Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

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El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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El ministro comparecerá el martes pero no creemos que sirva para nada.

Tras el anuncio, ERC y Unidos Podemos han retirado su petición para que Zoido explicara este despropósito.

La “utilidad pública” de HazteOír está puesta en duda por muchos, muchísimos sectores de la sociedad además de los partidos políticos de la oposición. Y es que no se entiende que desde el Gobierno se apoye a una institución tan homófoba, tránsfoba y contraria a los derechos humanos.

Tras el revuelo causado hace unos meses por su famoso autobús tránsfobo, se inició una campaña para solicitar que se les retirase la consideración de “utilidad pública”. Seis meses después, Juan Ignacio Zoido ha decido ir al Congreso para explicar tal disparate. Y nosotros estamos deseando escuchar sus explicaciones porque, si el asunto no fuera tan serio, iban a ser muy divertidas.

A esas declaraciones hay que sumar que en agosto el Gobierno retiro la categoría de “utilidad pública” a diversas entidades manteniendo el de HazteOír…

Fundada en 2001, HazteOír se hizo famosa a partir de 2004 convocando misas multitudinarias en Colón o realizando manifestaciones “a favor de la familia”. De la heterosexual claro. En su momento llegaron a tener el apoyo de la Conferencia Episcopal, que ahora parece haberse alejado de la asociación, y siempre se les ha relacionado con los Legionarios de Cristo y la asociación secreta El Yunque.

En 2013, el entonces ministrio del Interior Jorge Fernández Díaz, que en su momento dijo que “el matrimonio gay no garantiza la supervivencia de la especie”, declaró de utilidad pública a la organización presidida por Ignacio Arsuaga. Esta distinción, según la ley, debe ofrecerse a asociaciones cuyes fines “tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos…” Algo que nos cuesta ver en HazteOír. Disfrutar de esta categoría les permite acogerse de ventajas fiscales como no pagar el IBI, buena parte del Impuesto de Bienes Inmuebles y la exención tributaria de los ingresos obtenidos sin tener que realizar una contraprestación.

Fuente | La Vanguardia, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Congreso de los Diputados, Declaración de Utilidad Pública, Íñigo Méndez de Vigo, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido

El Ministro Zoido ha presentado un informe donde los delitos de odio al colectivo LGTB aumentan un 36%, (un 121% en Madrid) certificando los resultados que publicó el Observatorio Madrileño en febrero. Para Arcópoli siguen siendo menos de un 5% de lo realmente ocurrido.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia surgió en 2016 a raíz del aumento de delitos de odio al colectivo LGTB que llegaban a Arcópoli desde 2013 y que el año pasado registró 240 incidentes de odio LGTB. Desde el Observatorio teníamos recogidas 59 denuncias en la provincia de Madrid, contabilizando no solo Policía Nacional y Guardia Civil, sino también Policías Municipales y denuncias por la Ley LGTB directamente a la Consejería de Política Social. Esto implicaba un fuerte ascenso comparado con 2015, pese a que el Informe de Interior del año pasado concluía con una fuerte bajada de denuncias. Los datos de 2016, con un claro aumento de las denuncias, hasta un 121% constata Interior lo que hace que Madrid suba a la segunda posición de las Comunidades con más LGTBfobia denunciada, concuerdan más con los que manejamos y certifican el aumento que Arcópoli lleva constatando y presentando desde febrero.

Desde Arcópoli hemos exigido al Ministro mayor implicación para frenar la homofobia en los estadios de fútbol, en particular, mayor formación a la Policía Nacional que acude a los encuentros. Además en la rueda de prensa solicitamos una mayor acción ante la diseminación del odio en redes sociales.

Desde el 1 de enero de 2017 hemos registrado ya 99 casos, con lo que el número de incidentes supera los datos de 2016 en estas fechas. Los incidentes de odio al colectivo LGTB no cesan, ni los hechos discriminatorios, ni las agresiones. Además se ha acrecentado el discurso de odio (un 57,1% sobre LGTBfobia según Interior) en redes sociales ante la impunidad en lugares como Twitter, donde sigue siendo muy difícil actuar.

Lo hemos podido comprobar en los últimos días con las noticias de los semáforos inclusivos instalados por el Ayuntamiento de Madrid y que han provocado una auténtica avalancha de mensajes en redes sociales claramente de fomento del odio y la discriminación ante el colectivo LGTB y que desde el Observatorio se están recogiendo para presentarlos en un documento a la Comunidad de Madrid y la Fiscalía para que actúen y pongan freno a la impunidad.

Por otra parte desde el Observatorio también hemos denunciado ante la Fiscalía de Delitos de Odio el portal web DailyStormer por fomentar el odio contra el colectivo LGTB con varios artículos muy ofensivos y degradantes ante la cercanía del Orgullo.

Desde el Observatorio Madrileño redoblaremos en las próximas semanas nuestros servicios para poder atender a cualquier víctima durante los actos del World Pride con nuestro teléfono de voluntarios ante agresiones durante las 24 horas del día para esos días: 618547166.

Fuente Nota de Prensa de Arcópoli

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El ministro del Interior ha presentado el informe en Madrid

Pese a la bajada general en los delitos de odio, Interior detecta un repunte preocupante de delitos contra la orientación sexual, que crecen un 36 %.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas registraron en 2016 un total de 1.272 incidentes por delitos de odio, un 4,2 % menos que en 2015, aunque los relacionados con discriminación por sexo y género subieron un 70,8 %, debido sobre todo a la reforma del Código Penal de 2015.

Así lo ha explicado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la rueda de prensa en la que ha ofrecido los datos del cuarto informe sobre incidentes relacionados con delitos de odio en España, correspondiente al año pasado.

Los incidentes se distribuyen de la siguiente forma: racismo y xenofobia (416), discapacidad (262), ideología (259), orientación o identidad sexual (230), creencias o prácticas religiosas (47), discriminación por razón de sexo o género (41), aporofobia u odio al indigente (10) y antisemitismo (7).

El informe refleja que la mayoría de estos delitos ha descendido, como los relacionados con el antisemitismo (-22,2 %), la aporofobia (-41,2 %), las creencias religiosas (-32,9 %), el racismo y la xenofobia (-17,6 %) o con la ideología (-15,9 %).

Sin embargo los incidentes relacionados con la discriminación por género o sexo ascienden un 70,8 % en esta estadística, al pasar de 24 denuncias en 2015 a 41 en 2016, aunque el ministro ha precisado que este incremento se debe a la reforma del Código Penal de 2015, en la que se incluyen estos hechos como delito, de manera que se computan como tal desde mediados de ese año.

También aumentan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual (36,1 %) y por discapacidad (15,9%). Un “índice muy elevado” de los incidentes, concretamente el 64,2 %, han sido resueltos, ha destacado Zoido.

Las comunidades que han concentrado más son Cataluña (282), Madrid (171), Andalucía (152), País Vasco (141) y la Comunidad Valenciana (127), mientras que las que registraron menos fueron Cantabria y La Rioja, con menos de 20 casos.

La mayoría de las víctimas son hombres (789, lo que supone más del 60%), con una edad de entre 18 y 40 años (51,31%), y de nacionalidad española (72,9%). Los menores constituyen el 13,8% de todas las víctimas, una cifra muy similar a la de 2015.

Asimismo, la mayoría de los detenidos o investigados por delitos de odio son hombres (86,6%), tienen entre 18 y 40 años (53,9%) y son españoles (83,2%).

Durante su intervención Zoido ha destacado que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una encuesta para las víctimas de delitos de odio, que se podrá cumplimentar hasta septiembre desde la página web, con el fin de “obtener una radiografía lo más exhaustiva posible de todas las conductas discriminatorias que tienen lugar en la sociedad”.

Los delitos de odio descendieron un 4% en 2016, pero aún nos queda mucho trabajo por hacer. Y necesitamos la ayuda de las asociaciones. pic.twitter.com/vEw2zzQQ3E

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 8 de junio de 2017

El ministro ha agradecido su labor a los responsables de la Fiscalía especializada en delitos de odio, entre otras instituciones implicadas en este ámbito, y especialmente el de las asociaciones LGTBI, sobre las que ha dicho que son “fundamentales” para que la sociedad se conciencie y denuncie por la trayectoria que tienen y la confianza que generan.

“Hoy somos muchos más respetuosos. Igual por haber sido los últimos ahora queremos ser los primeros”, ha dicho el ministro tras subrayar el trabajo que se lleva a cabo en España desde hace años en este ámbito, participando en los foros internacionales más relevantes.

Ha hecho hincapié en la aprobación de la denominada Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales aprobada para reconocer y equipar sus derechos y ha asegurado que desde el Gobierno y su Departamento se seguirá “reforzando los pilares que sostengan la protección de los derechos humanos”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El periódico ABC incluye entre sus páginas este domingo un sobre con el material transfóbico que HazteOír asegura que está “prohibido”. Gracias al diario ABC, la transfobia ha llegado a los kioskos de todo el país. El periódico, dirigido por Bieito Rubido, ha decidido regalar en su edición de ayer domingo, un “Kit HazteOír” en un bonito sobre en cuyo interior encontramos una carta de presentación en las que se presentan como víctimas, el famoso libro sobre las “leyes de adoctrinamiento sexual” y un “Manifiesto por la libertad de expresión” que incluye un formulario para hacer un donativo a HazteOír.

Escalada de la campaña de odio orquestada por HazteOír. Este domingo, el diario ABC, una de las principales cabeceras de la prensa escrita española, difunde junto a su periódico el panfleto LGTBfobo editado por esta organización ultraconservadora, junto a un manifiesto “por la libertad de expresión” que HazteOír pide firmar y devolver por correo. Curiosamente, la difusión del contenido tránsfobo coincide en ABC con una impactante portada mostrando a diversas personalidades sociales y políticas contando que ellas van a misa todos los domingos.

Después de todo sobre lo que se ha escrito sobre esta organización y su falso discurso sobre la libertad de expresión, es muy significativo que el ABC les siga el juego y reparta estos contenidos como si fueran el folleto del Mediamarkt. Aunque estamos acostumbrados a que el ABC genere portadas polémicas para conseguir notoriedad en las redes y justificar su existencia dada su complicada situación económica y a su línea editorial conservadora y reaccionaria; el periódico ha decidido dar un paso más allá y repartir entre sus lectores el material tránsfobo que HazteOir lleva meses intentando hacer circular por el país y que ha provocado el rechazo de gran parte de la sociedad.

El panfleto que ABC difunde es el mismo que HazteOír hizo llegar hace unos meses a cientos de colegios de toda España. En él, se denigran los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo y se recopila todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, y muy especialmente en contra de los derechos de las personas transexuales. Está firmado por HazteOír y por CitizenGO, una plataforma promovida por la propia HazteOír y que persigue sus mismos fines a nivel internacional. Con el lanzamiento de este panfleto HazteOír lanzaba su actual campaña LGTBfoba, de la que el ya tristemente famoso “autobús del odio” es solo un paso más.

La difusión de la campaña de HazteOír por parte de ABC (y diarios locales como El Diario de Cádiz), aunque formalmente pueda ser considerado publicidad (es cierto que HazteOír goza de un importante respaldo económico gracias, entre otras cosas, a los beneficios fiscales para sus donantes derivados de su declaración como entidad “de utilidad pública” por el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y que el Congreso de los Diputados ha pedido revocar) supone sin duda un paso más en la escalada de odio a la que estamos asistiendo estas últimas semanas. Nos resulta imposible concebir que estas cabeceras hubiesen aceptado publicidad abiertamente racista o antisemita, por mencionar solo dos ejemplos. No parece sin embargo que la LGTBfobia, y más en concreto la transfobia, les merezca a sus editores el mismo reproche social.

De entrada, dudamos que sea legal distribuir un material así y esperamos que las Leyes contra la LGTBfobia se apliquen donde se puedan aplicar. Tampoco estaría mal que la Asociación de la Prensa de Madrid se manifestara al respecto, porque esto no se puede considerar un simple encarte publicitario…. Ni que hace un par de semanas el diario publicase a toda página este anuncio que aparece en la fotografía de al lado.

Según ese libro, las leyes autonómicas “obligan a introducir diversidad sexual y promueven modelos de comportamiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los centros educativos” además, “desorientan a los niños al imponerles la “diversidad sexual” y “Discriminan a la familia natural e imponen modelos familiares“. Y eso que nos ceñimos a la literalidad del texto, porque entre líneas se esconde un mensaje de odio enorme.

Así, entre otras lindezas, se afirma que “La sociedad heterosexual, también simbólicamente represaliada por el franquismo (y en mayor medida, puesto que la mayoría de represaliados fueron heterosexuales), estaría paradójicamente en la obligación de reparar el daño otorgando a estos colectivos privilegios compensatorios. En otras palabras, heredan una presunción de culpabilidad simplemente por ser heterosexuales y la responsabilidad de pagar por un delito que jamás cometieron“.

Tan prohibido no estará el libro de Hazte Oír cuando lo distribuyen con ABC pic.twitter.com/GcWfhH4hro

— Irene Cacabelos (@icacabelos) 19 de marzo de 2017

Para ser un “libro prohibido“, como denuncian sus autores, se ha distribuido por más de 16.000 colegios y hoy, gracias a ABC, por todos los kioskos del país. Teniendo en cuenta que se trata de un material que ataca la protección de los menores, ¿alguien nos explica qué está haciendo la Fiscalía de Menores?

Conscientes del escaso entusiasmo que hasta el momento ha mostrado la Fiscalía por perseguir la campaña de HazteOír, solo nos queda esperar que al menos en aquellas comunidades en las que ya se han aprobado leyes específicas contra la LGTBfobia se pongan en marcha las medidas oportunas para sancionar por vía administrativa lo sucedido. La Generalitat de Catalunya señalaba el camino este viernes, obligando al autobús de HazteOír a despojarse de la cartelería tránsfoba para poder retomar su camino.

Una portada animando a ir a misa… con un contenido tránsfobo

No sabemos si la casualidad o una muy bien organizada campaña de marketing ha querido que el mismo ejemplar que difunde el mensaje de LGTBfobia de HazteOír tenga como portada los rostros de personajes famosos y políticos que declaran orgullosamente que van a misa todos los domingos.

El objeto de la portada, en realidad, no es otro que arrojar leña al fuego de la polémica abierta por algunos dirigentes de Podemos sobre la necesidad de que en un escenario como el actual, donde la Iglesia católica dispone de canales de televisión y radio propios, la televisión pública española siga emitiendo misas católicas todos los domingos (como aquella en la que Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, ni corto ni perezoso, amenazó a los homosexuales con el infierno).

Entre los políticos que aparecen en la portada, además de varios destacados miembros del PP (como el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido o su secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal), nos ha llamado la atención la presencia de políticos de partidos que sobre el papel defienden la laicidad del estado, como la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Más allá de la sorpresa, en cualquier caso nos merece el mayor de los respetos que ambos políticos se muestren orgullosos de su fe religiosa, pero no estaría de más saber si al menos ellos, pertenecientes a dos partidos que en estos momentos defienden los derechos LGTB y cuyos representantes públicamente han condenado a la campaña tránsfoba de HazteOír, habían sido informados de la peculiar coincidencia. Y de María Dolores de Cospedal, qué vamos a decir…

Misas con homilías de este tipo…

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Ignacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio“, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

La proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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Lamentable espectáculo al que hemos asistido en los últimos días a cuenta de Roman Zozulya, el jugador de fútbol simpatizante de los ultranacionalistas ucranianos. Más allá de otras consideraciones sobre la defensa que una buena parte de mundo del fútbol está haciendo de Zozulya, especialmente deplorables nos parecen las palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que ha equiparado a nazis y homosexuales como objeto de discriminación.

La historia empezó cuando se supo que Roman Zozulya sería cedido desde el Real Betis Balompié al Rayo Vallecano. Parte de la afición de este último equipo, tradicionalmente alineada con posiciones de izquierda, mostró su indignación con el hecho que una persona como Zozulya, personalmente comprometido con los ultranacionalistas ucranianos, se incorporase a su disciplina. Roman Zozulya ha llegado a promover una fundacion, Narodna Armiya, para apoyar la presencia militar en las provincias del este de Ucrania (de mayoría de población de habla rusa y autoproclamadas independientes en 2014) y no ha dudado en fotografiarse con ropa militar y portando armas. También ha mostrado su admiración en Twitter hacia Stépan Bandera, el ultranacionalista ucraniano que colaboró con los nazis y cuyos seguidores contribuyeron a la limpieza étnica de polacos y judíos ocurrida en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Zozulya es, de hecho, una figura querida por los grupos de seguidores ultras de ideología nazi de su país.

La oposición a que Zozulya juegue en el Rayo, en lugar de desencadenar una reflexión sobre los lazos entre una parte del mundo del fútbol y las ideologías que fomentan el odio hacia las minorías (especialmente preocupantes en los países del este de Europa) ha provocado una reacción de solidaridad hacia el jugador, incluyendo no solo a sus compañeros del Betis sino a periodistas deportivos, a políticos (como el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido) o al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, una entidad que cuando se trata de combatir la homofobia no muestra un especial interés en implicarse pero que en este caso sí lo ha hecho.

Buen ejemplo de ello es la conversación mantenida en el programa El Transistor, de Onda Cero, entre el periodista deportivo José Ramón de la Morena (que justifica a Zozulya y lo llega a definir como “un patriota” ucraniano), el propio ministro del Interior y el presidente de la LFP, Javier Tebas. Es en esta conversación en la que Tebas compara la persecución que a su juicio esta sufriendo Zozulya, de quien argumenta que se le está negando su derecho al trabajo, con la que podrían sufrir los jugadores homosexuales. Puedes escuchar todo el programa de El Transistor en el correspondiente podcast (aquí) pero las palabras a las que nos referimos aparecen en el minuto 40:45. “Es terrible lo que podemos encontrarnos en un futuro si esto no los cortamos o no somos muy claros en estas cuestiones. Porque hoy dicen que es nazi y lo dice un grupo de personas, pues mañana será porque ha jugado en el club contrario, o pasado porque será homosexual”, llega a afirmar Tebas.

Javier Tebas fue en su momento miembro del partido ultraderechista Fuerza Nueva y hace solo un año reconocía echar de menos “en ocasiones” a un Le Pen a la española. No es alguien del que en lo personal esperemos respeto hacia las personas LGTB. Pero Tebas fue elegido en su momento presidente de la Liga de Fútbol Profesional con el apoyo de 32 de los 42 clubes con derecho a voto. Que una persona que ocupa tan alta dignidad deportiva sea capaz de poner en un mismo plano a la ideología totalitaria más repulsiva que ha conocido el género humano con los derechos de las personas LGTB sí que nos produce especial inquietud. Y que nadie con responsabilidad en el mundo del fútbol español sea capaz de responderle no la alivia, precisamente.

Fuente Dosmanzanas

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El grupo socialista en la Asamblea de Madrid registra una pregunta a Cifuentes para conocer las medidas que, bajo la Ley contra la LGTBfóbia de la Comunidad, emprenderá contra la plataforma HazteOir por sus jornadas para “curar” homosexuales.

Advierte de que la ley contra la LGTBIfobia prevé sanciones de hasta 45.000 euros.

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha pedido al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes que “tome medidas para impedir que se celebren unas jornadas, previstas para el 25 de enero, para curar la homosexualidad”.

Antonelli ha registrado una pregunta al Gobierno regional para su contestación oral en Pleno, dirigida al consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, para que explique “qué medidas está tomando para dar cumplimiento a la Ley 3/2016 del 22 de julio de Protección Integral contra la LGTBIfobia, tras el anuncio de una Jornada de Formación por parte de la Plataforma Hazte Oír destinada a curar la homosexualidad”.

.@psoe_m hemos registrado pregunta para #Pleno sobre q medidas esta tomado Gob @ccifuentes x Jornadas #HazteOir para “curar homosexualidad” pic.twitter.com/GAfD6o9loZ

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 23 de enero de 2017

Explicó que la propia ley incluye este tipo de jornadas en el apartado de sanciones “muy graves” cuando se refiere a “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la identidad sexual o identidad de género de una personas”.

Asimismo, destacó que, según la citada ley, “será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a estas terapias” y añadió que la sanción puede alcanzar los 45.000 euros y que la ley establece que se prohibirá a este tipo de entidades el acceso a ayudas públicas durante tres años.

Respecto a la jornada manifestó que será ‘online’ y la impartirá Richard Cohen, fundador y antiguo director ejecutivo de la Fundación Internacional de Curación, en donde se organizan seminarios y charlas basados en sus teorías para cambiar la orientación sexual de personas homosexuales y bisexuales que no desean serlo.

Antonelli señaló que, bajo el título ‘Comprende y ama a los homosexuales’ “piensa seguir con su campaña de siempre”. A su juicio, “ahora evitan la palabra curación pero se plantean, con otros términos, la posibilidad de cambiar la orientación sexual y de ayudar a los que experimentan esos sentimientos no deseados, como si fuese algo dañino”.

La plataforma ha organizado la jornada sabiendo que entra en conflicto directo con la Ley LGTBI que se aprobó el año pasado en la Comunidad, y por eso no utilizan las palabras “sanar” o “curar” en los anuncios aparecidos en varios medios como el ABC o La Razón, ni dicen dónde se celebrará el seminario porque se basan en su retransmisión online. Probablemente porque saben que perseguir un seminario online no es tan fácil como uno llevado a cabo en un lugar físico y para que no les pase lo mismo que en 2014 cuando el hotel Tryp en el que iban a celebrar una charla similar canceló el evento después de las presiones de los grupos LGTB.

.@ABC_es y @LaRazon_es dan espacio publicitario a @HazteOir para promocionar a un curandero q dice “sanar” la homosexualidad#STOPhomofobia pic.twitter.com/hEgKx6GFys

— Max, joven gay ❤💛💜 (@MaxJovenGay) 23 de enero de 2017

Como mencionaba Carla antonelli, la ley prevé sanciones “muy graves” a las actividades que promueven y realizan “terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la identidad sexual o identidad de género de una persona“. La ley, además, aclara que el consentimiento de la persona que se someta a dicha “terapia” es irrelevante a la hora de plantarles una sanción que puede alcanzar los 45.000 euros. Y no sólo eso, sino que según la ley las entidades que cometan esta infracción tendrán prohibido acceder a ayudas públicas durante tres años.

Pero claro, estamos hablando de HazteOir, entidad declarada por el Ministerio de Interior (del PP) como de “Utilidad Pública” en 2013 y a la que tanto Jorge Fernández Díaz como Juan Ignacio Zoido no han retirado esa distinción, a pesar no sólo de su tremenda homofobia sino a que, como señalan desde El Plural, el Juzgado de Primeria Instancia número 48 de Madrid dio por “acreditada” la relación de miembros de Hazte Oír con la sociedad secreta y paramilitar El Yunque.

Por cierto… a la Casa del Libro, a Amazon y a El Corte Inglés les parece bien vender el libro homófobo de Richard Cohen.

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