Los trabajadores, que fueron representados por el jurista Marcelo Adasme Bravo, alegaron que fueron desvinculados el 30 de junio de sus funciones debido a su orientación sexual y en un contexto donde su desempeño laboral era considerado de excelencia. Explicaron que su orientación sexual se había hecho pública a partir de rumores prejuiciosos que los vinculaban sentimentalmente con el director comunal de Salud, Hernando Durán, quien también ha presentado una acción de no discriminación arbitraria contra el municipio debido a los abusos que ha padecido. Los rumores hablaban además de una fiesta privada donde habrían participado los trabajadores, además de vincularlos a inmoralidades, sólo en razón de su orientación sexual. Redondearon que la intolerancia del municipio había llegado a su clímax cuando el director comunal fue citado por sus superiores debido a un conflicto personal que había tenido con su pareja, hecho que el propio alcalde filtró a la prensa local, violentando con ello el derecho a la vida privada.

Como consecuencia, es decir, por ser homosexuales y por su cercanía con el director comunal, fueron despedidos.

Al respecto el tribunal sentenció que la Municipalidad “no indicó con precisión cuáles son esas necesidades (de servicio) y cuáles son esos criterios” para el despido Añadió que si los trabajadores “llevaban varios años de contratación continua, si se les renovaba el contrato al terminar cada periodo, si los tres tiene una opción sexual distinta y conocida de la denunciada, si la contestación no da ninguna razón concreta, si el acto en que se le notifica su no renovación carece de fundamentación al indicarle solamente que no se renovara su contrato sin más, si su desempeño no fue objeto de reparo y sus jefaturas directas y compañeros los identifican como buenos funcionarios y si sus calificaciones eran sobresalientes, sólo puede concluirse que la no renovación de sus contratos obedeció a un criterio discriminatorio, cual es su opción homosexual y en ese momento la denunciada viola gravemente la Constitución y vulnera el derecho de los actores a la no discriminación laboral”.

La sentencia firmada por el magistrado Jaime Álvaro Cruces Neira ha recibido el aplauso del colectivo LGTB chileno, que la ha calificado de “la máxima relevancia”. Según ha expresado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), con el pago de la indemnización y con la obligatoriedad de la capacitación para los responsables municipales “se busca también prevenir nuevos abusos”. La organización igualitaria ha exigido a Castro “una explicación y disculpas públicas a todos los afectados y a toda su comuna”. De hecho, el MOVILH le envió una carta expresándole su “rechazo por los abusos”, y todavía no han recibido ningún tipo de respuesta.

Para el Movilh “aquí estamos en presencia de un hecho de discriminación brutal sin precedentes, pues tres personas fueron despedidas al mismo tiempo por su orientación sexual, además de  encontramos con una sentencia de la máxima relevancia, pues junto con sancionar la homofobia laboral obliga a la más alta autoridad de una municipalidad a capacitarse, con lo que se busca también prevenir nuevos abusos. Felicitamos a los valientes trabajadores y aplaudimos la sentencia del juez”.

Añadió que “aquí el edil Castro debe una explicación y disculpas públicas a todos los afectados y a toda su comuna. Este mes le mandamos una carta expresándole nuestro rechazo por los abusos, y jamos recibimos respuesta”, redondeó el Movilh