La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ABC, Amanda Azañón, Asociación Española de Abogados Cristianos, Castilla y León, Ciudadanos, Discriminación, Educación, FECyLGTB, Fernando Rey, Ignacio Paredero, Lesgavila, LGTBfobia, Personas transgénero, PP, Rocío Lucas, Transexualidad, Transfobia, VOX

Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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Rayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

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El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el pasado 13 de junio la toma en consideración de la «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», que todos los grupos de la oposición política acordaron presentar después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. La decisión contó con el voto favorable de la presidenta de la Cortes, la popular Silvia Clemente, que atribuyó su decisión de romper la disciplina de voto de su partido a un impulso del «subconsciente».

Los antecedentes de la proposición de ley son ciertamente complelos. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente: se trataba de conseguir su apoyo. Y así parecía que iba a ser. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses estaban incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero incluso así finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno.

El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. Pero era el pasado 13 de junio cuando el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una buena noticia, sin duda, aunque el PP ya ha anunciado su intención de seguir dificultando la aprobación de una ley muy similar a las que han apoyado en otras comunidades y que contribuiría a mejorar la vida de las personas LGTB en Castilla y León. En este sentido, los populares ya han anunciado que pedirán la prórroga del plazo de enmiendas, decisión que corresponde a la Mesa de las Cortes, que en estos momentos cuenta con tres representantes del PP (incluida su presidenta) y tres de la oposición. La posición de Silvia Clemente, en este sentido, seguirá siendo clave a la hora de permitir o no el avance de su tramintación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

General, Homofobia/ Transfobia. Alicia García, Álvaro Escudero, AWEN LGTBI+, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Equo, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Ignacio Paredero, Iguales, Iguales USAL, IU, Juan Vicente Herrera, Junta de Castilla y León, Lesgavila, LGTBfobia, Podemos, PP, PSOE, Segoentiende, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

Transexualidad, Educación, Salud y Seguridad son temas centrales en la Ley.

Está basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura.

 Todas las capitales de provincia y decenas de otros municipios de la comunidad, han instado a la Junta de Castilla y León a aprobar la ley.

 La Junta de Castilla y León expresó durante el debate del estado de la región su voluntad de aprobarla.

Organizaciones LGTB+ de Castilla y León han presentado en las Cortes regionales, donde además se han reunido con representantes de todos los grupos políticos, su propuesta de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, sobre cuyo borrador ya informamos hace unas pocas semanas. La propuesta tiene como base una ley muy similar que fue promovida en Extremadura por el Partido Popular y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño.

Tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado en tiempos recientes su voluntad de aprobar un ley de este tipo. El hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley así.

La propuesta de ley que han presentado los colectivos, basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura, tiene como objetivo “garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual y de género” y sus principios son, entre otros, la Igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, y la prevención de la discriminación y la desigualdad.

Para los colectivos castellano-leoneses, “existe una necesidad urgente de trabajar para eliminar la desigualdad social de la diversidad sexual, especialmente en temas como la transexualidad, la educación, la sanidad, la diversidad familiar o la seguridad”, temas centrales en la propuesta presentada este viernes. “Castilla y León es la comunidad del Estado con menor número de matrimonios del mismo sexo por población debido a su alto nivel de envejecimiento y a su ruralidad, dificultando de manera extrema el avance del respeto a la diversidad sexual, lo que hace a juicio de los colectivos que esta ley no sea solo necesaria, sino imprescindible”, expresan estos colectivos en un comunicado. Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo.

Respecto a la transexualidad, por ejemplo, el proyecto apuesta por el reconocimiento del derecho a la identidad sexual libremente manifestada, por una legislación integral para la salud de las personas transexuales así como por el reconocimiento y protección de los menores trans. En el ámbito de salud, persigue garantizar de manera integral las necesidades de las personas transexuales dentro del sistema de salud público, completando el protocolo de atención sanitaria ya existente. “Además, se apostará por eliminar las cirugías de asignación de sexo arbitrarias en bebés de los que no se conoce su identidad sexual, siempre que se garantice la salud del recién nacido. También se garantizará el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas con capacidad gestante y para terminar se avanzará en un protocolo de atención ginecológica que garantice la correcta atención a las mujeres lesbianas y bisexuales”, explica el comunicado.

En el plano educativo, la propuesta apuesta por un plan integral sobre educación y diversidad sexual y de género que proteja de manera especifica a los menores víctimas del odio a la diversidad sexual (diversexfobia), articulando un protocolo para evitar el acoso y proponiendo dos asignaturas optativas, una sobre derechos humanos y otra sobre sexualidad.

Respecto a la seguridad, el proyecto busca reforzar y potenciar las medidas de prevención, detección y sanción de cualquier conducta discriminatoria o cualquier forma de delito de odio, tanto en las empresas, a través de los planes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de la implementación del Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio. La ley, si se aprueba en los términos en los que desean los colectivos, promoverá sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas que vulneren los derechos de las personas LGTB+.

No hay razones políticas para que el proyecto no prospere…

Tal y como está conformada en la actualidad la cámara regional y en la actual coyuntura política no debería haber problemas para que el texto resulte aprobado. En las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés. Y el PP, recordemos, fue el partido que promovió, con el acuerdo de los colectivos LGTB, la ley extremeña en la que se basa este texto. También ha dado su visto bueno a leyes similares aprobadas más recientemente en Baleares y Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Estaremos atentos a la tramitación parlamentaria.

“Esta propuesta de ley es la culminación de muchos años de trabajo en la calle de los colectivos, en una comunidad dura, durísima con la diversidad sexual. Solo venimos a proponer lo que muchas otras comunidades como Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares o Valencia ya han aprobado y lo proponemos aquí, precisamente donde es más necesario. Es hora de que Castilla y León se ponga al día con el respeto de la diversidad sexual. Hace mucha falta”, ha declarado Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+. “Desde Fundación Triángulo Castilla y León consideramos fundamental apostar claramente por la educación sexual que incluya la diversidad sexual y de género, en un marco que permita el autoconocimiento y el respeto por los derechos humanos de cara a vivir en sociedad atendiendo a la diversidad. Todo ello implica el respeto por la identidad del alumnado y la prevención del acoso escolar por motivo de orientación o identidad sexual”, ha expresado por su parte Yolanda Rodríguez, miembro del patronato de Fundación Triángulo Valladolid.

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Organizaciones LGTB de Castilla y León han elaborado un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que tienen previsto presentar a la Junta de Castilla y León para su tramitación. La propuesta está inspirada en la ley que en marzo de 2015 fue aprobada en la vecina Extremadura, con la mirada puesta en lo que allí sucedió: aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos en una cámara en la que el también gobernaba el Partido Popular.

Hay que tener en cuenta que tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo. Parece que el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley de este tipo.

Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo. El texto, como mencionamos antes, adopta como modelo la Ley de Igualdad Social de Extremadura, promovida en su momento por el gobierno de José Antonio Monago y que aborda también en su articulado la realidad de las personas transexuales. No obstante, incluye mejoras que han sido tomadas de leyes aprobadas más recientemente en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Recordemos que en las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés.

“Este borrador, este texto valiente, es un paso adelante más hacia conseguir la Ley de Igualdad Social LGTB+ que llevamos pidiendo en la calle varios años. Y ya estamos cerca de lograrlo”, ha señalado Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, ha declarado por su parte Pepa Tascón, su vicepresidenta.

Fuente Dosmanzanas

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La pareja denunciante con la sentencia que condena a la alcaldesa por amenazas e injurias SERGIO ENRÍQUEZ

Protesta en el Día contra la Homofobia: ‘Yo no me escondo, ¿por qué lo haces tú?’

“Ya he metido en un follón a Ana y ahora voy a por vosotros, maricones de mierda. Maricones de mierda, mariconazos”. Esas fueron las insultantes palabras que según denunciaron ante la Guardia Civil dedicó en abril Montserrat Hernández, alcaldesa de San Bartolomé de Béjar (Ávila) por el Partido Popular a Juan Carlos Bajo y Miguel Ángel de la Cruz, un matrimonio gay que tiene allí una casa. Ahora la justicia ha condenado a la alcaldesa y a uno de sus acompañantes aquel día a pagarles una multa de 900 euros como autores de faltas de coacciones, amenazas e injurias.

Lo contábamos en mayo. Todo ocurrió el pasado Viernes Santo, cuando la pareja se encontraba comiendo en su casa junto a la madre de uno de ellos, ya anciana. En ese momento el padre de la adjudicataria del bar del pueblo les pidió permiso para llamar por teléfono y denunciar que un grupo de personas estaban haciendo botellón en la plaza. Juan Carlos explicó entonces que se asomó por la ventana a mirar al grupo y vio como varios de los congregados se acercaban e irrumpían de forma agresiva en la casa. Uno entró hasta el salón, al grito de “os voy a dar de hostias, como me hagas una foto te doy de hostias” (según los congregados en la plaza, habían sido fotografiados desde la casa). La alcaldesa, que formaba parte del grupo, se quedó en el dintel de la puerta, “con medio cuerpo dentro de casa”. Desde allí, según consta en la denuncia, es desde donde insultó a la pareja.

La agresión verbal homófoba tuvo lugar en el contexto de la tensión vecinal que vive el pueblo por la gestión de la alcaldesa, a la que Juan Carlos y Miguel Ángel habían pedido que hiciera públicas las cuentas del Ayuntamiento. La alcaldesa (de una agrupación independiente) había sido denunciada por los vecinos por irregularidades en la gestión del agua y semanas antes del incidente fue desalojada del bar del pueblo por la Guardia Civil, tras ocuparlo sin permiso (su adjudicataria, Ana Isabel Martín, había denunciado de hecho el acoso que sufre con el objetivo de que acabase renunciando a la concesión).

Ahora Montserrat Hernández y uno de sus acompañantes en aquel momento, Moisés Díaz-Montenegro, han sido encontrados culpables por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Piedrahita de faltas de coacciones, amenazas e injurias, imponiéndoseles la correspondiente multa económica. Los denunciados solo habían reconocido ante la jueza que “se acercaron al domicilio de los denunciantes en compañía de más personas con el fin de recriminarles que les hubieran sacado una foto”.

El matrimonio ha recibido la sentencia con satisfacción y ha explicado, en declaraciones al diario El Mundo, que ya desde tiempo atrás personas próximas a la alcaldesa les dedicaban comentarios homófobos. Una actitud que quieren dejar claro que no era la general de los habitantes del pueblo, donde siempre se han sentido bien tratados.

General, Homofobia/ Transfobia. Ávila, Castilla y León, El Mundo, Fernando Rodero, Juan Carlos Bajo, Juan Carlos Bajo Albarracín, Lesgavila, Miguel Ángel de la Cruz, Miguel Ángel de la Cruz Molina, Moisés Díaz-Montenegro, Montserrat Hernández, Montserrat Hernández Barreras, Palomito de San Bartolo, PP, PSOE, Salamanca, San Bartolomé de Béjar