Activistas transexuales celebran el triunfo judicial

En su sentencia, el tribunal ha considerado que la prohibición, basada en la ‘sharia’ es “degradante, opresiva e inhumana”, y que condena a las personas transexuales a “continuar viviendo en la incertidumbre, miseria e indignidad”.

Un tribunal malasio ha fallado a favor de las personas transexuales para que puedan adaptar su indumentaria a su sexo interiorizado, con lo que ha legalizado este viernes de facto la posibilidad de que los transexuales de ese país musulmán puedan vestirse con ropa femenina, declarando inconstitucional en el estado de Negeri Sembilan la aplicación de la “Sharia“ (ley islámica) para prohibir tal comportamiento. Es un veredicto histórico que revoca la prohibición existente basada en la ‘sharia’ y que podría abrir la puerta a nuevos casos.

Aunque el dictamen jurídico tan sólo se refiere al caso de tres transexuales detenidas en varias ocasiones en esa región malasia, el propio abogado de las protagonistas, Aston Paiva, lo ha calificado de “histórico”. “Ahora las víctimas que sean arrestadas en otros estados pueden ir a los tribunales para desafiar esa norma”, ha dicho.

Tras conocer la sentencia, Boris Dittish, de la ONG Human Rights Watch (HRW), ha afirmado que este rechazo a la prohibición es una “fuerte afirmación de los derechos de las personas transexuales en Malasia”. “Mediante la defensa de la Constitución ante una ley estatal discriminatoria, el tribunal está diciendo que todos los malasios pueden expresarse como las personas que quieren ser”, ha indicado Ditthish a través de un comunicado.

La decisión fue acogida con júbilo, cuando no con total entusiasmo entre los activistas de la comunidad transexual, que cuenta con miles de miembros en este país y una larga tradición. Una de ellas, Nisha Ayub -de la ONG “Justicia para las Hermanas”-, se ha felicitado en términos exultantes.

Nisha Ayub, miembro de la ONG ‘Justicia para las Hermanas’

“Éste es un caso histórico que podrá ser usado en otros estados. Me estoy volviendo loca de emoción. Hoy puedo decir sin sentirme avergonzada que todavía hay esperanza para los derechos humanos y la justicia en Malasia. Estoy muy orgullosa de ser malasia. Un día impresionante para todos los malasios que todavía creemos en justicia e igualdad para todos”, ha escrito en su página de Facebook.

El fallo proviene del caso de una mujer transexual que incumplió la sección 66 de la ‘sharia’, que prohíbe a “cualquier hombre llevar en cualquier lugar público atuendos femeninos o representar ser una mujer”. Esta normativa ha sido utilizada para arrestar a numerosos transexuales, entre ellos a 16 mujeres que celebraban una boda el pasado mes de junio.

El juez que lideraba el caso, Datuk Mohd Hishamuddin, no sólo ha recordado que la constitución está para “defender los derechos de las minorías frente a la tiranía de la mayoría” sino que ha apuntado a los informes médicos recibidos para aseverar: “los psiquiatras dicen que (las tres transexuales) son mujeres en su espíritu, atrapadas en el cuerpo de un hombre, y por esto se travisten”.

Otro tribunal de Negeri Sembilan había decidido en octubre del 2012 que el trío de transexuales debía respetar las disposiciones de la Sharia ya que habían nacido siendo hombres y musulmanes.

Como indicó la resolución judicial, esta normativa “priva a los demandantes del derecho de vivir con dignidad, les niega la posibilidad de desplazarse libremente en lugares públicos. Esto es degradante, opresivo e inhumano”.

“Vivir con dignidad”

En su sentencia, el tribunal ha considerado esta sección 66 como inconstitucional al considerar que viola el derecho de la acusada a vivir con dignidad y ganarse la vida, además de afectar a su libertad de movimiento y expresión e igual protección ante la ley.

Por ello, el tribunal ha indicado que las personas transexuales “cometerán el crimen de violar la sección 66 en el momento en el que salgan de sus casas para atender las necesidades básicas de la vida”, entre las que se encuentra trabajar o socializar.

“Esto es degradante, opresivo e inhumano. Esta discriminación y opresión niega el derecho de los apelantes a una protección igualitaria ante la ley”, ha subrayado el tribunal en su sentencia, recogida por HRW.

“Abuso frecuente con la aplicación de la ‘sharia‘

Dittrich ha denunciado que las autoridades malasias abusan de forma frecuente a las mujeres transexuales, por lo que ha subrayado que esta sentencia “debería enviar el mensaje de que el Departamento Religioso y demás autoridades no pueden hacer lo que quieran a las mujeres transexuales”.

El pasado mes de septiembre la ONG Human Rights Watch difundió un informe en el que mediante numerosas entrevistas, la organización documentó los abusos a los que eran sometidas por las fuerzas de seguridad, entre los que se incluían la extorsión, violación, detenciones arbitrarias o violación de su intimidad. y denunciaba el continuo acoso y las exacciones que sufrían los transexuales malasios, especialmente a manos del llamado Departamento de Asuntos Religiosos Islámicos (DRI), encargado de supervisar la aplicación de la Sharia. Entre ellas incluían desde golpizas a abusos sexuales o el rapado habitual de las detenidas.

Por todo ello, HRW ha instado al Gobierno malasio a rechazar este tipo de leyes y normativas y a proteger a las personas transexuales. “Las autoridades, como el tribunal, deberían reconocer que las personas transexuales tienen los mismos derechos que todos los malasios”, ha subrayado Dittrich.

Con un 60 por ciento de población musulmana, Malasia dispone de un doble sistema jurídico en el que la norma islámica se aplica para cuestiones civiles a los miembros de esta fe.

Los 13 estados malayos prohíben que los musulmanes se vistan como mujeres y castigan tal “infracción” con hasta tres años de cárcel.

Hasta ahora los transexuales vestidos de mujeres podían ser arrestados nada más salir de sus domicilios. Los miembros del DRI solían realizar redadas multitudinarias en clubes frecuentados por esta comunidad donde detenían decenas de ellos.

Bajo la égida de la Organización nacional para la Unidad Malaya (Unmo) y sus aliados, Malasia ha asistido a una progresiva influencia del islamismo político desde hace décadas, que se había traducido en los últimos años en fallos judiciales que confirmaban esta tendencia como por ejemplo, la prohibición de usar el término “Allah” (Dios) a los cristianos al considerarlo de uso exclusivos de los musulmanes.

 Fuente El Mundo y Cáscara amarga

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Para la Justicia malagueña, la transfobia no es delito. El Juzgado de Instrucción número 10 de la ciudad andaluza ha decidido no admitir a trámite la demanda presentada por los padres de Gabi, la menor transexual a la que el Colegio San Patricio le prohibía vestir de acuerdo a su identidad de género. Esto es inconcebible: Se reconoce la discriminación pero se niega que sea delito. ¿Los obispos son inmunes y sus actos quedan impunes? Es urgente una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en España para evitar casos como este. Sentimos pena, vergüenza, asco e indignación …

El auto justifica la inadmisión en que los hechos denunciados, “aunque fueran ciertos, son atípicos, pues no se establece en el Código Penal actual que sea delito denegar una prestación a la que se tenga derecho por razón de la identidad sexual o de género de la persona“.

El Juzgado de Instrucción 10 de Málaga ha denegado la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y la directora del colegio San Patricio por los padres de una menor transexual tras advertirles de que si iba con el uniforme de niña se le prohibiría acceder a las aulas.

El auto rechaza la tramitación de esta querella por un delito de denegación de prestación de servicio público debida a un motivo discriminatorio, al no considerar los hechos constitutivos de infracción penal y se ordena el archivo de las actuaciones, aunque cabe recurso de reforma o apelación.

Justifica la inadmisión en que los hechos denunciados, “aunque fueran ciertos, son atípicos, pues no se establece en el Código Penal actual que sea delito denegar una prestación a la que se tenga derecho por razón de la identidad sexual o de género de la persona“.

Añade que ello, “sin duda, debe obedecer a un olvido del legislador, pues lo cierto es que carece de sentido excluir la identidad sexual o de género como causa de discriminación en la denegación de la prestación de un servicio público, máxime cuando sí está expresamente prevista como agravante genérica”.

En este sentido, precisa que “no es admisible en el ámbito penal la interpretación extensiva o analógica”, ya que “las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas“.

La resolución indica que los centros docentes tienen autonomía para ejecutar un proyecto educativo y sus normas de organización y funcionamiento y que el colegio aprobó un reglamento que fija como “obligatorio para todos los alumnos el uso del uniforme oficial”, distinto para niños y niñas, en este último caso una falda.

Señala que, aunque se les dijera a los padres que si la menor acudía al colegio con el uniforme femenino, la meterían en una sala y llamarían a la madre para hacerle ver que no llevaba el uniforme adecuado, “no se estaría cometiendo delito alguno“.

El auto destaca que la petición de los padres de que pudiera ir con el uniforme oficialmente previsto para niñas “era improcedente“ y que no puede sostenerse que el manifestarle a los padres que la menor debe acudir con el uniforme de niños constituya una infracción penal, “pues la normativa del colegio es clara”.

Insiste en que no subyace “una discriminación por razón de su identidad sexual, pues no se le deniega la prestación (en el caso de autos, acceder al aula) por razón de su identidad sexual, sino por no llevar el uniforme reglamentariamente establecido“.

Recuerda además que “la menor nunca acudió al centro con el uniforme de niña, de modo que nunca se le impidió el acceso al aula” y que “difícilmente” puede sostenerse que se cometiera el hecho delictivo que se denuncia, “ni consumado, ni en grado de tentativa”.

Y precisa que la menor no fue expulsada del centro, sino que los padres, “frente a la posibilidad de que no dejaran acceder a su hija al aula, que no al colegio, con el uniforme de niña, tomaron la decisión libre y voluntaria de cambiarla de centro escolar“.

El Obispado de Málaga, del que depende la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, ha mostrado su satisfacción ante el archivo de las actuaciones iniciadas a raíz de la querella presentada por los padres del menor transexual  y la directora del colegio San Patricio, dependiente de la fundación y donde estudiaba, al considerar la jueza que los hechos no son delito. Asimismo, ha expresado su respeto a las decisiones judiciales.

Al respecto, fuentes de dicha institución han indicado, en declaraciones a Europa Press, que, “como no podía ser de otra forma, respetamos todas las decisiones judiciales” y, en este caso, “en tanto en cuanto el archivo es beneficioso hacia el colegio, estamos satisfechos”.

Gabi recibía clases en el centro San Patricio, dependiente de dicha fundación, pero los padres decidieron cambiarlo, porque aseguraban que no era tratada como una niña.

Tras analizar los preceptos legales, la jueza señala en su resolución, que se puede recurrir, que no es lo mismo la orientación sexual que la identidad sexual o de género, que no aparece expresamente tipificado en el delito al que se aludía y sí como circunstancia agravante. Por esto, se archivan las actuaciones “toda vez que los hechos denunciados, aunque fueran ciertos, son atípicos”.

Se apunta que en el ámbito penal no se puede hacer una interpretación analógica y se añade que, entrando en el fondo del asunto y tras analizarse el reglamento del centro que estaba vigente entonces -luego se modificó-, “no se estaría cometiendo delito alguno” pues el centro “tiene autonomía para aprobar normas de funcionamiento” y tenía aprobada dicha ordenanza en la que “se establece la obligación de los alumnos de acudir con uniforme”.

Desde la Asociación de Transexuales de Andalucía han mostrado “estupor e indignación” ante el archivo de la querella y han asegurado que “de nuevo se vulneran los derechos de las personas transexuales a través de un auto que sin duda alguna deja ver el poder que sigue teniendo la Iglesia Católica en nuestro país”. Asimismo, han criticado la “esquizofrenia legislativa” actual que, han apuntado, “nos deja inmersos en un vacío legal que permite la vulneración sistemática de los derechos de las personas transexuales”.

“El nuevo contexto social obliga a una actualización en la interpretación de la ley, no solo en otras sentencias judiciales que recientemente hemos podido ver, sino también cuando se trata de los derechos de las personas transexuales”, han apuntado, señalando que “este nuevo contexto social sí ha sido tenido en cuenta en Cataluña, que precisamente este jueves aprueba la Ley de los Derechos de las personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia“.

Al mismo tiempo, han destacado “la importancia de que se conozca la nueva directiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha aprobado una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género, el pasado 26 de septiembre”.

 “Ni Fiscalía, ni la Consejería de Educación, han estado a la altura de las circunstancias en este caso de vulneración de derechos de una menor transexual”, ha declarado la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) Mar Cambrollé, quien ha añadido que, “está claro que después de la aprobación de la Ley integral de Transexualidad aprobada el pasado 25 de junio, este colegio no debería percibir ni un euro público“.

Por su parte, desde Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Transexuales, han manifestado que “aunque dicho juzgado no haya considerado infracción penal la actuación llevada a cabo por la dirección del colegio San Patricio de Málaga y por el Obispado de esa ciudad, ello en modo alguno significa que esa conducta no sea reprochable”.

Así, han mostrado su apoyo a la familia que resultó afectada por esa conducta y han apuntado que “este auto no supone que los centros educativos puedan coartar el libre desarrollo de la libre personalidad del alumnado transexual, al no permitirles el uso del uniforme que se corresponda con su género neuropsicológico”, recordando la legislación vigente, especialmente en Andalucía, como la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

En este sentido, se señala que en el artículo 15.2 de dicha normativa, se dispone que “los estudiantes, el personal y los docentes que acudan a todos los centros educativos de Andalucía tienen derecho a (…) mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que suponga el cambio y la evolución de su proceso de identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme a su género elegido“.

Fuente Diario Sur  y Religión Digital

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Del blog Homoprotestantes:

“Entre tanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba, y el criado le contestó: – Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar al becerro cebado, porque ha venido sano y salvo-. Tanto irritó esto al hermano mayor, que no quería entrar; así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese. Él respondió a su padre: -Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro cebado-“ [1].

 Según el “Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España [2],” el pasado año  452 homosexuales fueron víctimas de un delito de odio. El estudio “Homofóbia en las aulas. ¿Educamos en la diversidad afectivo sexual? [3]” que se realizó el mismo año también a nivel español, refleja que uno de cada diez alumnos que ha salido del armario ha sufrido alguna agresión por parte de sus compañeros, y que la mitad de los adolescentes LGTB se sienten rechazados por la familia. Dos años antes, en 2011, la Universidad de Málaga presentó el estudio “Transexualidad en España: Análisis de la realidad social y factores psicológicos asociados [4]” donde se señalaba que más de la mitad de las personas transexuales han tenido conflictos en su trabajo, que muchas de ellas no han tenido apoyo familiar, y que su índice de desempleo es muy superior a la media. En cuanto al número de personas que han sido víctimas de terapias reparativas, no hay estudios realizados en España, pero si testimonios que muestran que se siguen realizando, sobre todo por parte de psicólogos y psiquiatras que proceden de entornos religiosos conservadores [5]. Todos estos datos son de un país que según un estudio del Pew Research Center [6] encabeza la aceptación social de la homosexualidad en el mundo, y donde sólo un 6% de la población opina que la homosexualidad es moralmente inaceptable. Así que no es difícil imaginar cual es la situación de las personas LGTB en otros lugares.

 Si leemos la parábola del hijo pródigo teniendo en cuenta esta realidad vemos con claridad como la sociedad en las que vivimos se ha alejado de la casa del padre, de la casa común, a un mundo ficticio heteronormativo. Los estudios que se realizan ponen de relieve que ese mundo heterocentrado genera violencia, negación y dolor al intentar imponer una ideología que entiende la diversidad y la diferencia como un peligro a combatir. En ese mundo no hay padres, ni hijas, ni hermanos, ni amigas… quien no es como nosotros no es de los nuestros.

 Sin embargo las cosas van cambiando y muchos nos sentimos afortunados de formar parte de una sociedad que ha decidido ponerse en marcha, hacia la casa el hermano y del padre, creando mecanismos que protejan a todas y todos de la violencia heteronormativa y patriarcal. En Cataluña está previsto que El Parlament apruebe una ley contra la LGTBfobia el próximo mes de Octubre [7]. Una ley que ha sido debatida y pactada por la mayoría de partidos, que recoge también aportaciones de muchas entidades catalanas, y que comienza aclarando la finalidad que persigue: “El objetivo de la ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas y gays, mujeres y hombres bisexuales y transexuales, y evitar situaciones de discriminación y violencia hacia este colectivo”.

 Ante este tipo de reconocimiento, el de la necesidad de dotarse de unas leyes que permitan acabar con la lacra de la discriminación y la violencia hacia las personas LGTB que viven en Cataluña, nos sentimos algunas y algunos como en una fiesta donde el Padre ha sacado el “becerro cebado” para celebrar la vuelta de nuestros hermanos y hermanas a casa. Es un motivo de alegría ver delante de nuestros ojos lo que hace unos años éramos incapaces de soñar: la posibilidad de que las personas LGTB vean respetados sus derechos como cualquier otra ciudadana o ciudadano. No podemos bajar la guardia, claro está, y hay que ver como se llevan a la práctica estas leyes, pero indudablemente se abre un periodo de esperanza para la mayoría de la población. La invisibilización ha sido siempre una forma de humillar y someter, pero también de esconder la discriminación y el odio de los violentos. Pero nuestra sociedad ya no está por invisibilizarnos, se ha dado cuenta del pecado que ha cometido al alejarse de la casa compartida del Padre. Ha madurado, y ha entendido que la cohesión social tiene mucho que ver con el respeto a las minorías.

 Sabemos eso sí que leyes como ésta han levantado las críticas de entidades y grupos que desde años han decidido vivir en la marginalidad y abanderar los discursos homófobos que después se materializan, como los estudios indican, de manera dramática. La jerarquía católica o la Alianza Evangélica Española son ejemplos de quienes se oponen a la aprobación de esta ley. Sin duda, si no tenemos perspectiva histórica, puede llamar la atención que dos entidades cristianas que hablan de amor, evangelio, respeto al prójimo, entrega o humildad se opongan a que un colectivo objetivamente discriminado pueda ser protegido legalmente. Puede sorprender que no quieran alegrarse de algo que evidentemente es motivo de satisfacción para las personas que creen en la justicia.

 Pero en la parábola se nos habla claramente del hermano mayor, del santo resentido, aquel que no quiere entrar en la fiesta que el padre mandó organizar por la vuelta del hijo pródigo. Se nos habla de quienes creyéndose mejor que sus hermanos, y que incluso pudieron ser el motivo de que estos decidiera alejarse, se quejan por no ver respetado su trabajo, su opinión, su manera de ver las cosas. En el fondo es posible que el santo resentido se alejara de la casa del padre antes que su hermano, quizás no de forma física, pero sí emocional: su padre había dejado de ser su padre desde hacía tiempo para convertirse en un amo. Había cambiado el amor por la ley, y el cumplimiento de la letra le ayudaba a sentirse bueno, mejor que los demás. Leer más…

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Un nuevo protocolo ofrece al personal judicial herramientas en 8 tópicos para proteger los derechos e integridad de las personas LGBT.

Toda discriminación motivada por género y preferencias sexuales está prohibida en el artículo primero de la Constitución Política de México

Una senadora pide el reconocimiento del matrimonio igualitario en distintos Estados de México

Por José Roberto Cisneros Duarte

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) emitió una guía de ocho tópicos para atender problemáticas que involucran a personas de la comunidad LGBT.

El Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género pretende orientar al personal del Poder Judicial en situaciones que comúnmente implican discriminación y violencia contra este sector de la población, en temas como el derecho a la identidad, el acceso a la educación, la salud y el trabajo, entre otros temas.

“(El texto) responde al mandato constitucional y convencional de proteger y garantizar tanto el derecho a la igualdad y a la no discriminación, como el derecho que todos tenemos a desarrollar libremente nuestra personalidad”, dijo este lunes el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza.

Los lineamientos del máximo tribunal del país no son vinculantes, es decir, que los juzgadores no están obligados a considerar estos estándares pero les ofrece herramientas para proteger a este sector frente a violaciones a sus derechos.

“El objetivo del Protocolo consiste, bajo el principio de máximo respeto a la autonomía e independencia de las y los juzgadoras, en auxiliarlos a cumplir el mandato constitucional en materia de derechos humanos”, indica el texto.

El documento fue presentado ante la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, también relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la misma instancia, así como ante funcionarios del Poder Judicial mexicano.

A continuación presentamos los ocho tópicos que la SCJN recomienda a las y los juzgadores tomar en cuenta al tratar casos relacionados con personas de la comunidad LGBT.

 1. El derecho a la identidad de género

La Suprema Corte reconoce que los individuos tienen derecho a definir su identidad propia, cómo cada persona se identifica a sí misma, hombre o mujer, considerando el caso de las personas trans que no sienten que pertenecen al sexo que se les asigna al ser registradas con base en las características de su cuerpo.

El criterio indica que el Estado debe reconocer esta decisión personal, con la posibilidad de modificar sus documentos oficiales y que éstos no reflejen dichos cambios —en respeto a su derecho a la intimidad— ni que se les exija modificar su cuerpo —observando sus derechos de salud y libre desarrollo de la personalidad.

El texto también resalta la necesidad de no criminalizar a los padres y madres que respeten la expresión de género de sus hijos e hijas, y los vistan acorde a ésta.

En el caso de las cárceles, se sugiere considerar el género y la seguridad de las personas. Incluso, cuando una persona trans sea acusada de entrar a baños públicos “que no les corresponden”, se sugiere respetar su derecho a vivir conforme al género que se quiere.

 2. Familia

La Corte reconoce el derecho de las personas a que se respeten las relaciones con sus hijos sin que se interfiera en su familia; se les dé acceso al matrimonio y otras formas de protección a las parejas, así como a la adopción de niños y niñas y otras vías de reproducción asistida, sin importar su orientación sexual ni su elección de pareja.

El documento recuerda que la separación de los hijos y los padres no es admisible con base en especulaciones, estereotipos ni generalizaciones —por ejemplo, citando la protección a un niño ante “un posible estigma social”.

En cuanto al establecimiento de una familia, la Suprema Corte aclara que “excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio viola el derecho a la no discriminación y a la protección de la familia“. Tampoco se justifica privar a las parejas homosexuales de los beneficios que el matrimonio reporta.

Establecer una figura específica para la unión de personas del mismo sexo, diferente de la de las parejas de sexo distinto, es dicriminatorio.

El Protocolo sugiere evitar plantear los juicios en términos de género, por ejemplo, preguntando “¿quién es el hombre y quién es la mujer?”.

El documento enfatiza que es necesario garantizar que las personas LGTB no sean discriminadas en el acceso de las vías para fundar una familia. En caso de que así lo decidan, ambos debería poder ser considerados legalmente como padres o madres de un niño o niña; también deberían poder elegir el orden de sus apellidos.

 3. El trabajo

El documento advierte que las personas LGTB están expuestas a acoso en el trabajo, y que la discriminación se manifiesta desde la oferta hasta la promoción e incluso el despido.

El Protocolo plantea que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género no sean aceptadas como criterio para conectar con el perfil o cualidades deseadas. Tampoco se considera válido argumentar que dichas características son percibidas de manera negativa por colegas o clientes.

El documento también advierte que las detenciones por “ultraje a la moral pública” fundadas en la orientación sexual o identidad de género no deben ser usadas para impedir que las personas obtengan un empleo.

 4. Las detenciones arbitrarias

El Protocolo señala que las personas LGBT son víctimas de privación de la libertad por parte de policías bajo el argumento de preservar el orden o la moral públicas ante acciones como besarse en público, arrestos que califica como “inaceptables”.

La Corte recomienda al juzgador preguntarse si una persona heterosexual sería detenida por realizar la misma acción con la que se justifica la detención de un miembro de la comunidad LGTB.

 5. La violencia y la justicia

La SCJN reconoce que las personas LGTB sufren agresiones que van desde insultos, golpizas —en ocasiones propinadas incluso por padres que buscan “corregir” el comportamiento de género— y hasta la muerte.

También menciona “abuso y maltrato” por parte de policías y personal penitenciario, y que este sector encuentra mayores dificultades para acceder a la justicia.

La Corte elogia la existencia de legislaciones locales que contemplan al odio por razón de identidad de género u orientación sexual como un agravante de los delitos contra la vida e integridad física.

El Protocolo advierte que el “el lenguaje de odio y discriminatorio” (que incita a la violencia) es un tipo de discurso no protegido por la libertad de expresión, por lo que se debe limitar este tipo de manifestaciones.

El documento pide a los y las juzgadoras poner atención particular a los crímenes contra personas LGTB, al destacar que éstos suelen ser catalogados como “crímenes pasionales” con lo cual se les resta atención.

 6. La salud

El protocolo advierte a los juzgadores que pueden conocer de situaciones en que se niegue o se atienda de forma deficiente a una persona por su orientación sexual o identidad de género.

También considera un abuso que una persona sea internada en contra de su voluntad para tratar algo relacionado con su sexualidad, pues no ninguna orientación sexual es una “enfermedad” que deba curarse.

La Corte marca como violatorio del derecho a la salud que en cárceles y hospitales públicos y privados se nieguen tratamientos hormonales o quirúrgicos a personas trans; incluso si éstos no están garantizados por la ley.

 7. La libertad de expresión y asociación

Otra violación a los derechos de la comunidad LGBT son las restricciones a la promoción pública de la homosexualidad o la prohibición de marchas, reuniones y creación de agrupaciones.

El protocolo recomienda a los juzgadores vigilar que las asociaciones LGBT no enfrenten dificultades como requisitos adicionales para ser registradas y permitírseles operar.

 8. La educación

La SCJN considera que pueden presentarse casos de discriminación en el acceso o el trato que niños y jóvenes reciben en instituciones educativas; o en el tipo de información que se les presenta (o se les limita) sobre la sexualidad.

Este protocolo señala que no es aceptable que se le niegue el acceso o se le expulse de una institución educativa en virtud de su orientación sexual o su identidad de género, ni por las de sus padres; tampoco que reciba un tratado diferenciado por estas mismas razones… Ni siquiera en el caso de instituciones privadas y/o religiosas.

Además, la Corte considera inadmisible que un maestro sea despedido por compartir con sus alumnos información sobre orientación sexual e identidad de género, ni siquiera cuando se argumente que es pornográfica u obscena.

(iStock by Getty Images).

Fuente: CNN México

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Del blog Homoprotestantes:

Creo que soy una más de las personas que está asistiendo con perplejidad e impotencia al asesinato de cientos de palestinos indefensos por parte del ejército Israelí. Según el periódico de hoy, antes de la ofensiva terrestre de ayer noche eran 460, entre ellos 75 niños. Pero a estas horas los asesinados serán seguramente muchos más, personas anónimas que han sido obligadas a vivir durante años en condiciones inhumanas ante el silencio de gran parte de la comunidad internacional. Ahora estas víctimas por fin tienen nombre; son los “daños colaterales”.

No me propongo hacer aquí un análisis sobre el conflicto palestino-israelí, no tengo elementos suficientes para ello. Pero en este momento me posiciono al lado de los palestinos. Evidentemente condeno el terrorismo de Hamas y deseo su desaparición, pero tengo la impresión de que Hamas le viene mejor al gobierno israelí que al palestino. Una Palestina debilitada, bombardeada y pobre, es menos peligrosa. Y no sólo eso, sino que la multitud de extremistas que surgirán dispuestos a vengar la muerte de sus seres queridos, permitirá seguir justificando la política terrorista de Israel.

¿Es un conflicto de religión como algunos nos quieren hacer creer? Yo diría que no, aunque me sorprende que desde algunos entornos cristianos, influenciados por las iglesias conservadoras norteamericanas, se justifique al gobierno israelí. Da vergüenza ver como cierran los ojos al sufrimiento de millones de personas, mayoritariamente musulmanas, apoyándose en supuestas promesas bíblicas de restauración del Israel bíblico. Un ejemplo más de cómo la teología puede estar al servicio de los intereses del más fuerte.

Yo no podría decir que Dios está de parte del pueblo palestino, y mucho menos del israelí. Pero si de algo estoy convencido es de que Dios no se encuentra en las bombas que han caído sobre Gaza. Tampoco en los discursos que han justificado este acto terrorista, o en las instituciones que no han tenido el coraje de condenarlo. Creo en el Dios que está con el padre que ha perdido a sus hijos, con la esposa que se ha quedado sin marido, o con los niños que han sido mutilados. También confío en el trabajo de los que están socorriendo a las víctimas o trabajan para que termine este terror.

Por ellos ruego, no puedo hacer nada más. Y me gustaría hacerlo con una oración que se encuentra en el libro de los Salmos, concretamente en el capítulo 121. Los israelitas la cantaban en las peregrinaciones que hacían hacia Jerusalén con ocasión de las fiestas de Pascua, Pentecostés o Tabernáculos. Era una oración que parecía no tener nada que ver con sus duras experiencias, pero reflejaba la esperanza que albergaban en el cuidado constante de Dios.

Desde entonces muchas otras personas lo han hecho suyo mostrando su confianza en Dios ante toda circunstancia. Que este Salmo de esperanza, a pesar de la injusticia que hoy están viviendo, se haga real para todos estos hermanos y hermanas en la fe de Abraham.

Levanto mis ojos a los montes;
¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene del Señor,
que hizo los cielos y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie,
Ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, el que guarda a Gaza
no se adormecerá ni dormirá.
El Señor es tu guardián
el Señor es tu sombra a tu diestra.
El sol no te hará daño de día,
ni la luna de noche.
El Señor te guardará de todo mal;
él guardará tu vida.
El Señor guardará tu salida y tu entrada,
desde ahora y para siempre.
Amén.

Carlos Osma

Este artículo fue publicado en la Revista Lupa Protestante en Enero de 2009. Tristemente cinco años después, la historia vuelve a repetirse.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido no aplicar la Ley de Violencia de Género española en el caso de Sabrina, una mujer transexual asesinada a manos de su pareja masculina en noviembre de 2012 en la localidad malagueña de Fuengirola.

El Tribunal ha ratificado la sentencia condenatoria al hombre con una pena total de 11 años y seis meses de prisión, y sí se desestima el recurso presentado por la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga, tras el veredicto de culpabilidad de un jurado.

El tribunal popular declaró al acusado culpable de un delito de homicidio, al considerar probado que un día de noviembre de 2012 se inició una discusión entre el hombre y su pareja, “que se identificaba como Sabrina”, en el transcurso de la cual el procesado, “siendo consciente del grave riesgo” que creaba, le “asestó una puñalada” en la zona pectoral, produciéndole lesiones en el pulmón, lo que le provocó la muerte.

El jurado consideró que el acusado estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, determinó que tenían una relación análoga a la conyugal, pero que el acusado, que “se sentía menospreciado por las relaciones sexuales que la víctima mantenía con otros hombres a cambio de dinero”, cometió los hechos “debido a la ofuscación o conmoción que supuso la actitud previa mantenida por el fallecido” (el texto lo dice en masculinos, pero lo correcto sería decir “fallecida”).

Asimismo, consideró que el ataque con el cuchillo no fue sorpresivo ni impidió a la víctima defenderse. Por esto, se le condenó al acusado a 11 años y seis meses de prisión por un delito de homicidio, con las atenuantes de embriaguez y de arrebato u obcecación; y la agravante de parentesco. Asimismo, se le impuso el pago a la madre de la fallecida de 86.018 euros como indemnización por los daños morales.

REACCIONES DE LOS COLECTIVOS

El Tribunal, sin embargo, ha decidido no aplicar la ley de Violencia de Género porque ha considerado la relación de la pareja únicamente de “parentesco”. Esta circunstancia ha desatado la indignación de los colectivos LGBT andaluces.

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), también ha mostrado su disconformidad. “Celebro que se haya ratificado la sentencia, pero me parece insuficiente, porque como está el régimen penitenciario, este individuo cuando pasen cinco años puede estar en la calle por buen comportamiento. Esto no es maduro en una sociedad democrática. Para acabar con estas conductas violentas que no caben dentro de nuestra sociedad, las condenas deberían ser cumplidas íntegramente”, manifiesta Mar Cambrollé, Presidenta de la asociación. “No me parece bien que no se aplique en este caso la Ley de Violencia de Género; existe una circular del Fiscal General del Estado de 2011 que especifica que las mujeres transexuales tienen que ser consideradas como mujeres en todos los aspectos. Sabrina era una mujer a efectos de hecho, para ser una mujer no hace falta un informe médico, se es y punto. Es un desatino que ocurra este tipo de hechos en una Comunidad que enarbola la bandera del progreso pero después enseña la otra cara de la moneda”, añade.

“Con la Ley Integral de Transexualidad recientemente aprobada, cuando sea efectiva, esto no va a pasar, porque el género es autodeterminado. Por cierto, que el hito de la aprobación de esta ley, que nos reconoce de pleno derecho, no se ha celebrado suficientemente, a pesar de tratarse de un acontecimiento histórico”, apunta Cambrollé.

“Valoramos positivamente la ratificación por parte del TSJA de la sentencia condenatoria pero a la vez lamentamos y creemos que más condenas de este tipo deberían haber por parte de los muchos casos y denuncias que aumenta por razones de odio por la orientación sexual y la identidad de género” señala Antonio Ferre, presidente de Andalucía Diversidad LGBT, asociación perteneciente a COLEGAS. “Creemos que las parejas LGBT estamos siendo injustamente tratadas por la ley cuando hay violencia doméstica, ya que se nos considera únicamente una relación de ‘parentesco’ y no reconoce la relación de poder desigual que ejerce una persona sobre otra, y por tanto no se aplican los agravantes que prevee la Ley de Violencia de Género. Instamos a ampliar la Ley de Violencia de Género para que contemple la violencia doméstica en las parejas LGBT, y de esta forma estemos mejor protegidos y haya igual aplicación de justicia para todos”, añade.

Fuente Ragap

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Del blog de la Communion Béthanie:

Oremos todo el verano con el papa Juan XXIII

 Espíritu Santo, nuestro consejero,
termina en nosotros la obra comenzada por Jesús.
Haz intensa y continua la oración que hacemos
en nombre del mundo entero.

Acelera en cada uno de nosotros el advenimiento
de una vida profunda y interior.
Impulsa nuestro esfuerzo para alcanzar a todos los hombres
y todos pueblos, totalmente rescatados por la sangre de Cristo,
todos asociados a su herencia.

Ahoga en nosotros la suficiencia natural y elévanos
hasta el nivel de la humildad,
del verdadero temor de Dios, del coraje generoso.

Qué ninguna atadura terrestre nos impida
hacer honor a nuestra vocación,
Qué ningún interés pueda; por dejadez de nuestra parte,
asfixiar las exigencias de la justicia.
Qué los cálculos no reduzcan a las estrecheces de nuestros egoísmos
los espacios inmensos de la caridad.

Qué todo sea grande en nosotros:
la búsqueda y el culto de la verdad, la prontitud
al sacrificio, hasta la cruz y hasta la muerte.

Que tu Espíritu de amor se difunda sobre la Iglesia,
sobre las instituciones,
sobre cada uno de nosotros
y sobre todos los pueblos.

*
Papa Juan XXIII (1881-1963

***

"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad Amor, Caridad, Espíritu Santo, Iglesia, Justicia, Mundo, Ser humano

Dignos sucesores del Padre Carlos Múgica. Leemos en Religión Digital:

“Algunos dicen que son curas comunistas. No. Éstos eran grandes sacerdotes que luchaban por la justicia”

“El camino es la educación; ayudar, acompañar”, afirma a una radio argentina

Francisco regresó de sus ejercicios espirituales con una entrevista en una radio argentina donde defendió la labor de los ‘curas villeros’ en Argentina, sacerdotes que trabajan en las llamadas “villas de la miseria” y ha asegurado que no son comunistas sino “luchadores por la Justicia”.

 En este sentido, recalca que la lucha por la “justicia” es un valor “evangélico” y no “ideológico”, en una entrevista concedida a la radio FM y TV comunitaria Bajo Flores, que recoge el periódico argentino ‘La Nación’.

 La entrevista, grabada en colaboración con el Centro Televisivo Vaticano (CTV) hace 15 días en la residencia vaticana de Santa Marta, fue trasmitida este jueves en la parroquia argentina Madre del Pueblo, tras una misa para celebrar el primer año de la elección de Francisco.

 El Papa destacaba así el trabajo de estos curas villeros porque “llevan el evangelio a las zonas más necesitadas con su gran vocación de servicio”.

 “Algunos dicen que son curas comunistas. No. Éstos eran grandes sacerdotes que luchaban por la justicia“, afirma, al tiempo que añade que eran “sacerdotes, hombres que rezaban, hombres que escuchaban al pueblo de Dios, hombres que enseñaban el catecismo y que luchaban por la justicia”.

En la entrevista, Francisco ha remarcado la importancia de la educación, que “no es solamente transmitir conceptos, sino hacer nuevos afectos, comprender y vivir los valores“

Preguntado por los presos en cárceles, Francisco responde: “El camino es la educación; ayudar, acompañar. Y buscar maneras de cumplir condenas que no necesariamente requieran la cárcel. Por ejemplo: algunas opciones para ciertas cosas son los trabajos voluntarios”.

 También ha explicado que lo fundamental es preguntarse por qué él o ella están en la cárcel y uno mismo no lo está. “Si no hice algo que merezca estar en una cárcel es por una ayuda especial de Dios”, asegura.

 El Papa destaca, además, la importancia de los medios comunitarios, “que hacen una comunicación sólida, desinteresada, que comunica la realidad y la vida”.

 “No se trata de una comunicación comercial y eso ayuda a dialogar, que es el valor que tienen los medios de comunicación comunitaria“, concluye.

 (RD/Ep)

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Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU. / Edu León

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La justicia se ha puesto del lado del colectivo LGTB y lo ha hecho para defender el derecho a la intimidad. Ha ocurrido en Málaga, donde un hombre ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción número 11 acusado por vejar a su expareja con mensajes a través de su teléfono móvil y una red social así como comunicar al padre del denunciante que éste era homosexual.

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado “íntegramente” la sentencia dictada por el juzgado después de desestimar el recurso presentado por el condenado, según la resolución judicial que ha publicado Efe.

Fuente: Efe

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“Mantenella y no enmendalla”… La ONU acusa al Vaticano de permitir abusos a menores durante décadas y exige justicia… y la Iglesia, acusa a la ONU de “interferir” en la libertad religiosa. Sin comentarios… Mientras tanto, Irlanda pide perdón por los abusos cometidos contra menores en colegios religiosos. Leemos en El País,  Religión Digital, El Mundo, Público:

En un demoledor informe critica que no haya hecho nada para proteger los derechos de los niños y su actitud hacia la homosexualidad

Roma ve “injusto y tendencioso” el informe de la ONU y le acusa  “interferir” en la libertad religiosa

La Iglesia calla ante la ONU sus abusos

CRONOLOGÍA: El Vaticano reconoce los abusos, paso a paso

La Iglesia está “trabajando mucho”, según Lombardi

“Hágase tu Voluntad”: La exposición que obliga a mirar de frente los abusos sexuales de sacerdotes

Ni paños calientes ni medias tintas. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño acusa al Vaticano de no haber reconocido jamás “la magnitud de los crímenes” de abuso sexual hacia menores cometidos por parte de sacerdotes y de “no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores”. Dos graves carencias que, combinadas, han provocado una continuación sistemática de los abusos y la impunidad de los culpables.

El alto organismo de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha exigido este miércoles al Vaticano que, con la mayor brevedad, “despida de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”. El comité, que a mediados de enero había escuchado las alegaciones del Vaticano, se ha manifiestado “profundamente preocupado” por la situación de la pedofilia en la Iglesia y ha pedido a la Santa Sede que haga accesible sus archivos para que tanto los sacerdotes pedófilos como “todos aquellos que hayan cubierto los crímenes” puedan ser llamados a responder ante las autoridades civiles.

• La Iglesia calla ante la ONU sus abusos
• El Papa instituye una comisión para la lucha contra la pederastia
• “El Vaticano sigue sin asumir su responsabilidad en los abusos sexuales”

“El Vaticano ha roto la convención de los Derechos del Niño”, ha afirmado una portavoz del comité. “Ha mantenido políticas y prácticas que han llevado a perpetuar los abusos y la impunidad de los abusadores”, como por ejemplo mover a los culpables de una parroquia a otra para “intentar esconder los crímenes“.

En el caso de las lavanderías de las Hermanas Magdalenas en Irlanda, donde las niñas eran obligadas a realizar trabajos forzados, la Iglesia no tomó medidas para prevenir que se repitieran los abusos. La ONU ha pedido que se abra una investigación interna en este caso y en instituciones religiosas similares, para que los responsables sean procesados y las víctimas y sus familias obtengan compensaciones económicas.

El observador permanente del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, compareció el pasado 16 de diciembre ante la organización internacional, y declaró que los “abusadores” se encuentran entre las “profesiones más respetadas”, incluidos los “miembros del clero y personal de la Iglesia“. También subrayó que “no hay excusa” para ninguna forma de violencia contra los niños, y que los abusos “nunca pueden ser justificados”, ya se cometan en casa, en la escuela o en la Iglesia. Esta ha sido la política “de toda la vida” de la Santa Sede, afirmó, y añadió que la Iglesia daría la bienvenida a cualquier sugerencia del Comité de los Derechos del Niño.

“Los casos deberían ser tratados por las autoridades de cada país para que la privacidad de los niños no se vea comprometida”, ha explicado el miércoles una portavoz de la agencia internacional, algo que no ocurre debido al “código de silencio” impuesto sobre el clero por la jerarquía eclesiástica bajo pena de excomunión. “El Comité está gravemente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los crímenes cometidos. Tampoco han tomado las medidas necesarias para tratar los casos de abusos sexuales ni para proteger a los niños.”

El informe ha sido publicado tras las preguntas a las que sometió un grupo de expertos a miembros de la jerarquía eclesiástica el mes pasado. Entonces el Vaticano admitió que entre el clero hay abusadores, pero eludió dar detalles. La ONU pide que la comisión creada por el Papa Francisco el pasado diciembre investigue todos los casos de abusos sexuales a menores, así como “la conducta de la Iglesia”.

El reconocimiento gradual por parte del Vaticano

* Benedicto XVI (2005/2013) protagoniza un papado marcado por el goteo de casos de pederastia en el seno de la Iglesia. Entre ellos, el escándalo por un informe que detallaba en 2009 décadas de violencia sexual a menores en los orfanatos, reformatorios y escuelas de propiedad o dirigidas por miembros de la Iglesia católica en Irlanda.

* El Papa emérito decreta la tolerancia cero con los abusos tras ser acusado de encubrir a sacerdotes pederastas durante sus años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cargo para el que fue nombrado por Juan Pablo II en 1981.

* En 2010, el Vaticano publica su guía interna contra los abusos. En vigor desde 2003, exhorta a los obispos a denunciar a los pederastas a la justicia ordinaria.

* El Vaticano reúne en Roma en febrero de 2012, en un simposio sin precedentes, a superiores de órdenes religiosas, representantes de conferencias episcopales y algunas de sus víctimas. “Las mismas manos que abusaban de mí me daban de comulgar”, dijo ante la jerarquía católica Marie Collins, una irlandesa agredida a los 13 años.

* Al poco de iniciar su pontificado, en julio de 2013, Francisco cambia con un motu proprio —documento que solo pueden emitir los papas— el reglamento jurídico del Estado Ciudad del Vaticano. Entre otras cosas, endurece las penas para los casos relacionados con abusos de menores.

* El pasado 6 de diciembre, el Papa y los ocho cardenales que le asesoran en la reforma de la curia anunciaron la creación de una comisión para luchar contra la pederastia.

* El 16 de enero de 2014, el portavoz del Vaticano en la ONU compareció ante un grupo de expertos de la organización, pero eludió tratar el tema.

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