Tres días después de la sentencia a favor de Masterpiece Cake en Colorado, el Tribunal de Apelaciones de Arizona falla en sentido contrario, sosteniendo que una empresa que diseña tarjetas de boda no puede alegar libertad religiosa para discriminar a parejas del mismo sexo.

El Tribunal de Apelaciones de Arizona falla en contra de Brush & Nib Studio, una empresa que diseña tarjetas de boda, que pretendía utilizar la libertad religiosa para rechazar realizar invitaciones de boda parejas del mismo sexo. Según la sentencia del tribunal, emitida este jueves, 7 de junio, la ordenanza contra la discriminación de Phoenix es perfectamente constitucional y no viola ni la libertad de religión ni la de expresión. Esta sentencia se produce solo 3 días después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fallara a favor del propietario de Masterpiece Cake, quien se negara a hacer un pastel de bodas para una pareja de gays.

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«Anteriormente descubrimos que eliminar la discriminación constituye un interés apremiante (…). Las ordenanzas antidiscriminatorias no están dirigidas a la supresión del discurso, sino a la eliminación de la conducta discriminatoria», aclara el juez Lawrence Winthrop en su sentencia, agregando que si Joanna Duka y Breanna Koski, propietarias Brush & Nib Studio, «quieren operar su negocio con fines de lucro como un empresa pública, no pueden discriminar a los posibles clientes en función de su orientación sexual». Precisamente, el tribunal de Arizona ha querido hacer referencia al resultado del caso de Colorado al señalar que «no hay evidencia en el expediente que respalde ninguna sugerencia de que la ordenanza de Phoenix o su interpretación en relación con Brush & Nib, haya sido otra cosa que neutral y respetuosa de sus creencias religiosas sinceramente expresadas».

Cristianas devotas, Duka y Koski solicitan un mandamiento judicial de forma preventiva con el objetivo de eludir la ejecución de la ordenanza que protege contra la discriminación y los prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad de género aprobada en 2013 en Phoenix, que sería impugnada en octubre del año pasado por un juez de primera instancia. Según el panel de tres jueces que ha firmado esta nueva sentencia, una empresa que en sus servicios incluye el diseño personalizado de productos para bodas, no tiene «derecho a la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda (…). El caso que nos ocupa es de un rechazo general al servicio a la comunidad LGBTQ».

«Seguiremos siendo una ciudad que acoge a todos y valoramos a cada uno de nuestros residentes sin importar a quién aman», declara Thelda Williams, alcaldesa de Phoenix, celebrando la sentencia. «Con esta decisión de Arizona se ayuda a afirmar que la discriminación no tiene cabida en negocios abiertos al público, ni en nuestra Constitución», declara Joshua Block, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU: American Civil Liberties Union).

No opina lo mismo Jonathan Scruggs, abogado de Alliance Defending Freedom y representante de Brush & Nib Studio en el proceso, quien ya ha confirmado su intención de apelar al Tribunal Supremo de Arizona porque sostiene que «los artistas no deben ser forzados bajo la amenaza de multas y encarcelamiento para crear obras de arte contrarias a sus convicciones (…). La decisión del tribunal le permite al gobierno obligar a dos artistas que felizmente sirven a todos para transmitir un mensaje sobre el matrimonio con el que no están de acuerdo».

Fuente Universogay

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El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Gavin Grimm

Malas noticias, al menos de momento. Por primera vez, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha pronunciado (de forma indirecta) sobre la polémica que rodea en ese país el uso de los baños y otras instalaciones públicas por parte de las personas transexuales. Y lo ha hecho prohibiendo temporalmente a un adolescente trans que pueda usar el baño de chicos de su instituto. La decisión, adoptada por 5 votos a 3, supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el Supremo adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

En este caso el voto decisivo ha sido el de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que se ha unido a los cuatro jueces de perfil más conservador y ha dado la razón al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester, en Virginia. El Consejo Escolar había solicitado con carácter urgente que el permiso para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad de género, emitida por el juez federal Robert Doumar, quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrolla el proceso legal.

La orden de Doumar se producía tras el importante pronunciamiento de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que el pasado mes de abril había dado la razón al adolescente. Se trataba de una decisión también provisional, pero que entonces se inclinaba del lado de Gavin: la Corte de Apelaciones consideró que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género (en este caso masculina) sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas.

La historia de Gavin

Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester. Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al consejo escolar del condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez Robert Doumar estudió en caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez federal de distrito al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de los argumentos expuestos en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). El resto ya lo sabemos…

La decisión del Supremo: un revés temporal

De hecho, si ahora Stephen Breyer hubiera unido su voto al de las otras tres jueces del bloque progresista se hubiera registrado un empate, con lo cual la posición de la Corte de Apelaciones, la más alta de las que han valorado el caso, hubiese prevalecido. Pero no ha sido así. El propio Stephen Breyer, sin embargo, ha querido dejar claro, en un voto particular, que el suyo era un voto “de cortesía” hasta que el Supremo decida si revisa el fondo del asunto, algo que no ocurrirá previsiblemente hasta octubre. Si decide hacerlo, el statu quo se mantendrá hasta que haya una decisión final.

Si finalmente el Supremo decide no revisar el caso, finaliza la suspensión temporal: prevalece la posición del tribunal más alto que ha valorado el caso (la Corte de Apelaciones) y Gavin, en teoría, podría volver a usar el baño de chicos. “Lo que es triste”, ha declarado Joshua Block, abogado de la ACLU, “es que hay una posibilidad muy seria de que incluso si Gavin gana el caso la decisión no llegue a tiempo”. Y es que Gavin Grimm, que tiene ya 17 años, comenzará este otoño su último curso en el instituto.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Si la decisión que la Corte de Apelaciones tomó en abril fue recibida con satisfacción por el colectivo LGTB estadounidense, lo sucedido ahora supone un cierto jarro de agua fría. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente Dosmanzanas

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Hasta que se dicte sentencia, han obligado al joven a usar los aseos del personal o el de chicas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha tomado cartas sobre el asunto y se ha personado para ayudar al joven transexual Gavin Grimm de 15 años. De momento existe una queja administrativa presentada ante el Departamento de Justicia y en el Departamento de Educación contra la junta escolar en Virginia.

Esta medida supone para Grimm un problema ya que debe usar los servicios del personal o acudir al de chicas. En un comunicado distribuido por la ACLU Grimm asegura que “soy víctima de señalamientos y me causa molestia significativa cada vez que tengo que ir al baño“.

Joshua Block, abogado defensor de Grimm, señala que con estas medidas “se envía un mensaje muy discriminado que segrega a todos los estudiantes transexuales“. No es la primera vez que en Estados Unidos los colegios públicos tienen la necesidad de legislar sobre estos asuntos.

California aprobó una ley en 2013 que permite a los estudiantes transexuales a usar los baños y jugar en el equipo de deportes que corresponde con su identidad sexual.

Fuente Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. California, Discriminación, EE. UU., Gavin Grimm, Joshua Block, Jóvenes transexuales, Transexualidad, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Virginia