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El Movilh lamentó lo ocurrido a la docente, quien  está a la espera de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que decidirá si condenar o no al Estado de Chile por impedirle hacer clases de religión en un colegio laico

La docente Sandra Pavez se jubiló sin que nunca más, desde el 2007, pudiese haber  ingresado a un aula a hacer clases de religión, luego de que la Corte Suprema y la Iglesia Católica le prohibieran ejercer solo por ser lesbiana, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “Sandra terminó su vida laboral con un desenlace triste. Finalmente nunca más pudo ejercer la docencia pues la justicia aún no llega mientras este año ella jubiló. Nunca más pudo ejercer la profesión que tanto amó y que tanta satisfacciones le trajo. Sandra ha vivido uno de los casos de lesbofobia más graves e injustos conocidos por nuestra organización en 30 años de trayectoria. Un atropello inédito donde el Estado y la Iglesia actuaron como un solo poder para negarles sus derechos más básicos solo por amar a otra mujer”

“Esperamos que la Corte Interamericana de DDHH (Corte INH), que analizó el caso el 12 y 13 de mayo del 2021, dicte lo antes posible su sentencia, condenado al Estado de Chile, reparando el daño causado y exigiendo a los responsables de este brutal abuso a la dignidad humana que le pidan disculpas a Sandra”, añadió Zúñiga.

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía  sin ningún problema desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

“A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó el dirigente del Movilh, Rolando  Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación al prohibirle a una persona ejercer su profesión solo por ser lesbiana.

Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso aún en curso y donde la docente ha sido representada por los abogados pro bono Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH

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Silvia y Violeta antes de dar a luz. Imagen cedida a El Diario.

El Hospital Clínico pide disculpas a la familia y tomará las medidas oportunas para que no vuelva a suceder

Ángel Villascusa
4 de enero de 2022 10:50h

Ada tiene dos madres, Silvia y Violeta. Nació en el Hospital Clínico de Valladolid el último día de 2021. Silvia, su madre, puso el óvulo y Violeta, su otra madre, el útero. Como el resto de progenitores deberían haber podido inscribir a su hija en el centro hospitalario, tal y como señala la Ley del Registro Civil para parejas casadas, pero las mandaron directamente a una oficina del registro civil. “Nos dijeron que solo hacían el registro con matrimonios normales [sic]. Ni homosexuales, ni extranjeros, ni madres solteras, ni divorciadas“, explica por teléfono Silvia Sánchez. El hospital pide disculpas a la familia y tomará las medidas oportunas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.

“Después de que mi mujer diera a luz, me presenté en la ventanilla. Tenía delante a un chico y a otro detrás, los padres de dos niños recién nacidos, pero a ellos sí les dejaron inscribir a sus hijos“. A ella no. “La persona que estaba en el mostrador me dijo que, aunque yo era el ‘declarante’, estos casos aquí no se podían gestionar“. Les dijeron que fueran a la oficina del registro porque necesitaban un papel y que era una “tontería“ iniciar el proceso en el hospital porque acabarían allí.

Según les explicaron, necesitaban un documento que no estaba en ese hospital. “Faltaba un formulario que pudiera contener la información de dos madres, en lugar de un padre y una madre. Vamos, que los formularios son de la edad de piedra… No faltaba ningún documento, ni pidieron más que la inscripción legal del nacimiento“, explica Yolanda Rodríguez de la asociación LGTBI CINHOMO, que ha dado visibilidad al caso.

Aunque viven a treinta kilómetros de Valladolid y al día siguiente era festivo —con lo que el la oficina administrativa cerraba—, el personal se negó a inscribir a su hija. “Antes de bajar al mostrador, en el paritorio, me dijeron que no iba a tener problemas“. Silvia tenía dudas porque no era la primera vez que escuchaba que en ese y en otros hospitales de España ponían impedimentos a las mujeres lesbianas. Tenía razón.

El día tres de enero acudieron a la oficina del registro. Allí les informaron de que el hospital debería haber accedido a la inscripción y que, desde ese misma oficina, ya habían notificado a los hospitales Clínico y al Rio Hortega de Valladolid que debían permitir el trámite a las parejas del mismo sexo. El matrimonio pidió una hoja de reclamaciones en el Hospital y han puesto una queja telemática al Sacyl, la sanidad de Castilla y León. Ahora, la Fundación LGTBI Triángulo les va ayudar a presentar una queja formal. “Es injusto que el día del nacimiento de tu hija llores porque te has sentido discriminada“, subraya Silvia.

Fuente El Diario

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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El tribunal más alto de Italia ha dictaminado que una escuela católica discriminó a una maestra que fue despedida debido a los rumores de que es lesbiana. El fallo podría sentar un precedente positivo para LGBTQ en los tribunales de la nación.

La Sección Laboral del Tribunal de Casación, que es el tribunal de apelaciones más alto de Italia, confirmó que el Istituto Sacro Cuore (Colegio Sagrado Corazón) en Trento efectivamente discriminó por orientación sexual cuando en 2014 no renovó el contrato del maestro.

Alexander Schuster, el abogado que representa a la maestra anónima (que se ha hecho llamar “Silvia” en informes anteriores), le dijo a Il Post  (a través de Google Translate):

“‘ El Tribunal de Casación. . .ha rechazado en su totalidad el recurso de apelación del instituto y reiteró lo que ya había establecido el Tribunal de Apelación, a saber, que ser una escuela religiosa que quiere mantener la fe en su misión no justifica discriminación alguna. Es una sentencia que hace jurisprudencia para la ley italiana que, en estos temas, aún estaba en los noventa ‘”.

Este fallo es el tercero contra Sagrado Corazón en el caso de Silvia, y cada vez han aumentado los daños que se le deben a ella y a los grupos de defensa de los derechos civiles. La apelación al Tribunal de Casación se basó en un argumento legal en torno al concordato (acuerdo político) de Italia con la Santa Sede. El concordato tiene disposiciones relacionadas con la educación católica en Italia, que según el Sagrado Corazón le permitían libertad en sus decisiones, incluido el empleo. Pero el fallo del Tribunal rechazó tales reclamos, escribiendo en su decisión (a través de Google Translate):

“La parte solicitante [Sagrado Corazón] invoca disposiciones, incluidas las constitucionales, como base de la libertad de organización del instituto religioso, pero no explica adecuadamente cómo esta libertad puede legitimar conductas abiertamente discriminatorias como las consideradas y comprobadas por los jueces de Trentino . “

Schuster comentó que el fallo envió un mensaje claro: “Una escuela, solo por ser católica, no tiene carta blanca para discriminar a las personas”.

En 2014, la maestra fue convocada a una reunión con la directora de la escuela, quien también era superior de la comunidad de religiosas que administra la escuela. A Silvia le preguntaron sobre su relación con una mujer con la que vive. La directora dijo que había escuchado rumores de que Silvia era lesbiana y trató de aclarar la relación de la maestra en aras de “proteger el entorno escolar”. Bajo escrutinio, Silvia se negó a responder cualquier pregunta en esa reunión y rechazó una sugerencia del director de que la escuela “haría la vista gorda si [Silvia] estaba dispuesta a ‘resolver el problema’”. Silvia luego confirmó que era lesbiana en una relación comprometida, describiendo el despido como “medieval” en ese momento.

Si bien Sacred Heart podría apelar a la Corte Europea, Schuster cree que “el asunto está cerrado” y el enfoque ahora estará en otros casos de discriminación, tanto contra personas LGBTQ como contra otras comunidades marginadas. Con suerte, tiene razón y la lucha de Silvia por la justicia laboral brindará a los trabajadores de la iglesia LGBTQ en Italia una mayor protección que antes.

—Robert Shine, New Ways Ministry, 10 de noviembre de 2021

Fuente New Ways Ministry

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Ámbito educativo, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Istituto Sacro Cuore, Italia, Lesbianas, Lesbofobia, Trento

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Ana Mato, Bifobia, Carla Antonelli, Carolina Darias, Discriminación, FELGTBI+, Homofobia, Homoparentalidad, Lesbofobia, PP, PSOE, Reproducción asistida, Ttransfobia, Uge Sangil, Unidas Podemos

Las dos menores mantenían una relación en secreto por miedo a las represalias de sus familias

El matrimonio ha sido detenido por un delito de odio y amenazas y ya han pasado a disposición judicial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a una mujer y un hombre de 45 y 47 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de odio y amenazas tras insultar y amenazar de muerte a una menor por su orientación sexual y tener una relación con la hija de ambos.

La investigación comenzó cuando los agentes pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tuvieron conocimiento de unos hechos ocurridos días atrás donde una menor habría sido insultada y amenazada de muerte por una pareja como consecuencia de su orientación sexual.

La chica mantenía una relación sentimental con la hija de esa pareja, relación que ambas menores mantenían en secreto por miedo a las posibles represalias que pudieran recibir por parte de los mismos.

Tras averiguar la identidad de los sospechosos, estos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de odio y amenazas y han pasado ya a disposición judicial.

La @policia detiene a los padres de una menor por amenazar de muerte e insultar a otra menor por ser lesbiana y tener una relación con su hija https://t.co/mTzsuA2kVC

— GAYLESPOL, asociación Policías LGTBI+ (@gaylespol) October 27, 2021

Fuente Agencias

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Tres jóvenes han sido detenidos en Málaga como presuntos autores de dos agresiones de carácter homófobo, según informaba el pasado viernes El Confidencial. Tanto los agresores, dos de ellos 19 años y uno de 20, como las víctimas son de origen marroquí. 

Aunque es ahora cuando han trascendido, las agresiones tuvieron lugar el 31 de agosto y el 2 de septiembre en el centro de Málaga, en ambos casos de madrugada. Las dos primeras víctimas eran dos chicos que se vieron rodeados por un grupo de jóvenes que les dirigieron insultos homófobos y les agredieron físicamente, llegando a darles a uno de ellos un botellazo en la cabeza. También les robaron alguna pertenencia. La segunda agresión, de naturaleza similar, fue contra dos chicas, una de las cuales precisó puntos de sutura por una herida incisocontusa en la cabeza.

Las declaraciones de las víctimas pemitieron identificar y detener a tres de los agresores, que están siendo investigados, entre otros, por presuntos delitos de odio. De hecho, según fuentes cercanas al caso han contado a El Confidencial, y siempre según la narración del diario digital, los agredidos habrían justificado sus ataques por la vergüenza que «como marroquíes» les producía la homosexualidad “de sus compatriotas”.

Fuente El Confidencial, vía Dosmanzanas

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El arrestado, que ha reconocido los hechos, les dijo que “era una vergüenza” y que “había niños delante”

La diversidad está en juego cada día. Al que no es hetero. A la mujer. A quien no nació aquí (o nació, pero sus progenitores no). Por eso es tan importante seguir saliendo a la calle, seguir quejándose y sobre todo, seguir haciendo vida normal. Aunque duela, ni un paso atrás. Porque aquí estamos y aquí vamos a seguir. Porque hay gente que tiene que darse cuenta que la violencia es lo que no debería ver la infancia y no una muestra de amor normal y corriente.

Un hombre de origen magrebí ha sido detenido en las últimas horas en Salamanca después de que el miércoles por la noche protagonizara una agresión homófoba en el paseo de Carmelitas. El arrestado dio un bofetón a la agredida por el simple hecho de que se estaba besando con otra mujer. Además, le tiró al suelo y le dio al menos una patada en la cabeza.

Según fuentes del caso, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22.00 horas cuando las dos chicas se encontraban en la parada de autobús besándose. En ese momento este individuo, que no tiene antecedentes previos, se dirigió a ellas y, tal y como él mismo ha reconocido ante el juez, comenzó a decirles que “eso era una vergüenza”, que “no se podía hacer” y que “había niños delante”.

Acto seguido, presuntamente el hombre propinó un fuerte bofetón a una de ellas que le hizo caer al suelo, momento en el que le dio al menos una patada en la cabeza. Además, según las víctimas, el susodicho llegó a sacar un cuchillo, un extremo que no ha sido confirmado.

Por todo ello, el hombre fue arrestado y está siendo investigado como presunto autor de un delito de lesiones y otro de odio. Ha sido esta misma mañana cuando ha pasado a disposición judicial y ha reconocido los hechos, a excepción del hecho que portara un arma blanca.

En cualquier caso, terrorífico y un atentado contra la normalidad y la diversidad, una piedra más en la mochila que invita no solo a no darnos un beso con la persona a la que amamos, sino también a cortarnos incluso con muestras de cariño y complicidad como darse la mano.

Y si algo no se ve, no existe. Me explico: si ese niño o esa niña no ve que también hay otro tipo de familias y personas que no son hetero, ¿cómo va a saber que lo que siente es total y absolutamente normal? ¿Cómo va a no sentirse un bicho raro? Y esto sirve también para heteros: ¿cómo van a normalizar algo que vive oculto?

Deseamos la pronta recuperación de las agredidas y que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor.

Fuente Gaceta de Salamanca/AmbienteG

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Aunque la trabajadora reportó los acosos ante los superiores de la empresa CYG, éstos se han negado a ayudarla o a implementar medidas contra la discriminación.

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una auxiliar de la empresa CYG que trabaja en el Mall Alto Las Condes denunció a su empleador ante la Inspección del Trabajo por lesbofobia laboral.

Los abusos iniciaron en junio pasado, cuando una superior, N.M, “dio a conocer sin mi consentimiento mi orientación sexual frente a terceros, específicamente ante compañeros/as de labores y de guardias una empresa externa, Liderman”, señaló la trabajadora.

“Mientras mis compañeros/as comenzaron a consultarme sobre mi vida privada, guardias de la empresa externa me hostigaron con burlas y obscenidades. “No te vaya a salir el negro de whatsaap” o “Habiendo tanta pichula te quedaste con una zorra” (Sic), fueron algunas de las ofensas que recibí”, señaló.

Añadió que “estos hechos los comuniqué a mi  jefe, el señor S.V, quien comprometió una reunión para abordar lo ocurrido, pero el encuentro jamás se concretó. También hice llegar mi denuncia  al jefe de S.V, el señor C.A, sin embargo, tampoco hubo resultados”.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “el pasado 15 de septiembre enviamos una carta al gerente general de la empresa, Germán González Politt. Nos respondió una persona identificada como Bernardo Salazar, quien comprometió que haría las consultas sobre la materia. Sin embargo, nunca más supimos de ellos/as y jamás respondieron a nuestra petición de generar políticas antidiscriminatorias que garantizarán la dignidad de la trabajadora”

Por el contrario,  añadió la trabajadora “el  pasado 14 de octubre llegó a mi domicilio una carta de  la designada investigadora del caso, Bernardita Barrera. Ésta sostuvo que tras entrevistar a la encargada de turno y acusada de violentar mi vida privada y a otros trabajadores/as, no hubo “constatación de los hechos denunciados””.

En la carta enviada por la empresa ”no existe claridad de cuáles criterios usaron para descartar los abusos que sufro, los mismos que algunos trabajadores confirmaron. Tampoco CYG se hace cargo de que fui discriminada  e insultada en horario laboral por guardias de otra empresa  a raíz de que una de sus trabajadoras dio a conocer mi identidad. Menos se hace cargo de la empresa de la responsabilidad que les compete a mis superiores, en tanto nada hicieron cuando les informé los acosos que estaban sufriendo”, denunció la auxiliar

La abogada del Movilh, María José Escobar; quien ayer envió otra carta de reclamo a la empresa donde trabaja la auxiliar, afirmó que lo denunciado por la trabajadora  “podría ser constitutivo  de un acto discriminatorio que vulnera los principios de las leyes laborales señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo, en lo relativo a la igualdad de trato en el empleo que realiza y además del respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador(a) y su familia. De ahí que la asesoramos en su denuncia ante la Dirección del Trabajo, mientras analizamos qué otras acciones cursar”.

Fuente MOVILH

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El colectivo Galactyco de Cartagena denuncia el diagnóstico recibido por una joven de 19 años en el Hospital Reina Sofía de Murcia.

Tras una visita al ginecólogo en uno de los hospitales más importantes de la capital murciana, una joven de 19 años recibió un diagnóstico en el que la categoría «Enfermedad actual:» se completó con el adjetivo «Homosexual».

Ocurrió el pasado 4 de octubre y la identidad del profesional no ha sido revelada. Ha sido el colectivo Galactyco (Gais, Lesbianas Bisexuales y Trans Activistas de Cartagena y Comarca) el que ha denunciado esta situación que atenta contra la dignidad de la paciente, la de la comunidad LGTBI+ de la Región de Murcia y contradice lo dictado por la Organización Mundial de la Salud en 1990, año en el que este organismo desclasificó la homosexualidad como enfermedad. Pese a ello «en el Sistema Murciano de Salud (SMS) algunos profesionales continúan asumiendo la orientación sexual como una enfermedad», han denunciado desde Galáctyco.

«Dado que durante siglos este error supuso un trato estigmatizante, discriminatorio, violento y denigrante hacia todas las personas cuya orientación sexual fuera distinta a la heterosexualidad, desde este colectivo denunciamos públicamente la ignorancia manifiesta con tintes lgtbifóbicos que supone relacionar orientación sexual con enfermedad», ha señalado la asociación en una nota de prensa.

El colectivo cartagenero acusa «al Gobierno Regional de Murcia, a la Consejería de Sanidad, y al Sistema Murciano de Salud, de dejadez institucional para aplicar la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tras 5 años aprobada permanece como un adorno legislativo».

Galáctyco ha remitido escritos tanto a la consejería como al SMS exigiendo «rectificación y disculpas inmediatas a la paciente», así como la aplicación de la Ley LGTBI de la Región de Murcia que en materia sanitaria, compromete al Gobierno de la Región a garantizar un trato respetuoso hacia las personas LGTBI y a que los profesionales sanitarios cuenten con una formación e información adecuada sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad.

El colectivo considera «alarmante, inaceptable e intolerable que a fecha de hoy los profesionales de los que depende un tratamiento adecuado de nuestra salud ignoren las realidades de las personas LGTBI».

En el momento de redacción de esta noticia, ni la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ni la de Salud en la Región de Murcia se han pronunciado sobre este hecho.

Fuente Dosmanzanas

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Fuente Agencia Presentes

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Polonia por retirar a una madre la custodia de sus cuatro hijos debido a su orientación sexual. El alto tribunal europeo, por acuerdo de seis de los siete jueces encargados del caso (el séptimo, de nacionalidad polaca, se ha desmarcado del fallo que condena a su país) considera que los tribunales polacos que actuaron en los dos procedimientos judiciales analizados violaron los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La historia, según la narración de los hechos que hace en su comunicado de prensa el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pone los pelos de punta. La demandante (X) planteó en 2005 una demanda de divorcio de su marido (Y), con el que se casó en 1993 y había tenido cuatro hijos, después de que ella iniciara una relación con otra mujer. Los padres de X, que no estaban de acuerdo con la decisión de su hija, obtuvieron la custodia provisional, pero después de un primer acuerdo de divorcio entre X e Y la madre se hizo con la custodia de los cuatro hijos. La situación duró poco: un año después, en 2006, el padre acudió de nuevo a los tribunales y reclamó la custodia que antes no había querido. Durante aquel proceso la orientación de la madre fue objeto de discusión detallada, hasta el punto de que X se vio obligada a responder preguntas sobre el tipo de relaciones sexuales que mantenía con su nueva pareja. Como resultado de aquel proceso la custodia de los cuatro hijos pasó al padre.

X apeló, argumentando que ella había sido siempre la que había cuidado de sus hijos y que, de hecho, en el año en el que habían estado separados su expareja no se había preocupado de ellos. De nada sirvió: la justicia polaca rechazó la apelación en 2008 y confirmó que el padre tenía la custodia. Hasta tal punto llegó el sesgo discriminatorio del tribunal que este ignoró que el padre sí estaba dispuesto a cederle a su exmujer la custodia del hijo pequeño, atendiendo a su edad y a los vínculos emocionales del pequeño con la madre. De hecho, este se quedó junto a ella, mientras que sus tres hermanos se marcharon a la casa del padre. Unos meses más tarde X intentó, de hecho, que se revisara al menos la custodia del pequeño pero el tribunal no solo no le dio la razón, sino que obligó a que este se marchara definitivamente a la casa del padre. La apelación de X fue rechazada en 2009 con el argumento de que el pequeño necesitaba un «modelo masculino». La madre siguió peleando ante la justicia, argumentando que de hecho eran sus hermanas mayores y sus abuelos los que se encargaban de cuidar del pequeño en lugar de su padre, pero no consiguió recuperarlo.

Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que tanto durante el primer proceso (que concluyó con el otorgamiento de la custodia de los cuatro hijos al padre) como durante el segundo (durante el cual fue la custodia del niño pequeño la que estuvo en discusión), el Estado polaco trató de forma discriminatoria a X debido a su orientación sexual, violando los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos. El alto tribunal condena al Estado polaco y le obliga a indemnizar a la mujer con 10.000 euros. Lamentablemente, el daño emocional causado es irreparable: han pasado ya más de doce años desde que que la justicia polaca arrebató al más pequeño de sus hijos, entonces de siete años, de los brazos de su madre.

El resultado final del fallo, no obstante, ha sido recibido positivamente por el activismo LGTBI. «La sentencia confirma la igualdad de derechos de los padres LGTBI en relación a sus hijos. El mejor interés de los hijos en recibir el amor y el cuidado debe prevalecer en cualquier consideración de custodia al margen de la orientación sexual de los padres», ha declarado Arpi Avetisyan, del departamento de litigaciones de ILGA-Europa, una de las organizaciones que ha dado soporte a la demandante.

Fuente Dosmanzanas

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Es asombroso ver cómo, a pesar de que  España es el país número uno en el ránking de aceptación de la homosexualidad, estemos sufriendo esta escalada de agresiones. Una agresión lesbófoba ha tenido lugar hace dos días en Reus, Tarragona.

Dos jóvenes de 15 años han denunciado haber sido víctimas de una agresión homófoba en Reus (Tarragona). Cuando los padres de una de las jóvenes agredidas fueron a denunciar ante los Mossos tan solo denunciaron el robo de un teléfono móvil. Sin embargo, cuando contaron su relato ante los agentes, estos les dijeron que veían también un delito de odio. Aseguran que dos varones se acercaron a insultarles, golpearon a una de ellas y le robaron el teléfono móvil. La madre de la víctima asegura que no es al primera vez que sufren este tipo de vejaciones.

Las dos adolescentes de 15 años, una de ellas transexual, estaban paseando por un parque de Reus. Al pasar por la Plaza Europa un grupo de jóvenes comenzaron a insultarlas llamándolas «lesbianas» y «trans», como si la identidad de género y la orientación sexual fueran un insulto.

Ellas se fueron caminando más rápido pero los chicos las persiguieron tirándoles piedras. Ellas intentaron escapar pero las alcanzaron y una de ellas recibió un golpe en la cabeza que la hizo caer al suelo. A la otra le robaron el móvil mientras le gritaban «puta».

Las chicas se escondieron hasta la madrugada en un portal, tenían mucho miedo a salir. Y como una de ellas no llegó a su propia celebración de cumpleaños sus padres denunciaron su desaparición. Tras localizarlas, la agredida fue valorada en un hospital donde le sometieron a varias pruebas médicas al haber sufrido un golpe en la cabeza.

Aún no se ha localizado a los agresores que, según la  madre de la chica golpeada eran dos chicos de origen marroquí y que no es la primera vez que la pareja recibe insultos. «A mí me cuenta que la llaman puta y que le tiran piedras. Esto no se puede creer en el siglo XXI».

Fuente Agencias

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Colombia Diversa, la organización LGTB más importante del país, ha publicado su último informe sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGTB en Colombia, con datos actualizados de 2020, y la evolución que dibuja es más que preocupante. De acuerdo al informe (que puedes descargar completo aquí), 2020 ha sido el año en el que más personas LGTB fueron asesinadas, amenazadas o fueron víctimas de violencia policial desde que se tienen registros. 

Según los registros de Colombia Diversa, desde 2011 se venían registrando en promedio 110 homicidios por año. En 2020, sin embargo, la organizació tuvo conocimiento de 226 (119 casos más que en el año precedente). Los casos de amenazas se triplicaron (pasando de 106 en 20219 a a 337 en 2020) mientras que los casos de violencia policial contra las personas LGTB se duplicaron (pasaron de 322 a 738):

Por lo que se refiere al tipo de víctimas (reflejamos la misma terminología que el informe de Colombia Diversa), las mujeres trans fueron las que sufrieron más violencia policial (71 incidentes registrados en 2020), mientras que los hombres gais fueron los que sufrieron más homicidios (71 en 2020).

Cabe destacar, en cualquier caso, que existe un número significativo de casos correspondientes a personas LGTB «sin determinar»:

Por lo que se refiere a la distribución geográfica, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

El informe de Colombia Diversa destaca que en este incremento pueden influir tanto la mejora en el registro de casos de violencia contra población LGTB (al haber estado los colectivos más activos en la denuncia) como el aumento real de casos. El aumento contrasta, en cualquier caso, con el de hecho de que 2020 ha sido el año con la menor cantidad de información detallada sobre los casos de violencia hacia las personas LGTB por parte de organismos estatales. «Desde años anteriores Colombia Diversa ha venido haciendo un llamado de atención sobre el subregistro de datos y la necesidad de que el Estado mejores sus sistemas de información y, si bien el registro de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas mejoró en la información suministrada por las instituciones, los detalles como el arma o método empleados al momento de los homicidios, el lugar de ocurrencia del hecho, los posibles móviles o el avance en los procesos penales no fue suministrada, como sí se venía haciendo en años anteriores», se lamenta Colombia Diversa. «El poco acceso a información detallada impide hacer un análisis más minucioso que permita ratificar patrones de violencia que se han identificado en estudios anteriores o reevaluarlos a la luz de nuevos datos. Lo anterior dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minuciosos y puedan explicar este aumento de la violencia, que analicen el nivel de impunidad en las investigaciones o que propongan medidas de mitigación», añade.

Colombia Diversa tambien denuncia que el Gobierno actual «ha contribuido a que se debiliten los mecanismos para la protección de personas LGBT al no contratar personas competentes que se encarguen de trabajar por los derechos de esta población en entes como la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Lo anterior ha llevado a que la política pública LGBT continúe pausada y que se haya acabado con la mesa de atención de casos urgentes. Mecanismos como estos son más necesarios ahora que nunca y su falta de implementación redunda en una mayor desprotección frente a una violencia en aumento».

Numerosos episodios de discriminación

Además de los casos de violencia explícita, el informe de Colombia Diversa documenta numerosos episodios de discriminación contra las personas LGTB, principalmente en el ámbito familiar (126 casos), relacionados con el trabajo (54), asuntos con el Estado (51), servicios de salud (32) y relacionados con la vivienda (16). El informe destaca que en todos estos casos la oferta estatal de justicia no tiene en cuenta las necesidades diferenciales de las personas LGTB ni los contextos en los que viven. «En casos que involucran agresiones familiares, una de las grandes barreras es la posibilidad de que la víctima efectivamente denuncie los hechos de violencia intrafamiliar. Las consecuencias de denunciar este tipo de violencias, como puede ser la pérdida de redes de apoyo y situaciones de desprotección, ocasionan que muchas de las víctimas LGBT no denuncien y se vean sometidas a ambientes prejuiciosos», denuncia Colombia Diversa. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito laboral.

«En este sentido, a pesar de que formalmente hay un entramado de justicia robusto, las leyes no cuentan con un enfoque de género y, en general, con enfoques diferenciales que permitan interpretar y analizar adecuadamente los casos de personas LGBT. Además, los funcionarios que administran justicia cuentan con prejuicios y estereotipos que impiden que los casos de personas LGBT sean tramitados de forma adecuada. Esto demuestra la insuficiencia del aparato de justicia para resolver a los conflictos que esta población enfrenta. Más aún, esto puede llegar a aumentar sus factores de vulnerabilidad e, incluso, en ocasiones resulta en un escalamiento de la violencia», advierte la organización colombiana.

 Fuente Dosmanzanas

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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado, por 367 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones una resolución sobre los derechos de las personas LGBTIQ que pide que las parejas del mismo sexo tengan sus derechos, incluido el de libre circulación, asegurados en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, los representantes del PP se han abstenido, mientas que los de Vox han votado en contra. El resto de eurodiputados españoles presentes en el pleno han votado a favor. Puedes descargar aquí el detalle de lo que han votado los eurodiputados de cada grupo.

Cabe señalar que la posición del PP es autónoma dentro del grupo popular europeo, que ha votado dividido.  De hecho, 53 eurodiputados populares de otros países han votado a favor.

Entre los considerandos que han motivado la resolución, el pleno del Parlamento Europeo reconoce que, a pesar de las directivas que reconocen el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, existe un temor fundado a que no se reconozcan los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias a la luz de algunas decisiones políticas adoptadas en países como Polonia o Hungría.

En ese sentido, y «considerando que no existen normas de la Unión relativas al reconocimiento mutuo de las sentencias sobre parentalidad entre los Estados miembros ni tampoco disposiciones de la Unión destinadas a resolver los conflictos a este respecto; que algunos Estados miembros no reconocen los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados miembros a ningún efecto jurídico nacional salvo el del permiso de residencia; que algunos Estados miembros que autorizan los matrimonios homosexuales muestran reticencias a reconocer las parejas de hecho homosexuales registradas en otros Estados miembros; que en algunos Estados miembros puede negarse a las parejas homosexuales con hijos a ser reconocidas legalmente como padres conjuntos de sus hijos» y «que a menudo se niega a los padres transgénero el reconocimiento de su género legal en otros Estados, lo que se traduce en que las autoridades fronterizas no los reconocen como padres de sus propios hijos», el pleno del Parlamento Europeo (reproducimos textualmente):

• Acoge con satisfacción la primera estrategia de igualdad LGBTIQ para 2020-2025, adoptada por la Comisión Europea el 12 de noviembre de 2020 (COM (2020) 0698), dos de cuyas acciones clave son una iniciativa legislativa destinada a proteger los derechos de las familias arcoíris y una actualización de las directrices de 2009 sobre la libre circulación de aquí a 2022;
• Expresa su más profunda preocupación por la discriminación que sufren las familias arcoíris y sus hijos en la Unión y por el hecho de que se les prive de sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales de los padres o parejas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan esta discriminación y eliminen los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de ejercer el derecho fundamental a la libre circulación dentro de la Unión;
• Subraya la necesidad de trabajar en pro del pleno disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas LGBTIQ en todos los Estados miembros de la Unión, y recuerda que las instituciones de la Unión y los Estados miembros tienen por consiguiente el deber de defenderlos y protegerlos de conformidad con los Tratados y la Carta, así como con el Derecho internacional;
• Insiste en que la Unión debe adoptar un enfoque común para el reconocimiento de los matrimonios y las uniones homosexuales; pide específicamente a los Estados miembros que introduzcan legislación pertinente para garantizar el pleno respeto del derecho a la vida privada y familiar sin discriminación y a la libre circulación de todas las familias, incluidas medidas para facilitar el reconocimiento del género legal de los progenitores transgénero;
• Recuerda que el Derecho de la Unión prevalece sobre cualquier tipo de legislación nacional, incluso sobre disposiciones constitucionales en contrario, y que, por lo tanto, los Estados miembros no pueden invocar ninguna prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo ni la protección constitucional de la ‘moral’ o el ‘orden público’ para obstaculizar el derecho fundamental a la libre circulación de las personas dentro de la Unión vulnerando los derechos de las familias de arcoíris que se instalan en su territorio;
• Condena con la máxima firmeza el que la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual , de 2 de julio de 2008, no haya sido todavía aprobada; pide al Consejo que la apruebe; destaca que este bloqueo transmite una pobre imagen de las instituciones de la Unión, a saber, que cierran los ojos a los casos de grave discriminación que se registran en los Estados miembros de la Unión y que toleran que se reproduzcan;
• Pide a la Comisión que garantice que todos los Estados miembros de la Unión respeten la continuidad jurídica de los lazos de familia de los miembros de las familias arcoíris que se desplacen a su territorio desde otro Estado miembro de la Unión como mínimo en todas las circunstancias en que así lo exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos;
• Pide a la Comisión que proponga legislación que obligue a todos los Estados miembros a reconocer, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o del estado civil de los citados adultos, y que exija a todos los Estados miembros que reconozcan, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, los matrimonios o las uniones registradas celebradas en otro Estado miembro en todas las situaciones en las que los cónyuges o las miembros de las uniones registradas tengan derecho a la igualdad de trato con arreglo a la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos); Hace hincapié en la importancia del reconocimiento de los certificados de nacimiento en todos los Estados miembros, independientemente del sexo de los padres, ya que esto garantizaría que los niños no se conviertan en apátridas cuando se trasladen a otro Estado miembro;
• Apoya el compromiso de la Comisión de proponer una iniciativa legislativa con el objetivo de ampliar la lista de ‘delitos de la UE’ a los delitos de odio y la incitación al odio, también cuando estén dirigidos a personas LGBTIQ, así como la propuesta sobre el reconocimiento mutuo de la parentalidad y las posibles medidas para apoyar el reconocimiento mutuo de las uniones homosexuales en todos los Estados miembros; pide a las próximas presidencias del Consejo que incluyan estas cuestiones prioritarias en sus agendas;
• Pide a la Comisión que adopte medidas concretas para garantizar la libre circulación de todas las familias, incluidas las arcoíris, en consonancia con la sentencia recaída en el asunto Coman y Hamilton , que afirma que el término «cónyuge» utilizado en la Directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales; pide a la Comisión que examine si los Estados miembros cumplen la sentencia Coman y Hamilton y que adopte medidas de ejecución, en virtud del artículo 258 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) contra quienes la incumplen; pide a la Comisión que adopte medidas de ejecución contra Rumanía por su continuo incumplimiento de esta sentencia y la falta de vías de recurso que obligaron al demandante a recurrir al TEDH para obtener reparación;
• Pide a la Comisión que en sus próximas directrices sobre la libre circulación incluya una aclaración para garantizar que la Directiva 2000/78/CE se interprete, a la luz de las sentencias Maruko, Römer y Hay del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y de la sentencia Taddeucci y McCall del TEDH, en el sentido de que exige a los Estados miembros que prohíban toda discriminación contra las parejas homosexuales en el empleo, la formación profesional o cualquier otro ámbito incluido en el ámbito de aplicación material de la Directiva;
• Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, en particular para suprimir la condición ‘si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios’, de manera que se respete el artículo 21 de la Carta;
• Pide a la Comisión que, en sus próximas directrices sobre la libre circulación y al objeto de garantizar la correcta aplicación de la legislación en materia de libre circulación, inste a los Estados miembros a que apliquen de forma coherente la Directiva 2004/38/CE sin discriminación entre los beneficiarios de la misma, como por ejemplo entre parejas heterosexuales y homosexuales, aclarando que toda referencia a una ‘pareja’, un ‘progenitor’, un ‘padre’, un ‘hijo’, un ‘descendiente directo’ o un ‘ascendiente directo’ debe entenderse como inclusiva de las familias arcoíris, de manera que se garantice que, cuando estas ejerzan su derechos a la libre circulación en la Unión, disfruten de los mismos derechos de reagrupación familiar que las familias constituidas por parejas heterosexuales, y que la valoración de las circunstancias personales de la pareja que efectúen los Estados miembros para ‘facilitar’ la admisión en su territorio del compañero no registrado del ciudadano de la Unión no adolezca de discriminación alguna basada en la orientación sexual;
• Pide a la Comisión que aborde la discriminación sufrida por la comunidad LGBTIQ en Polonia y Hungría con el fin de instar a los Estados miembros a aplicar y respetar correctamente la legislación de la UE en este ámbito; pide al Consejo que reanude los debates sobre los procedimientos contra Polonia y Hungría en virtud del artículo 7 del TUE, inclusive sobre los derechos de las personas LGBTIQ; recuerda su posición de 17 de septiembre de 2020 y pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos de que dispone para hacer frente al claro riesgo de grave vulneración por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular de los procedimientos de infracción acelerados y de las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, así como de los instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso;
• Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.

Fuente Dosmanzanas

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La plataforma HBO Max (sucesora de HBO España a partir del próximo 26 de octubre) ha desvelado un primer aperitivo de la serie documental Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof, que recoge el testimonio de Dolores Vázquez, la mujer que fue injustamente acusada y condenada a prisión por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, hija de Alicia Hornos, con la que Vazquez había mantenido una relación sentimental. La lesbofobia social de la época, el retrato que los medios de comunicación hicieron de Dolores Vázquez como la perfecta villana y el relato acusatorio construido con hechos circunstanciales sin prueba alguna fueron suficientes para llevarla a la cárcel.

Las personas más jóvenes no recordarán el caso, pero el asesinato de Rocío Wanninkhof, la acusación a Dolores Vázquez y su juicio ocuparon horas interminables de televisión, páginas de periódicos y columnas de opinión durante meses. Un proceso a lo largo del cual se fue perfilando un relato que presentaba a Dolores Vázquez como una asesina sin corazón llena de odio, celos y rencor hacia la hija de la que había sido su pareja, con la que todavía mantenía una relación estrecha. Una villana de película, lesbiana despechada, aunque su lesbianismo rara vez se abordaba frontalmente, sino a través de dobles sentidos, circunloquios y cuidadas elipsis. Un proceso que en 2008 documentaba a la perfección Beatriz Gimeno, expresidenta de la FELGTB (y hoy en día diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid), en su imprescindible ensayo La construcción de la lesbiana perversa.

Entre las múltiples referencias de cómo la prensa de la época se refirió a Dolores Vázquez destaca, por su podredrumbre, el artículo que Juan Manuel de Prada le dedicó en el diario ABC en septiembre de 2000. Amor estéril, era su título. «La mujer que, según apuntan las indagaciones policiales, eligió como víctima de su crueldad a Rocío Wanninkhof lo hizo con el propósito de matar en vida a quien más amaba, que era la madre de la muchacha. Y lo hizo borrando el aliento de la belleza, que era algo que su amor estéril jamás podría incorporar al mundo. Al asesinar a Rocío Wanninkhof, esa mujer estaba excluyendo la posibilidad de un amor distinto al suyo, un amor que fuese fecundo y perdurara en otra carne», escribía De Prada. «La palabra que menciona ese amor estéril no ha sido aún pronunciada, en parte por respeto a la madre doliente, pero también por ese remilgo tan contemporáneo que se resiste a reconocer los peligros de degradación que encierran ciertas variantes del amor. Rocío Wanninkhof murió por culpa de un amor degradado (y uso el adjetivo en su pura acepción etimológica); un amor que jamás podría haber rendido un fruto tan sencillamente hermoso como esa muchacha que nos sonríe desde ultratumba». Una cuidada prosa que no oculta más que una repugnante homofobia.

Dolores Vázquez fue condenada a 15 años de prisión por un jurado popular. Durante el juicio, la acusación se concentró en descalificarla personalmente, dada la ausencia de pruebas (la investigación de la Guardia Civil solo sirvió para construir un relato basado en hechos circunstanciales tan débil que sorprende que pudieran sustentar una acusación formal, incluso teniendo en cuenta los prejuicios de la época…). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de hecho, ordenó un segundo juicio debido a la falta de motivación del jurado en su veredicto. Un juicio que nunca se llegó a celebrar, ya que en 2003, en el curso de la investigación del asesinato de Sonia Carabantes, la Guardia Civil encontró que el ADN del asesino de esta, el delincuente sexual Tony Alexander King, estaba presente en una colilla recogida junto al cadáver de Wannikhof. y un mes más tarde, en el curso de sus investigaciones, la Guardia Civil descubrió que el ADN del presunto asesino de Sonia coincidía con los restos biológicos hallados en una colilla recogida en el lugar donde había aparecido el cadáver de Rocío Wanninkhof cuatro años antes.

Una historia que recientemente muchos han conocido gracias al documental de Netflix El caso Wanninkhof-Carabantes, que sin embargo no contó con la participación de Dolores Vázquez, cuya historia sí contará de primera mano en la serie de HBO Max. Os dejamos con un primer tráiler:

Fuente Dosmanzanas

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Buenas noticias desde Francia: tras dos años de interminable tramitación, la ley sobre bioética ha entrado finalmente en vigor. El texto, que abre a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras el acceso a las técnicas de reproducción asistida, ha salido adelante en la Asamblea Nacional después de que el Senado, con mayoría de derecha, lo rechazara. La nueva ley también aborda la discriminación de los hombres gais y bisexuales a la hora de donar sangre. La medida era una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron y su predecesor François Hollande.

Como hemos explicado con anterioridad en dosmanzanas, la reproducción asistida en Francia (PMA por sus siglas en francés) solo estaba permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además tenían que acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trataba de una prohibición total, que afectaba tanto a clínicas públicas como privadas, y que obligaba a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que deseara ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España. En su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permitiera el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida.

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la entonces secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética. En julio de 2019, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno del primer ministro Édouard Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La exministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantenía la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida cruzando líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos (LR), el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación. La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida en enero de 2020. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso la obligación de acreditar la infertilidad como condición para que la Seguridad Social asumiera los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras habrían quedado, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los pudieran costear.

El proyecto de ley sobre bioética regresó a la Asamblea Nacional para que la cámara baja se pronunciara sobre los cambios introducidos en el Senado. Por lo que se refiere a la reproducción asistida, los diputados recuperaron la financiación pública de los tratamientos también en el caso de parejas de mujeres y mujeres solteras. El texto reformado obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara baja en julio del año pasado y regresó al Senado. Por falta de consenso, la cámara alta retiró del proyecto de ley sobre bioética los artículos referidos a la apertura de la reproducción asistida, dejándolo por tanto completamente desnaturalizado. La medida regresó entonces a la Asamblea Nacional para un último intento de resolución.

El pasado 29 de junio, finalmente, la cámara baja aprobó un texto definitivo que entró en vigor el pasado 3 de agosto después de que el Consejo Constitucional rechazara sendos recursos presentados por los grupos de LR y UDI (Unión de Demócratas e Independientes, de centroderecha). La ya ley recoge de nuevo la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras, financiada por la sanidad pública. Para obtener el derecho a la filiación, las parejas de mujeres tendrán que firmar ante notario, antes del nacimiento, el reconocimiento conjunto del hijo.

Bajo la nueva regulación, además, se permitirá la congelación de los gametos sin causa médica; hasta ahora, solo se permitía en casos excepcionales como los tratamientos oncológicos que pudieran producir infertilidad. La gestación subrogada sigue estando prohibida en Francia, pero las autoridades reconocerán la filiación del progenitor biológico de los hijos engendrados por este procedimiento en el extranjero. El otro miembro de la pareja tendrá que iniciar un proceso de adopción.

Otra importante novedad de la ley sobre bioética es la modificación de los criterios para donar sangre, que hasta ahora exigían un periodo de abstinencia de cuatro meses a los hombres que tienen sexo con hombres. La ley remite la reforma al Gobierno, pero establece que no se podrá incurrir en ninguna discriminación basada en «el sexo de las parejas con las cuales los donantes hayan mantenido relaciones sexuales» que no esté «justificada por la necesidad de proteger al donante o al receptor».

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTBI, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra.

Fuente Dosmanzanas

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