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Solicitantes de asilo LGBT deportados ilegalmente por el Reino Unido ‘violados en grupo’ en Uganda

Jueves, 1 de agosto de 2019
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171103-Woodruff-Ugandan-lesbian-refugee-hero__bm5tlrUna mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresará al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La joven de 26 años llegó al Reino Unido en 2011 y presentó una solicitud de asilo sobre la base de su sexualidad. Su solicitud fue rechazada en 2013 y fue deportada rápidamente bajo el sistema de detención acelerada del Ministerio del Interior, que se cerró en 2015 después de que el Tribunal Supremo dictaminara que era “estructuralmente injusto”.

Tras una apelación, un juez dictaminó que la PN debía ser devuelta al Reino Unido, ya que las dos semanas que se le habían concedido en el marco del sistema de vía rápida para luchar contra su caso no eran suficientes. El gobierno está apelando la decisión.

En los seis años que ha pasado en Uganda, PN ha dado a luz a un niño que, según ella, es el resultado de una violenta violación en grupo. “Una noche estaba durmiendo, la gente vino, golpearon la puerta, robaron todo y me violaron. Estaba sola en la habitación”, le dijo a The Independent. “No pude decírselo a la policía porque no quiero que sepan quién soy.”

Después de huir de su casa y mudarse a un nuevo lugar, PN le pidió a un médico que interrumpiera su embarazo, pero se le dijo que podría perder la vida durante el procedimiento.

PN dijo que tenía 17 años cuando huyó por primera vez al Reino Unido después de que su abuela fuera asesinada a causa de su sexualidad. “Me quedaba con mi abuela y la gente conocía mi sexualidad, así que me hacían daño a mí y a la chica con la que estaba. Luego le quitaron la vida a mi abuela porque me conocían”, dijo. “Murió a causa de mi sexualidad. Me buscaban y yo me escapé y encontraron a mi abuela allí en nuestra casa, cuando regresé mi abuela estaba acostada, muerta”.

corrective-rapeDesde que regresó a Uganda, PN dijo que ha quedado aterrorizada de que la misma gente la encuentre. Durante su estancia en Uganda ha sido apoyada financieramente por el grupo Movement for Justice, con sede en el Reino Unido, y emocionalmente por la organización benéfica Sexual Minorities Uganda.

Karen Doyle, organizadora nacional del Movimiento por la Justicia, dijo a The Independent que el sistema de vía rápida que vio a PN deportado es un “escándalo a la par de Windrush. “Miles de solicitantes de asilo que fueron sometidos a un proceso injusto y que ahora mismo podrían estar viviendo con miedo, encarcelados o asesinados”, dijo Doyle.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Protesters-outside-Uganda-009-460x214Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Manchester rechaza asilo a refugiado de Uganda porque no puede demostrar que es gay

Miércoles, 15 de marzo de 2017
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abbey-kyeyuneAbbey Kyeyune es un refugiado de Uganda que había pedido asilo en el Reino Unido por ser homosexual, que se castiga con cadena perpetua en su país de origen, pero ahora se enfrenta a la deportación después de que no haya podido demostrar cuál es su orientación sexual. 

Abbey Kyeyune vive en Manchester desde 2014, cuando solicitara asilo tras huir de Uganda, su país de origen. Su familia se pone violenta con él tras descubrir que está manteniendo una relación homosexual y huye del país al emitirse una orden de detención en su contra. Posteriormente descubriría que habían detenido a su pareja y ahora es el quien se enfrenta a la deportación, este lunes, 13 de enero, al no haber demostrado suficientemente que es homosexual, según las autoridades de Manchester.

Detenido actualmente en Campsfield House, Kyeyune sostiene que no puede volver con su familia en Kampala, porque está convencido de que le matarán, ni tiene amigos que puedan acogerle en Uganda. «He sido muy feliz en Manchester. Tengo muchos amigos aquí y he ido mucho a la iglesia», declara Kyeyune. Un jugador de futbol, Andrew Nagbe, se enfrentaba a la misma amenaza de demostrar su homosexualidad cuando varios agentes de inmigración los detenían en el Orgullo de Estocolmo, teniendo que demostrar su homosexualidad si quería evitar su deportación a Liberia.

El Ministerio de Interior del Reino Unido publicaba recientemente una guía sobre las solicitudes de asilo de personas del colectivo LGBT prohibiendo preguntas «detalladas sobre prácticas sexuales» o solicitudes de «pruebas sexualmente explicitas», antes de que algunos funcionarios hubieran llegado a la errónea conclusión de que una mujer no podría ser lesbiana si tenía hijos o que un hombre bisexual se sintiera coaccionado a presentar fotografías íntimas para contribuir a la aprobación de su caso. El Ministerio del Interior habría sido fuertemente criticado al sugerir que los hombres gays que eran deportados a países como Afganistán, podrían vivir seguros si «fingían ser heterosexuales». La entrevista de Kyeyune en el Ministerio del Interior tuvo lugar antes de que esta guía entrara en vigor.

«Cuando empezó a asistir a las reuniones, estaba un poco callado y sumiso. Creo que, por la forma en que lo habían tratado en su casa, le resultaba difícil superar el choque de tener que huir. Pero creo que simplemente necesitaba conocer gente como él. Y tuve la sensación de que realmente estaba llegando a un acuerdo con la situación, y disfrutar de ser un hombre gay entre otros hombres gay», explica Philip Jones, que dirige un grupo de apoyo a refugiados del colectivo LGBT que han pedido asilo en Manchester, que había iniciado una campaña en favor de Kyeyune y sostiene que tiene una amplia red de personas que le apoyan.

«Los solicitantes de asilo LGBT se encuentran en la imposible posición de tratar de ‘probar’ su sexualidad (…). Pídale a cualquier persona LGBT nacida en el Reino Unido que recuerde los nombres de todas las personas con las que se ha acostado y las fechas, describa exactamente el proceso de darse cuenta de que usted es LGBT… es una prueba de responsabilidad que nadie puede afrontar, menos todavía si sufres un trauma severo y abusos debido a tu sexualidad. La verdad es que, especialmente después de Brexit, el objetivo parece ser la disminución de los números de inmigración. Eso significa deportar tantas personas como sea posible tan pronto como sea posible. Los encargados de la toma de decisiones ven su trabajo no como ayudar a alguien a contar una historia difícil, sino conseguir que esa persona se vuelva, encontrar los errores, ponerlos ansiosos y, finalmente, decir que no», declara Karen Doyle, portavoz de Movement for Justice, un grupo de defensa de los derechos de los refugiados.

«El Reino Unido está orgulloso de su tradición de proporcionar asilo a aquellos que lo necesitan, y cada caso se considera cuidadosamente por sus méritos individuales. Cuando la gente establece una necesidad genuina de protección o un miedo fundado en la persecución, el asilo será concedido. Si se descubre que alguien no necesita nuestra protección, esperamos que salga voluntariamente del país. Donde no lo hagan, trataremos de hacer cumplir su salida», declara un portavoz del Ministerio del Interior.

Fuente Independent, vía Universogay

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