El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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El juez John Bowers, de la Alta Corte de Justicia, ha denegado la condición de refugiada en el Reino Unido a Aderonke Apata, una activista LGTB oriunda de Nigeria. Según la controvertida versión del juez, la activista nigeriana se habría involucrado “en relaciones del mismo sexo con el fin de fabricar una solicitud de asilo basada en la sexualidad lésbica”. Sin embargo, el magistrado ignora en su auto el temor fundado de Apata: regresar a su país de origen después de haberse declarado públicamente como lesbiana en el Reino Unido puede suponerle la persecución legal y colectiva, en una sociedad (la nigeriana) profundamente homófoba.

Si la deportación de la activista LGTB nigeriana Aderonke Apata se hace efectiva por parte del Reino Unido, su suerte puede resultar fatal. Y es que si el auto de John Bowers, juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, acaba traduciéndose en la devolución de Apata a Nigeria, a la activista no le sobran motivos para temer por sus derechos, por su integridad física o incluso por su propia vida. En 2014, Nigeria dio luz verde a una ley que agrava el tratamiento penal para cualquier aspecto relacionado con la homosexualidad y que castiga con penas de hasta 14 años, por ejemplo, a los participantes de una unión homosexual. Desde entonces, se han incrementado los ataques de la población civil contra las personas LGTB. La irresponsable utilización de discursos anti LGTB por parte de las autoridades religiosas y políticas de Nigeria no hace más que alimentar el odio homófobo entre la sociedad y los improvisados “juicios populares”, a menudo manchados de sangre y violencia extrema (y que suelen quedar impunes).

El juez Bowers comparte en buena medida el no menos polémico dictamen del Ministerio del Interior del Reino Unido, según el cual, supuestamente, la activista nigeriana habría modificado sus hábitos públicos, adoptando otras costumbres, vestimenta y las costumbres de “un determinado grupo social” (las lesbianas), como una manera de obtener el estatuto de refugiada. Incluso se ha cuestionado la veracidad de su sexualidad por el hecho de ser madre (a pesar de haber presentado al tribunal en verano un DVD que contenía vídeos y fotografías de carácter privado, que apoyaría su petición). Especialmente preocupantes resultaron las declaraciones del abogado del Ministerio del Interior, según el cual “uno no puede ser heterosexual un día y homosexual al otro”. Unas palabras, por cierto, recogidas en la campaña iniciada en apoyo a Aderonke Apata y que en el momento de redactar esta noticia sumaba más de 64.000 firmas.

La recogida de firmas no es, en cualquier caso, la única muestra de solidaridad con la denostada activista nigeriana, ya que otros activistas LGTB han creado también un blog o una cuenta de Twitter, entre otras acciones. Todo ello se suma a las firmas de apoyo presentadas ante el juez y que este no ha tenido en consideración a la hora de firmar su auto. Para Peter Tatchell, activista por los derechos humanos, Aderonke Apata “ha sido identificada públicamente en el Reino Unido y en Nigeria como una mujer lesbiana o bisexual. Estas mujeres se enfrentan a la doble amenaza de la persecución legal y la violencia colectiva en Nigeria”.

En Cristianos Gays nos hemos hecho eco de la escalada de violencia homófoba del estado africano y de la violación de derechos humanos por parte de sus autoridades judiciales, políticas y administrativas. La última noticia que recogimos ocurrió a principios de este año, cuando la policía islámica de Kato (una ciudad al norte de Nigeria) detenía a doce personas acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos, sin embargo, negaron los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños.

Anteriormente, en enero de 2014 una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Por cierto que la Iglesia Anglicana Nigeriana obligaba a abjurar de ser gay o bisexual, mientras el líder de los anglicanos Justin Welby protestaba ante los gobiernos de Nigeria y Uganda por sus políticas homófobas y el Papa recibía al homófobo presidente de Nigeria…

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