El sacerdote argentino Justo Ilarraz, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y abusos sexuales a menores
Las víctimas lo celebran: “Al fin fuimos escuchados y se hizo justicia”
La Iglesia admite que “no supimos encontrar los caminos para dar respuestas a las víctimas”
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(C.D./Ap/Aica).- El cura argentino Justo José Ilarraz ha sido condenado este lunes a 25 años de cárcel por delitos de corrupción de menores y abusos sexuales de niños vulnerables de entre 10 y 14 años en el Seminario de Paraná. Una sentencia que las víctimas del sacerdotes han aplaudido, celebrando que “al fin fuimos escuchados” y “se hizo justicia”.
La sentencia, que es apelable, fue leída por la juez Alicia Vivian, presidenta del tribunal donde se desarrolló el juicio al cura en la ciudad de Paraná, situada a unos 500 kilómetros al noreste de Buenos Aires.
Los abusos fueron cometidos por Ilarraz cuando ejercía en los años 80 y 90 como prefecto de disciplina y guía espiritual en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos.
El tribunal dispuso además la prisión preventiva de Ilarraz “bajo la modalidad de arresto domiciliario” hasta que se confirme la sentencia. La fiscalía había pedido 25 años de cárcel para el cura, la máxima condena que establece el código penal para estos delitos.
Ilarraz se declaró inocente durante el juicio. En tanto, su defensa había pedido su sobreseimiento alegando que los delitos estaban prescritos y que era víctima de una “conspiración para manchar su imagen”.
Tras la sentencia Fabián Schunc, una de las víctimas del sacerdote, animó a que otras posibles víctimas de Ilarraz se presenten ante la justicia. “Este es el momento de hacer algo”, dijo Schunc en un mensaje al papa Francisco, a quien pidió “venir a intervenir la diócesis”.
Según el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, “en el transcurso del juicio también quedó claro que hay personas que sufrieron estos abusos y que no lo han denunciado a la justicia“.
Antes de conocerse la sentencia, el fiscal había explicado al canal de cable Todo Noticias que Ilarraz “se relacionaba con los seminaristas de forma muy informal, siempre con amistad y confianza, y ésa era la forma para generar un acercamiento con ellos”. Los jóvenes abusados provenían de provincias lejanas, extrañaban a sus familias y se encontraban en un estado de gran vulnerabilidad.
El fiscal recordó que en 1997 recayó sobre el cura una sanción canónica de la cual las víctimas no fueron informadas por la “levedad de la misma”. Pero al ver que Ilarraz seguía siendo sacerdote, hicieron en 2010 un reclamo a las autoridades eclesiásticas de Paraná y finalmente lo denunciaron ante la justicia.
El cura fue trasladado entonces a una parroquia de la provincia de Tucumán, en el norte del país. En 2012 medios periodísticos sacaron a luz el caso con testimonios de las víctimas, que contaron que el sacerdote cometía los abusos en su dormitorio o en el dormitorio colectivo, donde aparecía durante la noche para meterse en la cama de algún menor.
En 2017 el cura Juan Diego Escobar, quien también ejercía el sacerdocio en Entre Ríos, fue condenado a 25 años de cárcel por el abuso sexual y la corrupción de cuatro menores cuando estaba a cargo de una parroquia de una pequeña localidad.
Tras la sentencia, el arzobispado de Paraná emitió un comunicado en el que expresa dolor por no haber sabido “encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas” e invita a la comunidad a “encontrar a través de la reflexión, la oración y la acción solidaria con el prójimo, los caminos de superación de los males que nos aquejan como sociedad”.
En el mensaje, el arzobispado ratifica su confianza “en la acción y la decisión del Tribunal, en la seguridad de que en todo momento se buscó la real expresión de la verdad y la justicia”, y reitera su rechazo y repudio “a los abusos de todo tipo, especialmente hacia aquellos que tienen como víctimas a niños y adultos vulnerables, quienes deben ser protegidos de manera contundente por la Iglesia”.
Iglesia: compromiso, verdad, justicia y sanación
La reciente finalización del juicio sustanciado en Paraná por abuso de menores es una instancia de significativa importancia para todos nosotros.
El veredicto dado a conocer por el Tribunal viene a establecer, por parte de la justicia, la culpabilidad que le cabe a quien incumplió con su vocación y su promesa a Dios -en lo personal, atentando contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección, en primera instancia, y vulnerando la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad.
Ratificamos, en tal sentido, nuestra confianza en la acción y la decisión del Tribunal, en la seguridad de que en todo momento se buscó la real expresión de la verdad y la justicia.
Reiteramos, además, nuestro rechazo y nuestro repudio a los abusos de todo tipo, especialmente hacia aquellos que tienen como víctimas a niños y adultos vulnerables, quienes deben ser protegidos de manera contundente por la Iglesia, tal como lo señalara Su Santidad, el Papa Francisco, en setiembre de 2017: “Pero también hemos experimentado un llamado, que estamos seguros de que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo: acoger la misión del Evangelio para la protección de todos los menores y adultos vulnerables”.
La Iglesia en Paraná, a partir de testimonios y otros aportes, ha contribuido en todo lo que le fuera requerido por parte del Tribunal, como también lo hizo durante la etapa preliminar de instrucción de la causa.
Ya en 1995, ante la denuncia de tres hechos de abusos recibida en ese entonces, se había llevado a cabo un proceso canónico que culminó con la expulsión del sacerdote Justo José Ilarraz de la Arquidiócesis de Paraná en el año 1997. En cuanto a la condición sacerdotal del mismo, señalamos que la expulsión del estado clerical sólo puede ser impuesta por decisión exclusiva de la Santa Sede, y no de Arquidiócesis. También debe conocerse que, al tomar conocimiento de nuevas acusaciones que se sumaron a las anteriores, el Arzobispado de Paraná comenzó otro proceso canónico que está llevándose a cabo, el cual está a la espera de su resolución por parte del tribunal pertinente.
Reiteramos que, en su momento, no supimos encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas, y nunca dejaremos de sentir dolor por eso. Desde esa experiencia, hemos transitado un período de reconocimiento y de evolución que está generando cambios trascendentes en la búsqueda de la contención y la prevención. De eso da cuenta la creación de un espacio y un programa específicos, que promueven la educación y la aplicación de estrictas normas de convivencia y conducta para todos quienes participan de los ámbitos institucionales, todo lo cual puede profundizarse en el conocimiento en www.comisiondeprevencion.com.ar.
Deseamos, igualmente, ratificar y poner de relevancia el compromiso por la tarea pastoral y social que desarrollan los sacerdotes y todos los integrantes de la Arquidiócesis de Paraná. Los actos cometidos por unos pocos no pueden desacreditar ni desvalorizar la labor comunitaria y religiosa que abnegadamente desarrollan quienes hacen del sacerdocio una desinteresada ofrenda de paz y sacrificio orientada por el bien común.
En este sentido, invitamos a toda la comunidad a encontrar, a través de la reflexión, la oración y la acción solidaria con el prójimo, los caminos de superación de los males que nos aquejan como sociedad, dejando de lado las suspicacias, el encono y el prejuicio, actitudes que dañan el espíritu y alejan a las personas de la verdad y la palabra de Dios.
Mons. Juan Alberto Puiggari, arzobispo de Paraná.+
Fuente Religión Digital
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