La proposición de Ley de Supresión de la Sodomía de California, que pretendía castigar las relaciones homosexuales con la pena de muerte, ha sido vetada por un juez del Tribunal Superior de California, que la ha considerado inconstitucional. Con la aplicación de esta sentencia, la proposición de ley no podrá ser sometida a referéndum, que era el propósito de su redactor. La Fiscalía de California ha expresado su satisfacción por el fallo del tribunal, considerando que la proposición era “un producto de la intolerancia que persigue promover la violencia”.

El pasado 26 de febrero se presentaba en la oficina de la Fiscalía General de California una proposición legislativa denominada Ley de Supresión de la Sodomía, firmada por el abogado californiano Matthew G. McLaughlin, residente en el condado de Orange. La proposición, que pretendía ser sometida a referéndum, establecía una reforma del Código Penal para castigar las prácticas homosexuales con la pena de muerte por fusilamiento, basándose en un mandato de “Dios todopoderoso”. Además, inspirándose sin duda en este aspecto en la legislación homófoba vigente en Rusia, también establecía fuertes sanciones para lo que denominaba “propaganda sodomítica”, que sería castigada con multas de un millón dólares, diez años de prisión o el exilio a perpetuidad.

Para poder ser sometida a consulta popular, la proposición de ley debía ser apoyada con las firmas de 365.000 ciudadanos de California, tal como establece la normativa californiana respecto a las iniciativas legislativas populares, número que parecía harto improbable de alcanzar. Sin embargo, el mero hecho de que una propuesta con un contenido semejante tuviera que ser considerada y admitida a trámite indignó a propios y extraños, entre ellos a los grupos de defensa de los derechos LGTB, que urgieron a la Fiscalía del estado a que tomase cartas en el asunto.

La fiscal general de California, Kama D. Harris, declaró en aquel momento que tomaría las medidas legalmente a su alcance para que la proposición de ley no continuara su trámite, aunque no tenía atribuciones propias para poder impedir que un proyecto de ley popular se tramitase. Por ello hubo de recurrir a presentar, el pasado mes de marzo, una demanda ante un tribunal superior con el objetivo de bloquear la iniciativa. La Asamblea de California, por su parte, iniciaba la semana del Orgullo aprobando este pasado lunes 22 una moción de condena de la proposición de ley, que obtuvo el apoyo de los dos grandes partidos.

El juicio se desarrolló sin que el ponente de la ley hiciera acto de presencia ni prestara alegación alguna ante el tribunal, por lo que la sentencia se falló en rebeldía. Según el dictamen del juez del Tribunal Superior de California Raymond M. Cadei, la proposición es “manifiestamente inconstitucional”, a lo que añadía que “cualquier disposición, instancia oficial o sumario sobre la Ley por parte de la Fiscalía General sería inadecuado, un derroche de los recursos públicos, generaría una división innecesaria entre la población y tendería a confundir a los votantes”, por lo que ha decretado su veto para que no pueda continuar su trámite.

La fiscal Harris ha expresado su satisfacción por el fallo del tribunal, pues considera que “esta proposición de ley es un producto de la intolerancia que persigue promover la violencia, es manifiestamente inconstitucional y no tiene cabida en una sociedad civil”. Según la fiscal, “mi oficina continuará luchando por los derechos de todos los californianos, para que vivan libres de odio y de intolerancia”.

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