Trece mujeres travestis y trans denuncian el Estado argentino por violencia institucional. Y exigen a la Justicia su derecho a seguridad social para que trans mayores de 50 años tengan una vida digna.

Fuente Agencia Presentes

 5 de noviembre de 2024
Maby Sosa
Edición: María Eugenia Ludueña

BUENOS AIRES, Argentina. El Archivo de la Memoria Trans junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron una acción de amparo en la que denuncian la violencia institucional. Y exigen ante la Justicia su derecho a una seguridad social para que las personas trans mayores de 50 años tengan vida digna.

“Realizamos esta acción legal con trece personas firmantes entregando nuestros propios legajos policiales luego de una investigación de cuatro años”, dijo a Agencia Presentes, María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. “Estamos presentando las pruebas necesarias de la violencia que sufrimos. Memoria y verdad siempre tuvimos, pero nunca llegamos a la justicia”, agregó.

El amparo lleva la firma de María Belén Correa, Lara María Bertolini (Diversidad y Justicia), Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chavez, Paula Ezkerra Rodríguez (T.A.E. Trans Argentinas Exiliadas), Wanda Eliana Galeano (Biblioteca Claudia Pia Baudracco), Ivana Tintilay (Puta Orgullosa), Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas, (Históricas Argentinas Sobrevivientes), Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campo.

Una violencia entre todas las violencias

Rodeadas del legajo policial que empapelaba las paredes de la sala del CELS, María Belén Correa, Lara Bertolini, Ivana Tintilay, tres de las denunciantes, junto a Lucía de la Vega y Quimey Ramos en representación del organismo, encabezaron la conferencia de prensa el viernes 1 de noviembre, en la previa de la 33 Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que se realizó al día siguiente.

“Ese legajo es sólo una parte del de una compañera”, dijeron al comenzar la conferencia, para dimensionar el tamaño del hostigamiento y persecución policial. En las intervenciones dieron cuenta de la violencia institucional que sufrieron no sólo por parte de esa institución. Esa violencia estructural también les impidió acceder a una jubilación o pensión, y al derecho a la salud.

“Estamos aquí representando aquello que ha pasado al olvido y no ha podido ser discutido dentro de la comunidad LGBTIQ con nuestra propia voz y en primera persona. Pero no podemos dejar de olvidar ni de rescatar la historia de nuestra persecución y resistencia. Ése es el pilar fundamental de esta acción de amparo y la medida cautelar correspondiente. Desde 1950 con la creación de los edictos policiales, aplicables en las provincias y municipios con su correspondiente codificación específica, se pudo establecer la persecución de las trans, hasta el año 2012”, dijo Correa.

La acción de amparo consiste en un pedido para que el Estado argentino reconozca esta violencia estructural y extienda los alcances de la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para brindarles una prestación básica universal.

Ivana Tintilay, María Belén Correa y Lara Bertolini durante la presentación de la acción legal en el CELS. Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales

Hacia el futuro

“Queremos dar un mensaje a toda la sociedad para que las nuevas generaciones trans no pasen por la persecución policial, para que no vivan todos los atropellos que hemos vivido nosotras. Es una manera de concientizar” expresó a Presentes, Ivana Tintilay.

Ivana fue la primera de las trece que se ocupó de buscar su legajo. Y debió recorrió esos mismos pasillos por donde caminaba cuando era detenida durante su adolescencia. A diferencia de otras compañeras, para ella no fue dificultoso acceder a su documentación.

‍⚧️ El @ArchivoTransArg junto al @CELS_Argentina presentó un amparo para que se garantice el derecho a la seguridad social de las integrantes del colectivo travesti trans mayores de 50 años. La presentación tiene 13 firmas y los legajos policiales de cada una. pic.twitter.com/IVwpUGcfWC

— Agencia Presentes (@PresentesLatam) November 1, 2024

“Llegué con mi documento en 2018 y pedí hacer el trámite. Cuando empezamos no sabíamos que había una ley por la que era nuestro derecho ir a buscar nuestro legajo”, contó durante la conferencia de prensa. “Cuando tuve el expediente, mi abogada me dijo que lo leyera, pero para mí no había nuevo que no supiera. Tenía en la memoria todas las comisarías por las que pasé detenida y todo lo que me había pasado. Me insistió a que lo leyera una y otra vez, hasta que me di cuenta que todo el legajo me llamaba como ‘Jorge Eduardo’.

Además, recordó, “mientras en 1983 la Argentina festejaba la democracia, en nuestras vidas eso no nos afectaba. Las detenciones policiales arbitrarias, los vejámenes en calabozos, las brutales golpizas y los trans feminicidios y travesticidios que se producían a diario, no se detuvieron. Esta situación jamás nos permitió acceder a la salud, a un trabajo digno o cualquier acción referida a la seguridad social, como principio universal de derecho humano. La democracia para las trans llegó en el 2012, mientras entrábamos a nuestras hermanas y compañeras que no resistieron tantas décadas de agonía, persecución y muerte”, finalizó.

Un motivo más de orgullo

Quimey Ramos es activista travesti y trabajadora del CELS. Su tarea en estos cuatro años fue redactar los hechos que vivieron estas primeras 13 denunciantes. “Quiero contarles que a ellas se les preguntó hasta el hartazgo por qué eran así. Por qué son quiénes son. Ellas no dieron una misma respuesta. Gobiernos, médicos, docentes y padres se empeñaron entonces en encontrar una razón. Ellas no sabían la razón, pero sabían que nada de malo hay en la verdad”, expresó con emoción.

Quimey Ramos es activista y trabajadora del CELS. Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales.

Luego de la conferencia, en diálogo con Presentes, Quimey afirmó: “La importancia política en este momento más que nunca tiene que ver con un sentido de memoria y de justicia hacia el pasado como la posibilidad de futuro. Y hacia el futuro efectivo de las 13 travestis y trans que están animándose a impulsar esta denuncia por todos los crímenes que han tenido que padecer en manos del Estado argentino”.

“Hay memoria que construimos”, destacó. “Hoy abundan los relatos que apuntan a decir que las personas trans y travestis somos un fenómeno de moda pasajera. De esa manera (entre muchas otras) ponen en cuestionamiento nuestros derechos, nuestra igualdad ante la vida. Es muy importante poder explicar que el rechazo social que muchísima gente sin pensarlo siente hacia nosotras, no ha nacido de un repollo. Es producto de la persecución policial y todas sus consecuencias, en primer término”, explicó Quimet.

Un grupo reducido que sobrevivió

Quimey recuerda que la persecución terminó en Capital Federal a mediados de los 90 pero que en Provincia de Buenos Aires los edictos policiales que criminalizaban a las personas trans se derogaron recién en 2010. Y que, tanto en Mendoza como en Formosa, rse derogaron en 2012 con la sanción de la Ley de Identidad de Género. “Es importante recordarlo para mirar hacia adelante con criterio. Y entender por qué somos entonces una minoría expulsada y sistemáticamente marginalizada”, agregó.

Acerca de las víctimas, destacó que son “un número muy reducido de la población”. Destacó los datos publicados por el Registro Nacional de las Personas en 2022. “Da cuenta de que la mitad de la población travesti que cambió su documento y falleció para el 2022 tenía 44 años en promedio. Hay un 25% que tenía 35 años aproximadamente, y el 75% total ha muerto antes de los 53 años. Entonces hablamos de un grupo muy reducido que si están vivas no es gracias a las garantías que el Estado argentino les debiera haber dado. Es gracias a otros factores absolutamente vinculados a su propia capacidad de subsistencia y de supervivencia”.

“Estamos aquí para que nuestros propios archivos hablen”

A su lado, Lara Bertolini destacó. “Esta presentación nos da la posibilidad de poder incorporarnos en forma preventiva de acceso a la seguridad social, con las características extraordinarias para no repetición y el olvido de parte del Estado argentino”.

Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales

Entre lágrimas, agregó: “Las 13 sobrevivientes aquí presentes y aquellas que se encuentran exiliadas en diferentes lugares del mundo, les dejamos nuestros archivos policiales, nuestra historia y nuestra unión, para poder establecer que las mujeres y femineidades trans seguimos construyendo jurisprudencia, legislación, democracia y justicia a pesar de todo”.

“Estamos aquí para que nuestros propios archivos hablen. Para que nuestras propias existencias hablen y para que nuestra venganza sea que estamos tratando de llegar a viejas y que lo hagamos con dignidad”. Bertolini expresó que su generación “la pasó un poquitito mejor porque transicioné en los 90. Pero esta violencia empezó en la década de 1950 y tenemos que hacernos cargo que hoy lo seguimos viviendo”.

También desde el CELS, Lucía de la Vega destacó: “En un año en el que nos ha tocado hacer acciones de defensa, esta es nuestra primera acción legal ofensiva. Tiene como novedoso el pedido de que el Estado garantice la seguridad social a mujeres trans mayores de 50 años. Es algo transformador, que la sociedad y la democracia argentina les debe”.

General, Homofobia/ Transfobia. Alma Rosacintia Agüero, Andrea Soledad Vargas, Archivo de la Memoria Trans, Argentina, Biblioteca Claudia Pia Baudracco, Candela Nicolosi, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Dalia Silvana Álvarez Valverde, Diversidad y Justicia, Históricas Argentinas Sobrevivientes, Homofobia/Transfobia, Ivana Tintilay, Lara Bertolini, Lara María Bertolini, Lucía de la Vega, Marcela Ángela Saibek, María Belén Correa, Nicole Valentina Chavez, Patricia Alexandra Rivas, Paula Ezkerra Rodríguez, Personas trans, Puta Mientras, Quimey Ramos, Romina Campo, Trans Argentinas Exiliadas (T.A.E.), Wanda Eliana Galeano

Por primera vez en la Argentina se dictará una cátedra en la carrera de abogacía para formar en derechos de la comunidad LGBTI+

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, Argentina. Formar en derechos y educar es fundamental en estos tiempos. Por eso, la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dio inicio a una nueva asignatura optativa: Protección Jurídica de las Personas LGTBIQ+. Una materia en una cátedra en una carrera en una pequeña provincia del norte del país parece un pequeño paso. Sin embargo, es la primera en la Argentina abocada íntegramente a los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

“Hace 19 años, cuando ingresé a la Facultad de Derecho como estudiante, militaba en política universitaria y habitaba las aulas, los prejuicios LGTB-fóbicos estaban a la orden del día. Era muy difícil que los profesores salgan del clóset. Cuando me postulé para un cargo del centro de estudiantes o del Consejo, las objeciones tenían que ver con mi orientación sexual”, dice Germán Arce abogado e investigador que encabeza el cuerpo docente a cargo del dictado de la materia.

La materia que dicta Germán tiene entre sus principales objetivos visibilizar los sesgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos en el ámbito jurídico. “Constituye una acción pionera. Es la primera de la carrera de abogacía de una universidad pública argentina que se ocupa completa y exclusivamente de este tema”, destaca el docente. Se muestra sorprendido y agradecido por la convocatoria que tuvo el lanzamiento oficial de la asignatura. “Casi dos tercios de estudiantes en condiciones de tomar las materias optativas, eligió esta. Eso da cuenta de que los pibes están interesados, inquietos y con ganas de avanzar sobre este tipo de formación”, destaca Arce.

El primer encuentro

Con un anfiteatro lleno de estudiantes y activistas LGTBIQ+, con un panel compuesto por docentes y referentes de la diversidad de género, la presentación de la optativa se convirtió en un verdadero evento. Y remarca que es una experiencia pionera porque si bien existen abordajes en algunas unidades de la currícula académica en otra universidad del país, esta es la primera materia en una universidad pública argentina que se ocupa completamente de este tema.

“Es importante destacar que son minorías las universidades que van incluyendo estas perspectivas. Por lo pronto, esta es la primera vez que una asignatura se aboca directa y exclusivamente a esto”, advierte el docente.

Entre los ejemplos de prácticas necesarias de transformar en el mundo jurídico, comenta Arce en diálogo con Agencia Presentes, están los abordajes procesales que siguen siendo revictimizantes. Esta falencia -explica- es, por lo general, por falta de capacitación. Pero también es por la falta de acceso de las personas trans a la educación jurídica superior y a los cargos judiciales. “La falta de representación parlamentaria del colectivo también es un factor determinante”, remarca.

Al avance de los discursos de odio una respuesta posible 

La noticia de esta nueva materia llega con el contexto del resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y el avance de discursos antiderechos. La alegría de haber ganado un espacio con respaldo institucional en la casa de altos estudios se ve, cuanto menos, pendiente de un hilo.

Algunos estudiantes manifestaron la necesidad y la importancia de esta perspectiva en la formación profesional. “Es importante tener esta materia en la carrera. Nos prepara como futuros profesionales para defender los derechos de la comunidad LGBTQI+ y para poder difundir todos los derechos conquistados”, dijo uno de ellos.

A esos derechos conquistados no solamente hay que defenderlos, sino que también es imprescindible garantizarlos. Arce remarcó que “hace diez años que tenemos una ley de identidad de géneros. Sin embargo, el promedio de vida de las mujeres trans sigue siendo entre 35 y 40 años. Las causas de muertes siguen siendo las mismas”. Eso habla de la necesidad de que las y los operadores jurídicos actúen con perspectiva de géneros y derechos humanos.

“Es un gran augurio encontrarme en la universidad desde este lugar, ocupando espacios áulicos, con categorías docentes altas y hablando de derechos y debatiendo nuestros saberes políticos desde nuestra condición de docentes LGBTI. Hace muchos años no teníamos estos derechos, ni la legitimidad para ocupar estos espacios de saber-poder que hoy sí. Nuestro país ha cambiado y nuestra universidad también”, señala al tiempo que insta a defender lo logrado.

De la primera actividad, una charla abierta enmarcada en el lanzamiento de la asignatura participaron, además de estudiantes y público, Claudina Rukone -actriz, comunicadora y activista trans de Tucumán-, Adrián Pipo Albano -delegado del INADI Tucumán-, Lara Bertolini -activista trans que dirige el Centro de Investigaciones LGBTI+ de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda-, Emiliano Litardo -corredactor de la ley de Identidad de Género– y docentes de diferentes de universidades de España, Colombia, Chile, México y Brasil.

Gabriela Cruz

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Adrián Pipo Albano, Ámbito educativo, Argentina, Brasil, Cátedra, Centro de Investigaciones LGBTI+, Chile, Claudina Rukone, Colombia, Emiliano Litardo, España, Facultad de Derecho, Germán Arce, Lara Bertolini, Ley de Identidad de Género, México, Personas LGTBIQ, Protección Jurídica de las Personas LGTBIQ+, San Miguel de Tucumán, Universidad, Universidad Nacional de Avellaneda-, Universidad Nacional de Tucumán (UNT)

La activista travesti argentina Lara Bertolini, acompañada por la abogada Alejandra Gils Carbó y el abogado Emilio Buggiani, presentó hoy un recurso extraordinario con el objetivo de que se consigne tanto en el DNI como en la partida de nacimiento su identidad: ‘femineidad travesti’.

“El recurso fue presentado ante la Gala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Los pasos a seguir ahora son que la sala G admita el recurso extraordinario y se eleve el expediente para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo Buggiani a Presentes.

“En la actualidad no permitir el pleno reconocimiento de la identidades no binarias, en específico las identidades travestis y transgéneros, implica una condena a vivir en un inframundo social, alejadas de toda posibilidad de acceso a derechos básicos. Esta situación implica desconocer que el principio de la dignidad humana se basa en el reconocimiento de las identidades en toda su multiplicidad”, dijo hoy en un comunicado Bertolini.

En marzo de este año la activista travesti logró un fallo inédito: que se establezca en el campo asignado para sexo de su DNI la expresión femineidad travesti. Esta decisión aprobada por la jueza Myriam Cataldi del Juzgado Nacional en lo Civil nº7 fue apelada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que se negó a abrir un nuevo campo bajo el argumento de que “solo hay dos sexos”. A raíz de esto el 10 de diciembre la Cámara Civil denegó la resolución que le permitiría a Bertolini acceder a su identidad tanto en el documento como en la partida de nacimiento.

Por eso es que hoy volvió a presentarse ante la justicia en lo que Lara Bertolini reconoce como una segunda etapa de este proceso histórico de lucha contra la resistencia administrativa del Estado por reconocer y registrar las identidades autopercibidas de las personas tal como lo establece la Ley de Identidad de Género nº 23592.

“Esta presentación que pretende llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una capítulo más en la lucha sobre  la cuestión identitaria, la cual es fundacional en el proceso histórico argentino: desde las identidades del pueblo trabajador; de los hijos y nietos desaparecidos reclamados por madres y abuelas producto de la nefasta dictadura militar;  llegando hoy a este punto culmine respecto del derecho humano a la identidad de género, como parte de un nuevo proceso social”, expresó hoy Bertolini en el comunicado que informa la continuidad de este proceso.

Buggiani dijo a este medio que la sentencia viola el derecho constitucional, el principio de la igualdad y la no discriminación. Además, no respeta el derecho humano a la identidad ya que “la identidad de género también hace a la identidad de las personas”. Agregó que este fallo de los magistrados no toma en cuenta el último artículo de la Ley de Identidad de Género en donde se establece que ninguna ley es oponible al reconocimiento del derecho humano a la identidad de género.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Fernández, Alejandra Gils Carbó, Argentina, Carlos A. Bellucci, Carlos A. Carranza Casares, Cristina Fernández de Kirchner, Gastón M. Polo Olivera, Homofobia/Transfobia, Lara Bertolini, Ley de Identidad de Género, Ley de Identidad de Género nº 23592, Myriam Cataldi, Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

Por Alejandra Zani

Lara Bertolini, defensora de los derechos humanos y docente estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de Avellaneda, logró en marzo pasado un inédito fallo que establecía el reconocimiento de la expresión femenidad travesti en el campo asignado al sexo del DNI. Sin embargo, la Cámara Civil denegó la resolución que le permitiría cambiar su partida de nacimiento y DNI.

Este fallo se dio a conocer mientras Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner juraban como presidente y vicepresidenta constitucional con un discurso que hizo hincapié en que “todo tipo de discriminación debe volverse imperdonable”.

La solicitud del reconomiento de identidad fue aprobada por la jueza nacional en lo civil, Myriam Cataldi en marzo pasado. La decisión de Cataldi fue apelada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que se negaba a abrir un campo de género especial con la justificación de que “solo hay dos sexos”.

El fallo de la jueza Cataldi consideraba el reconocimiento de la identidad de género como “una cuestión de derechos humanos” y ordenaba al Registro Civil “resolver estos casos por vía administrativa poniendo una multiplicidad de marcadores como opciones de género”.

Además, agregó que se debería “informar a RENAPER para que emita un nuevo DNI de la persona interesada, a la que se deberá prestar la asistencia necesaria para el envío y seguimiento del trámite, a fin de asegurar un mecanismo rápido”.

De acuerdo a Lara, la resolución de la Cámara invisibiliza a las identidades transgénero, no binarias y agéneros. Considera que tanto el RENAPER como el Registro Civil apelaron el fallo de la jueza Cataldi porque se niegan a reconocer un sexo diferente al masculino o femenino.

“En una apelación ante la Cámara Civil dijeron que, como solo hay dos sexos, no es posible emitir el documento ya que así lo establece la sociedad. Otra vez quedamos invisibilizadas absolutamente las identidades transgénero y no binarias, las personas agénero y todo tipo de género que no se rija por lo sexual”, explicó Lara a Presentes.

Emilio Buggiani: “Están interpretando el género de un modo hiperrestrictivo”

Según Emilio Buggiani, abogado de Bertolini, la sentencia viola el derecho constitucional, el principio de la igualdad y la no discriminación. Además, no respeta el derecho humano a la identidad ya que “la identidad de género también hace a la identidad de las personas”.

Para Buggiani, el fallo de los magistrados no toma en cuenta el último artículo de la Ley de Identidad de Género en donde se establece que ninguna ley es oponible al reconocimiento del derecho humano a la identidad de género.

“Interpretan de manera hiperrestrictiva la palabra sexo, que es la que figura en la partida de nacimiento y el DNI de las personas, desde la genitalidad. Esta lectura no entiende al sexo como una construcción social, como lo dice la Ley de Identidad de Género”, expresó Buggiani a Presentes.

El abogado cuestiona la interpretación que RENAPER hace de lo dispuesto en la Ley de Identidad de Género.

“RENAPER dice que nuestro sistema legal está basado en un sistema binario, masculino-femenino, y que Lara cambió su sexo de masculino, que fue el sexo que le fue asignado al momento de su nacimiento, a femenino. Y por lo tanto, que se cumple con la ley. Pero no reconoce a la femineidad travesti como una identidad independiente que rompe ese orden binario”, acotó Buggiani.

Lara Bertolini: “Al no ser nombradas por el Estado, no existimos”

La sentencia de la Cámara Civil fue firmada por Carlos A. Bellucci, Gastón M. Polo Olivera, Carlos A. Carranza Casares, toma como fundamentos al Diccionario de la Lengua Española y a lo expresado por la jueza Graciela Medina, a quien citan en el texto.

“La identidad de género es la conciencia que se adquiere de la igualdad, la unidad y la persistencia de la individualidad como varón o mujer. La Ley de Identidad de Género estaría destinada a solucionar el problema de aquellas personas transgénero para adecuar su identidad de género masculino o femenino, pero no incluye la posibilidad del tercer género o del travestismo”, establece la sentencia.

Según Lara, el RENAPER y el Registro Civil no pueden negar el reconocimiento de su identidad, pero se niegan a reconocerla en un documento “porque eso implicaría modificar la estructura social y tendrían pensar en la problemática travesti-trans, darle trabajo a las travesti-trans, darle acceso a derechos a las travesti-trans”.

Para la defensora, si no se corrige la lógica binaria que establece el sexo masculino y femenino, nunca se podrá aplicar la ley de cupo laboral trans. “Lo que no se nombra no existe y al no ser nombradas por el Estado, no existimos”.

“Nombrarnos como problema es nombrarnos negativamente y volver a un sentido de inequidad, exclusión y estigmatización. Esos pequeños renglones de argumentación van en contra del derecho de género autopercibido por la LIG, y por los pactos y tratados internacionales. No pueden estar diciendo esto en 2019. Las niñeces y las adolescencias en un futuro tienen derecho a que su identidad sea reconocida y validada por el Estado”, afirmó Lara.

Frente a esto Buggiani establece que es necesario revisar los lugares en los que el sistema se quedó vetusto. “La sentencia dice que en caso de reconocerse la identidad autopercibida femineidad travesti, habría que pensar un sistema laboral, un sistema penitenciario y un sistema de seguridad social revisional. Hay que pensarlo. Sino, estamos excluyendo del sistema a todo un colectivo que son un montón de personas afectadas por tener un sistema obsoleto”, señaló.

Estado debe reparar

De acuerdo a la especialista en derecho civil, Ángela Mora, se tiene que aprovechar el contexto histórico en la Corte Suprema de Justicia para solicitar a través de un recurso extraordinario la revisión de la sentencia de la Cámara Civil.

“Más que nada porque son organismos administrativos los que se están oponiendo, no es el Estado argentino. Con los antecedentes internacionales y nacionales, la Corte debe poner blanco sobre negro sobre la situación de grupos que ni siquiera están excluidos, porque nunca estuvieron adentro. Y esa la no existencia. Esta una buena posibilidad para que la corte reconozca que estos grupos existen y que el Estado debe reparar esa negación sistemática a lo largo de toda su historia”, expresó Mora a Presentes.

Mora afirmó que en la sentencia los magistrados mencionan una Opinión Consultiva 24/17 donde aparece el principio del deseo. “Ahí se establece que debe respetarse el deseo de publicidad de la identidad de cada persona. No obstante, a Lara se le niega ese principio porque interpretan de manera sesgada la palabra sexo’”.

“Lo que hicieron los magistrados en esta sentencia es interpretar la norma a través del método clásico del siglo XIX. Pero hay otro orden posible para esa interpretación. Ahora el Código Civil recepta una teoría, una filosofía del derecho, una manera de concebir el derecho, que es la teoría de Robert Alexy, que implica que no tenés que atenerte solamente a la palabra de la ley, sino a que esa palabra se condiga con ciertos principios y valores”, Indicó Mora.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Fernández, Carlos A. Bellucci, Carlos A. Carranza Casares, Cristina Fernández de Kirchner, Gastón M. Polo Olivera, Homofobia/Transfobia, Lara Bertolini, Ley de Identidad de Género, Myriam Cataldi, Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

Por Lucas Gutiérrez 

Por segunda vez en el año, Yhajaira Falcón fue víctima de un ataque transodiante en el barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. La activista contó a Presentes que el domingo 18 cerca de medianoche,  el mismo policía que la había agredido en junio, la atacó y le robó dinero cuando regresaba de comprar algo en un kiosco cerca de su casa. La primera agresión la radicó en la comisaría comunal Nº15, donde no respetaron su identidad de género. Esa denuncia no tuvo consecuencias, según relata.

Falcón (49) es venezolana, activista trans y trabaja en el Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de Ciudad de Buenos Aires. “El mismo policía que me golpeó la vez pasada, con otro chico me pegó una trompada en la cara. Me agarraron a palos entre los dos”.  Falcón cuenta que de un restaurante salió un grupo de jóvenes a defenderla y así que la siguieran lastimando.

“En el mismo lugar el mismo policía me golpeó en junio de este año. Está todas las noches ahí, aunque ya hicimos la denuncia nunca averiguaron nada de él. Ahora tengo mucho miedo. Me quiero mudar”, dijo Falcón. Todavía no realizó la denuncia por esta segunda agresión porque sigue en cama por los golpes.

“El botón antipánico que me dieron no funcionaba”

En junio de este año, un grupo de jóvenes atacó a Yhajaira en la misma zona. Además de esta agresión, la activista denunció maltrato por parte del personal policial.

“Estas causas, generalmente, terminan siendo archivadas y la respuesta estatal es bastante limitada. En este caso, la medida fue otorgarle un botón antipánico, que la expuso a un mayor control policial”, dijo a este medio Josefina Alfonsín, asesora del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

“El botón antipánico que me dieron no funcionaba, se apretaba solo. De repente tenía tres policías en la puerta de mi casa todo el tiempo. Estaba aterrada, o sea que la policía sabe dónde vivo. Voy a tener que mudarme”, explicó Yhajaira, que devolvió y decidió no reponer el botón.

“Esto pone de manifiesto la necesidad de buscar nuevos métodos de cuidado y protección ante los casos de violencia policial”, agregó Josefina Alfonsín.

Un caso de reincidencia policial

Flacón explicó que las agresiones de este policía comenzaron cuando ella intervino una vez que el uniformado estaba violentando a una compañera trans en la vía pública. “Este policía atacó a una chica que estaba trabajando por esa zona. Cuando la defendí y le dije dónde trabajo me dijo ‘no es problema tuyo puto’. La compañera hizo la denuncia pero todo quedó ahí”.

Chacarita, un barrio peligroso para las trans

Lara Bertolini, trabajadora del Ministerio Público Fiscal y activista trans, dijo a Presentes: “Respecto de las fuerzas de seguridad las identidades tran siguen igual de mal que en los ’90. Es más, se han incrementado la violencia y la violación a las cuerpas. Continúan abusando sexual y económicamente de las trans”. Ante las repetidas denuncias de maltrato policial a la hora de acudir a comisarías Bertolini sugirió: “Es preferible acercarse a una fiscalía o alguna defensoría donde la puedan asesorar para hacer la denuncia, tomar un acta, y después elevarla a la fiscalía correspondiente dependiendo del delito”.

En la zona de Chacarita las denuncias, a veces formales y otras del boca o en boca o en las redes sociales, de ataques a personas trans no cesan. “Tengo miedo pero mudarse hoy en día no es nada fácil, mucho menos con el sueldo que yo gano”, dijo Falcón.

Bertolini respecto a  los constantes ataques a su compañera activista y a otras personas trans, agregó: “Es hora de tomar nombre y placa de los policías y hacer las denuncias en los organismos de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad están envalentonadas y van a aplicar toda la violencia posible para amedrentar a quienes más batallamos por los derechos, libertades y el respeto a la dignidad humana que somos nada más y nada menos que las travestis y las trans. Seguimos siendo la caja chica y el cementerio. Somos las no nombradas en democracia”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ataque, Buenos Aires, Homofobia/Transfobia, Josefina Alfonsín, Lara Bertolini, Personas trans, Procuración Penitenciaria de la Nación, Yhajaira Falcón