La demanda alega que la “prohibición general” de la prisión sobre la cirugía de afirmación de género viola la constitución y ha causado graves daños al recluso.

Una mujer transgénero que ha sido encarcelada en una prisión para hombres en Georgia ha presentado una demanda contra el Departamento Correccional del estado (GDC) junto con dos de sus contratistas médicos con fines de lucro por negarle atención de afirmación de género.

La denuncia, presentada el 6 de diciembre e identifica a la mujer como “Jane Doe”, alega que el GDC se ha negado a tratar “su severa y abrumadora disforia de género”. Citando la “prohibición general” del departamento sobre la cirugía de afirmación de género, la denuncia dice que la falta de acceso a esta atención llevó a Doe a continuar “sufriendo síntomas catastróficos de disforia de género”.

Según la demanda, Doe, de 55 años, se ha identificado como mujer desde la primera infancia y comenzó a vivir públicamente como mujer alrededor de 1988. Encarcelada en 1992, ha estado recluida en la prisión estatal de Phillips desde abril de 2022. Ha sido diagnosticada con disforia de género por múltiples profesionales médicos en las instalaciones en las que se encuentra alojada desde 1993.

Comenzó a recibir terapia de reemplazo hormonal (TRH) en 2015, pero se le negó el acceso a elementos que ayudarían en su transición social. La denuncia alega que el personal de GDC confiscó ropa que Doe confeccionó para parecer más femenina y se afeitó la cabeza cuando su cabello comenzó a crecer.

Dos médicos que tratan a Doe han sugerido que se beneficiaría de una cirugía de afirmación de género. “Pero incluso con estas dos recomendaciones, los administradores responsables de la atención de la Sra. Doe—el MHM (que brinda atención de salud mental a las prisiones), Wellpath (que brinda atención de salud mental y médica a las prisiones) y los demandados de GDC nombrados en este caso— impidió que la Sra. Doe accediera a la cirugía que necesitaba debido a la inconstitucional prohibición general de la GDC sobre la cirugía de afirmación de género”, afirma la demanda.

Como resultado, Doe intentó suicidarse en 2017. Luego, en 2019, una empleada de Wellpath interrumpió su tratamiento de TRH, citando “riesgos para la salud (incluida su edad, riesgo de coagulación sanguínea y riesgo de accidente cerebrovascular)”. Como resultado, mientras experimentaba “angustia fisiológica”, Doe fue puesta en régimen de aislamiento por haber sido agredida sexualmente en 2018. Intentó suicidarse nuevamente en diciembre de 2019.

Debido al empeoramiento de su disforia de género, ha seguido experimentando ideas suicidas y se ha autolesionado gravemente. Ha permanecido recluida en régimen de aislamiento y en julio de 2022 intentó autocastrarse.

“La prohibición general de GDC causó angustia a la Sra. Doe por no someterse a las cirugías y, por lo tanto, provocó que se autolesionara. La prohibición general de GDC le causó a la señora Doe un inmenso dolor y sufrimiento”, alega la denuncia.

En 2022, dos psiquiatras adicionales empleados por MHM recomendaron una cirugía de afirmación de género para Doe. Se le sigue negando tratamiento, así como otros elementos simples de afirmación de género. En julio de 2023, la Dra. Latonya James, directora médica de la prisión estatal de Phillips y empleada de Wellpath, le dijo a Doe que “GDC nunca realizaría esas cirugías, por lo que los abogados tendrán que discutirlo”.

La demanda de Doe acusa a GDC y sus contratistas de violar la Octava Enmienda, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación de 1973. Ella solicita una indemnización por daños y perjuicios y también ha solicitado una orden judicial preliminar que exige a GDC que le proporcione el tratamiento necesario de afirmación de género y artículos y trasladarla a una prisión de mujeres.

En un comunicado de prensa de esta semana, el abogado de Doe, Scott Novak, dijo que “la prohibición general de realizar cirugías de afirmación de género viola no sólo la propia política de GDC, sino también las normas médicas básicas y la Constitución de los Estados Unidos”.

Fuente LGBTQNation

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Definitivamente Trump pasará a la historia, pero por ser el ejemplo claro de lo que nunca debería suceder.

Donald Trump firma una orden ejecutiva que supone la revocación de tres órdenes emitidas por Barack Obama, permitiendo a las empresas y contratistas federales la discriminación contra los miembros del colectivo LGBT.

A pesar de que se presentara en campaña como el primer candidato republicano a favor de los derechos de los homosexuales, la comunidad LGBT siempre se ha mostrado recelosa con las intenciones de Donald Trump, incluso cuando desde su administración se empeñaban en asegurar que no tenía ninguna intención de revocar la Ley de Igualdad de Barack Obama en el momento en que desaparecía la más mínima alusión del colectivo en la página de la Casa Blanca. Unas intenciones que se venían abajo en el momento en que revocaba la directiva sobre los cuartos de baño que protegía a los menores de edad, lo que lleva a Log Cabin a retirarle su apoyo, que no va a recuperar con la firma este lunes, 27 de marzo, de una orden ejecutiva que permite a las empresas y contratistas federales la discriminación contra los miembros del colectivo LGBT.

Se trata de una orden que revoca tres órdenes emitidas por Obama, entre ellas la Orden Ejecutiva 13673, también conocida como «Orden de Salario Justo y Espacios de Trabajo Seguros», firmada en 2014, mediante la que los contratistas federales tenían que demostrar que habían cumplido por al menos tres años con las leyes federales que prohiben la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y los estereotipos sexuales. Tampoco tendrán que probar que han cumplido la denominada Ley de Americanos Discapacitados, lo que incluye a las personas con VIH, la Ley de Rehabilitación, la Ley de Permiso Médico y Familiar o el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral basada en el género que el gobierno de Obama había establecido que incluyera igualmente la orientación sexual y la identidad de género.

Las 14 leyes y reglamentos federales afectados por la nueva orden ejecutiva de Trump también incluyen la orden ejecutiva 11246, firmada en 1965 por el Presidente Johnson que prohibía la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad de origen. Cuatro años después el presidente Nixon implementa esta orden prohibiendo la discriminación basada en la edad y la discapacidad, a la que, en 1998, el presidente Clinton agrega la orientación sexual, y e 2014, Obama incluye también la identidad de género.

«Esta administración hace que sea extremadamente difícil cumplir estas leyes federales tal y como se aplican a los contratistas federales (…). Está enviando a estas compañías el mensaje de que al gobierno federal sencillamente no le importa si violan o no esta ley», aseguran desde Lambda Legal, explicando que desde su organización seguirán luchando para asegurarse de que los contratistas y empresarios entiendan su obligación de evitar la discriminación animando a cualquier persona que se sienta discriminada a contactar con su organización. «Esta administración está invitando a las empresas a violar las leyes de igualdad de sueldo y salario justo, ignorar las leyes que se refieren al permiso médico y familiar, o convertir en blando de discriminación a los trabajadores en función de sus raza, sexo, identidad de género, disconformidad de sexualidad (incluyendo ser gay o lesbiana), discapacidad (Incluyendo VIH), y muchos otros motivos. Todas estas cosas violan la ley. Las empresas que se burlan de la ley debe ser demandadas, no invitadas a conseguir nuestros impuestos».

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Barack Obama, Donald Trump, Ley de Derechos Civiles, Ley de Igualdad, Ley de Permiso Médico y Familiar, Ley de Rehabilitación, Orden de Salario Justo y Espacios de Trabajo Seguros