La Resistencia es uno de los grupos de ultraderecha que ataca a organizaciones de derechos humanos, feministas y periodistas. Por qué continuan impunes.

Fuente Agencia presentes

Verónica Ferrari

Junto a “Los Combatientes” y “La Insurgencia”, la Resistencia formó el autodenominado “Frente Popular Democrático”, una agrupación de corte fascista (algunos de sus integrantes han adoptado incluso el saludo fascista) para oponerse al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Estos grupos fueron quienes intentaron llegar al Palacio de Gobierno el 6 de junio de 2021, antes la asunción de Castillo. Alineados con el Fujimorismo, a pesar que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori negó tener vinculación con ellos, realizan acciones aún impunes.

“Este grupo se encubre en un uso indebido de la libertad de expresión”, explica a Presentes la abogada de derechos humanos María Ysabel Cedano. “La Policía, el Ministerio Público, los Juzgados Penales de turno deberían accionar porque hay delito de acoso, difamación, alteración de la tranquilidad pública. Estos son delitos contra la integridad, la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Pero para el Estado, la ley y sus instituciones ellos son una organización que ejerce su derecho a la libertad de expresión”.

Antecedentes

Según una investigación del portal Ojo Público, el antecedente más antiguo fue el protagonizado por el exmilitar Pedro Rejas Tataje, cercano al expresidente Alberto Fujimori. En 2007 Rejas Tajate ingresó por la fuerza a Palacio de Justicia con un grupo de Carapintadas.

En 2012, la exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, sufrió un ataque televisado en donde la escupieron. Ella es una de los tantos políticos, líderes, periodistas y activistas que han sido acosados por La Resistencia y sus ramificaciones. Autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Salas Arena han sido blanco de sus ataques, con contínuos plantones en la puerta de su casa. También han vandalizado eventos de organizaciones de derechos humanos, como la irrupción en un evento de Amnistía Internacional, en mayo del año pasado. Allí se iba a presentar un informe sobre las violencias en el marco de las protestas contra la asunción del gobierno de Dina Boluarte. Boluarte reemplazó a Castillo tras los intentos destituyentes del Congreso y el intento de autogolpe.

Tampoco han dudado en atacar espacios infantiles, como la feria para recaudar fondos que realizó la Biblioteca Miguelina Acosta, el primer antecedente de ataque a menores de edad, en mayo de 2022. También atacaron a periodistas como Gustavo Gorriti o Rosa María Palacios, yendo a sus casas y a sus lugares de trabajo.

Contra la memoria

La escultura El ojo que llora, situado en La Alameda de la Memoria, ha sido uno de sus puntos predilectos de ataque. Actualmente, y con el apoyo del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, buscan demoler la efigie que simboliza a todas las víctimas del conflicto armado interno y que es Patrimonio Cultural de la Nación.

Gisela Ortiz, vocera de los familiares de víctimas de la Masacre de la Cantuta (1992) presenció varios de estos ataques al Ojo que Llora. Señala que agrupaciones como La Resistencia tienen detrás personas y organizaciones poderosas que los protegen. Por eso no tienen temor por las denuncias.

“Hay una ‘incapacidad’ para identificar quiénes son los que operan por detrás de los que hacen el trabajo sucio. No sabemos quiénes los financian, a quiénes obedecen. Detrás de ellos hay partidos políticos pero también jefes policiales que los están protegiendo. Por eso es que en flagrancia no detienen a nadie”, dijo a Presntes.

Otro blanco de ataques fue la exposición “De qué color son tus muertos”, una muestra fotográfica sobre la masacre a 49 manifestantes por parte de la las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. que las Fuerzas Armadas asesinaron a 49 manifestantes que protestaban contra el régimen de Dina Boluarte. Las dos veces que se realizó la muestra, fueron atacados por La Resistencia.

“Había como ocho personas de La Resistencia dentro de la casa que habíamos alquilado para el evento. Las empezamos a arrear hacia afuera. Pero esta gente comenzó a invadir el estacionamiento golpeando los vidrios de la puerta, nos pusieron un parlante, estuvieron una hora y media así”, cuenta a Presentes Mario Colán, fotógrafo de la muestra.

Sus banderas son antidemocráticas, pues no permiten el disenso ni el diálogo. Atacan a todo aquel que piense diferente a ellos. Defienden los crímenes cometidos en tiempos de Alberto Fujimori. Y son antigénero, ya que se oponen al enfoque de género en el currículo acompañando campañas de desinformación como “Con mis hijos no te metas”.

Las denuncias judiciales

María Ysabel Cedano representa a las víctimas de esterilizaciones forzadas (miles de mujeres andinas durante el régimen de Fujimori) y fue testigo de varios ataques. El 28 de septiembre de 2021 la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas realizó un plantón pacífico frente al Poder Judicial e integrantes de la Resistencia las atacaron.

«Ellas estaban ejerciendo sus libertades políticas de expresión. Hicieron la denuncia, la congresista Ruth Luque las acompañó, el Ministerio de la Mujer también, incluso identificaron al agresor, pero no lograron que la investigación prospere”, dijo a Presentes.

El agresor de estas mujeres fue Ricardo Alvarado Arias, miembro de una de las ramas de La Resistencia denominada Los Insurgentes, y quien cuenta con múltiples denuncias de agresión. A pesar de ello, sigue libre.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron en 2023 una denuncia contra La Resistencia y sus derivados ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado. Definieron a La Resistencia como «una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar su libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”.El Ministerio Público investigó al colectivo pero esas 11 denuncias de acoso fueron archivadas.

«Por más que uno los denuncie ante la comisaría no hay una investigación que avance, que te identifique a los responsables cuyos nombres son públicos, cuyas caras ya se conocen, porque es gente identificada no solo por medios de comunicación, sino por diversas denuncias públicas que salen”, dijo Gisela Ortiz.

En febrero de 2024, Juan José Muñico Gonzales, alias Jota Maelo, líder de La Resistencia, fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del Instituto de Defensa Legal. Luego, la jueza dispuso que la pena se transforme en 70 jornadas de servicio comunitario.

Complicidad del Estado

La abogada Cedano señala que hay varios factores que permiten el accionar impune de La Resistencia: su vínculo con el Fujimorismo; con el partido político Renovación Popular, con altos mandos de la PNP y del Gobierno:

“Actúan así porque la ley y las instituciones no se les aplica. A pesar de que son una organización criminal que anuncia la comisión de sus delitos. La Fiscalía de Prevención del Delito, las Fiscalías Penales y la PNP no actúan. No son casos de desidia o negligencia, sino que son una organización protegida. Son una versión propia para este contexto del Grupo Colina o del Comando Rodrigo Franco (grupos paramilitares de los gobiernos de Fujimori en los 90 y García en los 80). Básicamente atentan contra la integridad, la salud emocional y mental e instalan el miedo y el terror», dice Cedano a Presentes.

A pesar de saber de su accionar, instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura se han reunido con estos grupos señalando que “todos deben ser escuchados en democracia”.

«Sirven a los objetivos de partidos políticos y al Estado, atacando a instituciones y personas que les son incómodas y que ponen en riesgo la corrupción y la violación de derechos humanos que obran en este país”, agregó Cedano.

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Nosotros añadimos esta imagen para que se conozca a estos fascistas:

De izquierda a derecha: Ricardo Alvarado, José Luis García, Flor de los Milagros Contreras, Roger Ayachi y Álvaro Subiria, miembros de ‘La Resistencia‘ o ‘La Insurgencia‘. (Foto: Twitter)

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El profesor aventaja en 84.000 votos a Fujimori con el 98% escrutado

Ni aliado ni enemigo. Se avizoran cinco años de lucha para el movimiento LGTBI que ya ha llamado a marchar de forma presencial este sábado 26 de junio bajo la consigna “Nuestro Orgullo no está en cuarentena”.

Fuente Agencia Presentes

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Gentuza de este tipo es la que alimenta a los homófobos que luego matan, apalean, discriminan…

Rodolfo González, pastor del Movimiento Misionero Mundial, una denominación pentecostal ha llamado a matar ateos y homosexuales en su sermón dominical.

“Los homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos, porque no son obra de dios. Si encuentran a dos mujeres haciendo sexo, maten a las dos, y si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal, mátenla a ella y maten al animal (…) en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús y en la sangre de Cristo”. afirmó el prelado cristiano.

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Magnífica noticia la que nos llega desde Perú, un país que desde este 6 de enero incluye como agravante en su Código Penal el que un delito se cometa por razones de orientación sexual o identidad de género, y prohíbe de forma expresa la discriminación por esta materia. Ha tenido que ser, eso sí, a través de un decreto legislativo emitido por el Gobierno peruano, que cuenta con amplias prerrogativas para emitir decretos con rango de ley. 

Las novedades se incluyen en el Decreto Legislativo 1323, publicado este viernes por el diario oficial El Peruano, cuyo objetivo es fortalecer “la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género”. En concreto, merece la pena destacar la reforma de dos artículos del Código Penal:

• El artículo 46, que se refiere a las circunstancias de atenuación y agravación, incluirá ahora como agravante “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole”.  Hasta ahora, el Código Penal peruano solo reconocía como agravante “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole”, sin específicar casuísticas.
• El artículo 323, referido a la discriminación e incitación a la discriminación, queda ahora redactado en los siguientes términos: “El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36”.

Esto, en concreto, significa que —desdeel psado sábado 7 de enero— se considerará como circunstancia agravante si el delito es motivado por la intolerancia o discriminación hacia la comunidad LGTB.Hasta hoy el Código Penal era bastante general respecto a las agravantes por intolerancia o discriminación, dejando a interpretación de jueces y fiscales la protección de la orientación sexual y la identidad de género.  Como explica Bruno Fernández De Córdova Jauregui para Sin Etiquetas, estas modificaciones harán que los crímenes de odio sean identificados como tales y sancionados con mayor severidad.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, más favorable a los derechos LGTB

Qué duda cabe que el reconocimiento expreso como motivo prohibido de discriminación de la orientación sexual y de la identidad de género es una buena noticia en un país como Perú, sensiblemente retrasado por lo que al reconocimiento jurídico de los derechos LGTB se refiere respecto a países de su entorno, como Colombia o Ecuador. En este sentido, el cambio de gobierno operado en 2016, año en que Pedro Pablo Kuczinski ganó las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori en la segunda vuelta y se convirtió en el sucesor de Ollanta Humala puede considerarse relativamente positivo. Durante el periodo de gobierno de Humala, y pese a las promesas, no se produjo prácticamente ningún avance, ni en el terreno legislativo ni en el ejecutivo. En 2013 recogímos, por ejemplo, como el Congreso de Perú votó a favor de excluir la orientación sexual y la identidad de género de la ley contra crímenes por discriminación (“crímenes de odio”). Un año más tarde, el gobierno de Humala decidía también excluir toda mención a las personas LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016.

No es que Kuczyniski, un político de corte liberal, destaque especialmente como abanderado de los derechos LGTB. Es muy posible que por lo que se refiere a esta materia hubiese sido mejor una victoria de Verónika Mendoza, la candidata del Frente Amplio, coalición de izquierdas que quedó en tercer lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y que sí se había posicionado de forma muy clara en favor de la igualdad jurídica de las personas LGTB. Pero pocos dudan de que bastante peor hubiese resultado para la comunidad LGTB una victoria de Keiko Fujimori, que no dudó en comprometerse expresamente con la comunidad evangélica a oponerse a cualquier tipo de regulación de las uniones entre personas del mismo sexo pese a que en el pasado se había mostrado favorable a una unión limitada a aspectos patrimoniales. Un dato muy importante a tener en cuenta es que Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, cuenta además entre sus filas con dos diputados abiertamente gais: Carlos Bruce y Alberto de Belaunde.

Otro antecedente significativo, aunque fuese solo por su simbolismo, es el hecho de Kuczyniski, pocos días antes de tomar posesión, publicase un tuit con motivo de la celebración del Orgullo LGTB. “Trabajemos por un país donde tengamos la libertad de ser felices. #LoveIsLove”, escribía entonces. Más significativo resulta el hecho de que el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, que debe quedar listo a lo largo de 2017, sí incluirá está vez, según confirmaba hace pocos días la ministra peruana de Justicia, Marisol Pérez Tello, a la comunidad LGTB. Esperemos que así sea.

Más complicado resultará asistir a avances a nivel legislativo, dada la mayoría con la que cuentan en el Congreso peruano los fujimoristas de Fuerza Popular (72 de 130 escaños). El Frente Amplio cuenta con 20 diputados, mientras que Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, cuenta con 17. En este sentido, cabe destacar que en diciembre de 2016 los ya mencionados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que pese a los diversos intentos en anteriores legislaturas nunca ha podido ser aprobado. Veremos qué sucede…

De todas formas, como afirma Diego pereira en Perú 21 aunque “estamos a un paso de hacer historia… el decreto legislativo aún deberá pasar por la revisión del Congreso de la República. Esto está establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso: Por supuesto, hay reglas. La comisión que reciba este decreto deberá presentar un dictamen al respecto en 10 días o menos y el resultado tendrá tres posibilidades: Le da el visto bueno, recomienda su derogación o recomienda su modificación. Eso significa que, si se considera que el decreto va en contra de la Constitución y/o excede el marco de delegación de facultades, puede ser modificado en parte o en su totalidad.”

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Esperemos que sea contundentemente derrotada… para que los derechos LGTBI sean respetados y rabien evangélicos y católicos fundamentalistas

La candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori expresó este martes su oposición hacia la unión civil de los homosexuales cuando meses antes, en camapaña, manifestó que los apoyaba.

Durante una reunión en Lima, con miembros de iglesias evangélicas, la candidata que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 5 de junio contra Pedro Pablo Kuczynski, dijo también estar en contra de la adopción de niños por parejas homosexuales.

Dichas afirmaciones contradicen su previo apoyo a la unión civil entre homosexuales. Meses atrás, en una conferencia en la Universidad de Harvard, la candidata se mostró entusiasta con la unión de dos personas de un mismo sexo.

Con relación al aborto, Fujimori señaló en ese momento que estaría de acuerdo con que una mujer abortara, si es que su vida peligra.

“Queda claro que no estoy a favor de la unión civil ni de la adopción de niños por parejas homosexuales y estoy en contra del aborto. Firmé este documento porque estoy de acuerdo con lo que se me ha planteado”, manifestó la candidata.

Lo dijo en un contexto en el que matizó posiciones duras de su padre y de la corriente fujimorista sobre temas como los derechos humanos y los aspectos más duros del gobierno de su progenitor (1990-2000).

Fuente Telesur, vía SentidoG

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Foto de Renzo Salazar (Sin Etiquetas)

A causa de los ataques, varios activistas resultaron heridos, entre ellos, una periodista de un medio LGTB peruano que intentaba ayudar a uno de los manifestantes.

Chorros de agua, empujones, golpes… Fue la agresiva respuesta policial a la besada que activistas LGTB habían convocado un año más en la Plaza de Armas de Lima, en Perú. Una periodista resultó incluso herida en la cara al intentar ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. Una violencia policial que representa bien la situación que vive el país andino, cuya comunidad LGTB ha pasado en pocos años de la esperanza al desencanto.

Cada mes de febrero, activistas LGTB de la capital peruana acuden a besarse públicamente en la histórica Plaza de Armas para conmemorar el aniversario de la brutal intervención policial que en 2011 tuvo lugar para dispersar la primera acción “Besos contra la Homofobia”. El hecho, que mereció la condena internacional y forzó a las autoridades a pedir disculpas, supuso un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos LGTB en el Perú. Es por eso que el 12 de febrero se considera desde entonces en Perú el Día de la Dignidad LGBT. En 2012 fue conmemorado de forma pacífica, pero en años posteriores volvieron a reproducirse los incidentes. Este 2016 la violencia policial incluso se ha recrudecido, como muestra la agresión sufrida por la periodista Fiorella Gil Mena, de la web Sin Etiquetas, cuando simplemente intentaba ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. “Salgan de aquí que les  va a ir peor”, fue lo que escuchó la periodista mientras recibía el golpe que le partió la ceja (aquí su crónica de la jornada).

Al igual que en años anteriores, las crónicas insisten en que la Plaza de Armas, como parte del centro histórico de Lima, es una zona restringida en la que no se pueden celebrar manifestaciones. Una ordenanza que sin embargo hace ya diez años que fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional. Los activistas LGTB, en cualquier caso, resaltan que la acción consiste simplemente en darse besos… algo que ninguna ordenanza prohíbe en el caso de las parejas heterosexuales que acuden a la simbólica plaza, flanqueada por las sedes del poder local (Ayuntamiento), nacional (Palacio de Gobierno) y religioso (catedral y arzobispado). Por otra parte, no está de más recordar que en 2013 (año en el que también recogimos el evento) los accesos a la plaza fueron bloqueados a los activistas LGTB (utilizando chorros de agua e incluso gases) mientras que se dejó acceder sin problemas a los integrantes de agrupaciones católicas fundamentalistas, que portando pancartas se apostaron frente a la catedral para “defenderla” frente al supuesto agravio que significaba que parejas del mismo sexo se besasen cerca.

Insertamos a continuación un vídeo que muestra algunas imágenes de lo sucedido este sábado:

Perú, una situación empantanada

De una forma quizá descarnada, lo cierto es que la violencia policial del sábado no es más que una nueva muestra del retraso que Perú acumula ya en materia de derechos LGTB respecto a sus vecinos, más aventajados. Es el caso de Ecuador, que pese a sus insuficiencias dispone por ejemplo de una unión civil abierta a personas del mismo sexo reconocida constitucionalmente. O de Colombia, que gracias a las sentencias de su Corte Constitucional, considera las parejas del mismo sexo como familia, reconoce ya la homoparentalidad e incluso podría disponer en breve de matrimonio igualitario.

En Perú, sin embargo, y pese a que hace ahora un año hacíamos alusión a lo que parecía la reactivación del debate sobre un posible (aunque limitado) reconocimiento de las parejas del mismo sexo, lo cierto es que la situación quedó empantanada. Todos los ojos están ahora puestos en lo que suceda el 10 de abril, cuando se elija un nuevo presidente en sustitución de Ollanta Humala (cuya presidencia se ha caracterizado por el sistemático incumplimiento de las tímidas promesas que en su momento hizo en materia LGTB) y un nuevo Congreso.

Esperemos que el nuevo escenario que surja de esas elecciones permita al menos desbloquear los temas pendientes, si bien las previsiones no permiten ser muy optimistas: la principal favorita a alzarse con la presidencia a día de hoy es Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que no se caracteriza precisamente por sus posiciones proLGTB. Mejor predisposición tiene Julio Guzmán, de Todos por el Perú, a día de hoy segundo en las encuestas y que podría disputar la presidencia a Fujimori en la segunda vuelta. Aunque tanto o más importante que quién se alce con la presidencia será la composición del Congreso (para los muy interesados, en este enlace puedes acceder a las propuestas de cada formación en materia LGTB, según el análisis elaborado por el colectivo peruano No Tengo Miedo).

Fuente Dosmanzanas

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El 10 de abril la ciudadanía de Perú está llamada a participar en sus próximas Elecciones Presidenciales, una oportunidad que el activismo LGTB ha aprovechado para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de equiparar los derechos del colectivo al del resto de la población.

En los últimos años, la comunidad LGTBI del Perú ha asistido a recurrentes desestimaciones y bloqueos de los proyectos que buscaban conseguir el reconocimiento legal de las parejas homosexuales.

Por esta razón, y debido al creciente apoyo de organismos internacionales, destacadas personalidades y la ciudadanía a la equiparación de los derechos asociados a la unión civil y/o matrimonial en el país andino, en la campaña electoral a la Presidencia comienzan a debatirse las citadas demandas del colectivo.

En un contexto en el que Peruanos Por el Kambio -principal impulsor en el pasado cercano de la Unión Civil No Matrimonial- adolece de un irregular posicionamiento entre sus integrantes en lo que al asunto se refiere y la candidatura de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, está a favor de ”una unón patrimonial pero no matrimonial”, las entidades de activismo comimenzan a ejercer presión para promover un cambio de actitud en la opinción pública.

Ante la escasez -que no inexistencia- de candidaturas que aboguen por los derechos fundamentales del colectivo LGTBI, diversas entidades pro LGTB han iniciado la campaña Voto Por la Igualdad, que tiene como objetivo servir de observatorio de todas las iniciativas y declaraciones que sean vertidas en la campaña electoral que atañen -para bien o para mal- al colectivo.

Entre sus actividades también se encuentra la generación y difusión de una agenda de derechos igualitarios y la comparación de las distintas posiciones de los partidos políticos en su aproximación a la diversidad sexual y de identidad de género y acreditar su afinidad y coherencia.

Para dinamizar la viralización de sus demandas, las organizaciones implicadas en la campaña -Promsex, Empodera, No tengo miedo, Sociedad Trans FTM, Red Peruana TLGB, Cherl (Loreto), Centro Ideas (Piura), Raíz Disidencia Sexual, colectivo Matrimonio Igualitario Perú y Opi- han estrenado una pieza audiovisual en la que abordan directamente sus demandas.

Vídeo: Voto por la Igualdad – Por todas laS FamiliaS

• Infórmate de todas las actualizaciones de Voto Por la Igualdad en votoporlaigualdad.pe

Fuente: promsex.org / Redacción chueca

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Keiko Fujimori, hija del expresidente de la república peruana, Alberto Fujimori, ha afirmado que está “a favor de la unión patrimonial, pero no al matrimonio de parejas del mismo sexo”.

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