Goodluck Jonathan, el expresidente de Nigeria tristemente conocido por firmar la ley que agrava el tratamiento penal de la homosexualidad, ha abierto la posibilidad de un cambio en esta legislación represiva. El mandatario supedita esta modificación a la evolución de las mentalidades de la sociedad africana.

La ley nigeriana castiga con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte por lapidación (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica) por el delito de sodomía, es decir, por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La reforma que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad contempla penas de 10 años de prisión por la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo, así como la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Tras su paso por la Cámara de Representantes y el Senado, el entonces presidente Goodluck Jonathan sancionaba con su firma en enero de 2014 la normativa homófoba. Su portavoz afirmaba, después de confirmar la ratificación, que “la ley está en línea con nuestras creencias culturales y religiosas como pueblo. Creo que esta ley está hecha para el pueblo y que lo que ha hecho el gobierno es consistente con lo que prefiere su entorno”.

Sin embargo, un año después de su salida de la presidencia, Jonathan muestra una postura más tolerante con la realidad LGTB. Durante su intervención en un foro en Londres el lunes pasado, el expresidente apeló a la igualdad de derechos de todos los nigerianos y abrió la puerta a una reforma legal despenalizadora: “La nación podría en su debido momento revisar la ley a la luz de los crecientes debates”, en Nigeria y el resto del mundo, sobre “la igualdad de trato y la no discriminación”. Eso sí, teniendo en cuenta que “el asunto de la orientación sexual aún está en desarrollo”.

A falta de ver si alguien en Nigeria toma nota de las palabras del exmandatario, hay que felicitarse al menos de que Jonathan utilice conceptos que no estamos acostumbrados a escuchar de un gobernante africano. Esperemos que discursos como este vayan calando en un país en el que, por desgracia, la homofobia social y de Estado está a la orden del día y tiene terribles consecuencias.

Nigeria: violencia social y de Estado

La homosexualidad es ilegal en Nigeria según los artículos 214 y 217 de su Código Penal y puede tener penas de hasta 14 años de cárcel.

La ley nigeriana castiga con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte por lapidación (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica) por el delito de sodomía, es decir, por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Pero desde la promulgación de una ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. La reforma contempla penas de 10 años de prisión por la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo, así como la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El juez John Bowers, de la Alta Corte de Justicia, ha denegado la condición de refugiada en el Reino Unido a Aderonke Apata, una activista LGTB oriunda de Nigeria. Según la controvertida versión del juez, la activista nigeriana se habría involucrado “en relaciones del mismo sexo con el fin de fabricar una solicitud de asilo basada en la sexualidad lésbica”. Sin embargo, el magistrado ignora en su auto el temor fundado de Apata: regresar a su país de origen después de haberse declarado públicamente como lesbiana en el Reino Unido puede suponerle la persecución legal y colectiva, en una sociedad (la nigeriana) profundamente homófoba.

Si la deportación de la activista LGTB nigeriana Aderonke Apata se hace efectiva por parte del Reino Unido, su suerte puede resultar fatal. Y es que si el auto de John Bowers, juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, acaba traduciéndose en la devolución de Apata a Nigeria, a la activista no le sobran motivos para temer por sus derechos, por su integridad física o incluso por su propia vida. En 2014, Nigeria dio luz verde a una ley que agrava el tratamiento penal para cualquier aspecto relacionado con la homosexualidad y que castiga con penas de hasta 14 años, por ejemplo, a los participantes de una unión homosexual. Desde entonces, se han incrementado los ataques de la población civil contra las personas LGTB. La irresponsable utilización de discursos anti LGTB por parte de las autoridades religiosas y políticas de Nigeria no hace más que alimentar el odio homófobo entre la sociedad y los improvisados “juicios populares”, a menudo manchados de sangre y violencia extrema (y que suelen quedar impunes).

El juez Bowers comparte en buena medida el no menos polémico dictamen del Ministerio del Interior del Reino Unido, según el cual, supuestamente, la activista nigeriana habría modificado sus hábitos públicos, adoptando otras costumbres, vestimenta y las costumbres de “un determinado grupo social” (las lesbianas), como una manera de obtener el estatuto de refugiada. Incluso se ha cuestionado la veracidad de su sexualidad por el hecho de ser madre (a pesar de haber presentado al tribunal en verano un DVD que contenía vídeos y fotografías de carácter privado, que apoyaría su petición). Especialmente preocupantes resultaron las declaraciones del abogado del Ministerio del Interior, según el cual “uno no puede ser heterosexual un día y homosexual al otro”. Unas palabras, por cierto, recogidas en la campaña iniciada en apoyo a Aderonke Apata y que en el momento de redactar esta noticia sumaba más de 64.000 firmas.

La recogida de firmas no es, en cualquier caso, la única muestra de solidaridad con la denostada activista nigeriana, ya que otros activistas LGTB han creado también un blog o una cuenta de Twitter, entre otras acciones. Todo ello se suma a las firmas de apoyo presentadas ante el juez y que este no ha tenido en consideración a la hora de firmar su auto. Para Peter Tatchell, activista por los derechos humanos, Aderonke Apata “ha sido identificada públicamente en el Reino Unido y en Nigeria como una mujer lesbiana o bisexual. Estas mujeres se enfrentan a la doble amenaza de la persecución legal y la violencia colectiva en Nigeria”.

En Cristianos Gays nos hemos hecho eco de la escalada de violencia homófoba del estado africano y de la violación de derechos humanos por parte de sus autoridades judiciales, políticas y administrativas. La última noticia que recogimos ocurrió a principios de este año, cuando la policía islámica de Kato (una ciudad al norte de Nigeria) detenía a doce personas acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos, sin embargo, negaron los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños.

Anteriormente, en enero de 2014 una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Por cierto que la Iglesia Anglicana Nigeriana obligaba a abjurar de ser gay o bisexual, mientras el líder de los anglicanos Justin Welby protestaba ante los gobiernos de Nigeria y Uganda por sus políticas homófobas y el Papa recibía al homófobo presidente de Nigeria…

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La policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, ha comunicado la detención de doce personas, acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos, sin embargo, niegan los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños. La ley vigente en Nigeria, promulgada a principios del año pasado por el presidente Goodluck Jonathan, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual.

La policía islámica, o Hisbah, es quien vela en los territorios del norte de Nigeria, donde rige la sharia (o ley islámica), el cumplimiento de sus preceptos. Su jefe en la ciudad de Kato, Aminu Daurawa, comunicaba a los medios de comunicación la detención de doce hombres por participar en lo que sospechan que era una “boda gay”. Según Daurawa, fuentes de la investigación habían detectado días atrás que los supuestos novios habían invitado a un grupo de amigos para celebrar su unión bajo el pretexto de una fiesta de cumpleaños.

Las fuerzas de la Hisbah irrumpieron en la fiesta, donde se encontraban catorce personas, a quienes describieron como “de aspecto y comportamiento afeminado”, lo que provocó su detención inmediata. Los supuestos contrayentes eran Faruk Maiduguri, de 20 años de edad y a quien las responsables policiales identifican como “novio”, y Abba Mohammed, de 25 años, a quien identifican como “novia”. Faruk, entre lágrimas, repetía a los agentes que se trataba tan solo de su fiesta de cumpleaños y no de una boda homosexual.

Según el informe policial, dos de los presentes lograron huir, por lo que el total de los detenidos asciende a doce personas. El jefe Daurawa afirma que la intervención de sus fuerzas impidió que los invitados fueran linchados por una horda de vecinos, que habían tenido conocimiento de la celebración del enlace.

Aunque aún no se conocen los cargos definitivos de los que serán acusados, las familias de los jóvenes han sido convocadas. La sharia, vigente en esa zona del país, puede llegar a castigar las relaciones homosexuales con la pena de muerte, aunque son más habituales las penas de prisión y los fuertes castigos físicos. La ley aprobada el pasado año, que rige en todo el territorio nigeriano, establece que “las personas implicadas en la formalización de un contrato de matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo cometen un delito y podrán ser condenadas a una pena de 14 años de prisión”.

Desde su exilio en Londres, donde vive refugiado por temer por su vida de permanecer en Nigeria, el activista LGTB Davis Mac-Iyalla mostraba su indignación por estas detenciones. “La policía de Nigeria y el gobierno no tienen derecho a invadir la privacidad de las personas”, afirmaba con contundencia. “La prensa va a etiquetar esto como una boda para que se vea como un crimen y un tabú”, proseguía, añadiendo que “es una vergüenza que las autoridades nigerianas no sean capaces de combatir a los terroristas de Boko Haram, que sacrifican a los ciudadanos, pero que sí estén siempre dispuestas a perseguir a los gais… (…) Me enfurece que las autoridades de mi país de nacimiento no tengan ninguna clase de respeto por los derechos humanos. Esto también incluye a los principales líderes religiosos de Nigeria”.

Violencia social y de estado

Desde la promulgación de la ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad en Nigeria, no cesan de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. En dosmanzanas hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Actuaciones de este tipo han provocado que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicita su derogación y propone que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

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