Dos hombres han sido condenados en Túnez a un año de prisión por mantener relaciones homosexuales
Dos tunecinos han sido condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. En primera instancia, la pena establecida fue del doble de tiempo, pero se redujo en la apelación. Los tribunales han considerado como prueba de cargo la negativa de ambos a someterse a un examen anal, práctica considerada como una forma de tortura y que el Gobierno tunecino se comprometió a abandonar.
Los dos hombres, ambos de 26 años de edad, fueron detenidos el pasado 3 de junio en la ciudad de Kef, situada al suroeste de la capital, después de que uno de ellos denunciara al otro por un préstamo no devuelto. Según la asociación de defensa de los derechos humanos Damj, la policía de Kef los instó a que «confesaran que eran homosexuales» mediante acoso, insultos y amenazas de cárcel. Posteriormente, ambos fueron encausados por la vulneración del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones sexuales entre varones con penas de hasta tres años de prisión.
Hassina Darraji, la abogada de los jóvenes durante el proceso de apelación, declaró a Human Rights Watch que sus defendidos le aseguraron que la policía también les instó a que se sometieran a un examen anal para probar la relación sexual. Ambos se negaron, pero esa misma negativa fue considerada como prueba en la sentencia. En primera instancia, el 6 de junio fueron condenados a dos años de prisión, una de las penas más altas en procesos de este tipo, y fueron trasladados a la cárcel de Ben Arous, donde se han dado varios casos de infección por covid-19.
A finales del mes de julio tuvo lugar la vista de su apelación, tras la que la pena fue rebajada a un año de prisión. Sin embargo, el tribunal volvió a estimar la negativa a someterse al examen anal como una prueba de cargo. Para Human Rights Watch, esta condena supone «una violación del derecho a la intimidad y a la no discriminación consagrado en la Constitución de Túnez de 2014». Rasha Younes, una de sus investigadoras, señala que «mientras que otros países y organismos internacionales elogian a Túnez por sus logros en materia de derechos humanos, la penalización y el enjuiciamiento de la conducta homosexual revela una realidad diferente». El Colectivo Civil para las Libertades Individuales, que reúne a más de 40 asociaciones de defensa de los derechos civiles, asegura que en 2019 se llevaron a cabo en Túnez cerca de 120 procesos por homosexualidad.
En cuanto a los exámenes anales forzados, en 2017, durante la audiencia del Examen Periódico Universal de Túnez en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la delegación tunecina Túnez aceptó oficialmente la recomendación de acabar con esa práctica como método para «demostrar la homosexualidad» en los procesos penales. Pero el abandono no sería absoluto, pues, tal y como declaró el representante tunecino: «Los exámenes médicos se llevarán a cabo únicamente con el consentimiento de la persona y en presencia de un experto médico».
Según Human Rights Watch, este enfoque particular de las autoridades tunecinas no reconoce que el consentimiento se ve seriamente afectado, dado que los tribunales de primera instancia pueden inferir la culpabilidad a partir de la negativa a someterse al examen. Además, la evidencia científica asegura que los exámenes anales no tienen ningún valor probatorio para demostrar la homosexualidad. Esas pruebas invasivas, cuando se realizan por la fuerza, son intrusivas y constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, que viola el derecho internacional y la ética médica. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que, cuando los exámenes anales son auspiciados por el Estado, constituyen una forma de tortura.
La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos
La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».
Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses.
En febrero de 2019, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.
En marzo del pasado 2018 de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.
Munir Baatur, abogado y activista LGBTI en Túnez, 48 años, se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de un país que mantiene en vigor una ley que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el presidente de la organización Shams.
En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.
Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays
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