Monseñor José Ignacio Munilla con el Papa Francisco

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A pesar del estilo más acogedor del Papa Francisco hacia las personas LGBTQ, ha nombrado obispos a varios eclesiásticos LGBTQ negativos. En al menos dos casos, estos obispos problemáticos han atraído críticas públicas recientemente.

En España, los residentes de la ciudad de Orihuela están pidiendo a su alcalde que cancele una ceremonia histórica utilizada para dar la bienvenida a los nuevos obispos cuando el obispo José Ignacio Munilla asuma el cargo el próximo mes.

El obispo entrante de la Diócesis de Orihuela-Alicante, que es una figura mediática de alto perfil, ha admitido estar involucrado personalmente en los esfuerzos de terapia de conversión con al menos tres personas. En 2010, mientras dirigía la Diócesis de San Sebastián, dijo que ser gay es un “trastorno”, sugiriendo que la homosexualidad se debe a un trauma infantil o al uso de pornografía.

Información informó además que comentó sobre el tema de los padres LGBTQ que adoptan niños diciendo que “los experimentos se hacen con refrescos, no con niños”. También ha dicho que el feminismo es un “suicidio” para la dignidad de la mujer, ha caracterizado la masturbación como una forma de violencia, entre otras declaraciones extremas.

Debido a estos comentarios, los residentes de la ciudad se oponen a que el obispo entrante sea honrado en una ceremonia que se lleva a cabo durante cientos de años. Una petición de Change.org dice, en parte:

“Las teorías homofóbicas y antifeministas [de Munilla] no se corresponden con la realidad de España, ni con la realidad de Orihuela, donde la religión, los derechos LGTB+ y la dignidad conviven en una sociedad cambiante y respetuosa entre todos sus conciudadanos.

“Por ello, como ciudadanos, queremos pedir al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana Galiano, que cancele el acto de bienvenida del nuevo obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, siempre que éste, públicamente, no se retracte de sus palabras. o mostrar su respeto por aquellos ciudadanos (y creyentes) que hayan podido sentirse ofendidos por su orientación sexual.

“Un acto con honores y de esta tradición, no debe teñirse de radicalismo y falta de respeto. Este hombre no es digno de Orihuela. Y nosotros, como ciudadanos de Orihuela, no asistiremos a este evento”.

Paul Ssemogerere

En otro nombramiento, el Papa nombró al obispo Paul Ssemogerere como nuevo arzobispo de Kampala, Uganda, donde se había desempeñado como administrador apostólico desde principios de 2021. El grupo de derechos humanos 76 Crimes informó parte del historial de Ssemogerere:

“Como destacado líder de la Iglesia, Ssemwogerere hizo campaña en 2016 contra un programa de educación sexual propuesto que se iba a introducir en las escuelas de Uganda, alegando que el programa promovía la homosexualidad, que según él era contrario a la naturaleza y a las enseñanzas de la Iglesia.

“Los donantes traen dinero, ahora ese programa que trajeron está enseñando a nuestros niños la homosexualidad. Ahora está en 100 escuelas. Por favor padres; es su responsabilidad enseñar correctamente a los niños la educación sexual”, se le cita diciendo en el Uganda Observer”.

Las críticas a Ssemwogerere también provienen de Kikonyogo Kivumbi, director ejecutivo de la Asociación de Prensa de Salud y Ciencia de Uganda, quien escribe sobre el impacto negativo que tiene tener figuras anti-gay como el nuevo arzobispo en el poder:

“La Iglesia Católica en Uganda es una institución importante en el bienestar de la gente, con muchos servicios de salud, educación y otros servicios vitales bajo la iglesia. Algunos activistas LGBT temen que los servicios basados en la fe que discriminan a las personas queer puedan ponerlos en mayor riesgo de problemas de salud”.

¿Qué deben hacer los católicos LGBTQ y sus aliados con esta disonancia entre el propio estilo del Papa y sus nombramientos episcopales?

Primero, establecer expectativas siempre es útil en las discusiones católicas: estamos tratando con un ser humano encargado del cuidado de 1.340 millones de personas. El Papa Francisco no puede involucrarse personalmente en el nombramiento de cada obispo, de los cuales hay más de 5.000 en todo el mundo. Las culturas tardan años en cambiar, e incluso con el tiempo que ha tenido Francisco, la Curia se resiste fuertemente en algunos lugares. Se harán malas citas. Incluso con el mejor Papa, bajo el esquema actual, esta realidad es inevitable. Y a pesar de algunas malas decisiones, el Papa Francisco ha hecho muchos nombramientos de eclesiásticos con antecedentes LGBTQ positivos.

Pero en segundo lugar, y lo que es más importante, estos dos incidentes en España y Uganda muestran por qué los católicos y los defensores LGBTQ deben involucrarse localmente con los líderes de sus iglesias. Necesitamos ser conscientes de quién está siendo designado, cuál es su historial y dónde pueden surgir desafíos, o nuevas oportunidades para el diálogo, que requieran acción de nuestra parte. Depende del Pueblo de Dios, no solo del Papa Francisco, garantizar que nuestros pastores brinden la atención que merecemos.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 26 de enero de 2022

Fuente New Ways Ministry

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El Parlamento ugandés ha aprobado por unanimidad una ley que permitirá al Gobierno prohibir o disolver cualquier ONG, entre ellas las que defienden los derechos LGTB o que luchan contra la propagación del VIH. La ley también establece penas de prisión para quienes prosigan con la labor de las organizaciones que no hayan obtenido la autorización gubernamental. Las asociaciones LGTB temen convertirse en el principal objetivo de la nueva normativa, mientras pende sobre el colectivo la amenaza de una nueva ley que endurecerá el trato penal de la homosexualidad, tras la finalmente infructuosa aprobación de la anterior, anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley había sido presentado a principios de año, y finalmente ha sido aprobado el pasado 26 de noviembre con el voto unánime del Parlamento. Todas las ONG o asociaciones comunitarias deberán obtener permiso para constituirse, que podrá ser denegado por el Gobierno si decide que el grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin queda sin definir.

La ley también otorga poder a la administración para disolver ONG existentes, si se estima que son contrarias a ese “interés público” indefinido o son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Los dirigentes o miembros de las ONG que no hayan obtenido autorización o hayan sido disueltas podrán ser castigados con penas de prisión si continúan con su labor.

Según Ruth Nankabirwa, jefa del grupo parlamentario del partido gubernamental, el objetivo de la nueva ley es “ayudar a que las ONG trabajen en un entorno mejor, ya que, como gobierno, apreciamos el trabajo que hacen estas organizaciones. El proyecto de ley capacita a las ONG en lugar de restringir sus actividades“.

Los miembros de las ONG y asociaciones comunitarias, sin embargo, expresan su más honda preocupación, temiendo que la ley se utilice para censurar a organizaciones que denuncien problemas como la corrupción o la pobreza. Para Human Rights Watch, “la vaguedad e imprecisión del texto hace vulnerables a las ONG y las incitará a la autocensura por temor a no cumplir con los requisitos”. Nicholas Opiyo, director de la organización de defensa de las libertades civiles Chapter Four, estima que la aprobación de la ley “ataca el corazón mismo de la formación de organizaciones cívicas, restringe el espacio cívico y el derecho de asociación”. Para Peter Kamalingin, director de la ONG Oxfam Uganda, la nueva ley “socava la causa misma por la que existimos y la causa misma por la que seguimos comprometidos, en cuanto a la superación de la injusticia y la pobreza”.

Quienes están particularmente preocupados con su aplicación son los miembros de ONG y asociaciones de defensa de los derechos LGTB o de lucha contra la propagación del VIH, que temen ser su principal objetivo. Kikonyogo Kivumbi, representante de las minorías sexuales de Uganda que están en alto riesgo de contraer VIH, advertía durante el proceso de aprobación que “el proyecto de ley hará que las organizaciones LGBTI y de trabajadores del sexo vean cerrados sus centros y que sus dirigentes sean encarcelados. Esto pone en peligro no solo a ellos y a sus comunidades, sino a la población de Uganda en general”.

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

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