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Y como siempre, los obispos en cotra de reconocer nuestros derechos… ¡Fariseos!

En Costa Rica, un juzgado de familia del cantón de Goicoechea, en la provincia de San José, ha reconocido por primera vez en este país la legalidad de una unión de hecho (que no matrimonio) entre personas del mismo sexo.

Proteger los bienes de su pareja y tomar decisiones médicas en caso de que el otro no pueda, son parte de las garantías adquiridas con el reconocimiento de la primera unión de hecho entre homosexuales en Costa Rica. La sentencia tuvo lugar en el Juzgado de Familia de Goicoechea y reconoce la convivencia entre Cristian Zamora y Gerald Castro, quienes abrieron el proceso legal en el 2013.

“El caso surgió debido a que ellos no pudieron acceder a un crédito como pareja. Hubo discriminación y desde entonces se inició con esta lucha, que hoy concluye con el reconocimiento de garantías patrimoniales y en salud”, manifestó Luis Álvarez, defensor de la pareja. El fallo del juzgado de Goicoechea lo firmó el juez Carlos Manuel Sánchez y solo beneficia a esta pareja; es decir, los casos pendientes por resolver dependen de cada juez. “La unión de hecho implica reconocer garantías patrimoniales de la pareja. Al tratarse de un caso particular y no de un fallo constitucional ni de una ley que apruebe las uniones de hecho, la pareja es la única que se beneficia con este fallo”, afirmó Vilma Alpízar, abogada y catedrática en Derecho de Familia.

“Es un triunfo que nos alegra porque tenemos muchos casos sin resolver, que se han ido quedando en el tiempo”, afirma el líder del Movimiento Diversidad, Marco Castillo. Con esta resolución, en Costa Rica las uniones de parejas gays o lesbianas adquieren igualdad de derechos que las uniones heterosexuales. Ello implica la posibilidad de reclamar pensión, visitar a su compañero sentimental en hospitales y cárceles, así como la protección patrimonial de los bienes que se adquieran durante la convivencia de la pareja, entre otros beneficios de los que hasta ahora no podían disfrutar. Recordemos cómo en lugares donde esto no era posible había que recurrir a triquiñuelas legales, como la pareja estadounidense que tras llevar media vida juntos tuvieron que firmar un certificado de adopción para figurar como padre e hijo para tener derechos como el de sucesión.

Los novios de esta historia son Gerald Castro y Cristian Zamora, que llevan diez años de relación. Juntos comenzaron el proceso judicial para que se reconociera su unión de hecho en el año 2013, en base a la Ley General de la Persona Joven de 2013. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirma que el Gobierno tiene voluntad de que el proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia avance en su trámite en la Asamblea Legislativa, pese a la oposición de los grupos conservadores.

José María Villalta, exlegislador del Frente Amplio e impulsor de esa reforma, celebró la decisión del juzgado como un paso en el cumplimiento de los derechos humanos para las personas homosexuales. “Es un hito histórico, en el que Costa Rica da un paso en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas. Con la reforma del 2013, nuestra intención era promover ese cambio y dejar claro que es un derecho de toda persona, el reconocimiento de las garantías derivadas de las uniones de hecho”, dijo.

En el 2013, la modificación desató la polémica, pues ni juristas ni diputados estaban claros de si esa reforma abría el portillo para el reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo. El tema quedó en manos de los juzgados de familia.

La decisión del juzgado despertó la oposición de sectores de la Iglesia católica y de diputados del bloque cristiano que rechazan la decisión de esa instancia. “Una unión de hecho no debería tener los mismos derechos que un matrimonio tradicional. Estoy de acuerdo en que las personas con esta inclinación especial tengan derechos como cualquier ciudadano, pero nunca se puede decir que son semejantes o iguales a un matrimonio normal, natural, que existe en Costa Rica, entre hombre y mujer”, enfatizó monseñor José Francisco Ulloa.

Diputados del bloque cristiano de la Asamblea Legislativa evalúan si la sentencia riñe con alguno de los artículos del Código de Familia. “Las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa. El proyecto de uniones de hecho no se ha aprobado. De alguna forma, creo que los grupos se desesperan y toman cualquier opción para hacer valer sus derechos. La única relación legítima en Costa Rica es entre heterosexuales”, manifestó Abelino Esquivel, diputado de Renovación Costarricense.

El defensor de la pareja, Luis Álvarez, dijo que al ser un asunto de familia, la apelación debe venir de las partes involucradas. “No considero válido que algún tercero quiera apelar, debido a que no están legitimados”, concluyó el abogado Álvarez.

Fuente La Nación

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