La homofobia de Estado en Kirguizistán es más fuerte que las protestas. El Parlamento de la ex república soviética de Asia Central ha aprobado este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyan. El texto, más duro que el ya vigente en Rusia, establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

En abril del año pasado informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 73 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (88 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (24 euros). Según denunció Human Rights Watch (HRW), para ello Kirguizistán ha debido modificar sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación (así como su código penal), algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

El texto tiene que pasar aún una tercera lectura en el Parlamento y ser firmado por el Presidente, pero los resultados de las dos votaciones hasta el momento (79 a favor frente a 7 en contra en la primera, 90 a favor frente a solo 2 en contra en la segunda) hacen presagiar que saldrá adelante sin dificultades. La ratificación definitiva podría producirse en octubre, antes de las elecciones legislativas previstas para entonces. El proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También ha sido rechazado por el Parlamento Europeo, que pidió expresamente al gobierno kirguís su retirada.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos a principios de 2014. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a su elaboración fue amenazado de muerte. La sede de Labrys, una asociación de defensa de los derechos LGTB de Kirguizistán, fue atacada con cócteles molotov el pasado 3 de abril, sin que por suerte hubiera que lamentar daños personales. Y el mes pasado, un grupo de activistas que se habían congregado para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia fue acosado por radicales y retenido durante horas por la policía. Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Dosmanzanas

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La sede de Labrys, una asociación de defensa de los derechos LGTB de Kirguizistán, ha sido atacada con cócteles molotov el pasado 3 de abril. Aunque afortunadamente no haya que lamentar ninguna víctima del atentado, los activistas de Labrys denuncian que es la aprobación de la ley contra la “propaganda homosexual”, actualmente en trámite parlamentario, la que está creando un clima generalizado de hostilidad hacia las personas LGTB, cuyo fruto son estos actos de violencia.

Las cámaras de seguridad de la sede de Labrys en Biskek, la capital kirguís, recogieron a las 22:30 del pasado 3 de abril cómo dos individuos, que no han podido ser identificados, lanzaban cócteles molotov contra el edificio, con la intención inequívoca de provocar un incendio. Afortunadamente, la ausencia de personal en las instalaciones a esas horas de la noche evitó posibles víctimas humanas. Los infiltrados tampoco fueron certeros en su ataque, fracasando en su intento destructivo.

Los representantes de Labrys denuncian que no es el primer ataque que recibe su sede, que ha sido apedreada en numerosas ocasiones. Los miembros de la asociación también han recibido repetidas amenazas de violencia física. Esas amenazas, dirigidas tanto hacia los integrantes de asociaciones LGTB como hacia miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos, se han incrementado desde que se presentó el proyecto de ley contra la “propaganda homosexual”, que ya fue aprobado en primera lectura por el Parlamento kirguís, aunque para su promulgación definitiva aún debe pasar por dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado posteriormente por el Presidente.

La ley en trámite, mucho más dura que la vigente en Rusia, persigue castigar con multas y/o penas de cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. También prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Para la activista de Labrys Syinat Sultanalieva, “la aparición de iniciativas legislativas destinadas a la limitación de los derechos humanos siempre trae como resultado  el incremento de las agresiones y del odio en la sociedad. El gobierno de Kirguizistán, así como su presidente, que es el garante de la Constitución de Kirguizistán, debe condenar públicamente las manifestaciones de odio de cualquier tipo en la sociedad, así como retirar todas las iniciativas, que, de una u otra manera, influyan en el cumplimiento de los derechos humanos de los diferentes grupos que componen la sociedad”.

El proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También ha sido rechazado por el Parlamento Europeo, que pidió expresamente al gobierno kirguís su retirada.

Los activistas de la Labrys han decidido no denunciar el ataque ante la Policía kirguís, pues en numerosas ocasiones son los propios miembros de las fuerzas del orden los responsables de la violencia contra las comunidad LGTB. Sí que informarán a la Relatora Especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, ya que es posible que los mecanismos de Naciones Unidas sean capaces de inducir al gobierno de Kirguizistán a que garantice la seguridad de todos sus ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, aun en el supuesto de que el proyecto no vea finalmente la luz, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos a principios de 2014. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a su elaboración fue amenazado de muerte.

Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gais, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Human Rights Watch, Kirguizistán, Labrys, Syinat Sultanalieva