«El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida de todas las personas en su territorio, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, a la luz de los estándares de derechos humanos emanados de los tratados internacionales ratificados por Honduras», asegura el Alto Comisionado de la ONU, expresando su solidaridad «con los familiares y amigos de las personas fallecidas» e instando al gobierno de Juan Orlando Hernández a «continuar las investigaciones iniciadas» en la última semana, enfatizando que deben realizarse de «forma imparcial, pronta y eficaz», lo que «no sólo representa una obligación del Estado ante las víctimas y sus familiares, sino una premisa para evitar su reproducción en el futuro».

Este mismo organismo ya manifiesta en julio de este mismo año «su inquietud por la situación de discriminación» que sufren los miembros del colectivo LGBT en el país centroamericano. Una discriminación a la que contribuye «un discurso público que alienta la diferencia y la exclusión por razón de la orientación sexual e identidad de género, replicado por los medios de comunicación y ciertos liderazgos sociales y políticos». La delegación de la ONU en Tegulcigalpa considera que «la adopción de medidas legales, políticas y administrativas que prevengan la construcción del discurso marginalizador que alimenta los crímenes de odio y asegure el pleno reconocimiento de la igualdad de las parejas del mismo sexo y de la identidad de las personas transgénero».

En abril del año pasado un informe señalaba a Honduras como uno de los países de Latinoamérica en los que el colectivo LGBT sufre una mayor discriminación. Alrededor de 31 personas pertenecientes al colectivo han muerto de manera violenta en este último año en Honduras sin que se produjeran «avances relevantes en la investigación» en la mayoría de los casos, siendo uno de los más relevantes el asesinato de René Martínez, activista y presidente de una asociación LGBT, que trabajaba en un programa de prevención de violencia como parte de un programa de desarrollo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo cuerpo era encontrado con síntomas de haber sido estrangulado después de llevar dos días desparecido y que permanece sin esclarecer.

Un entorno infernal para las personas LGTB

Desgraciadamente no le concedemos la atención que se merece, pero como se ha dicho, los ataques en forma de agresiones, palizas, persecuciones y hasta asesinatos de personas LGTB en Honduras (muy singularmente mujeres transexuales) son continuos. En agosto de 2014 recogíamos con detalle una de estas agresiones, la sufrida por Darwin René Reyes, conocida también como Mónica Shakira, que a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones fue registrada en vídeo. La joven trabajadora del sexo fue brutalmente agredida por otro ciudadano, médico de profesión, y por un miembro de la policía militar.

La situación empeoró tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ahí se produjeron episodios terribles, como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza por los que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. Pero no solo han sido asesinados activistas. A Jonathan José Pineda un guardia de seguridad homófobo lo mató de un disparo a plena luz del día en febrero de 2012. José Enrique Castro (a quien la prensa se refería a veces como gay y a veces como travesti) apareció asesinado a balazos en marzo de 2012. Marlon Javier Jiménez, una joven trans, fue secuestrada de su domicilio y asesinada en agosto de 2012. Los tres tenían solo 22 años.

Son solo algunos ejemplos que alcanzaron un mayor eco mediático, pero por desgracia hay muchos más, y la situación no parece haberse aliviado con la relativa “normalización” de la vida política hondureña, país en el que el respeto a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente (su gobierno goza, sin embargo, del respaldo de las potencias occidentales, por lo que no ocupa las portadas y titulares que se conceden a otros países de la zona…). En 2012 recogíamos precisamente un estudio realizado por la Red Lésbica Cattrachas que arrojaba un total de 71 asesinatos de personas LGTB en Honduras desde septiembre de 2008 a febrero de 2012. Informaciones posteriores incrementaban ese número hasta cerca del centenar de casos. Y a finales del año pasado nos hacíamos eco de las denuncias de activistas centroamericanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevaban a 76 las víctimas solo en Honduras durante 2014. Un panorama estremecedor.