04 de febrero de 2025. En la mañana del 4 de febrero de 2025, habitantes del corregimiento de Matitas, en el municipio de Riohacha, encontraron el cuerpo sin vida de Daniela, una mujer trans, bajo un puente en la vía que conduce a Mingueo, al sur de La Guajira. Este lamentable hallazgo ha conmocionado a la comunidad y ha encendido las alarmas sobre la grave situación de violencia que enfrentan las personas trans en la región.

Según fuentes preliminares, la víctima era una mujer trans reconocida en el departamento, lo que aumenta la preocupación por la vulnerabilidad de esta población y la falta de protección estatal efectiva. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su identidad ni las causas de su muerte, pero no se descarta ninguna hipótesis, especialmente en un contexto marcado por la presencia de grupos armados irregulares, redes de criminalidad organizada y la persistencia de imaginarios sociales negativos hacia la población LGBTIQ+. Cabe recordar que, durante la última semana, se registraron dos panfletos en los que se amenaza a personas LGBTIQ+.

Este caso se suma a la alarmante ola de violencia contra mujeres trans en el país. Con este nuevo asesinato, asciende a 6 el número de personas trans víctimas de homicidio en lo que va del año (2 hombres trans y 4 mujeres trans), para un total de 15 personas asesinadas en los 35 días del 2025, según los datos del Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. En los próximos días, se espera que se realicen los procedimientos de identificación y necropsia para determinar la magnitud de las lesiones y su posible relación con actos de violencia por prejuicio.

Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que apliquen de manera inmediata la Directiva 006, la cual establece lineamientos específicos para la investigación y judicialización de crímenes contra personas LGBTIQ+. La implementación efectiva de esta directiva es fundamental para garantizar justicia y evitar la impunidad en casos de violencia contra mujeres trans.

Asimismo, se exhorta al Ministerio de la Igualdad a tomar acciones concretas frente a la escalada de violencia que afecta a la comunidad trans en Colombia. La falta de respuestas contundentes por parte del Gobierno Nacional ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que exigen políticas públicas efectivas para la protección y garantía de los derechos de las personas trans. Es imperativo que el Estado actúe con celeridad para frenar esta ola de violencia y brinde el respaldo necesario a las víctimas y sus familias.

El cuerpo de la víctima permanece en Medicina Legal a la espera de ser reclamado por sus familiares o allegados. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades frente a este nuevo caso de violencia de género en La Guajira.

Este trágico suceso debe servir como un llamado de atención para fortalecer las medidas de protección y garantizar los derechos de las personas trans en Colombia, promoviendo un entorno de respeto, inclusión y justicia.

Fuente Caribe Afirmativo

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Un precioso reportaje de la sección América Futura del diario El País que ofrece en abierto y que hay que agradecer vivamente al diario y a su autor, por dar voz a los pequeños y vulnerables…

Georgina Epiayú retratada en su casa en Uribia en 2019.BETO ROSERO

El documental ‘Alma del desierto’ narra la discriminación, la pobreza y el abandono de esta mujer de 72 años en su lucha por ser reconocida y acceder a sus derechos

CAIO RUVENAL

18 ENE 2025 – 05:40 CET

Fuente El País

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17 de abril de 2024. La situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en la región Caribe se ha complicado, desde el mes de febrero a la fecha en varios departamentos se registran una serie de amenazas y panfletos que ponen en riesgo la vida e integridad personal. En muchos de estos panfletos, las personas LGBTIQ+ fueron puestas como objetivos militares.

Esta ola de violencia plantea varios riesgos debido a la expansión de grupos armados al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hacia diversas regiones del Caribe y del país. En muchos de estos departamentos, se han establecido conductas que incluyen extorsiones con fines tanto de control social como de financiamiento, además de controlar el microtráfico. Esto se logra a través de la subordinación de una variedad de grupos delictivos, ya sea por medio de seducción o mediante el uso ejemplarizante de la violencia.

Estos grupos proponen una estrategia de eliminación social mediante una serie de homicidios selectivos, ejemplares y aleccionadores, dirigidos principalmente hacia individuos socialmente estigmatizados debido a su presunta participación en actividades ilícitas. Sin embargo, esta táctica podría expandirse para incluir a otros sectores poblacionales que, debido a su liderazgo social y comunitario, representen una amenaza para su dominio territorial.

Los homicidios selectivos llevados a cabo por actores en la región, dentro de un marco de exterminio social, se han complementado con acciones que podrían ser descritas como una “guerra psicológica”. Esto ha generado una atmósfera tensa que provoca incertidumbre y temor entre la población. Estas acciones incluyen la difusión deliberadamente caótica de panfletos amenazantes dirigidos a diversos sectores sociales, incluyendo a personas socialmente estigmatizadas.

A continuación, una descripción de hechos donde se han vinculado personas LGBTIQ+:

Cesar

En el departamento de Cesar, desde febrero hasta la fecha actual, se han registrado tres (03) panfletos amenazantes. El primero de ellos fue difundido el 28 de febrero de 2024, y se atribuye a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes declaran llevar a cabo una “limpieza social” en el municipio de La Loma (Cesar), empleando términos despectivos como “maricas y lesbianas” para referirse a personas LGBTIQ+.

Posteriormente, el 03 de marzo, se distribuyó el segundo panfleto, presumiblemente emitido por el Frente 41 Resistencia de Perijá del Estado Mayor Central. En este panfleto se incluyen amenazas dirigidas a líderes sociales y defensores de derechos humanos de los municipios de Becerril, La Jagua, Chiriguana, El Paso, Curumani y sus alrededores. Se establece que estos individuos están vinculados con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como objetivos militares.

El tercer panfleto fue distribuido el 22 de marzo de 2024, nuevamente atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En este panfleto se menciona a varias personas, incluyendo al líder social Rafael Jiménez, a quienes se les otorga un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo. Se les denigra utilizando términos como “maricas, machorras, travestis, engendros raros, enfermos”.

La Guajira

El 31 de marzo, en La Guajira, se difundió un panfleto atribuido presuntamente a los Conquistadores de La Guajira – Bloque Renacer, una facción de las Autodefensas Gaitanistas (AGC), quienes anunciaron un “exterminio social” dirigido a personas vinculadas con el Tren de Aragua, así como a individuos percibidos como LGBTIQ+.

En dicho panfleto, se utilizan términos despectivos y estigmatizantes para referirse a personas con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Se califica a las personas LGBTIQ+ como “depredadores sexuales”, “violadores” y “propagadores de enfermedades de transmisión sexual”, revelando claros prejuicios arraigados.

El área de operaciones del grupo Conquistadores de La Guajira – Bloque Renacer se ha delimitado en las comunas 1, 4, 9 y 10 de Riohacha, La Guajira, así como en los municipios de Albania, Maicao y Uribía. Entre las personas amenazadas se encuentra Mary Cruz, una líder trans y pionera en la defensa de los derechos de las personas trans en La Guajira.

Bolívar

El fin de semana del 06 de abril, individuos adscritos a un grupo armado conocido como “Los Ángeles Negros“ en el municipio de El Carmen de Bolívar amenazaron, violentaron e intentaron raptar a mujeres trans trabajadoras sexuales. Estos intentaron subir a varias mujeres trans en una camioneta blanca, ante la resistencia les sacaron armas y dijeron palabras amenazantes.

Estas amenazas indican que las mujeres trans trabajadoras sexuales están siendo particularmente vulnerables a estas amenazas, poniéndolas en una situación de riesgo extremo. Estas mujeres, ya enfrentadas a la discriminación y la estigmatización, ahora se enfrentan a la amenaza adicional de la violencia por parte de este grupo armado.

El miércoles 10 de abril, un miembro del Sujeto de Reparación Colectiva fue interceptada por personas miembro de “Los Angeles Negros”. Estos le abordaron en motocicleta con armas de fuego, quienes le abordaron y le manifestaron que debía callarse y quedarse quieto, so pena de asesinarlo. Posteriormente, el fin de semana del 13 de abril, amenazaron a las personas LGBTIQ+ a otra lideresa trans en el municipio, a la cual le mencionaron que por sapa seria asesinada,

Vale destacar que hace aproximadamente un año, panfletos y amenazas directas también circularon en el mismo municipio, dando lugar al asesinato de la líderesa trans, Dania Sharit Polo Solorzano, quien también hacía parte del ‘Colectivo LGBTI de El Carmen de Bolívar’, tercer sujeto de reparación colectiva reconocido en el país por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tras el reconocimiento de los impactos diferenciados que vivieron las personas LGBTIQ+ en este municipio en el marco del conflicto armado.

El 14 de abril otro panfleto amenazante en Turbana (Bolívar), presuntamente por las Autodefensas Gaitanista de Colombia, donde se realizan las intimidaciones van dirigidas a consumidores de estupefacientes, jíbaros, líderes comunitarios, personas LGBTI e incluso señalan con nombre propio a algunos habitantes de este grupo poblacional.

Magdalena

Desde febrero 08 de 2024, el municipio de Zona Bananera y Ciénaga, el comunicado es atribuido al Clan del Golfo y aparece membreteado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Como era de esperarse, la preocupación y la zozobra invadieron a los habitantes del municipio quienes se preparaban las festividades que se aproximan.

Con posterioridad, para la semana del 26 de febrero, circuló un panfleto intimidante en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en el que se aseguraba que se iba a acabar con la vida de varias personas de esta población. En este municipio, se acaba con la vida de violadores, ladrones, jíbaros, consumidores, atracadores, se enuncian a personas LGBTIQ+, etc.

El 14 de abril, UN panfleto intimidante firmado, al parecer, por el Ejército Gaitanista de Colombia del Bloque Arístides Mesa Páez se encuentra circulando desde la mañana de ayer en el municipio de El Banco, Magdalena.

Fuente Caribe Afirmativo

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(El Colombiano / Facebook)

En solo 24 horas, tres personas trans y no binarias fueron asesinadas en Colombia.

En Colombia, la violencia anti-trans “sistemática” se dispara

En un solo día en Colombia, tres personas trans y no binarias fueron brutalmente asesinadas, capturando la violencia “sistemática” que la comunidad conoce muy bien.

Maní, una trabajadora sexual, fue asesinada a puñaladas en Bogotá, la capital del país, el martes (7 de diciembre), informó el medio nacional de noticias El Colombiano .

La Divaza, una persona no binaria sin hogar, fue asesinada a puñaladas en el pecho en Riohacha, La Guajira, luego de que una pelea se convirtió en violencia, según to violence, according to El Tiempo. Los activistas locales han pedido a los fiscales que consideren el ataque como un crimen de odio.

Christina Cantillo Martínez, una activista de derechos LGBT + veterana, recibió un disparo en Santa Marta, Magdalena, mientras hablaba con miembros de su familia en la terraza fuera de su casa, dijeron defensores.

Conocimos informe del homicidio en Sta Marta, de Wilfrido Cantillo Martínez mujer trans con nombre identitario Cristhina Cantillo; quien poseía medidas de protección desde dic / 2018, con resolución 11000. Rechazamos estos hechos que están siendo investigados por las autoridades pic.twitter.com/I8db3yuUF1

— ALFONSO CAMPO MARTINEZ (@AlfonsoCampoM) December 8, 2021

Sus dos asesinos condujeron por el barrio de Ondas del Caribe donde vivía Martínez y abiertamente abrieron fuego contra ella mientras su familia horrorizada los miraba.

Martínez ha vivido gran parte del año pasado con miedo. Líder de la comunidad trans, sufrió dos ataques con arma de fuego solo en 2020.

La Unidad Nacional de Protección, una agencia policial que protege a cientos de activistas, periodistas y políticos amenazados, le había asignado seguridad durante el día.

“Esto es sistemático”, dijo a El Colombiano Matilda González, abogada de la Red Comunitaria Trans de Colombia, un grupo comunitario trans liderado por mujeres trans.

Agregó que, para las personas trans que tienen trabajos con mayores riesgos y poca o ninguna red de seguridad del estado, como el trabajo sexual, esto solo agrava la discriminación que enfrentan.

A menudo se deja en manos de los grupos de defensa LGBT + de base, como la Red Comunitaria Trans de Colombia, dijo González, para ayudar a las víctimas trans de la violencia a obtener ayuda de las autoridades.

Con las muertes de Maní, La Divaza y Martínez, al menos 35 personas trans, no binarias o con disconformidad de género han sido asesinadas este año solo en Colombia, según grupos de monitoreo.

SinViolencia LGBTI, un sistema de información regional, encontró que entre 2014 y 2019, unas 500 mujeres trans fueron asesinadas en América Latina.

En general, 2021 será el año más mortífero para la violencia fatal contra las personas trans desde que comenzó el mantenimiento de registros globales, según mostraron los datos compilados por Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvTW), un proyecto Transgender Europe.

Fuente El Colombiano/El Tiempo

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Oriana Nicoll Martínez,

Una mujer trans que se había desplazado a Medellín luego de que un grupo de paramilitares la persiguiera en Sincelejo, Sucre, fue asesinada en un hotel de La Guajira.  Apenas hace dos meses había denunciado su caso ante la Defensoría del Pueblo.

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Barranquilla, 18 de agosto de 2016. Es ilógico, pero mientras en Colombia la Corte Constitucional ha reconocido los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, todavía se conocen historias de odio, que develan cuán hace falta trabajar para acabar con la homofobia y la transfobia.  Oriana Nicoll Martínez, lideresa trans de 32 años, que fue asesinada ayer en un hotel de Riohacha, es el más reciente caso que tristemente nos toca sumar a la cifra de víctimas LGBT de este año.

Martínez es una conocida activista LGBT de Sincelejo, Sucre, de donde es oriunda, que fue víctima del conflicto armado cuando un grupo paramilitar se ensañó con varias mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual en la vía El Maizal, donde las golpeaban y amenazaban.  Ella, que apenas hace dos meses interpuso una denuncia formal sobre este caso ante la Defensoría del Pueblo seccional Sucre, tuvo que desplazarse a Medellín, Antioquia, para proteger su vida. Esta lideresa también fue víctima de una agresión policial el año pasado, cuando un agente le disparó a ella y otras mujeres trans en Sincelejo, situación que fue puesta en conocimiento ante la Fiscalía.

Oriana fue encontrada sin vida con dos heridas con arma blanca: una en el cuello y otra en el brazo derecho. De los dos hombres que supuestamente estaban con ella en el hotel, no se ha sabido nada. CARIBE AFIRMATIVO pudo constatar que el cuerpo de esta mujer fue encontrado con señales de tortura y violencia sexual.

Como Martínez era víctima del conflicto armado, es importante que la Unidad de Víctimas resuelva la inclusión de su hecho ‘victimizante’, se apropie de este caso y solicite a las autoridades competentes que pronto se conozca que pasó en ese hotel, quiénes estarían detrás del asesinato de esta líder trans y por qué la asesinaron.

Con la muerte de Oriana ya van 10 personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, asesinadas en la región Caribe este año: seis son hombres y mujeres transgénero, y dos de estos casos han ocurrido en La Guajira.

La corporación CARIBE  AFIRMATIVO hace un llamado a la Fiscalía  para  que avance con celeridad en esta investigación, y se determinen las  causas  de este homicidio, que –casualmente- ocurre dos mes después de que Oriana denunciara  que fue víctima del conflicto armado; y que también se esclarezcan otros casos de personas LGBT, y se establezca si estos guardan relación con la orientación sexual e identidad de género de cada una de estas personas.

“También solicitamos a las entidades competentes que ofrezcan otras alternativas laborales a las personas trans, para que se desempeñen en otras actividades diferentes al trabajo sexual. La mayoría de las mujeres transgénero denuncian que se dedican a este oficio, porque no tienen otras opciones”, afirma el director de CARIBE AFIRMATIVO, Wilson Castañeda.

Fuente Caribe Afirmativo

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Hoy os traemos la historia de Jorgina, una mujer transexual que vive en una comunidad aborigen, los wayúu, que se asienta en la península de La Guajira, entre Colombia y Venezuela. Por tener el valor de mostrarse abiertamente como es debe enfrentarse a la soledad y al rechazo de sus familiares y vecinos. En una entrevista en vídeo realizada por Las 2 Orillas, un portal de noticias de Colombia, Jorgina cuenta su historia y su situación.

La tribu aborigen wayúu vive en la península de La Guajira, dividida en dos partes por la frontera entre Colombia y Venezuela. Los wayúu viven en estos territorios desde antes de la llegada a América de los europeos, sin tener en cuenta las fronteras políticas impuestas por los descendientes de estos, y se rigen en buena parte por sus propias reglas tribales, al margen de las leyes estatales. Apartados como viven, con poco contacto con las sociedades colombiana o venezolana, también la realidad de sus personas LGTB es muy diferente.

En esta tribu nació hace 76 años Jorgina, conocida entonces por el nombre de Jorge. Ya desde pequeña, Jorgina destacaba del resto de los niños por no comportarse con la misma “rudeza” que ellos. Su propio padre le declaró el odio que sentía por ella con tan solo cinco años de vida. Cuando Jorgina cuenta su historia, relata de hecho un episodio en el que su padre le apuntó con una escopeta, diciendo que sería mejor matarla ya que así se terminarían sus problemas.

A los 25 años, cuando empezó a comportarse abiertamente como una mujer, la violencia y las humillaciones a las que se veía sometida la obligaron a marcharse de su comunidad y vivir en la soledad. Desde ese entonces, vive apartada de la comunidad y, aún así, sigue recibiendo amenazas. También relata en el vídeo la ocasión en la que miembros de su tribu quemaron su casa cuando ella dormía dentro, viviendo ya fuera del poblado.

Como recoge el colectivo Caribe Afirmativo en un artículo sobre las personas LGTB en la cultura wayúu, el colectivo LGTB es repudiado en esta sociedad, que llega a considerar la diversidad sexual como una ofensa hacia la tribu. Este mismo artículo hace referencia a otros casos de personas LGTB en la cultura wayúu que tienen que enfrentarse a la discriminación tanto de su propia comunidad como a la que tiene su origen en la sociedad colombiana.

Por historias como la de Jorgina es muy importante que el conocimiento y el respeto del colectivo LGTB llegue a todas las partes del mundo, por pequeñas que sean. El ejemplo de esta mujer, siendo ella misma y enfrentándose a todos los problemas que ello le ocasiona, es sin duda todo un ejemplo de valentía.

Os dejamos con la entrevista a Jorgina, en lengua wayúu pero subtitulada al castellano. Son poco más de dos minutos, pero su mirada emociona:

Fuente Dosmanzanas

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Sobre las 6:10 de la mañana del pasado viernes, 10 de junio, encuentran el cadáver de una transexual degollada en la parte trasera del Centro Cultural de Riohacha, en una playa. Se trata de Richard Zarante Ramos, una líder transexual conocida como Paloma, que fue encontrada muerta con una profunda herida en el cuello, a orillas de la playa, en inmediaciones del Centro Cultural de esta capital. Paloma tenía 44 años de edad y era natural de Montería, departamento de Córdoba.

La Corporación Caribe Afirmativo indicó en un comunicado que las pesquisas de las autoridades arrojaron que el cuerpo tenía signos de estrangulamiento y varias heridas en el cuello. “Las primeras hipótesis dan cuenta de la existencia de relaciones sexuales previas al hecho homicida”. La Policía corroboró que en la escena del crimen se encontraron unas sandalias y varios preservativos, elementos que están bajo disposición de la Fiscalía.

«Es un crimen de odio por la manera en que le produjeron al herida en el cuello. Ahora se comienza a vivir el desplazamiento de algunas mujeres trans porque piensan que esto puede ser no solamente en contra de Paloma, sino de todas», señala Edmundo Deluque, activista de la comunidad LGTB. Por otra parte pidieron a las autoridades que no haya discriminación y que investiguen para que den con  el paradero de los responsables.

Al parecer se trata de una conocida del propio Deluque, puesto que es él mismo quien explica que Paloma trabajaba como estilista, en un salón de belleza en la capital del departamento La Guajira, adonde llegó hace 10 años desde su natal municipio de Lorica (Córdoba), pero ante la falta de trabajo se vio obligada a buscar una alternativa profesional, motivo por el que terminó ejerciendo la prostitución. Por falta de oportunidades, sin embargo, abandonó su oficio de estilista. “Dejó su arte por ir a las calles a ejercer la prostitución, para buscarse el pan de cada día, y mire lo que encontró”, lamentó Deluque.

Caribe Afirmativo dio a conocer que la víctima venía tramitando su inclusión al Registro Único de Víctimas del conflicto armado, debido “desplazamiento forzado en razón a su identidad de género”. La organización de la comunidad LGBTI hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan “con celeridad” el asesinato.

Advirtió además que allegados dijeron que, al parecer, “se dirigía a realizar un servicio como estilista y luego volvía a su lugar habitual de trabajo”. De ella no supieron más hasta la noticia de su asesinato.

La policía se encuentra investigando el que es el primer crimen de estas características producido en la provincia de La Guajira en lo que va de año. Por el momento los únicos datos confirmados son que en la noche del jueves, Paloma se encontraba en la zona donde habitualmente encontraba sus clientes, en la confluencia de la calle 14 con al 5, pero se desconoce el momento en el que abandonó el lugar ni si se fue de allí en compañía de alguien.

El coronel Tito Castellanos Tuay, comandante de Policía en La Guajira, señaló que a Paloma la habrían matado con una cuchilla de afeitar y están recolectando más información sobre una persona con quien estuvo hasta las 11 de la noche del jueves. “Aparentemente no le hurtaron nada. Todos los supuestos son materia de investigación”, declaró Castellanos.

Fuente el Heraldo/Caribe Afirmativo

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Tomada de internet | Claudia López y Angélica Lozano pertenecen al centroizquierdista partido Alianza Verde

Rafael Croda/

Proceso | Domingo 14 Junio 2015 | 21:04 hrs

Las congresistas Claudia López y Angélica Lozano tienen una larga lista de características que en el último año las han vuelto referentes obligados del escenario político colombiano: son opositoras, punzantes, izquierdistas en un país donde el progresismo está satanizado por amplios segmentos sociales y ambas son muy competentes en el debate legislativo.

El hecho de que tengan una relación sentimental y de que la hayan asumido en público, junto con su condición de lesbianas, no debería ser un tema político. Pero lo es. Sus adversarios encontraron en ese aspecto de su vida privada un flanco para atacarlas. Incluso, para pedir a la justicia la pérdida de su investidura como congresistas.

Claudia es senadora. Angélica representante (diputada). Y las dos pertenecen al centroizquierdista partido Alianza Verde, que respalda al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, pero en todo lo demás ejerce un papel opositor y de fiscalización a los poderes y funcionarios públicos.

Angélica ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por una controversia con el poderoso ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de alterar a última hora una iniciativa de ley para entregar a los presidentes de las Altas Cortes (la Suprema de Justicia, la Constitucional y el Consejo de Estado) el manejo presupuestal del Poder Judicial a cambio de que éstos lo elijan fiscal general de la nación.

En un duro debate en el Congreso, la representante reveló que Martínez se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, para fraguar ese intercambio de favores. El llamado “superministro” lo negó, pero luego debió aceptar que esa cita sí se produjo.

Lozano, abogada por la Universidad de La Sabana, manejada por el Opus Dei, está habituada a las inclemencias del debate político desde la orilla de las minorías. En esa conservadora casa de estudios tenía fama de izquierdista. Y ha sido una activa defensora de los derechos humanos y de la diversidad sexual, lo que le ha valido descalificaciones, mofas y maltratos físicos. Ella se asumió hace una década como bisexual y desde entonces ha dado la cara como tal. “Nunca he necesitado salir del clóset porque siempre he estado afuera”, dice la legisladora a Proceso.

Su novia Claudia López, por su parte, fue la senadora que más votos obtuvo en los comicios de 2014, en los cuales inauguró su participación en política. Ella es una académica y analista de temas de seguridad que cobró notoriedad nacional en 2005, cuando sus investigaciones sobre el paramilitarismo develaron una alianza entre esos grupos ilegales y dirigentes políticos de primer nivel.

Sus revelaciones llevaron a la justicia a procesar a 199 congresistas por sus vínculos con grupos narcoparamilitares. De ellos, 43 han recibido condenas por delitos que van desde homicidio, tortura y secuestro, hasta desaparición forzada, y el resto se encuentra bajo juicio o en etapa de instrucción judicial.

Además, 355 funcionarios públicos, entre ellos alcaldes y gobernadores, están sentenciados o sometidos a juicio. Este escándalo, que se conoce en Colombia como la “parapolítica”, ha tocado a cercanos excolaboradores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien Claudia llamó “sanguijuela” en una sesión del Congreso.

Las investigaciones de la senadora le han generado decenas de enemigos ligados a estructuras mafiosas. Se trata de políticos acusados de mandar asesinar a sus adversarios y de capos de bandas criminales para quienes la ejecución de sus enemigos es parte del negocio.

La combativa congresista es objetivo militar del ex gobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, quien está detenido como autor de varios homicidios, y del cómplice de éste, el narcotraficante Marcos Figueroa, Marquitos, capturado en octubre pasado en Brasil.

Los riesgos de que asesinen a Claudia son tan extremos, que cuatro de sus más de 10 escoltas la deben custodiar incluso en el interior del Congreso, donde nunca se mueve sin ellos por los pasillos. Algunos de sus colegas senadores han estado involucrados en las amenazas en su contra y la legisladora sabe que uno de ellos llegó a pagar para matarla. Ella señala que no quiere toparse con él sin protección en algún corredor del recinto legislativo.

La demanda

En estos días, las dos congresistas han debido distraerse de sus funciones legislativas para acudir a los tribunales a defenderse de una demanda presentada en su contra por el abogado y miembro de una Iglesia evangélica, Víctor Velásquez, quien solicitó al Consejo de Estado despojarlas de sus investiduras como parlamentarias por el hecho de ser pareja y vivir, según el alegato, en “unión permanente”.

Velásquez, quien ha sido dos veces senador al relevar a copartidarios suyos despojados de su curul por cargos de “parapolítica”, argumenta que Lozano y López violaron una ley que prohíbe presentarse a elecciones legislativas a las parejas vinculadas por matrimonio o unión permanente si son postuladas por el mismo partido en los mismos comicios.

López asegura que entiende “el odio, discriminación y desprecio que le inspiro a Velásquez, pero la ley no está hecha para ejercer las animadversiones personales. Yo soy una mujer feliz, estoy felizmente enamorada de una mujer maravillosa y soy felizmente soltera”.

De acuerdo con la senadora, la demanda de Velásquez “y los que están atrás no responde a que están preocupados por el cumplimiento de la ley, sino que quieren destruirme por ser quien soy, por mis denuncias y las condenas de la ‘parapolítica’”.

Para la politóloga de 44 años, los adversarios de ella y su pareja “pretenden, con una demanda infundada y temeraria, hostigarnos por nuestras opiniones y orientación sexual”.

¿Quiénes son?

Claudia López

• Senadora, académica y analista

• Cobró notoriedad nacional en 2005, cuando sus investigaciones sobre el paramilitarismo develaron una alianza entre esos grupos ilegales y dirigentes políticos de primer nivel

• Debido a amenazas de muerte en su contra, siempre va con 10 escoltas incluso en el interior del Congreso

Angélica Lozano

• Diputada y abogada

• Activa defensora de los derechos humanos y de la diversidad sexual, lo que le ha valido descalificaciones, mofas y maltratos físicos

• Ventiló la alteración de una iniciativa de ley para entregar a los presidentes de las Altas Cortes el manejo presupuestal del Poder Judicial a cambio de que éstos eligieran como fiscal general al ministro Néstor H. Martínez

Fuente El Diario

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