Cuatro adolescentes trans presentaron un recurso de amparo contra el DNU de Milei que prohíbe el tratamiento hormonal en menores de edad.

Fuente Agencia Presentes

26 de febrero de 2025
Maby Sosa
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

Cuatro adolescentes trans de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, presentaron un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 donde se restringe el acceso a terapias de hormonización. También la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentaron una acción ante la justicia federal e invitan a niñeces, adolescencias y familias en riesgo a tomar contacto para recibir asesoramiento legal. En las provincias, Tucumán ya presentó dos acciones legales a través de Fundación MujeresxMujeres y Trans-formando familias.

Una de las acciones tuvo lugar el martes 18 de febrero cuando cuatro adolescentes pidieron una medida cautelar para continuar con sus tratamientos. Destacaron que buscaban también evitar los graves perjuicios que su interrupción abrupta podría causar en su desarrollo y bienestar. El amparo tiene el impulso del Frente Nacional Orgullo y Lucha, el patrocinio jurídico del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el apoyo técnico de la experta en derechos de infancia y género Marisa Herrera.

La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre.

“Deben continuar con su tratamiento”

Organizaciones de salud, como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron que la interrupción abrupta en las terapias hormonales en adolescentes trans puede generar consecuencias tanto físicas como psicológicas. Mencionan entre ellas depresión severa, angustia y aumento del riesgo de suicidio.

“Es nuestro deber como Sociedad Científica encargada del cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes de toda la Argentina informar a la sociedad en su conjunto que desde los equipos de salud no se realizan hormonizaciones ni cirugías en la infancia. Durante esta etapa se realiza un acompañamiento médico pediátrico, social y psicológico”, expresó la SAP en un comunicado que se adjuntó a la medida cautelar. “Las intervenciones médicas farmacológicas, en el caso de ser necesarias sólo pueden realizarse una vez iniciada la pubertad, bajo estándares científicos y principios éticos. Del total de los casos asistidos, solo una proporción menor necesita tratamiento farmacológico. Consideramos que esta población debe continuar su tratamiento”, agregaron.

Con respecto a la importancia que tuvo la Ley 26.743 de Identidad de Género, resaltaron el avance en términos de salud que implicó el reconocimiento de las identidades trans. “Estudios científicos han mostrado que la falta de acceso a la salud integral aumenta la prevalencia de depresión, ansiedad e intentos de suicidio. En contraste, el acceso a tratamientos adecuados respaldados por equipos interdisciplinarios especializados mejora significativamente la calidad de vida y el bienestar”, sumaron desde la sociedad de profesionales.

Un decreto ilegal

El DNU 62/2025 además de intervenir en forma anómala en la Ley de Identidad de Género que garantiza el acceso a terapias hormonales en base al principio de autonomía progresiva también contradice el Código Civil y Comercial de la Nación. Allí se reconoce el derecho de los y las adolescentes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo en cuestiones de salud.

El abogado patrocinante, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que el DNU 62/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable porque “no cumple con los requisitos de habilitación para su dictado previstos por la constitución argentina”. Y destaca que, además, el decreto “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, conculca el derecho a la identidad de género, el derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos respecto de un grupo de personas vulnerables que tienen una protección especial de la constitución y los derechos humanos.”

Acerca de la acción de amparo presentada el 18 de febrero, expresó: “espero que, ante un caso tan concreto, tan evidente, la justicia responda de manera célere para garantizar dichos derechos y el plan de vida a adolescentes que, en este momento, debido a este decreto, están sufriendo mucho.”

“Esperemos que el Poder Judicial sepa escuchar”

La abogada e investigadora del Conicet Marisa Herrera expresó que la presentación que realizaron los cuatro adolescentes “sintetiza la puesta en práctica del verdadero interés superior del niño”. Herrera elaboró un informe técnico que respalda el amparo.

Dijo a Presentes que también en el ámbito profesional surge la pregunta respecto a si los médicos pueden o no recetar. “Desde el punto estrictamente jurídico, el decreto lo prohíbe y se encuentra vigente hasta que no se decrete su inconstitucionalidad”, aclaró. “Algunos profesionales han decidido no suspender los tratamientos en curso por las implicancias a la salud física y psíquica que trae consigo una interrupción brusca. Pero también decidieron no comenzar nuevos tratamientos, con las consecuencias negativas que se deriva de ello”.

Destaca que las consecuencias son más grandes tratándose de adolescentes, en especial, tratándose de adolescentes trans.

Herrera explicó, “esta acción pretende, entre otras tantas cosas, lograr un verdadero acto de reparación como lo sería conseguir que la autoridad judicial declare la inconstitucionalidad del Decreto 62/2025”. Y agrega, “celebramos que, en esta oportunidad, el nefasto decreto mencionado sea defendido en primera persona. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, o sea, que sepa escuchar”.

Una medida contra los derechos humanos

Desde 100% Diversidad y Derechos junto a la,,expresaron que el decreto de Javier Milei es un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y que si no se declara inconstitucional, “abre la puerta a nuevas restricciones que podrían afectar otros derechos fundamentales, debilitando el marco de protección jurídica en Argentina.”

En ese sentido, Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, expresó que: “confiamos en que el derecho de vivir y decidir libremente sobre el propio cuerpo será respetado para las personas trans. El decreto es una medida arbitraria y una intromisión del estado en las decisiones de las personas trans menores de edad y de sus familias, que sólo buscan vivir sus vidas en paz”.

Como integrante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Valeria Pavan advirtió que “en el pasado la imposibilidad de las personas trans de acceder a terapias de hormonización e intervenciones quirúrgicas provocó que para intentar acceder a cambios corporales se recurra a la inyección de silicona liquida que ha provocado graves daños a la salud y contribuido a una esperanza de vida disminuida de las personas travestis y trans”.

La Agrupación de Familias de Niñes y Adolescentes TTNB Munay representada por Natalia Bertazzoli expresó que esperan una respuesta favorable al pedido de los adolescentes. “No podemos retroceder en materia de derechos humanos, y no vamos a permitir que se les arrebate la posibilidad del acceso a la salud y al trato digno”.

Más acciones 

Apenas se dio a conocer el DNU, dos organizaciones de Tucumán presentaron un amparo contra el Estado para que se anule el decreto de Javier Milei. Se trata de la Fundación Mujeres x Mujeres y Transformando familias. Ambas llevan un intenso trabajo en acompañamiento de salud integral para personas trans.

También la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), representada por su presidenta, María Rachid, junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentaron ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, dictado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esa acción judicial lleva también el patrocinio del letrado Andrés Gil Domínguez, la abogada Flavia Massenzio y el abogado Martín Muñoz. Busca que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto.

«Esta prohibición absoluta no solo vulnera la autonomía progresiva y la igualdad ante la ley, sino que además genera consecuencias gravísimas en la salud de las personas trans adolescentes. Suspender tratamientos en curso puede provocar daños irreversibles en la salud física, mientras que impedir el acceso a quienes aún no han iniciado el proceso le expone a un grave deterioro de su salud mental», expresó Rachid en el comunicado sobre la presentación judicial. Además, la organización convoca a todas las niñeces, adolescencias y familias en riesgo por esta medida discriminatoria, a tomar contacto a los fines de recibir asesoramiento legal.

El 11 de febrero en Diputados se comenzó a debatir las diversas posturas respecto al DNU para lograr el rechazo de la Cámara Baja. También ILGA, la organización más grande de la diversidad sexual en el mundo, repudió la modificación de la Ley de Identidad de Género, pidió la derogación del decreto e instó a organismos e instituciones que se posicionen al respecto.

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Para las personas trans en América Latina tener más de 40 años es ser una sobreviviente. Desde hace una décadas, adultas mayores travestis y trans de Argentina se organizaron para reclamar por una ley de reparación histórica que contemple las violencias estatales que han sufrido a lo largo de los años, además de tejer redes en las que construyen memoria y resistencias cotidianas.

Fuente Agencia Presentes
17 de febrero de 2025<
Lucas Gutiérrez
Muriel BruschiEuge AzarAriel Gutraich
Alejo Sol
Edición: Ana Fornaro

– Ustedes nos pegaron, violaron y asesinaron, ¿qué más quieren?– le grita Patricia Rivas a unos cien policías acorazados detrás de cascos y escudos.

Es 24 de mayo de 2024, la tarde está helada y la Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno, está rodeada de uniformados para impedir que la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti circule por la calle hasta el Congreso de la Nación, donde espera un escenario. El Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei publicó un protocolo que sólo permite manifestarse por la vereda, sin cortar el tránsito, además de habilitar varios mecanismos para criminalizar la protesta.

Patricia tiene el pelo rubio platinado vaporoso y avanza con tacos plateados, cubierta de un saco negro por el que asoma un gran escote. Tiene 58 años, es alta y robusta, parece fuerte pero guarda en el cuerpo  y la memoria las cicatrices del odio y la violencia de las fuerzas de seguridad. Ella forma parte de Históricas Argentinas, una organización de trans adultas mayores que se reconocen como víctimas del terrorismo de Estado y de múltiples violencias institucionales en democracia. Son sobrevivientes y exigen ser oídas.

Patricia enfrenta a policías acorazados en la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

A las trans mayores las acompañan activistas de derechos humanos y de la diversidad. Hay infancias y adolescencias trans, personas no binarias, lesbianas, maricas y mucha familia elegida. Frente al despliegue policial desproporcionado con armas largas y motos que rugen, el grito fue uno solo:

– ¡No tenemos miedo!

La violencia institucional es una herida histórica en los colectivos travestis y trans. Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), las personas de la diversidad sexual, y con especial saña las travestis y trans, fueron perseguidas y encarceladas por su identidad. Pero para ellas los calabozos continuaron bien entrada la democracia, por la criminalización presente en los edictos policiales de varias provincias que habilitaba la caza de “los travestidos” en las calles. Estos edictos estuvieron vigentes hasta 1998 en Ciudad de Buenos Aires y hasta una década después en Provincia de Buenos Aires y otras provincias. Las personas trans y travestis suelen decir que para ellas la democracia comenzó recién 2012, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género. 

Hace una década comenzó la militancia por una ley de reparación histórica para las trans y travestis sobrevivientes y también el pedido de una pensión graciable. 

Para eso se formaron distintos grupos: Además de Las Históricas Argentinas, existe el el Archivo de la Memoria Trans Argentina, un proyecto artístico y político de recuperación histórica que dio la vuelta al mundo y ha sido replicado en varios países. 

Además de la reparación históricas, estos colectivos exigen que se cumpla el derecho a recibir salud integral para una vejez digna. Pero los proyectos de ley siguen durmiendo en los cajones del Congreso mientras van perdiendo estado parlamentario.

Marlene Wayar es activista, escritora, psicóloga social, egresada de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y comunicadora. En un programa de radio, ella explica:

Marlene Wayar y Patricia Rivas enfrentan a policias que reprimen la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti

– Lo que queremos es que esta sociedad se sienta a discutir y reconozca que tenemos un promedio de vida de 32 años mientras, el de las personas cis es de 76 y subiendo y que esto constituye un genocidio. Después podemos ver los puntos de la ley, pero esto es mucho más complejo que una una mísera jubilación. Como dice Wanda, el Estado en algún momento tiene que reconocer todo lo que nos ha sacado, nos ha sacado la vida.

Actualmente en Argentina solo la provincia de Santa Fe tiene una Ley de Reparación. Es un logro y un antecedente, pero las voluntades políticas actuales no abren diálogos nuevos. Este 1 de noviembre organizaciones como Futuro Trans y el Archivo, en compañía del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un amparo para que el Estado les reconozca su derecho a la seguridad social. “Buscamos también que se reconozca y repare la violencia institucional que sufrió la población travesti y trans desde la recuperación de la democracia hasta el presente”, explica Marlene.

Las marcas de la dictadura

“La reparación histórica consta de dos pasos: uno es que el Gobierno salga el balcón y reconozca todo el maltrato que hubo hacia las personas trans, y lo segundo es un resarcimiento económico que no sea una jubilación mínima, a nosotras nos tienen que resarcir por la vida que nos hicieron pasar”, dice Patricia un domingo por tarde, meses después de aquella Marcha por la Reparación donde la policía amenazó y reprimió.

Estamos en la terraza de su amiga Eugenia, en el partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, cerca de su casa. Su voz es el relato que entre carcajadas y angustias recompone esa memoria histórica que desde hace un tiempo decidió recuperar para seguir reclamando.

Patricia en su casa. Foto: Euge Azar

– En un tiempo me puse en pareja, fui peluquera y todo ese pasado lo sepulté. Al volver a hacer activismo volví a padecer y a tener las pesadillas de las persecuciones, de cuando corría con mis amigas escapando de la policía y que una caiga muerta atropellada por los autos. Es horrible vivir todo eso de vuelta.

Patricia también recuerda los ruidos, las voces, y estar detenida y vendada en la Comisaría de Tigre, provincia de Buenos Aires. “Esa que ahora tiene una placa conmemorativa que dice que ahí hubo un centro de detención durante la dictadura”, agrega.

En 1981, cuando tenía 14 años, estuvo secuestrada allí.

– Fueron cinco días pero para mí fue una eternidad. Estuve vendada y lo que se escuchaba eran las puertas, los ruidos de una puerta pesada que abrían y te agarraban. Me llevaban a otro lugar y me hacían la tortura en la que me metían la cabeza bajo el agua. A veces te apuntaban y gatillaban. Otras veces era violarte mientras me decían: ‘¿te gusta ser puto?’. Siempre eran dos y cuando el primero terminaba de violarme yo caía desvanecida al piso, y ahí me daba el otro.

En abril de 2023, por primera vez en la historia, un juicio de lesa humanidad tuvo como voces fundamentales a un grupo de mujeres trans víctimas de la dictadura.

Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra González, Analia Velázquez y Marcela contaron lo que vivieron en el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante el terrorismo de Estado.

Marcela Viegas declaró con un collar de cadenas gruesas, pulseras y una boina. Frente a ella la mesa estaba cubierta por la bandera del Archivo de la Memoria Travesti Trans Argentina. Allí contó que cuando estaba por cumplir 15 años fue secuestrada en Camino de Cintura, provincia de Buenos Aires y torturada sistemáticamente.

Me ponían una capucha. No sé adónde iba. Teníamos una venda y yo podía espiar por abajo. Me tiraban en una cama. Me ataban. Y me ponían 220 (volts de electricidad)” contó en su declaración.

Y agregó: “Es una hijaputez que nos pongan prostitución y vagancia. Yo iba a trabajar todas las noches porque por ser travesti no me iba a dar trabajo nadie” .

En marzo de 2024 los jueces condenaron a los represores a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Por primera vez en la historia argentina personal militar fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual y reducción a la servidumbre a personas del colectivo travesti trans.

De las sobrevivientes no todas pudieron tener acceso a los documentos que registran esas detenciones. A veces ni siquiera las anotaban, o las ponían con nombres distintos. Para ellas también era muy difícil acercarse a una comisaría a preguntar por alguna compañera, primero porque podían quedar detenidas ellas y después porque, ¿por quién preguntaban? La astucia travesti y el humor como músculo que ayuda a sobrevivir hicieron que en “la zona” estén todas con sus nombres elegidos, los de fantasía y los apodos que eran mezcla de amor y picanteada.

Pero nada de eso las detenía, si una estaba presa, las demás encontraban la manera de hacerle llegar “el bagayo”, así le decían al envío de cosas fundamentales para los días que faltasen.

Patricia sabía que al ser detenida no tenía que firmar lo que le daban sino que debía encontrar las maneras de negociar. A la hora de firmar, tenía que poner: “apelo señor juez”. “Me das asco, me haces perder el tiempo, no quiero verte más acá o nunca más vas a ver la sol“, le dijo el juez en esos años.

Memoria trans

Pasaron cuatro meses de la Segunda Marcha por la Reparación y sobre Avenida de Mayo la puerta de un edificio de estilo francés conduce al Archivo de la Memoria Trans. En este lugar, además del trabajo de archivo y edición hay un espacio de serigrafía, una librería con títulos LGBT+ y una sala de estar dónde las chicas tienen reuniones, hacen terapia y ahora entre facturas, café y mates dan entrevistas. A veces acá o en otros espacios invitan a más sobrevivientes adultas para compartir recuerdos, charlas y ver las necesidades de cada una.

En el Archivo, unas 20 adultas mayores buscan y reúnen fotos, cartas y artículos de prensa que arman la memoria travesti trans de un país que las quiso y quiere invisibilizar. Con todo esto arman muestras, souvenirs, libros y crónicas que luego venden para vivir y hacer sobrevivir esa memoria travesti colectiva. Ellas espantan las miradas de condescendencia y traen a la luz las vidas trans con todos sus matices, colores, injusticias, amores, celebraciones y vínculos.

Michelle, Carola, Sonia, Marcela y Teté, del Archivo Argentino de la Memoria Trans Foto: Muriel Bruschi

Sus vidas y biografías recorren muchos espacios contando lo que han vivido.

A sus 59 años, Wanda Sánchez comparte las violencias estructurales de muchas personas travestis y trans de su generación.

– Vi morir a tantas compañeras, recordar el montón que éramos. Yo sobreviví a todas ellas, a todo lo que nos pasó. Me tuve que ir de mi casa a los 13 años para empezar a ser yo, ahí no podía.

En ese deambular comenzó a ser detenida por la policía y un periplo por juzgados de menores, institutos y hasta una clínica psiquiátrica. “Allí una mujer santa, una médica me dijo que no estaba mal ser homosexual, que quien necesitaba cambiar era mi madre”. Allí se tendió un puente entre ella y su madre, aunque duró poco porque a los meses su mamá falleció.

En la clínica cumplió 18 y cuando salió ya era democracia en Argentina pero su calvario no se terminó.

– Me han llevado presa por existir. Me han ido a buscar a mi casa para llevarme detenida. A vece terminaba en la comisaría con las bolsas del mercado porque recién había salido de comprar y me detenían.

Es su voz pero es la historia de muchas, de tantas.

En una mesa, bolsas de tela y remeras con imágenes sacadas de fotos, frases que alguna compañera gritó en una marcha o en una persecución y ahora se convirtieron en proclama conviven con libros de editoriales amigas y los de producción propia. El primer libro editado por el Archivo de la Memoria Trans está agotado pero otros siguen disponibles y se pueden comprar en su página web: ‘Nuestros Códigos’; “Si te viera tu madre”, sobre la vida de la activista trans y una de las fundadoras del espacio, Claudia Pía Baudracco; y el más reciente: ‘Kumas’, una palabra que significa “amigas, compañeras, hermanas” proveniente del carrilche, ese lenguaje travesti que en la década del ‘40 nació para permitirles comunicarse entre ellas y sobrevivir a la policía y los ataques.

Mónica tiene 71 años Foto: Muriel Bruschi

Mónica, de 71 años, cuenta que a ella la ayuda mucho tener casa propia. La construyó con el dinero que le daba la prostitución. “Yo no derrochaba nada”, dice.  A diferencia de la mayoría, tiene una familia que la apoya, pero este lugar compartido es el que la “saca del pozo de depresión, por estar con todas y no pensar tanto”.

A ella también le decían “la gringa”. Su relato en el libro “Kumas” está atravesado por historias familiares, de amistades pero también de detención y tortura. Pero además de los relatos de violencias sobreviven las noches de brillos y diversión: los carnavales, los shows en bares.

Conocer a estas mujeres permite hilvanar la historia argentina completa.

Teté tiene 60 años, luce su delantal blanco impecable con el que cumple tareas de archivista. Tiene el pelo corto y canoso y una voz firme que no oculta la tristeza. No se quiebra, transmite la seguridad de saber quién es y fue.

– Era una situación fea, porque a mí con 13, 14 años me gustaba salir porque siempre fue muy independiente, y que te llevaran presa, que te sienten en un patrullero y te paseen para que todo el pueblo te vea, que vos era maricón.

Teté lee un fragmento del libro Kumas:

Nació en un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe y en sus palabras se difuminan los límites entre la dictadura y la democracia. En ese momento ella se juntaba con amigos más grandes, pero a ellos también los perseguía la justicia.

– Un juez llamó al tribunal a ese chico gay y le dijo que si se seguía juntando conmigo lo iban a detener porque por corrupción de menores. Así perdí amistades.

Todo ese contexto de discriminación hizo que tampoco pudiera terminar sus estudios: “Fue muy difícil terminar el colegio primario. El último año fue séptimo grado y fue una cuestión de supervivencia”.

Teté Foto: Muriel Bruschi

Recién en 2013 pudo retomar sus estudios secundarios para culminarlos en 2016. Y siguió. Logró hacer dos años de la carrera de Psicología Social en la escuela de Psicología Social de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Luché mucho para conseguir trabajo”, explica.

En el año 2000 se acercó a militar en la organización política Movimiento Evita y desde 2008 trabaja en el Hospital Público Provincial Magdalena V. de Martínez, en Pacheco. Comenzó haciendo limpiezas y ahora se desempeña en el área administrativa.

Desde 1992 está en pareja y desde 2018 trabaja en el Archivo.

– Este es mi espacio, es mi lugar, el que elegiría siempre. Más allá de que yo tengo a mi familia que me acompaña y a mi pareja, esto es otra cosa. Acá estamos entre pares. Podemos tener diferencias, nos divertimos, la pasamos bien, levanta el ánimo. A mí me llena el alma, la verdad es un espacio que yo elegiría siempre para estar es este lugar.

Lo dice en voz alta pero también lo cuenta con cada gesto de complicidad y cada risa. Están en la mesa y las reúne el contar anécdotas, alegrías, carnavales y un adn travesti trans infinito. Una cadena de palabras, herramientas, referentes, conceptos y orgullos que trascienden las décadas y geografías.

“Nunca pensé que a la edad que tengo algún día iba a poder contar mi historia”, dice Carola.

El 29 de septiembre Carolina “Carola” Figueredo cumplió 62 años, casi el doble del promedio de edad que vive una persona trans. Ahora ella está sentada junto a su compañera del Archivo de la Memoria Trans, Marcela Navarro, en la biblioteca de la Alianza Francesa de Buenos Aires. El espacio es inmenso, está lleno de libros, es la biblioteca francófona más grande de Latinoamérica pero lo que no está ahí es lo que ellas van a presentar en este encuentro: los libros del Archivo con sus historias, contadas por ellas mismas, con sus vidas y las de quienes ya no están.

Carola Figueredo Foto: Muriel Bruschi

“Yo lo único que escuchaba eran siempre reproches. Nos juzgaba todo el mundo, nos condenaban, pero nunca nos daban la oportunidad de expresar quiénes realmente éramos. Nunca se nos entendió”, explica Carola, y en sus palabras la curva deriva en orgullo al explicar cómo el Archivo se instaló como ese proyecto de redención dónde pudieron tomar la palabra y visibilizarse.

– Este espacio fue una segunda oportunidad. Acá nos volvimos a encontrar todas pero en un momento y una situación diferente, ahora éramos libres porque a partir del 2012 obtuvimos la Ley de Identidad de Género. Nunca pensé que iba a tener esa libertad de poder contar mi historia, que todo el mundo te escuche, que te presten atención, y eso te hace sentir importante”, va decir frente a una audiencia que escucha, pregunta, lagrimea y sonríe. Su cuerpo parece frágil, a veces parece tímida, y en un momento, de repente, se le suelta la biografía y empieza a tejer en el aire relatos que deberían estar en todos los libros de educación nacional, su historia también es la historia de un colectivo.

A su lado Marcela irradia la presencia de una directora de escuela. Su pelo negro hacia con una cola hacia arriba parece coronarla como el casquete de una vedette. Ella hablará de todos los procesos que se realizan en el Archivo, le va pedir más testimonios a Carola y trata de manera maternal.

‘Ésta se fue, a ésta la mataron, ésta murió’ se llamó la primera muestra del Archivo realizada en 2017 que se pudo ver en el Centro Cultural Haroldo Conti de Buenos Aires, dentro del predio de la Ex Esma. En este ex centro de detención clandestina ellas lograron hacer de sus recuerdos un manifiesto. Esa vez no entraron forzadas sino siendo ellas la fuerza y resistencia. Tiene una voz pausada y muy presente, con ella explica: “recibo el material y lo voy separando: vida cotidiana, trabajo sexual, carnavales”, y cuenta cómo va uniendo las conversaciones y reconstruyendo las historias. Además de fotos hay cartas, documentos, tarjetas, volantes y “muchos tickets de avión y viajes”, y no es que ellas se daban la gran vida, esos vuelos se traducen en exilios, escapar para sobrevivir.

– Completo las planillas y anoto el año y nombre de las compañeras de las fotos. Si está fallecida tratamos de buscar a otra que pueda ayudarnos a armar su historia; después de eso me encargo yo misma de escribir su propia biografía. Cuando la compañera aún vive trato de ubicarla para que nos cuente su propia historia”, sigue Marcela. Del otro lado de la gente hay una mesa con algunos de los libros y objetos que producen.

Necesitamos traVajo

“Tenemos vida para tirar, pero necesitamos un trabajo. Necesitamos algo para poder vivir, para poder seguirla”, explican las integrantes del Archivo. Sonia Torrese comparte su historia y explica que estuvo “rodando por todos lados, donde pude, como una golondrina”.  Ella también es una de esas hijas expulsadas del hogar familiar por ser trans. Hoy a sus 64 años volvió a esa casa pero para cuidar a sus padres. “Mi hermana y mi hermano no me aceptaban. Tenían mucha vergüenza de mí”.

Los rulos rubios de Sonia le enmarcan las palabras que con timidez aparecen para retratarla. Cuando dice que antes era “muy cerrada, muy burra”, las compañeras la frenan y le recuerdan que ella es la que mejor memoria tiene. Si alguien ve un rostro en una foto y no se acuerda quién es la respuesta seguro la tiene Sonia.

Como es enfermera explica que un vecino le pidió que fuera al geriátrico dónde estaba su madre para hacerle curaciones. Las primeras veces no hubo problema, pero luego las enfermeras le contaron al dueño del lugar que ella era una persona trans: “Automáticamente me cerraron las puertas, me echaron”. Esto pasó hace aproximadamente siete años, en un país con Ley de Identidad de Género y sin edictos policiales.

Actualmente algunas cobran una jubilación o pensión, muy pocas. Y como eso tampoco alcanza tienen otros trabajos y buscan ayuda en los espacios disponibles. Wanda cuenta que tiene una pensión, a eso le suma el Archivo, los sábados trabaja en la Biblioteca Claudia Pía Baudracco y retira mercadería donde le den. La mayoría comenta situaciones similares. En ese momento todas se largan a hablar al mismo tiempo pero todas dicen lo mismo, nombran alguna compañera y cuentan su desesperación por no tener ingresos.

“Sandra tiene casi 70 años y sigue ejerciendo la prostitución. Es una pena que a su edad tenga que estar parada en una esquina”, dicen sobre otra compañera que tampoco tiene ningún tipo de reconocimiento del Estado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INDEC), el 80% de las personas travestis y trans está vinculada a la prostitución. Y sólo el 32% terminó estudios secundarios, según una investigación de las organización ATTTA y Fundación Huesped.

Para paliar esta brecha, en Argentina se aprobó en 2021 la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans Lohana Berkis – Diana Sacayán. Esta norma establece la contratación de personas trans en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 %, además de medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral tanto en el sector público como en el privado. Pero la llegada del nuevo gobierno frenó los avances de esta ley incluso sumando personas trans a las cifras del desempleo.

Manifestación frente al Congreso argentino por una ley de Cupo Laboral Travesti Trans Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans lleva el nombre de las dos activistas históricas que la impulsaron y es sólo un primer paso. Hoy no se aplica, además de que corre peligro la ley.

 El cupo laboral trans lamentablemente no es para las compañeras de cincuenta años”, explica Teté. “Con esta edad no te quieren para nada, y menos a nosotras”, dice haciendo intersección entre ser adulta mayor y trans.

El cielo bonaerense de la tarde tiene de estrella a Patricia. Toma mate y comparte un bizcochuelo con amigas.

– Tengo una pensión por discapacidad, que actualmente es mi única entrada porque yo tengo problemas con la silicona que me aplique hace años. Me debilitó los huesos, la cadera, por ejemplo, me comió el cartílago que une el fémur con la cabeza de la cadera y ahí se metió la silicona, también en la columna. Siento un ardor constante en la espalda y en la altura de los riñones”, cuenta.

La aplicación de silicona industrial es una práctica bastante frecuente entre las personas trans que no pueden recurrir a implantes. Esta no es una cuestión de vanidad sino una construcción identitaria, es parecerse más a quien una es. Pero al estar excluidas de los ámbitos laborales y de salud terminan recurriendo a estas opciones nada seguras y con grandes consecuencias a largo plazo.

 En Argentina, el informe “Condiciones Sociosanitarias de Personas Trans” publicado en 2019 por Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el 83% de las feminidades trans modificó su cuerpo para adecuarlo a su identidad de género autopercibida. La mitad de ellas se inyectaron materiales en el cuerpo: 66% silicona líquida y 17%, de aceite de avión.

“Hace poquito este año murió una amiga mía, como Silvina Luna, porque la silicona te estropea los riñones”, continúa Patricia, citando el caso de la modelo y conductora que trajo a los medios el debate del metacrilato y la silicona líquida.  La diferencia es que a las compañeras travestis y trans no las debate ni recuerdan de esta manera, solo entre ellas lo hacen.

Madres, Abuelas y Tías

En las marchas muchas veces hay un cartel que dice: “Madres de la Plaza, las travas las abrazan”. Esa frase también es grito cuando marchan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, esas mujeres que aún hoy con sus más de 80 y hasta 90 años, siguen activando por los Derechos Humanos reclamando por sus hijos desaparecidos y nietos apropiados de la última dictadura militar. Las personas travestis y trans saben lo que es marchar para exigir que se cumplan estos y por el derecho a la identidad.

“Memoria, verdad y justicia”, es la frase que reclama por las violaciones de derechos humanos en la dictadura argentina.  Las travestis arman memoria al encontrarse, buscar las fotos y vidas de compañeras, y hacerlas circular. Pero también verdad al poner las historias en su propia voz. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? El tiempo en que la justicia, el Estado y la sociedad se demoran en responder y accionar no alcanza para cuidar a las personas trans adultas mayores que han sobrevivido. Ellas recorren programas de radio, televisión, podcast, libros, revistas y encuentros. Lo hacen para encontrarse, mantener viva esta voz, pero también para que toda la sociedad acompañe su reclamo.

Michelle se vino a Buenos Aires desde Rosario, provincia de Santa Fe, porque en su casa de allá estaba sola, acá encontró una familia. “Yo pensaba que iba a morirme a los 52”, dice y todas la preguntan por qué, “porque a esa edad murió mi mamá”. Y al hablar sus uñas largas parecen dirigir la batuta de sus palabras. Cuesta imaginarla triste, porque ahora sonríe y es parte de esta mesa de compañeras travestis y trans.

“En la quiniela el 52 es la madre”, dice una de las chicas, y todo tiene un aire de revelación y charla de café. La de los 52 años era la madre de nacimiento de Michelle, porque en la vida LGBT+ cuando dicen que hay una familia elegida los títulos ganados son reales. Marcela tiene mucho aire de madre. “Le digo vení a casa y trae las fotos que tengas, después vino al archivo, empezó a trabajar y se ganó su lugar”, explica con orgullo. Ahora viven juntas pero separadas, ¿cómo es eso? y “es que vive en la casa de un amigo gay que esta enfrente de mi casa, pero también en la mía”, y el tema del orden y hacer la cama y todos esos cotidianos que crean la vida en familia.

“Las tías”, como muches les dicen, son muy queridas. Sea en un evento o juntada, si una de ellas se pone a contar algo, las juventudes se calman y se dejan llevar por sus voces. “A mí en lo personal lo que me llama es el afecto, el respeto, que te brindan. Es lo que menos teníamos antes. Hay respeto y amor, yo soy muy sensible. A mí me mostrás, cariño y yo te voy a dar cariño, me mostrás agresión y es lo que viví toda mi vida”, cuenta Carola con los ojos siempre emocionados y agradecidos. Pero al amor que las rodea lo debe acompañar un Estado presente.

Mucho más que un nombre

Esa segunda marcha por el pedido de reparación, la de mayo, luego de recorrer toda la Avenida de Mayo, terminó con un festival de música y discursos frente al Congreso Nacional. Al look escotado de taco plateado quebrado por los empujones policiales Patricia ahora le sumó unas antiparras de natación por si en la represión decidían arrojar gases. Las juventudes LGBTNBQ+ que están ahí también se llevan una lección de lucha y resistencia, de lo que ellas gritan: ¡Furia travesti!. En organizaciones, archivos, familias elegidas y más espacios de adultas siempre hay juventudes de la diversidad trabajando en temas urgentes que van desde la logística y el registro, hasta acompañar a algunas de las “tías”. A veces es escucharlas, otras ayudarla a hacer un trámite, pero el entretejido generacional confecciona una red amorosa que de nuevo desafía todo terror. Antes que termine la marcha Patricia les va dejar una postal de lucha, mira a le fotógrafe Valen Iricibar y le muestra las tremendas tetas cargadas de historia. Lo hace con el cordón policial detrás suyo.

Activistas leen discursos frente al Congreso al final de la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti Foto: Ariel Gutraich Agencia Presentes

Un par de meses después, cuando la entrevista parece haber terminado y en esa terraza de San Fernando mientras todo se está acomodando para cerrar el día Patricia, Pato, la tía Pato increpa:

–  ¿No me preguntas el nombre completo?

En ese momento todas las maneras de llamarla dan paso a lo que hoy, 12 años después de aprobada la Ley de Identidad de Género: “Patricia Alexandra Rivas”. El pecho se le infla de orgullo, los ojos le brillan más fuerte, y el dije de corazón que tiene alrededor del cuello le parece latir. No es solo un nombre, es parte fundamental de la biografía de un colectivo.

Para las personas trans en América Latina tener más de 40 años es ser una sobreviviente. Desde hace una décadas, adultas mayores travestis y trans de Argentina se organizaron para reclamar por una ley de reparación histórica que contemple las violencias estatales que han sufrido a lo largo de los años, además de tejer redes en las que construyen memoria y resistencias cotidianas.

*Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la tercera edición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. El periodista Cristhian Matamoros del staff de Criterio.hn formó parte de este proyecto.

Conoce el proyecto y más historias en https://cambialahistoria.com

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ILGA, la organización más grande de la diversidad sexual en el mundo, repudió la modificación de la Ley de Identidad de Género. Pide la derogación del decreto e insta a organismos e instituciones que se posicionen.

Fuente Agencia Presentes

10 de febrero de 2025

Edición: María Eugenia Ludueña

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) e ILGA Mundo repudiaron al Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de identidad de Género. A través de una declaración conjunta, explicaron que ese decreto “impone graves restricciones al derecho a la identidad de género de las personas trans y no binarias, en particular de jóvenes”. Además dijo que el otro decreto (61/2025) publicado en el Boletín Oficial en el mismo día, que condiciona la identidad de género de las personas privadas de libertad, “vulnera la dignidad de las personas trans privadas de libertad”, resaltando que ambos se realizaron días después de una enorme marcha del Orgullo antifascista.

Foto: Marcha del Orgullo antifascista frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Fot: Ariel Gutrach/Archivo Presentes

ILGA, la organización de la diversidad sexual más grande del mundo, reconoce el carácter progresista en materia de derechos humanos que significó la Ley de Identidad de Género de Argentina. Es “la primera en el mundo que permite el cambio de nombre y marcador de género bajo estándares de autoidentificación y el derecho a la salud integral”, expresó. Y denunció que la modificación de la Ley de Identidad de Género “representa un retroceso alarmante en materia de derechos humanos y un ataque directo a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la propia Ley de Identidad de Género 26.743, reconocida a nivel mundial como un modelo de avanzada”.

Expertes legales explicaron a Presentes que esos decretos, como también dice la Declaración de ILGA e ILGALAC, “no cumplen con la Constitución”. Y señala que las organizaciones en Argentina denuncian que entre la quita de políticas nacionales de prevención, cierre de instituciones claves y avianca de discursos de odio en boca del Estado nacional, configuran un escenario donde “han aumentado los casos de violencia por prejuicio” y “empeorado las condiciones de vida de la comunidad LGBTI”.

“Ignora la evidencia científica y expone a la juventud trans”

La organización que lleva un mapeo de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en el mundo, afirma que “la restricción impuesta a les jóvenes trans para acceder a tratamientos médicos esenciales ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. Además de desconocer la autonomía progresiva de les jóvenes, el decreto “expone a la juventud trans a mayores niveles de vulnerabilidad, sufrimiento psicosocial y riesgo de prácticas médicas clandestinas y no reguladas”.

Sobre el decreto que reglamenta el alojamiento de personas trans en cárceles, dice que promueve la estigmatización y criminalización de la diversidad, al basarse en un caso aislado para justificar medidas regresivas que atentan contra la seguridad y los derechos fundamentales de la población trans privada de libertad.

“Abuso de poder y golpe a la institucionalidad”

Para ILGA, esta regresión ejecutada a través de un decreto es “un abuso del poder ejecutivo y un golpe a la institucionalidad democrática”. El posicionamiento de la organización que nuclea a cientos de agrupaciones insta a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y al sistema interamericano de protección de los derechos humanos a “pronunciarse enérgicamente contra estos decretos y a exigir su inmediata derogación”.

También hace un llamamiento al Congreso a rechazar estos decretos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “para que asuma su responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales y garantice la plena vigencia de la Ley de Identidad de Género en su redacción original”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también había opinado en el mismo sentido, pidiendo la intervención del máximo órgano del Poder Judicial.

“No  toleraremos la normalización de discursos y políticas de odio que ponen en peligro la vida y dignidad de las personas trans. Seguiremos firmes en la lucha por la igualdad y la justicia, y acompañaremos todas las acciones legales y de incidencia necesarias para frenar esta embestida autoritaria. Las vidas trans no se negocian. Los derechos conquistados no se retroceden”, dice la declaración.

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Diputados de los bloques no oficialistas y activistas LGBT participaron del debate contra las modificaciones en la Ley de Identidad de Género, convocado por la Comisión de Género y Diversidad. Piden anular los decretos.

Fuente Agencia Presentes

12 de febrero de 2025
Maby Sosa

“Evidentemente la finalidad de los DNUs es la discriminación y una exclusión de nuestro colectivo”, dijo con emoción Cristina Montserrat Hendrikse en el anexo de Diputados. Allí se realizó el martes 11 por la tarde, la reunión convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidad que preside Mónica Macha.

Fueron alrededor de cuatro horas de exposición de la que participaron más de 100 activistas, referentes y actores sociales de la diversidad sexual, y diputados de todos los bloques, excepto de La Libertad Avanza. El pedido fue contundente: impulsar la nulidad de los decretos firmados por el presidente Javier Milei que modifican la Ley de Identidad de Género.

Un encuentro para varias voces

En la apertura del encuentro, Macha expresó: “El mileismo plantea que no se quiere meter con lo que cada uno hace en la cama, pero sí en la vida pública. Un retroceso social aberrante. Lo que queremos es que cada persona pueda vivir con dignidad y con libertad, construyendo su propia felicidad, en la cama, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde sea”.

Por su parte, el diputado Esteban Paulon, vicepresidente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, destacó la presencia de diputados de los diferentes bloques que integran la cámara baja. También agregó, “el mecanismo que intenta impulsar este gobierno es que tengamos miedo, miedo de ser, de salir, de opinar, de disentir. El que disiente, sale, opina se lo disciplina. Se lo manda a la guillotina. Nosotros no vamos a aceptar ninguna guillotina social ni que nos quieran mandar a encerrar entre cuatro paredes”.

Durante el extenso encuentro, Macha destacó que la reunión es el marco en el que puede funcionar la comisión. “Este es un poder del Estado que tiene que ver con el parlamento, con las voces, con poder escucharnos, es parte esencial de esta tarea. Si cambia absolutamente no porque hay una instancia con el Ejecutivo, creo que cada compañero, compañera, compañere que toma palabra responde a distintas invitaciones de todos los diputados. Hay una articulación específica del Congreso y la última instancia institucional nacional que queda para poder hablar de temas de mujeres y diversidad y para poder hablar de los derechos que están en riesgo.”

“Un DNU se adueñó de nuestros cuerpos”

“Con una mentira salvaje y cruel se borró la tarea de muchas y muchos profesionales que trabajamos en salud trans”, dijo Adrián Helien, fundador y jefe de Salud Transgénero del Hospital Durand (primer equipo que atiende Salud trans en Argentina y Latinoamérica). Destacó que hay también mucho miedo en el ámbito laboral médico por el vacío legal que existe en lo que respecta a la Ley de Identidad de Género.

Respecto del decreto presidencial que afecta a los tratamientos para transicionar expresó: “hay un DNU que se adueñó de los cuerpos, las identidades y también se adueña de un saber médico. El DNU está basado en un estudio que nunca pudimos ver. No existe evidencia. Los equipos no fuimos consultados”. Agregó, “hemos decidido continuar con la atención. Hay un principio en la medicina que es no abandonar a quienes nos consultan y la otra es no dañar”.

También tomó la palabra Cristina Monserrat Hendrikse, abogada, militante trans, funcionaria del fuero del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Foro Argentino contra la Transfobia. “Haciendo uso de una herramienta excepcional como lo son los DNUs se modifica una ley debatida, consultada entre muchos representantes del pueblo (…) Evidentemente la finalidad de los DNUs es la discriminación y una exclusión de nuestro colectivo”, dijo Montserrat Hendricse.

“Quieren fundar derechos en la biología que a veces no coincide con los lazos de amor. Soy mamá trans, soy mamá adoptiva, tengo una hija adoptiva, no biológica, va contra la biología ¿no es mi hija? ¿van a hacer un decreto para que no sea mi hija porque no es mi hija biológica? No sé qué van a hacer los legisladores con estos DNUs. Quiero decirles que hagan lo que hagan la biología va a seguir pariendo trans”.

En su exposición, Gabriela Mansilla de la Asociación Civil Infancias libres y mamá de Luana, sostuvo: “No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar (…) Estamos reclamando derechos, derechos humanos”. Además, señaló el miedo que hay entre las niñeces trans de salir a la calle.

“Ni olvido ni perdón al desmantelamiento del hospital Bonaparte”

“Lo que hace el gobierno es desinformar. Quiero llamar a todes les profesionales de la salud, no solo a quienes atendemos a personas de la comunidad LGBTIQ+ sino también a las personas que tienen información y saberes importante que salgamos a ponerla en la mesa. Este gobierno nos pone una problemática que no teníamos”, dijo Noelia Tuliano, trabajadora médica generalista e integrante del equipo de salud integral del Hospital Bonaparte.

“Va más allá del ataque a las niñeces. Utilizan conceptos y excepciones para aplicarlos a la regla y la desinformación es un monstruo gigante. Es momento de salir a hablar de lo que está sucediendo”.

Tuliano denunció que no pueden atender la hormonización “con las consecuentes tragedias que trae a la salud no sólo física sino mental”. “El gobierno dice que le importan las niñeces y adolescencias, entonces que explique por qué hay un 65% de infancias en la pobreza, que no comen todos los días. El gobierno niega el patriarcado, pero Argentina ocupa el puesto número 50 en lo que es violencia sexual contra niñeces y adolescencias. El ministerio de Justicia entre 2017 y 2022 informó que hubo 14.424 casos de abusos y casi el 60% son niñeces. El 80% de los agresores están dentro de la familia. Estas consultas llegan al Hospital Laura Bonaparte donde hoy 106 se han quedado sin tratamiento por los más de 200 despidos en el hospital. El 80% de demanda espontanea son por abusos sexual en las niñeces”, destacó.

Y agregó que el gobierno estigmatiza las identidades trans y la Ley de Identidad de Género “cuando el 47% de las infancias trans han manifestado sentimientos de muerte o deseos de morir; el 64% de las adolescencias trans han manifestado sentimientos de muerte o deseos de morir; en los consultorios de salud el 80% de infancias y adolescencias trans reconocieron que no recibieron las respuestas que esperaban, por eso es importante el Hospital Bonaparte. En el dispositivo de salud integral y salud en las niñeces nos quedamos sin atención, han desmantelado el dispositivo y el hospital. El hospital hoy no funciona porque ellos mismos lo vaciaron”, continuó la profesional y agregó: “ni olvido ni perdón al desmantelamiento del hospital Bonaparte.

Lxs jóvenxs

La voz que no podía faltar era, por supuesto, la de las adolescencias trans que estuvieron presentes.

“No podemos estar tranquiles por el miedo a lo que nos puedan decir o hacer. Es importante que no se nos deje de hablar de lo esencial de las leyes que nos protegen”, dijo Manuel Sinde de El Teje. “Todas las personas que salen a hablar mal de nosotres, que dicen que nos obligan a ser trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans. Que nunca se tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron un lugar y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio. Queremos que se nos escuche”.

También aclararon que los dichos del presidente “son prácticas que no existen ni se hacen en ninguna parte del mundo. Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías. Somos mucho más”.

Por su parte, Cecilia Turquet, directora de Protección de Derechos de la secretaría de Género de La Matanza, compartió su intervención con dos adolescentes trans que contaron su experiencia. “Soy un chico trans de 15 años y estoy siendo afectado por el DNU decretado por el actual presidente de la nación. Yo, antes de mi transición me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi gusto o el hecho de menstruar y gracias al amor de mi familia y mis pares pude sentirme libre. La libertad no viene del odio, la libertad viene del amor. Nunca me sentí muy cómodo con ser una chica. Mis padres me ayudaron, me acompañaron y estudiaron mucho para acompañarme. Nunca dudé que soy Matías.”

Por su parte, Lautaro varón trans de 17 años dijo. “Soy un varón trans en la calle y todo el tiempo. No hay un momento en el día en que deje de serlo y no me refiero al rol de género, me refiero a mi identidad. No elegí ser trans, elegí aceptar lo que sentía y lo que estaba pasando en mi vida”, dijo.

Hablar de política

La voz que inició el encuentro fue la de Dora Barrancos quien habló en líneas generales de las políticas que tiene la nueva derecha en el mundo. “Estamos muy decididas, decididos, decidides a exponer hasta nuestra última gota de sudor para defender la dignidad humana en su cauce más elemental en la integridad sexogenérica. No vamos a renunciar porque en eso se nos va la vida. No metan a la naturaleza y la biología como parámetro moral”.

“Nuevamente tener que estar acá sentadas dando explicaciones es desgastante”, expresó Florencia Guimaraes, integrante de Furia Trava, asociación Civil La Casa de Lohana y Diana y Frente Orgullo y Lucha quién se refirió específicamente a la Ley de Cupo Laboral Travesti y Trans. “Estamos ante un gobierno que viene en línea con los discursos internacionales, es un gobierno cipayo, pero particularmente preocupa la vida de las mujeres travestis y trans. Sube un gobierno como éste y tenemos que estar con miedo porque los discursos de odio se materializan en nuestras vidas”.

Florencia Guimaraes junto a Mónica Macha.

También fue parte del encuentro Ese Montenegro, de Columna Mostri una de las organizaciones que participó de la masiva convocatoria a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista.

“Queremos aprovechar este encuentro para unas demandas que queremos traer a esta casa. Una de ellas es que los DNUs 61 y 62 del 2025 tienen infinidad de problemas formales porque implican en una regresión en los derechos humanos, es violatorio a una infinidad de pactos, convenciones, declaraciones y principios internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Pero venimos a preguntar por qué razón la Bicameral permanente no ha llamado a una reunión para rechazar esos decretos que están destruyendo la vida de travestis y trans a lo largo de todo el país”, expresó.

Montenegro, durante su intervención, convocó a marcha el 8 de marzo en Día de las Mujeres Trabajadoras y a la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Contra los decretos

En las cuatro horas de debate, se reclamó por la falta de reacción de los legisladores a la hora de repudiar los dos decretos que modifican dos artículos fundamentales de la Ley de Identidad de Género.

Una de quienes demandó fue la militante trans Marlene Wayar. “¿Para qué estamos acá? ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Qué les van a exigir a sus partidos para que no nos vuelvan a dejar tiradas?”, preguntó Wayar.

Las demandas de les activistas, alrededor de 40, fue que se impulse desde Diputados la anulación de los dos decretos.

¿Quiénes participaron?

Del encuentro participaron los diputados Mónica Macha, Germán Martínez, Paula Penacca, Magalí Mastaler, Brenda Vargas, Ana María Ianni, Esteban Paulón, Maxi Ferraro, Sabrina Selva, Carla Carrizo, Marcela Coli, Hugo Yasky, Varinia Marín, Carolina Yutrovic, Gabriela Estevez, María Sotolano, Natalia Sarapura, Vanina Biassi, Nicolás Del Caño y Cristian Castillo.

También estuvieron presentes las organizaciones Frente Orgullo y Lucha, FALGTB, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), SIGLA (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina), Furia Trava, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas, Asociación Civil Agrupación Munay, Foro Argentino Contra la Transfobia (FACT), Juventud Movimiento Travesti Trans Argentina, Asociación civil infancias libres, Pan y Rosas, El Teje – Adolescencias Trans, ATE, Frente Renovador Diversidad, UCR Diversidad, Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones y activistas.

La nota fue publicada en Tiempo Argentino.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adrián Helien, Ana María Ianni, Argentina, Asociación Civil Agrupación Munay, Asociación Civil “Infancias Libres”, Asociación de Travestis, ATE, Brenda Vargas, Carla Carrizo, Carolina Yutrovic, Columna Mostri, Comisión de Mujeres y Diversidad, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Congreso de los Diputados, Cristian Castillo, Cristina Montserrat Hendrikse, DNU, El Teje – Adolescencias Trans, Ese Montenegro, Esteban Paulón, FALGTB, Foro Argentino contra la Transfobia, Foro Argentino Contra la Transfobia (FACT), Frente Orgullo y Lucha, Frente Renovador Diversidad, Furia Trava, Gabriela Estévez, Gabriela Mansilla, Germán Martínez, Homofobia/Transfobia, Hospital Bonaparte, Hospital Durand, Hugo Yasky, Javier Milei, Juventud Movimiento Travesti Trans Argentina, La Libertad Avanza, Ley de Identidad de Género, Luana, Magalí Mastaler, Marcela Coli, María Sotolano, Marlene Wayar, Maxi Ferraro, Mónica Macha, Movimiento Evita, Natalia Sarapura, Nicolás del Caño, Noelia Tuliano, Nuevo Encuentro, Pan y Rosas, Partido Socialista Argentino, Paula Penacca, Personas LGTBIQ, Personas trans, Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas, Sabrina Selva, SIGLA (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina), Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), UCR, UCR Diversidad, Unión por la Patria, Vanina Biassi, Varinia Marín

El gobierno de Javier Milei publicó un decreto para modificar la Ley de Identidad de Género en lo que concierne a personas menores de edad. También otro sobre alojamiento de personas trans en cárceles. Expertes hablan de un decreto ilegal e inconstitucional que deja en riesgo a les adolescentes e implica retrocesos en derechos.

Fuente Agencia Presentes

6 de febrero de 2025
María Eugenia Ludueña

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el presidente Javier Milei modificó la Ley de Identidad de Género (Ley 26743).

Tras los anuncios realizados ayer por el vocero presidencial Adorni, quien había anticipado la decisión en una conferencia de prensa donde difundió argumentos falsos y tergiversados, hoy se publicó en el Boletín Oficial el DNU 62/2025.

El decreto del gobierno de Milei modifica el artículo 11 de la Ley 26743 invocando la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061, pero pasando por alto que la Ley de Identidad de Género desde su sanción se enmarcó en estas normativas. Otro decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el 61/2025, se mete con las personas trans modificando la la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad.

La Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT) anticipó que va a recurrir a la Justicia para frenar la modificación de la Ley de Identidad de Género, y a los organismos internacionales que haga falta. Expertes en derecho dicen que debe intervenir la Justicia y la Corte Suprema.

Desde el colectivo de jóvenes El Teje, Juana, joven travesti no binarie, se pregunta: “¿Por qué el ataque es a las infancias trans que no representan ni el 1% de la pobliación total argentina? ¿Qué no quieren que veamos? ¿El mismo día que anuncian que eliminan la verificación de permisos de niñxs en viajes al exterior? ¿Qué nos están queriendo decir?Nos quieren robar el futuro. Podrán hablar mucho de libertad pero las infancias trans son la liberación”.

Qué dice el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género 

El DNU 62/2025 publicado en el Boletín Oficial hoy sustituye el artículo 11, que es el que expresa el derecho al libre desarrollo personal, y lo reemplaza por un texto donde se prohíbe los tratamientos a personas menores de edad. Dice textual en uno de sus párrafos: “Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo».

El decreto lleva las firmas de Milei, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones y Federico Adolfo Sturzenegger.

El texto del artículo 11 modificado: 

ARTÍCULO 11.- Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona.

Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo.»

¿Qué decía el artículo 11 de la LIG sancionada en 2012 que busca este decreto modifica? 

“En el caso de las personas menores de edad regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de conformidad.

Desde la FALGBT aclararon el engaño que pregona el gobierno. «En primer lugar, el anuncio de que se prohibirán las cirugías de afirmación de género para menores de 18 años es engañoso, ya que la Ley de Identidad de Género vigente en Argentina desde 2012 ya establece que estos procedimientos solo pueden realizarse en personas mayores de edad. Este intento de presentar un supuesto cambio normativo no es más que una estrategia para desinformar y generar estigma», difundieron. Pero admiten que uno de los peligros del decreto es la decisión – que sí es nueva- de prohibir tratamientos a adolescentes.

¿Qué sucede con lxs adolescentes? 

«La suspensión abrupta de estos tratamientos tiene consecuencias graves en la salud física, mientras que la imposibilidad de acceder a ellos afecta directamente la salud mental de les adolescentes trans. Los tratamientos de afirmación de género para adolescentes han sido respaldados por organismos de salud nacionales e internacionales, ya que garantizan el bienestar y la salud integral de les personas trans. Esta decisión no solo ataca derechos adquiridos, sino que también pone en riesgo la vida de quienes necesitan estos tratamientos», informaron desde la FALGBT.

“Hay casos de adolescentes de más de 14 años que están en pleno tratamiento de bloqueo para, precisamente, poder bloquear la secreción hormonal que determina la masculinización o feminización del cuerpo hasta que la persona decida qué hacer, y si decide hormonarse se retiran los bloqueadores químicos”.describe Marisa Herrera, Doctora en Derecho. Y también se pregunta qué pasa con aquellos adolescentes en pleno proceso identitario.

La medida de Milei no sólo no les protege: “Este decreto ilegal pretende violar derechos de adolescentes en un momento de su vida personal muy compleja que es, justamente, donde más necesitan acompañamiento. Con respecto a la intervención quirúrgica, el propio art. 11 de la ley de Identidad de Género ya dice que es con autorización judicial, por lo cual, la protección de los derechos se encontraba garantizada”, explica Herrera.

Y recuerda que hubo sentencias que corrieron a la ley por izquierda, “al entender que disponer la intervención judicial conculcaba el principio de autonomía progresiva de los adolescentes, en especial, entre los 16 y 18 años por aplicación de la última parte del art. 26 del Código Civil y Comercial que dispone que estos adolescentes son considerados como un adulto para el ejercicio de derechos o actos para el cuidado del propio cuerpo”.  Por lo tanto, el propio art. 11 de la ley de identidad de género había tenido críticas en ese sentido.

Herrera asegura que el decreto no sólo tiene severos problemas de legitimidad formal, sino que además “muestra el absoluto desconocimiento sobre, principalmente, las adolescencias trans; no con las niñeces porque ellos ni se someten a terapias hormonales ni mucho menos a operaciones quirúrgicas”.

«El decreto 62/2025 viola las reglas básicas del sistema jurídico. Cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que las leyes se modifican por otra ley; es más, ni la inconstitucionalidad de una norma tiene efectos generales en el derecho argentino, es decir, solo tiene efectos para el caso en que se decreta la inconstitucionalidad” explica Herrera. 

“El decreto es nulo, no cumple con la Constitución”

Para Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, el decreto es nulo porque “no cumple con las exigencias previstas por la Constitución Argentina en el art. 99.3 para la emisión de esta clase de norma excepcional. Por lo tanto, es nulo de nulidad absoluta e insanable. Además es regresivo y desconoce el pleno ejercicio del derecho a la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes respecto de acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales, el interés superior del niño y la capacidad progresiva, como así también, la condición de sujeto y no de objeto (en este caso del autoritarismo estatal) de los niños, niñas y adolescentes”, expresó en X. Y destacó que “es perverso invocar a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061 para justificar la restricción de derechos progresivamente garantizados. Un ejemplo más de un gobierno neofascista”.

Mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 el gobierno de @JMilei acaba de modificar la ley de identidad de género (ley 26.743). Dicho DNU no cumple con las exigencias previstas por la Constitución argentina en el art. 99.3 para la emisión de esta clase de…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) February 6, 2025

Piden que intervenga la Corte Suprema de Justicia

“No hay duda que este decreto en breve será puesto en crisis ante la Justicia. Ojalá que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias. Si el Ejecutivo se anima a regular abiertamente por decreto es, en el fondo, porque sabe que está ante un Poder Judicial callado y que con su silencio permite este tipo de atrocidades”, dice Marisa Herrera.

En la misma línea, Andrés Gil Domínguez expresó en su posteo en X: “Esta situación de impunidad gubernamental es toda tuya Corte Suprema de Justicia de la Nación, es toda tuya. La lucha y resistencia por los derechos continúa”.

Consultado por Presentes, Domínguez fundamentó sus palabras:

“Lo digo porque en las causas que tiene para resolver el DNU 70-20-23 (Bases para la reconstrucción de la economía argentina, de diciembre de 2023) y poner un límite claro de cuándo se puede utilizar o no, las tiene crioconservadas. No las resuelve. Por omisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está avalando que Milei siga haciendo todo lo que hace. Las causas que llegaron cuestionando ese decreto, entre ellas la mía, cuestionando ese decreto, las cerraron por falta de legitimación, que no teníamos aptitud procesada para impugnar ese decreto”.

El decreto del gobierno no está basado en evidencia científica. Cita un informe dudoso de salud mental, cuando la Ley de Identidad de Género en su espíritu pregona no patologizar ni judicializar.

Lo que sí se sabe, lo dicen diversas personas trans e investigaciones, es que la Identidad de Género suele iniciarse a temprana edad. No se transita igual en todes. Pero en muchos casos, el rechazo y la discriminación conllevan sufrimiento de salud mental.

La Convención de los derechos de niñas, niñez y adolescentes habla de autonomía progresiva considerando a todes sujetos de derecho. Lo mismo corre para salud mental y derechos reproductivos.

“Acá en Corrientes no hay tratamientos hormonales hace un año”, dice Solange Ayala, activista trans de Corrientes, e integrante de FUNDEGH (Fundación Derechos Humanos y Equidad de Géneros). “Es muy angustiante lo que está pasando. La ley de Identidad de Género vino a repararnos y dignificarnos a las personas trans. Es lamentable esta decisión de querer una vez más negar nuestra existencia”.

Más allá de lo que se resuelva por vía legal, la noticia que se anunció ayer y se decretó hoy marca una urgencia: la continuidad de los tratamientos. Y esto no se vincula sólo con la edad. Diversas fuentes vienen expresando que el ministerio no volvió a comprar los insumos para garantizar tratamientos a la población trans en general. Sólo algunas provincias hicieron compras.

“Fuimos niñes trans”

Solange vivió una adolescencia trans, y con el deseo de cambiar su cuerpo, se autoadministró hormonas de manera clandestina. “Cuando deseás ser no pensás en las consecuencias. Saber que hoy quizás las juventudes tengan que volver a pasar por lo mismo es muy triste. Muchas de mis compañeras que le pusieron el cuerpo a nuestra hermosa Ley de Identidad de Género han muerto por causa de la silicona líquida, o por enfermedades derivadas de la hormonización sin supervisión médica”, dice a Presentes.

Agrega: “No hay una «ideología». Nosotres siempre estuvimos. Sólo que antes del 2012 no había nada que nos amparara. De esos más de 20.000 dnis rectificados y  que no lo hicieron, fuimos niños alguna vez y siempre fuimos trans”.

Solange comparte que en muchas localidades del país, “que se vayan derogando derechos se siente de una manera bastante dolorosa, porque no siempre llegan las políticas públicas. No siempre nos protegen los mismos recursos como en las grandes ciudades. Acá alcanzar el reconocimiento fue volver a poner el cuerpo y la voz en las calles, existiendo leyes y todo. Los consultorios existen hace cuatro. Imagínate 9 años pasaron para que se abrieran acá».

Qué modifica el artículo de cárceles

En otro decreto publicado hoy, el 61/2025, y donde se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir, Milei reglamenta sobre el alojamiento de las personas trans privadas de libertad. Prohíbe que quienes hicieron un cambio registral se alojen en pabellones de mujeres, en caso de que estén detenidas por cometer delitos sexuales o ejercer violencias contra mujeres.

El DNU dice: “La administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”.

Uno de los argumentos que utiliza para establecer esto es un caso de la provincia de Córdoba. que algunos medios y libertarios usaron para estigmatizar. A fines de 2016 una persona quedó detenida en Bouwer por violencia de género hacia su ex pareja. En 2018, cambió su género y sexo registral, y la trasladaron a la cárcel de Bouwer. Allí fue imputada esta vez por violencia, amenazas, y abuso sexual hace una de sus compañeras detenidas.

Como ya explicamos en otra nota, porque alude al mismo ejemplo que citó en sus declaraciones desinformantes en Davos, Milei se basa en un solo caso para criminalizar a toda una población. Emplea la falacia de la composición: se trata de un tipo de manipulación argumentativa por la cual se toma una parte por el todo para generalizar. En este caso, para criminalizar a una minoría en situación de vulnerabilidad.

La nueva normativa prohíbe el alojamiento de personas que hayan tramitado la rectificación registral de su sexo en cárceles de mujeres si han cometido delitos violentos contra mujeres o si su presencia representa un riesgo para la seguridad de otras internas.

De acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado, apenas “2 personas privadas de libertad pidieron un traslado por cambio de identidad en cárceles federales. En el sistema penitenciario bonaerense, en el 99% de los casos el cambio fue antes de ser detenidas. En Santa Fe solo hubo 3 solicitudes en 10 años, mientras que en Córdoba hay 28 personas trans detenidas”. La misma nota, indica: “Especialistas señalan que las personas trans en cárceles enfrentan condiciones más gravosas, con menor acceso a actividades, educación y atención médica específica”.

“En realidad la población trans privada de la libertad es mínima en el universo carcelario. Estar hablando de esto es perverso, todos sabemos que es una población históricamente vulnerada, excluida y discriminada”, dijo a Presentes Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Agrega que existen muy pocos casos de situación de personas privadas de la libertad que piden el cambio registral estando en la cárcel.

“Ha ocurrido. Pero lo primordial que se tiene que tener en cuenta es la seguridad de esa persona y de todas las personas privadas de la libertad. Si se ha dado traslado y ocurre un abuso hay una responsabilidad de Estado de no haber garantizado que eso no ocurra. La principal responsabilidad es del Estado”, -subraya-. “En lo personal, creo que lamentablemente hay personas, varones, que utilizan estas herramientas nobles para seguir ejerciendo su machismo. Por un lado el gobierno miente, exagera y tergiversa. Y por otro hay personas que siguen ejerciendo violencia sobre las mujeres”.

En términos procesales no existen reglas exactas sobre dónde deben alojarse las personas LGBTI+ y en particular las personas travestis y trans. Los Principios de Yogyakarta nos comparten que debería preguntarse a la persona detenida dónde se sentiría más segura. No existe un pabellón o un lugar seguro en las cárceles para las personas trans.

La Opinión Consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben adoptar medidas específicas para la protección de personas trans privadas de libertad. Señala adeás la necesidad de garantizar la seguridad de todas las personas detenidas. Recomienda la creación de pabellones exclusivos para personas trans, a fin de evitar tanto su revictimización como posibles conflictos con otras personas privadas de la libertad.

La identidad de género es un derecho, no se prohíbe modificando una ley que es un logro de la democracia. El gobierno insiste en una lógica de confrontación y mentira con uno de los colectivos más vulnerados, habilitando otros ataques.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, El Teje, Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT), Federico Adolfo Sturzenegger, FUNDEGH (Fundación Derechos Humanos y Equidad de Géneros), Gerardo Werthein, Guillermo Francos, Homofobia/Transfobia, Javier Milei, Ley de Identidad de Género, Ley de Identidad de Género (Ley 26743), Luis Caputo, Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona, Mario Lugones, Menires Trans, Menores LGTBIQ+, Patricia Bullrich, Personas LGTBIQ, Personas trans

Desde la entrada en vigencia de la Ley, cuya publicación en el Diario Oficial cumple seis años este 10 de diciembre. Del total de quienes rectificaron su partida de nacimiento el 8,4% tiene 17 años o menos y el 91,6% son mayores de 18 años. Además, el 22 personas  no binarias o intersex fueron inscritas con género X. informó el Movilh.

Un total 10.379 personas han modificado su sexo y/o nombre legal desde la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, cuya publicación en el Diario Oficial cumple seis años este 10 de diciembre, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), tras obtener las cifras del Registro Civil.

Del total de personas que rectificaron su partida de nacimiento, 6.631 son hombres trans (63,9%); 3.726 mujeres trans  (35,9%) y 22 personas no binarias o intersex  (0.2%) que han sido inscritas con el sexo X, de las cuales 16 fueron identificadas con género femenino al nacer y 4 con el género masculino.

“Se trata de un crecimiento extraordinario y sin precedentes  en los cambios de nombre y sexo legal, pues en las tres décadas previas, es decir entre 1990 y el 2019, solo 750 personas habían rectificado su partida de nacimiento. En otras palabras, en cinco años ha habido un incremento del 1.283% de estos trámites si se comparan con los 29 años anteriores a la entrada en vigencia de la ley”, dijo la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga

Añadió que “las cifras son claras para concluir que la Ley de Identidad de Género vino a terminar con una injusticia que dañaba la dignidad de miles y miles de personas, incluidos niños, niñas y adolescentes”

Del total que modificó sus datos legales 9.504 personas tienen más de 18 años (91,6%) y 875 personas  tienen 17 años o menos (8,4%), “con lo cual se demuestra que las identidades de género son conocidas por las personas desde la más tierna infancia y, por tanto, se requieren medidas y políticas públicas a favor de niños, niñas y adolescentes trans”, apuntó el Movilh

La ley de Identidad de Género fue publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre del 2018 y entró en vigencia el 27 de diciembre del 2019.

Fuente MOVILH

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La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.

Fuente Agencia Presentes

28 de noviembre de 2024
César Bissutti
Flor Capella
Edición: Ana Fornaro

La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.

A raíz de una situación de abuso sexual en un penal y de la solicitud del jefe de la banda narco Los Monos en una cárcel santafesina para cambiar de género se generaron una serie de polémicas. El 26 de noviembre de 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló de tolerancia cero para aquellos que quieran cambiarse de sexo en la cárcel. El presidente Javier Milei afirmó que “los presos no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”.

Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012 hemos visto un cambio material y simbólico en la vida de las personas travestis y trans de nuestro país. Con un camino que todavía tiene mucho por hacer y recorrer, la realidad nos demuestra que esta ley junto a una serie de políticas públicas implementadas hacen la diferencia. Transformar la vida de las personas trans con organización, política y derechos es posible.

Nada nuevo bajo el sol

El binarismo de género que todavía organiza las instituciones, su arquitectura, su administración burocrática, nos atraviesa. Nuestra forma binaria de pensar y organizar el mundo también. En este contexto, y reproduciendo mandatos, estereotipos, discriminaciones y violencias, es que ha habido intentos concretos por desacreditar y deslegitimar nuestra Ley Nacional de Identidad de Género y de negar y eliminar a las personas trans.

Hay quienes sostienen que esta ley genera privilegios. Con ese argumento se han viralizado algunas situaciones de varones cis que cambian su DNI de masculino a femenino para «jubilarse antes”, de los 65 a los 60 años, para lograr atenuantes en crímenes de femicidios, de violencia sexual o de género.

A la vez, el uso legítimo de la Ley por personas trans, por ejemplo personas trans deportistas, se argumenta como una estrategia para obtener ventajas. Pareciera que con el deseo y la autodeterminación no alcanza. La idea de grupos vulnerados e instrumentalización para obtener derechos tampoco es nueva. Que se embarazan por un plan, que tienen hijos por la domiciliaria, por los «beneficios» y ahora que se «hacen trans» para cambiar de pabellón. O, como menciona el diario La Capital, para hacer «más laxas» las condiciones de detención. Como si ser una persona trans en una cárcel no implicase mayores violencias. Como si la cárcel no le hubiera costado la salud, el cuerpo y la vida a un sin fin de personas trans en nuestro país y en las instituciones de encierro a nivel global.

Situación de encierro y problemas reales

Con un gobierno nacional que niega las violencias de género, que vota en contra de abordar las violencias en Naciones Unidas, que elimina y desfinancia las estructuras institucionales y políticas públicas a favor de las mujeres y personas LGBTI+, que quiere ir en contra también del DNI no binario, nada de esto debería sorprendernos. Mano dura, represión: a presos, estudiantes y jubilados. Lo que llaman tolerancia cero y el aumento de la crueldad en la calle y en el encierro son algunas de las coordenadas de idea-acción con la que administran su proyecto político, económico y cultural.

Hasta la fecha nada han dicho y seguramente nada dirán de la problemática estructural de torturas en el encierro. Ni de los abusos sexuales cometidos entre las propias personas detenidas, pero también por personal policial y penitenciario. Tampoco se han preocupado o ocupado de garantizar marcos normativos dentro y fuera del penal.

Para la tribuna

El gobierno de Javier Milei y libertarios tienen una gran capacidad de atender lo visceral. Sin pelos en la lengua y con una inteligente ignorancia, nos revuelven la panza, hacen arder los intestinos y producen agite, caos, pero también sentido. Desde quienes ven reflejado sus emociones o pensamientos y entonces se envalentonan y reafirman y militan la derecha o el fascismo, a quienes nos indignamos y no podemos creer hasta cuán atrás la discusión tenemos que volver a dar. En concreto, por varios lados, su estrategia les funciona.

El odio y el revuelo que generan los derechos de las personas detenidas sobra y alcanza para piantar votos o generar pánico social. Si además «le sumamos» que son trans, la derecha tiene un espectáculo que les sirve para generar polémica e indignación, mientras ataca la ley nacional y los derechos de las personas trans. Que no nos desordenen, que no nos distraigan. Hace poco lo advertía también Alba Rueda en una nota de Agencia Presentes: este gobierno busca tirar abajo la Ley Nacional de Identidad de Género. 

Sin reglas claras

La problemática del alojamiento de personas trans en cárceles binarias no es una novedad.

En términos procesales, no existen reglas claras de dónde deberían alojarse las personas LGBTI+ y en particular las personas travesti y trans. Los Principios de Yogyakarta nos dicen que debería preguntarse a la persona detenida dónde cree que se sentiría más segura. Todo muy lindo, eso puede funcionar de manera excepcional, pero con el hacinamiento, la sobrepoblación y la crueldad en nuestras cárceles y de nuestra justicia penal, esta regla en Argentina aún no se puede implementar. No existe un pabellón o un lugar seguro en las cárceles para las personas trans. La mejor estrategia es la que morigera el encierro, la que produce alternativas a la prisión.

Tanto en el sistema federal como en las provincias se han creado pabellones de diversidad sexual. En general: las mujeres trans se alojan en cárceles de varones. Estos pabellones de diversidad sexual suelen compartirse con varones cis condenados por delitos contra la integridad sexual.

Hasta el 2015, por ejemplo, el pabellón de diversidad sexual de la cárcel de Sierra Chica en Olavarría se llamaba «de homosexuales pasivos y delitos contra la integridad sexual». Si nos vamos más atrás, ya en el primer decreto provincial que organiza el lugar de alojamiento de las unidades penales de la provincia de Buenos Aires se hablaba de lugares específicos para «homosexuales y perversos». La asimilación de la homosexualidad y la agresión sexual como conductas desviadas es de larga data y encuentra una forma específica de alojamiento en el encierro. Demos las gracias al campo de la criminología, de la salud y la salud mental.

Ideas peligrosas

Los varones trans suelen quedar invisibles, no registrados. En general, se los aloja en cárceles de mujeres. El objetivo, de nuevo aquí los estereotipos, es “protegerlos” de los varones cis. Aunque la justicia o los servicios penitenciarios digan lo contrario, se les lee como mujeres porque la única «identidad» que mira la administración carcelaria es la genital. De esta forma, también, se niegan y desconocen las violencias que se producen en las cárceles «de mujeres» por las agentes penitenciarias o las mujeres cis detenidas. Aquellos varones trans que han utilizado modificación corporal hormonal o quirúrgica terminan en celdas de castigo o aislamiento en solitario, también en cárceles de mujeres.

Hay quienes sostienen la necesidad de crear cárceles específicas para personas LGBT+. De hecho, puede ser uno de los próximos pasos que intente el gobierno nacional. Esta idea es peligrosa y perjudicial. Más cárceles implica el aumento y la expansión del sistema punitivo y también del sistema carcelario. Es decir, esas cárceles se tienen que llenar. Más cárceles, y cárceles específicas para la diversidad. Más personas trans detenidas, criminalizadas. A todo esto nos tenemos que negar.

Sin derechos 

Las cárceles son una forma de organizarnos, de que quienes cometieron un daño se hagan responsables, o al menos eso establece nuestro sistema legal. Las cárceles son una política pública en la cual se restringe la libertad ambulatoria de personas que el Estado también se compromete a cuidar y «rehabilitar«. Las múltiples denuncias de torturas, malos tratos, muertes en contextos de encierro y deterioro grave de la salud de las personas presas no es privativo de ningún gobierno pero sí corre el velo y nos muestra que una parte importante de este sistema no funciona y que muchas veces es injusto y no proporcional.

En informes de organismos internacionales, sentencias de primera y segunda instancia, Casación y Corte, se documenta y reconoce la vulneración de derechos en el encierro. Las muertes de múltiples personas trans en el encierro y el esfuerzo que instituciones como la Comisión por la Memoria, los comités contra la tortura, la Procuración Penitenciaria, Colectivo Yo No Fui y activistas y académicas venimos haciendo, ponen sobre la escena las formas específicas de dar muertes a las personas trans en el encierro. Que no nos metan el perro; ni a Conan. Las estrategias del gobierno nacional son un intento por defenestrar nuestra Ley Nacional, por agudizar el estigma y la criminalización a las personas detenidas, pero también a las personas trans.

¿Será acaso Patricia Bullrich quien se ocupe de escanear una por una los cuerpos de quienes se nombren personas trans en el encierro? ¿Sabrá que eso mismo lo prohíbe la ley nacional? ¿Que pasa de verdad con la situación de las personas trans detenidas y sus derechos? De las que murieron, de las que van a morir… ¿Buscará Javier Milei tornar inaplicable nuestra Ley 26.743 en contextos de encierro? ¿Con qué argumentos jurídicos? ¿Acaso buscará modificar la aplicación práctica de la ley mediante un DNU?

Encarar la discusión de la Ley Nacional de Identidad de Género desde la cuestión de encierro nos pone en un lugar más complejo e incómodo. De hecho, escribir sobre este tema sin miedo a la cancelación y sin poder analizar las múltiples capas y problemáticas que se articulan y se generan es también muy difícil.  La diversidad nos hace humanos. Repensemos cómo poder dar estas discusiones en lo público, en lo político, en lo mediático. Sin hacer concesiones, entendiendo también la disputa por el concepto de seguridad a nivel social. Por el derecho de las personas a vivir seguros, sin miedo pero también sin hambre. Que no nos ganen las vísceras. Que nos ganen nuestras luchas, nuestra historia. La fuerza de nuestros movimientos.

César Bissutti es activista marica, abogado, docente, trabajador de la salud y militante anticarcelario.

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito carcelario, Argentina, Ley de Identidad de Género, Mujeres Trans, Patricia Bullrich, Personas LGTBIQ, Personas trans

Un proyecto de ley busca prohibir el cambio de género en menores de edad. Alba Rueda escribe sobre cómo el gobierno y los grandes medios abonan el terreno para tirar abajo la ley de identidad de género, modelo en el mundo en materia de derechos humanos.

Fuente Agencia Presentes

21 de noviembre de 2024
Alba Rueda
Edición: Ana Fornaro

Hace meses desde el activismo venimos advirtiendo que el gobierno de Javier Milei y sus aliados de extrema derecha estaban armando el escenario para atacar la Ley de Identidad de Género. Lamentablemente ayer se confirmó esta afrenta. El diputado Álvaro Martínez de La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el cambio registral a menores de edad. Modificaría así la ley de identidad de Género 26.743. símbolo de democracia diversa que reconoce derechos a todes.

En las últimas semanas, funcionarios argentinos publicaron en sus redes mensajes anti  LGBTIQ+ y antitrans. Esto se suma al ataque sistemático del gobierno a la diversidad desde su asunción. El detonante fue un congreso sobre infancias trans organizado de forma autogestiva por La Casita Trans, una asociación civil cordobesa que trabaja por los derechos de las niñeces y juventudes trans y no binarias.

El primero en reaccionar fue el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. Publicó un mensaje en la red social X, donde compartía el flyer de la actividad diciendo que era una “atrocidad”.

Recordemos que hasta aquí, el reconocimiento de niñes trans o NB es un derecho que se desarrolla bajo las normativas nacionales y tratados internacionales con estatus constitucional. Así lo establece la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos. Y se resguarda el libre desarrollo personal, y por sobre todes, resguardar el interés superior del niño, y la no discriminación.

El otro congreso

Pero el ataque de nervios de Marra no es aislado. Unos días más tarde, el 7 de noviembre, la Dirección de Atención Ciudadana – una Dirección que trabaja con las organizaciones sociales, perfilando los reclamos útiles a la gestión de turno- organizó el II Seminario llamado “Género e Identidad: el problema de la sexualización infantil”. Allí  la periodista Claudia Peiró convocó a la organización Manada: mamás y papás de niños adolescentes con “disforia de género de inicio acelerado”. Este Seminario tuvo la misma posición transfoba que Marra sobre niñes y adolescentes pero con matices de patologización.

Uno de los ejes de este seminario fue promover “la detección temprana de disforia de género acelerada y el derecho de los menores y sus padres en el contexto de la ley de identidad de género” y el otro es una acusación de “adoctrinamiento” por la Ley de Educación Sexual Integral.

La organización hace tiempo desarrolla una crítica a la ley de Identidad de Género.  Busca prohibirla para todes les niñes en virtud de una mirada patologizadora sobre las infancias y adolescencias trans. En Manada trabajan con “familias rotas por la ideología de género”, “rescatando a sus hijos de estas locuras”, vinculando a los padres de niñes trans con terapias de conversión. Dan cuenta que cuentan con “detransicionadores” de la identidad de género, y pautas para los padres: “reconocer sus errores”, “poner nuevos límites” y “respetar el nombre que pusieron a sus hijos al nacer”; “luego empiezan las mejorías”, prometen.

La ESI, otra enemiga

La interpretación de estos papis es que sus hijos son víctimas de una exigencia social sobre estereotipos, especialmente para las niñas, crecer y tener un cuerpo desarrollado incomoda a sus hijas, entonces usan ropa holgada, se cortan el pelo del mismo modo. Esta sensibilidad a la violencia, más “traumas”, más los animé, los lleva a “ablaciones corporales” llega a decir Patricia Galarza, integrante de Manada.

En una pobre oratoria, frente al asentimiento y aplausos de la vicepresidenta Villarruel, también se ocuparon de acusar la ley de la Educación Sexual integral. Una polémica que llegó a los grandes medios de comunicación cuando grandes medios de comunicación señalaron que había libros con contenido pornográfico e hipersexualizado distribuidos por la ESI de la Provincia de Buenos Aires.

Sileoni aclaró en una discusión con el periodista Eduardo Feinmann que no son pornográficos, que son para leer y acompañar con adultos, que no se les entrega a los niños sino a las bibliotecas de las escuelas y es bibliografía complementaria a docentes. Y además aclara: “la escuela no niega la diferencia entre el hombre y la mujer, no enseña prácticas sexuales, no alienta la homosexualidad o la transexualidad, no enseña a abortar. Te acepta como vos, en eso es mejor que la sociedad. No discrimina, no los persigue, no los mete en cana”. Al final, Feinmann coincide con lo que el II Seminario busca decir: “¿no es mejor dejar esto a los padres?”.

Armado político y mediático

Sin salir del eje de la Identidad de Género, volvemos a Córdoba unos días más parte por una sentencia del 31 de octubre pero que llegó a los medios de comunicación nacionales hace unos días. Se trata de una persona que a fines de 2016 quedó detenida en Bouwer por violencia de género hacia su ex compañera. En 2018, cambió su género y sexo registral, motivo por el que fue trasladada al área de mujeres de la cárcel de Bouwer fue nuevamente imputada por ejercer violencia, amenazas, y abuso sexual hace una de sus compañeras detenidas.

Esta noticia provocó la reacción de la vicepresidenta Villarruel. A través de su cuenta de X señaló: «Esto es claro y simple, el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo». Sin mención del Seminario “Género e Identidad: el problema de la sexualización infantil” no se entiende la mezcolanza de temas vinculados a la identidad de género que expresa.

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, compartió una nota de Infobae y dijo que va a combatir la “ideología de género” que “sexualiza a los niños“. De esta manera desinforma y estigmatiza a las diversidades. pic.twitter.com/VPkjnqJ5mb

— @presenteslatam.bsky.social (@PresentesLatam) November 12, 2024

Y por su parte Milei también en X aprovecha y repostea a alguien que dice:  «Un abusador con condena dijo que se percibía mujer para ir a una cárcel de mujeres y terminó violando a compañeras de celda. Un logro del feminismo”.

Esta semana, el diario La Nación, publicó también una noticia de un jefe narco que habría pedido cambiar su identidad de género en la cárcel.

De esta manera se estigmatiza a las personas trans a partir de casos puntuales y también se presenta a la ley de identidad de género como una herramienta para uso delincuencial y no por lo que es: un instrumento para garantizar el derecho humano a la identidad.

El contexto desde la asunción de Milei

El gobierno argentino viene atacando a la población LGBTIQ+ desde que asumió. A partir de los discursos y sus políticas.

Ejemplos: el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre virtual del INADI, la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, la prohibición de pasar contenidos culturales sobre diversidad sexual, la representación en el exterior de la política LGBTIQ+, los despidos por cupo trans, la falta reducción mínima o nula de las leyes de ESI y Micaela y la total clausura de las políticas con perspectiva de género y diversidad, aunque subsistan áreas que brindan atención a las violencias basadas en el género, aunque todas reducidas en personal, recursos y atendiendo casi exclusivamente a personas cis.

El traslado al Congreso de la Nación de esta agenda antiderechos tampoco es sorpresa o novedad a esta altura del año. Desde el inicio, el mileinismo  intentó acordar con los partidos de centroderecha para lograr la gobernabilidad en Diputados y en el Senado.

Pero también en el Congreso vimos el constante coqueteo de LLA con los genocidas desde el inicio. Lastimosamente este año tuvo un capítulo de impunidad a los diputados asesorados por genocidas, sin más reproches de quienes tienen convicciones sobre los Derechos Humanos y el rol de nuestra sociedad en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia.

Este punto también hay que problematizar porque este año pudimos ver que amplios sectores de la sociedad argentina se sienten cómodo con los recortes, los chantajes -si no quitamos derechos a algunos, entonces no hay plata para otros-. y las medidas revanchistas, mirando con indiferencia un gobierno que lleva la pobreza a más del 50% y quienes vivimos en áreas urbanas vemos dolorosamente la indigencia escondida bajo la alfombra macrista de la ciudad.

Falsa libertad

El anarcocapitalismo de Milei no busca la libertad sino la redistribución económica de un sector pequeño de la sociedad, destruyendo a otros sectores, como el cierre de algunos de los ministerios, las políticas públicas y sus trabajadorxs. Desarrolla esta posición desde el propio Estado, en la suma del poder que el voto democrático le da, le permite distribuir esos recursos a las áreas que benefician a los sectores más poderosos. Un ejemplo de esta redistribución es el aumento de presupuesto en la SIDE, que utiliza fondos sin declarar, permite investigar de manera interna, y gobernar con carpetazos. O bien, políticas como el RIGI, que benefician de manera directa a los grandes grupos de empresarios transnacionales sin que nada quede para el estado.

En política exterior en la Asamblea General de la OEA promovieron las terapias de conversión, se niegan a desarrollar la agenda 2030 con los objetivos para el desarrollo, votan sistemáticamente en contra de los derechos de las mujeres en toda su diversidad.

La persecución a la LIG

Respecto a lo que sigue me parece que los últimos meses fueron bastante elocuentes, especialmente respecto a la Ley de Identidad de Género. Por un lado, en términos de políticas públicas, el gobierno no envió los pliegos para la compra de hormonas para el próximo año, varias provincias están utilizando lo que tienen pero posiblemente sin las compras de nación no se cumplirá con el art 11 de acceso a la salud integral para el año 2025.

En la misma línea, las obras sociales ganaron en discrecionalidad debido a que su organismo de control estatal, la superintendencia de servicios de salud, dejó de tener dictámenes vinculados a la ley de Id de género para las O.S. Por lo que podemos esperar un mayo deterioro de las políticas públicas vinculadas a la diversidad.

Lamentablemente en el Congreso no estamos ni las feministas populares ni las trans defendiendo nuestros derechos. Seguramente senadorxs trans o diputades no solo estarían haciendo pedagogía con sus colegas sino que además eventos como el II Seminario no pasarían con la impunidad del silencio o la indiferencia. Y esto nos lleva a un planteo en torno a la política partidaria.

Un debate urgente

Hace tiempo que necesitamos un debate al interior de los partidos progresistas, porque el movimiento LGBTIQ+ no está en el congreso defendiendo nuestros derechos y la democracia argentina. Esto es problemático porque no podemos entrar y salir por interés electoral. No da lo mismo, a las personas cis hetero no se les juega la vitalidad o la urgencia. La impunidad de Milei y quienes votan con ellos es la ignorancia y la ausencia de los movimientos sociales en las instituciones democráticas.El espanto que siente Marra por el Congreso de Infancias Trans en Córdoba se desarticula cuando esta agrupación y otras sostienen un diálogo, una presencia, en las instituciones que representan a todo el pueblo.

Finalmente, las resistencias de los movimientos sociales, marcados por la época del tik tok, nos turnamos para la secuencia de eventos, actos y movilizaciones que buscan romper el aislamiento e indiferencia de los medios de comunicación. Las excepciones son sin duda: el movimiento estudiantil, la movilización de jubilades. Pero con muchas pérdidas de temas y agendas políticas, es decir de derechos, como el reclamo de recuperación de tierras que constitucionalmente están para las naciones originarias, medio ambiente, derechos de las personas con discapacidad, entre muchos temas vitales.

En todo este escenario, que es más florido, se desarrolla la democracia argentina y una pobre institucionalidad violentada por el gobierno, vulnerando derechos fundamentales. Un dato que llama la atención en la agenda libertaria es la repulsión que sienten por el ejercicio real de la libertad, entendida como un derecho fundamental para todes.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Homofobia/Transfobia, Javier Milei, La Libertad Avanza, Ley de Identidad de Género, Ramiro Marra

Además exige  modificar la Ley de Identidad de Género para limitar los derechos de las personas trans. Las aberrantes medidas fueron aprobadas por 7 votos (todos de Derecha) contra 6. El Movilh repudió “esta alarmante transfobia” y espera que en Sala se corrija “esta brutalidad que haría retroceder el respeto a los derechos humanos de las personas trans”

La Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que investigó las políticas públicas para niños, niñas y adolescentes (NNA) trans pidió hoy derogar derechos del sector en los campos de la Salud y la Educación, así como reformar la Ley de Identidad de Género, en lo que a juicio del Movilh se constituye “en la más violenta arremetida transfóbica registrada en el Congreso Nacional en las últimas tres décadas”

Votaron a favor del devastador informe de la Comisión Investigadora número 57  la presidenta de la entidad, Flor Weisse Novoa (UDI), así como los congresistas Gustavo Benavente Vergara (UDI), Mauro González Villarroel (RN), Diego Schalper Sepúlveda (RN), Francesca Muñoz González (Partido Social Cristiano), Sara Concha Smith  (Partido Social Cristiano) y Stephan Schubert Rubio (IND-Rep).

En contra se pronunciaron los diputados Emilia Schneider Videla (Frente Amplio), Catalina Pérez Salinas (Frente Amplio), Ana María Gazmuri Viera (Acción Humanista), Héctor Ulloa Aguilera (IND-PPD), Emilia Nuyado Ancapichún (PS) y Viviana Delgado Riquelme (Ind-radical)

En el informe la Comisión exigió “suspender inmediatamente la ejecución del Programa de Acompañamiento de la Identidad de Género PAIG”, impedir las terapias hormonales para NNA trans,  reformar la Ley de Identidad de Género para que el Interés Superior del Niño se supedite a los deseos de sus padres o madres y se prohíban al mismo tiempo las terapias hormonales y el enfoque afirmativo en la atención, así como  la derogación la Circular 812 de la Superintendencia de Educación que promueve el respeto a los derechos de estudiantes trans

“Este es sin duda una movilización de odio para desmantelar los derechos conquistados para niños, niñas y adolescentes trans que están garantizados en la actual ley, en política públicas, en compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile y en la jurisprudencia local. Es un abuso sin precedentes por parte de una Comisión de la Cámara que usa como chivo expiatorio de su odiosidad a niños, niñas y adolescentes, lo cual es intolerable”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

“En vez de proponer mejoras a las políticas públicas o normar vigentes, la derecha y la ultra derecha persiguen eliminar derechos humanos básicos que fueron aprobados bajo el Gobierno de Sebastián Piñera. Esta derecha, en temáticas LGBTIQ+ al menos, no presenta para nada a aquella que gobernó bajo Piñera. Esperamos que en Sala se revierta este abuso y se deseche este informe que solo da cuenta de voces opositoras a los derechos de niños, niñas y adolescentes trans y está basado en prejuicios, falsas informaciones y distorsiones sobre los informes que cita”, puntualizó Jiménez.

* Informe de la Comisión «Investigadora» aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Acción Humanista, Ana María Gazmuri Viera, Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez Salinas, Chile, Comisión Investigadora número 57, Diego Schalper Sepúlveda, Emilia Nuyado Ancapichún, Emilia Schneider Videla, Flor Weisse Novoa, Francesca Muñoz González, Frente Amplio, Gustavo Benavente Vergara, Héctor Ulloa Aguilera, Homofobia/Transfobia, IND-PPD, Ind-radical, IND-Rep, Infancias trans, Ley de Identidad de Género, Mauro González Villarroel, MOVILH, Partido Social Cristiano, Personas LGTBIQ, Personas trans, Programa de Acompañamiento de la Identidad de Género PAIG, PS, RN, Rolando Jiménez, Sara Concha Smith, Stephan Schubert Rubio, Terapias hormonales, UDI, Viviana Delgado Riquelme

Además anunció medidas para promover un “entorno inclusivo” tras los dichos del docente José Gallardo, para quien “la identidad de género es una farsa que viola la dignidad humana de niños y niños” El Movilh valoró las medidas de la casa de estudios.

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) ordenó el retiro de todas sus plataformas electrónicas del video que registró su Claustro Pleno 2024, celebrado el pasado 6 de agosto, donde docente José Gallardo Matus señaló que “la identidad de género es una farsa que viola la dignidad humana de niños y niños”, además de negar la capacidad de amar de las personas trans

“De esa manera el video ya no se encuentra en el canal de Youtube de la Universidad, lo cual valoramos profundamente, pues de esa forma la Casa de Estudios ha dejado de ser cómplice de la difusión masiva y de la validación de discursos de odio”, señaló el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

La medida fue además informada por el propio rector Nelson Vásquez a la Federación de Estudiantes en una carta fechada ayer.

“He dado la instrucción de retirar de las plataformas de la PUCV la grabación completa del Claustro Pleno 2024 con el propósito de propiciar un clima institucional de encuentro”, señaló el rector.

Junto a ello el rector anunció que la  “Universidad a través de la Dirección de Equidad de Género iniciará un proceso de difusión, durante el segundo semestre del 2024, de los valores institucionales, promoviendo la igualdad de oportunidades, la normativa interna, la sana convivencia y el respeto mutuo en un entorno inclusivo. Estas actividades estarán dirigidas a toda la Comunidad: profesores, estudiantes y funcionarios”.

Por otro lado, informó que personas trans de la Universidad estarían dispuestas a reunirse con el docente Gallardo para dialogar sobre los alcances de la identidad de género y sus experiencias de vida.

“Estimamos que la Universidad está anunciando y adoptando medidas de sensibilización muy significativas, que apuntan a educar en el respeto a la diversidad. Lo que viene ahora es que el docente responsable de los atropellos a la dignidad humana se disculpe y se capacite en temáticas de diversidad sexual y de género, en el marco de los procesos que la propia universidad ha anunciado para el segundo semestre. Caso contrario, nada garantiza que él no siga discriminando”, finalizó Gómez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Chile, Davis Contreras Guzmán, Federación de Estudiantes, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Javiera Zúñiga, José Gallardo Matus, Lesbianas, Ley de Identidad de Género, MOVILH, Mujeres Trans, Nelson Vásquez, Personas LGTBIQ, Personas trans, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ramón Gómez

José Gallardo Matus. imagen de X

En el Claustro de la casa de estudios, José Gallardo Matus añadió que una mujer trans “nunca” podrá saber  “lo que es amar y ser amado como mujer, como madre, como hija, como esposa, como abuela, como tía” porque “el cambio de sexo no existe”. El Movilh repudió “las transfóbicas y ofensivas declaraciones» y pidió a la Universidad medidas contra los discursos de odio

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció y repudió hoy que el Claustro Pleno Ordinario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, celebrado ayer “fuese el escenario de una de las más violentas agresiones contra la dignidad humana de las personas trans ocurridas al interior de una casa de estudios”

La reacción tuvo lugar a raíz de la intervención del profesor de la Escuela de Ciencias del Mar de la PUCV, José Gallardo Matus, “quien llegó al extremo de negar el género de las personas trans, así como su capacidad de amar y ser amados como hombres, mujeres, según su identidad.  Además responsabilizó a la identidad de género de atentar contra la dignidad de niños y niñas”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

Añadió que el docente “siguiendo con esta línea de insensibilidad y prejuicios, señaló además que la Ley de Identidad de Género regula el cambio de sexo de niños de tres años, algo totalmente falso que convierte a PUCV en una espacio peligrosamente permisivo con la desinformación y la discriminación”.

“Es del todo relevante que la rectoría de la PUCV se posicione en breve contra estos discursos de odio y respete la dignidad humana de todas las personas, adoptando medidas para sancionar la discriminación y prevenir nuevos abusos, que en este caso fueron con publicidad, porque la Universidad publicó los dichos transfóbicos en su canal oficial de Youtube”, dijo el Movilh.

“La universidad  debe garantizar la no discriminación a sus docentes y estudiantes LGBTIQ+, así como una educación respetuosa de la diversidad social y ajena a todo tipo de desinformación. Exigimos que la rectoría reaccione en breve”, finalizó Zúñiga.

Los dichos de Gallardo Matus

Gallardo Matus recordó que en abril pasado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó en abril pasado el texto “Dignitas Infinita” para enfatizar que “esta declaración revela graves violaciones a la dignidad humana, como son los abusos sexuales, la violencia contra la mujer, indudablemente la guerra, el cambio de sexo y la ideología de género”, dijo.

“Como científico, puedo afirmar, sin lugar a dudas, que el cambio de sexo no existe (…) ¿Entonces sino existe por qué el Dicasterio para la Fe señala que este cambio de sexo daña la dignidad humana? (…) Todas las células de mi  cuerpo son X Y desde la fecundación. Ninguna reflexión profunda, ni individual, colectiva, cultural o social podrá cambiar esa naturaleza de mi ser varón”, señaló.

Añadió que “tampoco lo podrán hacer las hormonas o las cirugías. Y a pesar de que yo quisiera transformarme en una mujer, jamás sabré lo que es ser una mujer. Nunca podré saber lo que es amar y ser amado como mujer, amar y ser amado como madre, como hija, como esposa, como abuela, como tía. Por tanto, la conclusión es obvia. El cambio de sexo es una mentira”.

Agregó que “los colegios en Chile ya no son seguros para los niños. Amparados en una ley y en programas de políticas públicas. Cualquier menor de edad sin discernimiento puede iniciar su cambio de sexo, desde los 3 años y si los padres se oponen son denunciados en los tribunales de familia. Esta es la solución que le estamos dando a miles de niños en Chile: hormonas, cirugías”.

Redondeó que la Ley de Identidad de Género, “pintada de colores de arcoíris es peor que la ley que aplastó la dignidad de Alan Turing. Primero porque no tiene sustento científico. Nadie puede cambiar de sexo. Segundo, porque las severas secuelas y daños físicos y psicológicos a los que son expuestos los niños son irreversibles e irreparables. Y tercero, porque el mismo programa ya fracasó en otras partes del mundo”.

“La Ley de la Identidad de Género debe derogarse. El programa Crece con Orgullo debe terminar de inmediato y la Universidad debe revisar de manera urgente todos los reglamentos y protocolos que avalan la farsa de la identidad de género. No hacerlo, contribuye a que siga violando la dignidad humana de los niños y adolescentes en Chile. Abrigo la esperanza de que nuestra universidad cumpla con los valores que profesa y de testimonio de ello”, finalizó.

Declaración completa de Gallardo aquí

La Universidad Católica de Valparaíso dice que «no comparte» dichos transfóbicos de docente y lamenta el «daño causado»

Así lo señaló el vicerrector de Vinculación con el Medio de la PUCV, Davis Contreras Guzmán. El Movilh valoró que la Casa de Estudios se posicione contra el discurso de odio del docente José Gallardo Matus, aunque insistió en la necesidad de se adopten medidas para prevenir nuevos abusos y sancionar al responsable.

La Universidad Católica de Valparaíso (Puvc) se distanció de las violentas declaraciones transfóbicas del profesor José Gallardo Matus, quien el pasado martes señaló en el Claustro Pleno Ordinario de la Casa de Estudios que la “identidad de género es una farsa que viola la dignidad humana de niños y niñas”.

Tras las críticas de la Federación de Estudiantes de la Pucv (Fepucv) y del Movilh, la institución fijó postura a través del Vicerrector de Vinculación con el Medio de la PUCV, Davis Contreras Guzmán, quien rechazó los dichos del docente a través de la Estrella de Valparaíso y El Mostrador.

 “Este profesor habló solo a título personal. La universidad no comparte las opiniones del profesor, por el contrario, lamentamos que esto pudiera haber herido o herido a muchas personas dentro de la comunidad universitaria y fuera de la comunidad universitaria”, dijo Contreras Guzmán a El Mostrador

 «Nos llamó profundamente la atención la actitud del profesor (…) lamentamos profundamente el dolor que esto pudo haber ocasionado en muchos estudiantes y profesores y lo que estamos haciendo ahora es recabar información con los estudiantes y con el profesor, cosa de que esto siga los canales adecuados», añadió a la Estrella de Valparaíso.

«Que no se entienda que la institución está de acuerdo con él, ya que es todo lo contrario, porque hemos generado desde el 2018 un conjunto de apoyos conceptuales, procedimentales, de principios, protocolos y contratación de especialistas para que apoyen a las personas en su tránsito”, puntualizó el Vicerrector.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, consideró que “esta declaración de la PUCV es una buena señal, en tanto deja en claro que su postura institucional es contraria a la del docente, a lo cual se suma su lamento por el daño causado”

En virtud de ello, añadió Zúñiga, “corresponde ahora que la Universidad adopte medidas para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir y para sancionar al responsable, toda vez que sus «enseñanzas» van contra los lineamientos y principios que la Casa de Estudios dice tener y dañan con publicidad la dignidad humana de las personas trans”.

“No debemos perder de vista que los dichos transfóbicos fueron lanzados nada más, ni nada menos que durante el Claustro Pleno Ordinario; un espacio privilegiado de diálogo y aprendizajes para la comunidad educativa; y que la Universidad  difundió los discursos de odio en su canal de Youtube. Confiamos en los que estudiantes y docentes afectados denunciarán lo ocurrido  siguiendo los conductos regulares, con el fin de que el docente sea sancionado y se adopten medidas preventivas”, dijo Zúñiga.

 Al respecto la Fepucv ha señalado en sus redes sociales que  “no toleraremos ni homofobia ni transfobia, en ningún espacio. Nos haremos escuchar al respecto”. Junto a ello, han citado para hoy a un Consejo Extraordinario de Estudiantes, donde se abordará la agresión del docente

Fuente MOVILH (1, 2)

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Chile, Davis Contreras Guzmán, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Javiera Zúñiga, José Gallardo Matus, Lesbianas, Ley de Identidad de Género, MOVILH, Mujeres Trans, Personas LGTBIQ, Personas trans, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Por primera vez un Tribunal santafesino utiliza la figura de transfemicidio. Lo hizo para condenar al asesino de la activista Alejandra Ironici.

SANTA FE, Argentina. La vida de Alejandra Ironici estuvo marcada por la lucha y las conquistas. Sobre todo, por abrir caminos y hacer historia. Fue la primera mujer trans en recibir el DNI -antes de la Ley de Identidad de Género-, la primera en dar clases en una escuela, la primera en acceder a una vaginoplastía en un hospital público y la primera en muchas cosas más.

Por eso, la condena por su asesinato no podía menos que ser histórica. Por primera vez, la justicia santafesina reconoció el asesinato de una persona trans como transfemicidio. Además, también dio lugar al reclamo de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas –junto al Instituto de Políticas Públicas LGBT– de que se reconozca la responsabilidad del Estado y exhortando a los demás poderes a tomar medidas para reparar al colectivo travesti trans.

El tribunal integrado por los jueces Pablo Busaniche (presidente) y Sebastián Szeifert y por la jueza Susana Luna dispusieron por unaminidad prisión perpetua de Héctor Barrero –pareja de Ironici. Se lo condenó por los delitos de transfemicidio agravado (por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género) y abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia se dio a conocer en el marco del juicio oral y público que finalizó este 22 de marzo en los tribunales de la capital santafesina.

Alejandra Ironici el día que recibió su DNI en el marco de la Ley de Identidad de Género.

Es transfemicidio

“El mayor logro fue conseguir la calificación de transfemicidio”, dijo la fiscal Alejandra del Río Ayala, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de Santa Fe, tras la lectura del veredicto. “No sólo es algo complejo, novedoso, implica un cambio de paradigma en las interpretaciones tradicionales de los tipos penales, sobre todo del inciso 4 del artículo 80 del Código Penal. También en términos probatorios porque no fue algo sencillo. Estamos conformes”, agrego.

También destacó que se haya quedado probado el abuso sexual porque fue un cargo que el condenado negó de manera sistemática. Aún después de reconocer el asesinato.

El caso contó, además, con dos querellas. Por un lado, el Centro de Acceso a la Justicia, que representó a la familia de Ironici, y, por el otro, la Colectiva de Abogadas y el Instituto de Políticas LGBT. La abogada Sofía Basso, representante de ese último grupo, expresó en diálogo con Presentes su satisfacción por el resultado. En especial porque el Tribunal dio lugar a su pedido de reconocer la responsabilidad estatal y solicitar medidas reparatorias para todo el colectivo travesti trans.

“Hoy solo conocimos el resultado, la parte resolutiva de la sentencia; pero falta conocer el alcance de los fundamentos, entender cómo logramos el convencimiento del Tribunal de la implicancia que tiene el Estado en el contexto de travesticidio social”, detalló. E insistió en que se trata de un precedente histórico en el país.

La voz de todes

En la plaza 25 de mayo, frente a los Tribunales santafesinos, se sumaron con sus banderas les compañeres de militancia de Alejandra, junto a referentes de distintos espacios políticos y de distintas ONG.

Con la mirada atenta a las pantallas de los celulares, el grupo seguía la transmisión en vivo de lo que ocurría dentro del recinto. “Prisión perpetua”, se escuchó en medio del silencio. Segundos después, las lágrimas y una celebración con sabor amargo: “Alejandra Ironici… ¡Presente! Ahora, y siempre”. Nada le devuelve a quien fue una de sus principales lideresas, pero se hizo justicia.

Noly Trujillo, sobreviviente trans y amiga de Alejandra, fue una de las primeras en expresar la conformidad con la sentencia y señaló: “Estamos conformes. Pero ahora pongan atención sobre nosotras, que haya perspectiva de género en las comisarías. Somos parte de la sociedad y nos están matando. A Alejandra la vamos a recordar con cariño, con amor, como compañera, como hermana y amiga, con lo mejor del corazón”, agregó.

Compañeras de Miser, organización que fundó Alejandra, piden justicia por su transfemicidio.

Priscila Martínez, presidenta de la Comisión Directiva del Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (MISER), sumó también: “De ahora en más, seguiremos con el legado de Alejandra. Esta organización, que ella presidía, trabajará para toda la sociedad”.

Dentro de Tribunales, escucharon la sentencia Mercedes y José Luis, hermanes de Alejandra. Llegaron desde Tostado, en el extremo norte de la provincia de Santa Fe, localidad que Ironici abandonó hace muchos años huyendo de la discriminación. Solo José habló al finalizar la audiencia –su hermana estaba aún muy conmovida– y expresó estar conforme con la sentencia. Contó que, al menos él, recién conoció el enorme trabajo y recorrido de Alejandra luego de su muerte; cuando tomó contacto con decenas de personas cercanas a ella en Santa Fe.

El crimen

Alejandra había conocido a Héctor Barrero cinco meses antes del transfemicidio. Llegó a la casa de la mujer pidiendo trabajo y ella lo contrató para hacer unos arreglos de pintura. Jesús, el sobrino de Ironici, quien vivía con ella, contó al Tribunal que a la semana se pusieron de novios.

La mujer no encontró en Barrero una pareja. Él no la presentó a su familia ni amigos, se aprovechaba económicamente de ella y cuando alguien lo pasaba a buscar se alejaba una cuadra de la casa en la que convivían. A eso se sumaron una serie de hechos de violencia de género anteriores al asesinato.

Desde el primer momento del juicio, Barrero reconoció el asesinato, pero siempre negó el abuso sexual. Esa postura, según coincidieron la fiscalía y las querellas, era una muestra más del desprecio a la identidad y militancia de Alejandra. Lo mismo la saña con la que la atacó esa última vez. Aceptaba ser un asesino, pero “no quería que se ponga en duda su hombría”, dijeron las querellantes.

El 20 de agosto de 2022, Alejandra y Héctor cenaron en la casa de una pareja amiga. Alrededor de la 1 de la madrugada (ya del 21 de agosto), se retiraron. Dieron una vuelta por la Costanera y volvieron a su casa. Según el relato de una vecina cuya casa era contigua a la de Alejandra, cerca de las 3 de la madrugada algo pasó. Hubo un golpe seco, como el de alguien cayendo al piso, y luego, gritos. Alejandra pidiéndole que parara, gritando por ayuda. Nadie respondió y su voz se fue apagando.

Héctor la golpeó y la tiró al piso. Después fue hasta la cocina a buscar una cuchilla de carnicero. Con el arma la atacó 46 veces. La pericia determinó que sólo dos de esas heridas fueron mortales. El abuso se dio casi en simultáneo con el homicidio. Cuando ella no pudo más, Barrero limpió la cuchilla, la guardó, tomó el dinero, el celular y el auto de Alejandra, y salió de la casa.

Cuando Jesús volvió a la casa era tarde y no notó nada raro. La puerta de la habitación de su tía estaba cerrada. Al día siguiente, salió de la casa sin sospechar nada. Durante ese domingo, Barrero manipuló el celular de Alejandra para mostrar actividad. Cerca del mediodía volvió a la casa que habían compartido y le prendió fuego al cuerpo de la militante santafesina (las quemaduras se focalizaron en sus glúteos). Salió de la habitación y cerró la puerta, pero la falta de oxígeno hizo que el fuego se extinguiera.

Por la tarde, Jesús llegó nuevamente a su casa. Alertado por el olor a quemado, abrió la puerta de la habitación de Alejandra y encontró el cuerpo de su tía. La policía detectó que se trataba de un asesinato y comenzó a buscar a Héctor. No demoraron demasiado en encontrarlo y detenerlo en la casa de una trabajadora sexual. El auto de Alejandra estaba en la puerta. Su celular, en la almohada de su ocasional compañera.

Durante todo el proceso, la defensa de Barrero apuntó a su problema de consumo de cocaína como la razón principal por la que cometió el crimen. Sin embargo, tanto la fiscalía como las querellas remarcaron en reiteradas oportunidades que se trataba de una lectura estigmatizante sobre los consumos problemáticos.

Además, marcaron que Barrero arrastraba esa situación desde la adolescencia. En todo ese tiempo, él tuvo otras parejas (mujeres cis), incluso se casó y tuvo hijos, y en ningún caso ejerció violencia de género. Sólo lo hizo con Alejandra, una mujer trans.

El pedido por la responsabilidad estatal

Durante los alegatos de cierre, la querella que representó a organizaciones sociales solicitó para Barrero la misma pena por el delito de transfemicidio en contexto de travesticidio social. Agregó la importancia de que el tribunal declare al estado santafesino como responsable y se lo inste a cumplir con una serie de medidas que promuevan el acceso a la vivienda y el trabajo. También la sanción de leyes y la creación de programas de acceso a la Justicia.

Puntualmente solicitó al Tribunal que declare la responsabilidad estatal y dicte las siguientes medidas reparatorias:

1- Que se recomiende al Poder Legislativo la declaración de la emergencia social en violencia hacia las personas travestis y trans, siendo esta una deuda histórica para con el colectivo.

2- Que exhorte a los tres poderes del Estado provincial de forma urgente a dar pleno cumplimiento a la Ley N° 13.902 de Inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, promoviendo su contratación y empleo en el sector público y privado.

3- Que solicite al Poder Legislativo la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans y al Poder Ejecutivo la inmediata puesta en marcha la Ley de Reparación Histórica para Personas Travestis y Trans.

4- Que inste al Legislativo y Ejecutivo a diseñar e implementar políticas públicas concretas para dar respuesta al problema habitacional que viven las personas trans, promoviendo asimismo desde ese lugar la inserción laboral y la obtención de plena autonomía y de una vivienda propia.

5- Que imponga al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial, y/o al organismo que se haya conformado en su reemplazo, dentro del plazo de un año desde la notificación de la sentencia, efectuar un diagnóstico sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas trans en la provincia de Santa Fe y a crear un programa de acceso a la justicia y asistencia a personas del colectivo travesti trans.

Victoria Rodríguez

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alejandra Del Río Ayala, Alejandra Ironici, Argentina, Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, Héctor Barrero, Instituto de Políticas Públicas LGBT, José Luis Ironici, Ley de Identidad de Género, Mercedes Ironici, Movimiento de Integración Sexual. Étnica y Religiosa (MISER), Noly Trujillo, Pablo Busaniche, Personas LGTBIQ, Personas trans, Priscila Martínez, Santa Fe, Sebastián Szeifert, Sentencia, Sofía Basso, Susana Luna, Transfeminicidio, Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género. Familiar y Sexual (GEFAS)

Movilh y Fundación Iguales lamentan muerte de Piñera: “Jugó un rol crucial en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+”

Hispanoamérica lamenta la muerte de Sebastián Piñera: “Estaba comprometido con los valores de la libertad”.
Gobernantes y exmandatarios de la región y el presidente del Gobierno español lamentan el fallecimiento del expresidente de Chile

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó hace instantes la muerte del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Su fallecimiento se produjo en la tarde de este martes 6 de febrero, a raíz de un accidente en que el helicóptero del ex mandatario capotó a orillas del Lago Ranco, en la región de Los Ríos. Tenía 74 años de edad.

El Gobierno anunció que se decreta duelo nacional por tres días y se realizará un Funeral de Estado. Su velorio se llevará a cabo en el edificio del ex Congreso en Santiago.

La noticia de la muerte del ex Presidente de la República ha generado diferentes reacciones en Chile y el mundo.

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia, cercanos y a quienes fueron parte de los dos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera Echenique. En especial, hago llegar un abrazo cariñoso y fraterno a su esposa, Cecilia Morel, a sus hijos, Magdalena, Cecilia,… pic.twitter.com/kFWXtqwjYT

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 6, 2024

Consternado por la trágica muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera.

Mis condolencias a su familia y amigos, así como al Gobierno y a todo el pueblo chileno.

Durante su mandato, estrechamos los lazos entre nuestros dos países y juntos hicimos posible la COP 25 en un…

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 6, 2024

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El Movilh recibe con dolor su partida, expresa condolencias a sus seres queridos y destaca los pioneros aportes de Piñera para la promoción y defensa de los derechos humanos LGBTQ+, como fueron la Ley Zamudio y el matrimonio igualitario, entre otros. El Movilh publica listado de su legado en torno a los derechos LGBTIQ+

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresa su más profundo dolor por el fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera, quien gobernó Chile en dos ocasiones,  entre el 2010 y el 2014 y entre el 2018 y el 2022.

Nuestra organización recibe con profunda tristeza el fallecimiento del ex mandatario, quien jugó un rol crucial, protagónico, y también pionero para un mandatario, en lo referente a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales.

Presenciamos una tragedia de Estado que enluta a Chile. Expresamos nuestras condolencias a su compañera de toda una vida, Cecilia Morel, a su hijos/as, y a cada uno de sus seres queridos.

Esta partida nos impacta especialmente.

El ex presidente Piñera junto impulsar leyes y políticas públicas pioneras a favor de los derechos LGBTIQ+, dio un trato igualitario, respetuoso y gentil a organizaciones independientes como la nuestra, sin jamás condicionar la autonomía del movimiento social y poniendo siempre por delante de ello a las causas que personas o instituciones impulsan para el beneficio de Chile, fueran quienes fueran sus gestores. No había espacio para el sectarismo, sí para una visión de Estado que fue histórica para los derechos LGBTIQ+

En efecto, Piñera fue el primer presidente en el ejercicio de su cargo que recibió al movimiento de la diversidad sexual y de género y a víctimas de la homo/transfobia,

Bajo sus gestiones, y con el impulso de su gobierno, fueron aprobadas la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario, mientras que su administración envió al Congreso Nacional el Acuerdo de Unión Civil, el cual luego se transformó en ley.

A esto se suman políticas públicas pioneras. Ejemplos son aquellas que: regularon el cambio corporal de las personas trans, obligaron a los recintos de salud a respetar la identidad de género, eliminaron las prohibiciones a gays para donar sangre e  incluyeron consultas sobre diversidad sexual en el Censo,  en la Encuesta Nacional de la Juventud y en la Casen, además de implementarse las primeras medidas educacionales que hablaron abiertamente de orientación sexual e identidad de género en textos oficiales del Mineduc.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del ex presidente Sebastián Pinera, el primer mandatario de Chile que se reunió con víctimas de la homo/transfobia e impulsó leyes y políticas públicas pioneras para derechos LGBTIQ+. Nuestras sinceras condolencias https://t.co/QQ57DcBUUE pic.twitter.com/7wRQ99wY8k

— Movilh Chile (@Movilh) February 6, 2024

A continuación el Movilh publica los históricos avances que registraron los derechos LGBTQ+ bajo los dos gobiernos de Piñera

Primer Gobierno de Piñera

2010: Gendarmería termina con las prohibiciones a parejas del mismo sexo para acceder al derecho de venusterio.

2010: Por primera vez un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, se compromete públicamente a crear una ley que regule las uniones de hecho para parejas compuestas por personas de igual o distinto sexo.

2010: El Ministerio de Educación lanza un Reglamento de Convivencia Escolar para prevenir y enfrentar la violencia en las aulas, mencionando a la no discriminación por orientación sexual

2011: Por iniciativa gubernamental ingresa al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre uniones civiles. Fue aprobado en 2015.

2011: El gobierno crea la primera Mesa de Diálogo sobre Diversidad Sexual y de Género, que reúne a sus funcionarios/as con organizaciones LGBTQ+ y parlamentarios/as. Los Gobiernos siguientes siguieron generando mesas similares.

2011: Por primera vez en la historia un Presidente de la República se reúne con organizaciones de la diversidad sexual y de género.

2011: El Gobierno aprueba la “Vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género”, el primer protocolo que regula a nivel nacional este tipo de procedimientos.

2011: El Ministerio de Salud aprueba la circular número 34, mediante la cual se obliga a todos los centros asistenciales a tratar a las personas trans por su género y nombre social. La circular fue actualizada el año 2012, por la número 21

2011: Por primera vez agentes gubernamentales y el movimiento de la diversidad sexual y de género realizan una campaña conjunta para promover los derechos de las personas trans.

2011: El Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía incluyen una consulta sobre los convivientes del mismo sexo en el Censo 2012.

2012: Con impulso gubernamental es aprobada y promulgada la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, incluyendo como categorías protegidas a la orientación sexual y a la identidad. de género.

2012: Por primera vez un presidente de la República se reúne con víctimas de la homo/transfobia.

2012: Es derogado el Reglamento de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas DNL928, el cual asociaba a las diversidades con “perversiones sexuales”.

2012: Por primera vez en la historia del país un presidente de la República menciona a una víctima de la homo/transfobia en su mensaje anual ante el Congreso Nacional e invita al mismo al movimiento de la diversidad sexual y de género.

2012: La Comandancia en Jefe del Ejército pide disculpas por la discriminación a las personas LGBTIQ+.

2012: Los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las Policías modifican y derogan todo reglamento interno de corte homo/transfóbico.

2013: La Encuesta Nacional de la Juventud del Injuv incluye por primera vez una consulta sobre la orientación sexual.

2013: La “Norma General Técnica que regula el procedimiento de atención a donantes de sangre” del Minsal termina con las homofóbicas reglas que impedían a las personas donar sólo por ser homo/bisexuales.

2013: Gendarmería elimina toda norma interna que violente la Ley Zamudio y firma un convenio para que los/as reclusos/as LGBTIQ+ cumplan sus penas alternativas con trabajo anti-discriminatorio.

2013: La guía académica “Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial”, incluye los derechos de la diversidad sexual y de género en sus contenidos de formación de Carabineros.

2013: El Ministerio del Interior lanza la primera política estatal de apoyo a víctimas LGBTIQ+ de la violencia homo/transfóbico, la cual se han mantenido vigente en los futuros gobiernos.

2013: Por primera vez un Gobierno aplica una consulta ciudadana exclusiva sobre discriminación, incluyendo preguntas sobre la diversidad sexual y de género

2013: El Mineduc lanza el texto “Discriminación en el contexto escolar, orientaciones para promover una escuela inclusiva”, el primer documento oficial que habla claramente sobre la diversidad sexual y de género, de las familias homoparentales y recomienda medidas para enfrentar la homo/transfobia y otras formas de discriminación en las aulas.

2013: El Ministerio de Salud oficializa que no hay ningún impedimento para que los procesos de readecuación corporal de las personas trans sean cubiertos por Fonasa.

2014: Con respaldo gubernamental y municipal es inaugurado el Primer Memorial por la Diversidad en el Cementerio General, el segundo monumento nacional sobre derechos LGBTQ+.

Segundo Gobierno de Piñera

2018: Con impulso gubernamental es aprobada y promulgada la Ley 21.120 sobre de Identidad de género.

2018: Es aprobada la Ley 21.091 que garantiza, por iniciativa gubernamental y parlamentaria,, la no discriminación en la educación superior.

2018: El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) pone en funcionamiento medidas para respetar el nombre y sexo legal de las personas trans durante los procesos de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

2018: Con apoyo gubernamental, el Movimiento LGBTIQ+ instala en el histórico Cerro Santa Lucía un Monumento por los Derechos LGBTIQ+, el tercero del país.

2019: La Encuesta Nacional de la Juventud consulta por primera vez sobre identidad de Género.

2019: El Ministerio de Desarrollo Social y la Familia lanza una circular que garantiza la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en los programas estatales para personas sin casa o en situación de calle.

2019: La Superintendencia de Salud lanza la circular 336 que prohíbe expresamente a todas las Isapres patologizar a las personas trans.

2020: El Congreso Nacional aprueba la Ley de Migración y Extranjería incorporando por iniciativa parlamentaria y gubernamental a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas

2020: La Superintendencia de Fondos de Seguros Previsionales y de Salud obliga a una Isapre a otorgar cobertura de fertilización asistida a una mujer lesbiana, tras negarse a ello por razones homofóbicas.

2020: Gendarmería aprueba un protocolo que resume los derechos de internos/as, visitantes y funcionarios/as trans establecidos en la ley y en fallos que condenaron a la entidad, reiterando que las personas deben quedar recluidas en cárceles acordes a la identidad de género.

2020: El Departamento de Extranjería lanza la circular 32 que respeta los derechos de personas migrantes trans.

2020: La Dirección del Trabajo emite el instructivo 3088/032 que esta vez  resume lo señalado en dictámenes previos, así como lo indicado en la Ley de Identidad de Género.

2021: Con impulso gubernamental es aprobada y promulgada la ley de matrimonio igualitario 21.400.

2021: Por iniciativa parlamentaria y gubernamental es  aprobada la Ley 21.331 sobre Salud Mental que prohíbe todo diagnóstico médico basado en la orientación sexual o la identidad de género, cerrándose la puerta a las terapias reparativas de la homo/transexualidad.

2021: La Superintendencia de Educación lanza la circular 812 sobre derechos de estudiantes trans, actualizado con ello  la circular 768 del año 2017.

2021: El Sename publica su primera “Política para el abordaje de la diversidad sexual y de género en niñas, niños y adolescentes (NNA)»

2022:  Es aprobada la Ley 21. 430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la cual incorpora por iniciativa parlamentaria y gubernamental a la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas.

2022: El dictamen 147 de la Dirección del Trabajo garantiza y aclara que los derechos consagrados en la Ley de Matrimonio a las madres son también aplicables a los hombres trans gestantes.

Fuente MOVILH

Fundación Iguales: “Recordamos su compromiso”

Por su parte, la Fundación Iguales -fundada por Luis Larraín- también se sumó a las condolencias a su familia por el fallecimiento del exjefe de Estado.

“Recordamos su compromiso con la promulgación de la ley antidiscriminación, de identidad de género y la consolidación del Mat. Igualitario”, escribieron a través de su cuenta de X (antes Twitter)”.

Nuestras condolencias a la familia del Expdte. Sebastián Piñera por su sensible fallecimiento. Recordamos su compromiso con la promulgación de la ley antidiscriminación, de identidad de género y la consolidación del Mat. Igualitario; logros históricos para la comunidad LGBTIQA+.

— Fundación Iguales (@IgualesChile) February 6, 2024

La organización catalogó todas esas medidas como “logros históricos para la comunidad LGBTIQA+”.

Fundación Iguales

General, Historia LGTBI Accidente, Acuerdo de Unión Civil, Chile, Derechos LGTBIQ+, Fundación Iguales, Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley Zamudio, MOVILH, Sebastián Piñera

Hasta ahora niños y niñas trans menores de 14 años usaban otras leyes porque se pensaba que la Ley de Identidad de Género no los consideraba. Felizmente, la jueza Macarena Rebolledo aclaró que dicha norma debe respetar el interés superior de todos los niños, sea cual sea su edad. La niña y madre fueron representadas por la abogada Lorena Lorca. El Movilh aplaudió el fallo.

La jueza titular del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Macarena Rebolledo (en la fotografía), “marcó un hito” al ordenar al Registro Civil que rectificara la partida de nacimiento de una niña trans de 10 años en virtud de la Ley de Identidad de Género 21.120, “siendo el primer caso de este tipo conocido en Chile, pues con anterioridad los menores de 14 años habían conseguido tal derecho gracias a otras normas”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Tras el fallo del pasado 21 de noviembre, la niña podrá retirar esta semana su nueva cédula de identidad, en tanto el Registro Civil ya rectificó su partida de nacimiento.

La madre  e hija fueron representadas por la destacada abogada  y docente del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Lorena Isabel Lorca Muñoz (en la segunda fotografía), quien se ha especializado en temáticas de identidad de género y ha conseguido los fallos más importantes en la materia.

En concreto, Lorca Muñoz solicitó al Juzgado una  “interpretación armónica” de la Ley 21.120 en su relación de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la cual prohíbe la discriminación por sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y las características sexuales, entre otras categorías, y enumera diversos derechos para NNA. La demanda fue acogida por el tribunal.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, señaló que “este fallo marca un precedente, pues si bien en sentencias previas las personas trans menores de 14 años han podido en Chile rectificar su partida de nacimiento, esta es la primera vez que se acoge una demanda en virtud de la Ley 21.120 que Reconoce y da Protección al Derecho a la Identidad de Género”.

Lo anterior,  explicó Zúñiga, “porque aunque la Ley de Identidad de Género no prohíbe expresamente a los niños, niñas o adolescentes (NNA) menores de 14 años efectuar el trámite, regula explícitamente solo procedimientos judiciales para mayores de esa edad.  Desde ahora animamos a más niños, niñas  trans menores de 14 años, y a sus familias, a exigir la plena igualdad de derechos en virtud de la Ley de Identidad de Género. Aplaudimos a la niña, su madre, a la jueza Rebolledo y a la abogada Lorca por este gran paso”.

El fallo

En su sentencia, la jueza Rebolledo señaló que “el procedimiento que establece la ley 21.120  no tiene como objetivo otorgar la calidad de persona trans, por cuanto se trata de una convicción personal, al tratarse de un derecho de autonomía. La finalidad de esta ley es otorgarle a las personas trans – es decir aquellas cuya autopercepción no coincide con el género asignado al nacer- la posibilidad de realizar el cambio de nombre y de sexo registral en sus documentos de identidad.  Sin embargo, la ley 21.120 limita este procedimiento a quienes tienen entre 14 y 18 años. Así surge el problema a dilucidar: ¿existe  legitimación activa en este procedimiento? ¿es posible aplicarlo a una niña trans de 10 años? Para resolver, es necesario revisar los derechos afectados, recurriendo a las leyes nacionales, al derecho internacional de los derechos humanos, y a la doctrina”.

La ley 21.120 “en su artículo tercero señala una garantía específica, y es que toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género”, pero si se siguiera la lógica que ello aplica solo a mayores trans de 14 años,  habría que concluir que el derecho es además exclusivo para menores de esa edad que son cisgéneros, lo cual sería una abierta discriminación, explica el fallo.

Felizmente, añadió la sentencia, “la misma ley de identidad de género, en su artículo quinto, consagra que este derecho a la identidad de género reconoce, entre otros, el principio del interés superior del niño, señalando que los órganos del Estado garantizarán a todos los niños, niñas y adolescentes –no señala solo a los adolescentes- la máxima satisfacción en el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías, en los términos del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e igualmente indica, al referirse al principio de la autonomía progresiva, que todo NNA podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez”.

En otras palabras,  agrega la sentencia, “la ley de identidad de género señala entre sus principios el de no discriminación, pero además la Ley de Garantías indica que ningún niño o niña podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su identidad de género”.

Por tanto, enfatiza la jueza, “no basta con constatar que la igualdad y no discriminación esté consagrada en la ley, sino que se deben verificar cuales son las barreras que impiden esta igualdad. Las barreras normativas contempladas en la ley 21.120 que impiden a los niños y niñas trans acceder a dicho procedimiento, pueden ser superadas con una interpretación sistémica que incluya la ley de garantías, las formas de interpretación contempladas en ella, y las Convenciones Internacionales que tienen rango supralegal, de conformidad al artículo quinto inciso segundo de la Constitución Política de la República”

“Nadie, ni progenitores, ni familia, ni profesionales, ni instituciones se pueden otorgar el derecho de reprimir, corregir, castigar o modificar su identidad, pues ello supone atentar directamente contra el desarrollo integral de su personalidad. Aceptar al niño, niña y adolescente como una persona autónoma no implica, en ningún caso, cuestionar ni poner en entredicho la autoridad de los adultos, sino reconocer su derecho a estar presentes, a expresar lo que sienten, siempre por supuesto en atención a sus características evolutivas, en la toma de aquellas decisiones que les afecten y enfatizando, en todo caso, que el rol que tiene el adulto -progenitores, familia, profesionales, instituciones- es el de llevar a cabo una misión de acompañamiento, conducción, promoción y educación. En otras palabras, colaborar en la búsqueda del ámbito donde se han de encontrar y desarrollar a sí mismos”, finalizó el histórico fallo.

Fuente MOVILH

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El monitoreo realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad arrojó un aumento significativo durante este año.

BUENOS AIRES, Argentina. Unas 955 personas lograron “transformar sus vidas” al ingresar a trabajar en el sector público nacional a partir de la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (TTT) “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. Desde su sanción y promulgación en 2021, la inserción laboral de este colectivo en el ámbito público aumentó en más de un 900%.

«Es una política que hay que cuidar, hay que profundizarla, protegerla y seguir haciendo que se cumpla. Esos 955 no son números, son almas», expresó la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Agustina Ponce.

Los datos del noveno monitoreo de la Ley N° 27.636 se brindaron este lunes en un encuentro con periodistas donde participaron Ponce; la coordinadora de Acceso al Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, Cintia Pili; y la responsable del Registro Único de Aspirantes, Laura Cardozo.

En estos 4 años, acompañamos a más de 15 mil LGBTI+ con políticas de formación y asistencia técnica.

‍⚧️ Más de 900 travestis, trans y no binaries accedieron a un trabajo formal en el Sector Público Nacional y a otros derechos asociados por el Cupo Laboral Travesti Trans.

— Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) December 5, 2023

Esta normativa, que fue sancionada el 24 de junio de 2021, establece un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para la comunidad travesti trans, con el objetivo de que puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad.

También establece que se deben promover acciones de concientización y sensibilización en los ámbitos laborales y prevé incentivos para el sector privado que cumpla con esta normativa. Además, promueve líneas de acceso al crédito desde el Banco de la Nación de la República Argentina para esta población.

¿Por qué la necesidad de un cupo?

La población travesti trans cuenta con mayores vulnerabilidades que el resto de la población. Desde temprana edad, al asumirse en esta identidad, las personas trans son expuestas a distintos tipos de discriminaciones, que van desde las familiares, hasta las sociales e institucionales.

La primera exclusión se da en las familias que no aceptan la asunción de esta identidad, lo que lleva a que deban abandonar sus hogares. Incluso, muchas llegan a la Argentina dejando sus países de origen para encontrarse más amparadas bajo la normativa nacional. La segunda, se da en la escolaridad. Tras el acoso de estudiantes, docentes y la falta de acompañamiento terminan, la mayoría de ellas, abandonando los estudios.

La falta de estudios, sumado a la discriminación laboral, lleva a que un alto porcentaje de travestis y mujeres trans vean a la prostitución como única forma de subsistencia. Esto trae aparejadas mayores condiciones de vulnerabilidad: la exposición a la calle, el frío, las infecciones de transmisión sexual y la violencia policial, social y del sistema de salud.

En este sentido, la Primera Encuesta sobre Población Trans(2012) de la Argentina, arrojó que solo el 64% había completado el Nivel Primario o la Escuela General Básica (EGB). Además, el 50% residía en viviendas deficitarias, al tiempo que el 85% de las feminidades trans declararon estar o haber estado en situación de prostitución.

En tanto, mientras una mujer cis en la Argentina tiene una expectativa de vida de 78 años (según datos del censo del INDEC en 2022), la de una mujer trans o travesti es de 40: menos de la mitad.

Resultados del noveno monitoreo

Antes de la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, 101 personas de este colectivo ocupaban puestos de trabajo en el sector público. Esto significa un aumento del 946% en la contratación. 

«Hemos visto cómo nos cambia la vida a nosotras mismas. Se trata de una posibilidad más que se abre a la única que hemos tenido: el ejercicio de la prostitución», aseguró Ponce. Además de funcionaria, es militante travesti y también trabajó en la calle.

En el marco de esta normativa también se realizaron más de 500 actividades de capacitación y asistencia técnica sobre acceso y permanencia laboral para este sector. Esta instancia alcanzó a 12.058 trabajadoras y trabajadores del sector público en sus tres niveles, del sector privado, sindicatos y universidades.

Con respecto a la modalidad de empleo al que accedieron las personas travestis y trans con el cupo, casi un 40% ingresó bajo el sistema de contratación previsto por la ley Marco. Mientras, un 22% se encuentra en planta permanente.

Del total de organismos relevados en el monitoreo, el 22% incrementaron las contrataciones de TTT y el 13,91 % ya cumplen o superaron el 1% establecido como piso.

En relación a la federalidad de la normativa, en cada monitoreo se registraron incrementos en las contrataciones a nivel federal. Hasta el momento, la jurisdicción con mayor porcentaje de personas TTT contratadas sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 58,32% de los puestos. Sin embargo, se observó un cambio drástico desde el primer monitoreo, en el que las contrataciones en el resto del país representaban el 14%, frente al 41,7% actual.

El sector privado

Por otra parte, si bien la ley no obliga al sector privado a alcanzar el 1% del cupo, brinda incentivos a este sector para que contraten a personas travestis y trans. A través del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, el Empleo y la Producción «Igualar» se busca reducir las brechas de género en el ámbito laboral. «Pueden tener todas las herramientas que están disponibles para el sector público», detalló Ponce en relación al sector privado.

En relación a los tres poderes del Estado, el ejecutivo es el que presenta el mayor porcentaje de contratación seguido del legislativo. «Luego de dos años de la Ley de Cupo, la Corte sacó una resolución diciendo que va a empezar a contratar personas travestis y trans a través de lineamientos propios», informó la subsecretaria.

El cupo del 1% para personas travestis y trans en el sector público debe continuar implementándose ya que se trata de una ley nacional. La autoridad de aplicación de esta normativa es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, una cartera que el gobierno entrante de La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, no considera necesaria. De hecho, en el contexto actual en el que se está llevando adelante una transición de la gestión saliente a la entrante, este ministerio hasta el momento no fue convocado.

«Nosotras venimos de una época represiva del Estado. Los chicos y chicas que hoy son jóvenes quizás han naturalizado el piso de derechos que hoy tenemos como la Ley de Identidad de Género. Ante un próximo escenario que parece adverso, con personajes que remiten a esa época, los y las pibes de hoy creo que la van a tener difícil», dijo Ponce.

Sin embargo, todas las presentes destacaron la importancia de defender los derechos ganados en las calles. «Es necesario seguir organizadas y seguir formándonos políticamente. Acentuar el diálogo y profundizar las políticas que tenemos gracias a personas que dieron su vida luchando», concluyó la subsecretaria.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

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Fuente MOVILH

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Por primera vez en la Argentina se dictará una cátedra en la carrera de abogacía para formar en derechos de la comunidad LGBTI+

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, Argentina. Formar en derechos y educar es fundamental en estos tiempos. Por eso, la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dio inicio a una nueva asignatura optativa: Protección Jurídica de las Personas LGTBIQ+. Una materia en una cátedra en una carrera en una pequeña provincia del norte del país parece un pequeño paso. Sin embargo, es la primera en la Argentina abocada íntegramente a los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

“Hace 19 años, cuando ingresé a la Facultad de Derecho como estudiante, militaba en política universitaria y habitaba las aulas, los prejuicios LGTB-fóbicos estaban a la orden del día. Era muy difícil que los profesores salgan del clóset. Cuando me postulé para un cargo del centro de estudiantes o del Consejo, las objeciones tenían que ver con mi orientación sexual”, dice Germán Arce abogado e investigador que encabeza el cuerpo docente a cargo del dictado de la materia.

La materia que dicta Germán tiene entre sus principales objetivos visibilizar los sesgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos en el ámbito jurídico. “Constituye una acción pionera. Es la primera de la carrera de abogacía de una universidad pública argentina que se ocupa completa y exclusivamente de este tema”, destaca el docente. Se muestra sorprendido y agradecido por la convocatoria que tuvo el lanzamiento oficial de la asignatura. “Casi dos tercios de estudiantes en condiciones de tomar las materias optativas, eligió esta. Eso da cuenta de que los pibes están interesados, inquietos y con ganas de avanzar sobre este tipo de formación”, destaca Arce.

El primer encuentro

Con un anfiteatro lleno de estudiantes y activistas LGTBIQ+, con un panel compuesto por docentes y referentes de la diversidad de género, la presentación de la optativa se convirtió en un verdadero evento. Y remarca que es una experiencia pionera porque si bien existen abordajes en algunas unidades de la currícula académica en otra universidad del país, esta es la primera materia en una universidad pública argentina que se ocupa completamente de este tema.

“Es importante destacar que son minorías las universidades que van incluyendo estas perspectivas. Por lo pronto, esta es la primera vez que una asignatura se aboca directa y exclusivamente a esto”, advierte el docente.

Entre los ejemplos de prácticas necesarias de transformar en el mundo jurídico, comenta Arce en diálogo con Agencia Presentes, están los abordajes procesales que siguen siendo revictimizantes. Esta falencia -explica- es, por lo general, por falta de capacitación. Pero también es por la falta de acceso de las personas trans a la educación jurídica superior y a los cargos judiciales. “La falta de representación parlamentaria del colectivo también es un factor determinante”, remarca.

Al avance de los discursos de odio una respuesta posible 

La noticia de esta nueva materia llega con el contexto del resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y el avance de discursos antiderechos. La alegría de haber ganado un espacio con respaldo institucional en la casa de altos estudios se ve, cuanto menos, pendiente de un hilo.

Algunos estudiantes manifestaron la necesidad y la importancia de esta perspectiva en la formación profesional. “Es importante tener esta materia en la carrera. Nos prepara como futuros profesionales para defender los derechos de la comunidad LGBTQI+ y para poder difundir todos los derechos conquistados”, dijo uno de ellos.

A esos derechos conquistados no solamente hay que defenderlos, sino que también es imprescindible garantizarlos. Arce remarcó que “hace diez años que tenemos una ley de identidad de géneros. Sin embargo, el promedio de vida de las mujeres trans sigue siendo entre 35 y 40 años. Las causas de muertes siguen siendo las mismas”. Eso habla de la necesidad de que las y los operadores jurídicos actúen con perspectiva de géneros y derechos humanos.

“Es un gran augurio encontrarme en la universidad desde este lugar, ocupando espacios áulicos, con categorías docentes altas y hablando de derechos y debatiendo nuestros saberes políticos desde nuestra condición de docentes LGBTI. Hace muchos años no teníamos estos derechos, ni la legitimidad para ocupar estos espacios de saber-poder que hoy sí. Nuestro país ha cambiado y nuestra universidad también”, señala al tiempo que insta a defender lo logrado.

De la primera actividad, una charla abierta enmarcada en el lanzamiento de la asignatura participaron, además de estudiantes y público, Claudina Rukone -actriz, comunicadora y activista trans de Tucumán-, Adrián Pipo Albano -delegado del INADI Tucumán-, Lara Bertolini -activista trans que dirige el Centro de Investigaciones LGBTI+ de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda-, Emiliano Litardo -corredactor de la ley de Identidad de Género– y docentes de diferentes de universidades de España, Colombia, Chile, México y Brasil.

Gabriela Cruz

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Adrián Pipo Albano, Ámbito educativo, Argentina, Brasil, Cátedra, Centro de Investigaciones LGBTI+, Chile, Claudina Rukone, Colombia, Emiliano Litardo, España, Facultad de Derecho, Germán Arce, Lara Bertolini, Ley de Identidad de Género, México, Personas LGTBIQ, Protección Jurídica de las Personas LGTBIQ+, San Miguel de Tucumán, Universidad, Universidad Nacional de Avellaneda-, Universidad Nacional de Tucumán (UNT)

La película es un registro de vínculos y relaciones de las personas trans en los barrios bonaerenses. Una alfombra rojas para contar historias propias.

BUENOS AIRES, Argentina. “Íntimas habla de lo que podemos decir en confianza”, define Arny, una de las protagonistas del documental dirigido por Manuela Orellano en diálogo con Presentes.

En el tráiler del documental Juliana Carrizo cuenta cómo el cartero le trajo su primer DNI, después de que se sancionara Ley de Identidad de Género en la Argentina, en 2012. Su voz se superpone con otra que cuenta que la dictadura nunca terminó. “Yo me hice muy amiga de ella, muy amiga, y de repente desapareció”, lamenta otro testimonio.

Detalles de las vidas, escenarios reales, habitaciones, cocinas, donde los espectadores nos hacemos parte de este grupo de amigas, que nos convidan de su intimidad.

Íntimas se presenta en el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y contará con la presencia de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Greta Pena, el diputado nacional Leonardo Grosso y la funcionaria trans Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina.

Lo esencial de los vínculos

Amigas íntimas que nos invitan a una alfombra roja, para poner en valor vidas enteras de aprendizaje, dolor y risas. La pantalla se funde a negro, y una remata: “Siempre fui igual, porque yo ¿transición de qué? Siempre fui mujer”.

Para lxs autores, la palabra Íntimas tiene que ver con rescatar la forma en que se construyen los vínculos entre las compañeras, con un cuidado amoroso que es una forma de resistencia contra la crueldad, el individualismo y las violencias.

Por ejemplo, enterarse de que una compañera está enferma y cuidarla, higienizarla; o que hay que ir a buscarla a la comisaría: o a quien hay que despedir, y entonces cómo organizar ese velatorio, juntar plata para hacerlo, reivindicar ese nombre que el Estado no reconocía. Es un teje íntimo, en el marco de las grandes luchas políticas, una resistencia situada en los territorios: en los barrios.

Algunas de sus protagonistas integran El Teje de San Martín, una organización de personas travestis trans que nació en ese partido bonaerense en plena pandemia por Covid 19. Allí se realizan diversas actividades, entre ellas el centro de estética Fuego.

El documental Íntimas de Manuela Orellano rescata las historias de las mujeres trans en San Martín. Foto: Gentileza de Facundo Nivolo.

Vidas trans y conurbanas

Íntimas empieza siendo un documental (incompleto, un work in progress), un registro urgente de las voces fundamentales de esta memoria trans local, conurbana, luchadora y amorosa, en formato audiovisual.

Este registro dialoga con los otros archivos de la memoria trans, pero con la particularidad de situarse en un territorio concreto y reconocer puntos de circulación, estratégicos, importantes, con muchas historias para la población de este distrito. Es una especie de lupa, que permite recuperar las historias del tejido, de los vínculos, escuchando la voz de las protagonistas, ¿cómo suenan nuestras voces? ¿Cómo resuenan?

Con la presentación de este 17 de mayo a las 18 en el Teatro Tornavías de la Universidad de San Martín comenzarán a circular estas voces, que tanto han transformado y que tanto tienen para seguir aportando desde su singular experiencia ciudadana.

2020 y cruce intergeneracional

La idea nació durante la pandemia, cuando se juntaban para hacer el ReparTeje, que consistía en conseguir y repartir los alimentos y elementos de higiene que necesitan las casi 200 compañeras trans y travestis, que con las restricciones de circulación no podían trabajar, y tampoco contaban con otra red que las ayude.

“Las compañeras más grandes, Buby que cumplió 79 años, Jorgelina que tiene cincuenta y pico, Julia que tiene más de sesenta, contaban historias, y queríamos preguntar un montón de cosas que sucedían acá, en San Martín, sin necesidad de irnos a Capital. Historias fundantes que suceden en las calles donde transitamos y construimos nuestros laburos”, cuenta la directora del film, Manuela Orellano.

Entre las protagonistas de esta primera entrega están también Gaby la Tucumana y la adorada Cristal, recientemente fallecida.

En un fragmento, la fantástica artista local, Angela Lulú, cuenta cómo se conoció con sus primeras amigas travas. “La famosa Pepito, la Mónica, la Mery… yo me acuerdo que las crucé en un colectivo y las seguí, ¿y sabés a dónde fueron a parar? Iban al ensayo de una murga en Pablo Podestá. A mí me llamaron la atención ellas ya vestidas de mujer, y yo tenía capaz 14 años, y me bajé de colectivo y las seguí, hasta que me acerqué a ellas sin conocerlas”.

-¿Y?- pregunta Manu.

– Y no… me sacaron que era una mariquita, y todo bien. No sé, me enamoré de la condición de ellas, libremente, después me hice muy amiga, muy amigas, años, fiestas, cumpleaños, pasábamos todo juntas, hasta que yo me fui haciendo.

El tono se estira eterno, el eco de las voces permanece, trasciende la ternura, la inocencia.

El documental sigue en construcción, porque faltan entrevistas y muchas historias por contar. Y también porque se busca registrar y fortalecer el diálogo intergeneracional.

“Es una memoria política también porque son voces fundamentales para diseñar las políticas públicas que necesita el sector y que demanda el territorio”, subraya la directora.

Escenas de Íntimas, el documental de Manuela Orellano. Foto: Gentileza de Facundo Nivolo.

Memoria de los bordes

El documental se desborda de la pantalla. No tiene fin. Conviven tres generaciones, y las que están por venir. “Un propósito de Íntima es que no se olvide lo que vivieron las mayores, y valorar esto que se consiguió”, remarca Arny Toledo, que es parte de una generación intermedia de la comunidad trans y travesti de San Martín. La localidad limita con el noroeste de la Capital Federal, y se sumerge en el conurbano bonaerense a través de la Ruta 8, donde se dieron grandes avances. Uno de ellos fue el primer consultorio diverso que funciona en el Hospital Fleming.

El desafío de construir un archivo audiovisual que recupere las vivencias, las historias y las memorias de las personas travestis y trans de San Martín representa un trabajo arduo. Guillermo Castro coordina la iniciativa. “Nuestras compañeras fueron históricamente negadas en la construcción de las historias de nuestras patrias, de nuestras resistencias, y de nuestras luchas como pueblo. Se trata de hacer justicia con muchas compañeras que le pusieron el cuerpo a la construcción de un país más justo y más solidario. Tener ese registro revaloriza también las historias y las vivencias locales por fuera de la gran ciudad”, plantea.

Queridx Futurx

Foto: Gentileza de Facundo Nívolo

¿Qué representa para las protagonistas haber sido parte de este recorrido histórico situado en San Martín? Arny Toledo, experta en comunicación, elegida por sus compañeras como vocera, advierte que escuchando a las mayores revalorizó cuán importante fue adquirir nuevos derechos.

“Cuando escuchamos a una compañera trans adulta que pasó por tanto maltrato, en comisarías, y que ahora tengamos el derecho de poder circular como queramos… Porque eran condenadas solamente por su vestimenta, es decir, es insólito. Y cuando escuchamos esas anécdotas, nos damos cuenta que si bien hemos logrado mucho, todavía falta mucho más”.

“Hace muy poquito que conmemoramos un aniversario más de la ley de identidad de género, que fue un gran avance, que se logró con lucha y tenemos que ir por más y esa es la parte que nos toca a nosotras, con nuestra población nueva, de dieciocho años, o veinteañeras y veinteañeros trans, orientarlos para que no olviden”, dice Arny, porque entre las Íntimas comparten sueños, y saben tejer derechos.

El documental se presenta el miércoles 17 de mayo a las 18 en el Teatro Tornavías de la UNSAM, Francia 34, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires.

Vanina Pasik

Gentileza Facundo Nívolo

Fuente Agencia Presentes

Cine/TV/Videos, General, Historia LGTBI Argentina, Buenos Aires, Documental, Íntimas, Juliana Carrizo, Ley de Identidad de Género

El asesinato del niño Lucio Dupuy por parte de sus cuidadoras sirvió para que proliferaran los discursos lesbo-transodiantes y la desinformación.

El caso de Lucio Dupuy conmociona y duele. Porque tenía cinco años. Porque fue asesinado brutalmente a golpes. Porque quienes debían cuidarlo, lo torturaron y lo abusaron. Porque fallaron todos los protocolos y procedimientos del Estado para proteger a las infancias. Porque la sociedad sigue normalizando la violencia como metodología educativa.

Por la muerte del niño, fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez. La Justicia las consideró autoras materiales y penalmente responsable del delito de homicidio, triplemente y doblemente calificado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento. Además, Páez fue condenada por el delito de abuso sexual “agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado”, según expresa el veredicto del Tribunal de Audiencias de La Pampa.

“Es algo muy difícil de llevar y tiene que ser un caso bisagra para todos. Hay que hablar, hay que denunciar el maltrato infantil”, dijo Mario Aguerrido, abogado querellante de la familia de Lucio. “Es la pena máxima, más allá de las diferencias en cuanto al abuso sexual relacionado únicamente con la mamá y no con la pareja, entiendo que la pena será de prisión perpetua”, expresó Walter Martos, el fiscal de la causa. “Agradezco a toda la gente por los kilómetros que hicieron para conocer la culpabilidad de las asesinas. Lucio marcó historia en Argentina”, comentó Ramón Dupuy, abuelo de la víctima.

El crimen de Lucio y la “ideología de género”

“¿Desde cuándo se está hormonizando este monstruo?”, preguntó el médico Rodrigo Salemi en un informativo del canal A24. La pregunta hacía referencia a Abigaíl Páez, quien habría solicitado continuar con su tratamiento de hormonización en la cárcel. Y luego, el mismo médico, responde: “El efecto adverso más importante de la hormonización son las fluctuaciones emocionales. Esto quiere decir mayor agresividad”.

El infanticidio de Lucio provocó que parte de la sociedad señale a los movimientos feministas como responsables de la violencia. “¿Dónde están las feministas?” fue la pregunta que se repitió en los medios hegemónicos nacionales. Y dejó en evidencia la misoginia y el homoodio colectivo de una sociedad que cuestiona y saca conclusiones sobre los modos correctos de maternar.

“Si yo hormonizo a un varón trans, no quiere decir que estoy transformando a esta persona en un ser violento”

— Fabiana Reina

Que las asesinas participaban en marchas de “Ni una menos”. Que militaban la consigna de “muerte al macho”. Que son una consecuencia de la “ideología de género”, fueron algunos de los dichos que circularon en redes sociales para descalificar las luchas feministas. Desde que la causa de Lucio se mediatizó, muchos sectores políticos y mediáticos pusieron sus prejuicios en una misma bolsa para atacar los avances en materia de género en Argentina.

El debate que se inició en el programa de A24 fue entre periodistas y un médico no especializado en la materia. Así lo asume él mismo al aclarar que la idea de la agresión como efecto adverso: “no la dice él, sino la Fundación Huésped”.

“Si yo hormonizo a un varón trans, no quiere decir que estoy transformando a esta persona en un ser violento”, aclara Fabiana Reina a La Palta, médica toxoginecológica especializada en endocrinología ginecológica y referente en atención integral a personas con diversidad de género por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Diversidad de Nación. Y agrega: “si esta persona tiene un historial de contextualización donde yo supongo que va a ser violenta, eso tiene que ver con mi evaluación en el momento en que recibo al paciente”.

Reina, como médica experta en hormonización, deja en claro que la violencia no proviene del tratamiento sino del contexto en el que la persona- como cualquier otra- se desenvuelve socialmente. “Si eventualmente sé que la testosterona no lo va a volver más violento, pero tengo una persona que está en un contexto de violencia, tengo que trabajar sobre eso”, repite la especialista y comenta que “dar una información tan sesgada (como la del médico Salemi) amerita salir en respuesta a decir que el periodismo tiene que informar con perspectiva de género y con datos ciertos. Buscar personas capacitadas para responder a las dudas o cuestionamientos respecto a estos temas”.

Las fallas del Estado

A partir del crimen de Lucio, los medios y la sociedad reaccionaron contra los juzgados de familia y su “privilegio hacia las mujeres” al momento de otorgar la custodia de los niños. Un día antes de que el Tribunal declare culpable a las asesinas, la jueza Ana Clara Pérez Ballester fue denunciada por ser la responsable de homologar un acuerdo entre los tíos de Lucio y la madre, otorgando la tenencia del menor a las acusadas.

Sin embargo, un hecho no invalida otros. En Argentina, las estadísticas sobre violencia infantil muestran que el 62,1% de los agresores son hombres y el 53,8 % son los padres. Si se habla de violencia sexual, el 81,1% de los agresores son varones y el 24% de los niños, niñas y adolescentes víctimas fueron abusados sexualmente por sus padres biológicos. Que a Lucio lo hayan asesinado su madre y su pareja es alarmante, pero no deslegitima las denuncias de los movimientos de mujeres.

La Ley de Identidad de Género es clara y dice que una persona, por más que cambie su nombre en el documento, es responsable desde lo civil y lo penal como cualquier otra. Esto quiere decir que si alguien tiene una deuda o comete un delito con un nombre, esos derechos y deberes no desaparecen al cambiar la identidad. “Yo acompaño tres chicas y dos chicos dentro del sistema de reclusión de la provincia que están recibiendo su hormonización, pero no quita que van a tener que cumplir su condena”, dice Fabiana Reina.

Evitar la violencia por parte de adultos en el cuidado de infantes es también tarea del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, estipulado por la ley 26061, del año 2010. “¿Qué pasó con ese sistema que no hizo una evaluación como corresponde de la situación ante la que estaba Lucio?”, se pregunta la especialista y enfatiza en la falta de responsabilidad del Estado ante, por ejemplo, los cinco ingresos que tenía la víctima al sistema de salud por lesiones traumáticas. “Si bien la violencia es intrafamiliar y es privada, siempre tiene un contacto con el sistema de salud o con el sistema social. Siempre hay una vecina que ve o escucha, por ejemplo, y que no quieren intervenir”, reflexiona Reina y sostiene que una de las fallas tiene que ver con que la violencia está tratada al revés: “siempre llegamos tarde y el trabajo tiene que ser al contrario. Hay que prevenir y dar la información correcta”. La doctora concluye: “fijáte cuán complicado es perder a un niño de cinco años por maltrato, que lo de la hormonización de esta persona es la punta de un iceberg que muestra que toda la sociedad y las políticas públicas están fallando”.

Esta nota fue publicada originalmente en el medio La Palta.

Javier Sadir

General, Homofobia/ Transfobia. Abigaíl Páez, Ana Clara Pérez Ballester, Fabiana Reina, Fundación Huésped, Homofobia/Transfobia, La Pampa, Ley de Identidad de Género, Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, Rodrigo Salemi, Walter Martos

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General, Homofobia/ Transfobia. Bianka Rodríguez, COMCAVIS-TRANS, Cristian González Cabrera, El Salvador, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Ley de Identidad de Género, Personas trans