Eunice Owusu, saliendo del tribunal

REFUGIADA EN REINO UNIDO DE LOS HORRORES DE SU PAÍS

Una lesbiana que huyó de Ghana se libra de la cárcel tras trabajar ilegalmente como enfermera durante la pandemia de Covid-19

Una lesbiana que salió del armario en Ghana y se vio obligada a huir al Reino Unido para salvar su vida ha sido condenada a una “clemente” pena de trabajos forzados por fraude tras utilizar un pasaporte falso para trabajar ilegalmente como enfermera.

 Eunice Owusu no tuvo más remedio que escapar de su abusivo matrimonio concertado después de que su sexualidad fuera revelada contra su voluntad a su empleador, según declaró ante el Tribunal de la Corona de Teeside su abogado John Nixon, quien explicó que temía por su vida debido a la estricta penalización de la homosexualidad en Ghana.

La mujer, de 34 años, admitió ante el tribunal haber copiado el pasaporte de su primo para solicitar trabajo en residencias de ancianos tras habérsele denegado inicialmente el derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido.

Owusu trabajó en el momento álgido de la pandemia de Covid-19 durante un periodo de 18 meses, durante el cual ganó 27.835,70 libras, según declaró ante el tribunal. Si hubiera sido condenada a una pena superior a 12 meses de prisión, se habría enfrentado a la deportación.

“Se trata de una lesbiana, lo que supuso un verdadero problema en su vida en Ghana; tenía un matrimonio concertado y él [su marido] era violento, y está bastante claro que su sexualidad conlleva una condena importante en Ghana“, dijo Nixon. “Hay noticias de personas lapidadas y quemadas vivas en Ghana”.

Emma Atkinson, fiscal, declaró ante el tribunal que la situación ilegal y el fraude de pasaporte de Owusu se conocieron cuando se llamó a la policía por un incidente doméstico y su pareja informó a los agentes.

Owusu, de Parkfield Way, Stockton, se declaró culpable de cinco cargos de fraude y un cargo de posesión de un documento de identificación con intención impropia.

Se le impuso una pena de 18 meses de trabajos en beneficio de la comunidad, se le ordenó asistir a 30 jornadas de actividades de rehabilitación y realizar 120 horas de trabajo no remunerado.

El juez Howard Crowson dijo que le imponía una condena “clemente“, y que su futuro lo decidiría el Ministerio del Interior. Dijo: “Entiendo que su sexualidad en su país de origen, Ghana, puede hacerle la vida difícil, lo cual es un eufemismo, su vida podría ser insegura y por eso vino al Reino Unido. Su finalidad principal era que usted trabajara y así fue como cometió el fraude.

“El trabajo que realizó en residencias de ancianos fue durante una época difícil para trabajar y sigue siéndolo.

“Los cuidadores necesitaban que alguien hiciera el trabajo y le pagaron para que lo hicieras -no hubo quejas sobre tu trabajo-, así que te estoy castigando por lo que hiciste más que por cualquier pérdida”.

Las relaciones homosexuales son ilegales en Ghana

En Ghana, las relaciones homosexuales entre hombres son ilegales y conllevan una pena máxima de tres años de prisión.

Pero resulta inquietante que un proyecto de ley anti-LGBTQ+, actualmente en trámite parlamentario, pretenda reprimir toda identidad LGBTQ+.

Si se aprueba, el proyecto de ley castigará con penas de hasta cinco años de cárcel la identificación como homosexual, mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, casarse con alguien que se haya sometido a cirugía de reafirmación de género o ser aliado de la comunidad.

Cualquier persona que tenga conocimiento de actos homosexuales también estaría obligada a denunciarlos y podría ser penalizada, con hasta cinco años de cárcel, si no lo hace.

Los refugiados LGBTQ+ podrían ser perseguidos si se les envía a Ruanda

Los datos del Ministerio del Interior publicados el año pasado revelaron que en 2021 solo se concedió asilo u otras formas de permiso a 677 personas basándose en solicitudes de orientación sexual (los datos solo especificaban las solicitudes LGB). Se trata de 1.050 decisiones iniciales, cifra que abarca muchos casos presentados en años anteriores.

Un portavoz del Ministerio del Interior declaró que todos los casos de asilo “se estudian caso por caso” y que “no se expulsa a nadie a menos que sea seguro hacerlo”.

En mayo del año pasado se produjo una indignación generalizada cuando el Ministerio del Interior anunció que enviaría a  Ruanda a los refugiados que llegaran a través del Canal de la Mancha, a pesar de admitir que existen pruebas de que los refugiados LGBTQ+ podrían sufrir persecución en el país.

El plan migratorio del gobierno para 2022 recoge en la evaluación de impacto sobre la igualdad del Ministerio del Interior que hay “preocupación” por el trato que reciben algunas personas LGBTQI+ en el país del este de África, y que las investigaciones apuntan a que los “malos tratos” a este colectivo son “más que puntuales”.

En el informe, que destaca las “preocupaciones” que suscita el envío de migrantes a Ruanda, señala que la homosexualidad se despenalizó en 2010, pero advierte: “En esta fase, las investigaciones apuntan a que los malos tratos son más que puntuales, pero no parecen ser sistémicos”.

Otro problema del actual sistema del Ministerio del Interior es cómo entiende la sexualidad en las solicitudes de asilo como una cuestión de identidad, y no de conducta.

A algunas personas de fuera del Reino Unido puede resultarles más difícil precisar su identidad y, a pesar de que la política de asilo del Ministerio del Interior prohíbe juzgar por estereotipos, puede servir como prueba en las solicitudes.

Esto significa que los responsables de la toma de decisiones pueden buscar pruebas como fotos tomadas en locales gays o que una persona “parezca gay“, señala Alex Powell, lo que podría ser la causa de que varias solicitudes de asilo de minorías sexuales acaben en rechazo.

PinkNews contactó a Rainbow Migration y un portavoz del servicio confirmó que no estaba familiarizado con el caso de Owusu, pero dijo que trabajan con personas de Ghana. Eunice Owusu también ha sido contactada para hacer comentarios.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana lasrelaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, en dosmanzanas nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias detenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional.

Y en octubre de 2021, cuatro hombres homosexuales eran  golpeados, desterrados y arrestados en Ghana por “solo intentar vivir”. Todo esto apoyado por  Grupos cristianos anti-LGBTQ+ que  junio de 2022 lanzaban un siniestro anuncio en Ghana…

Puedes ayudar a LGBT+ Rights Ghana

Si lo deseas, puedes contribuir a ayudar financieramiente al colectivo LGBT+ Rights Ghana a través de la plataforma GoFundMe.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Eunice Owusu, Ghana, Homofobia/Transfobia, John Nixon, Juicio, Reino Unido

NOTICIA ACTUALIZADA*

Los jueces Gustavo Varvello, German Saint Martin y Julián Descalzo del Tribunal Oral en lo Criminal Número 7 de San Martín absolvieron a Higui de Jesús del cargo de «homicidio simple». Higui es lesbiana, tiene 47 años. El 16 de octubre de 2016 había ido a visitar a su hermana Mariana en Lomas de Mariló (San Miguel) y sufrió un ataque en un pasillo del barrio por parte de un grupo de hombres que la hostigaban por su expresión de género y su orientación sexual. En el ataque se defendió e hirió de muerte de a uno de ellos. Sin acceso a la justicia, estuvo presa durante ocho meses y luego con prisión domiciliaria, hasta hoy.

Hoy se realizó la tercera audiencia y no se esperaba que se diera a conocer el veredicto. El activismo que viene apoyándola desde hace cinco años, cuando empezó a construir la campaña por la absolución de Higui, estuvo en la puerta del tribunal durante estos tres días. Al cierre de esta actualización festejaban en las calles con cantos y bombos frente al Tribunal que en todo el proceso no accedió a que los medios entraran a la sala.

https://twitter.com/presenteslgbt/status/1504590694685499395?s=21

La abogada de Higui, Chiqui Conder -de la Gremial de Abogados y activista de ddhh- habló con Presentes al terminar el juicio. «Esta es una victoria nuestra, no del sistema judicial. Nos tienen que creer cuando denunciamos un abuso. Acá no se investigó nada de lo que le hicieron a Higui. Lo único que se ve en los fiscales es criminalizar a Higui por ser mujer, negra, pobre y lesbiana. Lo primero que hace el Estado con Higui, que ha sufrido múltiples violencias, es encerrarla y meterla presa. Eso habla de un Estado ausente», dijo a Presentes la abogada de Higui, Chiqui Conder.

La tercera audiencia

Higui llega a los tribunales de San Martín en medio de aplausos y más cantos. Lleva en una mano la pelota de fútbol (con mensajes de las pibas de la Villa 31), cual amuleto, y con la otra una remera con la foto de sus perritos, que cada tanto llena de besos. Sube en el ascensor hasta el décimo piso , donde le toca sentarse en el banquillo de lxs acusadxs.

Se la acusa de homicidio simple por haber defendido en octubre de 2016 de un ataque sexual perpetrado por un grupo de varones. Quisieron violarla para “corregir” su lesbianismo. Higui se defendió con un cuchillo de jardinería que tenía encima: llevaba mucho tiempo sufriendo agresiones por su orientación sexual y su expresión de género.  

La sala C, donde transcurren las audiencias, es diminuta. Hay lugar para cuatro personas de cada parte. La falta de espacio aumenta la tensión. Higui está acompañada de su psicóloga y de sus abogadas, Chiqui Conder y Claudia Spatocco. Está además la otra parte, que nadie sabe bien cómo llamar, la que va por Cristian «Pino» Espósito, el fallecido, 28 años, uno de los agresores que atacó a Higui y a quien ella al defenderse hirió de muerte.

Lo volvió a relatar hoy con detalles ante el tribunal que la juzga. Es el Tribunal Oral en lo Criminal Número 7, y lo integran Gustavo Varvello, Germán Saint Martin y Julián Descalzo.

Por la familia del fallecido entró a la sala la madre, que se apoya en muletas y lleva una remera con la cara de Espósito y una leyenda: En el cielo nos vemos hijo. Las otras mujeres que la acompañan usan remeras de Justicia por Pino. Y han pegado en el edificio algunos carteles que lo defienden. En las paredes del tribunal conviven los pedidos de absolución para Higui con las fotos y los pedidos de Justicia para decenas de pibes y pibas, todes muy jóvenes, todes pobres, todes de los suburbios.

En la audiencia de hoy estuvieron además la fiscala, Liliana Tricarico, fundadora y presidenta de la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires. También la veedora Indiana Guereño por parte del ministerio de la provincia de Bs As y Romina Chiesa, directora de protección del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. También Viviana Figueroa, militante de la organización lésbica Las Safinas que llegó desde Rosario junto a otras compañeras. Higui estuvo toda la audiencia muy cerca de su psicóloga, Raquel Disenfeld. Fue un día difícil.

Piden cambiar de sala

El periodismo no pudo en los tres días entrar a la sala. Por un lado por falta de espacio pero también por una resolución emitida por el tribunal que dijo que no se podían publicar los dichos de los testigos. Alegaron proteger el proceso como si los años que pasaron no hubieran existido. Hay numerosos pedidos de organizaciones de comunicación y de ddhh que solicitaron al tribunal dos cosas: llevar el proceso a una sala más grande para que pueda ser cubierto por los medios, que también son pocos. Y otro para que los alegatos sean televisados. Esto tampoco ocurrió, ya que al terminar la audiencia se comunicó que los alegatos serían esta tarde a partir de las 17hs.

Hoy declararon tres personas que atendieron a Higui. Sus dichos fueron contundentes. La primera, una policía que llegó al lugar de los hechos aquella noche. Esa policía contó que cuando acudió, a partir de un llamado al 911, encontró a Higui muy herida y golpeada, con la ropa rasgada y sucia, con aliento a alcohol. Estaba muy asustada y se había hecho pis. La policía dijo que no la podía cambiar de tan golpeada que la encontró, y que creyó que podía tener fracturas. Relató que en el lugar estaba también un flete llevando al hospital a Espósito.

En la audiencia de hoy se extrajeron de una bolsa algunas prendas recolectadas como supuesta prueba. Entre ellas, la ropa de Higui de aquella noche, que fue exhibida ante las partes y los jueces, como el pantalón de jogging azul que vestía.

La segunda testigo fue la primera psicóloga que la atendió cuando quedó detenida. Todos los dichos de la psicóloga apuntaron a un punto: «Higui no está mintiendo, lo que está diciendo Higui es cierto», repitió. Y habló desde las pericias psicológicas realizadas en aquel momento. Cuando la testiga llegó a este punto del relato Higui tuvo una crisis de angustia y pidió retirarse de la sala. Salió a tomar aire y fuerzas y volvió a entrar poco después.  

La tercera testiga fue una psiquiatra que la atendió. Su testimonio fue muy breve.

Tras un cuarto intermedio, Higui pidió declarar y hacerlo sin público. En la sala solo quedaron su psicóloga, sus abogadas, los jueces, la fiscal y personal del tribunal. La madre de Espósito se quejó. “Ella tiene derechos”, le respondió un policía que custodiaba la entrada a la sala.

La declaración fue larga. Muy parecida a lo que dijo en su declaración indagatoria, donde repasó aquella noche violenta. Pero hoy lo contó con muchos detalles, de manera vívida, ilustrando ante el tribunal con su propio cuerpo cómo fue cada tramo del ataque y de su defensa. «Casi me quiebro pero me acordé de mis perritos», dijo Higui a Presentes.

Luego fue el turno del Enrique Stola. Citado como testigo conceptual, Stola había sido perito de parte y hoy declaró por videollamada desde España. Se centró en explicar qué es el estrés postraumático.

A eso de las tres de la tarde Higui salió del tribunal. “Quería declarar, tenía muchas ganas de hacerlo. Me siento mejor”, dijo a Presentes. Se la veía más aliviada. Sus abogadas acababan de recibir la noticia de que en dos horas, a las 5 de la tarde, serían los alegatos.

Higui fue recibida con aplausos y cantos en la calle. Durante todo el día, el sonido de ese acompañamiento crucial del activismo de la diversidad sexual y ddhh organizado -los cantos, la música, algún bombo, los gritos- llegaba lejano pero persistente hasta la sala del décimo piso. Parecía que era lo único que podía filtrarse hasta el piso 10. Higui lo escuchaba y eso alcanzaba. Esos sonidos eran de los pocos hilos conectores entre lo que parecen  dos mundos diferentes. La justicia blindada sobre sí misma, patriarcal, donde hay que ponerse de pie cuando entran los jueces y acatar. la Justicia que decide que un juicio con esta relevancia no puede transmitirse ni cubrirse periodísticamente. Una justicia sin perspectiva de género, que hasta hoy no investiga el ataque a una lesbiana como un delito de odio.

Y esa justicia es también la que decidió absolverla. Antes de que el veredicto se conociera y cuando empezó a oscurecer, más y más personas se fueron acercando al tribunal. Primero para acompañar los alegatos. La defensa pidió, lógicamente, la absolución. La fiscalía, la detención inmediata de Higui y diez años de cárcel, en un alegato sin perspectiva de género. Ahí empezó a correr el rumor de que hoy se podía conocer el veredicto. Hubo tambores y música en la radio abierta, una asamblea y cada vez más personas sumándose.

Los escenarios no estaban claros y el aire estaba pesado. En la sala C, antes de que el tribunal diera el veredicto, Higui dijo que lamentaba y sentía mucho lo que había pasado.

Cerca de las ocho llegó la noticia a la calle, donde seguía llegando gente. Gran parte del activismo estaba ahí desde antes de las 9 de la mañana. ¡Absolución! se gritó saltando, cantando, abrazando. Por fin Higui salió del tribunal y corrió sonriente a la calle, a pleno festejo de la victoria, tras una lucha que llevó más de cinco años. La absolución a Higui pasó de consigna a realidad.

«Las quiero abrazar a todas», dijo. «Gracias guachas por no bajar los brazos». Caminó rápido hacia el micrófono que la esperaba en un lugar seguro que se había armado en una carpa. Agregó: Gracias a mis abogadas. Ahí adentro de la sala me decían «Higuis» y ellas le llamaron la atención al tribunal. Me enseñaron a respetar mi nombre».

Fueron más de cinco años de lucha contra un sistema judicial patriarcal, heterocisexista, desigual en su trato, por momentos absurdo. Un proceso complejo y difícil, lleno de vueltas y de sobresaltos, de demoras e injusticias. Y en cada uno de estos momentos en los que el apoyo y la organización de activistas de la diversidad sexual fue crucial, Higui se construyó también a ella misma como una activista. La que pidió: «Justicia para todos: para los chicos trans, para las travas encerradas en las cárceles, para los pibes pobres del gatillo fácil. Que aparezcan los nietos! Y que digan dónde está Tehuel»

Fuente Agencia Presentes

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Mientras tres activistas polacos de derechos LGBTQ aguardan el juicio, prominentes sacerdotes holandeses, religiosas y líderes laicos firmaron una carta al fiscal en la que calificaron los cargos contra los acusados de “incomprensibles” y “francamente impactantes”.

Según Amnesty International, el 2 de marzo de 2021, las activistas Elzbieta Podlesna, Joanna Gzyra-Iskandar y Anna Prus, fueron absueltas de “insultar los sentimientos religiosos” en Polonia tras distribuir panfletos con una imagen de Nuestra Señora de Czestochowa representada con un halo arcoiris, el logo internacional para las personas LGBTQ. Las mujeres fueron arrestadas inicialmente en 2019. El fiscal del caso ahora apeló la absolución y las mujeres serán juzgadas nuevamente el 8 de diciembre. Se enfrentan a una posible sentencia de dos años de prisión.

A raíz de estos cargos y del próximo juicio de apelación, varios católicos holandeses prominentes han enviado una carta en apoyo de las tres mujeres. La carta dice:

“Los cargos contra las tres mujeres son incomprensibles y francamente impactantes para nosotros. No conocemos ningún símbolo de compasión y protección más poderoso que María. Ella representa el amor incondicional: todas las personas necesitadas, jóvenes o mayores, hombres o mujeres, ricas o pobres, LGBT o no, pueden acudir a ella en busca de consuelo y apoyo. Después de todo, es por una buena razón que también lleva el nombre especial de ‘Nuestra Señora del Refugio’ (Our Lady of Refuge)“.

“Además, creemos que al representar a la Virgen con el halo arcoíris, las tres mujeres han mostrado de una manera muy poderosa y hermosa cómo la Iglesia Católica debe ser amorosa y respetuosa con las personas LGBT, y que es precisamente la tarea de los Católicos. Iglesia a proteger y apoyar también a las personas LGBT cuando son víctimas de discriminación y marginación, y ofrecerles refugio ”.

El grupo de católicos también señaló la reciente carta del Papa Francisco al P. James Martin, SJ en el que el pontífice enfatizó la importancia del cuidado pastoral para la comunidad LGBTQ e instó al fiscal a “tomar en consideración las palabras del Papa Francisco”.

Amnistía Internacional Países Bajos también ha pedido al fiscal polaco que retire el caso contra los activistas y se manifestó en la embajada de Polonia en La Haya para entregar una petición con más de 40.000 firmas. Amnesty está preocupada por el estado de derecho en Polonia y afirma en un informe:

“Según Amnistía, el caso es un ataque a la libertad de expresión y simboliza la violación del estado de derecho polaco. “Desde que los vientos ultraconservadores del gobierno PiS han estado soplando en nuestro país, el estado de derecho se ha visto socavado y la homofobia ha ido en aumento”, dijo Mikołaj Czerwiński de Amnistía Polonia. “Esta demanda contra tres mujeres valientes que solo defendieron a la comunidad LGBTI + es un ataque a la libertad de expresión y, por lo tanto, debe detenerse de inmediato”.

Los cargos contra Elzbieta, Joanna y Anna son profundamente preocupantes y contrarios tanto a las palabras del Papa Francisco como a la Doctrina Social Católica, que enfatizan la misericordia, la compasión y el cuidado pastoral para todos los católicos. Sin embargo, podemos encontrar a Cristo en la amplia comunidad internacional de resistencia y apoyo proféticos que se ha unido detrás de estas mujeres. Estos activistas recuerdan a la audiencia occidental los peligros que afligen a nuestros hermanos LGBTQ en otros rincones del mundo y la verdadera universalidad de nuestra iglesia.

Por otra parte, el sitio de noticias cristianas de extrema derecha, LifeSiteNews, inició una petición para que se censurase públicamente al sacerdote jesuita James Martin por decir que la Virgen María “es para todos, incluidas las personas LGBT +”.

El sacerdote jesuita James Martin compartió la historia de Elżbieta Podlesna, Joanna Gztea-Iskandar y Anna Prusen enTwitter y escribió un hilo explicando por qué “María es para todos”. Escribió: “En Polonia, donde la homofobia es rampante, las personas LGBT + están siendo juzgadas por“ profanar ”una copia de la Virgen Negra. Pero María es para todos, incluidas las personas LGBT +, y hay una larga historia de retratarla como parte de diferentes comunidades de fe. Ella es especialmente importante para las comunidades que han sido perseguidas o marginadas”.

Martin dio ejemplos de cómo la imagen de la Virgen María o la Virgen Negra había sido adaptada por muchas culturas diferentes e insistió en que la versión LGBT + con halo de arcoíris debería verse de la misma manera. “La comunidad LGBT + tiene pocas imágenes como esta”, agregó. “Por eso no es de extrañar que agregaran su propio símbolo, el arcoíris, de manera respetuosa, a una imagen querida de su madre. Qué apropiado que esté llorando, porque es su hijo quien sufre cada vez que una persona LGBT + es perseguida”.

Pero el sitio de noticias cristianas de derecha LifeSiteNews ha iniciado una petición contra Martin, pidiendo que sea censurado públicamente. El sitio de noticias insistió: “Los católicos de todo el mundo están pidiendo a la Orden de los Jesuitas que censure públicamente a uno de sus miembros más prominentes, el sacerdote estadounidense, el padre James Martin, por promover una versión bastarda pro-LGBT + de una de las imágenes más veneradas del mundo. Nuestra Señora, la Virgen Negra “. La petición, que ha sido firmada por más de 20.000 personas, dice: “Cuando James Martin, SJ, promovió una imagen en Twitter de la Santísima Virgen y Nuestro Señor con halos de arcoíris sodomita alrededor de sus cabezas, ofendió profundamente la religión, la historia y la cultura polacas. y tradición “.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Cristianos Gays/ New Ways Ministry,

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Amnistía Internacional, Anna Prus, Defensores Derechos Humanos, Elzbieta Podlesna, Homodobia/Transfobia, Iglesia Católica, Joanna Gzyra-Iskandar, Juicio, Países Bajos, Papa Francisco, Personas LGTBI, Polonia

Del blog Nova Bella:

“Nadie debería juzgarme sin pasar antes unos minutos conmigo,

en compañía de mi propio estupor”.

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Margaret Mazzantini

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"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad conocer, Estupor, Juicio, Margaret Mazzantini

Corte Interamericana

Arranca hoy miércoles a las 10:00 A.M y continuará el jueves. El Movilh dio a conocer el programa. Los abogados colaboradores del Movilh y representantes la docente, Ciro Colombara y Branislav Marelic, explicaron el juicio y su transcendencia para la población LGBTIQ+.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dio hoy a conocer el programa del juicio por lesbofobia contra Chile que tendrá lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los próximos miércoles y jueves, al tiempo que los abogados colaboradores de la organización y representantes de la docente Sandra Pavez ; los juristas Ciro Colombara y Branislav Marelic; explicaron los alcances del inédito proceso donde Estado e Iglesias se unirán por primera vez para negar derechos en razón de la orientación sexual de las personas.

El juicio será abierto a las 10:00 horas de este miércoles 12 de mayo por la presidente de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito; tras lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispondrá de 20 minutos para presentar el caso de Pavez, a quien un fallo de la Corte Suprema le impide desde el 2007 hacer clases en Chile solo por ser lesbiana.

Luego se procederá al interrogatorio de Pavez, contando con 20 minutos el Estado de Chile y otros 20 los representantes de la docente. En tanto, durante la declaración pericial de Rodrigo Uprimny Yepes se contará con 10 minutos para la presentación, 10 minutos para la CIDH, 15 minutos para los representantes de Pavez y 15 minutos para el Estado. Además, durante la declaración pericial de José Luis Lara Arroyo, habrá 10 minutos para la presentación; 15 para el Estado y 15 para los representantes de Pavez.

El juicio continuará el jueves 13 de mayo a las 10:00 horas, siendo abierta nuevamente por la presidenta de la Corte IDH. Luego se dará paso  a la declaración de  pericial de Estefanía Esparza Reyes, con 10 minutos de presentación, 15 para la CIDH, 15 para el Estado de Chile y 15 para los representantes de Pavez.

Finalmente, los representantes de Pavez dispondrán de 30 minutos para los alegatos,  al igual que el Estado de Chile, con 5 minutos adicionales de derecho a réplica para ambas partes. A esto seguirán 20 minutos para las observaciones de la CIDH y el cierre de la audiencia por parte de la presidenta de la Corte INDH.

El juicio tendrá lugar en un contexto donde todas las iglesias de Chile se han movilizado de forma inédita con unidad para que la Corte IDH falle contra Pavez, desenlace que también busca el Estado. “Nunca antes Estados e iglesias se habían unido motivados para legalizar la homofobia en un juicio internacional. Es un hecho tan impactante, como doloroso, que revictimiza a Sandra”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El abogado colaborador del Movilh, Branislav Marelic, precisó que “el Caso de Sandra Pavez es muy importante para Chile porque aborda la discriminación por orientación sexual de una funcionaria pública; que es una profesora que no pudo ejercer su cargo de docente de religión por su orientación sexual”

Añadió que “esto se debe al Decreto 924 del Mineduc, vigente hasta la época, que faculta a las iglesias para quitar la idoneidad de los profesores de religión en el sistema público. Y a la víctima, en este caso, se le quitó la idoneidad solamente por ser lesbiana y nunca más pudo ejercer su trabajo de profesora de religión. Es una discriminación por donde se le mire. Por eso, este caso es muy importante y se va a resolver en la Corte Interamericana en Costa Rica”.

En tanto el abogado de Pavez, Ciro Colombara, apuntó que “durante décadas el  Movilh ha luchado por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Chile y también a nivel internacional. Durante toda su vida la profesora de religión Sandra Pavez luchó porque se respetase su dignidad y su orientación sexual como una persona lesbiana”

Añadió que  “los derechos de Sandra Pavez, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, fueron violados  el Estado de Chile hace mucho años atrás al discriminarla en su calidad de profesora de religión. El caso llegó hace 13 años al sistema interamericano de derechos humanos y hoy finalmente llega al tribunal más alto de derechos humanos la corte Interamericana, que va a dictar un fallo que va a reparar la dignidad de Sandra Pavez y va a reconocer los derechos de la Comunidad LGBTIQ+, como ha luchado el Movilh durante décadas”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Branislav Marelic, Ciro Colombara, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Juicio, MOVILH, Rolando Jiménez, Sandra Pavez

Cuando seamos libres desde el punto de vista espiritual, no deberemos mostrarnos ansiosos sobre lo que hayamos de decir o hacer en situaciones inesperadas o difíciles. Cuando no nos preocupemos de lo que los otros piensan de nosotros o de lo que vamos a ganar con lo que hacemos, entonces brotarán las palabras y las acciones justas desde el centro de nuestro ser, porque el Espíritu de Dios, que hace de nosotros hijos de Dios y nos libera, hablará y obrará a través de nosotros.

Dice Jesús: «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros» (Mt 10,19-20).

        Continuemos confiando en el Espíritu de Dios, que vive en nosotros, a fin de que podamos vivir libremente en un mundo que sigue entregándonos a quien quiere valorarnos o juzgarnos.

*

H. J. M. Nouwen,
Pan para el viaje,
PPC, Madrid 1999.

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"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad Confianza., Jesús, Juicio, Libertad

La Audiencia de Barcelona juzgó entre el pasado martes y miércoles a los nueve jóvenes acusados de agredir sexualmente o favorecer la violación de una chica de 18 años una nave industrial abandonada de Sabadell en febrero del 2019. Los cuatro principales procesados se enfrentan a penas de entre 37 y 41 años de prisión, además de la expulsión del país. 

El interrogatorio al que fue sometida la víctima de la conocida como la Manada de Sabadell la pasada semana por parte del fiscal,  ha indignado y vuelve a poner sobre la mesa la falta de formación de jueces y fiscales en materia de violencia sexual. El martes fue el turno de declaración la víctima, que ahora tiene 20 años de edad. Durante la primera sesión del juicio, el fiscal  sometió a la joven a un duro interrogatorio, marcado por constantes interrupciones y poniendo en duda su relato, mientras la víctima relataba cómo la violaron con la voz ahogada en lágrimas.

En este caso no sólo el interrogatorio de la fiscalía y de las defensas de los acusados levantaron ampollas, sino el hecho de que durante los tres días que duró la vista, se conociera prácticamente todo de la víctima: su nombre y apellidos, su voz, su orientación sexual…

A. vivió hace dos años una de las experiencias más brutales y terribles que una persona puede sufrir. Una violación en grupo, perpetuada por quienes se conocen en los medios de comunicación como «la manada de Sabadell».

En ese momento A. tenía solo 18 años. Actualmente se celebra el juicio contra los 3 presuntos autores de la violación y una cuarta persona que no participó activamente, pero que no hizo nada para impedirlo.

A. no solo ha tenido que soportar la brutal agresión de febrero de 2019, sino que además un juicio con preguntas innecesarias y absurdas que nuevamente ponen el foco de culpa en la víctima. “Hay un agitado debate y polarización entre quienes dicen que ha sido un interrogatorio ‘impecable’ y quienes pensamos se ha construido una atmósfera ciertamente hostil para la víctima. La reiteración de alguna preguntas, muchas de las cuales eran prescindibles, así como el tono inquisitivo con el que se realizaban y por la intensidad del interrogatorio, parecen haber traspasado una fina línea hasta el punto de crear una victimización secundaria”, declara a Público Lucía Avilés, magistrada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España.

Entre los argumentos de la defensa se encuentra que fueron relaciones sexuales consentidas, lo que el abogado de A. ha desmontado rápidamente: “Mi clienta no se siente atraída por este género ni por estas personas porque es homosexual·. Por su parte el letrado ha alabado la actitud de A. «que ha intentado no ser derrotada por este hecho y que ha podido levantar el ánimo y seguir estudiando y llevando una vida normal».

La víctima la violación múltiple ha relatado ante el juez la brutalidad de la agresión sexual, en que asegura que participaron tres personas de manera activa. La chica ha relatado cómo fue asaltada y acorralada de madrugada en el centro de la ciudad y arrastrada hasta un local donde había cinco individuos más.

“Tenía mucho miedo, no sabía si me iban a matar”, ha explicado en la primera sesión del juicio, donde ha explicado que a pesar de que estaba temblando y paralizada, tres hombres la penetraron vaginalmente, la obligaron a hacer felaciones y uno de ellos también la penetró analmente. La víctima se ha mostrado muy afectada por los hechos y ha explicado que sufre secuelas psicológicas desde aquella noche.

Cuando la joven de ahora 20 años recuerda los hechos, el día que salía de un bar donde celebraban el cumpleaños de un amigo y se dirigía a su casa, un hombre la abordó bruscamente. “Me puso contra la pared a la fuerza. Me quedé impactada y bloqueada. Me empezó a dar besos por el cuerpo de forma violenta y brusca. Le decía que parara. Tenía miedo. Me empezó a levantar la sudadera y a introducirme los dedos en la vagina”, cuenta. El hombre la sujetó y la condujo hasta la fábrica abandonada donde él y otros dos individuos la violaron. Los agresores, de origen magrebí, estaban en el bar donde A. celebraba el cumpleaños con sus amigos. Según relata, cada vez que iba a la barra o al baño ellos hacían comentarios machistas sobre lo guapa que era o sobre su culo. Una vez dentro de la nave, en la sala principal, el individuo que había asaltado a la joven en la calle se separó y dijo a los otros jóvenes que la violaría. La joven, a unos metros, estaba acurrucada en el suelo, aturdida y asustada, e incluso se orinó encima.  No sabía si la iban a matar.

El mismo hombre que la llevó a la nave la cogió y la condujo a un pequeño habitáculo, separado de la sala principal por una cortina. Tiró a la chica a un sofá, le bajó los pantalones y la ropa interior y la violó, a pesar de la resistencia de la joven.  Una vez acabó, salió del habitáculo mientras la chica seguía dentro completamente aturdida y sin poderse mover. Acto seguido entró al espacio uno de los jóvenes que esperaba fuera, a quien no se ha podido identificar, y también violó a la chica. Finalmente, otro de los acusados hizo lo mismo. Cuando acabó el tercero, le dijo a la chica que se vistiera y la sacó de la nave.

Cuando la dejaron ir, ya en la calle, hacia las 7.30 horas, uno de ellos la siguió para saber dónde vivía, y en un momento de descuido, la chica se pudo escapar de este joven y pudo correr hacia un garaje del cual salía un vehículo, al cual entró. Los ocupantes la auxiliaron y la llevaron a la Policía Local.

“¿Por qué caminaban en zigzag, fue decisión suya o del individuo que la acompañaba?”, pregunta la abogada de uno de los acusados. “Es que no me acompaña, me lleva a la fuerza”. La abogada insiste: “¿Y no pudo chillar?” A. salva la situación, pero queda al borde del llanto: “No, porque estaba coaccionada, temí por mi vida…”, según relata el diario El País.

La misma noche de los hechos, la Policía Local pudo detener a seis chicos, acusados de haber participado en la violación múltiple. Al día siguiente, los Mossos d’Esquadra detuvieron al séptimo sospechoso y dos días más tarde caía el octavo hombre. A finales de febrero, los Mossos pudieron detener al noveno sospechoso. Después de prestar declaración, el juez ordenó el ingreso en prisión de uno de los detenidos, que sería uno de los tres autores materiales de la violación, mientras que los otros ocho quedaron en libertad con cargos.

Aun así, la investigación posterior habría demostrado que uno de estos ocho hombres podría ser el segundo autor material de la violación. El joven aprovechó su situación de libertad y huyó, por lo cual se dictó una orden de detención internacional para intentar capturarlo. A día de hoy, el hombre continúa huido. Quien tampoco ha sido capturado es el tercer autor material de la violación. La víctima en todo momento habló de tres hombres, pero hasta el momento la investigación solo ha podido identificar y localizar a dos.

El abogado de la víctima, Jorge Albertini, en declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia de Barcelona y justo antes del inicio del juicio, ha destacado que su clienta es “muy valiente” de explicar en sede judicial el que pasó, y ha dicho que confía en que los acusados acaben cumpliendo condena.

“Lógicamente el acto de tener que enfrentarte una vez más a los agresores y tener que explicar una vez más todo el que pasó es traumático, pero no hay mejor terapia que explicar lo que sucedió en un juicio y buscar justicia”, ha dicho.  Así mismo, el abogado ha aseverado que ninguno de los acusados tendría que haber sido en libertad “en ningún caso” y afirma que, a pesar de que uno de los autores no pudo ser identificado, sí tienen su ADN. Respecto al que está en rebeldía y tiene una orden de captura internacional, ha señalado que en cualquier momento puede ser detenido. Albertini también ha subrayado que los cooperadores necesarios fueron partícipes, puesto que no hicieron absolutamente nada para impedir la agresión y por tanto “tienen el mismo carácter que el autor”.

La fiscalía pide para ellos entre 37 y 41 años de prisión. Por todo esto, la fiscalía acusa a Mohamed A. de un delito de agresión sexual como autor y de dos más como cooperador necesario. A los otros tres acusados les atribuye tres delitos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Uno de estos cuatro acusados está en rebeldía, dos están en prisión preventiva y otro está en libertad provisional. A tres de los acusados les pide 41 años y medio de prisión, mientras que al cuarto le pide 37 años y medio de prisión.

A los cuatro también les pide cinco años de libertad vigilada, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante cinco años más, limitación de los beneficios penitenciarios y que cuando obtengan el tercer grado o la libertad condicional sean expulsados del estado español y no puedan volver durante diez años. El ministerio público solicita que entre todos paguen 60.000 euros a la víctima en concepto de daños físicos, psicológicos y morales.

Esperamos que caiga sobre los culpables todo el peso de la ley.

Fuente El País, Público, vía Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Juicio, La manada de Sabadell, Revictimación, Violación

Por Verónica Stewart

Luz Aimé Díaz, travesti migrante acusada y encarcelada en 2018 por un crimen que no cometió, fue absuelta hoy por el Tribunal N8 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez ordenó que se le quitara el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido colocado como parte de la prisión domiciliaria.

La fiscal María Luz Castany, siguió la línea de la abogada defensora Luciana Sánchez y pidió la absolución, destacando la violencia estructural que sufre el colectivo travesti-trans.

En julio de 2018, Luz fue acusada de “robo agravado y privación de la libertad agravada”. Tras realizar un servicio sexual a dos hombres en Palermo, Luz fue acusada dos meses más tarde de haber maniatado y violentado a un hombre de 50 años del colectivo LGBT+ en la habitación de al lado. A pesar de no existir ninguna prueba de su vinculación al crimen más allá de su paso por la escena del crimen, cumplió una prisión preventiva de ocho meses en el penal de Ezeiza antes de serle otorgada la prisión domiciliaria.

Castañy afirmó que, aunque Luz hubiera aceptado ir a un departamento con dos personas desconocidas, esa decisión correspondía a las características de Luz y al grado de exposición al que se encuentraba por ejercer la prostitución. Concluyó que “es poco verosímil que haya sido coautora de los hechos por los que se la imputa” y que, por lo tanto, correspondía que el Tribunal dictara su absolución.

La fiscal no solo detalló la evidencia forense producida durante el juicio, sino que también hizo mención extensa al informe antropológico brindado durante la segunda audiencia que daba cuenta de las condiciones de vida de la población trans. Además, destacó informes internacionales sobre la importancia del derecho a la identidad y, con ella, a la identidad de género y al respeto por la misma.

Por su parte, la abogada defensora Luciana Sánchez agradeció la posibilidad de sostener el debate mediante la escucha atenta de las pruebas y la posibilidad, en primer lugar, de haberlas producido. Sánchez agregó que espera “que a partir de este caso también estos estándares puedan ser aplicados y extendidos como se viene haciendo en la jurisprudencia que viene incorporando la perspectiva de género”. Agradeció, también, “la posibilidad de poder contar con un precedente donde quede claro que estas vulnerabilidades impiden realmente la persecución penal de determinadas personas y que no debe ser asociada la identidad travesti de mujeres trans ni de las trabajadoras sexuales ni de quienes están en situación de prostitución a la comisión de delitos.”

“Procesada por travesti y por migrante”

Luz nació en Salta. A sus 13 años comenzó a prostituirse y eso la acercó a situaciones de extrema violencia. Sufrió tres ataques transfóbicos que la llevaron a perder la visión de un ojo en su totalidad. Solo ve parcialmente a través del ojo derecho y sufre de constantes cataratas. Esos ataques quedaron impunes.

En 2017 y con solo 20 años, Luz se despidió de su Salta natal y llegó a Buenos Aires. En esta ciudad comenzó a estudiar en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis con la intención de conseguir nuevos trabajos. “También acá comenzó a tramitar su certificado de discapacidad en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze”, explica Alcalde. “Imaginate que ella en un departamento, de noche, a oscuras y con un problema de visión severo, nunca pudo ver lo que ocurría en el interior de otros ambientes del departamento”.

En 2019 se organizó la campaña “Absolución para Luz” de la que participaron defensorxs de derechos humanos

Por este motivo, y tal como le corresponde por el inciso C del artículo 32 de la ley ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660) que ordena otorgar el beneficio en caso de que la permanencia en la cárcel de la persona discapacitada sea inadecuada por su condición y/o reciba un trato indigno, inhumano o cruel, a Luz se le otorgó el arresto domiciliario.

“Ella está juzgada y siendo procesada por ser travesti, por tener una discapacidad visual y por ser una migrante interna. Lo que le pasa a Luz nos pasó a todas”, explica Bertolini. La violencia estructural del Poder Judicial no solo es violencia institucional, sino también violencia de género. En la etapa de instrucción, el fiscal tomó lo necesario para poder centrar a Luz como la principal culpable, pero a las personas que actuaron y que llevaron a Luz allí no se las tomó en consideración. Eso solo es posible porque las travestis y transgénero somos seres delincuenciales”.

La falta de equidad, el grado de vulnerabilidad de la población trans, la estigmatización y la marca de la prostitución son algunas de las características que nombra Bertolini que permiten que el sistema jurídico condene a las personas trans como seres delincuenciales. “Existe algo llamado delito del ser existencial, que es un delito por tu existencia. En este caso, el existir como travestis y trans es pensado como un delito. Ante la falta de conocimiento de las identidades de género, al no tener el Estado un registro de las múltiples identidades que emergen reclamando equidad en los derechos, se pierde la garantía constitucional del derecho al principio de inocencia. Para Luz, este principio no existe porque el ser travesti la catapulta a ser condenada jurídicamente y socialmente”.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Alcalde, Argentina, Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Buenos Aires, Comité contra la tortura, Homofobia/Transfobia, Hotel Gondolín, Juicio, Lucas Carrasco, Luz Aimé Díaz, Natalia Dalessandro, Paula González, Penal de Ezeiza, Travesti

El juicio de Luz Aimé Díaz (23), programado para empezar el 20 de febrero, fue postergado para el 3 abril. La defensa presentó un pedido de recusación y denunció los estereotipos de género con los que se está llevando adelante el proceso. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió el apartamiento de dos jueces. Con la firma de su presidente, Daniel Morin, Casación Penal hizo lugar al planteo de recusación por temor de imparcialidad que realizó Luciana Sánchez,  la abogada a cargo de la defensa.

Los jueces apartados son Luis Rizzi y Javier Anzoátegui del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8. En el expediente, nombraban a la imputada, que se define trabajadora sexual, en género masculino como “el acusado” o “imputado con tendencias homosexuales” e incluso llegaron a decir, de acuerdo a un supuesto análisis religioso, que es una persona con una “inclinación objetivamente desordenada”.

En julio de 2018, Luz, de 23 años, fue acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada” por un hecho del que no tenía conocimiento. Mientras tanto, seguirá en prisión domiciliario en el Hotel Gondolín.

“El hecho de dar entrevistas y visibilizar el caso le está dando confianza y seguridad”, dice Alcalde. Destaca, también, la importancia de la movilización popular y de las campañas que se gestaron por su absolución en las redes sociales, ya que le dan confianza y seguridad a Luz. “Se siente más acompañada”, agregó.

Presa por travesti y pobre

Tras realizar un servicio sexual a dos hombres en el barrio de Palermo, Luz fue detenida, dos meses más tarde, por un crimen del cual no tenía conocimiento. A medida que avanzó el caso, se supo que Luz estaba siendo acusada de maniatar y violentar a un hombre de 50 años del colectivo LGBT+ que se encontraba en la habitación de al lado. Su paso por la escena del crimen alcanzó para que el Poder Judicial le diera prisión preventiva en el penal de Ezeiza por ocho meses. “La única prueba es que estuvo en el lugar”, explica Alcalde. “Después, nada la vincula con la víctima ni con los agresores”.

La docente del bachillerato resalta, también, la importancia de la cobertura mediática que recibió el caso en los últimos meses. “Queremos darle visibilidad para que las magistradas que tienen la causa a su cargo no se la quieran sacar de encima rápidamente, sino que le dediquen el tiempo que se merece”, continúa.

“A Luz se la tiene detenida más de la necesario”, explica Lara Bertolini, activista travesti y traVajadora judicial. “Se han aportado pruebas donde se demostraba que no hay razón para seguir teniéndola detenida. No presenta peligro ni para ella ni para terceros, no hay peligro de fuga”. Bertolini afirma que Luz ni siquiera debería estar siendo procesada, ya que no hay evidencia de ningún tipo que apoye la denuncia realizada en su contra. “Es necesario liberar a Luz porque no hay fundamentación suficiente para mantenerla con arresto domiciliario o en esta situación de restringirle la libertad”, dice.

Para ilustrar más claramente las injusticias que hacen posible la denuncia a Luz, Bertolini cita al concepto del delito de autor de Zaffaroni, que se refiere a cómo tener ciertas características sociales hacen que algunas personas sean propensas a ser revisadas y tratadas como autores delincuenciales. Sin embargo, esta percepción puede ser alterada mediante el uso de vestimenta más formal. Pero cuando se trata de una persona trans, Bertolini afirma que se trata de un ser delincuencial por la identidad.  “A una persona trans, aunque le pongas la mejor vestimenta, si sigue siendo trans sigue siendo acusada, vulnerada, estigmatizada. El delito de autor no tiene cabida. Si le cambias la categoría social a una persona binaria, pasa”, explica.

En vistas de esta estigmatización constante que sufre Luz desde el comienzo del juicio, donde se la trató en repetidas ocasiones del proceso administrativo en masculino, sin respetar su identidad, la defensa presentó un escrito de recusación y pedido de excarcelación en el juzgado. “También denunciaron los estereotipos de género con los cuales se está llevando adelante todo el proceso”, explica Alcalde.

“El pasado lunes 17 de febrero de 2020 se notificó a esta defensa la denuncia del Dr. Fernando Larraín a su cargo de juez subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal N8, y la nueva integración del tribunal con los Dres. Luis M. Rizzi, Javier Anzoátegui y Alfredo A. Sañudo”, dice el fallo. “Esta integración del Tribunal ha provocado un grave temor de parcialidad en Luz Aimé Díaz, que motiva el presente planteo de recusación”.

El comunicado de la Campaña de Absolución para Luz Aimé Díaz explica que el temor por la parcialidad de los jueces Rizzi y Anzoátegui se debe a sus declaraciones con respecto a la ley vigente en materia de derechos humanos y, particularmente, de género. El Juez Anzoátegui, por ejemplo, expresó preocupación, con respecto a la Ley de Identidad de Género (26.743), “el totalitarismo de la ideología de género”.

Mientras Luz aguarda el comienzo de su juicio en abril, la campaña busca seguir acompañándola. Como explica Alcalde, “Luz no puede trabajar ni continuar con sus estudios. Está comiendo gracias a la solidaridad de sus compañeras”.

Para brindar algún tipo de ayuda, se puede contactar a la Campaña a través de las redes sociales En Facebook se las puede encontrar como “Campaña por la Absolución de Luz Aimé”, y en Instagram como “@absolucionparaluz”, o por mail a absolucionparaluz@gmail.com.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Alcalde, Argentina, Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Buenos Aires, Comité contra la tortura, Homofobia/Transfobia, Hotel Gondolín, Javier Anzoátegui, Juicio, Lucas Carrasco, Luis Rizzi, Luz Aimé Díaz, Natalia Dalessandro, Paula González, Penal de Ezeiza, Travesti

Por Verónica Stewart

El juicio de Luz Aimé Díaz (23), programado para empezar el 20 de febrero, fue postergado para abril. La defensa presentó un pedido de recusación y denunció los estereotipos de género con los que se está llevando adelante el proceso.

Luz Aimé Díaz (23), que esperaba ansiosa el comienzo de su juicio, deberá esperar un mes y medio más. Programado para ayer, el juicio fue postergado hasta el viernes 3 de abril a las 9.30hs. En julio de 2018, Luz fue acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada” por un hecho del que no tenía conocimiento. Mientras tanto, seguirá en prisión domiciliario en el Hotel Gondolín.

“Le dijeron a la abogada que uno de los jueces llamados a subrogar había renunciado el lunes, por lo que la nueva jueza no llegaba a ponerse al día con el juicio”, dijo a Presentes Andrea Alcalde, docente de Proyecto Formativo Ocupacional en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, a Presentes. Alcalde también cuenta que, aunque Luz esperaba ansiosa el comienzo del juicio para poder retomar sus estudios en el bachillerato, recibió bien la noticia, y afirmó que usaría el tiempo para seguir preparándose para el juicio.

“El hecho de dar entrevistas y visibilizar el caso le está dando confianza y seguridad”, dice Alcalde. Destaca, también, la importancia de la movilización popular y de las campañas que se gestaron por su absolución en las redes sociales, ya que le dan confianza y seguridad a Luz. “Se siente más acompañada”, agregó.

Presa por travesti y pobre

Tras realizar un servicio sexual a dos hombres en el barrio de Palermo, Luz fue detenida, dos meses más tarde, por un crimen del cual no tenía conocimiento. A medida que avanzó el caso, se supo que Luz estaba siendo acusada de maniatar y violentar a un hombre de 50 años del colectivo LGBT+ que se encontraba en la habitación de al lado. Su paso por la escena del crimen alcanzó para que el Poder Judicial le diera prisión preventiva en el penal de Ezeiza por ocho meses. “La única prueba es que estuvo en el lugar”, explica Alcalde. “Después, nada la vincula con la víctima ni con los agresores”.

La docente del bachillerato resalta, también, la importancia de la cobertura mediática que recibió el caso en los últimos meses. “Queremos darle visibilidad para que las magistradas que tienen la causa a su cargo no se la quieran sacar de encima rápidamente, sino que le dediquen el tiempo que se merece”, continúa.

“A Luz se la tiene detenida más de la necesario”, explica Lara Bertolini, activista travesti y traVajadora judicial. “Se han aportado pruebas donde se demostraba que no hay razón para seguir teniéndola detenida. No presenta peligro ni para ella ni para terceros, no hay peligro de fuga”. Bertolini afirma que Luz ni siquiera debería estar siendo procesada, ya que no hay evidencia de ningún tipo que apoye la denuncia realizada en su contra. “Es necesario liberar a Luz porque no hay fundamentación suficiente para mantenerla con arresto domiciliario o en esta situación de restringirle la libertad”, dice.

Para ilustrar más claramente las injusticias que hacen posible la denuncia a Luz, Bertolini cita al concepto del delito de autor de Zaffaroni, que se refiere a cómo tener ciertas características sociales hacen que algunas personas sean propensas a ser revisadas y tratadas como autores delincuenciales. Sin embargo, esta percepción puede ser alterada mediante el uso de vestimenta más formal. Pero cuando se trata de una persona trans, Bertolini afirma que se trata de un ser delincuencial por la identidad.  “A una persona trans, aunque le pongas la mejor vestimenta, si sigue siendo trans sigue siendo acusada, vulnerada, estigmatizada. El delito de autor no tiene cabida. Si le cambias la categoría social a una persona binaria, pasa”, explica.

En vistas de esta estigmatización constante que sufre Luz desde el comienzo del juicio, donde se la trató en repetidas ocasiones del proceso administrativo en masculino, sin respetar su identidad, la defensa presentó un escrito de recusación y pedido de excarcelación en el juzgado. “También denunciaron los estereotipos de género con los cuales se está llevando adelante todo el proceso”, explica Alcalde.

“El pasado lunes 17 de febrero de 2020 se notificó a esta defensa la denuncia del Dr. Fernando Larraín a su cargo de juez subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal N8, y la nueva integración del tribunal con los Dres. Luis M. Rizzi, Javier Anzoátegui y Alfredo A. Sañudo”, dice el fallo. “Esta integración del Tribunal ha provocado un grave temor de parcialidad en Luz Aimé Díaz, que motiva el presente planteo de recusación”.

El comunicado de la Campaña de Absolución para Luz Aimé Díaz explica que el temor por la parcialidad de los jueces Rizzi y Anzoátegui se debe a sus declaraciones con respecto a la ley vigente en materia de derechos humanos y, particularmente, de género. El Juez Anzoátegui, por ejemplo, expresó preocupación, con respecto a la Ley de Identidad de Género (26.743), “el totalitarismo de la ideología de género”.

Mientras Luz aguarda el comienzo de su juicio en abril, la campaña busca seguir acompañándola. Como explica Alcalde, “Luz no puede trabajar ni continuar con sus estudios. Está comiendo gracias a la solidaridad de sus compañeras”.

Para brindar algún tipo de ayuda, se puede contactar a la Campaña a través de las redes sociales En Facebook se las puede encontrar como “Campaña por la Absolución de Luz Aimé”, y en Instagram como “@absolucionparaluz”, o por mail a absolucionparaluz@gmail.com.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Alcalde, Argentina, Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Buenos Aires, Comité contra la tortura, Homofobia/Transfobia, Hotel Gondolín, Juicio, Lucas Carrasco, Luz Aimé Díaz, Natalia Dalessandro, Paula González, Penal de Ezeiza, Travesti

Por Mariana Leder Kremer Hernández

Fotos: Archivo Presentes, Gabriela Zampedri y Ariel Gutraich

El juicio contra Eva Analía Higui de Jesús, quien al intentar defenderse de una violación hirió de muerte a uno de los hombres que la atacaron en patota por ser lesbiana, ya tiene fecha de inicio. Finalmente será los días 17, 18, 19 y 20 de febrero en el Tribunal Oral Nº7 de San Martín. Desde la Campaña por la Absolución de Higui organizan un festival y convocan a acompañarla durante las audiencias.

Agresores impunes

El 16 de octubre de 2016, Higui fue atacada por una patota de varones que la encerró en el pasillo de una vivienda del barrio de Mariló, San Miguel (pcia. De Buenos Aires).  En su intento por defenderse, hirió de muerte a uno de sus agresores. Pero en la causa no existen los agresores de Higui. “El fiscal nunca investigó. Nunca le creyó a Higui. Así que algunos van como testigos para incriminarla”, dijo a Presentes su abogada defensora Gabriela Chiqui Conder.

Aunque Higui declaró que los hombres le bajaron el pantalón, le rompieron el bóxer y la golpearon salvajemente mientras le decían: “Te vamos a hacer mujer”. Higui intentó defenderse e hirió a uno de ellos, por lo que terminó detenida y acusada de homicidio simple, sin que se tomara en cuenta su testimonio ni se considerara la defensa propia.

“Desde los 21 vivo una persecución”

Higui estuvo presa casi 8 meses, hasta el 13 de junio de 2017 cuando salió del penal de Magdalena para esperar su juicio en libertad. Pero el ataque de octubre de 2016 no fue el primero. “Desde los 21 años que vivo una persecución, porque desde que yo fui a vivir a ese barrio, los pibes me hicieron la vida imposible. Si yo estaba en la parada del colectivo con mi pareja, me tiraban piedras, me echaban, me decían que me fuera, me preguntaban qué hacía yo por ahí todavía. Lo sufrí tanto yo como mi hermana travesti. A ella también le prendieron fuego la casa y ahí murió una compañera travesti.  Por eso nos mudamos. Ella hace un par de años, yo antes”, contó Higui a Presentes el año pasado.

El caso de Higui se difundió gracias a la lucha de lesbianas, travestis y trans, quienes dieron a conocer la historia y exigieron su liberación y posterior absolución, acompañándola hasta el día de hoy, junto a su defensora. Conder integra la Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina, y llegó hasta Higui al momento de su excarcelación en 2017.

Pocxs testigxs

Respecto al inicio del juicio, Conder explicó que “el debate se puede llevar acabo en esos días, porque no hay una cantidad importante de testigos”. Aún se desconoce la fecha en que tendrá lugar la resolución de los jueces.

La familia de Higui: madres y hermanas

La defensora destacó la importancia de la movilización social que en su momento ayudó a lograr la excarcelación de Higui y que ahora pide por su absolución: “La movilización es importante. Desde la Gremial de Abogados trabajamos con organizaciones sociales y entendemos que somos una herramienta más para lograr la liberación de compañeras y compañeros”. Sobre Higui, agregó: “Se trata de una invisibilización del odio hacia las lesbianas. De la misma forma en que se invisibilizó la violación correctiva que quisieron realizar sobre ella, ante la cual se defendió y fue criminalizada por defenderse.”

#Argentina [AHORA] #7M Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en la Campaña por la #AbsolucionParaHigui frente al Congreso.#DiaDeLaVisibilidadLesbica pic.twitter.com/QD54kAG0IT

— Agencia Presentes (@PresentesLGBT) March 7, 2018

Festival en las puertas del Tribunal

Desde la Campaña por la Absolución de Higui vienen trabajando desde hace 3 años y ahora lo están haciendo en forma articulada con la defensora Cónder. Desde este espacio resaltan: “Necesitamos que la sociedad entera le diga a esta Justicia que no puede meter presa a una víctima. Higui es una víctima del sistema heteropatriarcal capitalista y lo fue toda su vida, porque ya había sufrido muchas agresiones y amenazas. Cuando alguien pone en peligro tu salud, tu vida y tu bienestar, tenés derecho a defenderte. Eso es lo que hizo Higui”.

La campaña invita a participar del festival que se realizará de 9 a 16 durante las fechas del juicio en las puertas del Tribunal Nº7 de San Martín. Participarán artistas como Susy Shock, She Devils, Las grasas trans, Lola Bajhan y otrxs. También habrá talleres, lecturas, murales, feria y fútbol. Acompañarán organizaciones sociales, compañerxs del activismo político y de otras causas similares.

El juicio de Higui comenzará el 17 de febrero, tres semanas antes de que se cumplan 10 años del asesinato de la joven cordobesa Natalia “La Pepa” Gaitán, otro caso de lesbo odio por el cual se conmemora el 7 de marzo como el día de la visibilidad lésbica en Argentina. Para que, como decía su madre, “no haya más pepitas ni pepitos asesinadxs por odio”, y para Higui, la libertad.

Fuente Agencia Presentes

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En julio de 2018, la joven de 22 años fue acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada”. Estuvo 8 meses presa en el Penal de Ezeiza y hoy se encuentra con arresto domiciliario. El 20 de febrero comenzará el juicio oral.

Por Alejandra Zani

En un cuarto del Hotel Gondolín, cumpliendo su prisión domiciliaria, Luz Aimé Díaz (22) espera la llegada de su juicio. La acusan por “robo agravado y privación de la libertad agravada” en un crimen del que su defensa asegura que no tuvo conocimiento ni participación. Esta acusación le valió 8 meses de prisión en el Penal de Ezeiza.

“Una noche del 2018, Luz estaba trabajando en una esquina del barrio en Palermo y dos personas la contrataron para un servicio sexual. Fue llevada a un departamento donde realizó su trabajo y luego se fue. Dos meses más tarde, mientras trabajaba en la misma esquina, la detuvieron. La acusaban de un crimen que ocurrió en el departamento en el que había estado, pero del que ella no sabía nada”, explica Andrea Alcalde, docente de Proyecto Formativo Ocupacional en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, a Presentes.

Luego se supo que, poco tiempo antes de que Luz entrara al departamento, las personas que pidieron su servicio habían maniatado y violentado a un hombre de 50 años perteneciente al colectivo LGBT+ que se encontraba en una habitación contigua a ellos. Este hombre sobrevivió al ataque, aunque gravemente herido.

El paso de Luz por el departamento fue prueba suficiente para el Poder Judicial, que no indagó acerca de la presencia de más gente en la escena. “Son personas de las que no hay rastro. El fiscal ni siquiera ahondó ni intentó buscarlos. Por eso decimos que la Justicia es patriarcal, machista y heteronormativa, porque pretende responsabilizar a una identidad travesti que estaba realizando su trabajo y se la acusa de ser la organizadora de un crimen contra un miembro del colectivo, cuando los verdaderos ejecutores están libres y probablemente sigan cometiendo los mismos delitos”, continúa Alcalde. Por este motivo y desde julio de 2018, Luz estuvo en prisión preventiva a disposición del Juzgado Criminal Número 40 a cargo de la jueza Paula González.

Una Justicia binaria y heteronormativa

En una primera instancia, a Luz se le otorgó una defensa oficial que no estaba formada en perspectiva de género y que no respetó su identidad. Le decían ‘el travestido’. “Por eso decidimos formar un comité de justicia integrado por docentes del bachi, por abogadas y por una psicóloga”, cuenta Alcalde. También se propuso para Luz una defensa particular conformada por la abogada Luli Sánchez, quien también trabajó con el juicio de Diana Sacayán, Natalia Dalessandro, quien estuvo en la querella contra Lucas Carrasco, y Lara Bertolini, teórica y activista travesti y traVajadora judicial.

Durante 8 meses, Luz estuvo privada de su libertad en el Penal de Ezeiza. La Comisión por la Memoria (CPM) a través del programa Comité contra la Tortura, en un informe de 2019 sobre lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires expone que “el uso abusivo de la prisión preventiva tiene consecuencias específicas para las travestis y trans”. Esto se deba a que “los sistemas de exclusión que atraviesan antes de ingresar al penal se agravan por la prisionización y la mayor exposición a las violencias” y concluye con la idea de que “este contexto de desigualdad estructural no es tenido en cuenta por el Poder Judicial al momento de resolver la prisión preventiva”. Recién en abril de 2019 se le otorgó la prisión domiciliaria.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Alcalde, Argentina, Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Buenos Aires, Comité contra la tortura, Homofobia/Transfobia, Hotel Gondolín, Juicio, Lucas Carrasco, Luz Aimé Díaz, Natalia Dalessandro, Paula González, Penal de Ezeiza, Travesti

Se juzgará a los autores intelectuales del crimen pero no a los autores materiales

Un Juzgado declara la “nulidad absoluta” del sobreseimiento de la investigación 

(J. B./Efe).- ¿Logrará hacerse justicia sobre el asesinato de Ellacuría y los mártires de la UCA? Después de casi 29 años, El Salvador parece dispuesta a abrir una rendija de esperanza. Así, este martes se supo que un juzgado de la capital ordenó la reapertura del proceso contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de los seis jesuitas, Elba y Celina, el 16 de noviembre de 1989.

Tal y como informó a Efe Arnau Baulenas, letrado y coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), ente que solicitó la reapertura, el Juzgado ordenó a la Fiscalía presentar la acusación para programar la primera audiencia.

“El juez ordena a la Fiscalía que presente un nuevo requerimiento y una vez presentado, se procederá a la audiencia inicial, ahí iniciará el proceso“, señaló Baulenas, quien aseguró que la acusación debe atender una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en la que anuló una ley de amnistía de 1993.

Además, detalló que el Juzgado declaró la “nulidad absoluta” de una resolución del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de seis militares y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

El Idhuca solicitó en noviembre de 2017 la reapertura de la causa penal contra los “autores intelectuales” de la masacre de seis sacerdotes, de los que cinco eran de origen español, y dos colaboradas que fueron asesinadas en el mismo hecho.

También apuntó que la decisión judicial “se dilató un poco porque se presentaron un par de excepciones por parte de la defensa” para tratar de evitar la reapertura y en las que argumentaban que había “cosa juzgada” y “falta de acción”.

“El juez hoy en la resolución ha declarado que no hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción tampoco es procedente”, señaló el letrado, quien en noviembre de 2017 aseguró que esta masacre es un “crimen de lesa humanidad“.

Los militares acusados por el crimen son los generales, ya retirados, Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien se enfrenta a un juicio en España por este crimen.

Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como La Tandona, que dirigieron las Fuerzas Armadas durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de “tierra arrasada”.

El exrector de la UCA y actual director de Idhuca, José María Tojeira, sostuvo en noviembre de 2017 que esta petición de reapertura no incluye a los “autores materiales” sometidos a una “farsa de juicio” en 1992 y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos uniformados.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón élite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

Por esta masacre solo está en prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados a 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que los religiosos han pedido que sea conmutada.

Fuente Religión Digital

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Y que nos explique alguna, qué tiene que ver esto con la Gestación Subrogada…

La brutal agresión verbal y física que termina con el asesinato de Dandara dos Santos fue recogida en un vídeo que se vuelve viral cuando es publicado en YouTube. Un juez condena a prisión a cinco individuos por tortura y asesinato, mientras que cuatro menores que participaron en la agresión seguirán un programa de rehabilitación. 

En abril del año Brasil (y otros países), quedaron conmocionados por el asesinato de una persona transgénero a través de un sobrecogedor vídeo que se vuelve viral tras ser publicado en YouTube. La terrible escena había tenido lugar dos meses antes, el 15 de febrero, en la localidad de Frontera, en el estado de Ceará, donde un grupo de varios individuos retienen contra su voluntad a Dandara dos Santos, de 42 años de edad, para después agredirla verbal y físicamente a la vez que la desnudan y le dan una paliza con todo tipo de objetos, desde zapatos hasta tablas de madera, burlándose en todo momento de ella mientras la transportan en una carretilla hasta que finalmente la asesinan de un disparo. La policía detenía a siete sospechosos de haber participado en la agresión dos días después de la publicación del vídeo, y 18 desde su asesinato. Después de que un jurado popular los declarara culpables, este viernes, 6 de abril, un juez de Fortaleza condena a cinco individuos a diferentes penas en función de su implicación con el asesinato de Dandara dos Santos.

Advertimos de que las imágenes son durísimas, pero no podemos ocultar el sufrimiento de tantas personas por el simple “delito” de ser LGTBI

Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., la persona que disparó finalmente sobre Dandara dos Santos, es condenado a una pena de 16 años (aunque en algunos medios acreditan 21), misma pena que cumplirán Jean Victor Silva Oliveira, quien le golpeó con un tablón de madera, y Rafael Alves da Silva Paiva y Francisco Gabriel dos Reis, que participaron en la paliza que le dieron a Dandara dos Santos; mientras que un quinto acusado, Isaías da Silva Camurça, quien se limitó a agredirle verbalmente mientras los demás le daban la paliza, ha sido condenado a 14 años y medio de cárcel. Dos de los condenados, han adelantado su intención de apelar la sentencia. Los cargos que se imputan a los condenados incluyen homicidio y tortura, con el agravante de transfobia.

Otras siete personas fueron acusadas de participar en el crimen, de los que cuatro de ellos, siendo menores de edad, han sido internados en un programa de rehabilitación, otros dos son prófugos y el último ha sido puesto en libertad por falta de pruebas. «¿Nadie mató a Dandara? ¿Fue un rayo lo que cayó sobre su cabeza? ¿Una piedra que cayó del edificio?», reclama Marcus Renan Palacio, fiscal del caso, después de que los condenados negaran haber matado a Dos Santos a pesar de haber admitido que la habían atacado.

Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., llega a disculparse con los familiares de su víctima en el tribunal, alegando que había sido «engañado», pero que «había aprendido que debemos tener amor en nuestro corazones» tras una revelación que le ha llevado a encontrarse con Jesús. «Este no es el convento de las Carmelitas. Este es el Tribunal de Justicia», le ha respondido el fiscal, argumentando que podía «pedirle al Todopoderoso» que le perdone, pero que el sistema judicial iba a castigarles por sus actos.

Si Brasil es uno de los países más violentos del mundo, con un triste récord de 62.000 homicidios en 2017 en lo que supone un incremento de un 30 % con respecto al año anterior, la violencia contra los miembros del colectivo LGBT es una de las más altas del mundo, produciéndose una media de más de un asesinato al día, siendo además el país que acapara la mitad de los asesinatos de personas transexuales del planeta. En lo que va de año han sido asesinadas 35 personas transexuales en Brasil.

Fuente Universogay

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La jueza Kiyo Matsumoto condena a Martin Shkreli a 7 años de prisión por conspirar para defraudar a los inversores del fondo que gestionaba.

Shkreli es el empresario que subió el precio de un medicamento esencial para embarazadas y personas con VIH en un 5000%

Supimos de Shkreli cuando decidió subir el precio del Daraprim (un medicamento contra la toxoplasmosis) un 5000%. Como el medicamento se usa principalmente en embarazadas y en personas que viven con el VIH la “estrategia comercial” sentó muy mal a Estados Unidos. Tanto que Shkreli pasó a ser el hombre más odiado del país, se han reído de él en todas partes y hasta le tiraron una caca (literal) y le banearon de Twitter. Hasta crearon un juego para darle puñetazos.

Los movimientos de Shkreli hicieron que el Congreso de los EE.UU. iniciara una investigación para ver qué cojones está pasando con la industria farmacéutica en ese país y, además, provocaron que el FBI -que acabó deteniéndole- tuviera mucho interés en lo que Shkreli ha andado haciendo todo este tiempo. Durante el juicio Shkreli se mostró desafiante y todo le hacía mucha gracia, hasta que fue condenado por 3 de los 8 cargos de los que se le acusaba. Shkreli quedó en libertad bajo fianza después de ser hallado culpable de conspirar para defraudar a los inversores de un fondo que él gestionaba, pero entró en prisión cuando ofreció 5.000 dólares a quien le llevara un mechón de pelo de Hilary Clinton; algo que a la jueza Kiyo Matsumoto no le hizo gracia y revocó su fianza.

Finalmente la sentencia de Shkreli no han sido los 20 años que podían caerle ni los 15 que pedía la fiscalía. Pero tampoco han sido los 18 meses que pedía su abogado. Shkreli pasará en prisión 7 años y tendrá que pagar una multa de 75.000$. El abogado de Shkreli intentó pintar al empresario como “un excéntrico” al que nadie entiende y lo comparó con “los chicos de hoy en día, que le dan a enviar antes de entender realmente lo que han escrito“. Incluso llegó a decir que Shkreli es buena persona, que usó métodos poco convencionales para que sus inversores ganaran aún más dinero y que “yo mismo a veces quiero abrazarlo y otras quiero darle un puñetazo“. Pero la fiscal federal no estaba para tonterías y dejó claro que Shkreli, con 34 años, no es un adolescente al que hay que dar una reprimenda sino “un hombre adulto que ha de afrontar las consecuencias de sus actos“.

Lo mejor de esta noticia es que Shkreli, que tanto se reía durante el juicio y tanto ha trolleado por redes sociales, acabó llorando desconsolado mientras leía un comunicado en el que terminó por reconocer lo que había hecho y pidió disculpas a los inversores: “Quiero que la gente que ha venido hoy aquí a apoyarme entienda una cosa: la única persona culpable de que yo esté aquí hoy soy yo mismo. No hay ninguna conspiración para acabar con Martin Shkreli. Yo he acabado con Martin Shkreli.”

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Después de dos años de reivindicaciones por parte de la Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán y demandas por parte del INADI, comienza este viernes, 16 de febrero, el juicio por el asesinato de la activista Diana Sacayán en el que sí se contempla finalmente el agravante de crimen de odio.

cono entre los activistas transexuales en Argentina, el cuerpo sin vida y con trece puñaladas de Amancay Diana Sacayán era encontrado en su domicilio del barrio de Flores, en Buenos Aires, el 13 de octubre de 2015. Tras una investigación, Gabriel David Marino y Félix Alberto Ruiz son imputados y pasan a prisión preventiva por su asesinato a la espera de juicio oral estando acusados únicamente por «homicidio agravado por violencia de género» al haber sido el primero pareja de Diana, pero sin contemplar el que fuera un crimen de odio, a pesar de que uno de los acusados manifiesta haberla matado «por puto». Tras el juicio oral, el pasado 9 de febrero, se establece que el único acusado por su muerte será finalmente Marino, que se enfrenta una cadena perpetua. Pero, gracias a una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, el juicio por el asesinato de Diana, que comienza este viernes, 16 de febrero, será el primero en Argentina que se trata como travesticidio y crimen de odio.

«Este es el momento para que la justicia, por primera en la historia de la Argentina, se pronuncie por las muertes de las travestis, y hable de violencia estructural, odio de género y crimen de odio. Es tiempo de resarcir tantos años de mirar hacia otro lado y de tantas compañeras muertas que no han tenido justicia», declara Sasha Sacayán, hermano de Diana y coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), que anteriormente dirigía Diana. «Es un proceso trascendental por tratarse de la figura de Diana, quien fuera una de las más importantes defensoras de los derechos humanos de nuestro país. Esperamos que este juicio culmine con una sentencia ejemplificadora y reconozca que el brutal asesinato de Diana fue un travesticidio y un crimen de odio», explica Sasha.

«La participación de uno de los imputados no está en cuestión. Sabemos que los asesinos fueron dos. Queremos saber quién es el otro. Necesitamos que la investigación siga abierta para esclarecer lo que pasó. Es lo que merece Diana y lo que nos merecemos todas y todos (…). Hay mucho prejuicio en la Justicia, que estemos hablando de travesticidio ya es un gran logro. Es importante que haya justicia para Diana, no sólo por sus amigos y su familia, sino que es importante para la democracia (…). Las circunstancias y el modo de comisión del hecho permiten suponer que el homicidio estuvo motivado por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de Inadi e impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans», reclama Luciana Sánchez, abogado que representa a la Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán. La Cámara de Casación confirmaba el 6 de febrero que el Instituto Nacional contra la Discriminaicón, la Xenofobia y el Racismo (INADI por sus siglas) también puede intervenir en el juicio como querellante después de que la defensa del acusado pretendiera apartar al organismo que lucha contra el odio en Argentina.

Si el juicio por el asesinato de Gimena Sánchez, primero en la justicia argentina en el que se trata el asesinato de una persona transexual con el agravante de feminicidio, concluía con una condena perpetua para sus dos asesinos, otros dos travesticidios, los de Vanesa Zabala y Natalia Sandoval, asesinadas en Reconquista y Mendoza respectivamente, tuvieron sentencias similares, aunque en ninguno de los casos se recoge el agravante de crimen de odio por su identidad de género. El juicio por el asesinato de Diana Sacayán se convierte de esta manera en un nuevo momento histórico para la justicia argentina al contemplar por primera vez el crimen de odio y el travesticidio. « Queremos que en el juicio de Diana Sacayán se hable de la situación de violencia estructural que viven nuestras compañeras y se juzgue a los culpables con las calificaciones de crimen de odio y travesticidio», declara contundentemente Sasha Sacayán.

Fuente Universogay

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Un Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos considera nulo el juicio a un policía por arresto innecesario y violar los derechos de un ciudadano gay, porque en la formación del jurado que falla a favor del policía, no se había comprobado si los miembros del jurado tienen prejuicios hacia las personas homosexuales.

Raymond Berthiaume es un ciudadano de Fort Lauderdale que el 27 de octubre de 2013 es reducido y arrestado por un agente de policía durante la celebración del Fantasy Fest. Tras interponer una denuncia considerando que el teniente David Smith, del departamento de policía de Key West, se había excedido en su cometido debido a sus prejucios hacia las personas homosexuales, un tribunal falla en contra del demandante, pero este jueves, 22 de noviembre, un tribunal federal revoca ese veredicto, al no considerarlo imparcial, dado que en la formación del jurado no se llega a confirmar si las personas que lo constituyen tienen prejuicios contra las personas homosexuales.

«El tribunal del distrito preguntó a los miembros del jurado múltiples cuestiones sobre cualquier prejuicio o idea preconcebida que pudieran tener contra las fuerzas del orden (…). Pero el tribunal del distrito se negó a preguntar sobre los prejuicios en base a la orientación sexual. Por lo tanto, no tenemos manera de discernir si el jurado fue parcial contra [el demandante] por esa razón», explica un Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en una sentencia emitida por tres jueces.

El incidente en cuestión se produce cuando Berthiaume, disfrazado con chanclas y un taparrabos, como es habitual para celebrar el Fantasy Fest, discute con sus amigos sobre si deben continuar la fiesta en casa o seguir en algún otro lugar. Ante la falta de acuerdo, el compañero de Berthiaume le quita las llaves del vehículo como método de presión para seguir la fiesta hasta más tarde. Ante la frustración de no poder volver a casa, Berthiaume golpea un letrero de la calle, momento en que el teniente Smith lo reduce tirándole al suelo y arrestándole por altercado, aunque nunca llega a ser acusado.

El teniente David Smith se retira del servicio en 2015, después de 25 años en el departamento de policía de Kay West. Berthiaume presenta su denuncia ese mismo año, en la que alega que uno de sus amigos habría sido extorsionado para que mintiera sobre el incidente. Debido a diversas cirugías de reparación a la que tuvo que someterse por lesiones en la mandíbula y la muñeca izquierda cuando Smith le tira al suelo, el demandante solicita 15.000 dólares por daños y perjuicios. Tras un juicio de tres días en mayo de 2016, un jurado dictamina que Smith no es responsable de ningún arresto falso ni llega a violar ninguno de los derechos del demandante.

A pesar de que las personas homosexuales han comenzado a ser aceptadas por la sociedad recientemente, todavía existen prejuicios e ideas preconcebidas hacia ellos, «en consecuencia, Berthiaume sostuvo que en un caso como el suyo, que involucra tanto a una parte gay, como a testigos homosexuales, es necesario que los tribunales investiguen los posibles prejuicios de los posibles miembros del jurado contra los homosexuales para garantizar un juicio justo», sostiene la sentencia del tribunal de apelaciones. Como consecuencia, tanto el demandante como el fiscal pueden solicitar que se repita de nuevo el juicio de nuevo cuando lo consideren conveniente.

Fuente PinkNews, vía Universogay

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El magistrado considera que la agresión estuvo “motivada por la condición sexual” de la víctima.

“No podemos permitir que jóvenes menores, pero mayores de 16 años no sean condenados con igual contundencia y ejemplaridad”.

Se les condena por un delito de lesiones, con el agravante de odio.

Buenas noticias desde el ámbito penal. Dos de los jóvenes que hace unas semanas agredieron a una mujer transexual en Málaga han sido condenados a dos años y a un año y ocho meses de prisión. Los otros dos agresores, menores de edad, aún no han sido juzgados. El juez ha estimado que la agresión estuvo motivada por la condición transexual de la víctima y ha aplicado, en esta ocasión sí, el agravante de odio.

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado a dos jóvenes a penas de dos años y un año y ocho meses de prisión, respectivamente, por golpear con un palo metálico e insultar a una transexual este pasado mes de agosto en el polígono Guadalhorce de Málaga capital.

Así, se les condena por un delito de lesiones, con el agravante de odio (que por desgracia aún hay jueces que se resisten a aplicar en caso de agresiones a personas debido a su condición LGTB). Se les impone el pago de una indemnización a la víctima, estimándose en ambos la atenuante de reparación del daño, al haber consignado ciertas cantidades; y en uno de los acusados la atenuante de alteración mental. Asimismo, se les absuelve del delito de robo con violencia.

Los hechos sucedieron en la madrugada del día 16 de dicho mes, cuando, según se declara probado en la sentencia, los dos acusados, junto a dos menores, decidieron pasar por dicho polígono, antes de ir a la Feria de Málaga, para “mofarse” de las transexuales que en esa zona prestan servicios de contenido sexual.

Una vez allí y movidos por esto, insultaron a la víctima, “conociendo su condición sexual”, indica la resolución del juzgado, que se puede recurrir. Al mismo tiempo, lanzaron piedras donde estaba ésta y otra compañera y cuando ella les recriminó, uno de los acusados condujo hasta una nave cercana donde cogieron una barra metálica.

Entonces, volvieron “movidos por la condición sexual” hasta donde estaba la víctima, a la que comenzaron a “propinar golpes” uno de los acusados con el palo de metal y el otro sin hacer uso de instrumento contundente, pero conociendo que “otros lo empleaban en la agresión”, para luego ir todos al coche y marcharse del lugar, según se precisa en la sentencia.

Le robaron además un bolso con sus pertenencias. La mujer tuvo que ser trasladada al hospital con una herida sangrante en la cabeza, que precisó colocación de varias grapas de sutura. Una vez en el coche, dice el juez, los acusados se dieron cuenta de que los menores registraban un bolso que, aprovechando la agresión, habían cogido, pero considera que los procesados en esta causa desconocían que uno de los otros se había apoderado de él. Por esto, se les absuelve del delito de robo con violencia por el que fueron acusados.

El magistrado estima que “el motivo que movió a los acusados a agredir a la víctima encuentra su razón en la identidad o condición sexual de ésta”, considerando que no es anecdótico que los procesados “acudieran hasta el polígono para encontrar transexuales y preguntar el precio del servicio”. De hecho, uno de los jóvenes reconoció la agresión, aunque no los motivos.

Asimismo, el juez apunta que los acusados conocían la condición sexual de la víctima, ya que hablaron con ella y le profirieron expresiones “de claras connotaciones homófobas”, rechazando que el motivo de la agresión fuera que la mujer lanzara una botella contra el coche como respuesta a los insultos.

Además, en la sentencia se señala que todos los ocupantes del vehículo conocían la existencia del palo, así como que “se desandaba el camino para interceptar el paso de la víctima con la intención de agredirla” y todos se bajaron del vehículo.

Por fortuna, los agresores fueron localizados en su huida por agentes de la Policía Nacional, que habían sido alertados telefónicamente, siendo finalmente detenidos y puestos a disposición judicial. La brutal agresión fue entonces condenada tanto por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como por la consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez. También desató la indignación del Observatorio Español contra la LGBTfobia (entidad vinculada al colectivo COLEGAS), la Asociación de Transexuales de Andalucía o la Federación Andaluza Arco Iris, entre otros colectivos sociales.

Observatorio cree “ejemplar” la condena

El Observatorio Español contra la LGBTfobia (StopLGBTfobia) ha mostrado en un comunicado su satisfacción por la condena “ejemplar” de cuatro años de prisión para estos dos jóvenes. por la sentencia, dado que los tribunales españoles “son poco dados a condenar con penas notables las agresiones a personas LGBT, y además reconociendo el agravante de odio, que aún estando en el Código Penal es aplicado por los jueces a cuentagotas”. “Agradecemos a la Fiscalía malagueña, especialmente a la Fiscal especializada en Delitos de Odio en la provincia de Málaga, María Teresa Verdugo, el trabajo realizado para que se aplicara el agravante de odio por identidad sexual en este caso, ya que el Fiscal lo había ignorado en primera instancia”, ha declarado su director, Paco Ramírez, que también ha pedido que los dos menores que aún deben ser juzgados se les aplique “igual contundencia y ejemplaridad”. “Esperamos que esta sentencia sirva de base para otros casos similares que se están juzgando en diversos tribunales españoles y que tanto fiscales como jueces dejen de temer aplicar los agravantes de odio consignados en nuestras leyes, única forma de luchar eficazmente contra los delitos de odio en nuestro país“, añade el comunicado.

También han señalado que esperan que “por fin en España, agredir a una persona por su orientación sexual o su identidad de género, no constituya un delito menor con sentencias ridículas o incluso la gratuidad e impunidad de muchos agresores”.

Este Observatorio ha apuntado que es “una incógnita” la condena “a los otros dos implicados en los hechos, menores de edad, donde la legislación española es demasiado laxa”. “No podemos permitir que jóvenes menores, pero mayores de 16 años no sean condenados con igual contundencia y ejemplaridad”, ha subrayado.

Según este Observatorio, el nuevo Código Penal corrige “muchas ambigüedades en la legislación anterior en caso de situaciones de agresiones en base al odio”, aunque “aún son necesarias más aclaraciones u otros instrumentos legislativos para un combate más eficaz y efectivo”.

Asimismo, apuesta por combatir estos delitos de odio en las nuevas tecnologías y en las redes sociales, donde “campan a sus anchas sin que las fuerzas de seguridad y la legislación lo estén controlando de una forma sistemática”.

Según Ramírez, la judicatura española debe implicarse más “en erradicar la lacra del odio en la sociedad española con la aprobación de un protocolo específico de actuación judicial en casos que afecten a personas LGBT y otras minorías objeto de odio”. “Añadir a las condenas usuales un trabajo comunitario con las organizaciones de víctimas debería ser otro recurso más a añadir para corregir estos comportamientos inaceptables, y sobre todo para que la información y la cercanía mejore el conocimiento y la empatía con las vicisitudes y problemas que padecemos los grupos de víctimas en el día a día”, ha añadido.

El Código Penal ya castiga la LGTBfobia. Pero hay que aplicarlo…

El artículo 22 del Código Penal, recordemos, considera circunstancia agravante de un delito cometerlo “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

Por su parte, el artículo 510, en su apartado 2, castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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Los presuntos agresores han sido acusados de un delito de robo y otro de lesiones tras agredir a la víctima con un palo de hierro en la cabeza y espalda e insultarla sobre la base de su identidad sexual.

Cada uno de los acusados se enfrenta a una petición de siete años de prisión.

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La sentencia también condena a otros tres hombres que ayudaron al primero a deshacerse del cadáver.

Los acusados, durante la celebración del juicioLos acusados, durante la celebración del juicioLa Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 16 años y tres meses de prisión al hombre al que un jurado popular halló culpable de matar a cuchilladas a otro que le propuso mantener relaciones sexuales en un domicilio de la playa de Gandia.

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se ha aplicado, además, el agravante de cometer el crimen por motivos de discriminación por la orientación sexual de la víctima, aunque concurre también el atenuante de embriaguez.

La sentencia también condena a otros tres hombres que ayudaron al primero a deshacerse del cadáver y a limpiar el escenario del crimen. A ellos se les ha considerado como autores de un delito de encubrimiento, y se les ha condenado a penas que oscilan entre los cinco meses y un año de prisión.

El magistrado ha apreciado en uno de ellos la circunstancia atenuante de confesión, y a otro le aplica los atenuantes de confesión y embriaguez.

Los hechos sucedieron en mayo de 2014, cuando el condenado asestó varias puñaladas a la víctima en la casa a la que habían acudido con otros dos de los acusados, tras estar hasta la madrugada en un pub de Gandía, donde consumieron drogas y alcohol.

En la vivienda continuaron bebiendo y, en un momento dado, la víctima, que entonces tenía 44 años, intentó iniciar relaciones sexuales con el asesino, al que se le insinuó y le tocó la pierna y los genitales.

Según considera probado la sentencia, “al comprobar que la víctima era homosexual y movido por su aversión hacia esta orientación sexual, el condenado cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó varias veces en el tórax, el abdomen y la cabeza”.

Posteriormente, ayudado por el resto de acusados, cortó el cadáver en ocho trozos, lo metió en bolsas de basura y lo ocultó en la zona de Monte Pego, en Alicante. A continuación, el asesino y los otros condenados limpiaron el domicilio donde se produjeron los hechos.

El magistrado considera “cierto” que la insinuación “pudo ser el desencadenante del desgraciado suceso, pero no parece más que la muerte de una persona que era homosexual; no parece que estemos ante la muerte de una persona por ser homosexual ni está acreditado motivo de odio alguno a la víctima, con el que estuvo tomando copas y en el coche del cual se montó para seguir bebiendo”, relata la sentencia.

“Parece que una mala interpretación de una acción obtuvo una respuesta exagerada fatal para su vida”, ha concluido el magistrado-presidente del jurado.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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