El presidente de la CEE recibe a Juan Cuatrecasas (Gaztelueta) y Javier (La Bañeza)

Los obispos seguirán esperando el vademécum de Roma antes de tomar cualquier decisión respecto a las víctimas.

“Fue una reunión productiva, aunque no se comprometió a nada”, asegura Cuatrecasas

Instan a los obispos españoles a “no encubrir sistemáticamente a sus potenciales pederastas”

Reclaman indemnizaciones y compensaciones económicas a los supervivientes, y la creación de oficinas de atención a las víctimas

Blázquez cree que los abusos de niños han llevado a desconfiar de la Iglesia y a una situación “humillante y escandalosa”

14.03.2019 Jesús Bastante

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Éstos son los miembros de la ‘Comisión Antipederastia’ de la CEE ABC

La CEE recula tras las críticas, internas y externas y ahora dice que incluirá a seglares en el futuro

Roma advierte de un ‘tsunami’ de denuncias. “Y no estamos preparados”, admite un obispo español

(Jesús Bastante).- Ni mujeres, ni expertos en distintas materias (educadores, psicólogos, psiquiatras…), ni, lamentablemente, víctimas. La ‘Comisión Antipederastia‘ anunciada por la Conferencia Episcopal la pasada semana nace herida de muerte, y con duras críticas, tanto dentro como fuera de la institución.

La comisión, que en principio nacía como un grupo de expertos en Derecho Canónico para acompañar el informe que el cardenal Ricardo Blázquez llevará en febrero al encuentro con el Papa, está presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, cuestionado por las víctimas, y por seis sacerdotes, todos ellos juristas: Jorge Otaduy, del Opus Dei, director de la Revista “Ius Canonicum“; Silverio Nieto, del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal; Carlos Morán, del tribunal de la Rota; el jesuita Miguel Campo Ibáñez, canonista de la CONFER; y el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia, Carlos López Segovia.

Amén de la ausencia -clamorosa- de mujeres, laicos y especialmente, víctimas de abusos sexuales, el mayor drama de este equipo vino cuando alguien en la Casa de la Iglesia quiso ir más allá y, como un modo de responder al informe de El País sobre casos de pederastia en la Iglesia española, anunciar a bombo y platillo que la comisión no sólo se centraría en cuestiones legales, sino que abordaría una respuesta completa al drama de los abusos.

La indignación de las víctimas fue inmediata, tanto por los nombres elegidos (la crítica, además de Menéndez, se cebó en la figura de Silverio Nieto y, en menor medida, de Jorge Otaduy y Carlos Morán) como por no haber sido informados y mucho menos invitados. La cascada de críticas también vino de círculos internos, que entendían que, con esta comisión, la Iglesia española volvía a darse “un tiro en el pie” (en expresión de un arzobispo español).

Sólo entonces, y tras escuchar las opiniones de algunos expertos en comunicación, los obispos filtraron, a través de Cope, que “más adelante se incorporarán varios seglares expertos en diversas disciplinas, hombres y mujeres“. Un matiz que, lamentablemente, ya llega tarde. Y que sigue sin hablar de la necesaria presencia, con voz y con voto, de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

La creación de esta comisión, de este modo, también ha sido criticada en la Santa Sede, que entiende que la Iglesia española “sigue sin entender la importancia de este drama“ para el presente y el futuro de la institución, y se escuda en que apenas se conocen casos en nuestro país.

“Si esperan a que surja un escándalo, que surgirá, cualquier medida que se tome después será en vano”, sostienen expertos desde el Vaticano, que auguran que, más tarde o más temprano, el tsunami de abusos que ya ha pasado por Estados Unidos, Irlanda, Alemania o Australia llegará a las ‘costas‘ de la Iglesia de nuestro país.

“Y no estamos preparados“, admite un prelado español, quien añade que “la comisión que se ha creado es un buen elemento en el ámbito de lo legal, pero si no nos ponemos al servicio de las víctimas será peor que no haber hecho nada”.

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Vergonzoso: Cada vez tienen menos credibilidad…

El cura, condenado por el Vaticano al destierro, ha recurrido la sentencia

La víctima de La Bañeza: “Es terrorífico, devastador. ¿Y después dice el obispo que no encubrió?”

El obispo ha acusado esta semana a Francisco Javier, la víctima de La Bañeza, de haberle chantajeado

Ramos Gordon ofició al menos tres misas durante el año en el que fue apartado del sacerdocio

(Jesús Bastante).- José Manuel Ramos Gordon fue condenado por la Santa Sede a diez años de destierro en un monasterio fuera de la diócesis de Astorga, tras comprobarse sus abusos en La Bañeza y Puebla de Sanabria. Sin embargo, un mes después, el sacerdote continúa viviendo en la residencia sacerdotal de Astorga, y ha recurrido su condena.

En su momento, el obispo de la diócesis y actual presidente de la ‘Comisión Antipederastia’ de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Menéndez, aseguraba que la sanción era de las más duras que podían darse, aunque no llegaban a la expulsión del sacerdocio.

La situación, cuando menos escandalosa, ha sido desvelada por Diario de León, que ha conseguido hablar telefónicamente con el pederasta. Tras una investigación canónica en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gordon fue condenado a una pena de diez años de “privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal, residiendo en un monasterio o convento fuera de la dióceis de Astorga”.

Pero Ramos Gordon no se ha movido de Astorga, y ha recurrido la sentencia ante el Vaticano. Entretanto, continúa viviendo en la residencia sacerdotal, pagada por el Obispado, ante el silencio de la diócesis y del propio obispo, que esta semana ha tratado de defenderse de las acusaciones de encubrimiento, llegando a acusar a Francisco Javier, la víctima de La Bañeza, de haberle chantajeado.

En la residencia de Astorga, José Manuel Ramos Gordon vive como si nada hubiera pasado. De hecho, a nadie le extraña que pregunten por él, y le pasan el teléfono sin problemas. Durante la conversación, relata el diario, el pederasta condenado confirma que ha recurrido la sentencia ante Doctrina de la Fe. “Recurrimos la sentencia y claro, hasta que, como usted sabe, cuando se recurre la sentencia hay que esperar al resultado definitivo“, afirma, lamentando la “presión mediática” que ha sufrido y negándose a admitir los abusos. “Después de tres años, seguir dándole vueltas a esto… conmigo que no cuenten para esto”.

Nada más conocer la noticia, la víctima de La Bañeza, visiblemente sorprendida, se declaraba profundamente enfadado. “Es terrorífico. Él no ha reconocido los hechos. Aquí no hay más que dolor, por todas partes, por lo mal que lo ha gestionado la Iglesia”.

“¿Y después dice el obispo que no encubrió? ¡Si después de la condena sigue viviendo en una casa de la diócesis!“, denuncia Francisco Javier. “Es lamentable, me dan asco y pena. Espero que de una vez por todas se sienten a pensar, y no en una comisión a escribir palabras. Porque ahora siguen haciéndolo mal, atacando a las víctimas. Es devastador”.

La Casa Sacerdotal de Astorga es un edificio de 8 plantas en el que residen sacerdotes de la diócesis, familiares de éstos y seglares. Construida en los años 60, dispone de comedor, sala de conferencias, varias salas de televisión, un teatro y una capilla, donde se celebra misa todos los días. Según la sentencia del Vaticano, Ramos Gordon tiene prohibido celebrar misa salvo permiso expreso de Juan Antonio Menéndez, cuya capacidad para presidir una comisión que verdaderamente atienda y proteja a las víctimas cada vez está más en entredicho.

VÍDEO | El obispo que no expulsó al cura de La Bañeza por abusos presidirá la Comisión de la Iglesia contra la pederastia https://t.co/FHVK7W6JxS

— laSexta Noticias (@sextaNoticias) 16 de octubre de 2018

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El texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- “La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados“. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado“ se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que “la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a “informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice“.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar “quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, “dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse“.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que “nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

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No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

“Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

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Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

“Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

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José Manuel Ramos Gordon

La víctima de La Bañeza responde al obispo de Astorga: “No me van a callar, seguiré luchando”

“El Vaticano debería decretar la expulsión de todos los responsables, también de los encubridores”

Una víctima del cura de Zamora: “Cuando lo contamos, las represalias fueron terroríficas”

“¿Qué tiene que hacer un cura para que la iglesia lo excomulgue?”

(Jesús Bastante).- Francisco Javier está “muy cansado”. Harto de todo lo que tiene que ver con Astorga, La Bañeza, los abusos… y “absolutamente decepcionado“ con la actuación de la Iglesia. La última sanción contra Ramos Gordon, ‘desterrado’ durante diez años, pero sin ser expulsado, y la nueva negativa de la diócesis a indemnizar económicamente a las víctimas ha sido la gota que colmó el vaso.

“La rueda de prensa ha sido una vergüenza. Estoy harto. Quieren echarle a él todas las culpas. Él cometió los crímenes, pero otros le dejaron cometerlos. Otros que no van a ser juzgados”, lamenta, en conversación con RD, la primera de las víctimas de José Manuel Ramos Gordon. “Cada vez que hablan me ofenden”, lamenta.

En su rueda de prensa de ayer, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, volvió a negar cualquier compensación económica para Francisco Javier, o para el resto de víctimas. En el caso de Puebla de Sanabria, al ser hechos que no se han juzgado. En el de La Bañeza, porque el caso “ya había sido juzgado”, y caería en “prevaricación” si abonara la cantidad que, por otro lado, se le llegó a ofrecer: 300.000 euros. “Si no hay sentencia canónica, pues que la hagan. Ellos son los que pueden hacerlo, no yo”.

“Destruyeron nuestras vidas y no les importa en absoluto”, denuncia Francisco Javier. “¿Quién se atreve a afirmar que en las sentencias hay algo de justicia?“. “El Vaticano debería decretar la expulsión de todos los responsables, también de los encubridores, y la reparación a todas las víctimas. Pero así, el perdón no cabe en ninguna parte”.

“Sólo les importa su institución y su dinero, todo es muy injusto”, lamenta la víctima. “Son unos cobardes. Para mí, hoy es un día muy triste, otro más de los muchos que me han hecho sentir una mierda“.

¿Comprende la Iglesia su dolor? “Son incapaces de entender nada”, apunta. “Nadie. El Papa no responde a mis cartas. ¿Qué quieren que piense, que nos apoyan y nos comprenden? Son unos miserables, matan a la gente en vida“, afirma, rotundo, Francisco Javier.

“Que respondan a los escritos de mi abogado, que no sean tan sinvergüenzas”, clama la víctima. “Con estas actuaciones y estas medidas leves, los niños siguen estando en serio riesgo”. Francisco Javier no quiere hablar más, le puede la rabia. “Es lo que siento: desesperanza y abandono absoluto. Estoy desolado”. Pero, también, tiene una cosa clara: “No me van a callar, seguiré luchando“.

“¿Qué tiene que hacer un cura para que la iglesia lo excomulgue?”

Los ex alumnos de los seminarios de La Bañeza y Astorga, “decepcionados” tras la sentencia a Ramos Gordon

“Uno cometió los abusos y que otros, responsables también de velar por nuestra seguridad, lo permitieron”

(Colectivo de ex-alumnos Seminario Menor La Bañeza/Seminario Mayor Diocesano de Astorga).- Nunca es suficiente pena para las víctimas, las que sí saben lo que es vivir en el infierno; pero que la sanción canónica que ha recaído sobre José Manuel Ramos Gordón ante este nuevo caso, se considere por el Obispado como ejemplar, es seguir provocando dolor al sufrimiento. Nos sentimos decepcionados.

Se le condena a 10 años de vida contemplativa, a un religioso. Y a esto lo llaman castigo. ¿Y se le puede llamar también condena a que un cura jubilado no pueda ejercer el sacerdocio? Este fue el compromiso con este colectivo de ex seminaristas con el primer caso en el que se le declaró culpable, el de la jubilación.

Agradecemos el valor del Obispo de Astorga, movido, no nos olvidemos, por la Santa Sede, que haya hecho esta convocatoria PÚBLICA. Y que pida perdón, una y mil veces, a las víctimas. Y nosotros seguiremos diciendo, una y mil veces, que uno cometió los abusos y que otros, responsables también de velar por nuestra seguridad, lo permitieron.

Y mientras, las víctimas siguen cumpliendo su condena, la que le dejaron. Hay que recordar que después de las atrocidades que Ramos Gordón cometió en el Juan XXIII de Puebla de Sanabria, el “castigo” en ese momento fue trasladarlo al Seminario de La Bañeza y convertirlo en educador, el nuestro.

El colectivo de ex seminaristas de La Bañeza-Astorga de los años 1988-1993, seguimos reclamando justicia. Pedimos que Ramos Gordón sea excomulgado y que haya penas también para los que, teniendo del deber de mediar, no lo hicieron. Y ante la imposibilidad de que a las víctimas se le pueda devolver su infancia robada, pedimos que se le repare el daño ateniendo a sus reivindicaciones.

Colectivo de ex-alumnos
Seminario Menor La Bañeza
Seminario Mayor Diocesano de Astorga

Fuente Religión Digital

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