La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado, por 224 votos a favor (tres de ellos de representantes republicanos, el resto demócratas) y 206 en contra (todos republicanos) la Ley de Igualdad («Equality Act»), una ley que consagra el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en ese país, y lo que es más importante, modifica una serie de importantes leyes para garantizar su implementación práctica en materia de empleo, vivienda, crédito, educación o servicios públicos. La ley, cuya aprobación definitiva se consideraría histórica, queda pendiente de lo que suceda ahora en el Senado, donde los demócratas disponen de una mayoría muy justa, lo que les obligará, si realmente quieren aprobar la ley, a activar la denominada «opción nuclear» en materia legislativa para permitir la aprobación por un solo voto de diferencia.

Hacía años que la situación política en Estados Unidos no era tan favorable a la aprobación de leyes en favor de los derechos LGTBI: con un presidente y una vicepresidenta recién elegidos dispuestos a promoverlas (y sobre todo a no vetarlas) y una mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso. Hay que remontarse a los dos primeros años de presidencia de Barack Obama para encontrar un escenario así, con la diferencia que  por aquel entonces Obama no estaba tan comprometido con los derechos LGTBI como sí lo están ahora Joe Biden y Kamala Harris. De hecho, bajo la presidencia de Obama el primer intento de sacar adelante una ley de este tipo no tuvo lugar hasta 2015, año en el que los republicanos controlaban las dos cámaras del Congreso. No fue, de hecho, hasta mayo de 2019 cuando la Equality Act obtuvo por primera vez el respaldo de la Cámara de Representantes, ya bajo control demócrata, pero el dominio republicano del Senado hizo imposible su aprobación definitiva. Sobra decir que el proyecto contaba además con la oposición del entonces presidente, Donald Trump.

Una situación que ha dado un giro de 180 grados tras las elecciones presidenciales y legislativas del pasado noviembre. Sin embargo, solo hay garantías de un escenario favorable durante dos años más: en noviembre de 2022 volverán a celebrarse elecciones legislativas y se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En ese momento, los republicanos pueden hacerse de nuevo con el control de alguna o de las dos cámaras, cerrando de nuevo la vía legislativa en lo que al avance de los derechos LGTBI se refiere.

Por eso es tan importante que la Equality Act se apruebe cuanto antes. Una ley que consagrará el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en todos aquellos aspectos que dependen del nivel federal de la administración, algo que hasta la fecha ha sido imposible por vía legislativa, siendo los tribunales los que de una forma u otra han impulsado (o frenado) dicho principio. El ejemplo más reciente, en esta ocasión en un sentido favorable, tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró ilegal la discriminación en el trabajo por orientación sexual o identidad de género por 6 votos contra 3.

Si la Equality Act es aprobada por el Senado y el presidente Joe Biden la rubrica, este principio se hará extensivo no solo al trabajo, sino a otros aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, el crédito bancario, la educación, el uso de espacios públicos, la prestación de servicios públicos, el desarrollo de programas financiados con fondos federales o la institución del jurado. Para ello, la ley detalla en su articulado una serie de reformas a leyes ya vigentes, incluida la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, la Ley de Selección y Servicios de Jurado y varias leyes relacionadas con el empleo dependiente o relacionado con la administración federal. La ley también será de aplicación en aspectos relacionados con el servicio prestado por tiendas minoristas y otros servicios privados regulados por la reglamentación federal. Puedes acceder al texto del proyecto de ley en este enlace.

¿De qué depende la aprobación por el Senado?

Una vez que la Equality Act ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, es ahora el turno del Senado, donde demócratas y republicanos están empatados a 50 senadores cada uno. Los demócratas cuentan, eso sí, con el voto de calidad de la presidenta del Senado, capaz de deshacer el empate, y que no es otra que la vicepresidenta, Kamala Harris. Sin embargo, no es todo tan sencillo. La actual reglamentación del Senado obliga a que, para cerrar el trámite de una nueva ley, el proyecto en discusión cuente con una mayoría de 60 votos, no de 50+1. Mientras no se disponga de dicha mayoría, los que se oponen a la ley pueden prolongar sine die la discusión (mecanismo conocido como «filibusterismo»). El Senado puede modificar dicha reglamentación por 50+1 votos, pero en este caso sería necesario el voto unánime de todos los demócratas, algo que hoy por hoy no parece asegurado (hay al menos dos senadores demócratas, el senador por Virginia Occidental Joe Manchin y la senadora por Arizona Kyrsten Sinema, que se oponen a derogar la norma procedimental que permitiría a los republicanos ejercer el filibusterismo.

En próximas semanas veremos hasta qué punto las convicciones de los demócratas son suficientemente sólidas en materia de igualdad como para poner fin al filibusterismo legislativo, dado que parece altamente improbable que diez senadores republicanos se unan a los demócratas para aprobar la Equality Act por 60 votos. Cabe recordar, en este sentido, que los republicanos no tuvieron problema alguno en activar en 2017 la «opción nuclear» y poner fin a la posibilidad de filibusterismo cuando de elegir a los jueces del Tribunal Supremo propuestos por Donald Trump se trató. Y ya antes, en 2013, los propios demócratas habían hecho lo mismo con la confirmación por el Senado de otros nombramientos judiciales.

De lo que no cabe duda es de que si la Equality Act es aprobada por el Congreso, Joe Biden la firmará. Así lo dejaba muy claro en su perfil de Twitter, en el que el presidente de Estados Unidos animaba a los senadores a aprobar la ley haciendo alusión al aspecto sobre el que más ruido están haciendo sus opositores: los derechos de las personas trans (¿nos suena en España, verdad?). «Los derechos trans son derechos humanos, y la Cámara de Representantes lo ha dejado claro hoy aprobando la Equality Act. Es la hora de que el Senado haga lo mismo», tuiteaba Biden:

Transgender rights are human rights — and the House made that clear today by passing the Equality Act.

Now it's time for the Senate to do the same.

— President Biden (@POTUS) February 26, 2021

Fuente Dosmanzanas

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Ya es oficial. Jeff Sessions, senador republicano por el estado de Alabama, es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, cargo de gran importancia en la administración de ese país (equivalente al de ministro de Justicia en otros gobiernos). Tras ser propuesto por el nuevo presidente, Donald Trump, este miércoles recibía la confirmación del Senado. Sessions, uno de los políticos en activo más abiertamente anti-LGTB, releva en el cargo a Loretta Lynch, que por el contrario demostró ser una activa defensora de la igualdad. Un cambio que simboliza lo profundo del viraje político que Estados Unidos ha experimentado. Para mal. 

Jeff Sessions no es precisamente un desconocido en la política estadounidense. Durante los ochenta fue fiscal en el sur de Alabama. Fue incluso propuesto como juez, pero tras ser acusado de realizar una serie de comentarios de tipo racista hacia los negros no logró ser confirmado. Ello no truncó su carrera política: en 1994 fue elegido fiscal general del estado de Alabama y desde 1996 es senador por ese estado, uno de los más socialmente conservadores de todo el país.

Ello hace que se conozcan perfectamente todos sus posicionamientos en materia LGTB durante las últimas tres décadas. Y aunque podrían resumirse en una sola frase (opuesto frontalmente a cualquier avance), no está de más repasarlos:

• En primer lugar, la posición que posiblemente mejor define su homofobia: Jeff Sessions se ha opuesto públicamente y de forma reiterada a la célebre sentencia de 2003 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Lawrence vs. Texas. Para los que no la conozcan, se trata de la sentencia que despenalizó las relaciones homosexuales en Estados Unidos (hace ahora un año hablamos de ella con cierta extensión, al referirnos a la muerte de Antonin Scalia, uno de los jueces del Supremo que se opuso). No es de extrañar: siendo fiscal general de Alabama, el propio Sessions recurrió en 1996 a la legislación que castigaba las relaciones homosexuales en ese estado. Lo hizo con el objeto de impedir la celebración de una reunión de estudiantes LGTB (no lo consiguió: un juez federal acabó permitiendo que tuviera lugar).
• Siendo senador, Jeff Sessions se opuso reiteradamente a la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, que prohibía a las personas LGB ser miembros del Ejército a no ser que mantuviesen en secreto su orientación sexual.
• Sessions también ha sido uno de los enemigos más encarnizados del matrimonio igualitario. Hasta el punto de que en 2004 fue uno de los promotores de una iniciativa de reforma constitucional para prohibirlo. De haber tenido éxito (hoy parece imposible, pero en aquel momento la opción estuvo realmente sobre la mesa) hoy día la Constitución de los Estados Unidos tendría una enmienda que hubiera definido el matrimonio como una institución estrictamente heterosexual. Por supuesto, en 2015, después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio, Sessions criticó duramente la sentencia, que calificó como un acto de “suprema arrogancia” de los cinco jueces que votaron a favor por oponerse a las convicciones “que han definido el curso de la civilización occidental”.
• Por supuesto, Sessions se ha opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa contra la discriminación de las personas LGTB, incluyendo la mera inclusión de los delitos por orientación sexual o identidad de género en la categoría de crímenes de odio a nivel federal (algo que no se consiguió hasta 2009, con la aprobación de la “Matthew Sephard Act”. A la que Sessions se opuso con su voto).
• Jeff Sessions también se ha opuesto activamente a cualquier iniciativa de financiación con fondos federales de programas de educación sexual para prevenir la infección por VIH y otras ITS.

Todos los senadores republicanos y un demócrata votan a favor

Este es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, propuesto por Donald Trump (que incluso llegó a barajar su nombre como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia) y confirmado por el Senado, con el voto de todos los senadores republicanos (incluso los supuestamente “moderados”) y del senador por Virginia Occidental Joe Manchin, de convicciones conservadoras pese a su adscripción oficialmente demócrata.

Si ya el perfil de Sessions es fuertemente homófobo, su nombramiento adquiere un valor especialmente simbólico de la era Trump si se tiene en cuenta que su antecesora Loretta Lynch, primera mujer afroamericana en desempeñar ese cargo, trabajó activamente en favor de los derechos de las personas LGTB. La rotundidad de su posicionamiento frente a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte marcó, en este sentido, un antes y un después. Lynch, de hecho, presentó una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su entonces gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Una demanda a la que mucho nos tenemos espera un futuro oscuro con Sessions como fiscal general.

Fuente Dosmanzanas

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