aplicó la agravante para Mario Pino Garrido,  pues “no fue quien inició la agresión, no tuvo motivación homofóbica y no fue quien propinó la estocada mortal” En cambio, “a Muñoz Huenán lo perjudica la agravante del artículo 12 N° 21 del Código Penal; esto es, por haber obrado motivado por la orientación sexual de la víctima”.

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La iniciativa eleva  de 50 a 500 UTM la multa a beneficio fiscal en casos de discriminación, incorpora indemnización para las víctimas y amplía posibilidad de aplicar la agravante en delitos de odio. Sin embargo, por falta de quórum se rechazaron elementos claves: la obligación del Estado de implementar medidas contra la discriminación y quedó en el vacío el tribunal que estará a cargo de tramitar las causas.

El Senado aprobó y despachó el pasado a la Cámara de Diputadas y Diputados la reforma a la Ley Zamudio, incorporando varias indicaciones propuestas  desde el 2012 por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), pero rechazando aspectos claves para garantizar de manera efectiva la prevención de las exclusiones arbitrarias y la protección de las personas frente a las mismas.

La reforma surgió de una moción de los/as senadores/as José Miguel Insulza, Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier y Juan Ignacio Latorre,

“Hay avances importantes que se hacen cargo de deficiencias de la Ley Zamudio que venimos denunciando desde el 2012. Sin embargo, al mismo tiempo permanecen vacíos o problemas que esperamos resolver con la presentación de nuevas indicaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Entre los avances se encuentran que se sancionará la discriminación a personas y “grupos de personas” estableciendo un procedimiento judicial “rápido”.  En caso de comprobarse la discriminación, se eleva de de 50 a 500 UTM la multa a beneficio fiscal y se establece una indemnización para las víctimas que no podrá ser inferior a 40 UTM.

Jiménez explicó que de esa manera “se podrá exigir justicia cuando se afecta a un colectivo en particular, y no solo a una persona, y por primera vez habrá reparación monetaria para las víctimas. Con todo, el mayor avance en cuanto a sanciones, pasa porque se amplía las posibilidades de aplicar la agravante por delitos de odio. Con la actual ley, solo hemos logrado aplicar el agravante en cuatro ocasiones,  ya que se obliga a demostrar las motivaciones personales del delincuente. Todos estos casos, cuando se ha tratado de crímenes,  los ha llevado el Movilh. Con la nueva redacción, bastará la presencia de elementos discriminatorios”

En efecto, el proyecto de ley garantizar que se aplicará la agravante  cuando se cometa un delito  “de un modo que expresare rechazo o desvalorización basado en racismo, pertenencia étnica, identidad cultural, nacionalidad, situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, sexo, orientación sexual o afectiva, género, identidad o expresión de género, características sexuales, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estado de salud físico o mental, discapacidad y/o seropositividad y el trabajo, profesión u oficio”.

Con todo, y por falta de quórum se rechazaron elementos claves. Por un lado, se rechazó el artículo que obliga a los órganos del Estado a implementar medidas contra la discriminación, así como aquel que establece que “será competente para conocer de la acción de no discriminación arbitraria, el juez de letras correspondiente al domicilio”.

“Esto es muy lamentable, pues por un lado se despacha una ley que no resuelve que tribunales se harán cargo de estas materias y, por otro, nuevamente el Estado no asume responsabilidades concretas para prevenir la discriminación. La Cámara deberá resolver este punto”, señaló Jiménez.

A lo anterior se suma, finalizó Jiménez, el hecho de que “no se contemple una institucionalidad antidiscriminatoria debido a que el Ejecutivo no apoyó una indicación en tal sentido”

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El Movilh, que inició la recolección de firmas a favor del matrimonio y de la reforma a la Ley Zamudio, acusó que la mayoría congresista pro-LGBTIQ+ “no ha pasado del discurso a la práctica, provocando el mismo efecto que desean los homofóbicos: aún no hay igualdad legal para las parejas del mismo sexo, ni para las familias homoparentales.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envió hoy una misiva a todos/as los congresistas exigiendo la rápida aprobación del matrimonio igualitario, al tiempo que inició una campaña a favor de los derechos LGBTIQ+ que, entre otros puntos, contempla la recolección de firmas a favor de la mencionada ley y de una reforma a la ley Zamudio.

El encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, precisó que “en el Congreso Nacional hay dos sectores. Uno minoritario que rechaza al matrimonio igualitario y uno que hace más de una década es mayoría y dice apoyar esta ley, pero aún  no la aprueba. Por tanto, la responsabilidad de que aún las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales no cuenten con igualdad legal es tanto de los que se declaran pro-LGBTIQ+, pero no llevan su discurso a la práctica, como de quienes se oponen a esta ley, pues el efecto que provocan es, en términos prácticos, el mismo”.

En tal sentido, el Movilh inició hoy en redes sociales una campaña donde consulta a los congresistas “¿Este Congreso Nacional se irá sin haber aprobado el matrimonio igualitario? ¿Dónde está el apoyo que hace casi más de una década manifiesta la mayoría de los congresistas a esta ley? Apoyar la causa LGBTIQ+ no es un discurso. Debe ser una acción”.

Junto a ello, el Movilh comenzó un proceso de recolección de firmar a favor del matrimonio igualitario y de la reforma a la Ley Zamudio, al tiempo que envió una carta a todos los congresistas exigiendo el avance de ambas normas.

Puedes sumarte a esta petición firmando aquí

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General Chile, Congreso Nacional, Ley Zamudio, Matrimonio igualitario, MOVILH, Ramón Gómez, Recogida de firmas

Junto con recordar al joven, el Movilh reportó que tras su asesinato otras 34 personas LGBITQ+ han perdido la vida en crímenes de odio. En tal sentido el organismo insistió en la necesidad de reformar la Ley Zamudio, llamando al Congreso Nacional a acelerar su tramitación, además de lamentar que a la fecha Gendarmería aún no explica los irregulares e ilegales beneficios con que cuenta uno de los homicidas de Daniel en la Cárcel de Valparaíso.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) recordó que hoy se cumplen nueve años del “brutal ataque homofóbico que terminó por quitar la vida a Daniel Zamudio”, al tiempo que instó al Congreso Nacional a acelerar la tramitación de la reforma a la Ley Antidiscriminatoria y lamentó que hasta la fecha Gendamería “no explique los irregulares e ilegales beneficios carcelarios con que cuenta uno de los homicidas del joven, hecho que denunciamos el año pasado”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, recordó que “un día como hoy, a eso de las 20:00 horas, Daniel Zamudio  salió de un cibercafé en Providencia y se dirigió al Parque San Borja. Cerca de las 21:30 horas comenzó a conversar con cuatro sujetos, que solo en razón de su orientación lo torturaron durante horas, hasta la madrugada del día siguiente”.

El crimen homofóbico “es unos de los más brutales conocidos en Chile y a nivel internacional. A Daniel lo orinaron y quemaron con cigarros, azotaron su cabeza con una piedra de 6 kilos y con vidrios dibujaron la esvástica en su cuerpo. Producto de la golpiza falleció el 27 de marzo. Daniel significó un antes y un después para los derechos LGBTIQ+ y en razón de su fatal desenlace, se aceleró la tramitación de la Ley Antidiscriminatoria, que renombramos como Ley Zamudio”.

Lamentablemente, añadió Rementería, “tras  el asesinato Zamudio, las denuncias por ataques a personas LGBTIQ+ han aumentado, a un punto que se han registrado 34 nuevos crímenes de odio, resultando en la casi totalidad de los casos completamente ineficiente la Ley Zamudio para alcanzar justicia, pues solo en cuatro ocasiones se ha aplicado el agravante contemplado en la norma y no ha habido ningún tipo de reparación”.

Un estudio del Movilh arrojó que desde la entrada en vigencia de la Ley Zamudio, y hasta el 2020, se presentaron unas 500 denuncias por Ley Zamudio. De éstas, apenas el 23,4% terminó con sentencias, la mayoría desfavorables para las víctimas.

“Esto significa que las personas no están usando la ley y que cuando la utilizan en pocas ocasiones hay justicia. Por eso insistimos en la necesidad de acelerar la reforma, la cual se encuentra radicada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tras su aprobación general en Sala el pasado 27 de enero”, sostuvo Rementería.

Entre otros, la reforma debe considerar “indemnización y reparación  para las víctimas, la eliminación de restricciones que impiden apelar a la ley para derogar normas o sentencias discriminatorias y la instalación de posibilidades  reales para aplicar el agravante ante un delito relacionado con  exclusiones, enfatizando el enfoque preventivo de la vulneración de derechos”, apuntó Rementería.

Finalmente, el Movilh lamentó que a “nueve meses de denunciar que Alejandro Angulo,  uno de los asesinos de Daniel Zamudio, gozaba a julio del 2020 de diversos beneficios carcelarios en la Cárcel de Valparaíso; como son uso de celular y de videojuegos; Gendarmería de Chile aún no responde a estos reclamos, ni menos se ha conocido de sanciones contra los responsables de estas ilegalidades. Repudiamos la indiferencia e indolencia de Gendarmería frente a estos atropellos, que han significado incluso que desde la cárcel Angulo amenace con asesinar más personas”.

Historia sobre el Caso Zamudio aquí:

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General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Angulo, Chile, Daniel Zamudio, Gendarmería, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, Óscar Rementería

La mujer recibió golpes de pies, puños y palos hasta quedar inconsciente.

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una mujer de 48 años, G.F.S.C (en la fotografía), presentó una querella criminal contra dos vecinos/as, D.M y E.R, por agredirla física y verbalmente en medio de constantes insultos lesbofóbicos.

Los hechos, explicó la víctima, ocurrieron el pasado 16 de enero a eso de las 20:00 horas cuando “me encontraba regando afuera de mi hogar, ubicado en Lampa,  específicamente un espacio de área verde que es propiedad común del condominio donde vivo. Yo, sin intención, salpiqué agua al auto”  que es propiedad de D.M y E.R.

En “ese momento salió del interior de su casa D.M insultándome y pegándome con un palo de escobillón de madera en mi espalda, brazos y piernas. Luego aparece E.R, quien me agredió con golpes de puños, lo cual provocó que cayera al suelo. Entre los dos me dieron golpes de pies en mi cabeza mientras me encontraba botada en la calle”, relató la afectada.

Añadió que “producto de los brutales golpes, perdí la consciencia. Cuando pude retomar el conocimiento, vi a mi pareja, C.G.T,  quien fue a auxiliarme y a detener la cruel agresión. Yo sólo escuchaba frases lesbofóbicas tales como: “mariconas”, “sucias”, “cochinas”, “vieja culiá maricona”, “te vamos a matar”., entre otras””.

“Una vez que se retiraron del lugar los agresores, mi pareja llamó a Carabineros de Chile quienes no concurrieron; finalmente llegó una ambulancia que me trasladó al SAPU, lugar donde me constataron lesiones”, apuntó la mujer para añadir que “producto de las lesiones actualmente me encuentro imposibilitada de trabajar por estar con licencia médica prescrita por profesional de la salud”.

La abogada del Movilh, Mónica Arias, solicitó en la querella, presentada en el Juzgado de Garantía de Colina, aplicar la agravante contemplada en la Ley Zamudio.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, apuntó que “los ataques contra las mujeres diversas en sus barrios y en menos de sus propios vecinos/as ya son una grave constante, que se ha agudizado tras la aparición del Covid-19, pues los confinamientos se han prestado para múltiples abusos. Esperamos las máximas sanciones contra los responsables de este cobarde ataque lesbofóbico ocurrido en Lampa”.

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La reforma, que continuará su tramitación en la Comisión de DDHH, busca reparar a las víctimas, eliminar las restricciones para usar la ley y mejorar la posibilidad de aplicar la agravante, entre otros puntos. El Gobierno, empero, rechaza crear una institucionalidad anti-discriminatoria.

La Sala del Senado aprobó hoy en general; por 24 votos a favor 15 en contra y 1 abstención;  la reforma a la Ley Zamudio, con lo cual “avanzamos hoy un paso más hacia el término de la impunidad y las injusticias que diariamente sufren los sectores discriminados o desaventajados”,  consideró el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), grupo que desde el 2013 viene demandando una enmienda a la norma.

Votaron a favor los/as  senadores/as PS Isabel Allende, Alfonso De Urresti, Alvaro Elizalde, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes y  Rabindranath Quinteros;  los/as PPD, Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Jaime Quintana  y Jorge Soria; los/as DC, Carolina Goic, Francisco Huenchumilla, Jorge Pizarro, Yasna Provoste, Ximena Rincón;  el RD, Juan Ignacio Latorre; la RN Marcela Sabat, el Evópoli Felipe Kast y los indedendientes Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alejandro Guillier

En contra votaron los/as parlamentarios/as UDI Claudio Alvarado, Juan Antonio Coloma, José Durana, Luz Ebensperger, Iván Moreira, David Sandoval, Jacqueline Van Rysselberghe y Ena Von Baer; los/as RN Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán, José García Ruminot, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Kenneth Pugh y  la independiente de Derecha, Carmen Gloria Aravena. En tanto, Alejandro García-Huidobro (UDI), se abstuvo.

En la ocasión intervino el ministro de Justicia Hernán Larraín, puso varios reparos a la propuesta de reforma.

En tanto, el presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Juan Ignacio Latorre, recordó que el Gobierno se ha negado sistemáticamente a crear una institucionalidad anti-discriminatoria en el marco de la reforma, pese a ser la demanda más sentida por la sociedad civil, así como un aspecto recomendado por órganos internacionales de Derechos Humanos

De acuerdo a datos del Movilh, obtenidos por la Ley Transparencia, desde la entrada en vigencia de la Ley Zamudio en 2012 se han presentado apenas 490 demandas, pero solo el 23,4% terminó con sentencia, la mayoría desfavorable para las víctimas “Esta cifra demuestra que las personas no usan, ni creen en la ley, pues no es útil para sancionar, ni prevenir la discriminación. Solo nuestra organización ha recibido más de mil denuncias por homofobia o transfobia en el plazo de un año”, señaló el activista del Movilh, Rolando Jiménez.

La reforma aprobada hoy en general considera las aportes que diversas organizaciones sociales, entre esas el Movilh,   han hecho llegar al Senado.

En ese sentido, el proyecto  considera la indemnización y reparación  para las víctimas, la eliminación de restricciones que impiden apelar a la ley para derogar normas o sentencias discriminatorias y la instalación de posibilidades  reales para aplicar el agravante ante un delito relacionado con  exclusiones, enfatizando el enfoque preventivo de la vulneración de derechos. Como elementos nuevos, la reforma también contempla sanciones contra las terapias de conversión de la homo/transexualidad, aspecto que ya prohíbe al Minsal, y amplía las categorías protegidas.

“Si la ley Zamudio ha sido usada poco y nada, es porque entre el 2005 y el 2012 el proyecto de ley original fue cercenado durante su tramitación en el Congreso Nacional, transformándolo en un león sin dientes, ni protección. Hoy, la reforma avanza con derechos que se ajustan a los estándares internacionales, todo lo cual irá en beneficio de las víctimas”, finaliza la vocero del Movilh, Daniela Andrade.

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Así lo arrojó un estudio del Movilh basado en cifras del Poder Judicial, en el marco del octavo aniversario de la entrada en vigencia de la norma.

Con motivo del octavo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 20.609 que Establece Medidas contra la Discriminación, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) desarrolló una investigación para conocer el impacto de la norma, teniendo como fuente a cifras oficiales del Poder Judicial obtenidas mediante la Ley de Transparencia.

“La conclusión más clara y contundente de este rastreo de información es que la Ley Zamudio se ocupa poco, cada vez se utiliza menos y en escasas oportunidades, solo en el 23,4% de los casos, los procesos han terminado en sentencia. Esto viene a decir una vez más que la ley, desde el punto de vista punitivo, es un león sin dientes que debe reformarse para que efectivamente cumpla con su propósito”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El dirigente apuntó que, en tal sentido, el Movilh “ya ha hecho llegar sus propuestas al Senado, donde se tramita un proyecto de reforma, así como al Gobierno y a diputados/as que están trabajando otras iniciativas con similares fines”.

Resultados del estudio

Basado en cifras del Poder Judicial, el estudio del Movilh arrojó que entre 2012 y el 31 de mayo del 2020 se presentaron un total de 465 demandas por Ley Zamudio a lo largo de todo el país.

221 fueron presentadas en el Gran Santiago, seguido por las regiones de Valparaíso (48),  La Araucanía (31), el Biobío (25), Coquimbo (23), Los Lagos (20), O´Higgins (17), Arica y Parinacota (13), Maule (11), Los Ríos (11), Aysén (11), Antofagasta (8), Magallanes (8), Atacama (7), Tarapacá (6) y Ñuble (5).

Del total, 13 fueron presentadas en 2012; 32 en 2013; 57 en 2014; 79 en 2015; 64 en 2016; 72 en 2017; 70 en 2018 y 66 en 2019, mientras que en lo corrido del 2020 se han cursado 12.

«Esto implica que en 2019 la presentación de las demandas experimentaron una baja del 5,7%. Todo indica que este descenso incrementará en 2020, pues en medio año apenas van 12 demandas”, relató el Movilh.

Al considerar las 465 demandas cursadas desde el 2012 a mayo del 2020, el 29% denunció discriminación por discapacidad, el 13% por enfermedad, el 12% por ideología u opinión política, el 7% por orientación sexual y el 4% por  identidad de género. El resto se divide entre las otras categoría protegidas por la ley.

Además, a mayo del 2020  el 59,5 del total de demandas presentadas en ocho años habían cerrado su proceso, lo que equivale a 277 acciones judiciales. Sin embargo, solo el 23,4% terminó con sentencias.

En efecto, las 277 causas que terminaron el proceso se dividen en 109 sentencias. Le siguen 52  cierres por “no presentada la demanda”;  mientras en 48 casos no se dio curso a la demanda; en 19 hubo conciliaciones; en 10 se retiró la demanda; en 9 hubo avenimiento, en 7 abandono de proceso; en 7 no correspondió el ingreso;   en 6, incompetencia; en 5, desistimiento; en 2, excepción por vicio insubsanable; en 2,  transacciones y en un caso el cierre fue otros motivos.

Por último, y al considerar los cierre de procesos por año, en 2012 no concluyó ninguno, en 2013, 16; en 2014, 36; en 2015,  38; en 2016, 51 en 2017,  50; en 2018, 47;  en 2019, 33 y en  2020, 6.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Denuncias, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, Rolando Jiménez

El organismo expuso en la Comisión de DDHH del Senado. 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) propuso ayer a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad  y Ciudadanía del Senado una serie de enmiendas a la Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, pues “desde el punto de vista punitivo esta norma ha sido un fracaso y en el ámbito preventivo carece de una institucionalidad”.

El Movilh expuso ante la Comisión, que preside el senador Juan Ignacio Latorre, luego de que el pasado 25 de mayo dicha instancia comenzara a tramitar un proyecto que reforma a la Ley Zamudio, iniciativa legal que entró en vigencia en 2012.

 “Insistimos con una serie de enmiendas que venimos demandando desde el mismo día que se aprobó la Ley, poniendo esta vez énfasis en la necesidad de que sancione la discriminación que sufren grupos de personas y no solo personas. Son muchos los discursos y acciones de odio que van dirigidos contra grupos solo por su raza, etnia, orientación sexual o identidad de género, entre otras categorías protegidas por la Ley Zamudio. Pero al tratarse de grupos, no hay protección, pues la ley solo se refiere a personas”, señaló el activista del Movilh, Ramón Gómez.

“Grupos de personas discriminados o agredidos en razón de cualquiera de las categorías que ya menciona la Ley Zamudio, necesitan ser protegidos, pues hoy están en la orfandad jurídica. También debiese sancionarse a quienes incurren en discriminación de manera colectiva, y no solo individual”, señaló

Junto al Movilh, en la sesión de ayer expusieron el secretario de Confamilia, Esteban Barahona, el presidente de la Fundación de Víctimas de la Talidomina, César Rodríguez, y el coordinador nacional del Movimiento Social  por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Patricio Acuña.

De igual manera intervinieron los senadores Latorre, Iván Moreira, Alejandro Navarro y José Miguel Insulza, así como la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y la diretora del Observatorio de Participación y no Discriminación de la Segegob, Paula Molina.

Propuestas de Movilh para reformar la Ley

En el marco de la reforma a la Ley Zamudio, el Movilh propone:

1.- Crear  una institucionalidad anti-discriminatoria cuyos objetivos sean ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Eliminar del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Eliminar el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorporar un artículo que obligue a indemnizar el daño moral y material causado a las personas o grupos de personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Eliminar del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invertir la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, se propone cambiar de la ley la frase «delitos motivados» por discriminación, por el de «delitos con presencia de elementos discriminatorios». Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en cuatro ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Ley Zamudio, MOVILH, Ramón Gómez

La Comisión de Derechos Humanos del Senado, encabezada por Juan Ignacio Latorre, inició ayer el debate para reformar la ley Antidiscriminatoria, tras diversas denuncias que exigen un cambio radical a la iniciativa aprobada en 2012.

En concreto se inició la discusión de un proyecto elaborado en 2019 por los senadores José Miguel Insulza, Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier y Latorre.

Entre otros, el proyecto busca establecer en la ley la necesidad de prevenir la discriminación, agrega la “preferencia” como categoría protegida, elimina un articulo que posibilita no sancionar a la discriminación en el marco del ejercicio de otros derechos, invierte la carga de la prueba, establece indemnización de  40 a 200 UTM y elimina las sanciones contra el denunciante en caso de no comprobarse la discriminación arbitraria

Datos del Poder Judicial y de estudios de la Universidad del Desarrollo, arrojaron que entre el 2012 y el 2018 se presentaron apenas 410 denuncias por discriminación que buscaron justicia por la Ley Zamudio y apenas en 101 casos hubo sentencias, “cifras que reflejan que la norma no está haciendo usada, en especial al considerar que solo en un año se han conocido más de 500 casos de homofobia y transfobia”, recordó el Movilh

El Movilh valoró el inicio del debate en el Senado y enfatizó la necesidad de que en el futuro se consideren “todas las aristas que efectivamente mejorarán la ley”.

En la sesión expuso la Subsecretaría de Derechos Humanos, aún cuando desde el Ejecutivo se había indicado al movimiento LGBTI que solo el Ministerio Secretaría General de Gobierno lo representaría en el Congreso para tales efectos.

REFORMA A LEY ZAMUDIO

El proyecto de reforma a la Ley Zamudio impulsado desde el 2013 por el Movilh, contempla, entre otros puntos, los siguientes:

1.- Crea una institucionalidad anti-discriminatoria cuyos objetivos son ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Elimina del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Elimina el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorpora un artículo que obliga a indemnizar el daño moral y material causado a las personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Elimina del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invierte la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, el proyecto del Movilh cambia de la ley la frase «delitos motivado» por discriminación, por el de «delitos con presencia de elementos discriminatorios». Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en dos ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Ley antidiscriminatoria, Ley Zamudio, MOVILH, Senado

“Pese a que la ley y una circular de la Superintendencia de Educación obligan a respetar el sexo nombre y social, el colegio se niega a ello”, denunció el Movilh.

Un grave caso de discriminación está afectando a una estudiantes trans de 13 años luego de que la dirección del Colegio Adventista de Copiapó le impidiera usar vestimentas acordes a su identidad de género, hecho que hoy fue repudiado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La niña, que desde siempre ha estudiado en ese colegio, “ha contado con el respaldo de su familia para comenzar su transición, por lo que muy feliz y entusiasmada pensaba por primera este año ir a clases con jumper, lo cual fue rechazado por la dirección”, sostuvo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

El dirigente precisó que “esta política del colegio, abiertamente transfóbica, vulnera la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género y la circular 768 de la Superintendencia de Educación que obligan a los establecimientos educacionales a respetar el sexo y nombre social de las personas trans”

Añadió que el caso “ya está en manos de la Superintendencia de Educación, la cual deberá si o sí sancionar al colegio, tras lo cual a familia podrá iniciar iniciar legales para que los responsables del abuso reciban la sanción que merecen”.

La madre de la niña. Elizabeth Cabezas, señaló a TVN que en “el colegio “me dijeron que lamentablemente no la podían aceptar en clases y que no iba a entrar porque estaba vestida de mujer. Me dice que si yo quiero llevarla al colegio, debiese usar el buzo”.

Añadió que la niña está “desanimada total y triste,  con su carita lleva de lágrimas y me dice “mama porque hacen esto?”. Sus compañeros de curso saben de esto y la quieren igual. No son los niños los que están discriminando, son los adultos”.

Fuente MOVILH

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La víctima fue sumergida en una tina y estuvo varios días en la UTI. Esta es la cuarta vez que se aplica  agravante por homofobia en Chile.

En forma unánime el Juzgado de Garantía de Porvenir aplicó ayer el agravante de la Ley Zamudio a Nelson Aguilar Gómez y Juan Vilches Valdivia, quienes el 1 de enero del 2019 quemaron con agua caliente al suplementero José David Muñoz Vargas (56) y a su amigo, Sergio Segundo Barría Calbuyahue (41), siendo la resolución valorada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“En cuanto a la eventual concurrencia en la especie de la circunstancia agravante del artículo 12 N° 21 del Código Penal, a saber, cometer los delitos en cuestión motivados por la orientación sexual de los afectados (…) el tribunal en consideración a los testimonios de los propios afectados, testigos de oídas y circunstancias concomitantes al hecho (…) estima suficientemente establecida en la especie”, señaló la resolución, mientras que el 4 de febrero próximo se conocerá la sentencia.

“Estamos muy felices por las víctimas y sus familias con esta resolución. Este fue un ataque brutal, inhumano, que condenamos con toda nuestra fuerza. Valoramos que al repudio social hoy se sume la justicia”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El Movilh, organismo que desde el día de ocurridos los hechos realizó diversas gestiones a favor de las víctimas, añadió que “esta es la cuarta vez que se aplica la agravante de la Ley Zamudio por ataques homofóbicos en Chile. Esperamos que los tribunales sigan por este camino, pues en 6 años la agravante ha sido poco y nada aplicada. Esta es la primera vez que un fallo de este tipo ocurre en la Región de Magallanes”.

El caso

El Movilh recordó que el “suplementero José David Muñoz Vargas (56) y su amigo, Sergio Segundo Barría Calbuyahue (41), fueron quemados con agua caliente por otros sujetos con quienes estaban compartiendo en el domicilio del primero, ubicado en la calle José de los Santos Mardones de Porvenir (Región de Magallanes).”

Añadió que “los agresores comenzaron a burlarse de las víctimas en razón de su orientación sexual, lanzando una olla con agua hirviendo a Sergio mientras se duchaba, tras lo cual logró escapar. En tanto, José fue encerrado en el baño y obligado a sumergirse en una tina con agua caliente”

“Producto de las graves quemaduras, Muñoz Vargas fue atendido de urgencia en el Hospital Marco Chamorro Iglesias, tras lo cual fue trasladado a la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI) del Hospital Clínico de Punta Arenas y luego, el 9 de enero, a la Ex Posta Central de Santiago”, recordó el Movilh.

“José resultó con quemaduras en un 22% de su cuerpo, dañando principalmente su espalda, glúteos y un brazo. Permaneció varios días en riesgo vital, según informó el cirujano del Centro de Responsabilidad Quirúrgico del Hospital Clínico, Claudio Quintana. El segundo afectado, Sergio, se mantuvo internado algunos días en Porvenir, logrando sobreponerse, tras practicarle injertos de piel en la zona corporal comprometida”, puntualizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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La mujer solo estaba esperando locomoción para regresar a su casa, en Chaqueihua. Ataque ocurre sólo a días de que entre en vigencia la Ley de Identidad de Género.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Los Lagos) denunció hoy que una mujer trans, identificada como Gema Vargas Mancilla (27), fue “brutalmente atacada por tres sujetos en medio de insultos por su identidad de género”.

El presidente de Movilh-Los Lagos, José Arcos, precisó que a eso de las 16:30 horas Gema “estaba sentada en un plazoleta, cercana al terminal de Buses de Puerto Montt, cuando tres sujetos comenzaron a ofenderla, para luego proceder a agredirla con golpes de pies y puño”

Añadió que Gema “quedó con su rostro desfigurado, con pérdidas dentales, fractura de nariz, daño maxilofacial y, quizás, reduzca su capacidad visual. Ella solo estaba esperando locomoción para trasladarse a su casa, en Chaqueihua, cuando se le acercaron estos cobardes sujetos para atacarla”.

Arcos, quien ha estado en contacto con la víctima y su familia desde ocurridos los hechos, añadió que “esta agresión nos sobrecoge. Sin duda que los responsables, ya detenidos por Carabineros, merecen la máxima sanción, con aplicación de la agravante de la Ley Zamudio. Es muy doloroso que a pocos días de la entrada en vigencia la Ley de Identidad de Género, ocurran estas cosas”.

El dirigente aprovechó de “lamentar la deficiente ayuda que Gema recibió en el Hospital de Puerro Montt, pues demoraros más de dos horas en atenderla, lo cual no debería ocurrirle a nadie, menos tras recibir un brutal ataque”.

El Movilh-Los Lagos anunció, por último, que “presentaremos una querella criminal contra los agresores, exigiendo aplicación de la agravante de la ley Zamudio”.

Fuente MOVILH

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El séptimo juzgado de Garantía decretó 5 años de presidio menor en su grado máximo, los cuales serán cumplidos bajo el régimen de vigilancia intensiva. Los agresores estuvieron en prisión preventiva otros 9 meses por el mismo delito.

La magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Luisa Gajardo Fontecilla, sancionó por homofobia a Sebastián Rodríguez Rosas (19) y Felipe Aldea Muñoz (23), los sujetos que el 9 de marzo pasado atacaron en razón de su orientación sexual al joven Luis Lillo (24) al interior de un bus del Transantiago provocándole fractura nasal, hematomas y estrés post traumático.

La abogada del Movilh, Mónica Arias, precisó que los sujetos “fueron condenados por el delito de robo con violencia consumado aplicándose la agravante de responsabilidad del artículo 12 N° 21 del Código Penal que se estipula en Ley Zamudio) en tanto, Luis fue atacado por su orientación sexual”.

En tal sentido,2 la pena fue 5 años de presidio menor en su grado máximo, la cual se cumplirá en régimen de libertad vigilada intensiva, además de dictarse la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de cumplir programas laborales y de tratamiento de la violencia”, añadió Arias, quien representó a la víctima, al igual que la Fiscalía y la Intendencia.

Conviene recordar que los imputados se mantuvieron en prisión preventiva en Santiago Uno desde el día 10 de marzo de 2019 , quedando en libertad vigilada intensiva desde el 4 de diciembre pasado. Fue clave para aplicar la agravante de la Ley Zamudio un video aportado como medio de prueba.

El dirigente del Movilh, Óscar Rementeria, precisó que “obtuvimos la máxima pena que la legislación podía permitir en un caso como éste, siendo una buena noticia que se aplicara la agravante de la Ley Zamudio. Por cierto que ante una agresión tan brutal, debería existir prisión efectiva, lo que vuelve a reforzar la necesidad de reformar la Ley Zamudio”.

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En el recurso patrocinado por el Movilh se alega que Gendarmería se niega a incluir el nombre y sexo social de las personas trans en correos electrónicos y registros internos que están a la vista de otras personas, violentando así la Ley Zamudio.

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una funcionaria administrativa de Gendarmería presentó un recurso de protección contra la institución por negarse a respetar su nombre y sexo social.

La abogada del Movilh, Paz Becerra, precisó que en febrero pasado la trabajadora comunicó a la institución su transexualidad y comenzó a adecuar su estética a la identidad de género que la representa, lo cual derivó en “actitudes y comentarios transfóbicos en su contra, provenientes de algunas jefaturas y de compañeros de trabajo”.

En virtud de ello, el Movilh solicitó por escrito a Gendarmería que investigara los acosos transfóbicos, que capacitara a todos sus funcionarios en diversidad sexual sexual y de género y que adoptara las medidas necesarias para respetar el nombre y sexo social de la trabajadora.

Si bien Gendarmería accedió a buena parte de las demandas, se negó a que el nombre y sexo social de la trabajadora fuesen respetados en el corree electrónico y los registro internos a los cuales tienen acceso otros funcionarios, argumentando que para ello la mujer debía primero cambiar su identidad legal.

La abogada Becerra precisó que tal exigencia es “arbitraria e ilegal”, pues contraviene la no discriminación por identidad de género garantizada en la Ley Zamudio, así como diversos fallos de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans, hubiesen o no cambiado su identidad legal.

De igual manera, apuntó la abogada en el recurso, con su actuar Gendarmería violentó diversos principios constitucionales; como son el derecho la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley, además de transgredir la Convención Americana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que “doblemente repudiable es que en los últimos dos años Gendarmería de Chile ha sido obligada una docena de veces por tribunales a respetar el nombre y sexo social de las y los internos trans. Con lo ocurrido ahora a una de sus trabajadores, es claro que esta institución nada ha entendido de los fallos de los tribunales y, por el contrario, persiste con su tradicional, peligrosa y perjudicial transfobia”.

Por todo, “esperamos un fallo favorable y que de una vez por todas Gendarmería respete los derechos humanos de sus trabajadores/as y de los internos/as”, finalizó el Movilh.

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La joven fue atacada físicamente en medio de insultos por su orientación sexual.

El primer juzgado de Garantía de Santiago dictó ayer prisión preventiva para los hermanos Miguel y Reinaldo Cortés Arancibia, ambos imputados por el delito de homicidio frustrado contra la joven Carolina Torres, atacada el en medio de insultos sobre su orientación sexual.

En la ocasión el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, señaló que Miguel Ángel, apodado “el cachete” y Reynaldo, llamado “el choco”, agredieron a eso de las 22:30 horas del 13 de febrero a Carolina Torres mientras caminaba con su pareja y amiga por la Calle Laguna del Inca.

“La investigación está bien avanzada. Lo que nos interesa es determinar las secuelas de las lesiones que tenga Carolina Torres producto de la agresión, y existe la posibilidad que resulte con unas lesiones graves gravísimas, cuestión que vamos a determinar en lo que queda de investigación”, señaló Baeza.

La prisión preventiva se logró luego de que la Policía de Investigaciones detuviera el jueves pasado a los delincuentes, quienes se encontraban prófugos desde el ataque, y después de que la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, adoptara diversas medidas a favor de la víctima y sus familiares

Conocida la determinación del Juzgado, el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Óscar Rementería, dijo esperar que “en el caso de Carolina Torres se aplique efectivamente la agravante de la Ley Zamudio, pues aumenta las penas cuando los delitos tienen relación con la orientación sexual”

Añadió que “lo deseable es que la fiscalía exija el agravante, aún sea difícil comprobar los vínculos de un ataque con la orientación sexual, debido a la redacción y contenidos de la Ley Zamudio que exigen a las víctimas demostrar con pruebas la discriminación”.

“ Desde aprobada la Ley Zamudio, en 2012, solo una vez se ha aplicado la agravante, lo que demuestra que la ley es un león sin dientes que debe ser reformada para así garantizar efectivamente justicia. 15 ataques contra las personas LGBTI han ocurrido este año, y en ningún caso hasta ahora ha triunfado la Ley Zamudio. Por el contrario ha fracasado. Por eso exigimos una reforma que, entre otros puntos, invierta la carga de la prueba”, finalizó Rementería.

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En el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reformar la ley 20.609.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó hoy al ministro secretario general de Gobierno (s), Emardo Hantelmann, un proyecto de ley que reforma la Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, cuyo compromiso de reformar asumió el Estado de Chile en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la ocasión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que desde la entrada en vigencia de la ley en 2012 y hasta julio del 2018, “solo 319 personas han presentado denuncias por la Ley Zamudio y apenas en 90 ocasiones hubo sentencias. Más aún, solo en dos ocasiones se ha podido aplicar la agravante contemplada para los delitos motivados por discriminación. Esta bajas cifras demuestran que la ley no es usada por las personas y, más lamentable aún, cuando se utiliza en pocas ocasiones se alcanza justicia o sanciones contra los responsables”.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, añadió que el “proyecto de ley que hoy hemos presentado al Gobierno; en el marco del ASA firmado por el Estado de Chile con el Movilh y en el contexto del ataque contra la joven Carolina Torres Urbina; pretende por un lado motivar que las personas denuncien y por otro ampliar las penas contra los responsables de los abusos, sancionar la incitación al odio y generar una institucionalidad estatal que prevenga las discriminaciones arbitrarias, ayude a las víctimas y genere políticas públicas y estadísticas”.

El ministro (s) se comprometió a revisar las propuestas del Movimiento con miras a la iniciativa que el Gobierno está trabajando y que será alimentada con una consulta ciudadana sobre discriminación que el Ejecutivo aplicará durante el 2019

De igual manera se aclaró que de parte del Ejecutivo la coordinación de la reforma será asumida por el Ministerio Secretaría General de Gobierno “lo cual es una buena noticia, pues es una repartición con cercanía a los derechos LGBTI”, finalizó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

REFORMA A LEY ZAMUDIO

El proyecto de reforma a la Ley Zamudio elaborado por el Movilh con el apoyo técnico del abogado, académico, investigador y doctor en ciencia jurídica, Fernando Muñoz, contempla, entre otros puntos, los siguientes:

1.- Crea una institucionalidad antidiscriminatoria cuyos objetivos son ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Elimina del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Elimina el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorpora un artículo que obliga a indemnizar el daño moral y material causado a las personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Elimina del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invierte la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, el proyecto del Movilh cambia de la ley la frase “delitos motivado” por discriminación, por el de “delitos con presencia de elementos discriminatorios”. Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en dos ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Carolina Torres Urbina, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Discriminación, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, Óscar Rementería, Rolando Jiménez

En el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó ante la CIDH

El Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia desarrollaron hoy la Primera Mesa de Trabajo con la sociedad civil para avanzar en el cumplimiento de las medidas legislativas y de políticas públicas contempladas en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La convocatoria fue inaugurada por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren y por el subdirector de la División de Organizaciones Sociales, Sebastián Lafaurie, además de contar el espacio con la asistencia de representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina de la Diversidad de Providencia.

En la ocasión se debatió y recibieron propuestas de las organizaciones de DDHH para impulsar la adopción homoparental, reformas a la Ley Zamudio, al Acuerdo de Unión Civil y a los artículos 365 y 373 del Código Penal, así como para crear y perfeccionar políticas públicas sobre los derechos LGBTI en los campos de la educación, la salud y el trabajo, entre otros.

Las propuestas e ideas sobre estos puntos provinieron de Acción Gay, Ceres, Corporación Humanas, Fundación Iguales, OTD, Sindicato Amada Jofré, Todo Mejora, Mums y Movilh, organizaciones que coincidieron en la necesidad de avanzar lo antes posible en la plena igualdad social y legal para las familias homoparentales y para las personas con orientación sexual o identidad de género diversa

Entre otros, los colectivos LGBTI solicitaron al Ejecutivo plazos para la concreción del ASA y de las propuestas sugeridas hoy, para lo cual se espera respuesta en las próximas semanas.

Los temas concretos tratados hoy corresponden al punto III.8 del ASA aquí expuesto.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Acción Gay, Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Acuerdo de Unión Civil, Artículos 365 y 373 del Código Penal, Ceres, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corporación Humanas, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, División de Organizaciones Sociales, Fundación Iguales, Ley Zamudio, Lorena Recabarren, Ministerio de Justicia, Ministerio Secretaría General de Gobierno, MOVILH, MUMS, Oficina de la Diversidad de Providencia, OTD, Sebastián Lafaurie, Sindicato Amada Jofré, Subsecretaria de Derechos Humanos, Todo mejora