También es el primer ministro más joven del país.

Su elección a la jefatura del Gobierno lo sitúa en primera línea para la sucesión de Emmanuel Macron de cara a 2027

El ministro de Educación, Gabriel Attal, acaba de ser nombrado primer ministro de Francia, el primer hombre gay y persona LGBTQ+ en ser nombrado para el cargo. A sus 34 años, también será el primer ministro más joven del país en su Quinta República, sustituyendo a Laurent Fabius, que fue nombrado en 1984 a los 37 años.

El primer ministro es el segundo cargo más alto del país después del presidente. El primer ministro es el jefe de gobierno y puede proponer ministros y proyectos de ley ante la Asamblea Nacional.

“Sé que puedo contar con su energía y su compromiso para lograr mi plan de rearme y revitalización (cívico y económico) que anuncié”. El presidente Emmanuel Macron publicó en X después de nombrar a Attal para el cargo.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

Como miembro del ala izquierda de la formación presidencial, sus primeros pasos en la política los dio en el Partido Socialista (PS). Fue elegido concejal de Vanves en 2014 y miembro del gabinete de la ministra de sanidad de 2012 a 2017.

Attal forma parte del círculo de jóvenes que participaron en la puesta en marcha del proyecto de Emmanuel Macron, un grupo cuyos miembros se habían conocido algunos años antes trabajando en la candidatura fallida de Dominique Strauss-Kahn.

Attal, fue elegido miembro de la Asamblea Nacional francesa en 2017, el mismo año en que el centrista Macron fue elegido presidente por primera vez. Al año siguiente, se pasó al partido centrista de Macron “La République En Marche!” partido.

Fue nombrado secretario de Estado en 2018, a los 29 años, en el Ministerio de Educación y Juventud del gobierno de Édouard Philippe, lo que ya entonces le convirtió en el miembro más joven de un Gobierno bajo el actual sistema de la Vª República. Su capacidad de comunicación para defender la acción de Emmanuel Macron y de su Gobierno le convirtió en un habitual de los platós de televisión y en 2020.

Merci Monsieur le Président pour votre confiance. Je mesure l’honneur qui m’est fait d’être nommé Premier ministre.

Un cap : garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer notre pays.

Au travail, avec force, humilité et sans tabou au service des…

— Gabriel Attal (@GabrielAttal) January 9, 2024

El 16 de octubre de 2018 fue nombrado secretario de Estado en  convirtiéndose en el miembro más joven de un gobierno en la V República francesa, y portavoz del Gobierno de Jean Castex de 2020 a 2022. El 20 de mayo de 2022 fue nombrado Ministro delegado de las Cuentas públicas en el gobierno de Élisabeth Borne, durante el segundo mandato del Presidente Macron. En junio de 2022 fue reelegido diputado. El 20 de julio de 2023 fue nombrado Ministro de Educación Nacional y Juventud,  prohibiendo las abayas, o túnicas largas que suelen usar las mujeres musulmanas, en las escuelas, diciendo que las prendas desafiaban la noción de secularismo en Francia. Ha permanecido en el cargo hasta el 9 de enero de 2024, cuando ha sido nombrado primer ministro, en sustitución de Élisabeth Borne.

Su elección a la jefatura del Gobierno lo sitúa en primera línea para la sucesión de Emmanuel Macron de cara a 2027.

La infancia y adolescencia de Attal se desarrollaron en uno de los barrios más acomodados del centro de París, entre el hogar familiar y la exclusiva École Alsacienne, para después pasar por la facultad de Sciences Po y realizar sus primeras experiencias profesionales como becario en la Asamblea Nacional. Su padre fue abogado y productor de cine (entre otros de Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar) y su madre trabajaba también en una empresa de producción.

Además de ser el primer ministro más joven de la quinta república, Gabriel Attal también es el primero en declarar publicamente su homosexualidad.  Attal hizo pública su homosexualidad en diciembre de 2018, meses después de sufrir un outing y de que el rumor circulase en el ámbito político, aunque sin demasiada repercusión pública por aquel entonces.Un año antes, en 2017, había contraido una unión civil con el también político Stéphane Séjourné, de quien, según Politico, hoy estaría separado. Su vida discreta en pareja salió a la luz por el polémico abogado Juan Branco quien reveló públicamente su relación sentimental, obligando a Gabriel Attal a pronunciarse sobre el tema. En 2019, habló de su homosexualidad, sin dejar de preservar su privacidad.

En alguna entrevista ha contado que fue víctima de acoso escolar homófobico, además de haber recibido insultos antisemitas (parte de su familia es judía, aunque él ha sido educado como cristiano ortodoxo). Por lo que se refiere a su actividad política, en cualquier caso, más allá de su condición de gay visible Attal no ha destacado por un compromiso especial en materia LGTBI.

Un año después, en una entrevista sobre la homofobia en el gobierno, dijo que las actitudes estaban cambiando y que podía “divertirse” con sus colegas. “Tengo la piel dura cuando se trata de ataques homofóbicos”, dijo en ese momento. “Cuando escucho comentarios (anti-LGBTQ+) (en línea), pienso en los millones de franceses que viven con esto pero que no son famosos y tienen menos apoyo y privilegios que yo”. 

Stéphane Séjourné

Ha estado casado civilmente con Stéphane Séjourné (Versalles, 26 de marzo de 1985) abogado y político francés de 38 años, miembro del Parlamento Europeo desde 2019 y considerado un aliado cercano del presidente Emmanuel Macron. Desde 2021 dirige Renovar Europa.

Gabriel Attal y Stéphane Séjourné vivieron un flechazo a primera vista. Quienes se conocieron a principios de 2015 durante una reunión de trabajo experimentaron un “enamoramiento inmediato”, según reveló un testigo de la escena en Le Monde: “Gabriel Attal era el asesor de Marisol Touraine, la ministra de Salud, mientras que Stéphane Séjourné lo era del futuro candidato presidencial, Emmanuel Macron. “Se produjo un flechazo inmediato entre ambos”. Y piensan en casarse “en caso de que tengan que abandonar Francia”. En efecto, nada garantiza la victoria del candidato Macron y a Attal se le ofreció un puesto en la ONU, en la sede de Nueva York. Luego vino la victoria de La République en Marche y Emmanuel Macron en mayo de 2017, poniendo patas arriba las vidas de ambos hombres.

Tras contraer matrimonio civil en 2017, se habrían separado en 2023. Información que ninguno de los dos ha querido confirmar hasta ahora. En cualquier caso, parece que la política les sonríe a los dos.

Stéphane Séjourné era de de los primeros en felicitarlo, y no tardó en reaccionar en X: “Celebro el nombramiento de Gabriel Attal. Necesitamos su talento para cumplir nuestros compromisos políticos. Gracias a Elisabeth Borne por todo el trabajo realizado”, escribió.

Je salue la nomination de @GabrielAttal. Nous avons besoin de son talent pour la poursuite de nos engagements politiques.

Merci à @Elisabeth_Borne pour tout le travail accompli.

— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 9, 2024

Tras el anuncio de su nombramiento, las asociaciones de lucha contra la homofobia lo celebraron: “Estamos felices de que ser homosexual o gay hoy no sea un obstáculo para servir en los niveles más altos del poder”, dijo la organización SOS Homophobie en X. “La sociedad está progresando y esta visibilidad demuestra que vamos en la dirección correcta. Sin embargo, lo realmente importante serán las acciones y políticas que ponga en práctica. Esperamos un gobierno que tome la iniciativa en el tema de la violencia y los ataques contra las personas LGBTI y actúe concretamente por la igualdad de derechos”.

Nous nous réjouissons du fait qu’être homosexuel ou gay aujourd’hui ne soit plus un obstacle à l’exercice de fonctions de premier rang.
La société progresse et cette visibilité va dans le bon sens. Ce qui est important toutefois…(1/2) https://t.co/dnqrnf9g7l

— SOS homophobie (@SOShomophobie) January 9, 2024

El nombramiento de Attal se produce un día después de que la ex primera ministra Elisabeth Borne dimitiera tras las protestas contra una ley que restringía la inmigración. También enfrentó una controversia a principios de 2023 como imagen del proyecto del gobierno para aumentar la edad de jubilación en Francia, lo que provocó huelgas generalizadas.

Macron trata de relanzar su segundo mandado ante el aumento de su impopularidad. Muy impopular en los sondeos, el presidente busca revitalizar su mandato y dar un nuevo aliento a su política año y medio después de su reelección, ya que su segundo período en el Elíseo se extenderá hasta mayo de 2027.

Según el barómetro mensual de la firma demoscópica Elabe, solo un 27% de los franceses confiaban a comienzos de enero en la gestión del presidente.

Además, las encuestas muestran a la ultraderecha de Marine Le Pen en cabeza para las elecciones europeas de junio próximo. Por ejemplo, un sondeo realizado para el Senado en diciembre daba al partido RN de Le Pen un 31%, frente al 21% del bloque macronista.

Los otros primeros ministros abiertamente LGTBI 

Gabriel Attal se incorpora de esta forma a la lista de primeros ministros abiertamente LGTBI que en su día inauguró Jóhanna Sigurðardóttir, primera ministra de Islandia entre 2009 y 2013, a la que luego se sumaron Elio Di Rupo, primer ministro de Bélgica entre 2011 y 2014; Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo desde 2013; Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda de 2017 a 2020 y desde 2022 hasta la actualidad; Ana Brnabić, primera ministra de Serbia desde 2017 y Xavier Espot, primer ministro de Andorra desde 2019 (si bien este último salió del armario públicamente el pasado septiembre).

Más restringida es aún la lista de jefes de Estado abiertamente LGTBI, en la que de momento solo hay dos nombres: Paolo Rondelli, que entre abril y octubre de 2022 fue uno de los dos capitanes regentes de la República de San Marino (lo que le reserva el papel histórico de primer jefe de Estado abiertamente LGTBI del mundo) y Edgars Rinkēvičs, presidente de la República de Letonia desde el pasado julio.

Fuente Agencias/El Diario

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‘La protección de la salud mental de las personas LGTBI avanza posiciones con la aprobación definitiva de dos leyes que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión. En Francia, la Asamblea Nacional daba su visto bueno, sin votos en contra, al proyecto remitido por el Senado. La medida entrará en vigor 14 días después de la firma del presidente Emmanuel Macron, a tiempo por tanto antes de que expire el actual periodo legislativo. En Canadá, la norma fue aprobada por unanimidad y está vigente desde el pasado 7 de enero. Ambas contemplan multas y penas de cárcel para quienes practiquen estas pseudoterapias, tanto en menores como en mayores de edad.

Como ya adelantábamos tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional francesa, la ley francesa que prohíbe las terapias de conversión ha superado su fase final, y el presidente Emmanuel Macron ha declarado que “ser uno mismo… no es nada que se pueda curar”.

La iniciativa francesa surgió de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron y persigue la prohibición de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que provoquen «una alteración de su salud física o mental». Las sanciones previstas ascienden a los 30.000 euros de multa y dos años de prisión, que aumentan hasta los 45.000 euros y tres años de cárcel en el caso de que la víctima de estas pseudoterapias sea un menor, dependiente o descendiente del autor.

El proyecto de ley prohíbe todas las “prácticas, comportamientos y declaraciones reiteradas con la intención de modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de una persona, y que tengan como efecto una alteración material de su salud mental o física”.

La amplia prohibición, que no contempla exenciones para las terapias de conversión religiosa, fue votada por partidos de ambos lados del espectro político en diciembre de 2021, y ahora ha sido aprobada formalmente por Macron.

La terapia de conversión llevará ahora una pena potencial de dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Si la víctima es menor de edad, o se considera “vulnerable“, o la persona que practica la terapia de conversión es uno de los padres o abuelos de la víctima, la pena aumenta a tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.

Macron tuiteó tras la aprobación del proyecto de ley: “¡La ley que prohíbe la terapia de conversión se aprueba por unanimidad!

“Estemos orgullosos, estas prácticas indignas no tienen lugar en la República. Porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar”.

La loi interdisant les thérapies de conversion est adoptée à l'unanimité !
Soyons-en fiers, ces pratiques indignes n'ont pas leur place en République. Parce qu’être soi n’est pas un crime, parce qu’il n’y a rien à guérir.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2022

El alcance de estas prácticas en Francia no se conoce con exactitud. Pero una comisión parlamentaria puesta en marcha en 2019 por los diputados Laurence Vanceunebrock (LREM) y Bastien Lachaud (Francia Insumisa) reveló un centenar de casos en los que se llevaron a cabo pseudotratamientos de hipnosis, hormonales, electroshocks, exorcismos, llamadas a la abstinencia e incluso matrimonios heterosexuales forzosos. Vanceunebrock justificó la necesidad de un delito específico que castigue estas prácticas con el objetivo de detectarlas antes para ayudar mejor a sus víctimas.

Como decíamos más arriba, laproposición de ley de LREM salió adelante por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 5 de octubre. La medida pasó a continuación al Senado para continuar su tramitación. Allí salió adelante con 305 votos a favor y 28 en contra, todos ellos de la derecha de Los Republicanos. Tras un acuerdo entre diputados y senadores, se introdujo una enmienda al texto que prevé que no serán objeto de delito los discursos «que inviten solamente a la prudencia y a la reflexión» a una persona que se esté planteando un proceso de reasignación. El texto reformado fue aprobado por unanimidad en la cámara baja el pasado 25 de enero y, aunque existían dudas al respecto, entrará en vigor antes del fin del actual periodo legislativo en febrero. Concretamente, 14 días después de que lo ratifique con su firma el presidente Emmanuel Macron. En abril de 2022 tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales.

Los profesionales de la medicina que sean declarados culpables de realizar terapias de conversión en Francia podrían verse privados de su licencia médica durante diez años.

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Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre, por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero.

La situación en otros países

Canadá y Francia se unen al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

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La Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, ha aprobado en primera lectura una proposición de ley para prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión. El texto prevé multas de hasta 30.000 euros y penas de hasta dos años de prisión, que se incrementarían a 45.000 euros y tres años de cárcel en determinados supuestos, por ejemplo, si la víctima de estas peligrosas prácticas es menor o dependiente. La medida salió adelante por unanimidad y proseguirá su tramitación en el Senado. En Europa se han adoptado normas similares en Malta y Alemania, mientras que España sigue sin una legislación estatal.

La iniciativa surgió de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron y persigue la prohibición de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que provoquen «una alteración de su salud física o mental». Las sanciones previstas ascienden a los 30.000 euros de multa y dos años de prisión, que aumentan hasta los 45.000 euros y tres años de cárcel en el caso de que la víctima de estas pseudoterapias sea un menor, dependiente o descendiente del autor.

El alcance de estas prácticas en Francia no se conoce con exactitud. Pero una comisión parlamentaria puesta en marcha en 2019 por los diputados Laurence Vanceunebrock (LREM) y Bastien Lachaud (Francia Insumisa) reveló un centenar de casos en los que se llevaron a cabo pseudotratamientos de hipnosis, hormonales, electroshocks, exorcismos, llamadas a la abstinencia e incluso matrimonios heterosexuales forzosos. Vanceunebrock justificó la necesidad de un delito específico que castigue estas prácticas con el objetivo de detectarlas antes para ayudar mejor a sus víctimas.

También se pronunció a favor la ministra delegada de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, Élisabeth Moreno, que destacó que la medida permitirá salvar vidas. «No hay nada que curar», afirmó. «Ser uno mismo no es un crimen, no se debe intentar modificar la identidad de género ni la orientación sexual», añadió. La proposición de ley de LREM salió adelante por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 5 de octubre. La medida pasa ahora al Senado para continuar su tramitación. No está del todo claro, sin embargo, que su aprobación final se produzca antes del fin del actual periodo legislativo en febrero del año que viene. En abril de 2022 tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales.

Si finalmente llegara a buen puerto, Francia se podría convertir en el tercer país de Europa en proscribir las pseudoterapias de conversión. En mayo del año pasado, Alemania aprobaba una ley para prohibir, con algunas limitaciones, estas peligrosas prácticas en menores de edad. La pionera fue Malta, que aprobó su ley en 2016. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, el Gobierno de España aprueba el anteproyecto de la Ley Trans, que prohibirá las ‘terapias de conversión’.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional. En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Buenas noticias desde Francia: tras dos años de interminable tramitación, la ley sobre bioética ha entrado finalmente en vigor. El texto, que abre a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras el acceso a las técnicas de reproducción asistida, ha salido adelante en la Asamblea Nacional después de que el Senado, con mayoría de derecha, lo rechazara. La nueva ley también aborda la discriminación de los hombres gais y bisexuales a la hora de donar sangre. La medida era una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron y su predecesor François Hollande.

Como hemos explicado con anterioridad en dosmanzanas, la reproducción asistida en Francia (PMA por sus siglas en francés) solo estaba permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además tenían que acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trataba de una prohibición total, que afectaba tanto a clínicas públicas como privadas, y que obligaba a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que deseara ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España. En su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permitiera el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida.

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la entonces secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética. En julio de 2019, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno del primer ministro Édouard Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La exministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantenía la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida cruzando líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos (LR), el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación. La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida en enero de 2020. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso la obligación de acreditar la infertilidad como condición para que la Seguridad Social asumiera los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras habrían quedado, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los pudieran costear.

El proyecto de ley sobre bioética regresó a la Asamblea Nacional para que la cámara baja se pronunciara sobre los cambios introducidos en el Senado. Por lo que se refiere a la reproducción asistida, los diputados recuperaron la financiación pública de los tratamientos también en el caso de parejas de mujeres y mujeres solteras. El texto reformado obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara baja en julio del año pasado y regresó al Senado. Por falta de consenso, la cámara alta retiró del proyecto de ley sobre bioética los artículos referidos a la apertura de la reproducción asistida, dejándolo por tanto completamente desnaturalizado. La medida regresó entonces a la Asamblea Nacional para un último intento de resolución.

El pasado 29 de junio, finalmente, la cámara baja aprobó un texto definitivo que entró en vigor el pasado 3 de agosto después de que el Consejo Constitucional rechazara sendos recursos presentados por los grupos de LR y UDI (Unión de Demócratas e Independientes, de centroderecha). La ya ley recoge de nuevo la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras, financiada por la sanidad pública. Para obtener el derecho a la filiación, las parejas de mujeres tendrán que firmar ante notario, antes del nacimiento, el reconocimiento conjunto del hijo.

Bajo la nueva regulación, además, se permitirá la congelación de los gametos sin causa médica; hasta ahora, solo se permitía en casos excepcionales como los tratamientos oncológicos que pudieran producir infertilidad. La gestación subrogada sigue estando prohibida en Francia, pero las autoridades reconocerán la filiación del progenitor biológico de los hijos engendrados por este procedimiento en el extranjero. El otro miembro de la pareja tendrá que iniciar un proceso de adopción.

Otra importante novedad de la ley sobre bioética es la modificación de los criterios para donar sangre, que hasta ahora exigían un periodo de abstinencia de cuatro meses a los hombres que tienen sexo con hombres. La ley remite la reforma al Gobierno, pero establece que no se podrá incurrir en ninguna discriminación basada en «el sexo de las parejas con las cuales los donantes hayan mantenido relaciones sexuales» que no esté «justificada por la necesidad de proteger al donante o al receptor».

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTBI, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra.

Fuente Dosmanzanas

General Agnès Buzyn, Asamblea Nacional, Discriminación, Donación de sangre, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Francia, François Hollande, Homofobia, La République en Marche !, Laurence Rossignol, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, Los Republicanos, Manif pour tous, Manuel Valls, Marléne Schiappa, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Senado (Francia), UDI (Francia)

La tramitación de la reforma de la legislación sobre reproducción asistida en el Parlamento francés se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar. El Senado, con mayoría de derecha, ha rechazado en segunda lectura el texto aprobado por la Asamblea Nacional en julio del año pasado, que abría los tratamientos y su financiación a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. El «no» de los senadores ha sumido a los colectivos LGTBI en la desesperación. La medida, una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron y su predecesor François Hollande, regresará a la cámara baja para someterse a un último intento de aprobación.

Como hemos explicado con anterioridad en dosmanzanas, la reproducción asistida en Francia (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España. En su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida.

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la entonces secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética. En julio de 2019, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Édouard Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La exministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida cruzando líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos (LR), el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación. La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida en enero de 2020. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear.

El proyecto de ley sobre bioética regresó a la Asamblea Nacional para que la cámara baja se pronunciara sobre los cambios introducidos en el Senado. Por lo que se refiere a la reproducción asistida, los diputados recuperaron la financiación pública de los tratamientos también en el caso de parejas de mujeres y mujeres solteras. El texto reformado obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara baja en julio del año pasado y regresó al Senado, donde presagiábamos que la tramitación no sería fácil.

Así ha sido. Tras un debate marcado en ocasiones por la confusión, la mayoría de derecha de la cámara alta ha aprobado un proyecto de ley de bioética que excluye el artículo referido a la apertura de la reproducción asistida, su medida más emblemática, dejándolo por tanto completamente desnaturalizado. Los diputados de La República en Marcha de Macron y los partidos de izquierda se han negado a apoyar un texto que salió adelante con los únicos votos de la derecha y el centroderecha. El presidente del Senado Gérard Larcher, de Los Republicanos, ha lamentado que no se alcanzara un consenso. Los socialistas, por su parte, apuntan a las ambiciones presidenciales de Bruno Retailleau (LR), opuesto a la medida, como causa del fracaso.

La esperada reforma regresará ahora de nuevo a la Asamblea Nacional para un último intento de aprobación. Los colectivos LGTBI, sumidos en la desesperación por los problemas para sacar adelante el texto, han tachado el rechazo del Senado de «lamentable», «innoble» y «lección magistral de patriarcado». El movimiento homófobo Manif pour Tous, de recuerdo infame por su papel en la violenta reacción al matrimonio igualitario, ha mostrado su satisfacción.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTBI, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agnès Buzyn, Asamblea Nacional, Bruno Retailleau, Discriminación, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Francia, François Hollande, Gérard Larcher, Homofobia, La République en Marche !, Laurence Rossignol, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, Los Republicanos, Manif pour tous, Manuel Valls, Marléne Schiappa, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Senado (Francia)

El debate sobre la reforma de la legislación sobre reproducción asistida continúa su tramitación por el Parlamento francés. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado mes de octubre, el proyecto de ley sobre bioética del Gobierno de Édouard Philippe se ha sometido al escrutinio del Senado. La mayoría de centroderecha de la cámara alta ha impuesto que la sanidad pública solo financie los tratamientos de reproducción asistida en los casos de infertilidad acreditada médicamente. Una provisión que excluye a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja, que con el texto actual tendrían que costearse el proceso. La medida regresará en las próximas semanas a la Asamblea, que tendrá la última palabra.

En Francia, la reproducción asistida (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

Esta situación cambiará previsiblemente durante el transcurso de la actual legislatura. Ya en su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida. Lo hizo, eso sí, «a título personal» y expresando su deseo de que en todo caso se aprobara como una decisión técnica, no como fruto de «un combate identitario».

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética, que se había pronunciado a petición del Gobierno del primer ministro Édouard Philippe. Schiappa calificó la futura propuesta como una «cuestión de justicia social» para acabar con la discriminación de las mujeres que no pueden permitirse viajar al extranjero para someterse a un proceso de reproducción asistida.

El pasado mes de julio, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley sobre bioética. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La ministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida por 359 votos a favor frente a 114 en contra y 72 abstenciones. El apoyo cruzó líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos, el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación.

La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida el pasado miércoles. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear. El texto modificado ha obtenido 160 votos a favor y 116 en contra. Tras la votación del resto de artículos del proyecto de ley sobre bioética, la norma volverá a la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra. Esperemos que en esta ocasión los homófobos, que también se están movilizando, no consigan doblegar la voluntad de los representantes políticos.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Agnès Buzyn, Asamblea Nacional, Discriminación, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Francia, François Hollande, Gestación subrogada, Homofobia, La République en Marche !, Laurence Rossignol, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Los Republicanos, Manif pour tous, Manuel Valls, Marléne Schiappa, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Senado (Francia)

El debate sobre la reforma de la legislación sobre reproducción asistida llega por fin a la Asamblea francesa. El proyecto de ley sobre bioética, aprobado por el Gobierno del primer ministro Édouard Philippe el pasado mes de julio, se someterá al escrutinio de los diputados a partir de la semana que viene. La comisión correspondiente ya ha dado su visto bueno a la norma, que incluye el fin de la prohibición del acceso a las técnicas de reproducción asistida para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja. La derecha política, organizaciones ultraconservadoras y la iglesia católica participarán en una manifestación contra la reforma.

En Francia, la reproducción asistida (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

Esta situación podría cambiar durante el transcurso de la actual legislatura. Ya en su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida. Lo hizo, eso sí, «a título personal» y expresando su deseo de que en todo caso se aprobara como una decisión técnica, no como fruto de «un combate identitario».

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética, que se había pronunciado a petición del Gobierno del primer ministro Édouard Philippe. Schiappa calificó la futura propuesta como una «cuestión de justicia social» para acabar con la discriminación de las mujeres que no pueden permitirse viajar al extranjero para someterse a un proceso de reproducción asistida.

El pasado mes de julio, el Gobierno de Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley sobre bioética. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La ministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno el pasado fin de semana. La Asamblea debatirá a partir del próximo martes sobre la medida. La mayoría absoluta de la que disfruta el grupo de La República en Marcha, que sostiene al Gobierno, debería facilitar su aprobación. La derecha de Los Republicanos ya ha expresado su oposición y varios de sus cargos electos han anunciado que acudirán a la manifestación del próximo 6 de octubre contra la medida. Se trata de una movilización convocada por una veintena de asociaciones entre la que destaca la Manif pour Tous, el movimiento homófobo de infame recuerdo por su violenta campaña contra el matrimonio igualitario. Junto a políticos de la derecha y la extrema derecha, también ha llamado a la participación la conferencia episcopal francesa.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra. Esperemos que, en esta ocasión, los homófobos no consigan doblegar la voluntad de los representantes políticos.

Fuente Dosmanzanas

General Agnès Buzyn, Asamblea Nacional, Discriminación, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Francia, François Hollande, Gestación subrogada, Homofobia, La République en Marche !, Laurence Rossignol, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Manif pour tous, Manuel Valls, Marléne Schiappa, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Vientres de alquiler

Hace pocos días recogíamos la noticia de que el nuevo Parlamento británico contaría con 45 diputados abiertamente LGTB de un total de 650, el mayor número en la historia del Reino Unido. También la nueva Asamblea Nacional francesa contará con el mayor número de diputados abiertamente LGTB de su historia, pero la proporción es mucho menor: 5 de 577. Los cinco, además, son hombres gais. El partido que más aporta (dos) es el  Frente Nacional, formación de extrema derecha que no se caracteriza precisamente por su defensa de los derechos LGTB. Sin duda el dato merece una reflexión.

Los hechos son los que son: de los cinco diputados abiertamente gais de la nueva Asamblea Nacional, dos pertenecen al Frente Nacional. Se trata de Bruno Bilde, muy próximo a la líder de la formación, Marine Le Pen, y de Sébastien Chenu. Este último, de hecho, cuenta con un historial destacado por lo que a la visibilidad en política se refiere. En su momento fue uno de fundadores de GayLib, grupo LGTB inicialmente vinculado a la UMP (antiguo nombre de Los Republicanos) y que en 2013 se desvinculó de esta formación debido a su virulenta oposición al matrimonio igualitario y pasó a aliarse con la UDI, una formación de centro-derecha. Sébastien Chenu, ya fuera de GayLib, se unió al Frente Nacional en 2014.

Por el contrario, ha quedado fuera de la Asamblea el político gay más destacado del Frente Nacional: su vicepresidente, Florian Philippot, que aunque pasó a la segunda vuelta en su circunscripción fue finalmente derrotado por el candidato de La République en Marche !, la formación constituida en torno a la figura de Emmanuel Macron que se ha hecho con la mayoría absoluta de la Asamblea.

Los otros tres diputados abiertamente gais son Luc Carvounas (Partido Socialista), Pacôme Rupin (La République en Marche !) y Franck Riester (Los Republicanos). Riester, de hecho, es el único de los cinco que repite mandato: ya fue diputado en la anterior legislatura, y de hecho era uno de los escasos miembros de la UMP (cuando todavía tenía ese nombre) favorable al matrimonio igualitario.

Conviene precisar que este contaje de diputados abiertamente gais tiene en cuenta la información que actualmente se tiene sobre la vida personal de los nuevos representantes, que además no es precisamente abundante en el caso de La République en Marche !, la formación con más diputados (308, sin contar los 42 de sus socios del centrista MoDem), muchos de ellos desonocidos en el panorama político francés. Algunos de ellos podrían visibilizarse como LGTB en el futuro.

Un motivo para la reflexión

El hecho de que el Frente Nacional sea el que más diputados abiertamente gais haya logrado siendo un partido contrario a los derechos LGTB (su candidata a las últimas elecciones presidenciales apostaba por derogar la ley de matrimonio igualitario) es una noticia que debe llamar a la reflexión por parte tanto del colectivo LGTB como de los propios partidos políticos.

Por un lado, negar que en algunos países europeos los partidos en los que el discurso islamófobo y el rechazo a la inmigración han pasado a ocupar un papel central ejercen atractivo sobre una parte de los votantes LGTB (muy singularmente de los varones gais) sería ingenuo. De hecho, es una tendencia que ya las encuestas previas a las elecciones presidenciales francesas detectaron. Sin duda, todo ello merece una reflexión por parte de los colectivos LGTB, que quizá deberían dar más importancia a que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos, lo díficil que ha sido conquistar derechos y lo fácil que es perderlos.

Bien es cierto que en el caso concreto de Francia se da la paradoja de que el perfil más abiertamente homófobo fue en su momento asumido por la derecha tradicional, que buscó hacer de las protestas contra el matrimonio igualitario un elemento de desgaste de la presidencia de François Hollande en beneficio propio. El Frente Nacional de Le Pen, sin embargo, se cuidó mucho de no tener un gran protagonismo en las protestas, y de hecho nunca ha querido hacer de su contrastada oposición a los derechos LGTB un eje llamativo de su discurso. Más que dirigirse al votante socialmente conservador, la estrategia de Le Pen fue la de intentar cazar votos en el que tradicionalmente era el caladero de la izquierda, las clases obreras, azuzando para ello un discurso anti-Unión Europea, antiinmigración y a favor de un “proteccionismo inteligente”. No le fue suficiente para llegar a la presidencia, pero el intento fue desde luego serio.

En cualquier caso, es una realidad que en Europa hay partidos de extrema derecha que tienen menos problema a la hora de incluir en sus listas a candidatos abiertamente homosexuales que los partidos tradicionales. Que el Frente Nacional, con un total de ocho diputados, tenga dos diputados gais, mientras que La République en Marche !, con un total de 308, tenga solo uno, tiene una explicación tristemente bien sencilla: el partido de Macron no ha querido hacer el esfuerzo de inclusión y diversidad que podría haber hecho. Algo que bien puede hacerse extensivo a otros partidos y países. Está claro que la visibilidad LGTB y los techos de cristal no conocen necesariamente de ideologías.

Fuente Dosmanzanas

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