Guatemala: El Congreso archiva la ley que elevaba las penas por abortos y prohibía el matrimonio igualitario

Las críticas tanto internas como internacionales a la ley aprobada el pasado 8 de marzo por la mayoría conservadora del Congreso de Guatemala, que endurece aún más el aborto, prohíbe tanto el matrimonio igualitario como cualquier unión entre personas del mismo sexo e ilegaliza la educación en materia de diversidad sexual y de género, han llevado al presidente del país a pedir su retirada y asegurar que no la refrendará si llega a su mesa.

La ley «para la protección de la vida y la familia» es un compendio de todas las posiciones reaccionarias en materia de diversidad sexual y de género, a la que estigmatiza como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano» [sic]. En consecuencia, prohíbe explícitamente tanto el matrimonio igualitario como cualquier tipo de unión entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y cualquier tipo de medida educativa que suponga aceptar «como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad»  o que «sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

A este ataque a la diversidad sexual y a la libertad de cátedra en educación se le suma el endurecimiento de las condenas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En Guatemala, la interrupción del embarazo solo está permitida en el caso en el que la vida de la madre corra peligro. El resto de abortos no amparados por este supuesto tienen una pena de prisión establecida de uno a tres años de cárcel, que con la nueva ley se amplía desde los cinco hasta los diez años de prisión. A su vez, se incrementan las penas para médicos y demás personas que participen en la interrupción del embarazo no deseado de una mujer que no cumpla el supuesto de peligro para la madre.

La aprobación de la ley, que tenía lugar precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, coincidía en el tiempo con la celebración de un evento en el que Guatemala era declarada «Capital Iberoamericana Provida» y en el que el presidente guatemalteco, el derechista Alejandro Giammattei, invitaba a «proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas». Los legisladores que aprobaron la ley defendieron que esta era necesaria porque «grupos minoritarios de la sociedad proponen formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moral cristiana». Una incongruencia que parece preocupar más a los legisladores cristianos que los 24 muertos de la comunidad LGTB en Guatemala en 2019, los 19 asesinados en 2020 (pese al encierro decretado en el país a causa del coronavirus) o las 28 víctimas contabilizadas hasta octubre de 2021, unos asesinatos que siguen aumentando hasta el día de hoy.

Sin embargo, la intensa reacción tanto interna como exterior a la aprobación de la ley parece haber dado un vuelco a la situación. Las protestas de numerosos colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, las críticas del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas (que ha asegurado que la ley viola varios acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Gobierno del país centroamericano) y la repercusión negativa de la noticia a nivel internacional, seguramente mucho mayor de la esperada por sus promotores, ha provocado que el presidente Giammattei se desvincule ahora del texto, al afirmar que no fue una iniciativa de su gobierno y que «nada tiene que ver» con la declaración de Guatemala como «Capital ProVida de Iberoamérica».

Es más, el presidente guatemalteco asegura que la ley «viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la Constitución política de la República» por lo que ha pedido a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, su archivo, asegurando que si no es así y el texto acaba por llegar a su despacho lo vetará.

Estaremos atentos a lo que sucede finalmente.

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Otra noticia terrible nos llega desde Guatemala, apenas unos días después de recoger el asesinato de un joven activista gay.  Ahora son dos mujeres las que han sido asesinadas en la región de Jalapa, en lo que parece ser un nuevo delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas. No en vano, el autor (o autores) del atroz crimen dejó escrito sobre el cuerpo de sus víctimas el mensaje «Por panochas [insulto empleado en el país para referirse a mujeres lesbianas y bisexuales] se murieron».

Los cuerpos de esas dos mujeres guatemaltecas, identificadas como Betzi Esmeralda Co Sagastume y Kelli Maritza Villagrán —y de 18 y 25 años, respectivamente—, fueron hallados el pasado 23 de abril sobre un puente sin iluminación ubicado en el kilómetro 54 de la carretera que conduce a Jalapa. Estaban semidesnudos, unidos con cinta adhesiva, presentaban signos de violencia y tenían escrito el mensaje «Por panochas se murieron», según informó el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del país, Jordán Rodas.

Todo parece indicar que las jóvenes habían sido degolladas la noche anterior. «Con ellas, suman tres las mujeres lesbianas asesinadas en ese municipio entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Evitá estar sol@ y, si podés, avisá a alguien de confianza cuando y por qué medio te movilizás», publicó en sus redes sociales la ONG Red Nacional LAMBDA.

El procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas envió un comunicado expresando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, exigiendo a las autoridades hacer justicia y manifestando «su solidaridad con la población y organización de la comunidad LGTBI».  Asimismo, aseguró que «la Auxiliatura Departamental del Procurador de Derechos Humanos, en El Progreso, abrió un expediente de oficio y dará seguimiento al caso de acuerdo al mandato constitucional».

Desafortunadamente, los niveles de LGTBfobia social son muy altos en Guatemala y, para más inri, las personas LGTB del país no gozan de protección alguna contra la discriminación. Según un informe de 2018 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

Es más, según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento. «En general, acceder a datos sobre los crímenes de odio contra miembros de la comunidad queer es complicado. Existe un subregistro alto, pues la mayoría de las víctimas no denuncian y porque las autoridades los consideran crímenes comunes o asumen que la víctima es la culpable», aseguraba hace poco el periodista guatemalteco Juan Manuel Vega.

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