La ley antigay de Hungría prohíbe la entrada a menores de 18 años a la exposición World Press Photo por imágenes LGBTQ+ y el Director del Museo Nacional de Hungría es despedido por la exposición
Víktor Orban
Los líderes europeos de derecha, como el húngaro Viktor Orbán, han utilizado la retórica anti-LGBTQ+ para alimentar su base política.
A los menores de 18 años se les prohibió asistir a la exposición World Press Photo en Budapest, Hungría, porque algunas imágenes contenían personas LGBTQ+.
La exposición anual, que muestra “el mejor y más importante fotoperiodismo y fotografía documental del [pasado] año”, se celebró en el Museo Nacional de Hungría entre el 22 de septiembre y el 5 de noviembre.
La asistencia de menores fue prohibida porque la exhibición incluía un conjunto de imágenes de la fotoperiodista filipina Hannah Reyes Morales.
Sus cinco fotografías, tituladas Home for the Golden Gays, representan una comunidad de personas mayores LGBTQ+ de Filipinas, que han vivido juntas durante décadas y se cuidan mutuamente a medida que crecen, organizando espectáculos y concursos para llegar a fin de mes.
En respuesta a las fotografías, la política húngara Dóra Dúró, miembro del partido político nacionalista de derecha Jobbik, presentó una denuncia ante el Ministerio de Cultura y se descubrió que las imágenes violaban la Ley de Protección Infantil de 2021, que criminaliza la discusión sobre Personas LGBTQ+ en las escuelas y en los medios.
Joumana El Zein Khoury, director ejecutivo de World Press Photo, expresó su sorpresa y preocupación por el hecho de que a los jóvenes no se les permitiera ver la serie de fotografías “tan positivas, tan inclusivas”.
“El hecho de que haya acceso limitado para cierto tipo de audiencia es algo que nos impactó terriblemente”, dijo. “Es alucinante que sea esta imagen específica, esta historia específica, y es alucinante que esté sucediendo en Europa“.
El galardonado fotógrafo Tamas Revesz, que ha organizado exposiciones en Hungría durante más de 30 años y anteriormente fue miembro del jurado de World Press Photo, dijo que las imágenes de la guerra en Ucrania son “mil veces más serias e impactantes” que las imágenes LGBTQ+.
Como consecuencia, el director del Museo Nacional de Hungría en Budapest ha sido despedido después de permitir la entrada de visitantes menores de 18 años a la exposición LGBTQ+. El lunes (6 de noviembre), el ministro de Cultura e Innovación afirmó que el director del museo, Lazlo Simon, no cumplió con las “obligaciones legales de la institución” con la exposición al supuestamente permitir que menores de 18 años vieran la exposición, una afirmación que Simon ha negado.
Esa prohibición fue citada por el partido político de extrema derecha Mi Hazank, quien exigió una investigación gubernamental sobre la exposición. Después de una investigación gubernamental sobre el funcionamiento de la exposición, el Museo Nacional argumentó que no tenían derecho a identificar a los visitantes, pero que habían dejado claro que los menores de 18 años no debían visitar la exposición a través de mensajes en su sitio web y en la exposición. entrada.
Simon reconoció su despido en una publicación en las redes sociales, pero insiste en que no violó ninguna ley intencionalmente. En una publicación en Facebook, escribió: “Como padre y abuelo de cuatro hijos, rechazo firmemente la idea de que nuestros hijos deban estar protegidos de mí o de la institución que dirijo”.
El director ejecutivo de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, también reaccionó ante el despido de Simon, diciendo que estaban “conmocionados” por la decisión y señalando que era la primera vez que una exposición de World Press Photo había sido censurada en Europa. “Esta serie de fotografías es un registro reflexivo y honesto de las vidas de una comunidad de personas mayores LGBTQ+ en Filipinas”, dijo, según la BBC.
Al comentar sobre las restricciones a la exposición, antes de que se anunciara el despido de Simon, la fotógrafa Hannah Reyes Morales dijo a AP News que estaba “más que entristecida. Lo que es perjudicial es limitar la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ y su derecho a existir y a ser vista”.
Esta última medida anti-LGBTQ+ llega pocos meses después de que las autoridades húngaras aplicaran la misma ley para multar a un librero con miles de dólares por vender copias de la novela gráfica. Detiene el corazón sin envolverlo en una funda de plástico.
El gobierno de derecha de Hungría, encabezado por el primer ministro Viktor Orbán, ha estado reprimiendo a la comunidad LGBTQ+ en el país durante los últimos años. Viktor Orban ha utilizado durante mucho tiempo su cargo para promover los llamados “valores familiares tradicionales” y despojar abiertamente de los derechos LGBTQ+. “El Parlamento Europeo y la Comisión Europea quieren que permitamos que activistas LGBTQ entren en nuestras guarderías y escuelas primarias”, dijo sobre la prohibición poco después de su aprobación. “Por mucho que lo intenten, no permitiremos que haya activistas LGBT+ entre nuestros niños en las escuelas infantiles y primarias”.
En 2020, los políticos votaron para poner fin al reconocimiento legal de las personas trans y cambiaron su definición de género para que signifique únicamente “sexo biológico basado en las características sexuales primarias y los cromosomas”, lo que imposibilita que las personas realicen una transición legal.
A continuación, la nación introdujo la Ley de Protección Infantil y, en septiembre, la presidenta Katalin Novák utilizó su plataforma en la Asamblea General de la ONU para atacar la retórica “antifamilia”.
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El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.
Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.
Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.
Y no olvidemos queen abril de este mismo año, el ultraderechista Orbán aprobó una ley que permite las denuncias anónimas contra familias homosexuales. El Parlamento de Hungría aprobó una ley que permite a cualquier ciudadano denunciar de manera anónima a las parejas homosexuales que tengan hijos a su cargo, en línea con los límites promovidos por el Gobierno del ultraderechista Primer Ministro Viktor Orbán a la comunidad LGTBI en aras de la protección de la infancia.
El texto, avalado por los diputados, autoriza que los ciudadanos puedan alertar las autoridades de aquellos comportamientos que supuestamente violen “el papel del matrimonio y la familia reconocido en la Constitución” y que no tengan en cuenta los derechos de los niños a identificarse “con el sexo de nacimiento”, según Bloomberg.
El Gobierno también ha tomado medidas para limitar contenidos o alusiones a la comunidad LGTBI en las escuelas, argumentando que corresponde a las familias decidir la educación de sus hijos. Sin embargo, sus políticas han generado dudas entre organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, así como en la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario ha llevado a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la controvertida ley contra la pedofilia y la protección del menor, bajo la premisa de que es discriminatoria y atenta contra los derechos del colectivo LGTBI.
Fuente PinkNews/Cristianos Gays
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