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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más(FELGTBI+) asegura que el colectivo LGTBI+ no permitirá la involución social que anuncia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, con su intención de derogar la Ley LGTBI+ y anuncia que “”nos encontrarán de frente siempre, para proteger nuestros derechos de sus ataques”.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, denuncia que el líder popular ha alegado que derogará la recientemente aprobada Ley LGTBI+ porque las hormonas las deben de poner los médicos, no un menor. Sin embargo, la ley no habla en ningún momento de hormonación sino que, “en realidad, elimina la obligatoriedad de hormonarse que Feijóo parece querer recuperar”.

“Basta ya de bulos. Ni siquiera se ha molestado en leer la ley. No les importa el contenido. Defienden el no sistemático a nuestros derechos, como todas las veces que han votado contra una ley social en España: el matrimonio igualitario, la eutanasia, el divorcio, el aborto, etc. y no les importa poner en el punto de mira a colectivos vulnerables, como están demostrando”.

“El PP  pretende quitarnos los derechos que hemos logrado con años de trabajo y lucha”

Así, Sangil recuerda que “el PP  pretende quitarnos los derechos que hemos logrado con años de trabajo y lucha. Un candidato que apuesta por retroceder, que cree en una sociedad peor, que considera a las personas trans como enfermas, no está capacitado para representar a nuestro país.”. “Feijóo ataca a las personas trans, porque somos un colectivo muy pequeño y vulnerable. Pero este odio atenta también contra los derechos del resto de personas LGTBI+ y de minorías sociales”.

“La ley LGTBI+ ha colocado a España entre los países más respetuosos con los derechos LGTBI+ a nivel internacional y eso les molesta. Ya declaró Feijoó en el Congreso que, para su partido, molestamos a la gente de bien. Defienden abiertamente un retroceso en avances sociales y no lo vamos permitir. Por eso, animamos a todas las personas aliadas a sumarse a la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ que tomará las calles el próximo 1 de julio. Para defender el derecho de todos los grupos sociales vulnerables a vivir sin miedo, en libertad y en igualdad de condiciones. Para hacer frente a las derechas que amenazan con retroceder a una España sin derechos sociales”, manifiesta Sangil.

Así, asegura que “si el PP intenta recortar nuestros derechos, como intentó con el matrimonio igualitario, desde el colectivo LGTBI+ no lo olvidamos nunca y actuaremos en consecuencia”.

NOTA. Respuesta a Feijóo

Fuente FELGTBI+

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ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

***

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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Ellos a lo suyo… fastidiar la vida de la gente:

“Dios nos ha creado hombres y mujeres, y la diferencia entre ambos es una verdad”

Critican que la norma se orienta a implantar en la sociedad “una concreta forma de entender la naturaleza del ser humano”

“El planteamiento antropológico que subyace en esta ley es contrario a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano”

“Junto con ello, la ley introduce un importante régimen sancionador, con multas de 3.001 a 30.000 euros para sus infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir subvenciones o, incluso, la inhabilitación temporal, cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante un año”

“Imploramos al Señor que nos dé fuerzas para saber discernir lo bueno de lo malo; lo que puede ayudar verdaderamente a mejorar la vida de las personas, a nivel individual y colectivo”

26.05.2022 | RD/Agencias

Fuente Religión Digital

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Trans, que reconoce la “autodeterminación de género” de forma que una persona pueda cambiar su sexo ante la administración sin necesidad de presentar ningún tipo de informe médico

La norma incluye entre otros preceptos la prohibición de las terapias de conversión, a las que la ministra Montero se ha referido como una “gravísima vulneración de los derechos humanos”

Para el portavoz de la CEE, “la ‘ley trans’ transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo”

Luis Argüello: “Desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI”

29 de junio de 2021. Marta Borraz

Tras una dura disputa en el seno del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes la ‘ley trans’ finalmente fusionada con la LGTBI. Arranca así, en plena semana del Orgullo, el trámite del proyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha tensionado a los socios del Ejecutivo durante el último año. La norma, que aún debe pasar por órganos consultivos, volver al Gobierno y de ahí pasar al Congreso antes de su aprobación definitiva, contempla la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para modificar su sexo legal en el DNI. Lo harán en base a la libre manifestación de su voluntad y reafirmarán la decisión ante el Registro Civil a los tres meses.

Esta fue la fórmula que finalmente desencalló las duras negociaciones entre el Ministerio de Igualdad, Justicia y la vicepresidencia primera del Gobierno, cuyos desencuentros han atrasado la aprobación del texto. Se une así España a un puñado de países que han despatologizado el reconocimiento de la identidad, como piden varios organismos internacionales, entre ellos Argentina y otros seis en Europa como Portugal, Malta o Dinamarca. La norma reconoce que toda persona mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo. Reforma así la ley de 2007, considerada un hito en su momento, pero que obliga a quienes lo requieran a contar con un informe que les diagnostique disforia de género y estar dos años hormonándose.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en este Orgullo LGTBI “hacemos historia” al dar lo que ha considerado “un paso de gigante en los derechos LGTBI y particularmente lo derechos de las personas trans”. La ministra ha reconocido a los colectivos LGTBI y trans que han empujado por la despatologización en las últimas décadas y ha señalado que ellos y ellas son “las protagonistas” de la ley, pero también “las mujeres feministas de este país”, ha dicho en referencia a la brecha que hay en el movimiento ante esta norma. “Es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llegarán ninguna […] Hay miles de mujeres feministas en nuestro país, entre las que me incluyo, que estamos convencidas de que siempre que se garantizan los derechos humanos hacemos una sociedad más libre”, ha manifestado.

La pugna por la legislación LGTBI, que finalmente será una sola ley como pedía el PSOE, se ha alargado en el seno de la coalición. El pasado febrero el departamento dirigido por Irene Montero presentó sendos borradores de los que al momento se desmarcó Carmen Calvo, negándose a que se llevara a cabo basándose en la “mera voluntad” de la persona y haciéndose eco de la oposición de un sector del movimiento feminista. El cambio de sexo legal ha sido el principal escollo durante estos meses: los socialistas esgrimían que permitirlo afectaba a la “seguridad jurídica” y llegaron a proponer que se hiciera mediante testigos, pero la autodeterminación era una línea roja para Igualdad y los colectivos LGTBI, que han desempeñado un papel clave y decisivo en la marcha del proceso.

Un avance “a la vanguardia” de Europa

Ninguno de los ministros –también ha comparecido el de Justicia, Juan Carlos Campo y la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero– han querido evidenciar una brecha en la coalición y han cerrado filas en admitir el texto como un avance que sitúa España “a la vanguardia” de Europa, pero la titular de Igualdad sí ha reconocido “debates profundos” y “negociaciones largas y difíciles”. Aún así, a su juicio, estas conversaciones “han dado sus frutos” y la ley “es una muestra de la fortaleza del Gobierno de coalición” y de su capacidad de “dialogar, cumplir con el acuerdo y garantizar que hacemos políticas que mejoran la vida de la gente y amplían sus posibilidades de ser felices”.

“Hoy será un día que va a ser recordado” porque la norma hará “que haya personas que puedan respirar más tranquilas”, ha dicho Campo, que se ha dedicado a explicar algunas cuestiones técnicas de la norma. El ministro ha hecho hincapié en el proceso para modificar la mención registral y ha incidido en que hacer una segunda comparecencia ante el Registro Civil a los tres meses es un mecanismo que “marca la estabilidad en la decisión”. El texto cerrado permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. También da la posibilidad de revertir el cambio a los seis meses, mediante resolución judicial.

En las últimas semanas, y ante la inminente llegada del Orgullo LGTBI, se intensificaron las negociaciones ante el temor de los socialistas de ser vetados en la fecha más simbólica para el colectivo. El PSOE presentó en 2017 una proposición de ley que estuvo a punto de aprobar el Congreso en los mismos términos del borrador de Igualdad, pero su posición ha ido cambiando desde entonces. El pasado junio, un argumentario interno era contundente contra la autodeterminación y aseguraba que carecía de “racionalidad jurídica”. Tras el acuerdo, las consignas repartidas por la dirección aceptan que el texto, que no explicita como tal el derecho a la libre autodeterminación de género, “reconoce la voluntad libremente manifestada” y señalan que el procedimiento en dos fases lo convierte en “plenamente garantista”.

Según han dado a entender tanto Campo como María Jesús Montero, este mecanismo sería el que ha conferido a la norma las “garantías jurídicas” que demandaba la parte socialista del Gobierno. “La ley establece ese derecho a la libre determinación del género, siempre desde la madurez y la estabilidad”, ha manifestado la ministra de Hacienda, en contra de lo que la vicepresidencia primera del Gobierno ha estado recalcando en las últimas semanas. Montero también ha afirmado que “la ley salvaguarda los derechos de las mujeres y reconoce los derechos de las personas LGTBI”.

El inicio del trámite de la norma ha provocado la oposición de parte del movimiento feminista, que ven en la autodeterminación de género una amenaza para las mujeres. También ha reaccionado ya el Partido Popular, para el que la ley “genera una gran inseguridad jurídica” y lamenta que “la radicalidad de Irene Montero se ha impuesto” a Carmen Calvo “y sectores feministas del PSOE”. La portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de depender “de minorías ideológicas radicales para mantenerse en La Moncloa” que “siempre consiguen imponer sus planteamientos” y de dejar “a los pies de los caballos a su propia vicepresidenta”.

La norma ha sido duramente criticada también en redes sociales por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha apuntado que “la ‘ley trans’ transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo”, informa Jesús Bastante. En opinión del obispo auxiliar de Valladolid, la futura norma “ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI”

“Un primer paso”

Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) Triángulo y Chrysallis el inicio del trámite es un “primer paso para que los derechos del colectivo comiencen su andadura”, y confían en incorporar varias cuestiones en el Congreso y el Senado. Más críticos se han mostrado otros colectivos como la Federación Plataforma Trans o la asociación de familias de menores trans Euforia, que reprochan al Gobierno que la norma se haya dejado por el camino cuestiones como la autodeterminación sin distinción de edad o a las personas no binarias.

El anteproyecto no es al final una ley integral trans, sino que este contenido es parte de una ley LGTBI en forma de capítulo específico. Aunque todas las miradas se han centrado estos meses en el cambio de sexo legal, también incorpora otras medidas. Así, incluye protocolos específicos en el ámbito de la salud para la atención a las personas trans, prohíbe las llamadas terapias de conversión, que normalmente en forma de terapias psicológicas se destinan a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, o prohíbe las cirugías por motivos no médicos a personas intersexuales.

Se pone fin además a dos discriminaciones largamente esperadas por las mujeres lesbianas y bisexuales: la derogación de la orden ministerial que aprobó el PP en 2014 y que las excluyó de las técnicas de reproducción asistida y permitir a las parejas de mujeres que puedan filiar a sus hijos e hijas en el Registro Civil sin obligación de casarse, como ocurre actualmente. Las personas trans con capacidad de gestar también serán incluidas en las técnicas de reproducción asistida.

La norma se ha reducido considerablemente respecto a los borradores elaborados por Igualdad: se han eliminado los incentivos directos a las empresas que contraten personas trans, o la inclusión de la hormonación de los menores en la cartera básica de servicios, uno de los puntos de mayor fricción. Esto implica que, como ocurría hasta ahora, ello dependa de la regulación que hagan las comunidades autónomas. En la mayoría, confirman los colectivos LGTBI, ya se puede acceder a bloqueadores hormonales al inicio de la pubertad y hormonas a partir de los 16. También ha renunciado el texto a incorporar cuestiones que afectaban a las personas no binarias que sí contemplaba Igualdad.

29.06.2021 Jesús Bastante

Adiós a las ‘terapias de conversión’ auspiciadas por destacados sectores de la Iglesia y publicitadas hasta la extenuación por el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Trans, que reconoce la “autodeterminación de género” de forma que una persona pueda cambiar su sexo ante la administración sin necesidad de presentar ningún tipo de informe médico.

Según ha informado la ministra de Igualdad, Irene Montero, la norma incluye entre otros preceptos la prohibición de las terapias de conversión, a las que se ha referido como una “gravísima vulneración de los derechos humanos”. “Son un trato inhumano y degradante, una tortura”, ha destacado

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha anunciado además el acceso a las técnicas de reproducción asistida para “personas trans con capacidad de gestar”. De esta forma, las mujeres lesbianas y bisexuales podrán acceder a este tipo de técnicas dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Críticas de los obispos

La norma ha sido duramente criticada en redes sociales por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha apuntado que “la ‘ley trans’ transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo”.

En opinión del obispo auxiliar de Valladolid, la futura norma “ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI”.

En su día, los obispos consideraron que los cursos de Reig (que fueron denunciadas ante la justicia) no son terapias reparativas, sino “de sanación espiritual”. En una nota pública, hace dos años, la CEE mostraba “su apoyo y afecto a monseñor Juan Antonio Reig Pla y a los colaboradores del Centro de Orientación Familiar (COF)” frente a “un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el ‘odio’ que se dice querer evitar o denunciar”.

De hecho, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española entonces, Luis Argüello, aprovechaba en su día para denunciar la“liturgofobia” que, en su opinión, se escondía detrás de la concentración contra las terapias restaurativas en la catedral de Alcalá, pese a que admitió que “la homosexualidad no se puede ‘curar'”, y apuntando que solo se hablaba desde “un punto de vista espiritual”. De aprobarse la ley, los obispos ya saben a lo que se enfrentan.

Fuente Religión Digital/El Diario

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Ayuso afirma que la «progresía tirana» y Ciudadanos no dejarían derogar artículos de las leyes LGTB

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció este lunes su incomodidad como política “liberal” con determinados puntos de la ley en defensa del colectivo LGTBI que impulsó el Gobierno de Cristina Cifuentes, también del PP, como la inversión de la carga de la prueba cuando se denuncie discriminación, de modo que sea el denunciado quien deba demostrar que la acusación es falsa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descarta derogar artículos de las leyes de LGTB porque la “progresía tirana” y Ciudadanos no lo permitirían y, por tanto, no hay mayoría suficiente para poder hacerlo. “Olvídate”, respondió Díaz Ayuso durante una entrevista en Es Radio, cuando el entrevistador, Federico Jiménez Losantos, le preguntó si cambiaría la ley. “Es difícil que se cambie”, admitió la presidenta sobre una de las exigencias iniciales de Vox para apoyar su investidura, a la que finalmente renunció el partido de extrema derecha. “No tenemos mayoría”, recordó Díaz Ayuso, que depende de los votos de Cs y Vox.

La dirigente regional ha declarado que esas normativas, aprobadas bajo el mandato de la ex presidenta Cristina Cifuentes, tenían “una filosofía de partida que no era negativa” pero por el camino “se fueron imponiendo los colectivos que siempre politizan absolutamente todo”. “Cuando estos colectivos se hicieron tan fuertes en estas leyes lo que consiguieron es hacer un flaco favor porque ahora muchas familias a su vez lo sienten como una agresión, y eso es lógico”.

Díaz Ayuso cree que la “progresía tirana” ha ganado la batalla del relato sobre las leyes LGTB, aunque entiende que haya familias que se puedan preocupar por cómo “se han cocinado” dichas normativas y que las sientan como “una agresión”.

“Está todo tan politizado, está todo tan en los extremos, Cs no lo querría nunca”, añadió sobre su socio de Gobierno. Y remató: “Si yo hablo de modificar puntos, porque no es muy liberal lo de la inversión de la carga de la prueba, ya te llevan al extremo de que eres un homófobo. Y pasa con el aborto, y pasa con la eutanasia…, son señuelos que nos van poniendo. La izquierda cada vez se va convirtiendo más en tirana en España”.

No obstante, Ayuso ha asegurado que para que estas asociaciones den estas charlas en los colegios de la Comunidad de Madrid tienen que solicitarlo, que aceptarlo el colegio y también cada padre. Además, cada vez que los alumnos están en ellas también hay un profesor presente. La presidenta madrileña ha admitido que “depende” de la charla en cuestión para que le gusten personalmente y que se lo pensaría antes de llevar a sus hijos a las mismas. En su opinión, lo importante es poder elegir. “Ya se han dado casos de colegios que no han permitido a las asociaciones entrar a dar estas charlas y que tuvieron toda la campaña de la izquierda mediática en contra. La Comunidad se puso de parte de estos colegios y no entraron las asociaciones. Eso es real. Por eso no hay quejas“, ha concluido.

Ignacio Aguado, de Cs, su socio gubernamental, ofreció una visión muy diferente, recordando, además, que es portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que por lo tanto hablaba como tal. “En el acuerdo de Gobierno no hay ningún punto que hable de derogar leyes, y menos la LGTBI, que salió por unanimidad”, contrapuso el vicepresidente regional.

“El PP votó a favor, y por tanto no entiendo que ahora se quieran dar pasos atrás”, añadió sobre una votación de la que se ausentaron diputados populares. ( David Pérez, destacado por su animosidad contra el colectivo LGTB en su labor como alcalde de Alcorcón. Fue uno de los dos diputados que se ausentaron de la votación de la ley contra la LGTBfobia de Madrid, que fue respaldada por la unanimidad de todos los presentes). Y finalizó: “Desde luego, no está en la agenda política de este Gobierno. Y en el ámbito de partido, no votaremos a favor de ninguna modificación o recorte que suponga dar pasos atrás en materia de derechos civiles o libertades individuales”.

Fuente Agencias

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