El Tribunal Constitucional de Rumanía ha sentenciado que la reforma para prohibir el estudio de la diversidad en la identidad de género en todas las instituciones educativas es contraria a la ley fundamental del país. El proyecto en cuestión fue aprobado por el Parlamento el pasado mes de junio. El presidente del país, Klaus Iohannis, rechazó promulgarlo con su firma por considerarlo contrario a la libertad de expresión, al principio de igualdad y a los derechos de los menores. En su lugar, la remitió al Constitucional, que ahora le ha dado la razón.

En junio de este año, el Senado rumano aprobó una modificación de la ley de educación para prohibir «la propagación de teorías y opiniones sobre la identidad de género si esta es un concepto separado del sexo biológico». Se trataba de una proposición de ley del democristiano Partido del Movimiento Popular del expresidente Traian Băsescu (PMP, ahora extraparlamentario), que recibió el apoyo de los socialdemócratas (PSD) y de los socioliberales de PRO Rumanía, una escisión del PSD. La centrista Unión Salvar Rumanía (USR) y los representantes de la minoría húngara se opusieron, mientras que el conservador Partido Nacional Liberal (PNL), a la cabeza del Gobierno, se abstuvo.

La iniciativa pretendía extenderse a todas las instituciones educativas y mereció la condena unánime de universidades, profesores, organizaciones estudiantiles y asociaciones LGTBI. La Universidad de Bucarest advirtió de que suponía una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, mientras que el la Alianza Nacional de Organizaciones Estudiantiles consideró que llevaría el país «a la Edad Media» y sería un ataque directo a la comunidad trans. La organización LGTBI MozaiQ inició una recogida de firmas contra la propuesta que sumó más de 55.000 adhesiones.

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, fue sensible a estos llamamientos y rechazó promulgar la ley con su firrma, al considerar que supondría una legitimación de la censura y que vulneraría numerosos preceptos constitucionales. En el uso de sus prerrogativas, que en el sistema semipresidencial de Rumanía son relativamente amplias, Iohannis remitió el texto el pasado mes de julio al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre su contenido. El fallo llegó el 16 de diciembre y, aunque no se ha hecho pública aún la argumentación, da la razón al presidente y declara nula la proposición de ley por inconstitucional.

Desde MozaiQ se han felicitado por la sentencia del alto tribunal, que supone «un triunfo conjunto de la sociedad civil y de las personas que apoyan a la comunidad LGTB en Rumanía». Y, en especial, a «la comunidad transgénero, que más que nunca tuvo el valor de levantarse, luchar por los derechos civiles y hacerse oír». En resumen, «un avance para la democracia en Rumanía».

La tentación regresiva en los derechos LGTBI en Rumanía

Rumanía viene experimentando ciertos retrocesos en materia de derechos de la comunidad LGTBI en los últimos años impulsados por la vía política. Afortunadamente, en 2018 la ciudadanía dio la espalda al referéndum que pretendía incluir en la Constitución la prohibición expresa al matrimonio igualitario. En 2019, sin embargo, el Senado rechazaba dos proposiciones de ley de uniones civiles que incluían a parejas del mismo sexo. Cabe destacar, en este sentido, que la falta de compromiso con los derechos LGTBI se extiende tanto a derecha como a izquierda. Particularmente significativo es el posicionamiento de los socialdemócratas (PSD), que apoyaron el blindaje constitucional del matrimonio excluyente y también votaron a favor de la reforma educativa que ahora ha abortado el Tribunal Constitucional. Más sensibles a la igualdad LGTBI se han mostrado el presidente Klaus Iohannis y la formación centrista y anticorrupción USR.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento rumano aprobó en junio una modificación de la ley de educación que prohíbe «la propagación de teorías y opiniones sobre la identidad de género si esta es un concepto separado del sexo biológico». Una legislación que se extiende a todas las instituciones educativas y que ha merecido la condena unánime de universidades, profesores y organizaciones estudiantiles. El presidente del país, Klaus Iohannis ha rechazado promulgarla y la remitido para su valoración por el Tribunal Constitucional.

Con la aprobación de la enmienda, el Parlamento rumano sigue la estela de Hungría, que ya en 2018 prohibió los programas de estudios de género en las dos universidades húngaras que los ofrecían. Un movimiento institucional que se ha encontrado el rechazo casi unánime de la comunidad educativa rumana. La Universidad de Bucarest ha advertido en un comunicado que esta iniciativa, que supone un ataque frontal a la autonomía universitaria, «contradice derechos fundamentales garantizados en la Constitución rumana y diversos tratados internacionales de los que Rumanía forma parte». Y añade que «el texto de la ley no tiene una base científica y supone una interferencia flagrante en la educación y la libertad de expresión».

La Universidad Babeș-Bolyai, por su parte, se muestra «asombrada» por el hecho de que una teoría académica «pueda ser prohibida por ley» y acusó a los promotores del texto de «estar creando un indeseado precedente en la actividad científica y académica». Opiniones a las que se han sumado diversos profesores universitarios a través de sus redes sociales personales. Destaca la opinión de Vlad Alexandrescu, que además de profesor es senador de Unión Salvar Rumanía (USR), una formación anticorrupción de caracter liberal. «Rumanía se está alineando con las posiciones promovidas por Hungría y Polonia y convirtiéndose en un régimen autoritario», ha advertido (además de la prohibición semejante ya decretada en Hungría conviene recordar, en este punto, la reciente iniciativa polaca  para prohibir la educación sexual).

A este rechazo de los docentes se les suman las principales organizaciones estudiantiles del país. La Alianza Nacional de Organizaciones Estudiantiles y el Consejo Nacional de Estudiantes han impulsado una petición para que el presidente Iohannis rechace la ley argumentando que esta devolvería a Rumanía «a la Edad Media». «Es más, consideramos esta ley un ataque directo a la comunidad transgénero, con la que nos solidarizamos», han añadido desde estas organizaciones.

Un llamamiento que el presidente de Rumanía ha sido sensible: Klaus Iohannis ha rechazado promulgar la ley al considerar que supone un acto de censura y vulnera numerosos preceptos constitucionales. En uso de sus prerrogativas, Iohannis ha remitido el texto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Por el momento se desconoce cuándo el alto tribunal se pronunciará.

Un país en retroceso en materia LGTBI

Rumanía viene experimentando ciertos retrocesos en materia de derechos de la comunidad LGTBI en los últimos años impulsados por la vía política. Afortunadamente, en 2018 la ciudadanía dio la espalda al referéndum que pretendía incluir en la Constitución la prohibición expresa al matrimonio igualitario. En 2019, sin embargo, el Senado rechazaba dos proposiciones de ley de uniones civiles que incluían a parejas del mismo sexo. Cabe destacar, en este sentido, que la falta de compromiso con los derechos LGTBI se extiende tanto a derecha como a izquierda. En este momento son los conservadores los que gobiernan el país, pero bajo el mandato de los socialdemócratas estos se mostraron conformes, por ejemplo, con la prohibición del matrimonio igualitario. Excepciones notables las constituyen el presidente, el conservador Klaus Iohannis, que sí se ha mostrado más respetuoso con los derechos de las minorías, o el mencionado partido anticorrupción USR.

No es de extrañar que año tras año Rumanía descienda posiciones en la clasificación de ILGA Europa sobre respeto a los derechos de las personas LGTBI+, ocupando en este momento la posición 39 de un total de 49 estados.

Fuente Dosmanzanas

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 Se opone al matrimonio homosexual y al derecho a la identidad de género

“La ofensiva de obscenidad pública desplegada de forma desafiante en carteles en la calle retrata a los ideólogos del pansexualismo galopante en toda su desnudez intelectual”, declaró Banescu

El enfrentamiento entre tradicionalistas y progresistas ha sido motivo de otra polémica este mes al aprobar el Parlamento el 16 de junio una ley que prohibía las referencias a la identidad de género como algo distinto al sexo biológico en las instituciones educativas

24.06.2020 | RD/Efe

La Iglesia Ortodoxa de Rumanía ha calificado de “neo-marxista” y “obscena” una campaña financiada por la Unión Europea (EU) contra la discriminación de las personas mayores del colectivo LGTBIQ, en medio de una intensa batalla ideológica sobre el matrimonio homosexual en el país balcánico.

Las críticas se refieren a una serie de carteles desplegados en la ciudad que muestran fotos de personas de la tercera edad diciendo “Soy bisexual” ó “Mi nombre es Luca, soy gay”, entre otros ejemplos.

“La ofensiva de obscenidad pública desplegada de forma desafiante en carteles en la calle retrata a los ideólogos del pansexualismo galopante en toda su desnudez intelectual”, declaró el martes Banescu, citado hoy por el diario local Adevadul.

El enfrentamiento entre tradicionalistas y progresistas ha sido motivo de otra polémica este mes al aprobar el Parlamento el 16 de junio una ley que prohibía las referencias a la identidad de género como algo distinto al sexo biológico en las instituciones educativas. El presidente del país, Klaus Iohannis, ha anunciado que no promulgará esta ley impulsada por diputados conservadores.

La batalla ideológica en torno a asuntos como el matrimonio homosexual es particularmente intensa en una sociedad conservadora como la de Rumanía, que en octubre de 2018 celebró un referéndum impulsado por organizaciones evangélicas y apoyado por la Iglesia Ortodoxa para cambiar la definición constitucional de matrimonio y limitarla a la unión entre un hombre y una mujer.

Pese a que el matrimonio homosexual no está reconocido en Rumanía, la Constitución rumana define el matrimonio como la unión entre dos cónyuges y no entre un hombre y una mujer como reclamaban estos grupos conservadores.

El referéndum fue boicoteado por los partidarios del matrimonio homosexual y solo un 21 % del electorado censado acudió a votar, menos del mínimo del 30 % que establece la ley para que la consulta sea vinculante. Por eso, no pudo ser validado el resultado de la votación, en la que una mayoría aplastante de ese 21 % se pronunció a favor del cambio constitucional.

Fuente Religión Digital

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Importante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.”

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Rumanía está un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

En la línea contraria a la justicia europea

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente Dosmanzanas

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Kim Davis publica un libro en el que se erige como mártir y carga contra los “furiosos y vociferantes hombres homosexuales”

La funcionaria homófoba presenta su libro sobre “cómo Dios la ayudó a defender el matrimonio”.

Está publicado por Liberty Counsel, la firma de abogados que la defendió y que aseguraba que “a los homófobos se les trataba como los nazis a los judíos”. 

La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada por un delito de desacato en 2015 al desobedecer una orden judicial y bloquear la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, vuelve a la carga. Elevada a los altares de los sectores LGTBfóbicos, ultraconservadores y extremistas religiosos, Davis sigue explotando su pretendido rol de mártir en beneficio propio. Under God’s Authority: The Kim Davis Story (cuya traducción literal sería: Bajo la autoridad de Dios: la historia de Kim Davis), el libro que acaba de salir a la venta y que recoge su historia desde su propio y sesgado punto de vista, es una nueva muestra de su proceso de victimización. Los “malos”, según sus propias palabras, son “los furiosos y vociferantes hombres homosexuales”. Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, asegura que “es una gran lectura. Pero más que eso, esta notable historia de lo que Dios hizo en la vida de Kim me da esperanza para nuestra nación”. La última vez que Davis consiguió titulares fue el pasado mes de octubre, cuando se embarcó en un viaje de nueve días a Rumanía con el asesor de Liberty, Harry Mihet. Ambos se reunieron con grupos religiosos con el objetivo de alentar a los legisladores de este país a adoptar medidas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo el veto constitucional discriminatorio.

Hacía mucho que no sabíamos nada de Kim Davis, nuestra homófoba favorita. Seguramente la recuerdes como la funcionaria homófoba de Kentucky que se negó a dar las licencias de matrimonio a cualquier pareja, heterosexuales incluidas, para evitar que las homosexuales pudieran casarse y por lo que estuvo cinco días en prisión.

Y ahora hemos sabido el motivo: ha estado ocupada coescribiendo un libro que, atención “va más allá de los entresijos y nos descubre cómo Dios le ha dado una plataforma para defender el mundo y la libertad religiosa”. Así al menos es como se anuncia en la web donde se puede comprar, que por cierto, es la del Liberty Counsel, la firma de abogados que defendió a Kim y que le organizó una gira por Rumanía contra el matrimonio igualitario y que se quejó porque a los pobres homófobos se les estaba tratando como los nazis a los judíos.

En la contraportada se puede leer esta magnífica sinopsis: “Es la historia de cómo Dios transformó su vida en 2011, por qué se retiró en 2014, y como sabía seis meses antes de la desastrosa decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y cómo la llevaría a la cárcel”. Vamos, que ahora Kim también es vidente.

En una cultura que degrada a las personas que obedecen obedientemente a Jesús, Kim Davis recurrió a su fortaleza cuando experimentó (y soportó) la persecución de la cultura, el tribunal y la muchedumbre, y sobrevivió para contarlo en su fascinante libro”, dice Franklin Graham, CEO de Billy Graham Evangelistic Association y Samaritan’s Purse. Para Graham, “su historia demuestra que una persona realmente puede hacer la diferencia cuando toma una posición por Cristo”. Así queda recogido en la web de Liberty Counsel, una “firma de abogados por las libertades civiles religiosas de interés público nacional” de EE UU, abiertamente LGTBfóbica, que publica y distribuye la obra de Kim Davis.

El libro Under God’s Authority: The Kim Davis Story está coescrito por John Aman, director de servicios creativos de Liberty Counsel, y Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, que representó a Davis durante su caso en los tribunales estadounidenses. Además del referido apoyo del exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, Kim Davis también cuenta con el respaldo político de Matt Bevin, gobernador de Kentucky (el tercer republicano en acceder al cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial). En opinión de Bevin, “cuando la historia recurrió a Kim, ella estaba lista y dispuesta para responder”.

Activistas LGTBI locales señalan, en cambio, que el libro de Kim Davis debería llamarse Kim Davis Cost to Kentucky Taxpayers (cuya traducción sería: Coste para los contribuyentes de Kentucky), ya que las posiciones de la funcionaria supusieron un gasto de 222.695 dólares a cuenta del erario público, en concepto de honorarios legales.

Con la salida a la luz de su libro, Kim Davis pretende hacer campaña para ser reelegida en su puesto de funcionaria. Y no lo tendrá aparentemente fácil, dada la fuerte oposición de los demócratas, que quieren echarla de la oficina del registro. Entre ellos se encuentra David Ermold, uno de los hombres a los que Davis negó una licencia de matrimonio. Ermold se postula para “restaurar el liderazgo profesional, la equidad y la responsabilidad”.

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Su nombre se hizo famoso hace dos años y grupos homófobos de todo el mundo la elevaron a sus altares como una mártir. La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada durante unos pocos días por impedir la concesión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo en su condado, ha vuelto a la escena pública. En esta ocasión, para apoyar la campaña contra el matrimonio igualitario en el referéndum que se celebrará en las próximas semanas en Rumanía y cuyo resultado podría significar el blindaje a nivel constitucional de la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Rumanía avanza hacia el veto constitucional del matrimonio igualitario y lo hace con la ayuda de una de las “heroínas” de la causa homófoba. Kim Davis ha viajado al país europeo para participar en la precampaña del referéndum que, salvo sorpresas, elevará a la Constitución rumana la prohibición de contraer matrimonio para las parejas del mismo sexo. Davis ganó una gran notoriedad hace dos años por su “cruzada” contra la igualdad matrimonial en su Kentucky natal. Por desobedecer una orden judicial bloqueando la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en su condado, fue encarcelada por un delito de desacato. No obstante, sería liberada poco tiempo después con la condición de no seguir impidiendo las bodas entre personas del mismo sexo. Ahora, la funcionaria hablará en público y se reunirá con arzobispos ortodoxos durante sus nueve días de estancia en Rumanía.

Davis viaja junto con Harry Mihet, el vicepresidente de Asuntos Legales de Liberty Counsel, una asociación evangélica que se hizo cargo de la defensa de la funcionaria en 2015. La organización lleva años prestando asistencia legal a los contrarios a la igualdad LGTB en casos como la anulación de las leyes contra la sodomía en los Estados Unidos o la aprobación del matrimonio igualitario en Massachusetts y Nueva York. También ha defendido a Scott Lively, el activista tristemente conocido por promover la LGTBfobia de Estado más brutal en Uganda. En Rumanía, Liberty Counsel lleva meses colaborando con la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para blindar el matrimonio excluyente en la Constitución.

El referéndum, previsto para este otoño

Una consulta que está cada vez más cerca después de que Liviu Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) y presidente de la Cámara de Diputados, asegurara en septiembre que su formación promoverá su celebración en este mismo otoño. La victoria de la propuesta se da prácticamente por segura si se lleva a cabo finalmente el referéndum. La formación ya apoyó en mayo el proyecto en el Parlamento. La medida cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Si se cumple el calendario anunciado por Dragnea, tras su aprobación en la cámara baja la propuesta pasará en las próximas semanas al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes. Si la cámara alta también apoya la iniciativa homófoba, lo que parece seguro tras el respaldo de los socialdemócratas, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso  lleva fraguándose desde julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se reactivó en mayo de este año.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

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Ampliamos la noticia que ya publicábamos el pasado 6 de septiembre:

Rumanía avanza hacia el veto constitucional del matrimonio igualitario. Liviu Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) y presidente de la Cámara de Diputados, aseguró a principios de este mes que su formación apoyará la convocatoria de un referéndum en este otoño sobre el asunto. La victoria de la propuesta, que blindará al más alto nivel normativo la definición excluyente de la institución matrimonial, se da prácticamente por segura si se lleva a cabo finalmente la consulta.

Paso a paso, Rumanía se perfila como el próximo Estado europeo que prohibirá el matrimonio igualitario en su Constitución. El proceso ha recibido el impulso del presidente del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea. La formación ya apoyó en mayo en la Cámara de Diputados el proyecto, surgido por iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa). La medida cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Si se cumple el calendario anunciado por Dragnea, tras su aprobación en la cámara baja la propuesta pasará en las próximas semanas al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes. Si la cámara alta también apoya la iniciativa homófoba, lo que parece seguro tras el respaldo de los socialdemócratas, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso lleva fraguándose desde julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las elecciones generales del pasado diciembre. Pero el Senado decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de los comicios, y por ello se reactivó en mayo de este año.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

Fuente Dosmanzanas

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Rumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

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Alivio momentáneo para los activistas LGTB en Rumanía. El Senado del país decidió el pasado lunes posponer la decisión sobre la convocatoria de un referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. El debate se traslada a las cámaras que salgan de las elecciones legislativas del próximo mes de diciembre.

El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que había reunido más de 3 millones de firmas. Las dos cámaras del Parlamento deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales.

Dos senadores del Partido Social Demócrata (PSD) presentaron el viernes pasado un proyecto de ley para autorizar la consulta. Pero el líder de la formación Liviu Dragnea les pidió que lo retiraran para no mezclar la campaña electoral con la del referéndum. Aunque decidieran ignorar esta petición, el Parlamento solo dispondría de dos semanas, hasta su disolución, para tramitar la propuesta. Por lo que parece altamente probable que el asunto se traslade finalmente a la próxima legislature y la comunidad LGTB gana, al menos, tiempo para organizar su estrategia.

El posicionamiento de Dragnea no implica que esté en contra de la discriminación a las personas LGTB. El líder del primer partido del Parlamento se mostró partidario de separar las elecciones generales de la consulta, pero manifestó su apoyo al fondo de la cuestión: “soy un hombre tradicional y conservador”. El expresidente Traian Băsescu también ha expresado su postura favorable al veto constitucional al matrimonio igualitario. Băsescu sí apoya una regulación en forma de uniones civiles, eso sí, siempre que se reserve la adopción a las “familias normales, formadas por un padre y una madre”.

Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis. En unas declaraciones de hace unas semanas, Iohannis abogaba por el respeto a los derechos de las minorías y condenaba el extremismo religioso. A pesar de no mencionar expresamente al colectivo LGTB, sus palabras fueron recibidas con esperanza por parte de los activistas, que ven al menos un cambio de actitud con respecto a sus antecesores.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente. Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Adrian Coman, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. Ahora se espera para el 29 de noviembre. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adrian Coman, Coalición por la Familia, Klaus Iohannis, Liviu Dragnea, Matrimonio, PSD (Rumanía), Robert Hamilton, Rumanía, Traian Băsescu, Unión Europea, Uniones Civiles, Valer Dordeanu

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha efectuado unas declaraciones en las que ha defendido el derecho a la diversidad de los ciudadanos y el respeto a las minorias, además de condenar el extremismo religioso, cuando se le ha preguntado acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque no ha efectuado una defensa del matrimonio igualitario, ni mencionado explícitamente al colectivo LGTB, su actitud respecto a los derechos de las minorías le posiciona a una enorme distancia del habitual discurso a favor de la “familia tradicional”, del que recientemente hizo gala el propio primer ministro del país.

Rumanía está actualmente inmersa en un debate público sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Por un lado, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Tras el último aplazamiento, se espera que lo haga antes de que finalice este mes de octubre. Por otro lado, el grupo homófobo “Coalición por la Familia”, fuertemente alentado por la influyente Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir los 3 millones de firmas necesarias para la convocatoria de un referéndum que prohíba constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Debido a esto, en la última conferencia de prensa ofrecida por el presidente Klaus Iohannis, el mandatario fue interrogado por su opinión al respecto. Sin ofrecer un apoyo explícito a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumanía, Iohannis sí que abogó por el respeto y la tolerancia hacia las minorías: “es importante reiterar algo en lo que creo”, declaraba, “que se debe volver a la tolerancia y la aceptación de los demás. No somos todos iguales, ninguno de los grupos étnicos o religiosos”.

El presidente sí que tuvo duras palabras para quienes quieren enfrentar la religión con los derechos civiles, al estimar que “es un error prestar obediencia y tomar el camino de la fe extrema. No lo apoyo. Yo creo en la tolerancia, la confianza y la apertura hacia los demás”. Es más, Iohannis considera que “el fanatismo religioso no ayuda a la sociedad. Si ser cristiano implica la tendencia hacia el fanatismo… se envía una señal equivocada”.

Quizás este alegato del presidente Iohannis a favor de la tolerancia puede estar fundamentado en su propia identidad. Él mismo es miembro de la minoría étnica de origen germano  y de la minoría luterana, si bien pertenece al Partido Nacional Liberal, muchos de cuyos miembros se han afiliado al conservador Partido Popular en el Parlamento europeo, un grupo que no se distingue precisamente por su defensa de los derechos LGTB.

Vlad Viski, presidente de la asociación de defensa de los derechos LGTB MozaiQ, considera que las declaraciones del presidente Iohannis son importantes, aunque demasiado comedidas: “Los comentarios de Klaus Iohannis son una primicia en Rumania. Por primera vez, un político importante se muestra en apoyo de la diversidad. Sin embargo, sus declaraciones no van tan lejos como quisiéramos, ya que Iohannis no especificó que se estuviera refiriendo a la comunidad LGBTI, sino que evitó el uso de una referencia directa a las personas LGBTI. El primer ministro de Rumania, Dacian Ciolos, sin embargo, ha salido hoy en apoyo de la llamada ‘familia tradicional’, lo cual es decepcionante y demuestra que la lucha de las personas LGBTI está lejos de concluir”.

A pesar de ello, según Viski la comunidad LGTB ha reaccionado a las declaraciones de Iohannis con satisfacción, mientras que los homófobos han expresado su ira. “Los partidarios de la ‘Coalición por la Familia’ han tomado una postura muy agresiva, de condena a Iohannis”, afirma el activista, “se han observado en todos los medios cientos de comentarios llenos de odio. Esto demuestra el discurso extremadamente homófobo y transfóbo que está siendo promovido por aquellos que tratan de prohibir el matrimonio homosexual en la Constitución”.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Como señalábamos, los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente.

Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conminaba a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que podía crear un importante precedente.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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