Francisco suspende ‘a divinis’ al religioso, acusado de abusos a menores

Le ordena observar una vida de oración y pena de reclusión hasta la finalización del proceso canónico

El Obispado de Mallorca fuerza la secularización de un sacerdote denunciado por pederastia

El príncipe Carlos de Inglaterra niega haber influido en la investigación sobre el obispo pederasta Peter Ball

(Jesús Bastante).- El cardenal estadounidense, Theodore McCarrick, suspendido del ministerio el mes pasado tras ser acusado de abusos sexuales a menores, ha sido apartado del Colegio de Cardenales. Tal y como adelanta National Catholic Reporter, el purpurado, de 88 años, sigue los pasos del cardenal Keith O’Brien, quien renunció a su puesto pocas horas antes de comenzar el cónclave que eligió al Papa Francisco.

La medida, anunciada en un comunicado de prensa de los obispos estadounidenses, no tiene precedentes en la Iglesia de los EE.UU. Ni siquiera en el caso del cardenal de Boston, Bernard Law, quien tuvo que huir a Roma para escapar del procesamiento por el caso ‘Spotlight’, llegó a abandonar el Colegio cardenalicio.

En dicha nota, además, se asegura el que Papa Francisco “ha aceptado la renuncia del cardenal McCarrick al Colegio de Cardenales”. A su vez, el Vaticano anuncia que el Pontífice “ha impuesto al cardenal McCarrick la suspensión ‘a divinis‘”, al tiempo que le ordena “permanecer en una casa que se le indicará, para una vida de oración y penitencia, hasta que el las acusaciones que se dirigen a él se aclaren por el proceso canónico regular”.

Breaking: Theodore McCarrick resigns from College of Cardinals. Ordered by Pope Francis to spend his life “in prayer and penance” pending canonical process. pic.twitter.com/ywkx5qgP9O

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) 28 de julio de 2018

McCarrick, de 88 años, dirigió las comunidades católicas en Metuchen, NJ y Newark, NJ antes de ser nombrado arzobispo de Washington por el Papa Juan Pablo II en 2000. Más allá de su retiro en 2006, fue un influyente asesor de papas y presidentes.

Esta foto de 1974 proporcionada por un hombre que aceptó ser identificado solo por su primer nombre, James, lo muestra en California con Theodore McCarrick, un sacerdote católico que eventualmente se convirtió en cardenal. James dice que fue abusado sexualmente por McCarrick durante aproximadamente dos décadas, quien fue removido del ministerio público en junio de 2018 por acusaciones separadas de abuso infantil. (Foto de familia a través de AP) (Associated Press)

Esta misma semana, el cardenal Sean O’Malley, presidente de la Comisión Antipederastia del Vaticano, declaraba las acciones de McCarrick “moralmente inaceptables e incompatibles con el papel de un sacerdote, obispo y cardenal“. Al parecer, la presión ha sido suficiente para convencer al veterano religioso a renunciar a la púrpura.

En su nota, O’Malley aseguraba que las acusaciones contra McCarrick “han traumatizado a muchos católicos y miembros de la comunidad en general”, asegurando que se necesitan “protocolos transparentes y consistentes” para proporcionar justicia a las víctimas y para responder adecuadamente a la “indignación legítima” de la comunidad cristiana.

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El arzobispo de Adelaida, condenado por encubrimiento, cede a las presiones y dimite

El Papa fuerza la renuncia del prelado, el eclesiástico de más alto rango declarado culpable

Greg O’Kelly, su sucesor: “Fui testigo de la angustia y el dolor de las víctimas”

El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, le había enviado un contundente mensaje al papa Francisco: que destituyese al arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, condenado a un año de privación de libertad por encubrir abusos sexuales a menores.

(Jesús Bastante/Vatican News).- Se hizo esperar, pero al fin, se consiguió. El arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, condenado por encubrimiento, ha sucumbido a las presiones y ha presentado su dimisión, que el Papa Francisco ha aceptado inmediatamente.

Wilson, el eclesiástico de más alto rango del mundo condenado por encubrimiento de abusos, se negaba a dimitir hasta que se sustanciara el recurso presentado ante los tribunales australianos, pero sabía que no contaba con el apoyo del Episcopado del país, y mucho menos del del Papa, que días después de la condena nombraba a un administrador apostólico con plenos poderes en la diócesis.

Finalmente, y tal y como anuncia el ‘Bolletino’, Wilson ha renunciado al cargo. El religioso tendrá que esperar hasta el 14 de agosto para ver si su pena (12 meses de prisión) se cumple en la cárcel o bajo arresto domiciliario, pues el prelado padece Alzherimer y problemas de corazón.

Nada más conocerse la renuncia, los obispos australianos emitieron un comunicado en el que esperaban que esta condena pueda dar “una sensación de paz y curación a los abusados por el sacerdote fallecido“ y reconocen que los efectos del abuso sexual “pueden durar toda la vida”. “Se necesita un gran coraje para que los sobrevivientes se acerquen a contar sus historias” dicen los obispos y aseguran que gracias a ellos han podido aprender la lección de su “vergonzosa historia de abuso y ocultamiento“.

“La Iglesia Australiana ha realizado cambios sustanciales para garantizar que el abuso y la cobertura ya no sean parte de la vida católica y que los niños estén seguros en nuestras comunidades“, señala la nota, en la que los obispo se comprometen a “trabajar con aquellos en la Iglesia y en la sociedad que están tratando de implementar estándares de salvaguardia fuertes y consistentes” en Australia.

Por su parte, el Obispo Greg O’Kelly, nominado por el Papa Francisco el pasado 3 de junio como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Adelaida también ha intervenido, asegurando que “debemos ser conscientes del impacto en los sobrevivientes, en sus familias y en todos aquellos que los aman”. “Fui testigo de la angustia y el dolor de las víctimas” – dice el obispo – y pide que la Iglesia continúe haciendo todo lo posible para escuchar y apoyar a las víctimas, pues es fundamental “nuestro compromiso con la seguridad de cada niño en nuestra Iglesia y en nuestras escuelas”, concluye.

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El Papa recibe al padre Román y le pide perdón tras su absolución en el caso de abusos de Granada

El encuentro, que se produjo a puerta cerrada el 12 de julio, trascendió

El papa Francisco ha recibido y ha pedido perdón al padre Román, que fue juzgado en Granada y absuelto en el conocido como “caso Romanones” de los delitos de supuestos abusos sexuales a un menor.

Javier Muriel, abogado del sacerdote, ha confirmado a Efe la información publicada por la revista especializada “Vida Nueva”, que detalla que el papa Francisco recibió el pasado 12 de julio en su residencia de Santa Marta a Román y a otros dos curas, Francisco C. y Manuel M., que también fueron en su día investigados en la causa.

Según la publicación, el encuentro al que fueron citados los tres sacerdotes se produjo a puerta cerrada y, en el mismo, el papa Francisco les pidió perdón.

Ya el pasado noviembre, el Arzobispado de Granada informó de que el Vaticano había levantado las medidas canónicas cautelares que pesaban sobre esos tres sacerdotes investigados.

El levantamiento entonces de esas medidas, impuestas desde el 15 de octubre del 2014, afectó tanto al padre Román como a Francisco C. y a Manuel M., quienes en su momento fueron detenidos junto a un profesor de Religión tras una investigación judicial por supuestos abusos sexuales.

La causa se inició cuando un joven que ahora tiene unos 28 años denunció supuestos abusos sexuales, que habrían ocurrido cuando contaba entre 14 y 17 años, ante la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, hechos sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.

En el proceso judicial, independiente al seguido en la vía canónica, llegó a haber hasta doce investigados (imputados), diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.

La Fiscalía finalmente retiró, al considerar que no estaban acreditados los hechos, la acusación inicial contra el padre Román, único enjuiciado en la causa y para el que había pedido de forma provisional nueve años de cárcel.

La Audiencia de Granada absolvió en abril de 2017 al padre Román por la falta de persistencia de la acusación y la concurrencia de “graves contradicciones” en la declaración de la supuesta víctima y denunciante.

Este último formalizó un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir que se anulara el fallo de la Audiencia por obligarlo a pagar las costas de la defensa, y que las declarara de oficio.

El pasado abril, el Supremo dejó sin efecto esa condena al pago de las costas de la defensa y, para estimar el recurso presentado por el joven, argumentó que el denunciante no actuó con mala fe ni con temeridad.

Fuente Agencias/Religión Digital

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¿Alguien entiende esto?

El sacerdote, “tranquilo” y “satisfecho”, mientras las acusaciones se plantean recurso al Supremo

Roma reabrirá ahora el caso en su vertiente canónica, en la que hay implicados nueve religiosos

“No existe acreditación alguna de los hechos que son imputados al procesado, ni en lo esencial ni en lo accesorio o circunstancial”. Bajo esta premisa, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada despacha el ‘caso Romanones’ de supuestos abusos del sacerdote Román Martínez a un joven de su parroquia con la absolución del cura, en una larga sentencia dada a conocer este martes a las partes en el juicio, que en sus 80 folios niega credibilidad al denunciante ‘Daniel’ -nombre supuesto-, al que condena al pago de las costas procesales.

(Jesús Bastante).- La Audiencia Provincial de Granada acaba de absolver al padre Román, único acusado en el juicio del “caso Romanones”, considerada la mayor trama de pederastia eclesial de nuestro país. El tribunal, , presidido por el magistrado José María Requena, que está remitiendo la sentencia a los procuradores de las partes, ha condenado también a “Daniel” al pago de las costas del proceso.

El fallo llega después de que el fiscal Francisco Hernández variara su posición y pasara de pedir nueve años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros, a solicitar que quedara libre. Había visto, decía, “contradicciones y ambigüedades” en la única víctima, Daniel.

El caso juzgaba los presuntos abusos sexuales que sufrió Daniel durante años en el círculo religioso conocido como los Romanones. Se trataba de un grupo de 12 personas, diez de ellas sacerdotes, de ideas ultraconservadoras y prácticas modernas.

El caso se destapó después de que Daniel escribiera una carta al papa Francisco tras no hallar respuesta en el Arzobispado granadino. Su cabeza, Francisco Javier Martínez, fue reprendido por el Vaticano por no actuar con diligencia y le obligó a abrir una investigación canónica. Francisco llamó personalmente a la víctima, ahora condenada a pagar por la justicia española.

La sentencia, de 80 páginas, y suscrita por unanimidad, resulta tumbativa para Daniel. El fallo apunta a “versiones de los hechos imprecisas y vacilantes” del joven denunciante, al que condena expresamente al pago de las costas de la defensa. Contra la sentencia cabe recurso de casación de cinco días ante el Tribunal Supremo.

La sentencia indica que, a lo largo del procedimiento, especialmente en el acto del juicio, se ha puesto de relieve la “inconsistencia del relato del acusador particular, sin apoyo periféricos alguno y, al mismo tiempo, que determinadas circunstancias que él daba por ciertas e inequívocas, han sido desmontadas a través del material probatorio que obraba”.

La absolución del procesado, indica el fallo, se basa no solo en la falta de pruebas, sino en la falta de convicción que el testimonio de la presunta víctima causa, con “aspectos absolutamente inverosímiles”.

El tribunal también habla de “conducta desleal” del denunciante a lo largo del proceso, al ir aportando datos de manera sucesiva, y ocultando otros aspectos, como su presencia en determinadas fotos o el momento de cese de los presuntos abusos.

El fallo ha sido recibido con “alivio” por el abogado del padre Román, Javier Muriel, quien en declaraciones a Ep ha subrayado que su representado se siente “tranquilo” y “satisfecho” al conocer la decisión del tribunal, que “por esperada no deja de ser grata“.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, Jorge Aguilera, ha empezado a analizar la extensa sentencia, de 80 folios, para poder decidir sobre un posible recurso de casación ante el Supremo, puesto que tanto él como su cliente esperaban que fuera condenatoria, según ha señalado el letrado en una primera valoración.

Juan Pedro Oliver, presidente de Prodeni, que ejerce la acusación popular, ha argumentado que “respeta” la sentencia pero no cree que sea “justa”, pues opina que han existido elementos de prueba que podían haber cambiado la valoración de la Sala respecto al relato del denunciante. Oliver ha llamado además a cambiar la ley, los plazos de prescripción en los abusos sexuales a menores y la manera de tomar testimonio a las víctimas para favorecer que salgan a la luz estos casos y las sentencias “sean más justas”.

Lo que sí se sabe es que, una vez se cierre el “caso Romanones” en su vertiente civil, se reabrirá la causa canónica, en la que se investiga no sólo al padre Román, sino a otros nueve sacerdotes. En la actualidad, tanto el líder del clan como otros dos sacerdotes se encuentran suspendidas “a divinis“.

El ‘caso Romanones’, en el que se llegaron a practicar una decena de detenciones a quienes se mantuvo imputados hasta que el auto de apertura de juicio oral decretó la prescripción de los presuntos delitos para todo el supuesto ‘clan’ salvo el sacerdote que le daba nombre -Román Martínez-, se salda sin condenas, un desenlace que no se corresponde con la atención mediática que suscitó, en octubre de 2014, al conocerse que el Papa Francisco -a quien ‘Daniel’ dirigió una carta- había llamado personalmente a la presunta víctima para expresarle su solidaridad y animarlo a denunciar el caso. Ahora, la sentencia extiende dudas hasta el propio episodio de la intervención del Papa pues aprecia una contradicción flagrante al encajar las fechas del escrito y la llamada del Pontífice.

Entretanto, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, continúa enfermo y sin participar en ninguno de los actos de la Semana Santa de la diócesis. En su lugar, confirma el Arzobispado en un comunicado, las celebraciones litúrgicas corren a cargo del cardenal Fernando Sebastián, quien fuera arzobispo coadjutor de Granada hace décadas.

Fuente Agencias/El Mundo/Religión Digital

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“Nos hace pensar que existía un clima sexual, pero no tenemos la verdad”, asume Hernández

Las otras partes mantienen la petición de 26 y 15 años de cárcel para el sacerdote, respectivamente

(J. Bastante/Agencias).- La última sesión del “caso Romanones“ ha deparado una notable sorpresa: el fiscal del caso, Francisco Hernández, ha retirado la acusación inicial contra el padre Román, al no considerar “concluyentes” los hechos. Una medida que venía anunciando en determinados corrillos en los últimos días, pero que no contaba con el beneplácito de la Fiscalía Provincial de Granada.

El anuncio de Hernández ha marcado la jornada final del mayor juicio por abusos en la Iglesia española, en una trama en la que llegaron a estar investigados diez sacerdotes y dos laicos, y que finalmente solo prosiguió contra el padre Román, al considerarse prescritos los posibles delitos del resto.

“Desconocemos la verdad. Sólo sabemos que hay 12 declaraciones distintas de las que no podemos concretar nada”, ha declarado Hernández ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada. “Esto nos puede hacer pensar que existía un clima sexual. Pero no tenemos la verdad acerca de que fuera o no consentido ni si existió con Daniel. Sólo sabemos que hay ambigüedad en las declaraciones y en la acusación”, señaló. “Sin la penetración anal no hay juicio, porque los hechos estaban prescritos en la fecha de la denuncia“, ha argumentado el Ministerio Público, que ha apuntado que el “juego de fechas” y el paso de los iniciales “toqueteos” a la penetración impiden considerar probados los hechos.

Es más, el fiscal ha llegado a preguntarse en público, como simple conjetura, si el joven denunciante quiso pagar algún favor con su denuncia que se produjo cuando obtuvo un trabajo en un centro educativo del Opus Dei en Pamplona. Aunque no textualmente, el fiscal si ha hecho referencia indirecta a la posible influencia del Opus Dei y del director espiritual de “Daniel” en el centro educativo navarro en el que trabaja, en la fabricación del relato acusatorio del joven, informa la Ser. RD ha intentado, infructuosamente, recabar la opinión de la Obra, que solo apunta haber seguido las noticias por la prensa.

Tras retirar su acusación inicial, de nueve años de cárcel, se han mantenido las peticiones tanto de la acusación particular, que ha pedido 26 años, de cárcel y la de Prodeni, que solicita 15 años de prisión para el sacerdote. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del sacerdote.

La Fiscalía atribuía al padre Román un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, por el que, además de los nueve años de cárcel, solicitaba prohibición de aproximarse a la supuesta víctima a menos de 100 metros y de comunicarse durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, pedía que el acusado indemnice a la víctima en 50.000 euros por daño moral.

Salvo con algunas modificaciones, la acusación particular, que ejerce el denunciante de los supuestos abusos, ha mantenido su acusación y pide para el padre Román 26 años de prisión.

El letrado del denunciante, Jorge Aguilera, justifica 10 años de cárcel para Román por “acceso carnal” y 16 por dos “dos delitos continuados y relacionados con masturbaciones y felaciones”. En su opinión “han quedado absoluta y perfectamente probados” los supuestos abusos, y ha señalado que el discurso de su cliente ha sido “coherente, lógico, sin ambigüedades ni contradicciones”.

También han mantenido su acusación la acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, que atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal. “En este tipo de situaciones no puede haber certezas. Están los sentimientos por encima de la razón”, subrayaba Juan Pedro Oliver.

Pide para él la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por 15 años, privación de residir en el lugar en que resida la víctima por 15 años y prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante 15 años, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral. La defensa solicita por su parte la libre absolución y ha reclamado la anulación del expediente canónico.

El juicio ha quedado visto para sentencia. A partir de ahora, serán los tres miembros del Tribunal quienes emitan su veredicto, que se espera para dentro de unas tres semanas.

Fuente Religión Digital/Agencias

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