El Gobierno ugandés recurrirá la sentencia que anula las leyes antigay.
Pedro Zerolo celebra la derogación de la ley antigays de Uganda
Era lo esperado. El Gobierno de Uganda no ha esperado mucho para anunciar que recurrirá la sentencia del Tribunal Constitucional del país que anula la legislación anti gay que entró en vigor en el país el pasado mes de febrero. Los jueces se basaron en un defecto de forma, la falta de quórum en el Parlamento en el momento de aprobarse la ley, para invalidar todo el proceso. La primera reacción por parte del Gobierno vino por parte del parlamentario que introdujo el proyecto de ley, David Bahati. “La sentencia de la corte no es ninguna victoria, la moral del pueblo de Uganda prevalecerá. El Fiscal General, que es muy competente, presentará una demanda al Constitucional sobre su sentencia. Nuestro competente equipo legal continuará el proceso en la Corte Suprema y creo que ganaremos”, explicó Bahati al diario local The Monitor.
El parlamentario agradeció también a todos los parlamentarios que habían defendido “lo que es correcto” y criticó que la abogada del Estado, Patricia Mutesi, no había tenido oportunidad de probar la cuestión del quórum en el Parlamento. El panel de cinco jueces que anuló la legislación, sin embargo, había considerado probado, por unanimidad, que la portavoz del Parlamento, Rebecca Kadaga, no había atendido las advertencias de tres parlamentarios que habían alertado de la falta de quórum. Entre ellos se encontraba el primer ministro, Amama Mbabazi, que fue de los primeros en pronunciarse en contra de la ley.
La sentencia además establece que los demandantes solo tendrán que pagar la mitad de los costes judiciales. Los demandantes eran el profesor Joe Oloka-Onyango, el parlamentario del Partido Independiente Fox Odoi-Oywelowo, el periodista y activista Andrew Mwenda, el profesor Morris Latigo, el doctor Paul Nsubuga Ssemugoma, y los activistas Jacqueline Kasha Nabagesera, Julian Pepe Onziema, y Frank Mugisha.
La demanda estaba apoyada además por el Foro por la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF) y el Centro por la Salud, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHURD).
Foto: Activistas celebran la sentencia (Monitor).
Fuente: Ragap
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