El Ministerio de Igualdad pretende llevar al Consejo de Ministros la Ley LGTBI antes del verano. Así lo ha asegurado Irene Montero en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Congreso, celebrada este lunes. La ministra ha definido esta norma integral, que establece medidas en todos los ámbitos, como “fundamental” para terminar “con la discriminación y el estigma” al que se enfrentan las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.

Esta primera ley LGTBI estatal forma parte del acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos y pretende establecer un marco de medidas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. La norma ya tuvo su recorrido en el Congreso la pasada legislatura, donde inició su trámite parlamentario con la abstención del PP. La norma, ha asegurado Montero, será una normativa que “garantice la igualdad” y que termine con los desequilibrios que actualmente existen entre comunidades autónomas, pues dependiendo de si han aprobado leyes LGTBI propias, sus ciudadanos tienen más o menos derechos.

En la práctica, esto implica la reforma de la Ley de Identidad de Género de 2007, en base a la cual las personas trans todavía deben cumplir determinados requisitos médicos para poder cambiar su nombre y sexo legal en sus documentos oficiales: haberse hormonado durante un mínimo de dos años y contar con un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género. Acabar con estos condicionantes es el objetivo de esta reforma, que ya fue debatida y casi aprobada en el Congreso en la pasada legislatura a raíz de una proposición de ley presentada por el PSOE. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance cuando ya se disolvían las Cortes…

En este sentido, la ministra ha recordado que su ministerio cuenta con una dirección específica para tratar este tema y ha insistido en que la discriminación por orientación sexual e identidad de género “está enquistada en la sociedad” porque el colectivo LGTBI “sigue sufriendo violencia en todos los ámbitos”. “Hay que acabar con la discriminación y el estigma que históricamente ha sufrido”, ha zanjado. En este sentido, ha puesto como ejemplo los delitos de odio y el acoso en las aulas por este motivo o la situación de exclusión laboral que sufren las mujeres trans que les “aboca a una situación de extrema vulnerabilidad”.

Montero ha explicado también parte de los contenidos de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha confirmado que irá al Consejo de Ministros el próximo 3 de marzo. Un proyecto que equipara a las víctimas de violencia sexual a las de género, acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual y establece un abanico de medidas de prevención, atención y reparación. Entre ellas, una red de centros de crisis 24 horas, concebidos para atender en momentos de emergencia, y que Montero ha calificado de “esencial para la recuperación de las víctimas”.

Al hilo de ello, ha marcado como prioridad el reconocimiento de las violencias machistas como tal más allá de las que se dan en el seno de la pareja o expareja. Ello, frente a la “existencia de un retroceso discursivo y práctico en materia de derechos humanos que afecta especialmente a las mujeres”, ha esgrimido sin nombrar a Vox. En esta ampliación del concepto de violencia machista, el ministerio “está trabajando” para afinar los indicadores y obtener “datos más precisos”, es decir, que aglutinen cifras de otros tipos de violencia como las agresiones sexuales.

En este sentido, Montero se ha comprometido a “acompañar y garantizar los derechos” de todas las mujeres que sufren violencia, independientemente de que denuncien o no, y en ello se centrará la próxima Conferencia Sectorial del Ministerio de Igualdad, que se celebrará en marzo. La reunión sentará las bases para que la llamada acreditación de las víctimas, es decir, su reconocimiento oficial para acceder a determinados derechos, deje de depender de que acudan al sistema judicial, sino que sirva con informes médicos, de Servicios Sociales o de recursos especializados.

Esta medida está contenida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sobre el que ha apuntado a una “mejora” de los mecanismos de coordinación y de “seguimiento de los proyectos” ejecutados con cargo a este acuerdo.

Tras el inicio del trámite de la Ley de Libertad Sexual, el Ministerio de Igualdad “iniciará los trabajos” para la elaboración de la Ley Integral contra la Trata, que también forma parte del acuerdo de Gobierno. A este respecto, la ministra ha querido pronunciarse sobre la prostitución y el debate que mantiene el feminismo a este respecto asegurando que “a este Ministerio y a esta ministra le gustaría abolir la prostitución” y apelando al mismo tiempo a que este debate “no nos divida y separe” porque “hay compañeras feministas que no lo son [abolicionistas], pero con las que comparto camino, lucha y objetivos”.

Respecto a la gestación subrogada, la titular de Igualdad se ha mostrado contundente contra lo que ha llamado una forma de “explotación reproductiva de las mujeres” y ha señalado que el ministerio estudiará “las medidas que permitan frenarla”, entre ellas, lo relativo a la publicidad de una actividad que “en España no es legal”, ha dicho sin aportar más detalles pero refiriéndose a las agencias intermediarias que ofrecen en nuestro país el acceso a vientres de alquiler en otros en los que esta práctica sí está permitida.

Fuente El Diario