Mujeres y personas trans sufrieron graves abusos y torturas durante cuatro meses, mientras estaban detenidas. El juicio fue por jurado popular y ahora esperan el monto de la pena.

BUENOS AIRES, Argentina. Un jurado popular declaró culpables a 11 policías por el delito de vejaciones y abuso sexual. Las víctimas fueron 28 personas trans y mujeres que siguen afectadas por la violencia sufrida, con lesiones psicológicas y físicas que persisten. No quieren hablar. El terror las habita.

El miércoles 10 de mayo estaba prevista la audiencia de cesura, pero fue pospuesta. Durante esa audiencia las partes requieren el monto de la pena al juez Gerardo Gayol, del TOC 4 de La Matanza para que dicte sentencia. Por unanimidad, los 12 jurados estuvieron de acuerdo en considerar culpable a 11 de los 15 policías bonaerenses acusados. El veredicto se conoció el sábado 22 de abril.

A pesar de las normativas que lo prohíben, hoy las comisarías siguen albergando detenidos y detenidas muy por encima de sus capacidades. ¿El motivo? Los penales también están sobrepoblados, y la tasa de prisionalización no para de crecer.

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— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) April 24, 2023

El caso

Los hechos denunciados tuvieron lugar en la Comisaría 3° de la Tablada, en La Matanza, entre septiembre de 2019 y enero de 2020.

El personal policial fue señalado como responsable de gravísimos delitos. Fueron declarados culpables el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, Ángel Ariel Reales y Javier Ramón González por los delitos de severidades y abuso sexual; Valeria Suárez, Silvia Solari y Lara de las Nieves Taramazzo por el delito de severidades; Silvina Suárez por el delito de abuso sexual; y Hernán Garzón, Yanina Vargas, Johanna Romero y Franco Hinojosa por el delito de vejaciones. Por su parte, Maida Ruiz, Cristian Aliaga, Leandro Maidan y Ariel Pasquale fueron declarados no culpables por el jurado.

La causa penal tenía otros 6 policías, integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), imputados por el encubrimiento de estos hechos; 5 de ellos firmaron un juicio abreviado. Uno de los abusos cometidos por GAD fue luego de una protesta cuando encerraron a 10 detenidas en un baño ínfimo. Las obligaron a desnudarse y a los golpes las obligaron a hacer ejercicios de fuerza mientras les gritaban “negras de mierda”, “putas”, “mugrientas”.

Desamparadas

Otro de los hechos fue durante una requisa en la que buscaban un celular. Las víctimas declararon que un agente policial de la comisaría revisó en sus cavidades íntimas, con sus dedos, y con el mismo par de guantes, a un mínimo de cuatro personas. Las requisas se realizaron sin autorización judicial y en el lugar había un escáner. Es decir que la maniobra era evitable.

Además, se supo en el juicio que era habitual el robo y la destrucción de los alimentos que ingresaban las familias de las detenidas, el aislamiento extremo como forma de castigo en pequeñas celdas por tiempos prolongados, teniendo que orinar y defecar en botellas y bolsas descartables.  Y también las hambreaban, arrojaban comida fresca en el patio y dejaban que se echara a perder, a la vista.

Se les administró agua en condiciones peligrosas para su salud.

Comisaría 3 de La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

El contexto

El caso puede (y debe) leerse en una serie. Sofía Fernández (39) murió en una celda de una comisaría de Pilar, y aún se desconoce qué maniobra produjo la asfixia que terminó con su vida. El año pasado, Sasha Barrionuevo (38) falleció detenida en Mar del Plata por falta de asistencia médica. Estaba alojada en la alcaidía 44 del Complejo Carcelario de Batán. Había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron (demasiado tarde) en camilla a recibir atención extramuros.

Según el informe emitido por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), durante 2022 hubo 129 crímenes de odio en la Argentina. De ese total, el 5% fue perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, es decir, configuran casos de violencia institucional. El informe también consigna que el 84% de los casos (108) tienen como víctimas a mujeres trans. De esa cifra 12 fueron asesinadas.

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Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, estadística penitenciaria oficial del país, que muestra la evolución y las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias, en 2021, en la Provincia de Buenos Aires hubo 92 mujeres trans detenidas y un varón trans, sobre un total de 46.437 personas. Las mujeres fueron 1.689, con lo cual los varones representan el 96,2% del total de detenidos en cárceles. Para saber lo que sucede en las comisarías la información no es pública, pero se puede inducir que las proporciones serán similares. Veamos cómo crece la cantidad de detenidos, sin que esta estrategia mejore de forma significativa los niveles de seguridad.

Durante las jornadas del juicio, familiares de las víctimas y militantes acompañaros con diferentes acciones. Foto: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza.

El juicio

Lily Galeano integra la agrupación H.I.J.O.S de La Matanza. Es una de las militantes que acompañó el desarrollo de este juicio. “Mi mirada como hija, en este otro tipo de juicio, tan hermanados a la justicia social”, compara, como hija de desaparecidos de la última dictadura cívico militar (1976-1983), terrorismo de Estado que también incluyó al colectivo travesti trans.

La mujer construye un activismo situado en su territorio, con epicentro en el distrito más populoso del Gran Buenos Aires. Acompaña a familias con situaciones actuales de violaciones graves a los derechos humanos, que se siguen (re)produciendo hasta nuestros días.

«Los juicios contra los genocidas ya tienen otro marco», remarca, «otra jurisprudencia, otra aceptación social. Pero en los juicios por hechos de gatillo fácil, por ejemplo, hay otros estereotipos que pesan socialmente: el pibe chorro, la persona trans, la trabajadora sexual. Son sujetos sociales que siguen encontrando múltiples barreras, económicas y simbólicas, para acceder a la justicia», explica Lily.

“Era un juicio contra las mujeres pobres, y un juicio de clase: machista, racista”, remarca en diálogo con Presentes. Es uno de los motivos por el cual las víctimas no se sienten seguras para hablar. La defensa de los policías acusados fue muy agresiva para con ellas. No sirvió de nada ante el jurado popular, que “comprendió el dolor de las víctimas”, y tomó la decisión de protegerlas y condenar a los policías.

La Comisión Provincial por la Memoria representa a 17 de las 28 víctimas. Como querellante denunció la “sistematicidad” y la responsabilidad de la institución en prácticas que constituyen actos de tortura, con la intencionalidad de provocar sufrimientos y padecimientos graves en las víctimas, siendo funcionarios públicos con el deber de velar por la seguridad y la integridad de los detenidos.

Una red del bien

La investigación judicial se inició con una denuncia de la Defensoría General de La Matanza y el entonces Defensor de Casación, Mario Coriolano, que vehiculizó un habeas corpus presentado por familiares de las víctimas y una posterior denuncia penal de la CPM el 21 de enero del 2020.

Las audiencias fueron acompañadas por H.I.J.O.S. y APDH de La Matanza, la distrital de La Matanza de Suteba y colectivos de género y derechos humanos de la región.

Vanina Pasik

Fuente Agencia Presentes

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Laly Heredia Escobar fue asesinada en la madrugada del 3 de febrero en Camino de Cintura. Tenía un tiro en la cadera y a su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm.

Una vecina que caminaba por la calle dio el alerta: al amanecer del domingo 3 de febrero, el cuerpo de una joven travesti asesinada yacía en el cruce de avenida Monseñor Bufano y Arribeños, Camino de Cintura, a la altura de Los Pinos (La Matanza, pcia de Buenos Aires). Tenía un tiro en la cadera y a su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm. Fue llevada a la Comisaría 4° de Los Pinos. Sus compañeras travestis y trans estaban casi seguras de quién se trataba. Recién en la noche del 3 de febrero, su hermana y su pareja la identificaron: era Laly Heredia Escobar.

Tenía 36 años, había venido desde Lima (Perú) a la Argentina hace 10 años. Vivía en Morón (provincia de Buenos Aires), en una vivienda que alquilaba junto a Emanuel Ferraro, albañil. “Estamos en pareja hace 9 años. Ella salió de casa el sábado a medianoche, me había dicho que volvía a las 5, pero no vino nunca. Me enteré de lo que pasó por las redes”, contó Ferraro a Presentes.

Ayer, cuando la foto de Laly empezó a circular en Facebook, Ferraro y una de las hermanas de Laly que vive en Argentina (el resto de la familia vive en Lima), fueron a la comisaría y en la 4° de Los Pinos reconocieron el cuerpo.

“Por lo que me dijo la policía, la mataron a eso de las 3 de la mañana. Ella estaba trabajando, cuando la abordó un hombre pidiendo servicios (sexuales), y ahí la ejecutaron de una, en la puerta de un hotel sobre Camino de Cintura. Creemos que estuvo agonizando de las 3 a las 7 de la mañana. Nadie la ayudó”.

“Todavía no hay una hipótesis certera de quién la mató o por qué” informaron fuentes judiciales a esta agencia.

La causa está caratulada como “homicidio agravado por uso de armas”. Interviene la Unidad Fiscal de Investigación de Homicidios del departamento judicial de La Matanza. Hasta ahora, lo poco que se sabe es que fue asesinada de un tiro en la cadera. Pero antes de matarla, le dispararon varias veces. Se descarta que se haya tratado de un robo: no le sustrajeron la plata que llevaba encima.

Las vainas de las balas halladas junto a su cuerpo son .9 mm, el calibre utilizado por las armas de la policía. “Es el calibre más común. Por el calibre no generamos una hipótesis de trabajo”, dijeron fuentes judiciales.

El lunes a la tarde la familia seguía tratando de reunir los fondos para el velatorio. Y planeando cómo organizarse para pedir justicia. Quieren hacer una marcha, articulando con organizaciones de travestis y trans. “Estamos conmocionados. Laly era increíble, había venido a la Argentina a buscar una vida mejor. Viajaba una vez al año a Perú a ver a su mamá, les mandaba plata, siempre vivió abocada a su familia, no quería que les faltara nada. Se puso una mochila enorme. Tenía sueños. Ella sabía de la violencia que sufren las chicas en la calle, sabía que está todo muy mal. Había vivido lo que viven todas las que trabajan en la calle con la policía. Pero no andaba en nada raro”, dijo su pareja.

“Nos violentan hasta después de muertas”

Poco después de conocerse el travesticidio de Laly, el diario Crónica informó acerca de los hechos infringiendo la ley de identidad de género y tratándola en masculino. Al respecto, la activista travesti Violeta Alegre escribió:

“Ese proceso es una de las tantas particularidades de nuestras identidades, donde los medios de comunicación nos violentan hasta después de muertas, que aún no somos luz. Detenernos a leer los comentarios de nuestras noticias casi con festejo de nuestras muertes nos muestran el mundo horrible en donde nos tocó estar, por ser quienes queremos, por resultante de un Estado que no se responsabiliza ni siquiera de garantizarnos un descanso en paz, nos quieren muertas, lo sabemos.

Hoy encontraron a otra compañera muerta de un tiro, hoy en el feminismo hay un desparpajo de mensajes fascistas en contra de nosotras, hoy nuestras identidades están padeciendo mucha más violencias en la calle, desde insultos, botellazos, en manos de las fuerzas policiales, o un tiro. Hoy no van a compartir nuestras noticias ni a generar un revuelo como pasó con la noticia aberrante de La Nazión, ni el mainstream del feminismo que les encanta contar cuerpxs vivos y selecciona algunas muertas, tampoco nos darán luz”.

En el Camino de Cintura (que atraviesa varias jurisdicciones), muchas chicas travestis y trans sobreviven ejerciendo la prostitución, expuestas a las violencias de todo tipo, incluida la policial. Si bien puede haber algunas de ellas que se identifiquen como trabajadoras sexuales, son muchas más las que recurren a la prostitución como único medio de subsistencia, tras haber sido excluidas y expulsadas de otros ámbitos como la educación y el trabajo.

A fin de empezar a hacer algo para revertir la exclusión laboral, en la provincia de Buenos Aires, la ley de Cupo Laboral Travesti Trans Diana Sacayán (impulsada por esta activista de derechos humanos) fue aprobada por la legislatura hace más de 3 años, en septiembre de 2015. Pero al día de hoy no se reglamentó.

Muertes travestis y trans en lo que va de 2019

La de Laly Heredia es la segunda muerte violenta de una travesti en lo que va de 2019 en Argentina. Pero las organizaciones de travestis y trans que recolectan datos aseguran que en los primeros 31 días del año hubo al menos diez muertes de travestis y trans.

Jésica Benavídez, 33 años, Entre Ríos

De esas muertes, dos están siendo investigadas por la justicia. Una de ellas en Entre Ríos, a partir del 24 de enero, cuando en Paraná un vecino encontró el cuerpo sin vida de Jésica Benavídez, una mujer trans de 33 años. Sobrevivía a cuentagotas como trabajadora sexual y vivía en situación de extrema pobreza. Sus compañeras la llamaban “La Nicky”. Era oriunda de Santa Elena (La Paz) y había llegado a la capital entrerriana hace más de 10 años.

Mirta Antonella Eva Di Marzo, 30 años, Salta

Días después, el 27 de enero, tras pasar tres meses en coma a raíz de un brutal ataque de odio, falleció Mirna Antonella Eva Di Marzo, de 30 años, en Güemes (Salta). Estaba inconsciente, en terapia intensiva desde el 21 de octubre, cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche Caribe, en General Güemes (a 50 kilómetros de la ciudad de Salta). “El discurso de odio es el que mató a Mirna y es el que sigue matando a mujeres trans”, dijo el abogado de su familia, José Lazarte, a Presentes, la semana pasada, al conocerse la noticia.

Las víctimas silenciadas

Ante la falta de datos oficiales de muertes travestis y trans, las organizaciones y activistas llevan un listado en el que documentan tanto las muertes violentas (travesticidios) así como las muertes causadas por la exclusión (travesticidio social: falta de acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo, vivienda, trabajo, la mayoría de estas muertes se vinculan a enfermedades de las que no mueren prematuramente otras poblaciones).

Forman parte de esta lista, que no sale en los medios:

Mariana Quinteros, La Rioja, 48 años

Jessica Paola Ochoa, CABA, 36 años

Carolay, CABA

Yamile, CABA, 24 años

Sandra Cantero, Reconquista, Santa Fe

Gabriela Farias, Lomas de Zamora, Bs As

Yesica Neira, Comodoro Rivadavia, 56 años

Luciana Anahi, CABA (oriunda de Güemes, Salta), 28 años

Laly apenas superó en un año el promedio de vida estimado para este colectivo en América Latina: 35 años. Los datos volcados en esta nota fueron confirmados a Presentes por diversas fuentes.

Fuente Agencia Presente  , vía SentidoG

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Una madre asesina a puñaladas a su hija porque no acepta que es lesbiana y trata de simular que fueron víctimas de un robo.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Asesinato, César Cigliutti, CHA, Homofobia/Transfobia, José Luis Maroto, La Matanza, Lesbiana, Lesbofobia, Marcela Crelz, Mercedes del Valle, Pedro Paradiso Sottile

¿Qué tiene que decir ante esto el ciudadano Héctor Aguer, arzobispo de La Plata que nos calificaba de “abominaciones“? ¿Son coscientes estos prelados del daño que causan sus palabras? ¿Y Francisco?

La segunda agresión grave a un joven por su orientación sexual ocurrió en Virrey del Pino. Nahuel Albornoz relató los detalles de un hecho que preocupa.

“Te dijimos que te íbamos a matar por puto”, escuchó Nahuel Albornoz mientras recibía puñetazos, patadas y hasta un piedrazo el viernes pasado en Virrey del Pino, en La Matanza. La tremenda agresión ocurrió arriba de una combi, a menos de un mes de la golpiza que sufrió en Parque Lezama otro joven por su orientación sexual. La realidad vuelve a contradecir los avances legislativos que parecían haber saldado la deuda social con las minorías sexuales en el país.

Nahuel fue el viernes pasado a las 15 a tomar una combi de las cientos que, sin permiso legal ni control, circulan por el conurbano bonaerense. Llevaba su bolso y dinero para irse de viaje por el fin de semana cuando se encontró con siete jóvenes que reconoció porque lo habían amenazado varias veces en el barrio: “Te voy a meter un fierro en el caliente porque te gusta”, recuerda que le llegaron a decir.

En diálogo con INFOnews, Nahuel relata que todos estaban arriba del vehículo por lo que decidió sentarse en un lugar alejado del grupo porque comenzaba a caldearse el ambiente. Allí, un chico le quitó del bolsillo el dinero y él trató de recuperarlo, lo que dio inicio a la golpiza arriba del vehículo: lo tiraron al piso y comenzaron las patadas y piñas; mientras le pegaban, lo insultaban por su orientación sexual.

Ante la batalla campal, el chofer detuvo la combi pero no el pleito. Algunos pasajeros intentaron bajar, pero al abrir la puerta hicieron caer al piso a los agresores con Nahuel. Esto no los detuvo y continuaron las trompadas. Entre los atacantes había dos chicas que tomaron una piedra y le pegaron en la cabeza: “Te dijimos que te íbamos a matar por puto”, gritó una de ellas.

Nahuel intentó recuperar su bolso que estaba arriba de la combi y al querer subir, golpeado y sangrando, el chofer le impidió ascender con una patada en la cara. Luego, cerró la puerta y arrancó a toda marcha. Uno de los pasajeros que descendió ayudó al joven a llegar al hospital.

“Anteriormente ya había tenido fuertes amenazas por estos mismo pibes, cosas como `puto de mierda te vamos a romper el culo… te vamos a cagar a tiros o insultos´. Son una bandita que hacen desastre por todos lados, se los conocen como los pungas del fondo”, relata Nahuel.

Al momento de hacer la denuncia luego de ser atendido en un hospital, los policías tomaron la denuncia como un robo seguido de lesión y no un ataque por la condición sexual de una persona. “Este debate se dio también con la agresión a Ariel Olivera. Se caratula como robo pero no hay registro para que se contabilice como un ataque homófobico en el título”, afirma la vicepresidenta de Unión-Pro Diversidad, Mar Pérez Reynoso, quien acompañó al joven al INADI, donde fue recibido por autoridades del organismo que lucha contra la discriminación.

“La agresión a Nahuel fue la consumación de las amenazas que venía recibiendo. El hecho de su realidad de ser gay en Gonzalez Catán, que es un lugar donde la intolerancia por la diversidad es más profunda, nos muestra un grado de violencia alarmante. Nos jactamos de ser una sociedad avanzada en cuanto a derecho y libertad individual pero aún en la practica estamos fallando”, remató Pérez Reynoso.

Repudio de parte de las organizaciones LGBT

César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) dijo que “en menos de 20 días del ataque homofóbico a Ariel Olivera, Nahuel Lucero es víctima de una violencia brutal. Ver las caras de Ariel y Nahuel desfiguradas por los golpes son el testimonio del sentimiento de homofobia que todavía tienen algunas personas y muestra también la necesidad de que el Senado apruebe la modificación de la Ley Antidiscriminatoria, para que no exista impunidad a estos ataques que sufrimos por nuestra orientación sexual e identidad de género. También hay que poner en contexto a estas situaciones. Cuando empezamos a trabajar en la CHA hace 30 años, esta violencia y estos golpes estaban “institucionalizados” y las realizaba la policía con el aval de los edictos policiales.”

Pedro Paradiso Sottile, secretario y coordinador del Área Jurídica de la CHA manifestó: “Repudiamos toda violencia causada por los fundamentalismos que promueven el odio en base a la orientación sexual o identidad de género de las personas. Seguiremos estos casos de cerca para que no exista impunidad, denunciando públicamente estas violaciones a los derechos humanos, dando visibilidad y exigiendo justicia, como lo hacemos desde hace más de 30 años. Cada golpe, cada ataque y cada insulto debe interpelarnos como sociedad y a sus instituciones democráticas, rompiendo con ese silencio cómplice, realizando las acciones pertinentes para que nunca más ocurran.”

Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) declaró que “desde la FALGBT repudiamos este nuevo hecho de violencia hacia nuestro colectivo. En este caso, Nahuel fue víctima de la violencia y discriminación presente en la sociedad. Este hecho ocurrió en González Catán. A ver si los Aguer toman nota sobre el efecto que tienen sus palabras que promueven la violencia hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans”.

Fuente: InfoNews, vía SentidoG

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